Mar 11, 2021 | Géneros, Novedades
Se publicó el primer registro centralizado de la provincia de Buenos Aires sobre el acceso a la interrupción legal del embarazo en donde se informa que durante el 2020 se registraron 14.330 abortos. El 93.5% de ellos se realizó dentro del marco legal previo a la aprobación de la Ley Nacional N° 27610, que garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo sin necesidad de causal prexistente. El informe de gestión señala que los números no son el reflejo total de las interrupciones que se llevaron a cabo, ya que la recolección de la información fue mejorando a lo largo del año.
Mariana Kielmanovich es psicóloga y trabaja en el Hospital Tornú y el Centro de Salud N° 33. Señala que, dentro de los circuitos que ya estaban establecidos en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires con el acceso a la interrupción legal del embarazo, la nueva ley facilitó las derivaciones.
Cecilia Ferrero es médica generalista del CESAC N°33 y expresa que, en su caso, al ser un centro de atención ambulatorio, hacen atención a mujeres que estén hasta la semana 12: “A partir de la semana 13 el procedimiento se tiene que hacer en un lugar que tenga internación. En nuestro caso derivamos a hospitales”.
Dentro de las interrupciones registradas según el informe bonaerense, el 52% de las interrupciones de embarazos se realizaron en centros de primer nivel de atención y un 44% en el segundo, mayoritariamente en hospitales provinciales.
“En la Ciudad sigue dependiendo, en parte, de ´voluntades´. Si bien los diferentes actores y dispositivos ya saben que la ley se debe aplicar, no siempre lo hacen”, reflexiona Sandra Bernabó, psicóloga del Hospital Tornú y del CESAC N° 33.
La profesional trabaja en conjunto con Kielmanovich y destaca que se ha visto un mayor movimiento en obras sociales y prepagas con respecto a las interrupciones del embarazo, algo destaca como un gran paso. “Lo que sucede ahora es que hay un margen posible para exigir que se cumpla, que no era lo que teníamos antes del 29 de diciembre del 2020”, plantea. Ferrero, por su parte, comenta que, debido a la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria se esperaba un aumento exponencial de la la cantidad de mujeres que consultan de: “Hemos visto que fue bajando de a poco aunque por supuesto han pasado unos pocos meses de su promulgación. Nos pone muy contentas y es lo que veníamos esperando desde hace muchos años. Muchas obras sociales y prepagas están empezando a formar equipos de IVE, entonces hay un montón de consultas que antes se absorbían por el sistema público, que hoy están dando respuesta desde otros efectores”. Además, advierte que es el panorama que observa respecto a provincia de Buenos Aires y Capital Federal.
«Muchas obras sociales y prepagas están empezando a formar equipos de IVE», dice Kielmanovich.
Melina Ceccato, psicóloga, trabaja en un centro de salud de primer nivel en Lugano y plantea que con la IVE -ahora incluida en el Plan Médico Obligatorio- es deber de las obras sociales y prepagas absorber parte de la demanda de esta práctica. Según cifras publicadas por REDAAS (Red de Acceso al Aborto Seguro) el 84% de las ILE en CABA fueron realizadas en el primer nivel de atención y el 16% en hospitales. Y el 92% de las interrupciones legales realizadas en el primer nivel se realizaron con medicamentos.
Respecto al esquema de tratamiento e intervención, Ceccato describe que la intervención es la misma que la que se hacía con las interrupciones legales. “El abordaje médico sigue siendo el mismo. Lo que cambia es que no hay que hacer un interrogatorio profundo respecto a las causales que habilitarían un marco legal para la interrupción”, agrega. Bernabó, a su vez expresa: “Eso que antes implicaba ubicar determinadas categorías o dar cuenta en conjunto con la mujer de cuáles eran sus razones para interrumpir, hoy no pasa”. Ferrero señala esta característica como uno de los avances que se lograron con la ley: “No tener que rebuscar en la historia de la persona para encontrar un motivo que justifique el acceso a la interrupción”, cierra.
En los centros de atención de primer nivel, el 98% de los tratamientos de interrupción fueron resueltos con misoprostol. El 88% de las prácticas de ILE registradas se resolvieron exclusivamente con un tratamiento de misoprostol, el 12% restante con AMEU -aspiración manual endouterina- u otro tratamiento instrumental o quirúrgico. Ceccato, por su parte, señala que es primordial para mejorar y continuar profundizando la capacitación profesional en las instituciones de salud: “Que haya equipos que estén formados en perspectiva de derechos y género para brindar adecuada atención en las consultas”. Resalta que es importante contar con la tecnología correspondiente, como el misoprostol, en los centros de salud, así como también con la AMEU. “Que se capacite en la técnica para poder contar con ella en el primer nivel de atención, que es a donde llegan la mayor cantidad de interrupciones del embarazo”, reclama.
“En CABA sigue dependiendo de voluntades. Los actores saben que deben aplicarla, pero no siempre lo hacen”, dice Bernabó
A partir de la sanción de la interrupción voluntaria del embarazo, las profesionales señalan que ha habido un aumento de consultas, pero que atienden como solían hacerlo cuando la normativa se enmarcaba por causales. “Sí, se han duplicado las llamadas que se reciben desde el 0-800 de salud sexual. Esto tiene que ver con el efecto de la difusión de la información que es un elemento primordial y necesario para la implementación de la Ley de IVE. Tener acceso a la información es la posibilidad que uno tiene de poder decidir de forma autónoma lo que quiere hacer con su gesta”, expresa Ceccato. Kielmanovich, al mismo tiempo, opina que gracias a la circulación de la información y todo lo que acompaña la implementación de la IVE, se logrará que ya no dependa únicamente de los equipos que se propongan garantizar la práctica de interrupción, aunque a nivel nacional aún falte “entiendo que estamos en un país que presenta una heterogeneidad muy grande -en términos de acceso a derechos sexuales y reproductivos para las mujeres- y va a haber que desandar miles de años de patriarcado, y trabajar mucho con los equipos de salud”.
Dentro del trabajo para lograr que efectivamente se cumpla con la interrupción voluntaria del embarazo en todas las jurisdicciones, Ferrero expresa que lo más importante es que hoy están todas las miradas puestas en los distintos fallos judiciales que surgen. Como fue el caso de la jueza Zunilda Niremperger de Resistencia, quien intentó rechazar la implementación de la Ley IVE. “Por más que algunos lugares se nieguen a garantizar la IVE, no lo van a poder sostener tanto tiempo. Lo que siento después de haber estado el día que se sancionó la ley es que algo se quebró y es que para atrás no volvemos. No vamos a permitir que esos fallos entren en vigencia”. Ceccato agrega que algo que ha tensionado la IVE es la relación con la discrecionalidad de accesibilidad a nivel nacional que había previamente con la ILE, como por ejemplo en San Juan o Mendoza, donde estaba prohibida la venta de misoprostol: “Son distintas acciones que van abriendo camino sobre distintos obstáculos que venían sucediendo ya con la implementación de la ILE”.
El avance en la aprobación de la ANMAT de la mifepristona, que es junto con al misoprostol, los dos medicamentos recomendados por la Organización Mundial de la Salud para la atención de interrupciones de embarazos, es un tema central para la mejora de la atención, según expresa Ceccato: “Su incorporación haría que, en forma combinada con el misoprostol, aumentara la calidad de las interrupciones haciendo que disminuyan los efectos adversos, el malestar y aumente la efectividad al 97%”.
Por su parte, Ferrero opina que siempre habrá cosas por mejorar, pero que la gran deuda es poder brindar accesibilidad en cualquier lugar del país y no solamente en los grandes centros urbanos. Kielmanovich y Bernabó coinciden con que los dispositivos tienen que funcionar más amigablemente y que acompañen a las mujeres y personas gestantes en su derecho a decidir y a elegir qué hacer con sus cuerpos y maternidad: “No ser jueces de sus decisiones”, concluye Bernabó. A su vez, Kielmanovich resalta la importancia de trabajar con las instituciones de salud y sus trabajadores: “La premisa dentro del modelo médico hegemónico, que es el modelo dominante en salud, reproduce el patriarcado y la mirada en donde la mujer aparece como cuidadora o agente de cuidado de la sociedad y su familia, pero no como sujeto autónomo con derecho a decidir sobre su cuerpo”.
Mar 3, 2021 | DDHH, Novedades
POST, el nuevo libro presentado por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), presenta un recorrido sobre lo que el año 2020 hizo con nosotros. Desde una perspectiva de derechos humanos, POST invita a repensar las problemáticas que se vieron incrementadas por la pandemia.
Marcela Perelman, directora del Área de Investigación y co-editora junto a Ximena Tordini del libro, explica que para el armado se dio un proceso de intercambio en discusiones plenarias de manera virtual sobre problemáticas que estaban observando en pandemia. Siempre manteniendo como eje el cruce de pandemia y derechos humanos. Algunos capítulos tienen una mayor carga de coyuntura que otros, en este sentido Perelman resalta que “de la relación con otros grupos y organizaciones con las que estábamos trabajando para intervenir en esta coyuntura fueron apareciendo temas, que también cruzan distintas de nuestras agendas temáticas. (La ocupación de) Guernica, por ejemplo, es un capítulo sobre un acontecimiento, pero pone en relación cuestiones de hábitat, de represión, de intervención judicial y criminalización. En torno de un acontecimiento se pueden desplegar diferentes perspectivas de derechos humanos”.
La problemática de la vivienda o de la situación habitacional es un eje bastante recurrente a lo largo de distintos capítulos. De lo sucedido en Guernica a los problemas para pagar un alquiler en la zona de Almagro, a la situación habitacional que afectaron a las personas trans, travestis y no binaries; sumándose también los temas de alimentación y empleo que afectan, desde varios ejes, a distintos sectores. “Para nosotros era importante mostrar que algunas problemáticas cuya manifestación más aguda se ve en una situación extrema como la de Guernica no están desconectadas de la situación de otro segmento o sectores sociales. El mercado inmobiliario es uno y cuando analizas los problemas del mercado inmobiliario de sectores medios eso hace que vaya encadenando problemáticas que se observan con mayor crudeza en migrantes, personas trans o personas que alquilan informalmente”, aclara Perelman.
Siguiendo con alimentos, y según se plantea en el capítulo “Nuevo acuerdo popular entre el campo y la ciudad” se expresa que “el eje se corrió de la capacidad de acceso individual a los alimentos a la capacidad estatal y social de garantizarlos». Marcela Perelman explica que, por un lado, hay dificultad para proveer alimentos a la población en este contexto pandémico pero, por otra parte, esas dificultades que derivan de un modelo alimentario concentrado y monopólico pueden observar algunos cambios, quizás hasta de manera positiva. Como lo fue la organización y la dinamización de la agricultura, como se desarrolla en uno de los apartados del capítulo, en la pandemia. “Tanto alimentos como hábitat muestran situaciones que se manifiestan en su forma más cruda para los sectores más empobrecidos pero que son problemáticas muy amplias y extendidas en la sociedad”, agrega.
El libro abarca también temas de salud mental y la dimensión judicial. El acceso a la justicia, no en su totalidad pero en parte, es en lo que en el texto llaman “la máquina rota”. Se trata de zonas del Estado, que no solamente por el contexto de pandemia, sino por sus características generales, no pudieron responder o hacer frente a un año de confinamiento. “En la introducción del texto, titulado ¿Y ahora qué pasa?, como también en la comunicación del libro, hay una frase que dice, al mismo tiempo que se extendían algunos brazos de protección del Estado, otros funcionaban a media máquina o trabados con efectos contrarios a la defensa de derechos humanos”, explica.
Otro tema Interesante en POST es el análisis sobre la situación de encierro para la población en manicomios. Mientras que para muchos el aislamiento propuesto para hacerle frente a la pandemia fue toda una novedad, para esta población es algo habitual. Perelman cuenta que Tres puntos para cambiar la política de salud mental es un capítulo en donde se muestra una problemática más crónica. Si bien se destaca que durante la pandemia se agravó la situación de aislamiento y que a la restricción ambulatoria con la que viven se le sumaron mayores restricciones debido a la prohibición de visitas o la circulación interna en hospitales monovalentes, hay cuestiones que son de orden económico y social. “Hay personas que tienen una internación de muy largo plazo que finalmente no pueden salir de esa internación por no poder resolver su situación económica y habitacional, no necesariamente por una necesidad clínica psiquiátrica” y advierte “se necesitan políticas públicas específicas para ese sector, no puede ser que la población permanezca de forma crónica en hospitales monovalentes porque no pueden resolver la vivienda y entonces permanecen como si tuvieran una necesidad psiquiátrica que además se la va generando”.
La editora del libro comenta que hay algunos hilos que atraviesan los capítulos que tienen que ver con una precariedad social y económica cruzados por nuevas formas de vulneración de derechos particulares. “No es lo mismo lo que le pasa a una mujer internada en un psiquiátrico que lo que le pasa a una mujer trans que no le quieren alquilar la vivienda. Son cosas diferentes, no llegan al mismo punto, pero sus derechos están restringidos por limitaciones que son similares, que son análogas. Te encontrás con problemas estructurales que después tienen manifestaciones específicas según cómo se crucen con la situación particular de distintas personas o de distintos grupos y necesitan respuestas específicas y abordajes particulares”, agrega.
A lo largo del libro podemos encontrarnos con relatos de distintos casos e historias personales a la hora de describir las distintas temáticas planteadas, más allá de las cifras y estadísticas. Sobre esto, Perelman expresa que tiene mucho que ver con cosas profundas que los atraviesan como organización y con repensar el vínculo entre el caso y su dimensión estructural. “Nosotros estamos pensando críticamente en esa relación. Que el caso no aparezca instrumentalizado, que tenga su propio desarrollo, sus propias voces y un acento más intrínseco y personal. Tiene su peso propio y se puede pensar en una dimensión más amplia, pero hay un vínculo que no es el mismo que el tradicional. Creo que eso se ve en la exposición y en la redacción, pero refleja otras discusiones del modo de vinculación del CELS como organización con las personas”.
De todas las problemáticas y limitaciones que ya existían y que se incrementaron durante el 2020, Perelman afirma que ninguna de ellas es una novedad, sino que se agravaron y se tensaron. “No hay revelaciones de la pandemia. Lo que hay son los problemas estructurales tensionados, trenzados, con manifestaciones más crudas. En el caso de alimentos también muestra dinamización de algunas posibilidades, para mostrar algunas cuestiones positivas. La organización en torno a la provisión de alimentos de calidad mostró novedades buenas. Por el lado de la organización social, que no es nueva, se pudo ver el dinamismo de algunas organizaciones sociales. Por ejemplo, en el capítulo de la población trans o en el de alimentos se ve. En el de Guernica también. A pesar del desenlace negativo que tuvo como acontecimiento y como conflicto, mostró un tejido asambleario a lo largo de la toma y la forma de toma de decisiones y de resoluciones que fue muy positiva”.
Hábitat, alimentos, alquiler y deuda, salud mental, violencia institucional, búsquedas y desapariciones, seguridad, democracia, movimientos de derechos humanos, son las temáticas que se nos presentan a lo largo del índice de POST. Perelman señala que de las situaciones y temáticas que se plantean en el libro el tema de la vivienda podría ser central este nuevo año. “El endeudamiento es un rasgo que se agravó en la pandemia y la burbuja que creció entre alquiler y deuda o entre vivienda y deuda me parece un problema de un volumen enorme” y agrega que “atado a la vivienda vos tenés las posibilidades de educación, de trabajo, tenés el proyecto de vida de un hogar. En el capítulo de inquilinos se caracteriza como la “tormenta perfecta”. Ese horizonte está ahí y está claro, es imposible de ignorar. Lo que puede haber ahí es la posibilidad y la voluntad de tomar la política para apostar o morigerar esta situación que es gravísima”.
Sobre los últimos capítulos señala que intentaron escribirlos de la forma más abierta posible. “Son un poco de discusiones internas del movimiento de derechos humanos y que es interesante ponerle atención porque estamos tocando temas que no están muy discutidos. Que son desafiantes. El último, por ejemplo, sobre el lugar del castigo en la lucha de derechos humanos y el de Bolivia. Son discusiones que podrían ser hacia adentro de lo que se llama movimiento de derechos humanos pero que nosotros estamos buscando que tengan una resonancia más amplia. No son de diagnóstico de la situación social, son de otro orden”, cierra.
POST se presenta como una “demanda a las instituciones y los poderes que no estuvieron a la altura, una constatación de la potencia que anida en las organizaciones territoriales y en el activismo de las redes de solidaridad y, también, una invitación a discutir el futuro de los derechos humanos”.
Dic 4, 2020 | Géneros, Novedades
La Cámara de Diputados de la Nación comenzó a tratar, esta semana, dos proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral. El primero legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren la salud y la vida. El segundo, instituye al Programa de los Mil Días, con el objeto de fortalecer la atención integral de la mujer durante el período de gestación y la de sus hijos e hijas durante sus primeros años. Esta semana se inició el plenario de comisiones que ayer concluyó con la ronda de expositores. Hoy será el turno de diputados y diputadas y la reunión para el dictamen, será finalmente la próxima semana.
La presentación del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es un gran alivio para las distintas organizaciones que vienen luchando desde hace años por esta iniciativa. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito fue lanzada en 2005 y presentada en distintas ocasiones, 2007, 2009 y 2010, en la Cámara de Diputados de la Nación. Según cifras publicadas por la organización se estima que desde la recuperación de la democracia han muerto más de 3.000 mujeres como consecuencia de abortos inseguros.
El aborto sucede y es un hecho. A lo largo de los años, distintas organizaciones y redes fueron conformándose para brindar el acompañamiento y apoyo necesario a quienes necesitaban atención frente a la decisión de interrumpir un embarazo no deseado. A esta larga lista de movimientos que acompañaban a mujeres que abortaban en la clandestinidad, se fueron sumando lentamente agentes estatales, luego del fallo FAL en 2012 -la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que permite el aborto legal a personas víctimas de violación-, hasta la actualidad con el nuevo protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) dispuesto por Ministerio de Salud de la Nación en 2019. ¿Cómo trabajan las profesionales por el derecho a decidir? ¿Cómo vienen acompañando las organizaciones los abortos clandestinos? ¿Cuál es su función y qué experiencias marcaron su trabajo?
Melina Ceccato
Ceccato dice que en las entrevistas ve todas las desigualdades en el acceso a la información, educación y salud.
Melina Ceccato es psicóloga, forma parte de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, una organización que forma parte de la Campaña Nacional del Derecho a Decidir sobre el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Trabaja en el Centro de Salud de Primer Nivel de Atención de CABA (Lugano). Ceccato describe que el acceso a la interrupción del embarazo es diferente dependiendo en qué parte del país nos situemos. Y que, si bien la Ciudad de Buenos Aires se unió al protocolo a finales del 2019, la red viene trabajando desde 2014. Sobre su colectivo agrega que “está compuesto por distintos profesionales de distintas disciplinas (Psicología, Medicina General, Trabajo Social, Enfermería, Antropología, Ginecología, Pediatría). Semestre a semestre, a partir de que empezamos a contar con el misoprostol, se fue duplicando el número al acceso de las ILE en los centro de salud”. Además, a partir del año 2018, con la presentación del proyecto de la campaña se realizó una importante difusión que potenció la circulación de demandas de ILE en los centros de salud. “Fue como el momento de descriminalización del aborto y debate. Puso arriba de la mesa una realidad que venía sucediendo y que venía siendo silenciado”.
De acuerdo con los protocolos vigentes, Ceccato insiste en que las situaciones de salud sexual que estén vinculadas a métodos anticonceptivos y embarazos no deseados se deben tomar como una urgencia y debe asistir la demanda en el momento que es solicitado por cuestiones de tiempo respecto a la edad gestacional y poder acceder a la interrupción. “En el centro de salud donde trabajo apenas llega una mujer se la entrevista y se evalúa si tiene un test de embarazo. Primero hay que hacer una ecografía que confirme la viabilidad de ese embarazo (hay distintas situaciones en las que por más que se presente un test de embarazo positivo no siempre es un embarazo viable). Muchos centros de salud no tienen ecógrafos y hay que hacer la derivación. Siempre solicitamos que se haga de manera urgente. Vuelven con la ecografía, se confirma la viabilidad del embarazo y la edad gestacional. Si está dentro de las 12.6 semanas de gestación se puede hacer la intervención de manera ambulatoria en sus casas”, explica Ceccato de acuerdo al protocolo. “Se explican y construyen las causales de acuerdo al marco legal que tenemos en nuestro país y se entrega la medicación y se ofrece la vía de administración de la medicación para que elijan”.
Ceccato advierte que en las entrevistas se logran ver todas las desigualdades, las violencias y las inequidades en el acceso a la información, educación y salud. “Hace poco, vino una señora de 33 años analfabeta. Como es un montón de información que damos en la entrevista le pedimos que viniera con un acompañante para que pudiera facilitar el entendimiento y porque aparte le damos folletería escrita de todo lo que hablamos sobre el procedimiento, además de la medicación”. Es importante hacer hincapié en el soporte que estos centros significan, Ceccato cuenta que una mujer se acercó a una consulta con su hijo de un año en la espalda y cursando un nuevo embarazo “fue una situación de violencia sexual por parte de su exmarido pero que se construyó con ella en la consulta. Ella no sabía que había sufrido un abuso sexual. Estaba acostumbrada a mantener ese tipo de relación y a someterse al deseo y voluntad de su exmarido. Eso también forma parte de la consulta, poder construir en ese momento que fue un abuso”.
Paula Massa
«La aprobación de la IVE significaría el fin de la estigmatización por las diferentes situaciones y experiencias que transitan”.
Paula Massa es trabajadora social en Villa Soldati, integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito. Su deseo de participar de un grupo para adolescentes en en ese barrio surgió luego del Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario, en 2016. “Encaramos un proceso de acompañamiento para que puedan tener su espacio, lo piensen lo creen y empiecen a tomar su lugar dentro de los feminismos”, recuerda. A partir de la creación de este espacio comenzó a acompañar distintas consultas de jóvenes en encuentros que se realizaban una vez por semana. Ese espacio empezó a forjarse un lugar de confianza e identificación para poder hablar de lo que quisieran, cosa que, en otros ámbitos como el escolar o familiar, no podían. Massa resalta la importancia que tiene realizar un acompañamiento no sólo a las adolescentes sino también en sus ámbitos familiares. “A veces es muy difícil cuando sos adolescente y el adulto decide por vos (la gran mayoría de las veces), por eso es importante el vínculo con las familias”. A su vez, resalta la importancia del trabajo en red: “El primer aborto que acompañé yo tenía 24 años, todavía no formaba parte de la Campaña y había cuestiones que fui aprendiendo sobre la marcha. La clave es la red que se arma con las compañeras que están en el centro de salud y desde los hospitales que sí acompañan y garantizan el acceso a la ILE”.
El acompañamiento por parte de los profesionales en distintos centros de salud y hospitales resulta esencial. Massa recuerda un hecho en donde una vecina del barrio en donde estaba trabajando se enteró que estaba embarazada y al intentar acceder a una interrupción legal del embarazo una de las profesionales que atendían demoró la solicitud de ecografía para evitar el proceso. “Le fueron pateando los turnos y con esto se le pasaron las semanas”, agrega.
Sobre una posible implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria concluye: “Significaría autonomía para las pibas, para la decisión sobre sus cuerpos. Para contar con información y no estigmatización en los centros de salud. Significaría que salgamos de la clandestinidad, de poder evitar ese señalamiento y estigmatización por las diferentes situaciones y experiencias que transitan”.
Mariana Kielmanovich, Sandra Bernabo y Cecilia Ferrero
Mariana Kielmanovich y Sandra Bernabó han acompañado a 500 mujeres en el ejercicio de su derecho a la ILE.
Mariana Kielmanovich y Sandra Bernabo son psicólogas y ambas trabajan en el Hospital Tornú. En 2015 inauguraron un dispositivo que en un principio funcionó como Consejería de Reducción de Riesgos y Daños. Finalmente, en 2017, con la incorporación de médicos generalistas en el centro de salud, comenzaron a trabajar como un centro de consultoría con entrega de medicación. Cecilia Ferrero es médica generalista del CESAC 33 y llegó al centro de salud por concurso. Una vez que comenzó allí Mariana y Sandra la convocaron para formar parte del equipo. Desde el equipo de ILE del CESAC 33 brindan atención a las personas que quieran interrumpir su embarazo.
“El circuito de las mujeres comienza cuando llegan en nuestro día de demanda espontánea en el centro de salud”, explica Bernabo. En la primera consulta se evalúan las causales según lo que el protocolo de ILE indica. Una vez hecha la entrevista se le da turno médico. “En ese segundo turno, qué es lo que hago yo, lo primero que se hace siempre es explicarle el marco legal de la intervención que se está haciendo, porque muchas mujeres aún hoy siguen pensando, por la desinformación, que hacer una interrupción legal del embarazo es algo ilegal, y se remarca que estamos avaladas por el Código Penal para hacer la interrupción según las distintas causales”, agrega Ferrero. Previo al fallo FAL de 2012, Kielmanovich explica que la respuesta del sistema sanitario era muy escasa y que tendía a criminalizar y a ser expulsiva. Sin embargo, eso fue lo que les permitió lanzar un puntapié y formarse más en la temática “No sólo brindamos información, sino que también ofrecemos la medicación abortiva de manera gratuita para poder garantizar la interrupción legal del embarazo, en los términos que prevé en el modelo de causales del Código Penal, de manera legal, segura y gratuita. A la fecha, hemos acompañado a más de 500 mujeres en el ejercicio de este derecho”.
Muchas de las mujeres que llegan a los centros de salud lo hacen con cierta angustia y malestar. “Entendemos que esto tiene que ver con el contexto en el que vivimos con el patriarcado, una política pública difusa, con un paradigma de criminalización y judicialización que estuvo vigente durante el siglo XX y que aún continúa. Se percibe en los medios e incluso en las historias que las mismas mujeres cuentan. Para nosotras es muy importante abordar este malestar, deconstruirlo y desproblematizar los estereotipos de género desde el inicio”, agrega Kielmanovich.
Para Cecilia Ferrerom la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo les daría un marco de legitimidad mayor.
Es importante recalcar la importancia de la atención de estos casos, no sólo en el ámbito del acceso a condiciones seguras, sino en el acompañamiento y asesoramiento. “Eso me resuena todo el tiempo. Es increíble la cantidad de situaciones en las que muchas mujeres dicen “no sabía que no se había puesto un preservativo” o “no sabía que se lo había sacado” y la mayoría de las personas no sabe que si alguien se saque un preservativo sin consentimiento es una situación de abuso”, recuerda Ferrero sobre las consultas que suelen llegarles. Bernabo agrega: “Muchas veces las entrevistas con las mujeres son fuertes y emotivas. Algo que le sucede mucho a quienes nos consultan es que les cuesta creer que no las retemos, juzguemos o critiquemos. Algo realmente increíble en pleno siglo XXI. Y se sienten plenamente agradecidas por encontrar un espacio de respeto donde no se las infantiliza y se las acompañe en ese momento en especial que atraviesan”.
Respecto a la posible implementación de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo, Ferrero, resalta la importancia que esto tendría dentro de los centros de salud. Si bien los centros ya cuentan con un protocolo nacional, éste no tiene el mismo peso que una ley. “Es darnos un marco de legitimidad mucho mayor”. Según plantea Ferrero, “lo más interesante y a lo que habría que apuntar, es que no dependa el acceso a una interrupción voluntaria del embarazo de la localidad en la que vivas. Yo tengo la suerte de trabajar en Capital Federal donde hay un montón de dispositivos donde se pueden hacer interrupción legal del embarazo, pero no es la misma realidad que existe en un montón de otros lugares, y no hay que ir tan lejos, a provincias ya conocidas donde no suelen ser accesibles”. Sobre la posible sanción de la ley Kielmanovich concluye: “Siempre y cuando esto sea decisión de la mujer, este en el marco de un derecho y sea seguro y acompañado por un equipo, lejos de generar un trauma contribuye a la autonomía, empoderamiento y a la reafirmación subjetiva”.
Juan Pablo Borda
En la Consejería de Berazategui, donde se desempeña Juan Pablo Borda, ya han han atendido 240 casos.
Juan Pablo Borda es médico generalista y jefe de residentes de medicina general. Trabaja en el centro de salud CIC 18 (Centro Integral Comunitario) en Berazategui. “Tenemos una Consejería que la llevamos adelante una vez a la semana, con entrevistas personalizadas con las personas que se acerquen al Centro con la demanda puntual de interrupción legal del embarazo”. Borda explica que se hace una valoración de la situación y si se responde con las causales de interrupción legales se procede a hacer la indicación y acompañamiento necesario a las personas. “Intentamos que sea en un ámbito de privacidad y que se pueda valorar toda la integralidad de la salud de las personas para poder dar una respuesta lo más adecuada posible respecto de sus necesidades”. Comenta que dentro del marco de la Consejería intentan informar todas las posibilidades que tiene una persona ante la eventualidad de un embarazo no deseado para que pueda decidir de manera informada y voluntaria. “Nos acercamos a la red a través de nuestro trabajo cotidiano. Somos parte de una residencia de medicina y en el marco de implementar una Consejería de Servicio Sexual y Reproductiva con respetos de derechos y poder garantizar la respuestas ante las demandas de interrupciones legales del embarazo nos acercamos a la Red de Profesionales y fuimos haciendo el vínculo con la red”.
De lo que llevan trabajando desde la Consejería han atendido 240 casos. Borda comenta que cada caso es único y presenta complejidades particulares. “En la memoria tenemos muchísimos casos de situaciones que nos llaman la atención: una adolescente con un embarazo no deseado, una familia con muchos hijos, pero además muchas vulnerabilidades, situaciones de interrupción de trabajo, proyectos de vida que afectan la salud de las personas más allá de la obviedad de la salud biológica”. Además, agrega que un elemento transversal a casi todas las situaciones que tienen que atender es la violencia de género. “Ya sea de manera explícita con violencias físicas o sexuales. También son situaciones de violencia cuando el varón responsable, en conjunto, del embarazo se entera de esa situación y no aparece, participa ni acompaña las decisiones. Hay un montón de situaciones de vulnerabilidades que creo que atraviesan a las mujeres en situación de aborto y creo que lamentablemente se expresan en casi todos los casos”.
Al formar parte de la Red de Profesionales también forman parte de la Campaña por la Legalización del Aborto, Juan Pablo es el único varón de su equipo y cree que sería muy importante poder legalizar el aborto para evitar enmarcar las distintas situaciones a causales y evitar involucrar la subjetividad de cada uno al respecto. “Cerca de 10 personas consultan a la semana en un municipio del conurbano, osea que en todo el país es realmente una demanda muy sentida. Si se pudiera aprobar la legislación voluntaria del aborto sería un avance para la garantía de los derechos de las personas y principalmente de las personas gestantes”.
Mónica Menini
Menini explica que para las personas de fe, el aborto es como un pecado y esto pesa mucho a la hora de decidir.
Mónica Menini es abogada feminista salteña. Recibida en la Universidad Nacional de La Plata, Diplomada Superior en Género y Políticas Públicas FLACSO y Maestranda en Género, Sociedad y Política de FLACSO. Forma parte de Católicas por el Derecho a Decidir Argentina. Llegó a la organización hace 17 años. “Para ese entonces la organización ya se había constituido como una organización feminista que desde la provincia de Córdoba irradiaba en especial en las provincias del norte y centro del país una influencia basada en sus argumentos católicos por el derecho a decidir que, en provincias con alto porcentaje de catolicismo, llegaba como una nueva ráfaga de ideas que nos contenía a las mujeres católicas que a través de sus libros, publicaciones y capacitaciones podíamos acceder a las teologías feministas”.
Desde la organización, advierten que las vivencias que les llegan sobre interrupciones del embarazo son múltiples y tienen que ver con las experiencias de vida de cada uno. “Presentar una alternativa teológica feminista frente a los discursos condenatorios y opresores sobre el aborto por parte de muchos referentes de las diversas iglesias dentro del cristianismo, permite mostrar otras perspectivas de Dios y las diversas experiencias que existen. Visibiliza otras historias y genera puentes para quienes atraviesan estas decisiones solas, con culpa, en silencio y muchas veces sintiéndose fuera de lugar, entre otras emociones y sensaciones”, agrega.
Menini explica que para las mujeres y personas de fe la consideración del aborto es como un pecado por parte de la tradición cristiana y que esto pesa mucho a la hora de decidir, “se sienten abrumadas por la culpa y ocultan el hecho durante años a su familia o a su comunidad. Eligen el silencio porque saben que les espera la condena eclesiástica o la expulsión del lugar religioso al que asisten”.
Sobre una posible legalización agrega “llegar al aborto legal seguro y gratuito despenalizado y legalizado en Argentina es una de nuestras metas; seguir en el trabajo de la implementación al acceso pleno de derechos sexuales y (no) reproductivos para cada mujer y persona con capacidad de gestar en cada pueblo, municipio y provincia de nuestro país extendiendo el derecho a toda Latinoamérica y el Caribe es nuestra Misión”.
Wada Waldo
«Quienes llegan a Socorristas encuentran a otras que están en la misma situación; eso ayuda mucho», dice Wado.
Wada Waldo tiene 22 años y es militante de Socorristas en Red. Llegó a la organización en el año 2018 luego de participar en una actividad en el Conservatorio Astor Piazzola. “Socorristas en Red llegó a mí como llegan a muchas personas: difundiendo información, estando en las plazas donde está el movimiento”.
Desde Socorristas en Red brindan información sobre la metodología y formas de hacerse un aborto con medicación en condiciones y acompañan a quienes necesitan realizarse uno de forma segura. Articulan con el sistema de salud, con las/os profesionales de la salud y realizan actividades de difusión e información. Forman parte también de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. “Muchas personas llegan porque nos conocen a través de amigos, familiares u otras personas a quienes también acompañamos. La información corre de boca en boca para quien necesite ayuda, asesoramiento u orientación para poder resolver un embarazo no deseado. Nos encontramos para poder compartir información. Las personas se encuentran cara a cara con otras que también está en la misma situación y eso ayuda mucho a distender y encontrarnos para compartir de manera horizontal la información y cuidados que necesitan para encarar un aborto seguro”.
Waldo destaca la importancia de compartir las distintas experiencias y de esa forma aprender entre todos: “sabemos que a la hora de encarar al sistema de salud aparecen nuevas dudas y miedos para quienes tienen que presentarse en una salita y pedir una interrupción legal. El contexto es duro, los mitos corren, los miedos abundan y la información escasea. Como Socorristas estamos ahí para el acompañamiento amoroso y feminista para quien lo necesite puede sentirse tranquilo para saber que va a encarar un proceso legal, con medicamentos y de forma segura y sin riesgos. Además, estamos en constante diálogo con los sectores de salud”.
Respecto a una posible legalización del aborto cree que además del aborto legal, seguro y gratuito es importante tener acompañamiento y asesoramiento para realizar abortos desprejuiciados donde cada una se sienta tranquila y no se sienta criminalizada por la decisión tomada. “Entendemos que la respuesta no termina en el aborto legal, sabemos que las dudas, incertidumbres y necesidades son muchas. Un aborto feminista es una historia que se puede contar con muchas voces. Vamos para cambiar las historias de todos esos abortos oscuros. El aborto puede ser un momento amoroso, en casa, con amigas, tomando mate, con las socorristas del otro lado”, cierra.
Nov 4, 2020 | Comunidad, Novedades
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), junto al Centro de Proyecto, Diseño y Desarrollo (Ceprodide) de FADU-UBA, desarrolló una máquina para ensachetar y pasteurizar leche en origen. El proyecto realizado en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, permitirá bajar los costos del producto al momento de llegar a las góndolas.
En las principales cadenas de supermercados un litro de leche de las primeras marcas ronda los 60 y 70 pesos. Según cifras publicadas por Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), el precio por litro de leche al productor, hasta junio del 2020, era de 19.35 pesos. En este sentido es importante, tener en cuenta que la situación de los pequeños productores del sector no es la misma que la de las grandes empresas. “Los productores no alcanzan a abastecer lo que las grandes empresas solicitan. No se paga lo suficiente tampoco como para poder cubrir los costos. Alimentar a los animales es caro, mantener la producción tiene un costo que no es bien remunerado. Si un tambero chico o familiar decide ampliar sus instalaciones o su producción, no alcanza a cubrir los costos porque lo que le pagan al productor es bajo”, advierte Ingrid Barragán, integrante de la cooperativa La Comunitaria en General Pico, La Pampa.
Eva Verde, coordinadora de Asesoramiento en Gestión a Unidades Productivas de la Secretaría de Economía Social expresa que “lo que tiene de novedoso esta maquinaria es que primero pone la leche en sachets y después hace el proceso de pasteurizado. En el sistema tradicional de ensacheteado lo que se hace es primero pasteurizar y después ir al sachet. Esto cambia el protocolo y lo que brinda es mayor seguridad para los casos de la pequeña agricultura”.
Uno de los puntos centrales de este proyecto es el abaratamiento de los costos. Se llevará a cabo en el marco de un mercado de cercanía. Eva Verde expresa que “la leche en la Argentina, aproximadamente y en promedio, recorre 700 kilómetros. Desde el tambo pasa el camión, este lo lleva a la usina láctea, hace su proceso de pasteurización y ensachetado y luego la reparten en comercios y supermercados”. La ensachetadora permite pasteurizar en el mismo lugar en donde se encuentra la leche de campo y se trasladará en un máximo de entre 6 y 10 kilómetros. Por lo tanto, el impacto ambiental del proceso será menor.
El principal problema que incide en el valor o precio final de la leche es la intermediación. Se estima que la leche, gracias a este proceso de ensachetado y pasteurizado en su lugar de origen, podría encontrarse hasta un 30% por debajo del precio de góndola. Eva Verde explica, “todos los costos de la máquina, mantenimiento, insumos, testeos para cuestiones bromatológicas, desplazamiento y logística para llevar el producto a los mercados de cercanía son aproximadamente 11 pesos más. Con lo cual hoy sería 37 pesos, aproximadamente, el litro de leche”. Se apunta a que ese productor o productora pueda ganar un poco más. Por lo tanto, hay margen para que pueda ganar más por el litro de leche que produce, tengan un mejor ingreso. Daniel Arroyo, Ministro de Desarrollo Social de la Nación, afirmó en una entrevista con Radio 10 que se está intentando llevar el precio del litro de leche por debajo de los 40 pesos, aunque este precio variaría dependiendo la zona en la que nos situemos.
La situación del sector lechero es delicada, se estima que, durante 2019, según cifras publicadas por OCLA, cerraron casi 1000 tambos. Pamela Mackey, integrante del Frente Popular Darío Santillán del Valle de Conlara, San Luis, advierte que “por un montón de condiciones, acceso a la vivienda, salud y valorización de su producción, muchas familias campesinas terminan yéndose del campo a la ciudad. En ese sentido, nos parece que un punto importante en cuanto a políticas que pueden faltar para poder apoyar a este sector tiene que ver con el acceso de la tecnología para la agricultura familiar para facilitar esos trabajos”. Por su parte, Ingrid Barragán destaca la importancia de esta herramienta para los productores, siendo esta una puerta a la reactivación de la agricultura familiar. “Poder poner en marcha un sistema de mercado de cercanía en las localidades es una herramienta muy importante, más en el contexto en el que estamos. Es gratificante saber que los productores pueden garantizar leche de calidad nutricional inocua a precios populares al público de las localidades”.
Desde el Ministerio de Desarrollo de la Nación informaron que se armarán 13 pequeñas fábricas en seis provincias. “Arrancamos en Buenos Aires y seguiremos por Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Estas unidades productivas tienen una capacidad de procesamiento de mil litros de leche por día”, señalaron. A su vez, Eva Verde agrega que la ensachetadora es una máquina sencilla, “lo que han hecho los técnicos del INTA fue adaptarse a las formas de trabajar del pequeño agricultor y fabricar una máquina que funcione a escala pequeña porque la mayoría de las escalas de esachetadoras son mucho más grandes y funcionan a gran escala”.
Gabriela Inés Benoya, Coordinadora del Área de Procesamiento, análisis físicos y sensoriales del INTA afirma que la leche que llega al consumidor llegará de manera segura. “Estamos facilitando a los consumidores la posibilidad de acceder a un alimento sano y nutritivo, como es una leche hecha en su lugar de origen, que cumpla con las condiciones sanitarias y que se venda de manera local. Vamos a garantizar las condiciones de salubridad a través de lo que es la pasteurizadora familiar y el espacio de comercialización”, agrega Pamela Mackey. Verde advierte que “además de ser más barata y estar a disposición de una población que necesita un alimento más accesible y barato, es una leche de muchísima calidad”.
Es importante resaltar, según afirma Ingrid Barragán, que “la problemática a la que se enfrentan los productores es que no pueden comercializar directamente al público de una manera segura porque no hay una habilitación que garanticen las normas de inocuidad y calidad de la leche”. Lo que esta ensachetadora generaría entonces son condiciones para que los productores puedan comercializar sus propios productos de manera segura.
Verde afirma que la ensachetadora genera muy poco desperdicio y que, en el marco del plan Argentina Contra el Hambre, resulta esencial poder hacer accesible el alimento. Mackey, por su parte, resalta la importancia de un trabajo autogestivo y vinculado a la producción de alimentos sanos y agrega: “En ese sentido, entre los cinco territorios que estamos participando, en Piedra Blanca, San Luis, estamos terminando de construir un mercado popular donde se va a vender alimentos sanos producidos por nosotros y por organizaciones amigas”. Además, los productores podrán utilizar esta máquina para producir otro tipo de alimentos teniendo como materia prima la producción de leche. Ingrid Barragán expresa que van a intentar darle un valor a la producción mediante la producción de quesos de distinto tipo.
El proyecto entonces llegará a seis provincias y según Eva Verde, esperan poder acompañar este proceso y poder aportar desde una triple mirada: la generación de trabajo, apuntar a un alimento esencial accesible, a un precio justo y poder hacer accesible la tecnología a los pequeños productores. Ingrid Barragán advierte que es importante el acompañamiento por parte de políticas públicas en donde a los tamberos de líneas familiares, o de baja escala, puedan acceder a líneas de créditos específicos para que puedan mejorar sus instalaciones, comprar animales para producir o conseguir alimentos para los mismos. “Creemos que es importante que haya un acompañamiento desde las políticas públicas para poder reactivar toda esta producción familiar que ha sido muy golpeada estos últimos años”, asegura.
Oct 21, 2020 | Géneros, Novedades
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que los casos de violencia de género digital en época de pandemia se triplicaron. La violencia contra las mujeres es un fenómeno que durante los últimos años obtuvo gran presencia mediática, gracias a las constantes manifestaciones y reclamos por parte de distintas organizaciones que vienen denunciando este tipo de violencia hace décadas.
Si bien la cifra de femicidios se encuentra lejos de descender, según números publicados por La Casa del Encuentro, durante el período entre el 1 de mayo de 2019 al 30 de abril de 2020 se registraron más de 300 víctimas de femicidios, travesticidios y transfemicidios en la República Argentina. El fenómeno de la pandemia tampoco fue de ayuda para estos casos, mostrando que la violencia de género se puede intensificar en este período, debido a la convivencia que muchas víctimas se ven obligadas a cumplir en marco del aislamiento social obligatorio. El Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación publicó que entre el 1 de enero al 31 de julio de 2020 se registraron 168 víctimas de femicidio.
Con la llegada de la pandemia muchas actividades se trasladaron al ámbito digital. Videollamadas, reuniones virtuales, clases en línea y home office. Mariana Marques directora de Política y Justicia Internacional en Amnistía Internacional Argentina afirma que las redes sociales e internet, en general, son una extensión del debate público y que de la misma manera en la que las mujeres sufren violencia de género en las calles o en sus casas, la sufren en las redes sociales: “No es un tipo de violencia nueva, sino una forma diferente en la que esa violencia se manifiesta”.
Pero ¿qué es la violencia de género digital? “La violencia de género es la misma, el tema digital es el soporte. Es a través de qué medios se manifiesta. Puede ser desde una violencia psicológica, como insultos o maltratos a través de medios electrónicos. O puede ser el acoso y hostigamiento, como también la difusión de imágenes sin autorización. Todo eso configura el contexto de la violencia digital”, afirma Silvina Lico, abogada y parte del Programa de Atención de Niñez y Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
Según lo publicado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Violencia contra la mujer en el entorno digital, la violencia de género en línea “son aquellos actos cometidos, instigados o agravados, en parte o totalmente, por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, a través de teléfonos móviles, internet, plataformas de redes sociales, correo electrónico o cualquier otro medio de transmisión de datos”. Lico agrega: “Lo interesante es que hoy todo lo que es acoso u hostigamiento aun siendo digital ya configura un delito en la Ciudad de Buenos Aires”.
Según un relevamiento publicado por Amnistía Internacional Argentina 1 de cada 3 mujeres ya han experimentado una situación de violencia en las redes sociales; 26% de las mujeres víctimas de violencia o abuso en las redes sociales recibió amenazas directas y/o indirectas de violencia psicológica o sexual. De las mujeres que han experimentado algún tipo de violencia, el 39% sintió su seguridad física amenazada. “Ahí ya salimos de una órbita online. El 24% sintió la inseguridad física de algún miembro de su familia afectado. Muchas sintieron efectos psicológicos, como sucede con los abusos y los casos offline. Ataques de pánico, estrés, disminución de su autoestima, dificultad para dormir”, agrega Marques. Otras maneras en las que la violencia de género puede manifestarse es a través del ciberacoso, o el hostigamiento digital, amenazas, difusión de material íntimo sin consentimiento, conocido como “sextorsión” o “pornovenganza” (en el caso de intercambio de fotos íntimas y la difusión de estas sin el debido consentimiento), suplantación de identidad y discursos de odio.
Ivana Otero, es antropóloga y su trabajo se especializa en feminismos y violencia de género. Trabaja en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y forma parte de “Colectiva de Antropólogas Feministas”. Para ella, “hablamos de violencia de género cuando es un patrón no consensuado por la persona que lo recibe. La violencia de género digital en este momento de la pandemia por supuesto que se ve incrementada, porque es la manera en la que nos estamos comunicando. Existen diferentes tipos de violencia digital que se incrementan por el anonimato que dan las redes. Cualquiera puede postear lo que se le dé la gana y eso trae aparejados problemas, todo dentro de una estructura patriarcal”.
Lico coincide en que durante la pandemia se dan distintos tipos de violencia y distintas modalidades. “Con las restricciones de contacto y de circulación lo que se puede observar es que la violencia se canalizó por lo digital porque toda la vida de todas las personas ahora está canalizada hacia este medio”, describe.
Hay otro efecto que no tiene tanto que ver con la salud física y mental de las mujeres, pero es igualmente preocupante, cómo esto impacta en su libertad de expresión y al acceso a la información. El 70% de las mujeres que sufrió abuso o violencia en las redes sociales hicieron algún cambio en la manera en la que se manejan en las redes después de haber pasado por esa experiencia. Marques advierte que “estos cambios pueden ir desde alterar mecanismos de protección de filtros, por ejemplo, que limita la capacidad de interacción con determinados usuarios (que es un mecanismo válido para protegerse) pero a su vez limita las posibilidades de interacción y diversidad de voces que podes escuchar o interactuar en las redes sociales. Incluso hay personas que dejaron por completo las redes sociales después de haber pasado por esas experiencias”.
Es importante también comprender el rol que las distintas plataformas tienen a la hora de intervenir en situaciones de violencia. “Las plataformas tienen mecanismos contra este tipo de ataques, lo que pasa es que hoy no son transparentes en decir qué tipos de ataques sus políticas protegen. Qué tipos de contenidos pueden ser denunciados y protegidos o qué tipos de herramientas tienen para que la mujer se proteja”, agrega Mariana.
Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para tomar conciencia y educar respecto de la violencia de género en línea? Sobre esto, Lico afirma que la ley de Educación Sexual Integral es una herramienta muy útil “parece que siempre el feminismo repitiera lo mismo, pero la base de todo es la educación. Entender que lo que quizás es un chiste o broma chiquita cuando se difunde a través de medios sociales la reproducción es de a millones. Entender que, si uno no reproduce, si no manda un mensaje, está evitando ser o formar parte de una violencia colectiva. Hay que empezar en la edad más temprana posible”.
Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, además de un Programa de Género, hay un Programa Especial de Datos Personales en donde suelen trabajar en conjunto con casos de violencia de género digital. “Si configura un delito, que puede ser acoso, hostigamiento o algún tipo de amenaza se puede hacer una denuncia judicial”, afirma Lico y agrega que “El 144 es un número super útil para asesoramiento y acompañamiento, pero no es un lugar de denuncia. El 0-800-fiscal sí es un número donde a partir de la llamada y brindar los datos genera un expediente penal para perseguir el delito o evaluar si existe o no un delito de lo que se está denunciando”.
Marques asiente que la violencia contra las mujeres puede ser pandémica por su dimensión y alcance. “Es un tema más grave que nunca. Antes de la pandemia, para muchas mujeres las redes sociales son la única forma que tienen para movilizar, contar o expresar sus opiniones sobre lo que está sucediendo en el mundo. No sólo son plataformas valiosas para acceder a información. Con la violencia y su efecto silenciador se las aleja de las plataformas y limita sus derechos a la libertad de expresión”.
El 144 es un número gratuito al que se pueden comunicar las 24 horas del día para recibir asesoramiento y acompañamiento si alguien está siendo víctima de algún tipo de violencia. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también agregó un número para enviar denuncias vía WhatsApp: 11-5050-0147. Además, el 0800-33-FISCAL (347225) atiende las 24 horas o también puede hacerse vía mail a denuncias@fiscalias.gob.ar
