Sep 22, 2021 | Comunidad, Novedades
“La situación en San Juan es bastante grave», cuenta Eliana Laredo, vecina de Jáchal e integrante de la asamblea Salvemos Huachi.»Ya es de público conocimiento que tenemos un megaproyecto minero desde el 2000 que es Veladero de Barrick Gold. Por distintas situaciones, en el 2015 nos levantamos como pueblo y surgió la idea de crear una asamblea. No tardamos mucho en conformarla porque en septiembre de ese mismo año ocurrió el derrame en Veladero. Y a pesar de las luchas en la justicia, en lo social, aquí seguimos luchando en la calle y concientizando”, cuenta la militante sanjuanina.
Hace aproximadamente tres años, un grupo de jóvenes creó Salvemos Huachi con el objetivo de llevar adelante una campaña social en el pueblo, concientizando principalmente a las juventudes y complementando el trabajo que venía haciendo la Asamblea Jáchal No se toca. Conformada en febrero de 2015, la Asamblea convocó a la comunidad movilizada debido a las actividades de exploración minera en La Ciénaga para la explotación de uranio, área natural protegida por su valor geológico y arqueológico, ubicada a 16 kilómetros del centro de San José de Jáchal, ciudad cabecera del departamento homónimo.
“Con Salvemos Huachi vamos a las escuelas, damos charlas. Antes de la pandemia hacíamos actividades en la plaza, todos los domingos pasábamos proyecciones. También hacemos marchas, notas, juntamos firmas para apoyar a nivel judicial lo que hace la Asamblea pero nuestro foco es más la concientización con distintas actividades en forma personal y a través de las redes sociales para visibilizar todo lo que está pasando acá. A la crisis ambiental se suma la crisis hídrica, “no tenemos una gota de agua”, dice Laredo. “Acá ya hay cortes, a los productores se les han disminuido los días de riego e incluso les han advertido que siembren menos para el año que viene porque va a haber menos agua”. Desde hace varios años distintos sectores y distritos cortan las rutas porque sufren la falta de este recurso primordial para la vida cotidiana y las actividades productivas de la zona, durante días, semanas y hasta un mes entero.
Al mismo tiempo que sigue funcionando Veladero -ya que se extendió su vida útil por al menos 10 años– se gestiona un nuevo megaproyecto de cobre, plata y oro tres veces más grande llamado José María de la empresa Lundin Gold. Ubicado en la cordillera al noroeste de San Juan en el departamento de Iglesia –entre los 3.700 y 5.300 metros sobre el nivel del mar- usaría en promedio 550 litros de agua por segundo y podría afectar su calidad, según figura en los informes de impacto ambiental. Este plan de mina a cielo abierto comenzó a explorar y perforar el área en 2003, y para su explotación, utilizaría el agua de las napas subterráneas.
“Las napas alimentan las únicas cuencas que tenemos acá y la mayoría de los distritos nos alimentamos de pozos de agua porque el agua del río Jáchal, desde lo de Veladero, no se puede consumir más”, dice Laredo. Ante el temor de la comunidad por el panorama ambiental que pronostica José María, han estado elevando notas y denuncias al Ministerio de Minería, al Consejo Consultivo Minero y al Ministerio de Ambiente de la Nación.
Además, por emplazarse dentro del ambiente periglaciar, en la Reserva de Biósfera San Guillermo, la provincia estaría incumpliendo con la Ley Nacional de Glaciares que prohíbe la actividad minera sobre estas reservas de agua dulce que alimentan las cuencas de San Juan. A su vez, hay un conflicto latente con La Rioja que reclama regalías debido al impacto ambiental que producirá en su territorio y a que hoy se accede a la mina a través de esa provincia, entre otras razones.
Veladero, mina de Oro a cielo abierto, ubicada en la provincia de San Juan.
Sin diálogo
Los vecinos y vecinas de Jáchal no mantienen un diálogo formal con el gobierno provincial ni tampoco fueron convocados a una instancia participativa respecto a este nuevo proyecto ya que la licencia social se limita a la población de Iglesia. Sin embargo, Jáchal se vería afectado ya que las cuencas hídricas alimentan ambos departamentos. Por el momento, sólo hubo reuniones de funcionarios de gobierno, concejales del departamento y proveedores con representantes de la empresa, a puertas cerradas, en busca de apoyo local. Laredo recuerda la llegada de CEOs para dar charlas en el municipio: “Les pasan un listado diciendo que firmen con nombre y DNI, una planilla común como para justificar que ha ido gente a la reunión y esa es la licencia social, pasó con Veladero. Ahora como saben que ya estamos advertidos y en pie de lucha, en el departamento no apareció nadie”.
Salvemos Huachi lleva ese nombre porque en el año 2018 quisieron instalar una minera en la zona aledaña al pozo que alimenta a toda la población de Jáchal y que toma agua del acuífero Pampa del Chañar. “A la gente no le gustó nada cuando se enteraron que la mina quería asentarse en Huachi, saben que es nuestra única fuente de agua. Sobre el río ya están resignados que está muerto pero tocar el acuífero era matarnos. La gente tomó conciencia y salimos todos. Cuando vieron a la gente en la calle el proyecto quedó en pausa. Y seguimos controlando porque no se dio de baja, no nos hemos quedado tranquilos. Tenemos contacto con vaqueanos y pobladores porque el lugar no está tan lejos pero no es fácil el acceso, y cuando podemos, vamos para ver si hay algún movimiento. Es más, hay una obra, un puente en el medio de la nada que es el paso de las maquinarias de la empresa para Huachi”, cuenta Laredo.
Hoy están latentes más de 180 proyectos mineros de una escala menor en toda la provincia aunque la mayoría se encuentra dentro de Jáchal, Iglesia y Calingasta. “Cuando nos enteramos de un proyecto ya tienen aprobada la prospección, exploración, ya hicieron todo”, dice Laredo. Tanto el gobierno departamental como provincial tienen una postura prominera, alineada con los gobiernos nacionales que han favorecido a estas empresas, por ejemplo, estableciendo un tope de regalías y eliminando las retenciones a las exportaciones mineras durante dos años en la gestión de Mauricio Macri o reduciéndolas de manera arbitraria.
“Ellos insisten que con la minería vamos a salir y va a haber desarrollo, trabajo, un montón de cosas pero nos están exponiendo a todos”, afirma Laredo. Las autoridades se escudan en rever las condiciones para el nuevo megaproyecto como el cobro de más impuestos y la mitigación de los efectos ambientales, e incluso proponen que la empresa provea de pozos de agua y del sistema de riego por goteo a los productores y la población en general.
“La gente pasa semanas sin agua y el gobierno no da solución alguna, largan el agua por unos días y le cortan a otro sector, y así. Muchas veces hemos tratado de entablar un diálogo para que se nos tenga en cuenta, no para mediar ni consensuar. Ellos quieren que nosotros tengamos un diálogo para que aceptemos la minería con controles pero no hay un punto medio lamentablemente. Sabemos que los controles no existen y que estamos en un contexto de emergencia hídrica en un pueblo precordillerano semidesértico donde el agua siempre ha sido escaza. Qué casualidad que después de 15 años de megaminería nosotros estamos sin agua”, sostiene la ambientalista jachallera.
¿Cómo se vinculan las empresas mineras con la comunidad? Desde Salvemos Huachi cuentan que su esfuerzo a veces se ve afectado por los recursos que manejan: “Siempre se han involucrado pero a la gente igualmente no le gusta. Desembolsan mucha plata con las instituciones deportivas, con las escuelas, con salones, iglesias, lo que te imagines. Aparte de eso, el gobierno se encarga de hacerles el lobby: aunque no sea con plata de la minería ellos pusieron un foco o asfaltaron una calle y te dicen que lo hicieron con las regalías mineras”, cuenta Laredo.
A lo largo de la provincia, los proyectos mineros son innumerables pero el pueblo está activo y movilizado, defendiendo sus recursos desde las asambleas como lo hicieron y lo hacen en Chubut, Mendoza y Catamarca, territorios que tampoco le dieron licencia social a esta industria.
En defensa «de»
El Colectivo Crisis Socioambiental y Despojo del Instituto Tricontinental de Investigación Social, formado por José Seoane, Viviana García y Patricio Vértiz, describe en su Cuaderno N° 4 un nuevo ciclo de luchas contra la megaminería. En él escribieron las organizaciones sociales y militantes populares de estas provincias que resisten para transformar las distintas realidades de las comunidades que habitan.
Para Patricia Collado, socióloga de la UNCuyo e investigadora del CONICET, el objetivo de estas experiencias “trasciende la lucha en ‘contra de’ para proponer ‘la defensa de’ una forma de desarrollo de la comunidad que no empeñe en el presente o el futuro la forma de vivir que los caracteriza”. ANCCOM habló con José Seoane, Sociólogo y Doctor en Ciencias Sociales, sobre estas historias recientes. ¿Es posible un modelo alternativo a la narrativa del desarrollo que pone en riesgo la vida? ¿Luchar sirve?
¿Por qué teniendo tanta información y evidencias de lo que genera el extractivismo minero los gobiernos continúan avalándolo?
Tenemos que tener en cuenta que estamos ante corporaciones mineras transnacionales de gran porte que manejan grandes finanzas, que obtienen grandes ganancias de la explotación megaminera en los territorios, incluso producto de los beneficios fiscales sancionados en la Argentina y a nivel provincial. Esos grandes actores transnacionales tienen capacidad de influir y de incidir, e incluso a través de la corrupción, de comprar las representaciones políticas particularmente de los estados provinciales que, en términos de sus capacidades económicas y de gobierno, son ciertamente débiles frente a estas grandes corporaciones. Otra cuestión es la contribución a los recursos locales provinciales que pueden hacer este tipo de actividades económicas. De todas formas el balance es absolutamente negativo. Claramente en el caso de las provincias con más tradición minera, por ejemplo en Bajo de la Alumbrera, el primer gran proyecto megaminero de Argentina de esta fase neoliberal, los resultados en términos sociales son terribles. La provincia no deja de ser una de las más pobres, con un alto nivel de desempleo, con un alto porcentaje de la población debajo de la línea de la pobreza. O sea que el impacto social real en la vida de las poblaciones, en términos de los beneficios prometidos, está por demás ausente.
¿Cómo romper con la dicotomía ambiente–economía que limita el debate a la premisa de que sólo es posible una política de “desarrollo económico” extractivista?
Hay toda una narrativa que afirma la importancia de las actividades extractivas y de ciertos daños “colaterales” sobre el territorio, sobre el ambiente y la naturaleza, en razón del prometido desarrollo económico y social, que es totalmente falaz. Creo que ahí una de las rupturas y de la pérdida de credibilidad de estos discursos tiene que ver con la experiencia en los pueblos. En la medida que llevan adelante una experiencia de sufrimiento, también de frustración en relación con la ausencia de mejora social que implican estos emprendimientos, crece el cuestionamiento y estas falacias muestran toda su falsedad. Por eso las resistencias tan fuertes que están habiendo hoy en las provincias donde se quieren llevar adelante estos proyectos, donde en muchos casos ya ha habido experiencias de este tipo o ha habido grandes movilizaciones rechazando la minería como el caso de Catamarca. El enfrentamiento entre el desarrollo y lo ambiental es una construcción discursiva en una narrativa de los sectores dominantes. En la realidad e incluso en la práctica de estos movimientos, lo social y lo ambiental están profundamente articulados.
¿De qué manera se conectan estas historias de lucha en el país?
Hay un movimiento social que las articula. En 2001-2002 se inicia un primer gran ciclo de lucha en la Argentina contra estos proyectos megamineros con la resistencia en Esquel a la implantación de un emprendimiento de explotación de oro que tiene una victoria importante a través de un plebiscito que realiza la comunidad en rechazo. A partir de ahí se generalizan estas experiencias, incluso se construyen marcos de articulación regional y nacional. Fue el periodo de la UAC, la Unión de Asambleas Ciudadanas. Ese primer período es el gran ciclo de lucha y de movilizaciones del 2003 al 2010, que incluso conquista leyes importantes como la Ley de Protección de los Glaciares o la Ley de Bosques. Incluso las leyes a nivel provincial, donde siete provincias conquistan regulaciones que prohíben o limitan la megaminería contaminante. Ese ciclo de luchas está retomándose ahora, a partir del 2019, en este nuevo contexto donde estos emprendimientos son empujados por los altos precios de los minerales en el mercado mundial. Lo que los lleva a volver o a poner más énfasis en el desarrollo de sus proyectos y en ese sentido reaparece este ciclo de las resistencias.
Cuál es el horizonte de estos movimientos sociales?
Me parece que uno de los desafíos es cómo poder articular estas protestas y resistencias de las comunidades y de las poblaciones que habitan los territorios donde se asientan los proyectos mineros, con las luchas, las resistencias y las poblaciones de los grandes centros urbanos, que también sufren el impacto de estas políticas que deterioran el ambiente. Cómo articular esta diversidad de luchas que están cuestionando un modelo de desarrollo que implica un deterioro ambiental y social. Por ejemplo en Chubut la resistencia es un movimiento que atraviesa toda la provincia y que articula una diversidad de sujetos, actores y organizaciones muy disímiles, desde las comunidades indígenas hasta los sindicatos de salud y de educación hasta los pobladores, los vecinos de las ciudades o las resistencias más locales. Son comunidades que se levantan no sólo por una preocupación abstracta respecto de la naturaleza o del ambiente sino que están resistiendo, están movilizándose y están llevando también propuestas. Están defendiendo su propia vida, sus propias condiciones de vida. No hay una cuestión ambiental separada de lo social en la emergencia de estos movimientos.
¿Cuál es el camino a trazar para que un modelo alternativo sea posible y se traduzca en la práctica?
Hay respuestas que están formuladas por los propios movimientos, las resistencias contra la megaminería tienen propuestas en sus territorios de desarrollos alternativos, de formas de gestión económica alternativa. En los grandes centros urbanos hay otro tipo de movimientos que hoy están también en el centro de la discusión, por ejemplo los relacionados con la economía popular. Particularmente aquellos de la agricultura familiar, de la pequeña producción agrícola, movimientos territoriales como el MTE [Movimiento de Trabajadores Excluidos] Rural y la Unión de Trabajadores de la Tierra, que vemos a diario en la escena pública y en las movilizaciones mostrando que hay otra forma de producir alimentos. Incluso para abastecer el consumo de las grandes ciudades, con una producción cooperativa, comunitaria y de carácter agroecológico. Con otra forma de distribuir y de acceder a los alimentos, a menos precio y con más calidad. Es decir, hay un montón de propuestas que podrían ponerse en marcha y que incluso en algunos casos se logran conquistas. Existe toda una variedad de iniciativas legislativas de políticas públicas que están siendo impulsadas por estos movimientos de carácter socio ambiental.
¿Qué dificultades atraviesan estas resistencias?
Aparecen las grandes corporaciones, financiando y apadrinando, vinculadas a los representantes políticos. Eso es una realidad que sucede en todas las provincias donde se llevan adelante estos emprendimientos pero también en otras partes. Las últimas semanas circuló mucha información sobre el peso del lobby que hacen las empresas en el parlamento para garantizar que proyectos como la Ley de humedales o la del etiquetado no prosperen. Estamos ante corporaciones muy poderosas, globales, que han salido victoriosas y gananciosas de todo este proceso de transformaciones neoliberales que lleva varias décadas. Que ha concentrado el dinero y el poder en pocas grandes corporaciones mundiales a despecho de las condiciones de vida de los pueblos. Hay toda una cuestión de poder, de política, que ciertamente es el nudo gordiano a resolver. Tienen una capacidad de influir sobre los gobiernos de forma legal, en el sentido de los aportes que estas actividades pueden hacer al fisco, pero también de forma ilegal, respecto a las contribuciones en el terreno de la corrupción, del bienestar privado que pueden asegurar. Hay lógicas muy perversas de cooptación mercantil de las representaciones políticas y la lógica de la impunidad que construyen estas grandes corporaciones internacionales parece asegurarles estar por fuera de los mecanismos de administración de la justicia.
¿Luchar sirve?
Las movilizaciones y la acción de las comunidades tienen logros: se sancionaron leyes, se pararon proyectos, se pueden conseguir cosas. Por otro lado, respecto del pasado me parece que en la actualidad hay una mayor conciencia social general en las provincias pero también en las grandes ciudades de la importancia de las cuestiones socioambientales. Se ha ganado en una conciencia más socioambiental y es más complejo justificar las destrucciones del territorio de las comunidades a nombre de un desarrollo económico que no se visualiza. Hay una mayor presencia incluso en términos de la opinión pública, de la agenda política y de la agenda mediática.
Ago 11, 2021 | Comunidad, Novedades
“No sería la primera vez que se hacen exploraciones sísmicas en Argentina, ya se han realizado y como ellos (Equinor, compañía de origen noruego) bien dijeron, esto se hace en muchos países del mundo, pero eso no es una justificación válida”, afirma Belén Silva, que es ingeniera química y escribe sobre ciencia, medio ambiente y cambio climático. “Las cosas que se hacen hace mucho tiempo y en muchos lugares son las que están generando la situación climática que tenemos hoy. Quieren descubrir nuevos pozos de petróleo cuando los que ya están descubiertos ni siquiera se terminaron de usar. Esta empresa tiene más de seis proyectos en Argentina, offshore y onshore en Vaca Muerta. La Agencia Internacional de Energía dijo que con los pozos que hay en explotación ya nos alcanza. Hoy esa plata tiene que ir a proyectos de energías renovables o, al menos, limpias”, señala.
La Agencia, creada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), aseveró en un reporte de mayo de este año que para alcanzar emisiones cero netas para 2050 no debe haber inversiones en nuevos proyectos de suministro de combustibles fósiles. Las emisiones de gases de efecto invernadero provienen en más de un 70% de su uso para la producción de energía, sostienen Daniela Keesler y Gabriel Blanco en el informe “Lo ambiental debe ser política de Estado” de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). El equipo de investigación del Centro de Tecnologías Ambientales y Energía (Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires) plantea la necesidad de descarbonizar todos los sectores de la vida económica y productiva, pero también repensar el modelo de desarrollo para mitigar el cambio climático.
Con intereses en Vaca Muerta y en la plataforma continental nacional, Equinor lleva adelante actividades de exploración de hidrocarburos y extracción no convencional en Argentina desde 2017. En mayo de 2019, tras el llamado a Concurso Público de la entonces Secretaría de Energía de la Nación, se adjudicaron permisos de exploración para la búsqueda de hidrocarburos en 18 áreas del ámbito Costa Afuera. Uno de los espacios menos explorados del territorio nacional hacía brillar los ojos de los funcionarios del Ministerio, luego convertido en Secretaría, que avizoraban una lluvia de inversiones, funcionarios que casualmente habían ocupado cargos gerenciales en empresas petroleras.
Equinor, compañía de capitales noruegos con presencia en 30 países, obtuvo permisos para cinco bloques como operador y para dos más en los que se asoció con otras empresas. Entre ellas, YPF, con la que en 2019 firmó un acuerdo para adquirir el 50% de la titularidad del bloque CAN 100, que habilita un período exploratorio de cuatro años en un área de 15 mil kilómetros cuadrados. Posteriormente, YPF y Equinor se asociaron con Shell para su exploración. En total, fueron ocho los bloques de exploración que adquirió la compañía noruega repartidos en la Cuenca Argentina Norte (CAN) y en las Cuencas Austral (AUS) y Malvinas Oeste (MLO).
Dando lugar a la instancia participativa que forma parte del procedimiento para identificar, predecir, evaluar y mitigar los potenciales impactos que un proyecto puede causar al ambiente, en junio de este año el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación convocó a una audiencia pública. Con el objetivo de que la ciudadanía ejerza su derecho de conocer y expresarse respecto a la documentación que presentó Equinor sobre su proyecto “Campaña de adquisición sísmica offshore Argentina; Cuenca Argentina Norte (áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)”, la audiencia se extendió a lo largo de tres jornadas. Allí expusieron 350 personas, algunas en representación propia, otras como parte de una organización, y en representación de personas jurídicas. Además, se sumaron 23 personas que dieron su opinión de forma escrita.
De los 373 participantes, sólo 12 se expresaron a favor: representantes del rubro petrolero como YPF y Equinor que plantearon las consabidas ideas de “generación de oportunidades de desarrollo y crecimiento” y “bienestar económico”. “Los que defienden esto son los que tienen intereses y a quienes se les llenan los bolsillos. Es momento que el Estado demuestre que va a defender a la gente que está del otro lado pidiendo que cuide nuestro país. Los mismos interesados dijeron que esto va a traer la soberanía que necesitamos, que es para todos los habitantes. La verdad es que no, porque tenemos más de 50 pozos en explotación en el sur onshore y no somos un país que brilla por su riqueza. Este modelo de extracción de recursos naturales de empresas extranjeras evidentemente no funciona”, manifiesta Silva.
La ingeniera química subraya el descontento que compartió con el resto de los disertantes: la instancia pública se convocó con el proyecto de Equinor bastante avanzado, y el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) se presentó a tan sólo tres semanas de la audiencia, un tiempo insuficiente para verificar datos, revisar la bibliografía y poder dar argumentos sólidos. El procedimiento evidencia conflictos de interés y pone en cuestionamiento la objetividad del estudio, ya que es la misma compañía la que contrata a otra empresa para que elabore el EsIA sobre la adquisición sísmica.
“Las exploraciones son la primera etapa en lo que va a ser la explotación del pozo en sí. El objetivo principal es verificar la posición exacta de los combustibles fósiles para que una vez que tengan la localización puedan hacer las perforaciones. Un barco con diez cables de ocho mil metros -ocho kilómetros, son larguísimos- que tienen sensores, van a captar las ondas cuando el mismo barco vaya lanzando tiros de aire comprimido hacia el suelo marino. De esa manera, van detectando distintas señales de onda y en función de las que reciban, van a poder determinar la posición donde se encuentran los combustibles para después hacer los pozos”, detalla Silva.
Equinor estima que la prospección sísmica puede durar de tres a cinco meses y funcionaría de manera ininterrumpida. “La frecuencia de las emisiones sonoras que se van a generar es el triple de lo máximo que podemos detectar en nuestro oído. Están diciendo que eso no va a afectar a los animales y que para prevenirlo van a ir aumentando las emisiones acústicas progresivamente. Pero están en su hábitat y por más que se alejen un poco los van a dañar en su sistema auditivo. Los peces se van a alejar obviamente y esto va a afectar la actividad de la gente que se dedica a la pesca en las costas de Mar del Plata. Estas exploraciones se hicieron en Chubut y allá los pescadores estuvieron sin actividad casi un año. Imaginate un barco bombardeando el suelo marino tres meses durante 24 horas, siete días a la semana”, grafica Silva.
Como puntualiza Equinor sobre el relevamiento previsto de sus licencias, se haría costa afuera a 300 kilómetros al sudeste y 400 kilómetros al sur de la ciudad de Mar del Plata. Darío Socrate, gerente del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), comenta que lo que generan no está identificado porque se han hecho exploraciones pero no se hizo ningún estudio del estado previo al inicio de las actividades. “Existen referencias concretas de que ha generado inconvenientes en otros lugares del mundo. Lo que pretendemos como sector no es oponernos a la actividad petrolera, sino que se analice cuál es el impacto que se va a generar sobre la pesca”.
La preocupación se centra en el impacto sobre los peces ya que son la materia prima de la cual depende su actividad, que involucra millones de dólares de exportación anuales, 23 mil empleos y alrededor de 200 empresas. “Nosotros cuestionamos la falta de estudio y de participación del sector en la discusión de este proyecto antes de su inicio. En el bloque de al lado al que está en estudio, en la misma Cuenca Argentina Norte, se trabajó el año pasado haciendo sísmica sin haber hecho la audiencia pública. Nadie se tomó el trabajo de ver cuál fue el impacto que hubo efectivamente sobre las poblaciones de peces que existen en esa zona. En 2009, Pan American Energy hizo tareas similares dentro del Golfo San Jorge y los pescadores artesanales de merluza sufrieron la desaparición de su materia prima por largos meses. Como resultado, la provincia de Santa Cruz prohibió las exploraciones sísmicas dentro del golfo”, remarca Socrate.
“Como sector no hemos sido considerados ni tenidos en cuenta en esta discusión y le hemos pedido al Estado en montones de oportunidades participar, contar con información, y las respuestas han sido prácticamente nulas. Pretendemos que haya información más concreta sobre la zona en donde se va a desarrollar la actividad y sobre este tipo de mar. Porque el impacto que provoca en peces depende de un montón de variables: el tiempo de exposición, la profundidad, la salinidad del mar, la temperatura del agua, la época del año, qué tipo de especies hay y en qué etapa evolutiva. Abajo del mar las comunicaciones son básicamente por sonido. Por lo cual, la aparición de un sonido extremo fuerte en lugares donde no existía, por lo menos genera perturbaciones y en algún caso espantamiento. No hay estudios para los datos de nuestro mar. Lo que presentó la empresa se ha hecho con una recopilación bibliográfica, no con información del terreno”, se queja el representante de CEPA.
Socrate explica que, en teoría, cuando se va a realizar una actividad que puede generar un impacto en el ambiente, se tiene que hacer un estudio previo para ver las condiciones dadas antes de empezar, un estudio durante para ver cómo está impactando, otro posterior y, en caso de resultados negativos, análisis periódicos ulteriores. “Nada de eso está previsto. Estamos muy preocupados y vemos que por parte del Estado hay una doble vara. Cuando se hace un análisis de impacto ambiental que produce la pesca, que existe y estamos dispuestos a dar la discusión, el enfoque es ecosistémico. Pero con las exploraciones, que no se sabe qué impacto tienen, no hay un mismo interés ambiental. Hoy está en tratamiento en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para la creación de un área marina protegida que se llama Agujero Azul. Los propios redactores dijeron en una reunión informativa que el proyecto fue modificado reduciéndolo precisamente para contemplar la exploración petrolera. No se puede pescar en el área marina protegida, bajo ningún concepto, pero sí se puede achicar para desarrollar estas exploraciones. Creemos que no se está aplicando el mismo criterio”, dice el gerente de CEPA.
Silva explica que las consecuencias directas recaen sobre los animales y también sobre los microorganismos, problemática que estuvo ausente en el EsIA. “Hablan sobre los animales que habría en la zona, todo es hipotético pero no fueron a ver exactamente cuáles hay en ese lugar. Todo lo hicieron a nivel teórico, no práctico. Les faltó analizar los microorganismos que hay en el océano marino porque son los responsables de almacenar gran parte del dióxido de carbono que emitimos por los combustibles fósiles. Los océanos almacenan el 30% del dióxido de carbono generado a partir de fuentes fósiles”, señala Silva y explica que, de esta manera, se está afectando directamente la capacidad del suelo de almacenar CO2, lo que derivaría en un aumento de las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera.
Si las exploraciones sísmicas se realizan, el paso siguiente para la compañía consiste en analizar los datos recolectados y preparar, en función de estos, el equipo que van a instalar para las perforaciones. “Se trata de plataformas offshore que capturan el petróleo desde el fondo marino, perforan el suelo y con presión bombean el petróleo para conducirlo a la superficie. Después, con cañerías o barcos, lo transportan hacia la costa. Un estudio de la Universidad del Centro afirma que en este tipo de operaciones el riesgo de derrame es de un 100%. Si existe este riesgo, que seguro va a afectar a la flora y la fauna, es algo que no podemos aceptar. Cuando ya conocemos fuentes de energías limpias, cuando ya sabemos que los combustibles fósiles no van más, es un riesgo innecesario. El Estado tiene que empezar a representar los intereses de los que vivimos acá”, dice Silva.
La noticia reciente sobre una fuga de gas en un oleoducto del golfo de México que provocó una combustión en el medio del mar, dejó indicios de los efectos que este tipo de operaciones puede producir. El daño ambiental, producto de negligencias o de accidentes contemplados, con frecuencia es negado por las compañías responsables y los gobiernos avalan y apañan sus acciones. “El problema es que hoy este tipo de delitos ambientales que afectan a la naturaleza, no son penalizables. En la mayoría de los derrames o accidentes de este tipo no se ha nombrado a los culpables, que en muchas ocasiones no han tenido ni que pagar porque siempre salen impunes. No hay una ley internacional que avale a los derechos del planeta por sobre los intereses de estas empresas. Lo que pasó en México pasa todo el tiempo, incluso hay accidentes en los que mueren personas que están trabajando en esas plataformas porque es una actividad muy riesgosa. Así como también hay derrames de petróleo que han dejado islas turísticas completamente devastadas, que han acabado con toda la flora y la fauna de la zona costera, pasó en la Isla Mauricio el año pasado”, cuenta Belén Silva.
Para cumplir con la meta de ser un mundo de cero emisiones de carbono en 2050, Silva explica que es necesario plantear un modelo de transición energética, lo que implica invertir en nuevas formas de producir energías. “En teoría se está haciendo, pero con mucha lentitud. Eso no significa que no emitamos nada, pero lo que emitamos lo vamos a tener que compensar si queremos evitar que esto sea una catástrofe, que ya lo está siendo, pero que sea muchísimo peor de lo que nos esperamos”. Una prueba más de la inconsistencia de los documentos presentados por Equinor es que no mencionaron acciones para mitigar las emisiones que van a generar sus combustibles fósiles.
Silva refiere que se siguen destinando presupuestos a la investigación de tecnologías para la explotación de petróleo y a evaluaciones de impacto, en lugar de estudiar las fuentes de energías renovables. “En Argentina lo que tenemos es energía eólica, solar, hidráulica renovable, biomasa, biogas y también se está investigando la tecnología del hidrógeno. Lo importante es diversificar la matriz y no depender de un único combustible como hoy del petróleo”.
El modelo extractivista de nuestro país no conduce a la riqueza. Por el contrario, genera un pasivo ambiental que tiene consecuencias desastrosas también en el aspecto económico. “Los daños a mediano y largo plazo son muchísimo más caros que la retribución que estos proyectos puedan dar en el momento. El cambio climático está afectando a todo el mundo. En Argentina estamos luchando para que no dejen pasivos ambientales como derrames de petróleo en el medio del mar, aguas contaminadas con cianuro por las mineras y glaciares derretidos, campos con soja transgénica que dentro de cinco años ya no van a servir para cultivar porque van a estar destruidos. Como las tierras que quieren usar para hacer las mega granjas factorías de China”, concluye Silva.
Después de un mes donde la participación ciudadana y los reclamos de la sociedad se multiplicaron en defensa de la biodiversidad y de un planeta que pueda ser habitable para el presente mismo, se espera una toma de decisión por parte del Ministerio de Ambiente, que podría solicitar mayor información a Equinor, otorgar la autorización para la ejecución del proyecto o finalmente rechazarlo.
Jul 15, 2021 | Culturas, Novedades
Para acceder a artículos científicos, investigadores e investigadoras de todo el mundo utilizan sitios de descarga ilegal e impaga. Las cifras de las visitas a repositorios como Sci-Hub y los pedidos de descargas de sus artículos son enormes: por ejemplo, en 2017 se realizaron más de un millón de descargas desde Argentina, sólo el 1% de las registradas a nivel mundial. Este sitio web se autodefine como el primero en el mundo para proporcionar acceso masivo y público a los trabajos de investigación. En su página de inicio se ve un cuervo negro con su cuerpo pintado como un universo, sosteniendo con su pico una llave. Se trata de un logo que representa a una especie de ave paseriforme que se alimenta de carroña: algo podrido o incluso corrompido. Con esta metáfora Sci-Hub levanta la bandera del acceso libre al conocimiento enfrentando su privatización en manos de editoriales como Elsevier y alza su consigna: “… para eliminar todas las barreras en el camino de la ciencia”.
El uso de sitios “piratas”, latente en Argentina y en otras partes del mundo, se produce en el marco de un sistema de publicación científica oligopólico donde pocas editoriales controlan un mercado con influencia sobre la carrera de quienes investigan. Existen muchas formas de acceso ilegales, explica Carolina Monti, licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información: las llamadas bibliotecas en la sombra (Carolina Monti) como Sci-Hub que es la más popular, bibliotecas en la sombra más pequeñas o específicas de ciertas temáticas y las formas de acceso peer to peer como los pedidos por Twitter, grupos específicos de Facebook o Redit, Torrents, entre otros. Monti junto a Mariano Zukerfeld, Santiago Liaudat, María Sol Terlizzi y Carolina Unzurrunzaga indagaron las particularidades del acceso a la literatura científica en nuestro país y plasmaron los resultados preliminares de su estudio en el informe “Un fantasma recorre la ciencia, el fantasma de la piratería”. ¿En qué proporción y con qué frecuencia se recurre a las descargas llamadas ilegales? ¿Qué motiva el uso de las diferentes herramientas de acceso a los papers y qué representaciones tienen las científicas y científicos sobre ellas?
Para responder estos interrogantes, el equipo de investigación -que no contó con financiamiento ni respaldo institucional específico de sus ámbitos de trabajo- diseñó una encuesta que reunió las respuestas de 368 becarios y becarias e investigadores e investigadoras del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) en diciembre de 2020. Los resultados grafican las prácticas más comunes y presentan una evidencia relevante para pensar las políticas públicas del campo editorial científico así como las reglas del trabajo académico: un 90% de investigadores e investigadoras recurre al acceso ilegal e impago de esta literatura.
Alimentar al monstruo
Ana Sanllorenti, directora de la Biblioteca Central de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, afirma que hay una multiplicidad de factores que explican el crecimiento de las consultas a los sitios que no cuentan con respaldo legal. “El principal es el costo de las suscripciones de las revistas y la situación oligopólica de la edición científica a nivel internacional. Combinados, los cinco principales editores (Reed-Elsevier; Taylor and Francis, Wiley-Blackwell, Springer y Sage) acumularon más del 50% de todos los artículos publicados en 2013. Además de aumentar anualmente el costo de las suscripciones, las editoriales ya no ofrecen títulos individuales sino “paquetes” de títulos, por lo que obligan a Bibliotecas y otras instituciones a suscribir títulos que no han elegido”.
No satisfechos con la obtención de ganancias comparables a compañías farmacéuticas como Pzifer, a costa del trabajo no remunerado de los y las trabajadoras del mundo académico, las editoriales establecieron el APC (Article Processing Charge) debido a las presiones del Movimiento de Acceso Abierto: esto implica que autores y autoras deben “pagar por liberar” su artículo aceptado, es decir para que sea publicado en modalidad abierta. Sanllorenti señala que se suman otros obstáculos para la publicación de los artículos en repositorios abiertos, como los embargos y el rechazo a que la última versión del artículo editada pueda ser incluida en los repositorios. “Lamentablemente, en los organismos científicos de la Comunidad Europea se está aceptando incluir en los presupuestos de investigación el pago del APC, con lo que se estará realimentando el círculo vicioso de que sólo los que tienen mayores recursos económicos serán más difundidos y consecuentemente, citados”, manifiesta Sanllorenti.
Para la experta en Bibliotecología, existe una contradicción entre el criterio principal de evaluación científica (publicar en revistas de alto impacto) y el requerimiento del acceso abierto a través de repositorios o revistas. “Es lógico que los investigadores recurran a estrategias que les permiten acceder en forma gratuita a los artículos que necesitan. La sanción de la Ley 26.899 de Repositorios en Argentina y la organización del Sistema Nacional de Repositorios Digitales produjo la creación de varios repositorios y consolidó los que existían. Sin embargo, conjeturo a partir de mi experiencia en una biblioteca universitaria, que el índice de depósito de artículos científicos -particularmente en Ciencias Exactas, Naturales, Ingenierías y Medicina- dista de ser satisfactorio en relación con la producción y publicación de artículos en revistas”.
Según Sanllorenti se necesitan análisis sobre el uso que se le da a los repositorios para conocer el número de consultas, su procedencia y las citaciones que tienen los trabajos difundidos en ellos. El caso de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA da cuenta de un aumento significativo de consultas y bajadas de tesis de posgrado luego de su inclusión en el repositorio: “En ese punto sí es posible afirmar que el acceso a ese conocimiento ha mejorado con el acceso abierto. Así como también la visibilidad de la producción de los autores y de la institución”.
Gratis y mejor
En el estudio de Zukerfeld y equipo la segunda modalidad más mencionada, detrás del uso de sitios de descarga “piratas”, es la utilización de páginas web que ofrecen artículos científicos de acceso abierto. Sólo el 24% de los encuestados afirmó usar de manera muy frecuente o frecuente vías legales pagas a través de recursos propios, de subsidios o de servicios bibliográficos pagados por instituciones como la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología. Por otra parte, el 75% de las investigadoras e investigadores que utilizan vías de acceso impagas e ilegales, afirmó hacerlo porque no puede acceder de otra forma y un 38% mencionó que le resulta más fácil y rápido de usar que otros servicios. Entre las motivaciones más nombradas, un 67% cree que el acceso a la información científica no debe tener barreras de pago. Además, de los 368 encuestados, 200 creen que estos medios llamados “ilegales” contribuyen al progreso de la ciencia y 139 manifestaron su oposición al lucro que obtienen las editoriales comerciales aprovechándose del trabajo de autores y evaluadores. Entonces ¿por qué la comunidad científica publica en estas revistas?
Sanllorenti explica que cuando un investigador publica un artículo, cede los derechos patrimoniales -los aspectos de explotación de la obra, tal como la comunicación, difusión, reproducción y publicación- en forma exclusiva a la editorial. “Esa es la exigencia de las revistas, sobre todo las de carácter comercial. No debe olvidarse que esas editoriales, además de no retribuir dinerariamente a los autores, se han erigido en árbitros de la calidad científica a nivel global, por cuanto el sistema de evaluación de la ciencia se basa fundamentalmente en el cálculo del índice de impacto de los títulos de revistas, sostenido en la cantidad de citas que reciben”.
Monti, diplomada superior en Comunicación Pública de la Ciencia, agrega que el problema es complejo y las editoriales no ofrecen una remuneración económica ni a los autores ni a los revisores, que son también investigadores. “Incluso a veces son los autores quienes tienen que pagar para publicar allí y, paradójicamente, muchas veces deben hacerlo luego para acceder, ya sea con pagos particulares o a través de suscripciones institucionales que pueden ser millonarias. Existe un sistema de “reputación” en el que los investigadores se encuentran inmersos, con el que son evaluados por sus superiores o las instituciones que les financian sus trabajos, dan becas, subsidios, equipamiento, etc. Es un círculo vicioso del cual, por el momento, parece muy difícil salir”, señala Monti. La maestranda en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes y su colega Carolina Unzurrunzaga, magíster en Sistemas de información digital, explicaron los pormenores del estudio.
¿Cómo surgió la idea de hacer esta encuesta?
CM: El tema de la comunicación y sobre todo el uso de herramientas para el acceso a la información científica es algo en lo que vengo trabajando con proyectos de investigación sobre el Movimiento de Acceso Abierto a los que me acerqué a partir de estudiar la carrera de Bibliotecología. En los últimos años surgieron muchos trabajos de investigación que hablaban acerca del uso de herramientas y sitios de descarga ilegal para acceder a la información científica. La piratería sucede en ámbitos culturales y también en el científico. La realidad es que el uso de estas herramientas es bastante común en todas partes del mundo. Muchos estudios indican que no tiene que ver sólo con la falta de acceso ya que también pasa en regiones donde hay más recursos para el pago de suscripciones. Pocos estudios ahondan sobre el tema en Latinoamérica y ninguno en Argentina. Y nos preguntamos ¿qué estará pasando con los y las científicas argentinas? ¿Cómo acceden a la información que necesitan para sus investigaciones? Para aproximarnos al tema, empezamos estudiando un universo del que teníamos certezas de su dimensión para poder hacer una muestra que nos permita analizar los usos y las representaciones de todo el grupo, por eso tomamos en primer lugar a investigadores/as de CONICET. Más adelante nos gustaría analizar las prácticas y representaciones en otros organismos científicos, tecnológicos y educativos.
¿Qué piensan de las formas de acceso a la literatura científica llamadas ilegales?
CM: En principio es algo de lo que tenemos que hablar más. Ya encontramos evidencia de que existe aquí y en todo el mundo, y sabemos que hacen algo concreto frente a una necesidad de información importante. Tengamos en cuenta que sin poder acceder a la lectura de otras investigaciones, los y las investigadoras no podrían llevar adelante su trabajo. Respecto a las representaciones de legalidad y moralidad sobre el acceso y la difusión de información científica, la mayoría consideró correcto o parcialmente correcto, descargar y circular la literatura científica de la forma que sea (Sci-Hub, redes académicas, redes sociales, etc.). Esto quiere decir que para muchos investigadores, la representación de una acción como ilegal no impide considerarla moralmente correcta. Ahora bien, deberíamos preguntarnos ¿por qué estas herramientas son consideradas ilegales?
¿Cuáles son sus prácticas cotidianas cuando investigan?
CU: Realizando actividades de investigación y de docencia se requiere con mucha frecuencia consultar bibliografía para actualizarse en la temática, para conocer los resultados de estudios recientes, armar el andamiaje teórico y definir la metodología de cada investigación, entre otras cuestiones. Por nuestra formación bibliotecaria estamos al tanto de distintos servicios gratuitos y pagos para descubrir información y nos pasa con frecuencia encontrar el changuito del supermercado con precios en dólares o euros para obtener una copia y poder leer el trabajo. Conocemos -y usamos- botones que se pueden agregar al navegador para localizar la versión libre de los trabajos en repositorios de acceso abierto de todo el mundo, de las suscripciones pagas que tenemos a través de la biblioteca electrónica que financia el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a la cual se nos facilita el acceso desde las bibliotecas de nuestras instituciones, de otros servicios que en estas nos ofrecen para localizar el documento que necesitamos y, sin embargo, en muchas ocasiones el paper solo está disponible si pagamos un precio que suele rondar los 25-30 dólares ¿Caro o barato?, ustedes dirán. Lo cierto es que esto es así porque, en general, les investigadores cedieron sus derechos de explotación a los grandes grupos editoriales comerciales, que acumulan ganancias exorbitantes año a año y a veces hasta les sale regalado editar el trabajo porque el grupo de investigación paga tasas de publicación. Un negocio redondo para los de siempre, mientras hacer ciencia en nuestros contextos sigue siendo cada vez más difícil.
¿Cómo podría disputarse el poder de estas grandes editoriales para garantizar el derecho de acceso a la información científica?
CM: Me parece que la solución solo se podría lograr con una reflexión y debate más profundo. ¿Por qué son ilegales estas herramientas? ¿Por qué hay limitaciones al acceso? ¿Quiénes ponen esas limitaciones? ¿No quieren los investigadores dar a conocer libremente sus investigaciones? La solución creo que viene con un cambio más profundo donde no haya barreras legales, económicas o institucionales a la circulación del conocimiento científico. Esperemos que este tipo de trabajos ayude a generar reflexiones y debates que apunten hacia esos objetivos.
CU: Una de las formas es la que se propicia desde nuestra región con diversas iniciativas que brindan infraestructuras para la edición científica en acceso abierto sin fines de lucro, como es el caso de AmeliCA. Que los propios científicos y las instituciones del sistema científico autogestionen y financien revistas de acceso abierto es hacerle frente al oligopolio editorial comercial. Para esto, es necesario que las agencias de financiamiento apoyen la edición científica nacional a través de programas y se reconozca la calidad científica de las mismas en los sistemas de evaluación. También se requiere que se reconozcan y recompensen las tareas de los equipos editoriales y, a su vez, que se acompañen procesos, se creen capacidades y se formen recursos humanos especializados en las universidades y otras instituciones de enseñanza.
¿Qué pasó desde la Ley de Repositorios digitales institucionales de acceso abierto? ¿Notaron cambios luego de que fuera reglamentada en 2016?
CU: En otra investigación que realizamos con el proyecto de nuestra universidad, el cual dirigió Marcela Fushimi, indagamos las repercusiones de la ley en el desarrollo de los repositorios y evidenciamos que las políticas públicas han impulsado a estas infraestructuras en las universidades nacionales de gestión pública. Sin embargo, actualmente no todas las instituciones del sistema científico nacional las tienen disponibles y la cantidad de producción que disponen depende de múltiples factores, entre ellos que las y los investigadores preserven los derechos de explotación de sus obras al publicar para que pueda difundirse allí. Hoy en día, hay muchas de las revistas que son importantes para los distintos campos disciplinares que cobran precios exorbitantes por publicar y/o para asignar una licencia abierta a fin de poder cumplir con el mandato de depósito que impone la ley, lo que termina haciendo que las y los investigadores pidan excepciones o bien que ese dinero salga de los financiamientos que obtienen.
¿Creés que la comunidad científica es reconocida socialmente?
CM: En la actualidad por todo el tema covid, la ciencia se ha vuelto una de las protagonistas de las noticias, hasta discutimos sobre artículos de The Lancet. Sin embargo, creo que los temas son tomados de forma muy superficial y eso tienta a la proliferación de las llamadas fake news. Yo creo que es necesario una comunicación pública de la ciencia en donde participen tanto periodistas/comunicadores como científicos. Creo que es importante comunicar y conocer sobre el quehacer de nuestrxs investigadores, porque si queda invisibilizado, se hace muy difícil el reconocimiento. Esta pregunta me hace acordar a los resultados de la última Encuesta Nacional de Percepción Pública de la Ciencia, que fue justamente realizada para conocer cómo perciben la ciencia la población general. Lo sorprendente es que la mayor parte de la población destaca la importancia de la ciencia para el país y considera que el Estado debe invertir más en ella, sin embargo, los resultados muestran que se informan o interesan poco y que la mayoría de las personas no puede mencionar más de una (y muchos ninguna) instituciones científicas argentinas, siendo tantas y de temáticas tan variadas las que existen en nuestro país.
Jun 16, 2021 | Comunidad, Novedades
En la Ciudad de Buenos Aires, el patrimonio histórico se vende al mejor postor. Edificios coloniales, neocoloniales y neoclásicos, art decó y art nouveau, con figuras ornamentales, monumentos y farolas, empedrados y árboles añosos que favorecen la absorción de agua, todo el eclecticismo arquitectónico que combina elementos de épocas diversas e identifica a los distintos barrios porteños, son intervenidos, mutilados y destruidos. Para “la inmobiliaria de Larreta”, el negocio es prioridad.
«La calidad del aire está empeorando», afirma María Neira, directora del Departamento de Salud Pública, Medio Ambiente y Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según la especialista, «los niveles de contaminación del aire suelen ser bajos en las ciudades bien planificadas que cuentan con buenos sistemas de transporte, calles transitables por peatones y amplios espacios verdes que lo purifican». El hormigón y el asfalto no ayudan.
Recursos no renovables y un patrimonio irrecuperable pasan del deterioro a la destrucción bajo el impulso de una gestión centrada en el desarrollo inmobiliario, un mercado multimillonario que confirma, negocio tras negocio, el vínculo entre el oficialismo porteño y los grupos de inversión. Prueba de ello es el proyecto de privatización de Costanera Norte para la construcción de inmuebles de lujo, por ahora frenado por un fallo judicial luego del rechazo unánime y las movilizaciones de la ciudadanía y las organizaciones sociales.
Basta de Demoler, asociación que defiende el patrimonio arquitectónico, solicitó a la Jefatura de Gabinete y a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el listado de inmuebles resguardados en el marco de la Ley N° 3056 así como los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo porteño y su vigencia, para la efectiva protección patrimonial de 18.195 edificios históricos. Los pedidos de información fueron dirigidos al vicepresidente primero de la Legislatura, Agustín Forchieri, a Victoria Roldán Méndez, María Cecilia Ferrero y Roy Cortina, que encabezan las comisiones de Planeamiento Urbano, de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico y de Cultura respectivamente. El principal responsable de garantizar la normativa es el bloque oficialista de Vamos Juntos, que cuenta con mayoría y aprueba los proyectos pro mercado inmobiliario que presenta Rodríguez Larreta. Por caso, la construcción de hasta 11 torres en el pulmón verde conocido como La Isla de La Paternal, votado en 2019 y resistido desde entonces por la comunidad vecinal.
Carlos Gardel 3157. Ciudad de Buenos Aires
Frente a la petición, la Comisión de Planeamiento giró datos sobre los expedientes ingresados entre 2009 y 2017 para la catalogación de inmuebles. De 30 legajos, 12 de ellos han caducado y 17 sí fueron sancionados para catalogar como inmuebles pasibles de protección cautelar y estructural, pero también para descatalogar otros de acuerdo al Código de Planeamiento Urbano vigente. Su última reforma, realizada en 2020, habilita diversos grados de intervención en los edificios según el tipo de protección y establece que no se podrán catalogar los ubicados en vías sujetas a ensanche o apertura.
Cuando se demuele y se planifica una nueva construcción, ¿se contempla la infraestructura disponible, las necesidades del lugar de emplazamiento, los espacios verdes de los que dispone la población? Los y las legisladoras no dan respuestas. Roldán Méndez en un principio aceptó contestar las preguntas de ANCCOM, pero más tarde se desdijo. La comisión que preside dictamina sobre todo asunto o proyecto vinculado con el Código de Planeamiento, la zonificación urbana, la preservación del patrimonio, el planeamiento participativo, la fiscalización de obras particulares, el catastro, el Código de Edificación y el Plan Urbano Ambiental.
La Comisión de Patrimonio respondió a Basta de Demoler que sólo se han catalogado de forma definitiva los inmuebles de las Comunas 1 y 2, en tanto que de la 3 a la 15 únicamente el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales ha realizado una evaluación. La Jefatura de Gabinete detalló los proyectos aprobados entre 2008 y 2014, empero, de los casos elevados catalogaron menos inmuebles. Por ejemplo, de un proyecto que incluía 507 edificios, la Ciudad catalogó sólo 395 con la justificación de que algunos ya lo estaban, aunque admiten que otros se desestimaron.
De los más de 140 mil inmuebles relevados por un convenio entre la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA y el Ministerio de Desarrollo Urbano, de los cuales la DGIUR seleccionó 18.195, sólo catalogaron por ley los de las Comunas 1 y 2, tal como informó la comisión que preside la legisladora Ferrero. Sobre el resto, aducen que fueron incorporados al catálogo “mediante varias resoluciones”, pero aclaran: “El estado de tramitación administrativa de dichos inmuebles es variable y dinámico, ya que pueden estar catalogados ‘en firme’ mediante la sanción de una ley, o bien, encontrarse en alguna de las distintas instancias administrativas previas, en cuyo caso aún la protección patrimonial está en trámite”.
Desde la Jefatura de Gabinete afirmaron que en su base de datos ya no cuentan con la cifra original a ser protegida. Hoy tienen registrados 16.831 inmuebles tanto de Áreas de Protección Histórica como singulares. Es decir que 1.364 edificios de valor patrimonial anteriores a 1941 ya no figuran siquiera para ser conservados.
Como consecuencia de la defensa activa que vecinos y vecinas hacen de su entorno, la Comisión de Patrimonio produjo un resumen del universo de inmuebles protegidos a partir del análisis del sitio web “Base Área de Protección Histórica”. Allí aparecen 151.512 edificaciones, desde parroquias hasta estaciones de tren, de las cuales 134.175 categorizan su protección como desestimada. Es decir que casi el 90 por ciento no cuentan con ninguna protección y de las 17.337 restantes que sí tienen, 4.171 figuran en el Catálogo Preventivo. Sobre esos edificios quedan permitidas las obras e intervenciones y si el proyecto de ley pierde estado parlamentario, la catalogación queda sin efecto.
Millones de dólares
Pero, ¿cuánto valen estos inmuebles vendidos como lotes vacíos? ¿Cuánto se gana demoliendo? Recientemente, la diputada nacional Paula Penacca, la legisladora porteña Lorena Pokoik, el miembro de la Junta Comunal 15 Leonardo Lucchese y la Asociación Civil Abogados para el Desarrollo Comunitario (ADEC), denunciaron judicialmente el remate de un edificio público en Villa Crespo, que fue frenado por una medida cautelar. Construido antes de 1941, formó parte del inventario patrimonial pero fue desestimado y hoy cualquiera puede observar cómo arrasaron con su estructura. Declarado ocioso, aunque allí funciona una base operativa del Ministerio de Seguridad porteño, el Gobierno de la Ciudad pretendía rematarlo, pese a que la comunidad del barrio había propuesto la construcción en ese espacio de un jardín maternal. Ignorando este reclamo que viene de 2012 e incluyó la presentación de proyectos de ley al respecto, el Ejecutivo de Rodríguez Larreta insiste en subastarlo a un precio base de 2,8 millones de dólares, una cifra que para un emprendimiento inmobiliario podría ascender a 29 millones como resultado de la inversión, según afirmaron en la denuncia.
El destino de la Casa Pantano ilustra la deriva del patrimonio porteño. A metros del histórico Mercado de Abasto, desde los 90 un centro comercial, figura en la base de datos del GCBA con “Protección Cautelar en Catálogo Preventivo”. En una foto del registro oficial tomada en 2005 se lo ve con su fachada aparentemente original, pero en estado de deterioro y con unos puntales improvisados sobre los balcones a punto de caerse. Una captura de imágenes posterior de Google Maps, de febrero de 2019, muestra algunas transformaciones que parecieron recuperarlo, pero ya aparece el cartel del desarrollo que se avecinaba. Hoy el emprendimiento está publicado en ZonaProp bajo el nombre Palacio Carlos Gardel, en etapa de construcción, con altura en siete pisos, igualando la de los edificios vecinos. Se trata de 22 unidades que pueden llegar a costar desde 80 mil hasta 165 mil dólares.
En una reunión con legisladoras de la oposición, el colaborador de Basta de Demoler Mauro Sbarbati remarcó la necesidad de revisar y auditar los documentos en respuesta al pedido de información por las incongruencias que presentan. En 2014, el GCBA demandó a la organización por 24 millones de pesos luego de que presentara un amparo que detuvo las obras de la Plaza Alvear relacionadas con el trazado de una nueva estación del subte. Con este antecedente, Basta de Demoler busca hacerse oír sin amedrentamientos y apoya una campaña para expropiar dos lotes del centro para hacer plazas. “En ambos casos la justicia nos dio la razón. Como el ‘Plan Ciudad Verde’ que firman para comprometerse a luchar contra el cambio climático tiene contemplada la construcción de 78 nuevas plazas para enfrentar el déficit de espacios verdes, pedimos que esos dos lotes, el de al lado de Santa Catalina de Siena y el de la Casa Benoit, sean protegidos”, afirma Sbarbati.
La Casa Benoit comprendía dos edificios, uno de ellos demolido en 1978 y el otro ilegalmente en 2008, ya que tenía protección cautelar, situación que dejó ese lote privado inhabilitado por diez años y donde, junto a otro lindero de uso público, ha funcionado un estacionamiento. En 2018, vecinos y vecinas de San Telmo y Monserrat integrantes de Casco Histórico Protege presentaron el proyecto de ley para que sea una realidad la plaza Benoit en la esquina de Avenida Independencia y Bolívar. Aunque perdió estado parlamentario en 2020, volvió a presentarse con la solicitud de declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación los lotes y con la propuesta de conformar una mesa de trabajo para el diseño y gestión del futuro espacio. El objetivo es restaurar simbólicamente el patrimonio tangible irrecuperable que significó la Casa de los arquitectos Benoit y convertirlo en un sitio de esparcimiento público en una zona con uno de los peores índices de la ciudad en cobertura vegetal y arbolado, según sostienen desde Basta de Demoler.
En el barrio de Retiro, con una arquitectura de la época colonial, se encuentra el Monasterio de Santa Catalina de Siena, fundado en 1745, cuya manzana fue declarada Área de Protección Histórica al mismo tiempo que el GCBA autorizaba la construcción de una torre de 18 pisos en el terreno lindante, lo cual ponía en riesgo el conjunto y su entorno. Basta de Demoler presentó un amparo y, en 2016, luego de cinco años de disputa legal, el Poder Judicial declaró nulo el permiso de edificación por considerar que se omitieron las instancias de consulta previstas y destacando el daño irreversible que la obra produciría en el Monasterio, proclamado Monumento Histórico Nacional a mediados del siglo pasado. En ese lote, Basta de Demoler propone crear una plaza forestada que brinde un pulmón verde en los alrededores del corredor histórico, donde el porcentaje de espacios verdes es muy bajo.
“No se recupera más”
En la intersección de Defensa y Avenida Brasil, el adoquinado característico y las vías del tranvía fueron extraídos y reemplazados por asfalto en 2018. Esta práctica se observa año tras año. A fines de abril, miembros de la Junta Comunal N° 6 denunciaron la extracción del granito original en zonas aledañas a instituciones educativas y hogares de adultos mayores. Solicitaron al secretario general de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural, Ricardo Pinal Villanueva, y al director del Ente de Mantenimiento Urbano, Gastón Celerier, cuidar el patrimonio de la ciudad y participar como Comuna en la definición del catálogo de calles con adoquinado granítico, consideradas Patrimonio Cultural de los espacios públicos, de acuerdo a la Ley 4806.
Casco Histórico Protege denuncia la reciente nivelación de la calle Defensa entre Plaza de Mayo y Moreno, con la consecuente pérdida del adoquinado característico en un Área de Protección Histórica. Paradójicamente, esta obra de 39 millones de pesos se realiza en el marco del Plan Integral de Puesta en Valor del Casco Histórico y del Plan 50 Destinos que tiene a cargo la renovación del Museo de la Ciudad con fondos de Nación. Integrantes de la organización de vecinos comentan que la última obra en la zona fue en 2008, donde se levantaron los adoquinados y se hizo a nuevo la losa de hormigón y el sistema de drenaje. ¿Cómo se explica la poca duración del readoquinado? Según ellos, no hay criterios de sustentabilidad y se impermeabiliza por completo la superficie, así como tampoco se respetan los lineamientos del Plan de Manejo del Casco Histórico.
Esta asociación, que trabajan desde hace tiempo, se consolidó en 2018 con el reclamo por la construcción del edificio Astor San Telmo que violaba la normativa vigente del Casco Histórico con respecto a las alturas. Luego del amparo que presentó, junto con Basta de Demoler y el Observatorio del Derecho a la Ciudad para detener la obra, obtuvieron un fallo positivo que les dio la razón, dispuso la paralización y ordenó reformular el proyecto edilicio. “Continuamente hay una flexibilización de los controles y un cambio en la normativa que va favoreciendo las construcciones, demoliendo o quitándole el carácter patrimonial a los edificios”, explican desde el colectivo. Y sobre los adoquines, señalan: “La problemática en los barrios y en el Casco Histórico es diferente, la lucha en los barrios es para que no los tapen con asfalto. Acá están haciendo un proceso de readoquinado o, en el caso de la nivelación, el reemplazo de adoquinado por granitullo. Lo que sucede es que todos los trabajos son defectuosos y al poco tiempo se terminan rompiendo. Hay adoquinados centenarios que, si bien gastados, están perfectos”.
Para Casco Histórico Protege, el desconocimiento de lo que implica el patrimonio y las decisiones arbitrarias que niegan la historia de los barrios sólo se explican por la especulación inmobiliaria y resultan en hechos irreversibles. El Plan de Manejo del Casco Histórico, cuyo propósito es revalorizar el patrimonio construido, tiene una actualización de 2015 –que sigue vigente– en la que se explican con claridad estas cuestiones. Sin embargo, desde la agrupación denuncian que ese documento ha sido borrado de todo registro oficial. “Llegan funcionarios nuevos y a criterio de cada uno van modificando, haciendo y deshaciendo. Ellos pasan, pero el Casco Histórico queda. El patrimonio que se pierde no se recupera más. Le damos la bienvenida a los cambios, porque todo es dinámico, no queremos que el barrio quede como un museo congelado, hay muchas cosas por hacer, pero que vayan con su carácter y su esencia”, reclaman.
Mar 24, 2021 | Novedades, Vidas políticas
Los comicios presidenciales en Ecuador están atravesados por la propagación de fake news en las redes sociales y en los medios de comunicación. En la primera vuelta, realizada el pasado 7 de febrero, ganó el candidato correísta Andrés Arauz con el 32,7% de los votos, seguido por el derechista Guillermo Lasso con 19,7%. Uno y otro se enfrentarán de nuevo en las urnas el próximo 11 de abril.
La campaña electoral para la segunda vuelta comenzó el 16 de marzo y las redes se tornaron un territorio de disputa política por los sentidos marcada por la desinformación y la posverdad. Pero, ¿qué democracia se habita cuando la manipulación informativa gana terreno? ¿Cómo afecta al ejercicio de la ciudadanía? En el libro “La democracia de los trolls y el asalto a la democracia” Arturo Luque González, Julián Macías Tovar y Fernando Casado Gutiérrez analizaron las estrategias que buscaron alterar el curso de la primera vuelta.
El medio digital se vuelve un elemento desestabilizador cuando es el soporte de maniobras antidemocráticas que atraviesa las agendas mediáticas e influye en el debate público. Bajo el disfraz de información, las fake news se difunden con velocidad de manera voluntaria. Guadalupe Nogués, doctora en Ciencias Biológicas, docente y comunicadora, explica que la posverdad puede verse propiciada casualmente o con intenciones definidas de manipulación informativa, es decir cuando es operada por alguien con el fin de distorsionar la información disponible y desinformar. En su libro “Pensar con otros: una guía de supervivencia en tiempos de posverdad” afirma que los hechos se vuelven hechos en la medida en que encajan en los deseos de cada grupo que “desarrolla su propio lenguaje, uno que, de las muchas funciones del lenguaje, privilegia la capacidad de incitar a las emociones, y empuja a esas emociones a construir paisajes solo accesibles a quienes compartan la forma de mirarlos”.
De acuerdo a Nogués, cuando la información se adultera de manera intencional se contamina y destruye la conversación pública. En cuanto al objetivo de la industria de la posverdad, que puede ser representada por una empresa, un partido o un lobby, no necesariamente se intenta convencer. “Muchas veces, se trata solamente de confundir y establecer una duda que parezca razonable. Si hay una verdad, se la disimula o se la cuestiona. Si no hay una verdad, se la sugiere, se la da a entender. Generalmente, no se la afirma de manera contundente”, señala.
El 11 de abril el pueblo ecuatoriano elegirá al sucesor de Lenín Moreno, vicepresidente de Correa entre 2007 y 2013 pero que luego, al asumir como presidente en 2017, dio un giro absoluto respecto a las políticas de la denominada Revolución Ciudadana. Su último año de gestión estuvo marcado por una mala gestión de la pandemia, un sistema de salud precarizado que pronto se vio saturado, el sometimiento a las cámaras empresariales, el endeudamiento externo y la renuncia del Ministro de Salud tras una vacunación irregular.
Andrés Arauz, demócrata progresista de la coalición Unión por la Esperanza (UNES), y Guillermo Lasso, representante liberal conservador de la alianza del Movimiento Creo y el Partido Social Cristiano, disputarán el balotaje. Arauz es economista y miembro de la Internacional Progresista –integrada entre otros por Bernie Sanders y Yanis Varoufakis–, fue asesor y director del Banco Central, y se desempeñó en otras funciones de gobierno durante la presidencia de Rafael Correa, quien era el precandidato inicial para la vicepresidencia. La postulación de Correa fue rechazada por el Consejo Nacional Electoral en el marco de las sentencias judiciales que lo inhabilitan para ocupar cargos públicos. Este patrón de procesos judiciales y mediáticos, conocido como lawfare, se repite en varios países de Latinoamérica y da cuenta de una estructura que involucra a movimientos neoliberales y organismos internacionales que buscan imponer sus agendas. Una de las mayores víctimas de ese procedimiento fue José Inácio Lula Da Silva, el expresidente de Brasil que pasó más de 500 días preso y fue imposibilitado de participar en las elecciones de su país por un proceso judicial amañado que fue anulado la semana pasada.
Lasso es empresario, accionista principal del Banco Guayaquil y especulador beneficiado de la crisis económica y financiera de 1999 que culminó con la dolarización de la moneda, así como vinculado a empresas offshore en paraísos fiscales. Fue también gobernador y embajador, y se postuló como presidente en las elecciones de 2013 y 2017. Este año Lasso ganó su lugar en el balotaje por una diferencia mínima con Yaku Pérez, luego del recuento parcial de votos que despertó denuncias de fraude, movilizaciones y el rechazo de Pérez y sus votantes a las decisiones de las autoridades responsables del escrutinio.
Los especialistas González, Tovar y Gutiérrez, que investigaron las estrategias digitales de desestabilización política antes de la primera vuelta, afirman que actualmente los golpes de Estado se efectúan mediante herramientas más sutiles que antes y hacen uso de los sistemas de dominación cultural: los medios y las redes, junto con determinados organismos supranacionales, le otorgan la legitimidad necesaria para fracturar la democracia. Los tres componentes de estas estrategias son el uso de la mentira y la manipulación informativa, la conformación y difusión de mensajes de odio, y la creación y uso de cuentas falsas en ocasiones automatizadas.
El estudio que realizaron consistió en el análisis de las cuentas de Twitter que interaccionaron o mencionaron a los cuatro candidatos que encabezaban las encuestas (Andrés Arauz, Guillermo Lasso, Yaku Pérez y Álvaro Noboa (que finalmente fue inhabilitado), entre el 6 y el 13 de enero de 2021. A partir de la API Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) de esta plataforma, extrajeron 184 mil tuits. De este relevamiento de datos, encontraron un gran número de cuentas falsas que amplificaban publicaciones de apoyo a Guillermo Lasso y desestimaban a Andrés Arauz, reproduciendo noticias falsas y mensajes de odio contra el candidato. Entre ellas, se afirmaba que Arauz estaba a favor de la desdolarización en una economía que tiene como moneda oficial al dólar hace más de dos décadas. Aunque este hecho significó la pérdida de soberanía monetaria, se encuentra legitimado y arraigado socialmente. “Se ejerce un bombardeo continuo de mensajes en el que se posiciona a Arauz como un enemigo del sentido común liberal, que ejecutará la desdolarización como paso previo en el proceso de convertir a Ecuador en una Venezuela bolivariana”, afirman en el libro.
Desde el país andino, Dayana León, consultora en Comunicación Política, Género y Democracia, periodista y máster en Ciencias Sociales por FLACSO Ecuador, explica que este tipo de acciones forman parte de una estrategia global de las elecciones a nivel de todas las candidaturas. “Las noticias falsas llegaron para quedarse en las elecciones. Sobre todo, porque es una estrategia política que busca ir deslegitimando a las candidaturas. Ya sea la de Andrés Arauz, de Guillermo Lasso y, cuando estaba en la arena política, de Yaku Pérez también. Creo que existió de ambas tendencias una estrategia, no digo que directamente de los candidatos, pero sí de simpatizantes y personas que de una u otra manera están alineadas”. Según León, el contexto de ubicuidad tecnológica es un punto fundamental de análisis porque los “prosumidores” consumen, producen la información y son generadores de contenidos, algo que realizan en función de sus percepciones, sus realidades e intereses.
Con un alto contenido de noticias falsas como estrategia política, el proceso electoral también se ve marcado por lo que León llama falsos triunfalismos que se perciben en las redes. Pudo verse en las encuestas típicas de Twitter donde se activaban simpatizantes de una u otra tendencia para hacerles “ganar”, en la construcción de una narrativa como las encuestas de apalancamiento con información no contrastada, y en la puesta en escena de imágenes de una encuestadora afirmando que un determinado candidato iba adelante (sin una muestra ni verificación). Otro factor que observa León es la cultura digital que define como muy incipiente en el Ecuador. “La sociedad ecuatoriana no está preparada para constituirse en prosumidora, para discernir las noticias verificadas de las falsas que circulan frecuentemente y que proliferan más en tiempos electorales. Lo hemos visto ahora porque las competencias digitales para las elecciones del 2021 son efectivamente mucho mayores que las del 2019 e hicieron que los usuarios tuvieran un mayor tráfico en las redes sociales”, señala.
Además, destaca que el discurso en redes de tergiversar un video, de editarlo para unir frases, de incrementarle otros temas, de hacer montajes y producir memes, tiene una contracara: “Hacer una noticia falsa te toma quizás unos pocos minutos, pero desmentirla te puede tomar días, años o te puede tomar toda una vida”. Para León, las estrategias de ambos candidatos en las redes se han concentrado en cuestionamientos, en un discurso de ataque y eso la sociedad lo percibe como una elección polarizada, con alta conflictividad en el medio digital. “Al final del día la gente está consumiendo el odio en las redes y no está consumiendo la verdadera política”, opina.
Asimismo, refiere que hay una debilidad en el tema de la contrastación de las noticias falsas, que han sido difundidas incluso por periodistas renombrados. Pese a que existen algunos proyectos, todavía falta mucho por hacer para la verificación tanto de las fake news como de los discursos. “Es una corresponsabilidad de los candidatos y de la sociedad en su conjunto. No tenemos una cultura digital que efectivamente pueda combatir estos temas y muchos candidatos viven realidades paralelas porque tienen más trolls que votos. Eso se vio en algunos resultados electorales y los falsos triunfalismos también conllevan a un tema gravísimo que es la aceptabilidad o no de la derrota de los procesos electorales”, concluye.
“Andrés no mientas otra vez”
La articulación de discursos de difamación y la creación de una imagen negativa sobre Arauz ocupa el centro del escenario en las redes. Guillermo Lasso continúa viralizando hashtags que han sido tendencia los últimos días para desacreditar a su rival. “Andrés no mientas otra vez” fue la frase elegida por Lasso durante el debate del domingo 21 de marzo que luego se hizo viral.
Esta estrategia de desacreditación y difamación comenzó a fines de noviembre de 2020 con la difusión, por parte de periodistas y cuentas falsas, de un video manipulado que recorta el discurso de Arauz y lo posiciona en contra de la dolarización, imágenes que también circularon en la publicidad paga de una cuenta de Facebook no oficial que apoyaba a Lasso. Para Macías Tovar y equipo, los fact-checking para Facebook –que se supone son organizaciones independientes que trabajan para la verificación de datos– tienen un sesgo en América latina marcado por la financiación de embajadas u organizaciones de Estados Unidos, que tienen sus propios intereses en la región. No hay garantías respecto a la veracidad de la información que llega vía redes sociales, por lo que la única opción ha sido desconfiar de lo que circula en el medio digital y buscar medios alternativos para contrastar la información.
La información distorsionada se difundió desde formadores de opinión tanto en redes como en medios tradicionales. Finalmente, Lasso viralizó el hashtag #Desdolarauz que llegó a ser tendencia en Twitter, además de que durante la campaña incluyó carteles en vallas publicitarias que decían “Seguir con la dolarización o convertirse en Venezuela”, discurso que también reprodujo al cierre del debate electoral de la primera vuelta. Por otra parte, se buscó descalificar al candidato Arauz a través de insultos entre los que predominó la palabra “lelo” en tuits y retuits de cuentas creadas muy recientemente, con pocos seguidores y con fotos de perfil extraídas de Internet. “Pero el uso de cuentas falsas no solo es utilizado para la difusión de la estrategia de odio y difusión de mentiras, esta red también se utiliza para la difusión de los HT oficiales de la candidatura de Lasso y para hacerle RT”, observan los investigadores.
Participaron 21.400 cuentas en los más de 180 mil tuits analizados con interacciones que permitieron observar una conversación política polarizada con la diferencia de que la comunidad virtual de Arauz es más plural (y representa aproximadamente un 50% de los tuits) que la de Lasso (32% de tuits). “Si analizamos las cuentas que han recibido más retuits vemos como claramente la estrategia de la candidatura de Guillermo Lasso es que la gran mayoría de retuits los reciba el candidato, mientras en la candidatura de Andrés Arauz los retuits están muy repartidos entre sus candidatos y miembros de la comunidad que apoyan la candidatura”, señalan en el libro Luque, Macías y Casado.
Los autores afirman que las redes son corresponsables en la creación y difusión de mensajes y los medios de comunicación tienen responsabilidad sobre la información que publican. Estas corporaciones que concentran el poder de medios y plataformas digitales trabajan por sus propios intereses. En Ecuador, las fake news tuvieron origen en redes sociales y fueron amplificadas en medios locales, pero también resurgieron desde otros países. En Colombia, Revista Semana difundió una noticia sobre el supuesto apoyo y financiamiento de un grupo guerrillero (el Ejército de Liberación Nacional) a la candidatura de Arauz, y en Argentina, Clarín publicó que Arauz ofrecía dinero a los votantes en un aviso de campaña (fake news sobre la que luego aclaró que se trataba de un falso spot).
Los autores de “La democracia de los trolls” alegan el involucramiento de los servicios de inteligencia de Estados Unidos en espacios clave de los procesos electorales de América latina. Ayer, alentando el uso de las fuerzas represivas, la censura y el terror, y hoy bajo el velo de un discurso sobre la democracia, los derechos humanos, la libertad y la seguridad en boca de organizaciones y fundaciones nacionales e internacionales que bajo estos eufemismos promueven una agenda neoliberal en favor de sus intereses.
Este tercer actor social que interviene en las estrategias desestabilizadoras del mundo digital, es representado por organizaciones internacionales que, bajo el disfraz de la defensa de los valores de la democracia, la ayuda económica y la promoción del “desarrollo”, trabajan por los intereses políticos y militares de su país de origen.
Luque González, Macías Tovar y Casado Gutiérrez mencionan a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) como uno de los organismos que busca influir en los gobiernos extranjeros en pos de su beneficio económico colaborando con sectores antigubernamentales. También a la Fundación Nacional para la Democracia (NED) que se presenta como una organización sin fines de lucro para fortalecer las instituciones democráticas y financia instituciones con valores liberales y de ultraderecha que han apoyado el golpe de Estado en Bolivia, así como promueve mensajes fascistas y antidemocráticos. Incluso, mantendría conexiones con organismos de vigilancia de Estados Unidos como la CIA.
De igual forma, el Instituto Nacional Demócrata (NDI), organización con sede en Washington, ha suscripto un convenio de cooperación institucional con el Consejo Nacional Electoral (CNE) y colabora con plataformas digitales de identificación de fake news como Ecuador Verifica, de orientación anticorreísta. Además, el CNE ha prohibido que la imagen de Correa aparezca en la propaganda política oficial de Arauz. Por último, Atlas Network, organización que fomenta las políticas económicas de libre mercado financiando a más de 500 fundaciones alrededor del mundo, se vincula con el candidato Guillermo Lasso ya que su fundación Ecuador Libre pertenece a esta red que concentra poder económico y político a nivel global.
