Jul 15, 2021 | Entrevistas, slider
El pasado 24 de junio el Senado de la Nación sancionó la Ley el Cupo Laboral Travesti Trans con 55 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones, convirtiendo a la Argentina en el primer país de la región en consolidar la ampliación de derechos para un colectivo discriminado, perseguido e invisibilizado en las políticas de Estado, incluso, desde el retorno a la democracia.
En aquella histórica sesión, tanto el oficialismo como la oposición apoyaron la propuesta a la que consideraron “reparadora de derechos”. Así, el 8 de julio, el gobierno nacional promulgó la Ley 27.636, una norma anticipada por decreto en septiembre de 2020, que necesitaba mayor consenso para dar cuenta del grado de vulnerabilidad que sufren la mayoría de las personas trans, cuya población tiene una esperanza de vida que no supera los 40 años.
La Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán – Lohana Berkins”, lleva ese nombre en recuerdo de dos importantes referentes del movimiento, y tiene por objeto establecer medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero, con el fin de promover la igualdad de oportunidades en todo el territorio de la República Argentina.
Según el artículo 5 de la ley, el Estado debe ocupar en una proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad de su personal con integrantes del colectivo trans, en todas las modalidades de contratación vigentes. Asimismo, en el artículo 11 también se contemplan incentivos para el sector privado.
Victoria Donda, abogada y titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), señala que “El INADI es el organismo que militó ese proyecto desde el primer Plan Nacional contra la Discrminación firmado en 2005”.
“Venimos bregando no sólo para que exista una ley de cupo trans, sino para que se cumpla en los distintos niveles del estado nacional”, agrega Donda. Este espíritu se refleja en el artículo 7, el cual establece que toda persona travesti, transexual o transgénero tiene derecho al trabajo formal digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de identidad de género y/o su expresión.
“No voy a decir que el INADI redactó la ley porque eso lo hacen las comisiones pertinentes, pero la mirada interseccional y de militancia fue un gran aporte del instituto que presido”, sostuvo Donda en relación con la participación del Instituto en la redacción del texto final.
Así, el proyecto fue resultado de un amplio proceso de debates y aportes, en los cuales participaron decenas de organizaciones travestis, trans y LGBTIQ+ a lo largo del país, a través de las reuniones informativas -convocadas oportunamente- que contaron con el apoyo transversal de diputados y diputadas de todos los bloques parlamentarios.
“Lavado rosa”
El 28 de junio fue el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ y surgieron otros debates relacionados con la identidad sexual. Uno de ellos giró en torno al concepto de pinkwashing o lavado rosa (por su traducción del inglés). De acuerdo con la organización chilena ACCIONGAY, “es un término que en el contexto de los derechos LGBTI+ se refiere a la variedad de estrategias políticas y de marketing dirigidas a la promoción de instituciones, países, personas, productos o empresas apelando a su condición de simpatizante LGBTI+, con el objetivo de ser percibidos como progresistas, modernos y tolerantes”.
En este sentido, Donda agrega que “no está mal, lo que hay que entender es que no es una moda pelear por los derechos de todas, todos, y todes. Está más allá de una moda. Entonces, lo que nosotros no queremos es que el pinkwashing tape la verdadera pelea por los derechos”.
Para que las reivindicaciones del colectivo puedan transformarse en políticas de inclusión, la también ex diputada sugiere que la manera de hacerlo es “incorporando a las organizaciones dentro de la planificación del Estado, y cómo el Estado dentro de la implementación de sus políticas públicas puede incorporar las demandas de la sociedad civil”.
Nuevo Plan contra la Discriminación
Con el objetivo de hacer efectivas las políticas de inclusión, durante todo el año 2020, el INADI trabajó no solo con las organizaciones de la comunidad LGBTIQ+ sino con otras comunidades en situaciones de vulnerabilidad, como los migrantes o personas con enfermedades poco frecuentes. De esta manera, puso en agenda otras discusiones contempladas en el Nuevo Plan Nacional contra la Discriminación, que el instituto va a presentar en los próximos meses.
“Consistirá de un conjunto de Compromisos de Acción estatales con visión estratégica para implementarse durante el período 2022-2025, a fin de profundizar y consolidar los avances legales e institucionales en relación al derecho a la igualdad y el principio de no discriminación alcanzados. Será monitoreado y evaluado periódicamente, y actualizado cada dos años”, explica la información institucional del organismo.
El Nuevo Plan Nacional contra la Discrminación, “lo estamos elaborando -agrega Donda- con la sociedad civil y con los distintos sectores del Estado, no solo con los estamentos nacionales, sino con los provinciales y municipales; incorporando algunos debates de carácter internacional, porque el año pasado recuperamos la presidencia de la Red Internacional de Organismos y de Organizaciones de Derechos Humanos (RIDH)”.
Para avanzar en la actualización del Plan, se convocó a múltiples organizaciones sociales, políticas, culturales, deportivas, para que trabajen en soluciones orientadas en erradicar las prácticas discriminatorias en cualquiera de sus formas. Con respecto a la convocatoria, la titular del INADI entiende que “para comprometerse de cara a la sociedad, para construir una sociedad más diversa, más plural, una sociedad sin discriminación, una sociedad sin racismo, sin xenofobia, el Estado tiene que poder escuchar a todos los sectores de la sociedad”.
A 16 años del documento preparatorio celebrado en 2005, queda adecuar la nueva agenda pública, que está atravesada por nuevas problemáticas estructurales, a un Plan de Acción Estatal que dé respuestas a la ciudadanía en su conjunto, y a las poblaciones más vulnerables en particular.
“Me parece que hoy los desafíos son otros, y que tienen que ver con una mirada acerca de la diversidad cultural, una mirada necesaria acerca de la educación para ir desarmando el racismo estructural que tenemos en la Argentina, la mirada interseccional de cada uno de los sectores que están en situación de vulnerabilidad. Hay miradas distintas desde el 2005 a esta elaboración, de este nuevo plan, son miradas diferentes, en épocas diferentes”, sostiene Donda.
La Comunidad Afroargentina
Tras la presentación en la Casa Rosada a fines de junio, se realizó el primer plenario del Consejo Asesor Federal de la Comunidad Afroargentina. La diplomática afroargentina María Fernanda Silva, actual embajadora argentina ante la Santa Sede y una de las miembros del Consejo, fue la primera oradora del plenario.
Silva señaló que la afroargentinidad es “un modo particular de habitar la patria y la memoria histórica, que también es un ámbito donde dar la batalla”.
En este sentido, Donda agrega “nosotros creemos que hay una negación del Estado con respecto a aquella comunidad afroargentina que hace muchos años está acá, y que los hemos negado sistemáticamente”. Asimismo, señala que esta comisión apunta “a recuperar la memoria histórica, a rearmar el mapa genético de nuestro país. Si hay comunidades que han sido invisibilizadas de la historia tiene que ver con la historia de esas propias comunidades. Entonces queremos recuperar esa memoria”.
En relación a las políticas públicas, Silva plantea la necesidad de generar “instancias de reconocimiento de espacios de memoria, para disputar una interpretación del pasado”, pero también impulsar un cuestionamiento de por qué “hay ámbitos donde la Comunidad Afroargentina no está presente, como por ejemplo el Poder Judicial o el Poder Legislativo”. Por otra parte, señala que se debe comprometer a los tres poderes “en una agenda desde y para la Comunidad Afroargentina”.
Según Donda, una manera de recuperar las huellas que dejó la comunidad a lo largo del país es incorporando esta categoría en el próximo censo nacional. “Hay que decir que en el censo anterior, en 2010, la comunidad afroargentina estuvo presente y de acuerdo a los resultados, hay aproximadamente 2,5 millones de personas que son parte de esa comunidad afroargentina. Entonces, este es un dato interesante que queremos ver si se mantiene y cuánto ha crecido”.
Vida y trayectoria
Victoria Analía Donda Pérez nació en 1977 en la ESMA, ex Escuela de Mecánica de la Armada y es la nieta restituida número 78. Luego de realizarse los estudios genéticos correspondientes, confirmó que sus padres biológicos eran José Donda e Hilda Pérez, quienes continúan desaparecidos. No supo hasta los 26 años, en 2004, que su padre de crianza y su tío, ambos militares, eran cómplices de la última dictadura cívico-militar argentina.
Desde muy chica la política marcaría su vida. “Creo que uno cuando tiene 16 años, pensar en los 40 es como muy lejano y no se si te imaginas mucho. Sí, lo que te puedo decir es que siempre quise dedicarme a la política, desde muy chica, no desde los 16, desde mucho antes”, recuerda.
Fue tres veces diputada nacional. Sus ejes de trabajo habitualmente están relacionados con los derechos humanos, el género, la educación, el medioambiente y las problemáticas sociales. Con respecto a la motivación por estas temáticas, asegura: “Creo profundamente que los derechos humanos, todos los derechos, son responsabilidad del Estado, y que para poder garantizarlos el Estado tiene que construir bases más justas de distribución de la riqueza. No hay derecho que se pueda garantizar si la riqueza no se distribuye de una forma más equitativa. Y creo que la herramienta para poder hacerlo es la política”.
Donda reflexiona que así como cuesta pensarse a los 16, también cuesta adelantarse al futuro, pero arriesga: “De acá a 10 años me veo aportando como estoy aportando ahora, o tratando de aportar para una sociedad mejor y espero que cada vez seamos capaces de ir construyendo una sociedad más igualitaria, más justa y con menos violencia”.
Jul 15, 2021 | Novedades, Trabajo
La actividad del turismo estuvo suspendida desde marzo hasta diciembre del 2020 y, desde su apertura hasta hoy, continuó con restricciones y momentos de confinamiento. Aldo Elías, vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT) comenta que “el sector está muy complicado, el turismo fue de las actividades más castigadas desde el principio de la pandemia. Luego de la apertura en diciembre, vinieron medidas restrictivas que fueron tomadas a último momento, sin ningún tipo de aviso o trabajo en conjunto para minimizar los impactos negativos”.
La información que tiene la CAT es que el sector cuenta con alrededor de 60 mil empresas y genera más de un millón de puestos de trabajo. En pandemia cerraron 11 mil empresas y se perdieron 150 mil puestos de trabajo.
Fabián Tommarello, presidente de la Asociación de Guías de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires (AGUITBA), cuenta que “el sector nunca terminó de reactivarse” y agrega: “En CABA el 98% de los guías no han vuelto a trabajar desde marzo del 2020, es decir, hace 16 meses que la mayoría está sin trabajar”. Además, Tommarello explica que la Ciudad es un destino particular para los guías de turismo: “Buenos Aires no es como en otros lugares del país, donde el turista necesita un guía. La ciudad ofrece muchas opciones al alcance de cualquiera, nosotros vivíamos mayormente del turismo extranjero o educativo”.
La circulación de nuevas variantes del covid-19 hizo que una de las medidas tomadas por el gobierno nacional fuera el cierre de las fronteras para el turismo internacional. “Nosotros estamos trabajando para que la apertura de fronteras sea a mediados de agosto”, subraya Elías.
Otro destino que espera la llegada del turista extranjero es el Parque Nacional Perito Moreno. Catalina Martínez, guardaparque e intendente del Parque, comenta: “En la última temporada tuvimos 270 visitantes, cuando antes estábamos acostumbrados a tener 1200”. El Parque Nacional Perito Moreno se encuentra en la provincia de Santa Cruz, a 220 kilómetros de la ciudad Gobernador Gregores. Martínez explica que es un destino particular para visitar, por su accesibilidad y clima: “Cuando abrimos en diciembre, nos adaptamos a los protocolos dispuestos por la provincia: distanciamiento social, uso de barbijo, ingreso de vehículos de hasta cinco personas, limpieza de baños, etc. Sin embargo, al no poder garantizar la desinfección, lo que todavía no pudimos abrir son los refugios, aquellos lugares donde los turistas podían descansar en un lugar cerrado y caliente, donde a veces podían pasar la noche”. En cuanto a los guías, Martínez comenta que “de los 19 guías habilitados, ninguno ha podido trabajar aún”.
ANCCOM también dialogó con Ángel Palma, presidente de la Asociación de Guías de Turismo de Iguazú (AGUIATY): “Puerto Iguazú vive exclusivamente del turismo, para nosotros significa el 90% de la economía local. Nos vimos en una situación muy particular, de un día para el otro dejamos de trabajar, no estábamos preparados para eso. Tuvimos que ayudar a colegas en lo psicológico; nuestra salud mental se vio perjudicada”. En cuanto a lo económico, Palma cuenta que el Ministerio de Turismo de la Provincia escuchó sus demandas y brindó subsidios y módulos de alimentos. “Fueron algunas asistencias económicas que ayudaron a los colegas” resume Palma.
En cambio, Tommarello, considera que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no escuchó sus necesidades: “Cuando pedimos ayuda económica nos la negaron, también pedimos la quita de impuestos y tampoco tuvimos respuestas. Desde Nación se nos incluyó en distintos programas, pero no todos los guías pudimos recibir la ayuda. No estamos conformes con las medidas que están tomando”. También hubo entregas de módulos de alimentos, Tommarello relata que al principio los guías no estaban en esa necesidad, pero hoy la situación se complicó más: “Hay muchos guías que la están pasando mal, no pueden pagar el alquiler ni los servicios”.
Ante la difícil situación económica, “muchos guías se tuvieron que reinventar”, comenta Palma y agrega: “Nosotros organizamos cuatro ferias, aparecieron guías que hacían artesanías, repostería, panadería, herrería. Por suerte, las ferias al aire libre tuvieron circulación constante y con los protocolos funcionaron muy bien”. Por su parte, Tommarello explica que los guías de CABA tuvieron que vivir de ahorros, y muchos intentaron trabajar en otros rubros: “Lo que pasa es que los guías sabemos de historia, arte, geografía, idiomas, pero muchos no sabemos de sistemas informáticos como para insertarnos en una oficina”.
La esperanza en la campaña de vacunación
Desde hace varios meses la campaña de vacunación en todo el país avanza a buen ritmo. “Nosotros, al tener a la mayoría del sector vacunado, podemos decir que estamos viendo una pequeña lucecita en el fondo del túnel”, confiesa Palma. Elías adhiere y agrega: “Depende todo de la vacunación, si logramos vacunar a todos los argentinos, la recuperación del sector va a ser mucho más rápida”.
En Puerto Iguazú, hubo una lucha desde la Asociación de Guías de Turismo para vacunar al sector. “Nosotros tuvimos una iniciativa de pedir que vacunen al sector turístico, pero no sólo guías, sino también hoteleros, gastronómicos, transportistas, y se está cumpliendo, por supuesto que sin afectar al ritmo de vacunación de la provincia”, explica Palma. Además, lo que apuntan es que Puerto Iguazú sea considerado un destino seguro: “Sabemos que no es el fin de la pandemia, pero según los especialistas, con la mayoría de la población vacunada, el riesgo de contagiar al turista es bajo”, resumen desde AGUIATY.
Expectativas para las vacaciones de invierno
Tanto en Ciudad de Buenos Aires como en Provincia de Buenos Aires, las vacaciones de invierno están programadas entre el 19 y el 31 de julio. “A esta altura, el año pasado estuvimos prohibidos, con lo cual, cualquier movimiento en este momento va a ser mucho mejor que lo que tuvimos el invierno pasado. Igualmente, creemos que no va a superar el 40% de la ocupación en relación a años anteriores”, sintetizan desde la CAT.
Durante la temporada de verano, Puerto Iguazú abrió sus puertas y aunque hubo un 10% de movimiento en relación a años anteriores, pudieron comenzar a trabajar: “Antes de la pandemia teníamos alrededor de 6 mil visitantes por día, el verano pasado tuvimos un promedio de 1800 visitantes por día, y trabajamos más los fines de semana de carnaval y semana santa, donde llegamos a 3 mil visitantes”, comenta Palma, y confiesa que las vacaciones de invierno va a ser un buen momento para comenzar a reactivar al sector: “Ya tenemos entradas compradas para la temporada de invierno, creemos que vamos a trabajar bien”.
Sin embargo, en CABA no tienen las mismas expectativas: “No tenemos ningún tipo de esperanza en las vacaciones de invierno. Cada vez hay más restricciones entre vuelos internos, cumplimiento de cuarentena y demás medidas”, se queja Tommarello. Además, explica que la mayoría de los guías de la Ciudad de Buenos Aires son contratados por agencias de viajes y no hay ninguna que los haya llamado para las vacaciones: “Tenemos esperanzas para los últimos meses del año, pero todo cambia cada día” resumen desde AGUITBA.
El Parque Nacional Perito Moreno abre sus puertas desde octubre hasta mayo, es decir que, durante las vacaciones de invierno, está cerrado. “Pretendemos para la próxima temporada –2021/2022- tener el parque totalmente abierto, incluido los refugios”, comenta Martínez, pero a la vez, coincide con Tommarello en que “ante la situación de emergencia sanitaria, todo puede cambiar”.
“Nosotros creemos que hay una cantidad de gente que pudo mantener sus empleos e incluso, se vieron beneficiados y pudieron ahorrar, entonces muchos van a querer invertir en viajes”, consideran desde la AGUITBA y esperan: “Ojalá sea así, por todos, por los que necesitamos trabajo y por la gente que tiene ganas de viajar”.
“Contamos con medidas excelentes para convivir con el covid-19”, subraya Elías y piensa que una parte importante es la “responsabilidad individual y social. Podes tener los mejores protocolos, pero si la persona no quiere cuidarse y no respetarlos, no hay mucho que podamos hacer, depende de cada uno”.
Jul 14, 2021 | Novedades, Trabajo
El lunes 12 y martes 13 de julio se realizó un paro general de hospitales públicos junto con movilizaciones frente a la Jefatura de Gobierno porteña integradas por médicos residentes, concurrentes, y enfermeros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estas jornadas fueron una continuación de las medidas de fuerza que este sector viene llevando a cabo desde principio de mes: el 1 de julio comenzó con jornadas de lucha en la Provincia de Buenos Aires, el 7 y 8 la lucha fue nacional, extendiéndose a 20 provincias. El 9 de julio, 3.000 trabajadores de la salud protestaron en Mendoza.
Las negociaciones paritarias del Estado con el gremio de sanidad del ámbito público son las de mayor conflictividad. María Fernanda Boriotti, presidenta de Fesprosa -el sindicato que agrupa gremios de la salud de distintas provincias y demás jurisdicciones-, en diálogo con ANCCOM expresó: “Con la excusa de la pandemia se han avasallado más derechos de los trabajadores de la salud y, a la vez, se ha puesto de manifiesto la urgencia de mejoras en el sector. Muchos aplausos y loas para el personal de salud, pero la cruel realidad es que no hay ningún tipo de reconocimiento para quienes cuidamos. No hubo mejoras en las condiciones de trabajo, ni tampoco en nuestros salarios; ni siquiera hay perspectivas de cambio por parte de los gobiernos, tanto de Nación como los provinciales y los municipales”.
El principal reclamo de los trabajadores de la sanidad es la reapertura de las paritarias y un aumento en sus salarios. La proyección inflacionaria oficial anunciada por el ministro de Economía Martin Guzmán a comienzos del año fue del 29%, pero ya en los primeros cinco meses se acumuló un aumento del 21,5% según el INDEC. Este mes, los gremios de todos los sectores de la economía han buscado adelantar las negociaciones con un piso de aumento de alrededor del 45% pero no todos lo han conseguido. Mientras que el gremio de camioneros, el de los bancarios y el de los trabajadores del Congreso firmaron paritarias del 45% en cuotas para fin de año, los trabajadores de la sanidad apenas percibieron un aumento del 30%. Jorge Yabkowski, el secretario general de Fesprosa, indicó que buena parte de las paritarias en todo el país cerró con una pauta a diciembre de entre 29 y 35% en promedio, en función de las expectativas que había a principios de año. “Si no hay renegociación habremos perdido un 20% del salario real en comparación a cuando inició la pandemia”, sostuvo cuando fue consultado por ANCCOM. En lo que refiere a la Ciudad de Buenos Aires, desde la última paritaria se acordó un aumento en cuotas del 5% y del 10% hasta llegar al 30% para fines de año. Hector Ortiz, el secretario general de ATE en el Hospital Durand, explicó: “Nos pagaron el 10% en mayo y con eso tenemos que llegar hasta octubre. Después hay que esperar hasta casi fin de año para otro aumento. No alcanza. Los precios se están comiendo los salarios. Hoy mismo ¿cómo hace un empleado con $40.000 para vivir?”.
“El piso de derechos no está y hay una anarquía de regímenes de trabajo y de remuneraciones en nuestro país muy grande. Las paritarias que rondan el 45% de aumento se dan en el ámbito privado, que por un lado, no está alcanzado por el ajuste, y por otro lado, es un convenio colectivo unificado. En cambio, las paritarias en la salud pública se dan de manera fragmentada: hay 24 negociaciones provinciales, y a la vez, se negocia en los municipios que tienen salud a cargo, como en Buenos Aires que hay 130 paritarias independientes. Es por ello que también pedimos que haya una paritaria nacional de salud para el medio millón de trabajadores que somos. El reclamo es que los gremios nacionales puedan discutir con el Ministerio de Salud y las provincias, dentro de un mismo régimen de trabajo”, cuenta Yabkowski.
A los trabajadores de la salud porteños que se toman los cinco días de licencia extra por su labor intensiva en la pandemia, no les permiten cobrar el bono salarial otorgado por Nación.
El sector público es el que tiene menor piso salarial en una economía nacional acotada por el endeudamiento externo y las políticas de reducción del déficit fiscal. Al subsector sanitario se le añade como desventaja el hecho de que las paritarias tengan lugar en cada jurisdicción de forma independiente. Esto conlleva a un panorama diversificado con regiones con menor capacidad de negociación con el gobierno, debido al número de afiliados, siendo en algunas regiones menos flexible que otras. Boriotti sostuvo: “El objetivo es que haya condiciones contractuales similares en todo el país”.
A pesar del trabajo sin respiro que tuvo buena parte del personal de salud en el sector público durante una pandemia, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (G.C.B.A.) ofrece sólo cinco días de vacaciones. Sin embargo, también por directivas del mismo G.C.B.A. el goce de esta pausa exime a los trabajadores de la sanidad de cobrar el bono de $6.500 otorgado por el Gobierno de la Nación por cumplimiento efectivo. “En los hospitales te dicen que si te tomas esos días no te pagan el bono que da el Gobierno nacional. Con la necesidad de un buen sueldo que tenemos, no nos podemos dar el lujo de perder ese extra, entonces, el descanso no está”, comentó Hector Ortiz.
Otro punto de reclamo es la Resolución N°4 promulgada por el Gobierno de la Nación. “Se obliga a volver a trabajar a aquellos que ya están vacunados, por más que padezcan ciertas enfermedades preexistentes, como diabetes, asma u obesidad mórbida. Esto constituye un incumplimiento de la Ley Silvio porque se ejerce violencia sobre los trabajadores de la salud con comorbilidades al exponerlos a una alta carga viral. No es lo mismo atender en un hospital que ser bancario. Es un acto criminal que las patologías que llevaron a la muerte a 600 trabajadores de la salud no sean consideradas válidas para continuar de licencia”, dijo la presidenta de Fesprosa.
Según Ortiz, miembro de ATE Capital, los trabajadores de la sanidad buscan unificar las medidas de lucha y ampliar la convocatoria para la semana que viene. A su vez, Fesprosa reclama por una paritaria unificada y justa para todas las jurisdicciones. Yabkowski, secretario general, aseguró: “Hay conflictos todos los días. El miércoles 14 de julio vamos a estar en La Matanza y vamos a salir con los municipales a exigir paritarias ahí. Planteamos el apoyo a cada una de las jurisdicciones y a su vez pedimos por la paritaria nacional.”
Jul 14, 2021 | Novedades, Vidas políticas
La apertura democrática de la década de los ochenta en América Latina posibilitó la participación de nuevos actores en el escenario político. Para los evangélicos, un sector en crecimiento, fue la oportunidad para igualar los beneficios que recibía la Iglesia católica por parte de los Estados, representar los intereses de sus parroquias y posteriormente servir como defensores de valores ultraconservadores.
En América Latina, y especialmente en Colombia, este tipo de discursos cobraron fuerza en los últimos años. La derecha ha encontrado un apoyo especial en los feligreses quienes durante las recientes movilizaciones han utilizado sus preceptos religiosos para estigmatizar y deslegitimar las protestas contra el gobierno de Iván Duque.
Harold Segura, pastor evangélico bautista, teólogo y administrador de empresas, miembro de la Fraternidad Teológica Latinoamericana (FTL) y de la Junta Internacional del Movimiento Juntos con la Niñez y la Juventud (MJNJ), explica que estos sectores se han mostrado en contra de las movilizaciones debido a ciertos referentes teológicos característicos de la religiosidad evangélica popular latinoamericana: Dios es un Dios del orden, por lo tanto la protesta en el marco del desorden, no es de Dios. En segundo lugar, la creencia de que toda autoridad ha sido puesta por Dios por lo que solo él puede quitarla, como menciona una parte de la Biblia; y tercero, la mirada dualista que explica la realidad a partir de lo bueno y lo malo. A partir de estos preceptos, muchos pastores y feligreses han deslegitimado las movilizaciones.
“Esos referentes construyen una filosofía política que surge también de esas lecturas populares de las Escrituras, una lectura muy simple y muy plana que funciona muy bien para los evangélicos pero que arruinan el testimonio evangélico porque desconocen realidades y procesos sociales”, agrega Segura.
Durante las negociaciones del Acuerdo de Paz en el año 2016, fueron los sectores evangélicos quienes más se opusieron. El triunfo del No en el plebiscito para su implementación se debió en gran parte al disciplinado voto de esa congregación, el cual en medio de la discusión por la paz en Colombia logró hacer foco en el aspecto de la “ideología de género”, supuestamente presente en 315 partes del texto de los acuerdos. Luego de este triunfo, este sector vio con buenos ojos la posibilidad de crear un partido político como plataforma para promover sus ideales en contra de la legalización del aborto y de la libertad sexo-genérica, principalmente. A finales de 2017 se creó el partido Colombia Justa Libres y, en menos de un año de su fundación, logró llegar al Congreso con tres senadores y a la Cámara con un representante gracias a los casi 500 mil votos que obtuvo en las elecciones legislativas del 2018. Muchos de los votantes fueron feligreses de las mega iglesias evangélicas pastoreadas por los fundadores del partido. Incluso el senador y presidente del partido evangélico, John Milton Rodríguez, es pastor de una de las congregaciones más grandes de la ciudad de Cali llamada Misión Paz a las Naciones, la cual cuenta con 25.000 miembros. En los púlpitos de estas iglesias no solo se declama la Biblia, también se habla de política; en época electoral parece ser ese el sermón de todos los domingos.
Precisamente el senador John Milton Rodríguez y toda la bancada del partido evangélico votó en contra de la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, impulsada desde la oposición por la sistemática violación de derechos humanos durante las movilizaciones en Colombia. Esa decisión confirmó el apoyo de dicho partido al gobierno de Iván Duque durante las elecciones presidenciales del 2018, en esa ocasión los preceptos religiosos en línea con la defensa por la vida y la familia funcionaron muy bien entre los evangélicos para restar apoyos al candidato de izquierda Gustavo Petro.
No obstante, en diálogo con ANCCOM, el senador y pastor evangélico John Milton Rodríguez reconoce su intención personal de separarse de la coalición de gobierno debido a que como partido no tienen ninguna participación en las decisiones, posición que contrasta con la de su agrupación. Por eso, el legislador ya da como un hecho su candidatura a la presidencia, incluso señala que en unos días tendrá una sesión fotográfica para su campaña.
Y aunque parece contradictorio, Rodríguez justifica su votación en apoyo para evitarle el juicio político al ministro de Defensa: “Yo fui elegido para ejecutar y aplicar la Constitución y la ley en mi entorno como legislador. No puedo, simplemente basado en el malestar de las personas o en las ideas de la gente, tomar decisiones constitucionales”. Niega, además, que haya una sistemática violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública y aunque considera legítima la protesta, responsabiliza a la extrema izquierda por exacerbar los odios entre ricos y pobres y del Estado contra la ciudadanía. Asimismo, denuncia la presencia de grupos terroristas y narcotraficantes en las movilizaciones.
Durante los primeros días de las restricciones impuestas por la pandemia en 2020, a través de sus redes sociales, Rodríguez hizo un pedido de auxilio al presidente Iván Duque para que ayude a las iglesias evangélicas que se vieron obligadas a cerrar sus templos. Un par de meses después, a través del Decreto 639 del 8 de mayo de 2020, el Ejecutivo de Colombia creó el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) con el objetivo de proteger los puestos laborales y ayudar a las empresas que vieron una reducción de su facturación facilitando el 40% de un salario mínimo por cada trabajador que estuviera contratado formalmente. Según un documento oficial del Ministerio de Hacienda, el apoyo estatal no solo estuvo destinado para empresas de los sectores que dinamizan la economía del país, sino también para las iglesias evangélicas que en Colombia no pagan impuestos y cuentan con colaboradores sin contratos de trabajo formalmente establecidos. Decenas de iglesias fueron priorizadas por encima de PyMES que no obtuvieron ningún tipo de ayuda y muchas de ellas tuvieron que cerrar.
Consultado por los subsidios, el senador destaca que las iglesias, sus fundaciones, colegios y universidades generan alrededor de un millón de empleos formales. Además, es enfático en afirmar que sí pagan impuestos de IVA sobre productos y asumen los costos de seguridad social de sus empleados sin ningún tipo de beneficios como sí los reciben otras empresas. “Si las iglesias no existieran, los impuestos para los colombianos deberían crecer entre unos 20 o 30 puntos más debido a que la ayuda social que brindan las iglesias tendría que ser acogida por el Estado”, añade.
Según explica, el comunismo y el progresismo quieren acabar con las iglesias: “El comunismo quiere estatismo para que el Estado sea el dueño de la ciudadanía y así perpetuarse en el poder. En el cristianismo en cambio, el ciudadano depende de Dios, la familia es responsable de sí misma. El cristianismo lo que le enseña la gente es a ser autónoma e independiente y no estar dependiendo de los subsidios del Estado”.
Curiosamente, la iglesia Misión Paz a las Naciones de la ciudad de Cali, pastoreada por el senador John Milton Rodríguez, recibió la ayuda estatal que duró casi un año. Pero no solamente se benefició del auxilio estatal, sino también las mega iglesias de Bogotá cofundadoras del partido evangélico como Manantial de Vida eterna y Casa sobre la Roca. Asimismo, se favorecieron otras iglesias con sedes en todo el país que aportaron los votos de sus feligreses como Cruzada Cristiana, Asambleas de Dios y Centro Misionero Bethesda. De la misma manera, el Gobierno benefició con el PAEF a la iglesia Carismática Internacional fundadora del primer movimiento político evangélico a finales de los ochenta, ahora extinto Partido Nacional Cristiano, capital político que se trasladó al partido Cambio Radical, actualmente aliado de Duque.
En total, fueron más de 230 iglesias evangélicas en todo el país que recibieron el subsidio, muchas de ellas aliadas de varios de los partidos de derecha que apoyaron la candidatura y facilitaron la elección de Duque como presidente. Y es que más del 20% de la población en Colombia se afilia a alguna religión protestante, por lo que la derecha encuentra en ellos un gran caudal de votos digno de ser bendecido.
Pablo Moreno, investigador, rector de la Unibautista, licenciado en historia y candidato a doctor en Teología e Historia por la Universidad Libre de Amsterdam, señala que los evangélicos en Colombia fueron históricamente una minoría perseguida que logró participar en la redacción de la última Constitución de 1991 a través de la cual ganaron ciertos derechos. Sin embargo, con esto no fue suficiente, por eso “durante los noventa y las dos primeras décadas de este siglo hicieron alianzas con diferentes partidos para tratar de sobrevivir y flotar en el ámbito político”, agrega el investigador.
Está alianza entre evangélicos y los partidos de derecha –según Moreno– se da gracias a que los partidos de derecha tienen un reconocimiento de que el factor religioso es muy importante, a diferencia de los sectores de izquierda que tienden a ser muy laicistas y lo subvaloran. “Ellos (los políticos de derecha) no tienen ningún problema en ser profundamente católicos y al mismo tiempo ir a un templo evangélico a hacer todo lo que les digan con tal de que esa población pueda ser una un electorado cautivo para ellos”, concluye Moreno.
Jul 14, 2021 | Comunidad, Novedades
“Todos los números son políticos”, afirma Horacio Ávila, coordinador de Proyecto 7 – Gente en Situación de Calle. Está hablando de las cifras obtenidas del último censo oficial realizado por el Gobierno de otro Horacio: Rodríguez Larreta.
Y no se trata de cualquier relevamiento. Estas estadísticas refieren a la cantidad de personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. Es, ni más ni menos que el talón de Aquiles de la gestión amarilla. En el contexto de un año electoral, parece, maquillar los números se vuelve fundamental.
“En diciembre del 2020 tuvimos una reunión con el Ministerio de Desarrollo y Hábitat de la Ciudad, donde acordamos realizar el censo de manera conjunta entre el Gobierno y las organizaciones sociales”, relata Leandro Vera Belli, sociólogo e investigador del área Derechos económicos, sociales y culturales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Sin embargo, las cosas no salieron como habían pactado: el 11 de mayo del 2021, los funcionarios de dicha cartera salieron a realizar una fotografía de la gente en situación de calle. Lo hicieron con los métodos utilizados en 2017 y 2019, puestos en discusión en la última mesa de trabajo: en camionetas, sin interactuar con la población y en el lapso de unas 7 horas, aproximadamente. A eso se le sumó la particularidad de este año pandémico: se realizó a las 20, en un contexto de restricción horaria en el que la gente en situación de calle se esconde debido a la violencia policial o busca paradores para pasar la noche.
Según señala Rosario Fassina, socióloga y coordinadora del programa Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), de las cifras publicadas en el informe oficial llama la atención su similitud con las del 2019. Hace dos años el resultado era de 1.147 personas en situación de calle. Hoy, de 2.573. Sin embargo, advierte Fassina, “ahí se están contando dos cosas distintas”.
Mientras que en el 2019 las cifras correspondían a gente que estaba efectivamente durmiendo en la calle, del total del número actual solo un 37% corresponde a quienes están en esa situación: unas 952 personas. El número restante pertenece a individuos que aquel día se encontraban en alguno de los 32 Centros de Inclusión Social porteños. “Es una cifra que pareciera que en dos años se mantuvo inamovible”, dice la socióloga. “Lo que sí muestran es que creció la cantidad de gente que está en paradores, que no parece tener un correlato con lo que se ve en la calle”.
“Nadie en su sano juicio puede pensar que, en una situación en la que todos los indicadores de pobreza dan en crecimiento, la cantidad de gente en situación de calle va a dar en baja”, sostiene Ávila. A los cuatro años de profundización de la desigualdad resultantes del macrismo, hoy se les suma la pandemia. Y con ella no solo vienen aparejadas nuevas problemáticas: también se intensifican otras.
“¿Cuál fue el mensaje principal, sobre todo del año pasado? Quedate en casa. ¿Cómo me quedo en casa si no tengo?”, cuestiona Vera Belli. “Hay una política muy explícita, aunque ellos no la quieran decir: hay cada vez más paradores para que la gente vaya a dormir, pero esa no es una solución de vivienda, solo un refugio donde pasar la noche, que no siempre resulta un lugar seguro para todos”.
El correlato de estos números que llaman la atención de todas las agrupaciones es, justamente, la ausencia de políticas públicas integrales para abordar tan compleja cuestión. Y a eso apuntan las organizaciones. “No nos interesa tanto tener el número en una tabla de Excel, aunque obviamente es importante. Lo fundamental es conocer cómo vive esa gente, porque para pensar políticas públicas con impacto necesitamos saber cuáles son las condiciones socioeducativas, socioeconómicas, las problemáticas vinculadas al género o el impacto de la pandemia”, dice Fassina.
Por eso, el aspecto cualitativo es crucial a la hora de censar. Conocer a fondo particularidades y problemáticas de cada subgrupo social se hace necesario ya que las condiciones no son las mismas para nadie. Sin embargo, según afirma Nerina Coronel, una de las referentes de No Tan Distintes, el relevamiento no contempla interseccionalidad ni perspectiva de género. “Es solo contar cuánta gente está durmiendo en la calle”, agrega.
Esta situación se complementa con una merma en el presupuesto estatal destinado a la cuestión: en los últimos dos años, el gobierno de Rodríguez Larreta recortó hasta un 20% de la partida. Mientras tanto, múltiples problemáticas son dejadas de lado.
Con respecto a las mujeres y las personas LGTTB, no solo falta indagar hace cuánto están en situación de calle, sino también por qué. “Muchas mujeres están en situación de calle por violencia de género o situaciones de abuso intrafamiliar”, cuenta Coronel. Colectivos como el trans o el travesti; grupos como las mujeres embarazadas o las que tienen niños, las infancias por sí mismas, los migrantes, la gente mayor, las personas con discapacidad o problemas de salud mental, todos ellos requieren de abordajes que contemplen la complejidad de cada situación.
“Todo ese cualitativo permite hacer una evaluación más real de los subgrupos más allá del número general y ahí planificar un poco más en relación a lo que realmente estas necesitando”, comenta Ávila, quien también asegura que este no es un problema exclusivo de Capital Federal: es un fenómeno que ocurre en todos los grandes centros urbanos del país.
Pero la Ciudad de la Furia sí tiene una particularidad: su ritmo vertiginoso y su dinámica social. Epicentro laboral, de día se consumen y desechan todos los recursos que de noche son utilizados por aquellos que viven, duermen, comen y trabajan en la calle. Por eso, afirma Vera Belli, “lo que observamos en CABA es que no podían hacer un censo de gente en calle de igual modo que harían uno de otro tipo”.
Actualmente, el diálogo entre Gobierno y organizaciones sociales está roto. Para agosto, esperan poder salir a la calle a realizar el Tercer Censo Popular. Estiman, según Ávila, un 30% más de gente en situación de calle con respecto al 2019. Resta conocer cuáles son, realmente, las consecuencias de la pandemia y de la falta de políticas públicas para quienes hacen de la tierra de nadie, la Tierra de los Nadies.
