Feb 22, 2018 | Trabajo, Vidas políticas
Una multitud que, para los organizadores, rozó las 400 mil personas, le dio forma ayer al acto convocado inicialmente por el Sindicato de Camioneros, al que se sumaron otras organizaciones sindicales de la CGT y las dos CTA y movimientos sociales, en contra de la política económica del gobierno nacional. Con el escenario en las avenidas 9 de julio y Belgrano, mirando al sur, el líder histórico del Sindicato Camioneros, Hugo Moyano, tomó la palabra a las 15.15. “Dicen que vienen a respaldar los problemas legales que yo tengo. No estoy implicando en ningún tema de corrupción, por ahora. Pero les quiero aclarar lo siguiente, si tuviera un problema tengo las suficientes pelotas para defenderme yo solo”, enfatizó al comienzo de su discurso.
Moyano remarcó que “el objetivo es decirle al gobierno que no siga llevando adelante políticas que hambrean a la parte más sensible de nuestra sociedad, a nuestros queridos jubilados, los han engañado con la reparación histórica”. Sobre la política económica opinó que es para perjudicar a los que menos tienen, a los trabajadores, a los más pobres, a los jubilados. “La responsabilidad que nosotros tenemos es defender a todos esos sectores de la sociedad”. Finalizó su discurso sin mencionar la reforma laboral ni las paritarias del 2018.
Facundo Moyano, diputado de UNA, acompañó a su padre y habló con ANNCOM. “El gobierno va a intentar desprestigiar y descalificar a los dirigentes sindicales, es la única que les queda. Pero la masividad del acto es la respuesta a todo eso que pretende el gobierno”. Sobre la alianza sindical que tiene el gobierno con algunos gremios, el diputado dijo: “Llamativamente son los mismos que estaban alineados con el gobierno anterior, esperemos que eso no le sea suficiente al gobierno para implementar un ajuste”.
El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, también estuvo en el acto. En medio de la negociación salarial con la provincia de Buenos Aires afirmó que la multitud que se movilizó ayer le da sostén y confianza a la hora de negociar el salario docente. “Unidos y con los trabajadores en la calle somos invencibles”, arengó. Sobre el comienzo de clases dijo que la preocupación de los docentes es comenzar las clases el 5 de marzo y le exigió al gobierno que dé muestras de querer arrancar el 5.
Los oradores previos al principal convocante del acto fueron Juan Carlos Schmidt, triunviro de la CGT y dirigente de Dragado y Balizamiento; Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria; Pablo Micheli, secretario general de la CTA Autónoma; Esteban Castro, secretario general de CTEP y Hugo Yasky, secretario general de la CTA y diputado.
Durante sus discursos llamaron a la unidad de la clase obrera, criticaron las políticas económicas del gobierno, incentivaron al paro internacional de mujeres para el 8 de marzo y reprobaron el manejo salarial de los trabajadores estatales. “Los compañeros del Estado que acá en Buenos Aires les ponen el revolver del despido en la cabeza para obligarlos a aceptar a el 12 por ciento. Lo que pide cada despedido es poder trabajar con dignidad”, manifestó Yasky.
El bloque de diputados de Unidad Ciudadana salió a las 13 desde el Congreso. La diputada Gabriela Cerruti opinó que Moyano y Cristina Kirchner tuvieron diferentes momentos en las construcciones políticas y que hay que hacer alianzas estratégicas porque el límite hoy es el macrismo.
Si bien desde el gobierno de la Ciudad habían anunciado que la policía tenía órdenes de actuar en caso de que se dañe el espacio público, la desconcentración fue tranquila, sin necesidad de la intervención policial. Al finalizar el acto sonaron «Ji Ji Ji» y «Un Ángel para tu Soledad” de Los Redondos.
Dic 14, 2017 | DDHH, Novedades
El colectivo Historias Desobedientes y con Faltas de Ortografía reúne a hijas, hijos y familiares represores por la memoria, verdad y justicia. “Liliana Furió (hija de un militar) me contactó por las redes sociales en mayo del año pasado y empezamos con esto juntas”, recordó Analía Kalinec, la hija del condenado a prisión perpetua Eduardo Emilio Kalinec, conocido como el Doctor K. “Pensamos que nadie más estaba pasando esa situación”, señaló.
“Si el Estado en su normativa interna tiene normas que prohíben y nulifican medios o fuentes de prueba debe cambiarlo”, dijo Pablo Verna.
Junto con Liliana, Analía comenzó a buscar a otros hijos e hijas de militares en las redes sociales. “Laura Delgadillo comentó en la nota de la hija de Etchecolatz, de la revista Anfibia, y es ahí donde la contacté”, recordó.
El 7 de noviembre pasado, el colectivo presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de reforma a los artículos 178 y 242 del Código Penal Procesal de la Nación “para que las prohibiciones, de esos artículos, de declarar y denunciar en contra de nuestros familiares, no corran para los crímenes de lesa humanidad”, explicó Pablo Verna, hijo de Julio Alejandro Verna, médico y ex capitán del Ejército. “Esas prohibiciones entran en conflicto con la obligación internacional que dice que en los crímenes contra la humanidad los Estados partes están obligados a investigar, juzgar y sancionar”, expone Verna y aclaró: “Si el Estado en su normativa interna tiene normas que prohíben y nulifican medios o fuentes de prueba debe cambiarlo, en esa medida se está incumpliendo”.
“Vemos que hay una intencionalidad política y un cambio de dirección en lo que se venía haciendo y en los logros que se fueron consiguiendo”, dijo Analía Kelinec sobre la política de DDHH actual.
El padre de Analía fue oficial ayudante de la Policía Federal. En 2015 quedó firme la condena a perpetua por participar en interrogatorios y torturas en los centros Atlético, El Banco y El Olimpo. “Crecí en una ignorancia total”, confesó la hija del Doctor K. La primera vez que el padre de Analía quedó detenido fue en 2005. “Hasta ese momento jamás lo había relacionado con la dictadura, estuve dos años diciendo que era todo mentira”, resaltó y agregó: “La última vez que lo vi, en Devoto, lo increpé, fue en 2008. Le dije que leí la causa y los testimonios y le pregunté si fue parte. Él me respondió: No, bueno fue una guerra y no es así como dicen, fueron siete mil. ¿Qué me estás diciendo?, le dije. No bueno, pero vos imaginate, nosotros sabíamos que alguien había puesto una bomba en un lugar y le teníamos que sacar información para salvar más vidas, dijo, intentando justificar las torturas. A partir de ahí no lo vi nunca más”.
En mayo de este año, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de aplicar lo que se conoce como “ley del dos por uno” a condenados por delitos de lesa humanidad. Otros en la misma condición, como Luis Patti, con doble condena a perpetua o Antonio Musa Azar, ex jefe de Inteligencia de la policía de Santiago del Estero, cuatro veces condenado, recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria. “Nos convocó el cambió de sentido en materia de derechos humanos que se viene impulsado desde el Gobierno”, enfatizó Analía Kalinec. “Nosotros vemos que hay una intencionalidad política y un cambio de dirección en lo que se venía haciendo y en los logros que se fueron consiguiendo”, opinó. Kalinec definió el fallo del dos por uno como un “intento fallido de una amnistía encubierta”. Pablo Verna define la situación como “el Happy Hour del horror”.
“A mi familia no le interesa escuchar lo que yo pienso sobre la última dictadura”, remarcó Kalinec. Y expresó que el mandato familiar es “aceptar lo que hizo su papá, que estuvo bien y defendió a la patria” o negar y “hacerte la tonta” y ratificó que ella no podía seguir ninguna de esas dos opciones.
“Me fui oponiendo a él a medida que pasaban los años y sucedían circunstancias muy dolorosas”, cuenta Bibiana Reibaldi.
Distinta es la historia de Bibiana Reibaldi. La dictadura-cívico militar comenzó cuando ella tenía 20 años y estudiaba Psicología en la Universidad de Buenos Aires. “Ya tenía un criterio formado, que no se parecía al de mi papá”, recuerda. Su padre, Julio Reibaldi, fue oficial de Inteligencia y analista. “Era el que ubicaba a las personas que después iban a secuestrar y organizaba los grupos que hacían esos trabajos”, detalló Reibaldi. En 1978 ella comenzó a estudiar psicopedagogía en la Universidad del Salvador. “Ya para esos años me daba mucha vergüenza explicar a qué se dedicaba mi padre”, agrega. “Me fui oponiendo a él a medida que pasaban los años y sucedían circunstancias muy dolorosas que ameritaban que yo tomara una posición contraria a su accionar”. Julio Reibaldi murió en 2002 sin ser juzgado penalmente.
Desde el colectivo luchan contra el mandato de silencio que sufrieron en la dictadura, y ahora en democracia continúa con la imposibilidad de denunciar penalmente a sus padres. “Era muy fuerte, no se hablaba en la familia de lo que pasaba”, señala Reibaldi. Para dejar de lado ese mandato, buscan reformar los artículos 178 y 242 del Código Procesal Penal de la Nación para poder aportar, judicialmente, a la memoria, la verdad y la justicia.
Actualizado 12/12/2017
