Mar 2, 2021 | Comunidad, Novedades
Estudiantes, docentes y directivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires regresaron presencialmente a las aulas después de un año de virtualidad escolar. Según las cifras del gobierno porteño, el miércoles 17 de febrero se abrieron 739 establecimientos de nivel inicial, 886 escuelas primarias y 492 secundarias que suman 370.493 estudiantes sobre un total de la matrícula de 785.152. Sin embargo, al comenzar las clases cientos de imágenes circularon en los medios de comunicación y en las redes sociales mostrando el incumplimiento de medidas básicas de higiene. A esto se le suma los resultados del informe sobre los protocolos escolares realizado en el Observatorio del Derecho a la Ciudad por el Presidente de la organización Jonatan Baldiviezo, en colaboración con la ingeniera María Eva Koutsovitis y el investigador y periodista Alejandro Volkind.
Tras comenzar las clases y durante una conferencia de prensa, Horacio Rodríguez Larreta confirmó la vuelta de la presencialidad escolar como una meta cumplida: “Estábamos convencidos de la necesidad de que los alumnos volvieran a las clases en forma presencial y cuidada. Por eso a principios de noviembre del año pasado asumimos el compromiso y hoy lo cumplimos”. Pero el escenario fue distinto cuando los estudiantes regresaron a las aulas. En conversación con Télam, gremios docentes como UTE y Ademys, así como madres y padres de los alumnos señalaron que la vuelta a las instituciones fue desorganizado y se notó la falta de elementos de higiene y obras de infraestructura sin terminar. La escena contrasta con las millonarias contrataciones que, sin licitación pública, realizó el Ministerio de Educación porteño con cuatro empresas de limpieza, a las que les otorgó casi $1.000 millones de pesos en los últimos seis meses para la vuelta a las clases presenciales.
La coordinadora de la cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, María Eva Koutsovitis, diálogo con ANCCOM sobre el retorno de las clases y las contrataciones que hizo el GCBA: “Acá podemos ver la falta de insumos escolares y la precariedad de los colegios, a la par de los negocios que realiza el Jefe de Gobierno”.
El 66% de las aulas no cuenta con ventilación cruzada y sólo el 32% de los bancos son individuales.
Según el informe realizado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el 5 de septiembre del 2020, el Gobierno porteño realizó contratos con empresas de limpieza por 1.000 millones de pesos y compró insumos por 50 millones para adquirir servicios de provisión e instalación de dispensadores de jabón líquido, papel higiénico y de refuerzo de personal para desinfectar los espacios. “Estas contrataciones fueron prorrogadas en diciembre por dos meses –añade la ingeniea-, lo que implicó un nuevo desembolso de más de 300 millones de pesos, lo que da un total de más de 1.000 millones de pesos otorgados a estas cuatro empresas de limpieza. A esto se le suma las contrataciones directas para adquirir alcohol en gel, máscaras de protección facial, termómetros corporales a distancia, tapetes sanitizantes, guantes y pulverizadores”. Entre las empresas contratadas directamente se destaca Marketing Dimension SA, que ya había sido elegida por el gobierno porteño para brindar el servicio de producción del evento “Buenos Aires Playa 2019”.
Cabe recordar que a fines del 2020 la legislatura porteña sancionó la Ley de Compre Social que beneficia a las organizaciones populares. “Este decreto -explica Koutsovitis- fomenta el trabajo de las cooperativas y de la economía popular a través de las compras que realiza el Estado. Por lo tanto, estos arreglos eran una gran oportunidad”.
La vuelta presencial también dejó en evidencia la falta de inversión en infraestructura escolar: según el análisis presupuestario realizado a principio de año por los equipos de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), el rubro educativo pasó de percibir, en 2015, un 23,1% del total de los gastos proyectados por el Ejecutivo a un 19,4% durante este año. Además, el gremio realizó un relevamiento en más de 600 establecimientos educativos donde evidenció que el 66% de las aulas no cuenta con ventilación cruzada y sólo el 32% de los bancos son individuales. A estos datos, la especialista agrega que “el 60% de los establecimientos tiene un único ingreso y en más del 70% las instalaciones sanitarias son inadecuadas. Hay casos muy emblemáticos, como la escuela N° 19 del barrio Ramón Carrillo, que cuando inició el retorno a la escuela se encontraba sin agua corriente”.
“Vemos falta de insumos escolares y precariedad de los colegios, a la par de los negocios del Gobierno”, dice Koutsovitis.
Como plan de lucha, en las escuelas se conformaron comités de seguimiento integrados por los distintos actores de la comunidad que corroboraron que no estaban dadas las condiciones sanitarias para un retorno seguro. Desde UTE detallaron: «Como lo veníamos sosteniendo, no era posible el eslogan de Larreta: ‘Todos los días, todos los chicos, todas las horas’. Por eso ante el desapego del Gobierno por las normas de cuidado, quienes hacemos posible la educación nos pusimos al hombro en cada escuela esa tarea de protección de estudiantes, docentes y familias. Estuvimos presentes en este inicio de clases garantizando la entrega de alimentos, haciéndonos cargo con nuestros propios ingresos de la conectividad y las clases virtuales. En síntesis: los docentes estábamos listos, los edificios escolares, no».
En las primeras semanas, el último informe difundido por los centros de testeo a docentes de escuelas públicas y privadas da cuenta de 304 casos positivos. En este contexto, Koutsovitis considera fundamental que el gobierno porteño realice un relevamiento detallado de la infraestructura escolar: “Necesitamos que transparente la información y que, de manera consensuada con el conjunto de la comunidad educativa, lleve adelante un programa de adecuación y construcción de nuevos establecimientos garantizando adecuadas instalaciones en los ingresos y egresos con ventilación, bancos individuales en las aulas, señalética adecuada. También se debe asegurar al conjunto de estudiantes y docentes conectividad y equipamiento electrónico adecuados”.
Feb 9, 2021 | Culturas, Novedades
La casa de Versalles donde se filmó Esperando la Carroza cuenta con una placa conmemorativa colocada por la Legislatura.
Esperando la carroza, el clásico del cine argentino dirigida por Alejandro Doria, contó con un bajo presupuesto y gran parte del rodaje se realizó en apenas una manzana en el barrio de Versalles. Sin embargo, su influencia se expandió por todo el país con frases como “yo hago puchero, ella hace puchero, yo ravioles, ella hace ravioles”, “qué duda cabe” o “tres empanadas para dos personas”. El fanatismo por la película depertó las juntadas temáticas en las que participan miles de personas y que desembocó en un documental estrenado la semana pasada bajo el título de Carroceros.
En diálogo con ANCCOM, el cineasta Mariano Frigerio explicó que en principio su idea era hacer un cortometraje, pero al acercarse a la casa junto con la productora y guionista Denise Urfeig se encontraron con un mundo de fanáticos autodenominados “Carroceros”: “Nos llamaba la atención que el fanatismo en el país está siempre asociado al deporte y no a una serie o película, por eso, desde primer momento nos dimos cuenta que la historia de los carroceros era lo que queríamos mostrar”.
Al buscar en las redes sociales, ambos se encontraron con grupos de miles de carroceros, como la Asociación de Enfermitos de Diálogos de «Esperando la Carroza», la Asociación de Fanáticos de “Esperando la Carroza” en HD, ambos con más de 20 mil suscriptores y Esperando la Carroza Remasterizada, con 538.120.
Los directores de Carroceros, Mariano Frigerio y Denise Urfeig.
A su vez, el documental Carroceros cuenta con la participación de los protagonistas que se asombraron al ver la locura de estos fanáticos por la película. Antonio Gasalla, incluso. aportó material inédito sobre el maquillaje para su inolvidable papel de Mamá Cora, protagonista del film.
A pesar de que la película original no había tenido buena aceptación y fue catalogada por la prensa como “grotesca” y “grosera”, Frigerio explica que fue esa misma crítica la que cobró sentido con los años, convirtiéndola en un fenómeno transgeneracional: “El humor negro y políticamente incorrecto también fue ganando terreno en la sociedad, hoy la mayoría de los carroceros son pibes jóvenes que les encanta reírse de los personajes por sus comentarios irreverentes y horrendos”.
El documental está disponible en la plataforma play.cine.ar donde la suscripción es gratuita y el alquiler del film es de 30 pesos. Se puede ver desde cualquier computadora o teléfono.
Mariano Frigerio, el director de Carroceros, junto a Antonio Gasalla, protagonista de Esperando la Carroza.
Ene 28, 2021 | Novedades, Trabajo
La pandemia demostró, una vez más, el rol esencial de los medios de comunicación a la hora de informar. Sin embargo, el trabajo de los periodistas se precarizó a medida que avanzó el desarrollo de las tecnologías de la comunicación. Los periodistas de medios digitales se multiplican para cubrir tareas como redacción en distintos formatos, correcciones, fotografía, edición de audios, videos, textos, subida de material, manejo de redes y demás funciones que antes se distribuían en equipos completos.
El trabajo periodístico está enmarcado en la Ley 12.908, llamada Estatuto del Periodista Profesional. Debido a la precarización en aumento, la Unión de Trabajadores de los Medios Digitales solicitó la creación de una normativa que contemple las nuevas realidades y derechos ya que este tipo de tareas no se encuentra incluido ni representado en los contratos vigentes como Ley de Plataformas Digitales, la Ley de Medios o la Ley de Teletrabajo. En la actualidad, el gremio está conformado por más de 250 mil trabajadoras y trabajadores que hacen una gran cantidad de tareas en simultáneo.
En representación del sindicato y para ampliar los detalles del reclamo, Pablo Ceccarelli, periodista y primer Secretario General del sindicato, explicó: “El exponencial crecimiento de los medios digitales conlleva también la precarización laboral de los trabajadores bajo formas encubiertas de relación laboral: colaboradores, independientes, monotributistas, becarios, pasantes, etc. que trabajan en medios de comunicación digitales de los cuales, algunos de ellos, ni siquiera tienen un editor responsable”.
Uno de los derechos que exigen se trata del derecho a la desconexión digital fuera de los horarios de trabajo que contempla la Ley de teletrabajo. “Los trabajadores de medios digitales –agrega el representante gremial- tienen el derecho a igual remuneración por igual tarea y no podemos ser el comodín de un medio de prensa digital”.
En un contexto en el que los medios tradicionales no saben cómo competir contra plataformas que utilizan contenidos de terceros para ubicar publicidad, los periodistas se vuelven un eslabón débil de la cadena, sobre el que presiona el sistema para sobrevivir. Por este motivo, son pocos los profesionales asalariados en los medios, mientras que la mayoría deber recurrir a otros emprendimientos comunicacionales, docencia, entre otras ocupaciones. A esto se le suma los desafíos laborales de cubrir eventos o noticias vinculadas al coronavirus con pésimas condiciones sanitarias.
Ene 25, 2021 | Comunidad, Novedades
El 21 de octubre pasado la Cámara Federal de La Pampa recurrió al Ministerio Público por el matrimonio forzado de una joven de quince años integrante de la comunidad gitana. La causa se inició el 12 de mayo cuando una asistente social de Santa Rosa realizó una denuncia ante la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia a partir de la confesión de la joven. La profesional narró que se acercó al domicilio para continuar con su asistencia pero su madre le informó que ya no vivía allí porque se había casado con un miembro de la comunidad. El equipo conversó con la adolescente y remitió un informe que concluyó con indicios de maltrato familiar, estado de vulnerabilidad subjetiva y sociocultural en la entrevistada, factores de silenciamiento y condicionamiento en su relato y riesgo psicofísico, entre otras cuestiones.
Por ello, los camaristas Silvia Fariña y Roberto Amabile insistieron en investigar ciertos indicadores del testimonio de la niña, aunque por razones legales no pudieron conversar con ANCCOM. En su declaración, Amabile sostuvo que “cualquier forma de unión forzada, aun bajo rituales o costumbres culturales, importa el supuesto de la ley que implica obligar a una persona a contraer matrimonio o cualquier tipo de unión de hecho que presente análogas características al matrimonio y que tenga como finalidad cualquier forma de explotación; en especial, en el caso del matrimonio infantil dado que no se cuenta con el consentimiento pleno, libre e informado de una de las partes o de ninguna de ellas”.
Juan Carlos Domínguez Lostaló, representante argentino del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente afirmó, en diálogo con Infojus, que “hay fenómenos culturales que se pueden transformar en delito”. La llegada de los derechos humanos como eje transversal en toda práctica social y cultural, obliga a especialistas jurídicos a revisar las normas culturales. Domínguez Lostaló resalta la complejidad de rever las costumbres de las diversas comunidades y agrega que «esto no es un problema de género ni de cultura, son cosas que hay que hablarlas y en profundidad, porque estás contra siglos de costumbres. Las transformaciones son lentas, pero tenemos que por lo menos aumentar las condiciones de dignidad de las personas, de no discriminación de grupos o sectores vulnerables”.
Frente a esta situación, ¿cuál es el límite entre el derecho a la identidad cultural que tiene una comunidad y los derechos humanos? ¿En qué momento se deberían invocar los derechos humanos universales frente al respeto por la diversidad de tradiciones? Para analizar la situación, ANCCOM dialogó con Jorge Emilio Nedich, escritor, referente de la comunidad gitana en Argentina, quien también fue citado por las fiscalías de La Pampa: “Acá hay una realidad: si la chica no quiere casarse no la pueden obligar y la comunidad tiene que entender que no hay discusión, los derechos humanos están por encima de las personas, y por encima de las leyes argentinas están los derechos humanos”. En este sentido, en la actualidad, muchos países siguen permitiendo los matrimonios forzados con menores de edad. Según el informe Estado de la población mundial 2020 de la ONU: “De los 107 millones de niñas que viven en América Latina y el Caribe, 60 millones están casadas antes de cumplir los 18 años”.
El arreglo de los matrimonios y la compra de la novia en la comunidad gitana siguen existiendo, sobre todo en las familias más tradicionales. Con el consentimiento de sus padres y cumpliendo con el arreglo, el novio paga la dote. Nedich detalla que gradualmente la comunidad va entendiendo la ilegalidad de los matrimonios celebrados con menores de edad: “El gitano fue tomando ciertas normas culturales que han hecho revisar la edad de estos casamientos, pero es verdad que aún quedan familias conservadoras”. A su vez, el escritor manifiesta que en la comunidad hay una fuerte violencia patriarcal vinculada a la falta de educación: “Hay 40 % de personas indocumentadas que no reciben ningún tipo de educación formal, el Estado los excluye del sistema educativo y es por eso que no tienen conocimiento de sus derechos ni los del otro”. Al no estar capacitados, no cuentan con un trabajo formal por lo cual tampoco tienen acceso a un sistema de salud, aportes, ni acceso a créditos.
Por su parte, la Voria Stefanovsky, gitana e integrante del Observatorio de Mujeres Gitanas y pareja de Nedich, organizó a finales de septiembre de este año, el Congreso Internacional “Educación, Derechos e Igualdad para el Pueblo Gitano”. Allí, explicó no solo la realidad de la comunidad sino también las desventajas de ser mujer en ella. Las mujeres, pero sobre todo las niñas, se ven mucho más perjudicadas y discriminadas en la educación formal, ya que suelen salir antes de la escuela por cuestiones vinculadas al género. Para la referente, las mujeres gitanas sufren una triple marginación: por etnia, por género y por cultura. Y agrega, “Hay una manera conservadora de ver, muy tradicionalista, porque no quieren que la mujer se aculture o se enamore de un joven que no pertenece a la comunidad. Por fuera de la comunidad, antes de ver una mujer la gente ve a una gitana. Por eso estas cuestiones son una lucha a atender”.
Sin embargo, ambos entrevistados manifiestan que el problema no está solo en la falta de educación y exclusión, sino también por los estereotipos que circulan: “Se nos ve como un pueblo que viene de lejos con tradiciones paganas, entregadas al vicio, descalificando a la mujer como esposa, mujer, amiga, donde el varón gitano es ladrón o estafador. La gente tiene que entender que no todos somos así”, dice Stefanovsky. Luego agrega que entre las mujeres “hay un fuerte contenido de antigitanismo de género como la bruja, hechicera, seductora, roba niños”. Para Nedich resulta fundamental considerar al gitano y la gitana como sujetos de derecho empezando por el reconocimiento de su cultura: “La mayoría de las cosas de las que se los acusa se solucionan con educación, pero parece que invertir en educación para el pueblo gitano políticamente no garpa”.
La falta de políticas públicas y de reconocimiento cultural acompañado de estereotipos muestra la importancia de realizar cambios tanto a nivel institucional como en el imaginario de la comunidad; no solo para reconocer sujetos de derechos sino también para la promoción de los derechos de la niñez y adolescencia y la equidad de género.
Ene 19, 2021 | Comunidad, Novedades
Cuando en 2014 Facebook compró Whatsapp por 16.000 millones de dólares, la empresa prometió no compartir los datos acumulados con otras plataformas que también le pertenecen. No parecía verosímil que se hiciera tamaña inversión para una aplicación utilizada actualmente por más de dos mil millones de usuarios en el mundo, que es “gratuita” y que no muestra publicidad: la única forma de recuperar el dinero era monetizar los datos de los usuarios en otras plataformas. El tiempo demostró, una vez más, que las promesas de esta corporación no tienen mucho valor.
En 2021 Facebook parece decidido a blanquear la realidad de su negocio cambiando las condiciones de uso que todos los usuarios deben aceptar. La fecha límite inicial para aceptar las condiciones de uso o abandonar la aplicación era el 8 de febrero, pero frente a la resistencia y la migración a otras plataformas se potergó un par de meses.
Las nuevas condiciones especifican, entre otras cosas, que los datos obtenidos a través de WhatsApp se podrán utilizar en otras plataformas para, por ejemplo, decidir qué publicidad mostrar en Facebook. El único territorio donde no se aplicarán estas nuevas condiciones es la Unión Europea, donde la Regulación General de Protección de Datos (GDPR por su sigla en inglés) no lo permite.
Para el resto del mundo, la actualización de WhatsApp permitirá a Facebook compartir información los datos acumulados con otras aplicaciones como la misma red social del pulgar azul, Instagram y Messenger que incluyen número y modelo de teléfono, información proporcionada en el registro, la empresa telefónica móvil, la dirección IP que indica la ubicación de la conexión a Internet, compras o transacciones financieras. Pero ¿qué usos le dan a estos datos? ¿Es legal que una empresa imponga sus propias condiciones sin respeto por las legislaciones locales?
Carolina Martínez Elebi, Licenciada en Ciencias de la Comunicación, docente de la carrera y especialista en Tecnologías de la Comunicación, dialogó con ANCCOM para entender el cambio en la política: “En principio la lógica de estas empresas se basa en prever los comportamientos de los usuarios para entender cómo funciona la plataforma y como es apropiada por la sociedad. Una cosa es cuando lanzás un producto o servicio y otra como se pone en juego en la sociedad”.
Según la especialista esta nueva política busca generar espacios cerrados que permitan unificar la información y los perfiles de los usuarios para monetizarlos a través de la publicidad en todo el ecosistema digital de una sola empresa: “Cuando digo espacios cerrados me refiero a que se busca que dentro de la plataforma hagas todo lo que quieras hacer. Es equiparar internet con la experiencia de Facebook como una experiencia unificadora: comprás y vendés productos, te comunicas con tu entorno, ofrecés servicios, subís fotos, todo en la misma plataforma y para una misma empresa”.
La nueva medida no solo generó desconfianza respecto a la privacidad de los usuarios sino que también provocó que muchos dejaran de usar el servicio para pasarse a Signal o Telegram, que ya superó los 500 millones de usuarios. Como explica Martínez Elebi: “Suele haber en una primera instancia una reacción individual, como si cada uno pudiera tomar esa decisión para hacerle frente a estas políticas. El tema de la privacidad no puede depender de un grupo de personas porque formamos parte de una red que está conectada con otros. Yo puedo eliminar WhatsApp, pero la red de contactos que suelo usar sigue ahí, por lo que termino siendo excluida de la información que circula en estos espacios”.
No obstante, a pesar de existir formas de comunicación alternativas y seguras, el problema es mucho más profundo ya que el Estado es el que debe proteger los datos de los usuarios que son utilizados para los negocios de estas empresas. Por esto, Martínez Elebi considera que estas situaciones “deberían servir como alerta a los Estados, sobre todo en Argentina. Esto tiene que ser una decisión conjunta y no puede caer en una acción personal porque no tiene efecto”. Es lo que ocurrió en Europa, donde se impulsaron condiciones de uso del servicio y privacidad que, por ejemplo, impone reglas de protección a las empresas que quieran trabajar en esa jurisdicción y con los datos de estos ciudadanos. No alcanza con que modifiquen las condiciones de uso y los usuarios las firmen, casi siempre sin leerlas.
Respecto a la legalidad de los términos y condiciones de los usuarios, la entrevistada explica que en realidad deberían depender de las leyes y regulaciones en protección de datos que haya en cada Estado: “En Argentina, los datos vinculados a la privacidad son un tema de debate constante y en distintos niveles. Quizás fue evidente con Uber o con la App cuidAR, pero según mi criterio, WhatsApp debería cumplir con la Ley de Protección de datos personales vigente en nuestro país”. En Argentina, la Dirección de Datos Personales depende de la Agencia de Acceso a la Información Pública.
Respecto a la ley vigente en materia de datos en el país, la especialista sostiene que, para que haya intercambio de datos, tiene que haber una ley homologada en un estándar mínimo de protección. También aclara: “Habría que ver qué pasa con los datos de operatividad que necesita whatsApp para funcionar como acceso a la ubicación, número de teléfono, información, número de imei, que son datos técnicos; es importante revisar qué datos son necesarios y cuales forman parte de su modelo de negocio”.
Igualmente, para la especialista es fundamental la instancia de concientización masiva acerca del uso responsable de la tecnología para entender la importancia de la privacidad: “Se tiene que entender por parte del Estado y la población que la privacidad es un valor a proteger. Es un derecho fundamental para que las personas puedan desarrollarse con mayor autonomía y pareciera que estas empresas lo transforman en una moneda de cambio; se da des-privacidad a cambio de las experiencias de usuarios y de confort, perdiendo la comprensión de que es un derecho elemental para las personas”.
Por lo tanto, si bien como usuarios se puede hacer un uso más consciente para disminuir su exposición, es imprescindible la responsabilidad y capacidad del Estado para regular y hacer cumplir la ley. Martínez Elebi concluye: “El Estado tiene que garantizar la protección de nuestro derechos de privacidad y generar una concientización colectiva para realizar reclamos concretos que hagan respetar nuestros derechos de privacidad”.
