Oct 30, 2020 | Novedades, Vidas políticas
El domingo se conocieron en Chile los resultados del histórico plebiscito para reemplazar la Constitución heredada del dictador Augusto Pinochet. Tras el estallido social del 18 de octubre de 2019, que dejó un saldo de 30 muertes y 2.250 denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte de los Carabineros, la presión social logró que el Congreso acordara, días después, este proceso plebiscitario. Por la crisis sanitaria del Covid-19 y el aislamiento social, la votación tuvo lugar recién el 25 de octubre de 2020. En ella participó el 52% de la población, y un rotundo 78% dijo sí a la reforma constitucional.
Pablo Monje-Reyes, magíster en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad de Chile, cuenta que la relación entre el plebiscito y los eventos del 18 de octubre tienen una relación directa: “La movilización no respondía solamente a demandas exclusivas y únicas que podían ser resueltas a través de alguna política pública o algún instrumento de política salarial o la baja de los precios del transporte público. Estas eran situaciones bastantes más acotadas que a la gente no le interesaba, sino que lo que querían era cambiar la Constitución en términos de sus derechos y valores. Porque todo lo que se trataba de transformar o reformar de la Constitución anterior, siempre terminaba en el Tribunal Constitucional siendo echado para atrás. Entonces, la gente toma conciencia de esto, y lucha por una nueva Carta Magna”.
Con un parlamento presionado por la contundencia de las movilizaciones sociales, el 15 de noviembre del año pasado se votó en el Congreso el acuerdo para esta Convención que al día de hoy tiene algunos asuntos pendientes: “No fue un acuerdo completo porque fue en una noche, entre pasillos del Congreso con una élite muy asustada. Se inician debates sobre la propuesta donde hubiese mayor democracia, entonces se acordó que la Convención Constitucional tenía que tener paridad de género, el mecanismo sobre cómo tenía que ser elegida y a través de qué representación territorial. Todavía queda pendiente al día de hoy la integración de los pueblos originarios”.
Esta Convención Constitucional estará formada por 155 representantes elegidos en su totalidad por voto popular, y será la primera en la historia del país en tener condiciones igualitarias de género: habrá igual cantidad de hombres que de mujeres que la conformen. La ratificación final del pueblo, el llamado “plebiscito de salida”, será con la redacción de la Carta Magna por parte de estos colegiados, para lo cual la ciudadanía será llamada nuevamente a votación en 2022.
El cambio de esta Constitución vigente desde 1980, redactada durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), no sólo es histórico por ser el primero en el que participa la ciudadanía, sino también por los amplios márgenes de participación electoral: “Este es el mayor nivel de tasa de participación que hemos tenido en Chile desde el voto voluntario. Cuando uno ve que es el 52% del padrón se podría pensar que es poco, pero es el 52% sobre la voluntariedad de las personas. Es distinto cuando tú tienes voto obligatorio donde estos plebiscitos terminan sobre el 80% de tasa de participación. La última elección había tenido una participación del 49%, hoy tenemos casi 52%. Casi 2 puntos de participación más, es decir 558.000 electores nuevos, de los cuales la mayoría son jóvenes”, sigue Reyes. Además, es una participación casi exclusivamente popular: “Toda la tasa de crecimiento fue en la periferia. La mayor votación estuvo en la zona más proletarizada de Santiago. Es decir, la periferia más pobre. Ahí hubo, por ejemplo, una comuna muy popular que se llama La Pintana, donde aumentó en un 40% la participación. En todas las elecciones anteriores había sido del 20%. Entonces, este triunfo no es tampoco un triunfo si lo podríamos interpretar exclusivamente de los partidos políticos como agentes de movilización, sino que aquí hay mucho más de fondo que es un proceso de participación y de movilización que tiene que ver con la manifestación del 18 de octubre, más que con la respuesta de los partidos políticos”.
Las bases estructurales de la sociedad chilena están dadas por una desigualdad económica, política y social sustentada por más de 40 años en la Carta Magna: “Es una Constitución que le da basamento al modelo neoliberal, es en dictadura, sin participación política, y después reformada consecutivamente en términos de perfeccionamiento del modelo neoliberal. La Constitución ya en los gobiernos democráticos de la década de los 90 es reformada para proceder a hacer todavía profundizaciones del modelo. Por ejemplo, se permite la privatización de las sanitarias o las distribuidoras de agua. Y eso no se hace en tiempos de la dictadura, se hace en tiempos de la democracia. Entonces la base institucional y legal del modelo neoliberal estaba claramente en la Constitución. La gente se da cuenta de este fenómeno político, que empieza a madurar 30 años después. Porque evidentemente el modelo neolibral asignó recursos y pudo efectivamente generar salidas de la pobreza y aumentar las tasas de consumo, pero a costa del endeudamiento de las personas. La gente los últimos años no resistía la tasa de endeudamiento que tenía y el modelo seguía exigiendo que se retribuyera vía mecanismos financieros que eran cada vez más agotadores”.
Chile cuenta con un sistema de salud y un sistema educativo muy caros, como así también con un esquema previsional que se constituyó siempre como excesivamente inequitativo. Debido a la escasez en las jubilaciones, muchas personas terminaron cayendo en la pobreza durante sus últimos años, generando un peso para las familias y para la juventud: “Se construye un escenario – declara Reyes- “donde los viejos son una carga para los jóvenes que tienen, en su mayoría, bajos ingresos. Todo esto está ratificado en el sistema constitucional chileno. La gente empieza a entender que el problema no es el sistema económico, ni cuánto tú trabajas, sino que son las bases institucionales del modelo que están en el marco de la presión de las personas”.
Las movilizaciones estudiantiles, sindicales y de la sociedad en general que precedieron y siguieron al 18 de octubre, continúan vigentes al día de hoy con una fuerza que logró sentar las nuevas bases de institucionalización democrática: “Lo que está pidiendo la nueva Constitución son los derechos sociales. Y la base institucional de lo que se está buscando, es que se ratifique el pacto social por sobre el pacto económico. Cuando tú quieres ratificar el pacto social por sobre el pacto económico, lo que tú estás colocando en el centro son a las personas. En el pacto económico, tú lo que colocas en el centro es el capital. Y la gente logró hacer esa diferencia”. Como consecuencia, además, la derecha dentro del Parlamento se encuentra hoy muy fragmentada entre una ultraderecha que busca mantener el status-quo y una derecha más moderada que, según Reyes, “busca girar hacia reformas de un cambio constitucional, sin perder todo en ese cambio”. La élite dirigente y el espacio político partidario tradicional se vio, con este impulso dado desde las bases populares, bajo una presión que tiene que resolver. El presidente Sebastián Piñera, ante los eventos del domingo pasado, declaró que este plebiscito era un triunfo de la democracia y que “esta nueva Constitución debe ser el gran marco de estabilidad”, un año después de que bajo su mandato el estallido social diera inicio a un desequilibrio social que ya no tendría vuelta atrás.
“Yo creo que Piñera es el rey desnudo -dice Pablo Reyes- y está tratando de sustentarse sobre la base de lo que hay en el palacio. Pero el palacio está vacío, no tiene pueblo, no tiene democracia, no está inmerso en el proceso. Y él sustenta una tesis política que en definitiva es la tesis de la violencia desde el Estado hacia la movilización social. Y eso ha logrado que hoy esté muy desprestigiado, que las instituciones del sistema represivo del Estado estén muy desprestigiadas y en una crisis total. De hecho, se dice que hay que reformar en profundidad la fuerza de Carabineros. Él no sabe lo que está pasando, todos le dicen que está sumamente bien vestido como presidente, pero no. Todo el sistema de construcción política de su gobierno ha sido derrotado por este plebiscito. Ellos tienen que responder a la soberanía popular, y como son un gobierno de derecha no quieren responder a esa soberanía popular. De cierta manera siempre buscándole argumentos como para apropiarse de los procesos democráticos, pero que al final del día no puede apropiarse porque el proceso democrático va en un sentido contrario a lo que ellos pretenden como sector político”.
Este histórico triunfo de la democracia popular chilena, es sólo un primer paso para la restauración del caos social y político que dejó un marco de incertidumbre dentro de un campo electoral fragmentado. “Si nosotros no cerramos y no conectamos esta movilización social con una alternativa de institucionalización de una nueva Constitución en función de los derechos sociales, del pacto social, sólo quienes tengan la agudeza de darse cuenta y de leer bien ese mensaje de la ciudadanía – de la ciudadanía popular, no la élite informada-, si eso no se conecta bien nadie va a poder capitalizar este proceso y la crisis va a continuar”, reflexiona Reyes. “Ahora, si alguien se conecta bien con ese fenómeno, con ese cambio, esa nueva base de construcción popular, va a permitir que en alguna medida se pueda canalizar toda esa fuerza democrática movilizadora. Este paso es el paso de democratización que tuvo un fuerte componente de movilización social. No es un paso de democratización del propio sistema político, es un paso de democratización por un factor de movilización social. Entonces aquí el sistema político está respondiendo a las presiones de la movilización, y no a su autocapacidad de poder ir profundizando la democracia. Yo creo que esas son las disyuntivas que vamos a ver cómo se van decantando a futuro”, finaliza Reyes.
Oct 27, 2020 | DDHH, Novedades
El régimen dictatorial de Francisco Franco detentó el poder español desde 1936 hasta 1977. Fueron 41 años de alzamiento contra las instituciones democráticas, de planificación de exterminio político mediante la tortura, la desaparición forzada de personas y el asesinato. Durante estos años se legalizó el secuestro, la apropiación de menores y la utilización de fuerza de trabajo esclavo a los presos políticos. Aún hay 114.000 españoles que permanecen desaparecidos y sin ser identificados.
El mes pasado se presentó en España el anteproyecto de una nueva Ley de Memoria Democrática, todavía en tramitación y a la espera de ser aprobado por el Consejo de Ministros y el Congreso de Diputados. En él se recogen algunos vestigios de la anterior Ley de Memoria Histórica de 2007, aunque con un intento más ambicioso de poner en práctica, finalmente, el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. “La del 2007 fue la primera Ley de Memoria en democracia en España tras una guerra civil de tres años, una dictadura de cuarenta y una transición a la democracia donde no hubo depuración de los órganos represivos, y donde además se practicaron de forma muy desigual algunos derechos fundamentales como el de poder encontrar a los desaparecidos y poder darles un entierro digno”, afirma Manuela Bergerot, asesora en el Grupo Municipal de Más Madrid y ciudadana española desde que ese país la acogió junto a sus padres, escapando de otra dictadura, la argentina.. Destaca que las únicas políticas de memoria, a lo largo de estos años, fueron las del bando vencedor, responsables de escribir la historia oficial mediante la tergiversación de un relato que al día de hoy sigue impidiendo la conexión de las nuevas generaciones con los valores democráticos. En sus calles, Madrid sigue atestada por el franquismo: “Todos los símbolos callejeros, las estatuas y las esculturas que conforman nuestro espacio público hablan de lo mismo. No han necesitado encerrarlo en un museo porque en España las calles están llenas de placas a los caídos por la Gracia de Dios, que son todos los del bando franquista. Y eso es lo que ha ido conformando la identidad colectiva del pueblo. Hubo una naturalización del franquismo a través de esos símbolos”.
El rol de movimiento memorialista y de sus respectivas asociaciones fueron fundamentales para el impulso de esta nueva ley que incluye también cuestiones como la realización de un censo oficial de víctimas y la exhumación de más de 20.000 cuerpos (hasta el momento realizadas gracias a la iniciativa de los familiares de las víctimas), la ilegalización de asociaciones de apología al franquismo que siguen vigentes y medidas educativas hasta el momento inexistentes. “Lo poco que se ha avanzado -dice Bergerot- ha sido gracias a estas asociaciones, que han estado totalmente desamparados por todos los gobiernos, incluso por los progresistas”.
Ascención Mendieta, una anciana de 91 años, logró recuperar los restos de su padre fusilado en 1939.
Desde estas asociaciones se ha logrado también iniciar la primera y única querella contra los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo, abierta en la Argentina hace ya 10 años: “ Es el único proceso judicial al día de hoy que está en fase de investigación, donde ha habido imputaciones, ha habido toma de declaración a los responsables. Las víctimas de España han tenido que viajar 10.000 km para ser escuchadas en una sede judicial argentina. Eso ha movilizado mucho y ha hecho entender que esto es una cuestión de Derechos Humanos. Esta Ley de Memoria Democrática está fundamentada con esas bases”.
La querella argentina no sólo logró valores positivos a nivel judicial como la declaración de las víctimas, la apertura de investigaciones, y la exhumación de varias fosas como la del paradigmático caso del padre de Ascención Mendieta. Hasta una mujer de 89 años vino a declarar a la Argentina ante la jueza que lleva adelante este caso, Servini de Cubría.
La querella también logró imponer el debate en la agenda mediática y política, e instaló un marco diferente al que venía previamente dado desde una derecha que lo presentaba como una cuestión de revanchismo y de revictimización continua de las víctimas. “La querella argentina, junto con los informes de los relatores del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, están diciendo: son derechos fundamentales desatendidos. Y si hay personas que necesitan que se garanticen unos derechos, hay otras que tienen unos deberes. Y ese es el rol del Estado”, afirma Bergerot.
La querella argentina sigue avanzando en la toma de declaraciones a los imputados. Desde hace un mes, se lo está realizando con Rodolfo Martín Villa, quien fue ministro de Franco y está imputado hoy por varias causas. Una de ellas fue por dar la orden de la matanza de varios trabajadores en Victoria, el 3 de marzo de 1976, mientras estaban haciendo una huelga. Los encerraron en una iglesia y fueron masacrados. Las pruebas son contundentes y Servini de Cubría mandó a tomar declaración a Villa hace aproximadamente cinco años. A los 86 años, tuvo que presentarse finalmente en la Embajada argentina en España y prestar declaración a través de Zoom al juzgado Nº 1 de Buenos Aires. Esta querella, según Bergerot “ha tenido el poder de poner en evidencia el poder multiplicador de la memoria. Se siguen presentado denuncias, y hay todavía mucha gente que está esperando poder prestar declaración”.
Manuela Bergerot se exilió en España cuando tenía dos años y hoy es activista por la memoria, la verdad y la justicia.
Otro punto fundamental en este nuevo proyecto es la reforma de la Ley de Amnistía de 1978, que impidió durante muchos años juzgar los delitos durante esa época. “Es el equivalente a la Ley de Punto Final o de Obediencia Debida de Argentina. Tienes que darle herramientas a los fiscales, porque si no seguirá ocurriendo como hasta ahora, que todas las querellas o denuncias presentadas a juzgados territoriales españoles, son denegadas porque se parapetan en esa norma”, describe Bergerot.
Si bien durante la transición de la dictadura a la democracia estas medidas fueron las únicas posibles, el contexto actual es completamente distinto: los espacios políticos progresistas como Más Madrid denuncian la insuficiencia de esta ley. Las nuevas generaciones ven coartados sus derechos fundamentales cuando siguen anclados a una ley de 1978 que no contempla dichas garantías.
Hasta el momento, tampoco ha existido en España una política estatal que promoviera investigaciones científicas sobre todas las tipologías de víctimas que produjo la Guerra Civil y la dictadura. Las cifras dadas al día de hoy son gracias al trabajo de estos colectivos de derechos humanos: existen 114.226 personas en el país que permanecen desde entonces en fosas comunes. Pero recientemente se conoció en España que por primera vez el gobierno de Pedro Sánchez está desarrollando un plan de exhumaciones liderado por el médico forense Paco Echevarría. Bergerot afirma que “es la primera vez que el gobierno se va a hacer cargo en democracia de unas exhumaciones con respaldo científico. Y esa investigación pone sobre la mesa que a día de hoy quedan 20.000 mujeres y hombres en fosas comunes. Si se han hecho exhumaciones en los últimos 20 años, fue gracias a organizaciones como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica”.
Hay 114.226 españoles enterrados en en fosas comunes.
Además, la falta de respaldo científico imposibilita la investigación del plan sistemático diseñado por el psiquiatra Vallejo-Nágera sobre el robo de bebés durante esos años. Hasta 1952, las estimaciones dan a conocer una cifra de 30.000 bebés robados a mujeres víctimas de estos crímenes. “Imagina todas esas genealogías familiares que están sustentadas sobre una mentira -sigue Bergerot-. Cuántos adultos, que además han ido a su vez teniendo hijos, no conocen su verdadera identidad. Son tantos que podríamos escribir casi la historia de España. Y por eso hay tanto miedo”. El desconocimiento y el negacionismo a lo largo de los años tiene que ver también con las decisiones educativas y culturales fuertemente arraigadas en la sociedad: “Esa generación viene directamente de haber sufrido la pedagogía de la sangre, con un Estado que se encargó de sembrar cada pueblo de España con una fosa común. El mensaje que está mandando ahí es terrible. Y eso se hereda. No ha habido olvido, lo que ha habido es silencio y miedo. Hay varias generaciones que están atravesadas por el miedo. Las siguientes generaciones, los hijos de aquellas mujeres y hombres que vivieron en primera persona cómo fusilaban a sus padres y a sus madres y eran enterrados en fosas comunes, lo vivieron también desde el silencio. Y uno nunca puede olvidar lo que nunca se le ha transmitido”.
La necesidad de memoria, verdad y justicia no es sólo fundamental para las víctimas y sus familiares, sino también para las generaciones venideras. La comprensión de la historia es clave para garantizar que estos hechos no se repitan nunca más. Manuela Bergerot ilustra como ejemplo a su hijo Mateo, quien durante la escuela primaria aprendió en los libros de texto de Historia, lo que ella misma y todos los españoles aprendieron siempre: “Recuerdo que una de las cosas más graves que cuentan es que no existía el derecho a la reunión, al sindicalismo, que había tarjetas de racionamiento de los alimentos. No se habla de las fosas. De repente hay una guerra civil en la que se matan entre dos bandos, no se habla nunca de un golpe militar, no se habla de una sublevación de un ejército que da un golpe contra una democracia que era la de la Segunda República. En los libros de texto además se les enseña sobre lo ocurrido en la Alemania nazi con los campos de concentración, hay una gran sensibilización, una empatía muy grande hacia ese caso. Lo que no saben los españoles es que Franco abrió 297 campos de concentración en España. Puedes salir a la calle y preguntarle a la gente, que la gran mayoría no tiene absolutamente ni idea”.
La promulgación de esta ley, que se prevé para el verano de 2021, es decisiva para poder abordar definitivamente esta cuestión pendiente que España tiene con las víctimas de la guerra y la dictadura, como así también para que las generaciones futuras puedan acceder al derecho a la verdad y puedan conectar con toda la tradición de las luchas y las historias de vida, de los avances por los derechos y las libertades. Conectarlos con estos sucesos de la historia es dotarlos de recursos para luchar para que nunca más exista el terrorismo de Estado. “Creo que es un acto de responsabilidad cerrar filas para que esto sea efectivo porque si no, no sólo va a haber mujeres y hombres que ya nunca más vean reparados esos derechos, sino que nuestra convivencia va a ser imposibilitada. Creo que con el auge del fascismo, las políticas de memoria son sobre todo la construcción de una convivencia que, cuando hay una desigualdad en origen tan grande, es imposible que haya una cultura de paz, una cultura por la convivencia”, finaliza Bergerot.
Sep 24, 2020 | slider
La megacausa Campo de Mayo, a cargo del Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín, que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Centro Clandestino de Detención y Exterminio conocido como “El Campito”, entre los años 1976 y 1978, realizó una nueva audiencia. En esta ocasión prestaron testimonio Graciela Alejandra Brontes y Nora Brontes, hijas de Ramona Esther Gastiazoro y sobrinas de Pedro José Brontes. Ramona y Pedro fueron secuestrados el 9 de marzo de 1977 y Pedro liberado casi dos semanas después. También prestó testimonio Ernesto Víctor Grynberg, hermano de Susana Grynberg, desaparecida embarazada el 20 de octubre de 1976; e Isabel Diehl Dodds, amiga de la desaparecida Ana Cristina Escudero, secuestrada el 28 de septiembre de 1976.
El caso de la embarazada Susana Flora Grynberg fue abordado por su hermano Víctor Grynberg, quien dio a conocer nuevos hechos del caso, como así también el secuestro que él mismo sufrió mientras buscaba a su hermana. Susana era física nuclear recibida del Instituto Balseiro de Bariloche, y al momento del secuestro trabajaba en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Sus amigos la llamaban “Gorda” o “Nita”. Según el testimonio del hermano, Susana fue secuestrada en la calle el 20 de octubre de 1976 cuando iba de camino al trabajo, a plena luz del día. Tenía 29 años y llevaba un embarazo de tres meses. Militante de la agrupación Montoneros en Zona Oeste, se encontraba en pareja con un compañero de la agrupación, Jorge Leonardo Fraga (también conocido como “El Misio”). Jorge fue secuestrado el 1 de junio de 1978, casi dos años después. Ambos continúan desaparecidos. Se sabe que Susana dio a luz a un niño o una niña a finales de marzo de 1977 por un llamado telefónico anónimo que recibió la familia, pero nunca pudieron encontrarla o encontrarlo.
“Salvo alguna información que se obtuvo después, se la habría visto en Campo de Mayo con vida pero a partir de ese momento nunca más supimos de ella”, contó Víctor al Tribunal. “Ella sabía perfectamente que la estaban buscando”. Diez días antes de su secuestro, un operativo militar fue realizado en la calle Aráoz, donde vivían anteriormente con Jorge. Susana fue llamada por megáfono para que saliera de esa casa, pero ya no vivía allí. Se habían mudado a Ituzaingó y, según pudieron reconstruir años después, con ellos también vivía otro compañero del Instituto Balseiro que militaba con ellos, Juan Bratina. “Un amigo de la infancia que trabajaba cerca, una vez la vio ingresar en su casa en Ituzaingó. Después nos comentó que a los diez días de verla hubo un fuerte tiroteo en esa casa, y luego de eso fue derrumbada por una tanqueta”, relata Víctor. Pero fue el compañero del Balseiro quien aseguró a Víctor y a su familia, tiempo después, que Susana había sido vista en Campo de Mayo. Desde la desaparición de Susana, la casa de su madre estuvo continuamente amenazada. “En 1979 fuimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con mis padres a hacer la denuncia. A mí me secuestraron después de un acto en Plaza de Mayo”. Víctor asegura estar convencido de haber sido llevado a Aeroparque, por el ruido constante de aviones en el lugar. “Me secuestraron a la salida del subte en Corrientes y Salguero. Salía del subte, me tomé un taxi, me chocaron con otro taxi. Me tiraron al piso y me pusieron una campera en la cabeza. Me cambiaron de auto y me llevaron a un lugar que me pareció que era Aeroparque”. Mientras estuvo secuestrado, Víctor vivió en carne propia el terror por el que había pasado su hermana. Afortunadamente, fue liberado al poco tiempo.
Con respecto al secuestro de Jorge Fraga, el compañero de Susana, la familia Grynberg se enteró hace apenas cuatro años, ya que no conocían su verdadera identidad, sólo su apodo. Luego de una investigación realizada por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que les acercó fotos de militantes de Zona Oeste, pudieron reconocer que Jorge Fraga era “El Misio”, el compañero de su hermana, el padre del bebé que aún buscan. “Son situaciones complicadas, y a mí son temas que me angustian mucho. Me costó muchos años animarme a averiguar qué es lo que había pasado con mi hermana”, señaló Grynberg.
Visita al CCDyE Campo de Mayo junto a la Comisión de Sobrevivientes, familiares y compañeros. Archivo ANCCOM
En la audiencia también testificaron las hermanas Nora y Graciela Alejandra Brontes. Ambas fueron testigos de la noche del secuestro de su madre y su tío en Ciudadela. Las hermanas contaron que a esos secuestros les precedió la detención de su hermano mayor, en 1976. José había sido llevado a la cárcel de Devoto, luego trasladado a la Unidad Carcelaria N° 9 de La Plata, y separado del grupo junto con otro compañero en el Pabellón 1 -también conocido como el “pabellón de la muerte”-. Los dos fueron asesinados el 5 de enero de 1977. A partir de ahí, Ramona acudió a todos los organismos de derechos humanos y comenzó a realizar denuncias sobre los hechos ocurridos en la Unidad Carcelaria. Llegó a integrar la Comisión Peronista de Solidaridad (COPESOL). Pero el 9 de marzo de ese año, alrededor de las cinco de la madrugada, Ramona y su familia fueron despertados por gritos y golpes de un grupo de personas que irrumpieron en su casa. Al entrar, fueron atados juntos en el comedor y luego interrogados sobre el paradero de su padre y su otro hermano, Carlos. “Me hicieron bajar la cabeza pero yo les vi que llevaban el uniforme militar con una boina negra”, cuenta Graciela, quien tenía apenas 13 años. “Me dijeron ´tenés que decirme señor´, y me agarraron de los pelos golpeándome la cabeza con la mesa varias veces. Me golpeaban con las armas en el estómago, me pellizcaban los pechos, me decían groserías”. Tanto ella como sus otras tres hermanas fueron mantenidas durante un día entero esposadas en una habitación de la casa. Cuando Nora y Graciela escucharon que este grupo de hombres abandona la casa se dieron cuenta de que su mamá y su tío ya no estaban. Pedro fue liberado trece días después en Moreno. Al reencontrarse con sus sobrinas, aseguró haber estado en Campo de Mayo junto con Ramona. “Nos dijo que había estado en un lugar que era como una caballeriza, tirado en colchones, y que supuestamente también había estado mi mamá, porque en un momento escuchó que la llamaban ´la Gorda’. Los identificaban con números”, dice Nora. “Nosotras ya esperábamos eso con mi familia porque sabíamos de otros familiares que habían pasado por lo mismo. Y lo estábamos esperando”. Por lo que pudieron averiguar tiempo después por una víctima que estuvo en Campo de Mayo, que dijo que conoció a una ´mujer gordita que estaba buscando a su hijo´. Nora y Graciela aseguran que esa mujer era su mamá. Hoy Ramona continúa desaparecida. Una plazoleta de la calle Cochabamba lleva su nombre para recordar a aquella mujer que sigue viviendo en la memoria de todos y todas.
Sara Isabel Diehl Dodds fue la cuarta testigo de la audiencia pública. Amiga de la desaparecida Ana Cristina Escudero, secuestrada el 28 de septiembre de 1976 en Boulogne. Sara, Cristina y dos amigas más, habían creado un hogar sustituto donde cuidaban chicos con discapacidades mentales. Cristina era estudiante de Filosofía y Letras y tenía un negocio de antigüedades en Acassuso. Fue secuestrada a los 37 años, cuando Sara no se encontraba en su casa. Al llegar, Sara cuenta haber encontrado a sus dos amigas y a los niños muy asustados, y toda la casa revuelta. Quisieron realizar una denuncia en la Comisaría de Boulogne, pero Sara asegura que los policías le dijeron que había sido un “procedimiento de rutina”. Intentaron durante un tiempo encontrar alguna información acerca del paradero de su amiga, pero nadie pudo decirles nada. “En ese momento empiezan los miedos, no crees en nadie. No tenés seguridad de que alguien te vaya a responder o entender”, afirma Sara. En los relatos de esa noche, la amiga cuenta que “en la puerta de la casa, había un Falcon oscuro y adentro del auto estaba el hermano de Cristina, Fernando”. Se cree que fueron a la casa de la madre de Cristina buscándola a ella, y al no encontrarla, se llevaron al hermano. Ambos siguen desaparecidos desde ese mismo día.
Entender y revivir este largo proceso de reconstrucción de la historia puede ser difícil para muchos, especialmente para los sobrevivientes y los familiares de las víctimas. Pero con cada información brindada por los testigos en cada una de las audiencias a esta megacausa -que se realiza cada miércoles en forma virtual-, se puede ir completando y profundizando esta investigación, una deuda de los argentinos y argentinas con la democracia. “Quiero transmitir agradecimiento a los organismos de derechos humanos que son los que siguen batallando para que esto no vuelva a pasar, y para que tengamos verdad y justicia”, finaliza Víctor Grynberg en su testimonio. “Puedo decir por primera vez que siento un orgullo muy grande por mi hermana y por Jorge, como así también por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos”.
