Jun 30, 2021 | Géneros, Novedades
Pasaron ya seis meses de aquella vigilia que terminó en una de las principales conquistas impulsada por los movimientos feministas. El 30 de diciembre de 2020, el Congreso aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), mientras una marea de pañuelos verdes acompañó el proyecto desde las calles y plazas de todo el país.
Se trataba de resolver una de las deudas más importantes de la democracia: el derecho de las personas a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas.
Desde la mañana del 29, la avenida Rivadavia comenzó a vestirse de brillos y pinturas verdes y violetas, intervenciones callejeras, bailes, bombos y canciones de protesta. Por supuesto, estaba el símbolo de lucha: el pañuelo de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Todas las voces se unían en un sólo grito: ¡Que sea ley!
Sin etiquetas ni discriminación de edades, las mismas personas con capacidad de gestar, que en 2018 se fueron de la Plaza de los Dos Congresos con un sabor amargo, recuperaron el tiempo perdido. Esta vez con un contexto atípico: barbijos, alcohol en gel y en medio de una pandemia. Así, el Senado votó con protocolo a favor del proyecto.
La sesión comenzó a las 16:08 de aquel 29 de diciembre. Empezaba una jornada histórica. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito cumplió en 2020 su 15º aniversario. ¡Brazos arriba a pesar de los proyectos cajoneados! En noviembre del año pasado, por primera vez, el Poder Ejecutivo impulsó el proyecto para que finalmente el aborto sea ley, sin criminalizar a quien lo solicite.
Se contaban los votos de a uno. El llamado “poroteo” invadía las redes y la expectativa aumentaba. Para las 23 y con los números a favor, en las calles ya se sentía, poco a poco, el deseo en ley. Más de 1.700.000 personas siguieron la sesión por Youtube. Por whatsapp replicaban: “Parece que esta vez sale”.
Más de doce horas y 58 discursos durante la noche y la madrugada del 29 al 30 de diciembre. “Resulta aprobado, con 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención, se convierte en Ley y se gira al Poder Ejecutivo”, fueron las palabras de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a las 4:12 de la madrugada.
Panorama sobre la aplicación de la ley
Según un relevamiento publicado en mayo 2021 por el Grupo de Estudios sobre Derechos Sexuales y Reproductivos (GEDESyR – UNSAM), la línea telefónica de consultas ( 0800-222-3444 ) del Ministerio de Salud para el acceso a la IVE o ILE indicó que las llamadas se duplicaron luego de la aprobación de la Ley.
“Según el último informe del Ministerio de Salud de la Nación, en el año 2020 se recibieron más de 19.900 llamados a la línea. En el primer cuatrimestre del año 2021, el número de llamadas contabilizó un total de 12.010, de las cuales 7.542 generaron secuencias. En este período, 7.185 fueron consultas por IVE/ILE (95,3%), 210 por métodos anticonceptivos (2,8%) y 147 por otros motivos (1,9%). Los datos muestran el aumento sustancial en el uso de esta herramienta para la atención de IVE/ILE”, amplía Ana Morillo, coordinadora del Área de Salud de Católicas por el Derecho a Decidir.
La Ley también genera un impacto al interior del sistema de salud. “Al 31 de diciembre de 2020, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR) informaba que la cantidad de efectores del subsistema público de salud que habían comunicado la realización de interrupciones legales del embarazo (ILE) eran 907. Cinco meses después -el 31 de mayo-, ese número contabilizaba 1164. Es decir, alrededor de un 30% más”, explica Morillo.
En Entre Ríos, la IVE es practicada por el 70% de las y los efectores de salud.
El informe de GEDESyR ofrece una mirada federal de la ley y arroja datos de diversas provincias. En Entre Ríos, la IVE es practicada por el 70% de las y los efectores de salud. Asimismo, en Córdoba 100 centros de salud realizan IVE. En la provincia de La Pampa, Maternidad e Infancia explicó que se garantiza la gratuidad de los medicamentos; así como en San Juan, el Hospital Marcial Quiroga afirmó que garantizará la IVE. En la provincia de Jujuy aún no se cubre el misoprostol.
En Tierra del Fuego, el Ministerio de Salud informó las vías de acceso para la IVE en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande y, según GEDESyR, esta última localidad inició la capacitación de personal. El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires también mostró predisposición a la implementación de la Ley mediante el lanzamiento de una guía para el acceso a IVE, mientras que CABA subió información a su página web sobre cómo acceder a un aborto con o sin causales.
Con respecto al número de interrupciones voluntarias no hay datos estadísticos que puedan reflejar todavía el impacto de la Ley. Sin embargo, el informe muestra que en enero, en la provincia de Neuquén, ya se habían aplicado 10 IVE en el Hospital Heller. También, entre enero y marzo, La Rioja indicó que a la fecha se habían practicado 55 IVE. En el mismo período, se habían realizado 42 interrupciones voluntarias del embarazo en el Hospital Materno Infantil de Salta. También la provincia de Río Negro garantizó 88 interrupciones en General Roca y en Cipolleti.
Sin embargo, a seis meses de la aprobación de la Ley 27.610, en Argentina no hay una efectiva implementación. Durante las últimas semanas, diversos grupos antiderechos presentaron acciones judiciales para frenar que en nuestro país se lleven a cabo abortos ya amparados por la ley.
Río Negro ya garantizó 88 interrupciones de embarazos en General Roca y en Cipolleti.
Soledad Vallejos, escritora y periodista especializada en género, plantea que “lo que tenemos por delante y va a durar bastante es la aplicación cabal en todo el territorio, que haya igualdad para mujeres de todas las provincias argentinas y de todas las jurisdicciones respecto al acceso. Y eso es algo que tiene que garantizar el Estado”, y luego sentencia: «Una vez que lográs la Ley, empieza la peor parte, porque hacer cumplir la ley es la peor parte».
Morillo aporta datos concretos: “Hay más de 30 presentaciones judiciales a nivel local y federal en 13 provincias de nuestro país. Once de esas presentaciones han sido rechazadas por carecer de sustento y no contar con legitimidad procesal alguna”. Las restantes están en trámite.
Vallejos analiza el fenómeno de las reiteradas causas judiciales y explica que, con la legislación aprobada en diciembre del año pasado y promulgada en enero de este año, quienes se oponen a la ley pierden posibilidad de acción en el terreno legislativo; por lo tanto, acuden al territorio judicial de manera deliberada.
Según la periodista, esta es una de las estrategias del sector conservador para obstaculizar la implementación de la Ley. Lo que buscan estos sectores es volver a poner en debate temas sobre los cuales ya existen consensos sociales, como lo es el aborto, que es ley por amplia mayoría. “Todavía estamos viendo estos meses toda la resistencia organizada que sigue intentando boicotear lo que el Congreso sancionó de manera soberana, por abrumadora mayoría, de forma muy sólida”, describe.
Morillo coincide: “Es inadmisible que un juez pretenda frenar una norma nacional surgida del consenso social y de un debate político-democrático sin precedentes en nuestra historia y en cuyo fundamento se recogen normativas sancionadas con anterioridad, como son las leyes de Protección a la infancia, de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, la ley de Derechos del paciente, el Código Civil y Comercial vigente y distintos tratados internacionales con jerarquía constitucional”.
Vallejos explica que este accionar no es nuevo sino que también ha ocurrido con leyes sancionadas en el país con anterioridad. Casi como si armara una línea temporal del último siglo, ofrece como ejemplos el voto de Julieta Lanteri en 1911, el sufragio femenino en los años cincuenta y el matrimonio igualitario hace una década. La periodista sintetiza la resistencia a la ley con una frase contundente: «Ante cada avance de derechos, siempre hay una reacción».
“Es inadmisible que un juez pretenda frenar una norma nacional surgida del consenso social», dice Morillo.
Sean eternos los derechos que supimos conseguir
Para las personas gestantes, esta conquista significa mayor libertad sobre sus cuerpos. “No sólo el derecho a la vida de las mujeres”, decía Pino Solanas en la sesión del Senado en 2018. “El derecho a poder decidir por sus cuerpos, y por qué no, el derecho a gozar de la vida y a gozar de sus cuerpos”. Finalmente, algo más de dos años después de su discurso, el derecho al goce es ley.
Argentina es vanguardia en América Latina en materia de derechos. El pasado 24 de junio se sancionó la Ley de Cupo Laboral Trans-Travesti del 1% en el sector público del Estado. Además de las leyes de género, Argentina forma parte de la lista de los únicos seis países en América latina en los que hoy existe aborto legal: Uruguay, Cuba, Guyana, Guayana Francesa y Puerto Rico.
En 2005 el cantautor argentino León Gieco hacía referencia al caso de Romina Tejerina para poner en debate el acceso a un aborto seguro. “Vamos a bailar que yo ya te perdoné aunque nos quemen en la hoguera como fue una vez”, cantaba Gieco. A seis meses de la madrugada en que nuestros pecados fueron perdonados todavía no hay una implementación efectiva en todo nuestro territorio del derecho al goce, el derecho que supimos conseguir.
Jun 29, 2021 | Comunidad, Novedades
El periodo neonatal, comprende los primeros 28 días fuera del vientre materno y es la etapa más crítica del desarrollo de una persona. El bebé se desarrolla a un ritmo acelerado y cualquier acontecimiento en su salud puede afectar el resto de su vida. En las áreas dedicadas a neonatología de los hospitales conviven médicos, enfermeros y profesionales de diversas especialidades médicas. En diálogo con ANCCOM, diversos profesionales del área cuentan cómo afectó el coronavirus a este segmento de la población y cómo les cambió la rutina de trabajo en el sistema de salud público. En la Ciudad de Buenos Aires este sistema comprende: un centro de salud especializado en maternidad que concentra la mayoría de los partos, el Hospital Materno Infantil Ramón Sardá; 12 maternidades (11 de ellas en hospitales generales de agudos y una en el Hospital Prof. Dr. Juan P. Garrahan); y tres hospitales pediátricos: el Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, el Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez y el Garrahan.
El cuidado por cumplir con el protocolo por covid 19 se suma al arduo y minucioso trabajo que desde ya requiere la tarea de atender a los bebés en su llegada al mundo. Adriana Iaroti, médica terapista del área en el Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, expresó: “La terapia intensiva en neonatología es una línea muy fina entre lo invasivo y la extrema delicadeza. Es como hilvanar con nubes, una tarea así de artesanal. Requiere un trabajo en equipo entre nosotros y con los padres”. En este lugar donde inicia la vida, aún con la cuidadosa atención que requieren los frágiles pacientes, no están exentos de problemáticas que se arrastran desde tiempos pre-pandémicos, y que sin embargo este contexto complejiza.
El protocolo extremó los cuidados y les obligó a reorganizar la manera en que realizan su trabajo para garantizar el contacto del bebé con la madre: una cuestión fundamental en esos días posteriores al nacimiento. Si bien el covid 19 no afecta especialmente a los bebés, sí a sus madres. Carolina Asciutto, coordinadora del Equipo de Transporte Neonatal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) en C.A.B.A., explicó: “La población neonatal no es objetivo del virus, por el momento. A pesar de la baja incidencia, ante la incertidumbre tratamos al bebé como si fuera positivo”. Claudio Solana, jefe de Maternidad del Hospital Sardá y quien además coordina -junto con Luis Somaruga (del hospital Rivadavia)- la Red de Neonatología de Hospitales Públicos de la Ciudad, detalló: “Habremos tenido unos diez bebés con covid aproximadamente, no fueron cuadros graves. Ninguno nació positivo, pero sí hemos internado algunos luego de que volvieran infectados de sus casas”. Gabriela Maydan, enfermera del Hospital Sardá, sostuvo: “Siempre se prioriza el contacto con la mamá. Si están bien se van juntos a la habitación. Tenemos casos confirmados de mamás. Es por eso que se está reforzando terapia, se está reubicando personal de nuestro equipo allí y también se previeron camas disponibles para recibir adultos de otros hospitales en caso de que haya una situación de desborde sanitario”.
“Habremos tenido unos diez bebés con covid aproximadamente», dice Claudio Solana, jefe de Maternidad del Hospital Sardá.
Los espacios son un factor clave del protocolo. La complejidad para resolver esta cuestión radica en aislar a los pacientes: la tarea más importante que se convirtió en un desafío. En el Sardá hay cuatro sectores: aquel al que van los prematuros o que tengan algún problema; otro al que van las madres asintomáticas o sin sospechas de covid 19; otro para las mamás con sospechas de estar contagiadas; y en cuarto lugar, al que van las madres con covid confirmado. Maydan sostuvo: “No se pueden poner demasiadas camas en el mismo lugar. Si hay una madre aislada, hay que buscar otro espacio. Fuera de terapia intensiva, no hay ningún lugar que esté aislado al cien por cien. En el lugar que acondicionamos para los bebés sospechosos de covid hay una puerta de vaivén, por ejemplo. El hospital no está preparado para una pandemia así”.
Solana detalló el proceso de cuidados de la madre y el bebé: “Al principio, se aislaron los bebés de sus madres, pero eso duró muy poco al advertir que el virus no se transmite por medio de la lactancia. Entonces, pueden estar juntos siempre y cuando se tengan los cuidados habituales (como el barbijo y la higiene de manos). Si nacen prematuros o con alguna patología, se aíslan en internación y se hisopan”. Por otra parte, Maydan, aclaró: “Si el bebé viene por guardia como caso sospechoso o desde la sala de parto con una mamá con covid, se lo aísla. Cada tres horas o cuando sea necesario, uno de nosotros entra y otro espera afuera por si necesita algo. Si no hay ninguna complicación para ambos, se puede quedar junto a ella. Sí sucede que al bebé el test le da negativo y queda aislado hasta que la mamá esté en condiciones para salir del aislamiento y la internación en Obstetricia. Es decir, luego del transcurso de nueve días, si la madre no tiene síntomas graves se le lleva la incubadora para no interrumpir la lactancia. No está comprobado que el virus se transmita a través de la lactancia ni por la placenta”.
Al principio, se aislaron los bebés de sus madres. Eso cambió al advertir que el virus no se transmite por la lactancia.
En el caso del Durand, hay un espacio para bebés sanos pero cuyas madres están en terapia o han fallecido. Iaroti contó la sensación de cuidar al bebé que está separado de su madre: “Querés que ella esté con su hijo y a la vez no podés hacerlo. Por eso inventamos otras formas de comunicación. Internet es una de las herramientas que nos permiten eso. Recuerdo que una madre estaba angustiada y me mandaba mensajes de voz. Hasta que ella pudo concurrir a Neonatología a verlo, yo le hacía escuchar los audios al bebé. Y en ese momento, cuando escuchó la voz, se conectó de una manera… tendría que haber filmado la reacción del bebé. Son las cosas lindas dentro de lo terrible”.
En relación a las condiciones edilicias, en el Hospital Durand la situación es preocupante: “Pudimos recuperar el agua caliente, pero hay muchas cosas que cambiar y no hay inversión. Seguimos trabajando, tenemos cosas buenas que tienen que ver con los recursos humanos, pero estamos recortados en términos de lo que aporta el Gobierno de la Ciudad porque dicen que no hay dinero para hacer una obra de gran envergadura. Por nombrar algunas cosas: los pisos están todos rotos, se tapa el baño a cada rato, nosotros tenemos que hacernos cargo hasta del agua que tomamos. Aportamos los aires acondicionados para el verano y el equipo de fútbol All Boys nos donó las estufas. Después hay equipamiento que es necesario para detectar problemas en bebés prematuros y que está contemplado en sus derechos, pero como no disponemos de él no podemos hacer estudios, como el de fonoaudiología. Hay irregularidades como la autorización de incubadoras nuevas que nunca llegaron”, expresó Iaroti
En medio de este contexto, los cuidados también comprenden al personal de salud. Asciutto –del SAME- detalló cómo es a la hora de trasladar a los bebés: “Usamos el equipo de protección íntegro, más que nada por los familiares, y los 11 de mi equipo estamos todos vacunados”. Por su parte, Maydan explicó cómo se organiza el personal en el Sardá: “Hay una persona designada a covid por fin de semana y vamos rotando, porque al ser un virus respiratorio provoca desconfianza y esto genera un estrés por la rigurosidad de los cuidados que requiere. También, se están haciendo capacitaciones internas sobre este virus”. En el caso de Neonatología del Durand, que atiende prematuros extremos, nunca dejaron de poner el cuerpo, aclaró Iaroti: “Muchos ejercieron su derecho a tomarse licencia y algunos quedamos por decisión propia”.
“Si el bebé viene por guardia como sospechoso o desde la sala de parto con una mamá con covid, se lo aísla», dice Maydan.
Pero la vocación y el ingenio de los médicos tienen como contracara la precarización, cuando se habla de recursos humanos y más en pandemia. El trabajo en neonatología está atravesado por las políticas públicas y un caso claro de ello es lo que sucede en el sector enfermería en C.A.B.A. Nada de lo descripto por la enfermera Gabriela Maydan es una tarea meramente administrativa y, sin embargo, cobran como administrativos: “Hay enfermeros que incluso son magister y se especializan, más allá de la licenciatura que dura cinco años. Reclamamos no sólo el resarcimiento económico, sino tener ese reconocimiento como profesionales”.
Al mismo tiempo, Asciutto indicó que sólo hay un hospital que se especializa en maternidad, a la vez que en pediatría. En los demás hospitales, todo bebé que nazca con algún problema que requiera tratamiento o que tenga alguna emergencia debe ser derivado y trasladado. “El principal cambio fue que el trabajo de traslado bajó un 30%. Trabajamos con derivaciones coordinadas con el sistema de emergencia, y también con mamás que se movilizaban desde la provincia de Buenos Aires a la ciudad por motus propio. Este segundo grupo dejó de venir en pandemia, aunque en CABA hay un 50% de usuarias del sistema público que tienen domicilio en provincia”.
Jun 28, 2021 | Novedades, Trabajo
La tecnología nos atraviesa en casi todos los aspectos de nuestra vida: es transversal a nuestros momentos de ocio y de trabajo en partes iguales. El debate se centra, desde hace tiempo, en cómo la tecnología puede afectar nuestra calidad de vida -para bien o para mal-, y si vamos a ser, según qué lado de la discusión se tome, controladores o controlados. El desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) avanza a pasos agigantados, y no es ajeno a las formas y a las herramientas laborales actuales que requieren actualizaciones constantes, pero que por otro lado han logrado acrecentar aún más las desigualdades existentes en la sociedad.
En el sector de informática y sistemas, esta problemática se ve especialmente exacerbada. Los gigantes tecnológicos, a pesar de la crisis mundial proporcionada por la pandemia, no dejaron en ningún momento de recibir ingresos, sino más bien todo lo contrario: Amazon, Apple, Alphabet (la multinacional cuya principal filial es Google), Microsoft, Facebook, Tesla y Netflix lograron crecimientos récord en los últimos meses. Durante el primer trimestre de 2021, sólo Amazon ganó cerca de 840.000 dólares por minuto y Apple, 690.000 dólares cada sesenta segundos. ¿Cómo se traducen estos números en una realidad donde la crisis, la pobreza y la desocupación azotan a un gran porcentaje de la población mundial? ¿Qué relaciones de trabajo y formas de configuración de nuestras vidas, que están en contacto constante con la tecnología, se esconden detrás de los éxitos financieros de estas grandes empresas?
Un grupo de argentinos y argentinas brinda, desde hace más de diez años, una respuesta alternativa a las formas de trabajo tradicionales en este sector, ligado a sus esfuerzos por proporcionar soberanía tecnológica y libre acceso a la información. La Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento (FACTTIC) es un espacio fundado en 2011 por un conjunto de cooperativas de trabajo del sector tecnológico, que se encarga de intercambiar información y conocimiento, como así también de construir soluciones colectivas en forma colaborativa. Cada uno de sus proyectos está pensado para desarrollar tecnología que den cuenta de las necesidades sociales, políticas, culturales y económicas en nuestro país. Actualmente FACTTIC está conformado por 30 cooperativas que aglutinan a más de 400 profesionales abocados a desarrollar proyectos vinculados al Estado, a otras cooperativas y a empresas privadas.
“Nuestra cooperativa en particular, arrancó con un grupo de personas que íbamos a la UTN, éramos todos estudiantes de ingeniería en sistemas y estábamos un poco cansados de las formas de producción tradicionales que tienen las agencias de desarrollo de software o las consultoras tradicionales en las que siempre estábamos corriendo para trabajar, no te daban mucha explicación, trabajabas en proyectos que no te interesaban o no te gustaban, sabías que estabas generando mucha diferencia para tu jefe, y que básicamente esa diferencia tampoco la veías retribuida en calidad de trabajo”, explica Nicolás Dimarco, socio fundador de una de las cooperativas que forman parte de FACTTIC, Fiqus. “Terminás trabajando bajo un esquema más tradicional sobre el cual no tenés injerencias sobre un montón de cosas -agrega-. Por ejemplo, quien vende el proyecto no es el mismo que el que lo va a desarrollar, entonces ahí el foco está puesto en cuánto se cobra, o si está bien vendido, más que si el proyecto está bueno, si tiene un buen impacto, si está alineado con los valores tuyos y de la organización a la que pertenecés. Entonces de alguna manera queríamos un cambio”.
Dimarco cuenta que el proceso hasta la conformación de Fiqus estuvo basado en las decisiones personales de sus miembros fundadores de renunciar a sus trabajos y descubrir nuevas formas organizativas en el mundo laboral: ”Lo primero que pensábamos hacer era una SRL, porque era lo que nos habían enseñado. Nunca nadie nos habló de cooperativismo, mucho menos en la UTN que te formaba para ser gerente de una empresa tradicional. Entonces encontramos esta forma asociativa que al principio nos encantó, nos rompió la cabeza. Buscábamos cooperativas de desarrollo de software y fuimos a una reunión donde nos atendió Gcoop (otra cooperativa de la Federación), y no podíamos creerlo porque fue un cambio de paradigma en nuestro cerebro”, explica, y sigue: “Llegamos ahí, éramos cuatro pibes que querían arrancar una empresita, y lejos de vernos como una competencia, nos abrieron la puerta, nos sentaron en la sala de reuniones y nos mostraron los números, las formas de organizarse, los clientes y cómo hacer para conseguirlos. Es otro paradigma realmente”.
Facttic está integrado por 30 cooperativas.
Otra de las cooperativas que forman parte de FACTTIC es Gcoop, que trabaja desde hace 14 años en el desarrollo de software libre, brindando soluciones alternativas al Estado y a distintas empresas y organizaciones: “Hay algunos autores que plantean que hay una doble explotación en nuestro sector. Porque cuando hacés un software o una aplicación, el valor de ese software en general se realiza en la comercialización”, explica Pablo Vannini, sociólogo y Master en Economía Social, quien también es socio fundador de Gcoop. “Es como una vacuna: te cuesta hacerla la primera vez, pero ya después el costo de reproducción marginal es muy bajo, y los precios de los sistemas y las aplicaciones son muy altos. En general, el trabajador participa sólo de la creación, y las empresas no sólo lucran de su trabajo, sino que después lucran infinitamente cada vez que revenden ese mismo producto en el cual no lo están haciendo parte a ese trabajador”. Tanto Gcoop como Fiqus y el resto de las cooperativas de FACTTIC trabajan en proyectos que abogan por el software libre, entendiéndolo como parte fundamental dentro del cooperativismo. “En general las empresas de tecnología son lugares de pleno empleo, con muy buenos salarios, pero también lugares de mucha rotación porque la gente nunca está conforme. Entonces, nuestra propuesta es siempre que el cooperativismo sea la solución”, sigue Pablo. “Y que en general, nosotros venimos del mundo del software libre y decidimos que lo mejor para crear una sociedad mejor es compartir el conocimiento, porque de hecho ahora en la pandemia lo estamos viendo. La discusión sobre las patentes es esa. El conocimiento circula más rápido si es libre, entonces si nosotros proponemos compartir el conocimiento, compartamos también las decisiones, compartamos la plata que eso da, compartamos todo. Para nuestra visión, la mejor forma de organización en una empresa tecnológica es con una cooperativa”.
Entre algunos de los proyectos llevados a cabo por la Federación, se encuentra el llamado IA², un software de código abierto que integra un conjunto de herramientas desarrolladas para facilitar la transparencia en instituciones y fortalecer la vinculación con la ciudadanía. Se trata de la aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial para la anonimización de datos personales contenidos en documentos públicos, reduciendo el tiempo dedicado a la tarea y el margen de error. “Aplicamos inteligencia artificial en procesos de instituciones públicas o privadas, por ejemplo, ahora estamos apuntando mucho a la justicia”, explica el socio fundador de Fiqus. “Estamos anonimizando sentencias judiciales para contribuir a los datos abiertos para que después esas sentencias anonimizadas con inteligencia artificial se puedan publicar y que los datos sean accesibles para toda la población. También trabajamos con un observatorio de datos de la mujer para las sentencias judiciales relativas a casos de violencia de género. Es un proyecto intercooperativo donde participan cinco cooperativas distintas de la Federación. Venimos trabajando en eso hace ya casi un año”.
Por otra parte, la Federación impulsa un proyecto que surgió en Francia sobre cooperativas de plataformas de reparto, llamado CoopCylce. “En el mundo de las plataformas, sobre todo lo que tiene que ver con Rappi, Glovo, y todo lo que es plataformas de reparto, hay proyectos cooperativos para que no se precarice el trabajo”, cuenta el sociólogo y fundador de Gcoop. “En un proyecto de Francia hicieron un sistema libre que se llama CoopCycle, y lo estamos trayendo para Argentina, localizándolo en el país e intentando que surjan cooperativas de repartidores que trabajen con plataformas que puedan brindar ese servicio. Son sistemas que nos interesan, porque políticamente son importantes para la sociedad de tecnologías en la que vivimos”.
FACTTIC también fue parte de la marcha virtual que se realizó el pasado 24 de marzo en Argentina por el Día de la Memoria: “Hicimos un pequeño desarrollo para llevar a cabo la marcha virtual. Ese tipo de proyectos los hacemos con software libre”, explica Pablo. “Eso quiere decir que lo liberamos, y a los dos meses se usó ese mismo sistema en Uruguay para la Marcha del Silencio. El software libre lo que permite básicamente es que entre muchos mejoremos algo. Eso le da independencia al cliente porque no depende de un sólo proveedor que sabe cómo hacerlo. A nivel tecnológico genera mejores sistemas porque todos pueden ver cómo está hecho, mejorarlo, y en este caso adaptarlo”, finaliza.
Facttic fue parte de la marcha virtual que se realizó el pasado 24 de marzo en Argentina por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
El cooperativismo es una forma de configuración horizontal, democrática y con instancia de consenso entre todos los miembros participantes. Esto, para Dimarco, es una gran ventaja organizativa al interior de cada cooperación, pero que requiere un balance constante con las formas de trabajo capitalistas y sus consecuentes diferencias: “En una cooperativa tenés la posibilidad y la libertad de crear tus propios modos de organizarte, así como tener tu propio reglamento interno. Nosotros lo tenemos. Nuestro reglamento interno explica de qué manera repartimos la plata que entra, y si una persona nueva entra, qué puede esperar del colectivo. Tenemos una instancia de deliberación en la cooperativa que es la Asamblea”, explica. “En estas instancias de deliberación democrática, una persona de la cooperativa tiene un voto, y todas las personas de la cooperativa tienen la misma cantidad: uno. Y su voz vale lo mismo. No es que un voto mío, que soy socio fundador y estoy hace tantos años, vale más que el de una persona que recién entra. Cada persona puede proponer, debatir”. Esta forma organizativa entra en directa relación con cada proyecto llevado a cabo por estas cooperativas, sosteniendo la idea del libre acceso a la información: “Uno puede ponerse muy estricto con eso y que después te sea muy complicado conseguir proyectos, entonces tenés que estar jugando constantemente: definir una base ideológica y a partir de eso construir acuerdos básicos”, continúa Dimarco. “Por ejemplo, no utilizamos herramientas privativas ni pagamos licencias para desarrollar en Fiqus. Cada vez que hacemos un desarrollo tratamos de abrirlo, de liberarlo, para que sea software libre. Desde ese lugar, aportamos al software libre, utilizamos herramientas de trabajo y tecnologías libres para trabajar, porque entendemos que es la manera. Que la manera no es ofuscar el conocimiento, cerrarlo, ponerle un candado y vender las licencias para maximizar las ganancias, sino al revés. Es muy transportable, muy parecido al concepto de cooperativismo. Porque hay mucha colaboración, colaboración de distintas personas para llegar a un objetivo en común. No existe la competencia entre ellas”, finaliza.
El sector de las tecnologías es con frecuencia uno de los que detenta el mayor margen de ganancias, de la mano de transnacionales concentradas en Silicon Valley. Esto muchas veces genera grandes desigualdades con respecto a empresas de América Latina y el resto del mundo. La aplicación del cooperativismo en empresas de tecnología, ayuda a achicar de algún modo esta brecha: “Si bien tratamos de capacitarnos, de vender el valor hora lo que más podamos venderlo, tratamos también de mantener un balance con la exportación que hacemos de los servicios (trabajamos mucho para Estados Unidos y Canadá) y en dejar algo de valor local acá, tener una pata territorial”, cuenta Dimarco. “Porque entendemos que las cooperativas también tienen esa obligación de percibirse como actores sociales que son transformadores del espacio que les toca ocupar”. El equilibrio entre el impacto social de los proyectos que realizan y su sustentabilidad económica, es constante: “muchas veces es difícil encontrar grandes desafíos técnicos en organizaciones sociales. Porque en los proyectos con impacto social, lo prioritario no es cómo están hechas las cosas, la solución técnica que estás brindando, sino que más bien es ir a solucionar el problema que hay que solucionar lo antes posible. Entonces, ahí hay como una disyuntiva que a veces surge dentro de la cooperativa: nos gusta mucho capacitarnos, probar tecnologías nuevas y tratar de volcarlos hacia el ámbito de la economía social, pero muchas veces para mantener ese equilibrio, y por ahí vender esas horas también en proyectos donde se paguen bien o te ayuden a mantener la estructura de la cooperativa, tenés que estar todo el tiempo manteniendo un balance. Es complicado a veces estar todo el tiempo tratando de encontrar ese equilibrio para que las cosas funcionen de una manera tal que vos digas ‘estoy orgulloso u orgullosa de estar trabajando en esto’. Es pura militancia”, finaliza Dimarco.
Sin embargo, los esfuerzos aunados por la Federación y la militancia de sus cooperativas desde que comenzaron este trayecto, tienen un impacto significativo a nivel internacional. A pesar de que el cooperativismo aplicado al sector de tecnologías está presente en otras partes del mundo, Argentina es uno de los países mejor posicionados en la cuestión: “En el año 2019 viajamos a Reino Unido para dar una charla en una asamblea que tiene una red de cooperativas de tecnología que se llama Cotech. Si bien acá tenemos un poco una cultura de pensar que Europa siempre está mejor, en ese viaje nos dimos cuenta que estábamos súper bien acá. Que técnicamente la rompemos, organizativamente estamos muy adelante. Y a nosotros nos sorprendió muchísimo”, continúa Nicolás Dimarco. “Empezamos a hablar de estrategias comunes, fuimos a plantearles que acá tenemos un modelo que funciona, funciona localmente hace ocho años: si llega una oportunidad de trabajo lo hacemos en conjunto, evitamos la competencia, tenemos estas formas de organizarnos para repartirnos el trabajo de forma equitativa y crecer todas las cooperativas en conjunto, articular valores en conjunto. Les encantó, pero todavía no estaban en un nivel organizativo como para poder sumarse porque estaban recién organizándose internamente”. Hoy, FACTTIC forma parte de un foro internacional donde 42 cooperativas de 13 países diferentes están trabajando en conjunto, preguntándose cuáles son las problemáticas en común, y cómo hacer para mejorar el intercambio de proyectos entre ellas. “En lugares como Estados Unidos o Reino Unido, hay muchas organizaciones sin fines de lucro que trabajan con muchos proyectos de gran impacto social e impacto ambiental, que están muy bien pagos y que desde acá no podemos acceder. Acá podemos, tenemos la potencia o la capacidad de tener una sede en cualquier lado donde estemos en contacto, porque al cooperar, es así de fácil. Creo que lo que falta mucho es trabajar en consensos, en acuerdos y en pulir estos mecanismos para hacer que esto crezca, y yo ahí le veo muchísima potencialidad a todo esto”.
Más de 400 profesionales integran Facttic.
Si volvemos al debate del inicio, la respuesta que estos profesionales de la tecnología nos brindan, es que las TICs pueden, en la medida que se siga trabajando para ello, mejorar nuestra calidad de vida. Para estas cooperativas, los proyectos llevados a cabo en la educación y la justicia, son sólo el comienzo de muchas otras problemáticas pendientes de resolución. “Somos una sociedad con mucha tecnología, pero con muchos problemas tecnológicos no resueltos. Y nos sumamos nuevos problemas”, finaliza Pablo Vannini. “Los que hacemos tecnología tenemos que intentar pensar algunas tecnologías que solucionen problemas sociales. En general la tecnología no está pensada para eso, está pensada para obtener datos y buscar nuevos productos y comercializar más, no para resolver problemas”.
Hoy en día Argentina se encuentra, al igual que muchos países de Latinoamérica, con índices de pobreza y desocupación sobresalientes, y nada parecería más alejado para este contexto que plantear qué tipo de trabajo parece ideal, cuando lo que urge es tenerlo. Sin embargo, este grupo de programadores, ingenieros, economistas, contadores, nos demuestran que la base de la democracia también se encuentra en las acciones cotidianas que llevamos a cabo todos los días, y que podemos lograr desde nuestros lugares de trabajo. Aprender a organizarse, a escucharse, llegar a consensos, compartir y colaborar para seguir creciendo: el cooperativismo se muestra, así como una alternativa para sortear estas dificultades. También, lograr hacer uso del conocimiento de forma libre, compartida, para todos y para todas, como una herramienta de cambio y desarrollo genuino de nuestra sociedad. “Si realmente nos tomamos en serio esto de predicar que existe el cooperativismo, que las universidades cuenten que es una forma organizativa más, que nosotros desde el ejemplo mostremos que es posible, se puede lograr”, sigue Nicolás. “Si yo no tengo a un dueño de una empresa que se está llevando una parte de lo que yo produzco o lo que producimos como grupo, nosotros tenemos que ganar más. Entonces, cuando empecemos a mostrar que realmente funciona, que nos podemos organizar y que funciona, y que además trabajamos con estas metodologías de la horizontalidad y la democracia, yo le veo una muy buena perspectiva. El tema es que tenemos que mostrar con el ejemplo que se puede, y tenemos que salir a contar que existe esta modalidad. Y después que la gente elija”, finaliza Dimarco.
Jun 25, 2021 | Noticias en imágenes, Trabajo
Jun 24, 2021 | DDHH, Novedades
Basurero de Cocula, donde el EAAF busca a los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.
La semana pasada la Fiscalía General de la República de México (FGR) anunció nuevas coincidencias genéticas entre restos óseos y familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en 2014. La primera de ellas identificó a Jhosivani Guerrero de la Cruz; la segunda, arroja una identificación previa, la de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, informada el año pasado. Ambas vuelven a evidenciar las contradicciones de la llamada “verdad histórica”, sostenida por las autoridades estatales mexicanas de aquel entonces.
Los restos fueron recuperados en la Barranca de la Carnicería, en octubre de 2020 por la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la FGR, a cargo de Omar Gómez Trejo. Las coincidencias surgen de los exámenes genéticos realizados en el laboratorio de la Universidad de Medicina de Innsbruck, en Austria, que se dedica a examinar muestras en las cuales, por su extremada degradación, es muy difícil extraer ADN. “Nuestros resultados también señalan la fuerte coincidencia”, comenta, en diálogo con ANCCOM, Mercedes Doretti, integrante fundadora y directora para Norte y Centroamérica del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
El caso
De aquella noche del 26 de septiembre de 2014, en la que se produjo la desaparición forzada de 43 estudiantes mexicanos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, de la localidad de Iguala en el Estado de Guerrero, han pasado un total de 2.826 días, más de siete años. Los familiares siguen exigiendo verdad y justicia. En el proceso puede notarse, al menos, un cambio de actitud en la investigación a partir del cambio de gobierno en 2018. En diciembre Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), reemplazó en la presidencia a Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El 7 de noviembre de 2014 la Procuraduría General de la República informó que, según sus investigaciones, había indicios de un homicidio masivo en un basurero de Cocula, Guerrero. Dos meses después confirmó su propia versión. Según la “verdad histórica”, los jóvenes habían sido atacados y detenidos por policías municipales para luego ser entregados al cártel Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado en Cocula.
Los familiares rechazaron siempre esa explicación, ya que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comprobó su falta de veracidad a partir de videos que registran irregularidades. Allí se constata que Tomás Zerón, director de la Agencia de Seguridad Criminal, encargada de investigar el caso en la estructura estatal, había estado en el basurero antes de que se encontraran en el lugar los restos incinerados de un estudiante. Además, el GIEI plantea que se puede observar cómo agentes federales impidieron el paso del Equipo Argentino de Antropología Forense mientras Zerón recorría la zona, por lo que las pruebas podrían haber sido implantadas. A eso se sumaron denuncias de tortura durante las confesiones de distintos sospechosos.
Al poco tiempo de asumir, López Obrador creó por decreto la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, hoy encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración Alejandro Encinas Rodríguez, momento en el que la primera versión oficial de los hechos comenzaba a ser descartada.
El fin de semana se identificaron restos óseos pertenecientes a Jhosivani Guerrero y Christian Alfonso Rodríguez.
Rol del EAAF
El Equipo Argentino de Antropología Forense actúa desde octubre de 2014 como perito y asesor técnico de los familiares de los estudiantes desaparecidos, tanto en búsquedas de campo como en análisis de laboratorio. Fue convocado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que acompañan y representan legalmente a las familias. “También contribuimos como contacto con distintas entidades para llevar a cabo trabajos especializados”, suma Doretti, y en esa instancia aparece la universidad austriaca.
El EAAF participó, junto a la Coordinación General de Servicios Periciales de la FGR, en el estudio de la evidencia recuperada y en la selección de muestras que se enviaron al laboratorio de Innsbruck. Hace dos años que trabaja de manera coordinada con la UEILCA que dirige Gómez Trejo. Al no encontrar evidencia física para sostener la incineración que declaraba la “verdad histórica”, comisionó en 2017, previa autorización de todos los familiares, a la ONG inglesa Arquitectura Forense la reconstrucción de la escena del crimen de la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 a través de una cartografía interactiva, en la que se exploran los conflictos e inconsistencias de la narrativa oficial.
Luego de diversos retrasos por la pandemia, el 19 de febrero de 2021 el fiscal Gómez Trejo, acompañado por un integrante del EAAF, de la comisión presidencial y de la CIDH, hizo entrega de las muestras a Walter Parsons, jefe del Departamento de Genética del instituto austriaco. De los restos óseos recuperados, en su mayoría severamente fragmentados y alterados por exposición a altas temperaturas y a la intemperie, pudieron seleccionar catorce muestras del total para ser enviadas. Un mes más tarde Parsons informó que sólo seis restos eran viables de ser estudiados y el 8 de junio se comunicaron los resultados de análisis en ADN, de los cuales dos arrojaron identificaciones positivas.
Nuevas identificaciones
La primera identificación realizada en el caso está asociada a la versión oficial de 2014, a partir de una bolsa que, según se indicó, se había hallado en el Río San Juan, en Cocula, poblado a una hora de distancia de Iguala. En ese entonces apareció un fragmento de hueso que terminaría identificándose con el joven Alexander Mora Venancio por vía genética, aunque desde el EAAF remarcan que “hasta el día de hoy no hay evidencia científica” para sostener la aseveración. De hecho, las coincidencias recientes tampoco concuerdan.
Estas dos identificaciones posteriores pertenecen a una hipótesis de trabajo muy distinta, a cargo de la actual Fiscalía. La Barranca de la Carnicería, el mismo lugar en el que se identificó un resto del estudiante Rodríguez Telumbre, está ubicada a 800 metros del basurero y “los restos hallados en superficie son aislados y en su mayoría multifragmentados”, menciona Doretti, y agrega que las dos muestras que arrojaron los resultados “no presentan alteraciones térmicas y están bastante completas”.
Mercedes Doretti, integrante del Equipo Argentina de Antropología Forense, realizó los anuncios de los hallazgos.
La primera de las coincidencias, según informó Gómez Trejo, fue a partir de un hueso calcáneo del talón de Aquiles de un pie derecho y demostró una reasociación positiva con uno de los identificados en junio de 2020, el mencionado Rodríguez Telumbre, que ya había sido debidamente notificado. La segunda fue gracias a una vértebra lumbar y tiene concordancia con los padres y los tres hermanos de Jhosivani Guerrero de la Cruz. A diferencia de otra muestra de 2015, también asociada con el joven pero desestimada por el EAAF por ser baja en términos estadísticos, ésta permite la certeza en la identificación.
Según comunicó el EAAF, el ADN mitocondrial de la muestra de 2015 se transmite por vía materna sin alterarse y “no identifica a un individuo sino a dos que pueden pertenecer al mismo linaje”. El fiscal Gómez Trejo remarcó que, a pesar de las recomendaciones, las autoridades de aquel entonces decidieron dar a conocer un “resultado dudoso del 17 por ciento de coincidencia”. En cambio, los restos hallados recientemente se alcanzaron gracias a la recuperación de ADN nuclear, “resultante de la combinación única de un padre y una madre”, por eso la probabilidad de parentesco es concluyente. “Técnicamente, es falso que ya hubiera sido identificado”, insistió en su exposición el letrado.
Los siguientes pasos
La investigación sigue su curso por distintas áreas. “Por un lado, seguir buscando a los estudiantes y, por otro, a los culpables y a quienes cometieron irregularidades en el caso”, expresa Doretti. Ese tercer punto fue denunciado por el EAAF, el GIEI y Gómez Trejo al momento de asumir su función. El hallazgo demuestra que la identificación genética es posible, incluso a pesar del paso del tiempo. El fiscal, a su vez, deslizó que en los días venideros partirá para entregar nuevos restos óseos para su análisis en Innsbruck.
Las coincidencias fueron notificadas a las familias particulares el 12 de junio, en presencia del fiscal, del subsecretario Encinas Rodríguez, del acompañamiento legal y psicosocial de los familiares, de Francisco Cox, integrante del GIEI, y de Mercedes Doretti y Alicia Rizzardo, representantes del EAAF. Para Gómez Trejo se trata de “resignificar y reparar” acciones anteriormente llevadas a cabo por autoridades estatales y federales que “alimentan la impunidad y la indiferencia frente a la realidad de las víctimas que se vive en México”.
Días más tarde, el presidente López Obrador convocó a una reunión con todas las familias, en compañía de Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República. Informaron las nuevas coincidencias y los avances en materia de investigación y procedimiento penal. El caso de los estudiantes de Ayotzinapa es un punto de inflexión en la historia mexicana, así como lo fue la Masacre de Tlatelolco en 1968. En septiembre de 2014 los jóvenes se trasladaban a Iguala para recaudar fondos para asistir a una marcha en conmemoración del hecho citado con anterioridad. Una cuestión simbólica.
