Ago 21, 2021 | Géneros, Novedades
La “cancelación” es una práctica que ha cobrado popularidad en los últimos años. Consiste en acosar virtualmente a figuras públicas luego de que hayan hecho o dicho algo considerado objetable u ofensivo por un grupo específico de personas. Es, por ejemplo, lo que le ocurrió en estos días a la escritora Claudia Piñeiro, “cancelada” y acusada recientemente por la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina de tener un «encono» contra la cultura evangélica a raíz de su «militancia feminista durante el debate por la ley del aborto». La disputa ocurrió a raíz del estreno de El Reino, una miniserie producida por Netflix y coguionada por Piñeiro, que aborda los vínculos entre la Iglesia y la política. La respuesta de la escritora fue contundente: «La censura es censura, la quieras disfrazar de lo que la quieras disfrazar», twitteó.
Claudia Piñeiro.
La cancelación, que se ha instalado como estrategia de sabotaje o “boicot” en el marco de discusiones públicas online, fue inicialmente impulsada por la comunidad afroamericana en signo de rechazo a las reproducciones de estereotipos racistas en Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa cuando estos métodos utilizados por las luchas anticoloniales, feministas, de derechos humanos, entre otras, son puestos al servicio de violentar y acallar discursos críticos? Recientemente, la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad publicó un informe que se denominó: “¿Es posible discutir en medio de discursos de odio?”. La investigación está motivada por el empeoramiento en la calidad del debate público de los feminismos a partir de la irrupción de discursos violentos de los antiderechos. A través de la manipulación de la información, insultos, descalificaciones, amenazas y violencias, estos grupos se han encargado de acallar a los ciberactivismos.
En diálogo con ANCCOM Sandra Chaher, presidenta de la Asociación Civil, comunicóloga especializada en Derecho y Género, y parte del equipo de investigadores, asegura que estas acciones “afectan a la libertad de expresión de las mujeres y a la presencia del feminismo como sujeto político en el debate público”. Acorde con el informe, el 100% de las activistas feministas consultadas fue violentada en algún momento por los grupos antiderechos. Como respuesta, entre el 30 y el 60% de ellas dejó de leer notificaciones.
Florencia Alcaraz, periodista, feminista y co-directora de LatFem, quien asegura que “internet es un espacio más donde operan las violencias machistas” y que “las periodistas feministas estamos doblemente expuestas por el rol que ocupamos en la sociedad”. Alcaraz fue blanco de un gran hostigamiento a partir de una investigación que buscaba trazar un mapa de la reacción conservadora argentina. El trabajo consistió en una serie de notas acerca del crecimiento de la nueva derecha y un cartografía de las interacciones entre cuentas vinculadas.
Las tecnoviolencias machistas son agresiones por razones de género cometidas, asistidas o agravadas por el uso de las TICS. Alcaraz cuenta que, “a veces se centran en el aspecto físico, otras tiene que ver con algo más coordinado, vinculado a instalar campañas de desprestigio personal o colectivo; y en otros casos hay amenazas explícitas de muerte, de agresiones sexuales”. Como resultado tienen a la “autocensura, el ataque a nuestra visibilidad y a nuestra presencia en el espacio público, produce un impacto psíquico, emocional e, inclusive, físico”, declara la periodista. Por otro lado, puede producir pérdidas económicas, en tanto su trabajo muchas veces se basa en generar contenidos. Para Alcaraz, el objetivo de las mismas es el disciplinamiento y el silenciamiento.
Son múltiples las razones que podrían explicar la proliferación de los discursos de odio. Chaher propone como hipótesis una conjunción entre las posibilidades de amplificación o viralización que suponen las redes sociales y el anonimato. Con respecto a lo primero, el informe retoma teorías previas que proponen que aquellos discursos que despiertan alguna conexión emocional negativa logran mayor alcance. En cuanto al anonimato, la investigadora advierte que “desde un punto de vista feminista es defendido porque una persona que está siendo agredida, puede encontrar una forma de participar a través de un perfil anónimo”. Entonces, su crítica se basa en “la posibilidad que te dan algunas redes de participar sin muchos requerimientos, lo que facilita que las personas que se esconden detrás de esos perfiles puedan tener también actitudes odiantes”.
Frente a estos hechos se abre otro debate: ¿hasta dónde llega la libertad de expresión? Chaher, explica que “desde el punto de vista de lo que es la jurisprudencia o el planteo jurídico vinculado a la libertad de expresión, la tendencia es que un discurso no debería ser prohibido por más agraviante que fuera”. Mientras no exista una incitación directa a la violencia “lo que te dicen los sistemas de derechos humanos es que lo que tienes que hacer es oponer más y mejor discurso”.
El problema es que en la práctica se presentan ciertas limitaciones. “Si la plataforma no te garantiza una mínima seguridad o una mínima confortabilidad para moverte, no tenés manera de oponer más y mejor el discurso”, agrega la investigadora. En tal sentido, las activistas entrevistadas expresaron una disconformidad con respecto a la respuesta de las plataformas: en el 44% de los casos de Twitter, el 29,2% de Facebook y el 28% de Instagram.
Hackear al mensajero
Irina Sternik, periodista con una larga trayectoria en distintos medios, luego de revelar un hackeo al Ministerio de Seguridad en un artículo de la Nación en 2017, fue víctima de una oleada de ataques sistemáticos durante más de un mes. Sternik cuenta que sufrió “intentos de hackeos a todas las cuentas de correo o redes sociales; si mencionaba a una persona en redes, las atacaban a ellas; recibí mails intimidatorios, amenazas, difamaciones y todo lo que se te ocurra. A veces tenían un trasfondo político, otras misógino o religioso. El único fin era atacar y amedrentarme, que parara de hablar. A pesar de que fue una sola vez, una sola nota”. El ataque sólo cesó cuando se le ofreció custodia policial. Llegaron a intervenir organismos como Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Contó, además, con el asesoramiento del Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba).
Sin embargo, la respuesta de las plataformas fue insuficiente, por no decir nula: “En ese momento ninguna red social me ofreció demasiada ayuda”, cuenta Sternik. Tuvo que denunciar muchas veces a cada cuenta para que la dieran de baja. Decidió cerrar su perfil y dejar de hablar del tema por un período. Acorde con Sternik, el objetivo era asustarla y evitar que hablara del tema. “Lo lograron”, dice.
Respecto a qué actitud debería tenerse frente a los discursos de odio en redes sociales, el informe arroja tres tendencias entre las entrevistadas: el 66,7% propone moderarlos, el 25% prohibirlos, mientras que sólo el 8,3% sugiere no intervenir. Chaher afirma que lo más democrático sería hablar de una co-regulación entre Estado, empresas y la sociedad civil. Por un lado, esto implicaría que “las empresas no actúen solas porque no está claro cómo regulan”, explica la investigadora. Y agrega que el riesgo reside en que, de otra manera, podrían prohibirse cuentas de forma infundada como ocurre con, por ejemplo, posteos sobre lactancia por el mero hecho de que aparezca una teta. Por otro lado, “siempre está el riesgo de que el Estado tenga una excesiva injerencia”. Sin embargo, de forma paralela señala la necesidad de apelar a una transformación cultural que concientice sobre la importancia de cuidar el debate público.
Por último, Chaher sugiere que “sería muy interesante que toda la población como usuaria de redes tuviéramos un mayor conocimiento de, por ejemplo, de cómo se hacen las operaciones concertadas, de cómo funcionan; porque evidentemente los sectores que son quienes agreden saben perfectamente cómo armar este tipo de campaña, de acciones coordinadas, que afectan a una persona”.
Un problema regional
Florencia Alcaraz cuenta que desde LatFem identificaron estas situaciones a partir de conversaciones que tuvieron con otras colegas de la región. A partir del intercambio con mujeres de la Red de periodistas feministas de América Latina y el Caribe, pudieron identificar que esas violencias digitales se relacionaban con la reacción conservadora que hoy está en marcha en todo el mundo. De esta manera, empezaron a pensar en un Kit de Cuidados Digitales, que hoy se encuentra también en formato radial.
Este material propone una serie de recomendaciones para hacerle frente a los hostigamientos: propone identificar las agresiones, registrar la evidencia a través de capturas de pantalla, reportarlas a las redes, bloquear a los agresores, denunciar de manera formal o informal. Al mismo tiempo, incentiva a brindar apoyo a quienes estén sufriendo acoso a través de la creación de espacios seguros de escucha, ayudarles a registrar los detalles del ataque y los perfiles de los agresores.
“Es realmente grave y creo que el primer paso es dejar de subestimar este tipo de ataques y empezar a ponerlos en valor, a hablarnos entre nosotras”, declara Alcaraz. Para la periodista se trata de un problema estructural, que exige pensar en procesos colectivos y dar respuestas en términos de organización. “En ese camino estamos, reforzando nuestra seguridad y pensando estratégicamente cómo abordar estos ataques porque, lamentablemente, las plataformas no brindan soluciones. Quienes sí lo hacen son otras redes feministas y compañeras que saben mucho sobre estos temas”, concluye Alcaraz.
Jul 20, 2021 | Entrevistas
“Sólo es pensable la libertad si ampliamos sus márgenes colectivos, no los individuales – explica Alicia Stolkiner, titular de la Cátedra de Salud Pública y Salud Mental de la Facultad de Psicología de la UBA–. Pero se nos enseña desde muy chicos que mis derechos terminan donde empiezan los del otro. Eso es muy riesgoso porque da la impresión de que cuanto menos otro haya, mejor, y eso justifica una serie de segregaciones. Un ejemplo: mi casa termina donde empieza la de mi vecino, ahora, si estoy en Alemania en el inicio del nazismo y mi vecino es judío, quizás puedo hacer una denuncia que me facilite usar su terreno. Siguiendo al filósofo Emmanuel Lévinas, sobreviviente de los campos de concentración y pensador de la otredad, es posible pensar que mis derechos son los del otro y míos en cuanto yo soy el otro del otro”.
A partir del aislamiento preventivo, parte de la sociedad se ha manifestado contra las limitaciones a la libertad individual, ¿por qué?
Las respuestas de la sociedad estuvieron atravesadas por dos posiciones distintas que son, además, dos concepciones de la vida y dos conceptualizaciones del derecho. Hubo también, desde sectores de la oposición, un intento de capitalización política de los conflictos y malestares que generaba la pandemia y las medidas que se tomaban gubernamentalmente para disminuir su impacto. Pero esto no explica totalmente el accionar de las personas, su adhesión a ese discurso, hay una relación más compleja entre discursos sociales y subjetividades. Sucede que atravesamos una situación absolutamente inédita que produce una gran incertidumbre. Aún quienes lo niegan saben que se ha producido un desequilibrio catastrófico en un sistema que ya estaba en un altísimo nivel de inestabilidad, que era la forma de gestión de la vida humana en el planeta. Frente a eso hay distintas respuestas de adecuación o adaptativas, y algunas de ellas se resuelven por la vía de la negación, de dar por no existente el fenómeno o sus dimensiones, posibles riesgos o consecuencias. Estas posiciones también tuvieron manifestaciones políticas, como el presidente de Brasil diciendo que por qué darle semejante envergadura a una gripe común. Estamos hablando de cómo se articulan los macrodiscursos con las posiciones que después toman subjetivamente las personas. El segundo paso de la negación es la oposición a restricciones a la “libertad individual” dispuestas por el Estado para garantizar determinadas formas del funcionamiento social. Eso precede a la pandemia. Extrañamente, quienes aceptan medidas restrictivas cotidianamente se oponen a estas. Por ejemplo, la libertad de ir de acá a Rosario a 300 kilómetros por hora no depende del auto que se tenga, aunque el coche lo permita no se puede sin recibir una sanción, porque en la regulación de las normas del tránsito el Estado cumple una función del cuidado del derecho a la vida y, por ende, limita una acción individual que puede poner en riesgo a otros. En su libro Terror sagrado. La cultura del terror en la historia, Perry Anderson afirma que esa idea de libertad absoluta que no conoce ni vínculos ni límites inherentes como un deseo o una expansión infinita, está en el origen del terror.
Mucha gente tiene internalizada la lógica de cuidado individual. Más aún: creen que lo que lograron fue solo por su esfuerzo…
Hay personas para las que la renegación del fenómeno ha sido muy alta. Inventan razones para pensar que están fuera del riesgo. Son los que decían que era mayor la mortalidad por la gripe común. Ahora, cuando comparamos las cifras de 2020 con las de años anteriores, vemos un aumento determinado por el covid. Ahora están en debate los casos de los varados en el exterior que, por supuesto, son un grupo minoritario. Pero no hay que abordarlo por el lado de la culpabilidad, porque cualquiera puede tomar una mala decisión en estas circunstancias, inclusive por negación. Lo que resulta llamativo es que algunas personas apelen a que es una violación a la libertad individual que no puedan regresar, cuando firmaron una declaración jurada en la que aceptaban los riesgos al salir del país. Uno no le reclama a un seguro cuando firma un contrato que dice que no se van hacer cargo de determinados riesgos. En la década del 90, las prepagas de salud no cubrían el HIV. Decían que era una enfermedad de adquisición voluntaria. Había gente que firmaba contratos para atenderse ellos y su familia, sabiendo que no lo cubría. Obviamente si lo hacían es porque pensaban que no les sucedería. Jamás hubieran firmado un contrato que no cubriera el cáncer.
Pensaban que el HIV no les iba a tocar…
Claro, lo negaban. Cuando aparecía y era una catástrofe, le reclamaban al Estado. No a la empresa, porque esta les decía que habían firmado un contrato que no incluía su cobertura. No había una legislación que lo regule, llegó después. No cuestiono las razones por las cuales las personas hacen cosas que, inclusive a veces, son en contra de sí mismas. No todo el mundo opera cuidándose a sí mismo. En cambio, sí preocupa cuando aparecen discursos que exigen, en nombre de la libertad individual, que se arriesgue el derecho de vida de otra persona, por ejemplo, si entra la variable del Delta porque alguien regresó del exterior y no hizo la cuarentena invocando su libertad de circular.
¿Los discursos antivacunas son un síntoma social o se trata de casos aislados?
Preexisten a la pandemia. Ganaron impulso después de que la revista The Lancet publicara un artículo de investigación, del que luego tuvieron que retractarse porque era erróneo, que relacionaba la vacuna contra el sarampión con el autismo en Italia. Lo cierto es que la aparición del complejo médico-industrial- financiero ha hecho que la gente desconfíe de los medicamentos. Y para serte franca, yo también desconfío. Soy lo suficientemente grande para saber que alguna vez se vendió algún medicamento que se llamaba talidomida, que se distribuyó entre mujeres embarazadas e hizo nacer niños con deformidades. Soy de la generación que incrementó el cáncer de mama por consumir pastillas anticonceptivas de alto dosaje hormonal. Entonces, hay un punto de anclaje para la sensación de desconfianza, pero en esta situación las vacunas son una esperanza. Se trata además de su capacidad de circulación, un virus que tiene una mutación muy rápida y para peor. Si no se controla la circulación a nivel global, como alguna vez se hizo para erradicar la viruela, se van a seguir produciendo mutaciones. Es necesaria una acción mancomunada de las naciones, y no de los mercados. Se debe lograr un acuerdo como el que se consiguió cuando nació la OMS para erradicar la viruela y se vacunó al 80 por ciento de la población mundial. En este momento tenemos a toda África sin vacunar, salvo algunos países. Y volviendo a la cuestión de la individual, no queda otra opción más que vacunarse. Hay que aceptarlo, aunque a uno le produce cierto temor. ¿Nos va a mejorar? Sí. ¿Va a bajar la mortalidad? Sí. ¿Va a desaparecer la enfermedad? No, porque ninguna vacuna garantiza una efectividad del 100 por ciento. Esto no es la polio. No por ahora. La polio tampoco está erradicada en todo el mundo. Además, debo recordarles que Sabin renunció a la patente. La podía fabricar todo el mundo. Hoy, mientras se pone en riesgo a gran parte de la humanidad, hay gente que está peleando la ganancia. Y después, hay una cierta instrumentación política de los antivacunas también o articulación, en los Estados Unidos coinciden mucho con los partidarios de Trump.
¿Cómo va a ser la nueva normalidad?
Algunas prácticas ya no van a ser como eran. La psicología incorporó de manera masiva el uso de las tecnologías. Si bien todos añoramos volver al contacto cara a cara, cuerpo a cuerpo, esto me parece que se instaló. Pero es difícil saber cómo van a ser las nuevas normalidades, porque hay un desequilibrio del sistema global… Es como cuando se caen las laderas de una montaña y se va armando una avalancha: estamos en la avalancha. No sé qué va a pasar cuando termine. Estoy segura que ni la universidad ni la escuela van a volver a ser lo mismo, no deberían. Dicho sea de paso, esas instituciones ya estaban en crisis. Además, la pandemia señaló la inviabilidad de los grandes centros urbanos, porque uno de los problemas más serios que tenemos en este país es que la tercera parte de la población está agrupada en una sola unidad urbana, el Área Metropolitana de Buenos Aires.
¿Qué duelos implica la pandemia?
Los duelos son por uno mismo y por la pérdida de certeza respecto al futuro. En segundo lugar, por las pérdidas concretas, materiales, de proyectos y trabajos. También por las muertes, en un contexto de funcionamiento muy extraño, porque en la actualidad alguien puede salir de dar una clase, abrir WhatsApp, enterarse de que murió una persona que para una era significativa y entrar a hacer otra actividad…
Las muertes se convirtieron en una cifra para la televisión…
Perdimos el contacto corporal. Son curiosas las pandemias, van tocando lo relativo al vínculo con las personas. Cuando habíamos logrado terminar con la viruela, empezaron a aparecer las enfermedades emergentes, la primera fue el sida. Y fue y tocó justo ahí, en la sexualidad, con algo que la humanidad ya sabía porque la sífilis había sido igualmente grave, hasta que después aparecieron los antibióticos. Hubo una generación que, con los antibióticos y los anticonceptivos, rompió con la ecuación sexualidad y muerte. Pero en este caso, este tipo de alteración en el contacto corporal con los otros, la cercanía… Nos va a producir efectos que nos va a costar mucho cambiar. No soy partidaria de psicopatologizar, pero sí creo que los esfuerzos adaptativos a realidades totalmente nuevas producen conductas, sensaciones y sentimientos que pueden ser confundibles con psicopatologías, pero no las clásicas. Preguntaste por la nueva normalidad, es un oxímoron, o sea: o es nuevo o es normal. Esta crisis no sólo es una pandemia, sino que está derrumbando el mundo como fue organizado en la posguerra. Está en reconsideración toda la geopolítica, cómo será la hegemonía de las monedas cuando se preanuncia el final del patrón dólar, qué sucede con esos poderes económico-financieros corporativos que parecen estar por encima de los Estados… Todo eso cambia radicalmente la idea de cómo puede llegar a ser el futuro. Da la impresión de que estamos en un cambio de época, como fue el pasaje del feudalismo al capitalismo. No digo que estemos pasando del capitalismo a otra cosa, sino que hubo un cambio de época importante.
La crisis sanitaria puso en evidencia múltiples desigualdades estructurales, ¿podría haber una oportunidad para resetear nuestra forma de vida a una más justa?
Es una oportunidad. Es una situación de crisis cuyo final no es predecible, puede ser distópico u utópico. De lo que estoy absolutamente segura, es que, si no la aprovechamos para transformar nuestra forma de vida, nuestra forma de vida va a acabar con nosotros. El hombre de la modernidad se creyó el verso de que podía dominar la naturaleza. La naturaleza nos va a sobrevivir si nosotros no tenemos otro vínculo con ella.
Jun 2, 2021 | Culturas, Novedades
El título del documental, Punto de No Retorno, hace referencia al fin del mundo como lo conocemos. La pandemia instaló en el debate la inviabilidad de las formas actuales de producción y de consumo, unas y otras responsables del calentamiento global. Dirigida por el biólogo, periodista y actual viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Sergio Federovisky, con la codirección de Nicolás Capelli y Diego Corsini, la película recorre distintas zonas del planeta con el objetivo de poner en evidencia cómo las maneras en las que las sociedades se relacionan con el ambiente han generado alteraciones climáticas.
Con testimonios de científicos del CONICET, de la NASA –entrevistados en el Centro Espacial Goddard–, intelectuales, políticos nacionales y extranjeros, religiosos, y habitantes de todo el país afectados por el cambio climático, el filme se presentará por streaming este sábado 5 de junio a las 20 con acceso gratuito. Antes del estreno, Federovisky mantuvo una charla con ANCCOM y contó sobre su motivación a la hora de producirlo, su postura frente a la crisis ambiental y el rol que deben tomar los Estados frente a ella.
¿Cómo surgió la idea del documental?
Como una especie de continuidad, o si se quiere, de conclusión de mi trabajo de más de 30 años en la gráfica, en los medios audiovisuales y en la televisión. Entendí que tenía que dejar algo más cristalizado que permitiera en una pieza única mostrar cuál era mi pensamiento respecto de la crisis ambiental, pero también acerca de las políticas públicas y de los desafíos políticos que surgen a partir de esa cuestión, básicamente en la Argentina, pero con ramificaciones a toda la agenda ambiental, que está “semi instalada” hoy.
¿Qué ocurriría si llegamos al Punto de No Retorno?
Traspasado ese umbral no va a ser posible volver a la situación anterior, al menos no en materia de equilibrio climático. Pero no sabemos cómo va a ser si se llega a un equilibrio futuro. El gran problema que abre el Punto de No Retorno no es tanto aquello a lo que no vamos a poder volver, sino la incógnita de cómo va a ser ese mundo futuro. Por eso lo que sostengo en el documental es que no es el fin del mundo, no va a estallar y desaparecer, sino que va a ser distinto. Seguramente más desigual, con más desequilibrios ambientales y con mayor deterioro ecológico, pero no sabemos cómo va a ser, y esta angustia colectiva es la que nos promueve hoy a no traspasarlo.
¿La pandemia podría convertirse en ese punto?
Podría, en sí misma, convertirse en un Punto de No Retorno, o en todo caso en una bisagra a partir de la cual la situación no será igual a la anterior. Por eso hablamos hoy incipientemente de una nueva normalidad, porque la que conocíamos será muy difícil de recuperar. En la propia idea de la pandemia está inserto el deterioro ambiental, porque emerge de la anomalía en la relación entre la sociedad y el medio natural. No es una casualidad histórica, no es fruto de algo imposible de prever o prevenir, sino que es consecuencia directa de ese mal funcionamiento que, a lo largo de los últimos 200 años –pero principalmente los últimos 50–, ha tenido la sociedad con el medio natural.
¿Su advenimiento funcionó como un disparador para la toma de conciencia ambiental?
Probablemente lo ambiental está más en agenda a partir de la pandemia. Sin embargo, no lo está en el sentido de disparar la necesidad de tener políticas públicas contundentes y persistentes en el tiempo, no sólo a nivel nacional, sino también global. Además, no me parece que el gran problema radique en la falta de conciencia. Por lo contrario, en los últimos 30 años ha habido un desarrollo de la conciencia y esto no ha sido verificado en resultados concretos para detener el empeoramiento de los indicadores ambientales. Seguir insistiendo en que el problema ambiental es consecuencia de la falta de conciencia individual o colectiva, me da la sensación que es menospreciar la ausencia de políticas públicas, de decisiones concretas que modifiquen el modelo económico, productivo y de consumo imperante en el planeta, que es básicamente la causa de los problemas ambientales.
¿Qué pasa con la dicotomía entre habitabilidad del planeta e intereses económicos?
Esta dicotomía es la opción de hierro que tenemos. De acuerdo a cómo se resuelva, será el futuro del planeta o por lo menos de la relación entre la sociedad y la naturaleza. Claramente, esa está siendo resuelta a favor de los intereses del mercado. El propio Papa Francisco, en la Encíclica Laudato sí, afirma que un bien común como la naturaleza no puede quedar supeditado a los intereses particulares del mercado. Sin embargo, es lo que está ocurriendo. De ahí que aquella dicotomía difícilmente se resuelva por decreto. Hay que desarrollar políticas públicas que empiecen a morigerar esa situación o, al menos, a quebrar la tendencia. Ahora, cuál es el futuro del capitalismo en ese asunto… el capitalismo es parte del problema, no es parte de la solución.
¿Qué rol deberían cumplir los Estados?
Es crucial en tanto y en cuanto son los que tienen las herramientas para empezar a modificar los patrones de consumo, de explotación de los recursos naturales, los mecanismos de producción de energía, y tienen también los resortes esenciales, a través de dispositivos conocidos históricamente como políticas públicas, para derivar en cambios de conductas colectivas. El problema no es la suma de las conductas o conciencias individuales, porque eso jamás daría como resultado el cambio de una conciencia colectiva. Los comportamientos colectivos se modifican a partir de políticas públicas. En eso han fallado los Estados en los últimos 30 años. Desde que en la Eco 92 de Río de Janeiro se propusieron instaurar cambios en la agenda política internacional, a partir de convenciones como la del Cambio Climático y la de Biodiversidad y 30 años después sólo vemos empeoramientos en todos los indicadores ambientales.
¿El Gobierno nacional entiende la importancia de estas problemáticas?
Mi respuesta anterior cabe también para el Estado en la Argentina. Aún no se ha entendido la necesidad de tener esas políticas públicas, más allá de que ha habido avances indiscutibles. Y la conformación de un Ministerio de Ambiente (antes Secretaría) al menos refleja, desde lo simbólico, la reacción positiva a la demanda que hoy tiene tanto el deterioro ambiental como la propia sociedad ante eso.
¿La flamante Ley de Educación Ambiental puede aportar a este proceso?
Por supuesto. Es una respuesta positiva a la necesidad de desarrollar mayores políticas de concientización de la sociedad. Pero no podemos descansar o suponer que esta concientización es condición suficiente. Es necesaria, pero la condición suficiente la van a conformar las políticas públicas que hagan operativa esa conciencia individual y colectiva.
Jun 2, 2021 | Géneros, Novedades
Salir de Puta es un documental independiente que aborda los debates en torno a la prostitución. A través de un relato coral de mujeres que ejercen o ejercieron el trabajo sexual, pone sobre la mesa las discusiones en torno a la reglamentación y el abolicionismo. Este film, dirigido por Sofia Rocha, fue seleccionado para participar del 24° Festival Internacional de cine de mujeres Flying Broom, un evento feminista que se está llevando adelante en Turquía. La película se estrenará hoy a las 14.30hs en Argentina por streaming.
“No es lo mismo contarlo desde afuera que vivirlo desde adentro”, dice la presidenta de AMMAR, Georgina Orellano, en el documental. Siguiendo esta lógica, el film recolecta y contrapone las voces de distintas mujeres que narran en carne propia sus vivencias, explican sus posturas, sus reclamos, y discuten el rol del Estado. “Muchas veces vi este tema abordado desde la romantización total o solamente exponiendo la cuestión de las víctimas de trata. A medida que fui conociendo el debate entre las posturas abolicionistas y reglamentaristas en el propio movimiento de mujeres fue creciendo el interés por tratar el conflicto y las ganas de generar herramientas para poder abordar los distintos aspectos de esta realidad y su gran complejidad. Esto me impulsó a buscar a las protagonistas reales de carne y hueso, tanto las que se consideran trabajadoras sexuales como las mujeres en situación de prostitución que quieren salir de ella, quienes ponen día a día el cuerpo para contraponer sus puntos de vista a través de sus historias de vida, deseos y convicciones”, explica Rocha.
Sofia Rocha, directora de Salir de Puta.
Según Rocha, la película aborda distintos ejes y posturas: “Si la prostitución es o no un trabajo; qué pasa cuando además del cuerpo se pone la sexualidad en la relación de compra-venta; si está bien o no que un tercero (conocido como proxeneta) puede apropiarse de parte de la ganancia como en cualquier otro trabajo; cuál es el rol de las fuerzas policiales, jueces, y toda la estructura estatal al respecto; cuál es la relación entre la prostitución y la trata; qué acciones llevan adelante las distintas organizaciones frente a las necesidades y problemáticas varias, y a qué futuro apuntan”.
Como referentes del regulacionismo aparecen, entre otras, Georgina Orellano y Valeria del Mar Rodríguez, ambas de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR). Para ellas el debate en relación a si el trabajo sexual es o no trabajo, ya está saldado: “Nosotras queremos derechos como cualquier trabajador”, afirma Ramírez.
Desde la Asociación de Mujeres por los Derechos Humanos (AMDH), presidida por Gabriela Collantes, levantan la bandera del abolicionismo. Una de sus militantes, Delia Escudilla, quien se auto define como sobreviviente, define a la prostitución como “una de las peores opresiones del patriarcado sobre el cuerpo de la mujer”.
Otra dimensión de la postura abolicionista es la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual. Margarita Meire, fundadora de Madres Víctimas de Trata, transformó el dolor por la desaparición de su hija en militancia. La organización trabaja incansablemente desde hace 35 años para terminar con la trata y abolir la prostitución. Al día de hoy, ha logrado recuperar a decenas de chicas secuestradas. Para grabar estas escenas, desde el equipo de producción tuvieron que trabajar con especial cuidado. “Por un lado por las víctimas, pero por el otro por el nivel de entramado de connivencia política, judicial y policial que existe. A Margarita, cuya organización ha desmantelado varios prostíbulos, la han amenazado de muerte reiteradas veces; hasta han tiroteado la puerta de su casa que también funciona como comedor en Constitución”, cuenta la directora.
Con este cuidado y una sensibilidad notable, la película logra abordar un tema complejo. A través de planos cerrados, íntimos, las entrevistadas se dejan conocer. Rocha cuenta que hubo una búsqueda para que quienes vieran la película pudieran ponerse en el lugar y adentrarse en la vida de las protagonistas. Por otro lado, entendían que “las vivencias de estas mujeres y el ejercicio de la prostitución implicaron poner el cuerpo a un nivel muy alto, por lo tanto esos cuerpos están especialmente caracterizados, marcados y atravesados por esas experiencias”. En ese sentido, “se merecían ese acercamiento respetuoso mientras iban exponiendo y defendiendo férreamente sus posiciones políticas, filosóficas y sus decisiones de vida. Mientras tanto, seguían, una vez más, poniendo el cuerpo; ahora frente a la cámara y la pantalla”, explica la directora.
Rocha creció en el seno de una familia de mujeres rebeldes, donde era común cuestionar para transformar. Desde temprana edad le interesó el debate en torno a la prostitución y fue dando la discusión en distintos espacios, como lo fueron los talleres del Encuentro Nacional de Mujeres. “Para mí la prostitución es un eje bastión en las sociedades, a pesar de ser todavía ‘tabú’ en su doble moral. Cuando una escucha las historias de estas mujeres, las anécdotas con los clientes o prostituyentes (dependiendo la narradora), entiende buena parte de las lógicas sociales y patriarcales arraigadas históricamente. Muchas de las cuales luchamos por desarmar y cambiar”.
Salir de puta es su primer largometraje. Surgió como producto de su tesis de licenciatura en Diseño de Imagen y Sonido por la Universidad de Buenos Aires. Este proyecto tuvo su inicio en el 2018. La investigación duró alrededor de un año, al mismo tiempo que iban grabando. En él participaron Sofía De Luca, Belén Nuñez, Juan Tamagno y Victoria Mathé Leitner.
Rocha cuenta que, si bien las distintas personas que conformaron el equipo de trabajo tenían posiciones diferentes, todas las mujeres están atravesadas por el debate en torno a la prostitución. “Queramos o no, los roles social e históricamente construidos de ‘la puta’ y ‘la santa’ nos atraviesan en muchos ámbitos. Y eso fue un punto de partida común con las y los integrantes del equipo, a pesar de que teníamos acuerdos y desacuerdos”. En ese sentido, explica que lo más interesante de rodar esta película “fue el proceso de idas y vueltas, cambios de posiciones y aprendizajes. Muchas cosas las desconocíamos; poder conocerlas y entender las distintas posturas y sus interlocutoras nos fue permitiendo a mí y a todo el equipo adquirir una perspectiva compleja e integral”.
Con respecto al debate, Rocha dice que hoy no están dadas las condiciones políticas ni económicas para que se pueda saldar. Sin embargo, a modo de síntesis de su indagación propone tres medidas urgentes “primero, garantizar que quienes ejercen la prostitución autónomamente no sean perseguidas ni criminalizadas, algo que está establecido así en la Argentina pero que coexiste con códigos contravencionales provinciales que habría que derogar para que esto fuera una realidad. Por otro lado, garantizar opciones laborales y educativas para quienes quieran salir de la prostitución. Y, por último, actuar en consecuencia para combatir el proxenetismo y desarmar las redes de trata con fines de explotación sexual; como así también el aprovechamiento que hay de las fuerzas policiales de las personas en prostitución, inclusive cuando ‘la ley’ está de su lado”.
“Lo que es seguro es que ninguna de las que aparece en la película está de acuerdo con el modelo prohibicionista, algo que en otros países y en un período acá en Argentina ya se demostró que lo único que logra es ocultar el tema, hacerlo clandestino y vulnerar aún más a las personas prostituidas mientras se favorecen los empresarios, jueces y funcionarios que manejan las redes”, cierra la directora.
Abr 13, 2021 | Comunidad, Novedades
Con 215 votos afirmativos, 7 negativos y 18 abstenciones, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el pasado 27 de marzo el proyecto de Ley de Educación Ambiental Integral y lo giró al Senado. La iniciativa tiene como objetivo promover la educación ambiental e incorporar, en cumplimiento de la legislación vigente, los nuevos paradigmas de la sostenibilidad a la educación formal y no formal. “La toma de conciencia, el cambio de las acciones individuales y su impacto en lo colectivo es hacia donde se orienta la ley”, explica Cristina Ruiz del Ferrier, titular de la Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
“Por primera vez en la historia de la Argentina vamos a tener a las cuestiones ambientales en las currículas escolares. Ponemos a la educación como herramienta para generar conciencia e involucrar a toda la sociedad en el cuidado del ambiente. Esto es una política pública inédita en nuestro país”, sostiene Leonardo Grosso, diputado y presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano en el Congreso.
Si bien en Argentina ya existen la Ley de Educación Nacional N° 26206 y la Ley General de Ambiente N° 25675 que reconocen el derecho a la educación ambiental, no hay una norma que permita una implementación articulada en todo el país. El actual proyecto busca garantizar que se instrumente y se aplique. Por eso, propone una Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA) como herramienta de planificación, coordinada entre el Ministerio de Ambiente y el de Educación.
«Ponemos a la educación como herramienta para involucrar a toda la sociedad en el cuidado del ambiente», dice Grosso.
También dispone la incorporación del Artículo 92 a la Ley Educación Nacional que establecería “la toma de conciencia de la importancia del ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales, su respeto, conservación, preservación y prevención de los daños” como contenido curricular común a todas las jurisdicciones. Además, declara el 5 de junio como el Día Mundial del Ambiente, en el cual cada provincia deberá “promover una acción comunitaria en la que se fomente el ‘Compromiso Ambiental Intergeneracional’”.
“Se busca lograr una integralidad que genere conocimiento y conciencia para hacerle frente a una las problemáticas más grandes de la humanidad. La depredación del planeta es escandalosa. No tenemos otro, éste es el único. Y de a poco la humanidad lo está comprendiendo. Estamos llegamos tarde, pero nuestro Gobierno asumió el compromiso y durante 2020 y 2021 tenemos una política ambiental fuerte, con la esperanza de lograr cambios significativos en los resultados y en la conciencia”, afirma Grosso.
La educación ambiental se vuelve prioritaria en un contexto de disputa de los recursos naturales y en el que, según Ruiz del Ferrier, “la pandemia puso en evidencia algo que ya se vislumbraba: debemos cambiar nuestra manera de vincularnos con la naturaleza”.
La Ley de Educación Ambiental Integral ya tiene media sanción de Diputados. Ahora la tratará el Senado.
Martín Vainstein, coordinador nacional de la organización Climate Save Argentina, destaca que están contentos, pero no conformes, con el proyecto presentado. La primera crítica apunta al Artículo 4, que describe los objetivos del Programa Nacional de Educación Ambiental. “En todo el texto se habla de fomentar el desarrollo sustentable pero no se lo define, dando espacio a una zona gris en la que todo puede pasar”, advierte.
El segundo señalamiento es que “el desbalance especista se mantiene”, en tanto no contempla la relación con los animales. “Consideramos que su trato en el marco de la ley sería idóneo por su intrínseco correlato con la relación entre humanos y naturaleza”, declara Vainstein.
Por último, Vainstein expresa su desconfianza hacia la ENEA: “La creación de aún más espacios, donde interactúan distintas instituciones estatales, ralentiza el proceso de implementación”, opina.
A diferencia de Climate Save Argentina, desde Jóvenes por el Clima se manifiestan muy conformes con el proyecto. “Está buenísima la articulación que plantea entre el Ministerio de Educación, de Ambiente y el Consejo Federal de Medio Ambiente. Por otro lado, quiero destacar que la educación ambiental está contemplada en el Artículo 41 de la Constitución Nacional, en la Ley General de Ambiente, así como también en tratados y pactos internacionales. Por lo tanto, es una deuda que teníamos”, remarca la activista Luciana de la Serna.
En tal sentido, Ruiz del Ferrier admite que esta política es una demanda de larga data: “Hace muchos años que desde diferentes sectores se reclama esta ley. La sociedad civil, la academia, los gobiernos locales, todos desarrollan programas de educación ambiental. Pero la existencia de un marco normativo que permita poner en marcha la implementación de una Estrategia Nacional de Educación Ambiental trae la posibilidad de orientar las acciones hacia un mismo objetivo: una Argentina sostenible, lo que significa un presente y un futuro posible para las generaciones por venir”.
La ley establece, además, que cada 5 de junio, Día Mundial del Ambiente, cada provincia deberá “promover una acción comunitaria en la que se fomente el «Compromiso Ambiental Intergeneracional”.
El proyecto de ley fue presentado en el Parlamento por iniciativa del Poder Ejecutivo, lo cual para de la Serna “da cuenta de una toma de conciencia por parte del Gobierno y de una voluntad política de hacerse cargo y hacer algo sobre las problemáticas ambientales: es algo para celebrar”, dice, y también lo es la participación ciudadana que “está implicada y fomentada en esta ley porque su intervención es fundamental en el derecho y en la política ambiental”.
“Muchas cosas que se trabajan en el día a día que están contempladas, como los múltiples cruces entre ecología, sociedad, economía, política y cultura”, reconoce Vainstein, aunque señala que “el Estado es quien debería garantizar el derecho a un ambiente sano y sin embargo es el principal responsable de la creación de vidas y territorios de sacrificio. En el proyecto no hay ninguna mención explícita a su rol en la depredación actual de la mano de los extractivismos, del agronegocio, la ganadería industrial y la extracción de combustibles fósiles”. Y concluye que “si bien hubo apoyo ciudadano, no hubo una alta participación”.
La funcionaria Ruiz de Ferrier habla de una toma de conciencia del Estado frente a las problemáticas ambientales ya que “no hay un planeta B”. “El Gobierno argentino comprendió la necesidad de avanzar en estos temas. Por eso, rejerarquizó la exsecretaría en Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”, indica.
Aparte de este proyecto, “el Congreso sancionó a fin del año pasado la Ley Yolanda, que obliga a la capacitación en temas ambientales a todos los agentes de la administración pública nacional, de los tres poderes del Estado. Del mismo modo, Argentina ratificó su vinculación con el Acuerdo de Escazú, que es el primer tratado regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales”, enumera Ruiz del Ferrier.
Pese a las discrepancias ideológicas y acerca del contenido, la necesidad de que la educación ambiental sea ley resulta indiscutible por los diferentes sectores. “Es imposible oponerse a una política pública de esta magnitud, por lo tanto, considero que la aprobación no corre ningún riesgo y en pocos días tendremos la ley”, asegura el diputado Grosso.
