Oct 13, 2021 | Culturas, Novedades
Durante demasiado tiempo, las personas con discapacidad fueron invisibilizadas: no se les reconocían derechos, no tenían voto ni decisión, se las percibía como sujetos pasivos que requerían asistencia constante. Todo lo que fuera “especial”, los posicionaba como distintos a una supuesta normalidad.
Desde principios de siglo, hace unos 10 años, existe un nuevo paradigma que está en construcción y deconstrucción: el modelo de la autonomía. Defendida y trabajada en la Compañía de Artes “Las Ilusiones”, esta concepción incentiva a pensar a las personas con discapacidad como sujetos de derechos y de participación activa más allá de lo artístico. El arte se convierte en un camino de posibilidades que reconfiguran la percepción de la sociedad.
“Se trata de un espacio lúdico y de encuentro. Crear una obra de teatro o una puesta en escena involucra a todos los que estamos ahí, en un aquí y ahora. A diferencia de ambientes jurídicos o laborales, implica encontrarse desde la paridad y partiendo de las capacidades individuales de cada uno”, afirma Juan Ignacio Acosta, licenciado en Dirección Escénica y director de Las Ilusiones.
Así, el arte inclusivo potencia las capacidades individuales y su autopercepción: facilita el desarrollo cognitivo conductual y rescata esa voz interna que no siempre puede expresarse a través del lenguaje verbal o gestual. Este campo pretende quitar el velo con el que vemos el arte, pero, sobre todo, la discapacidad. Derriba mitos conociendo otras realidades y empatizando con ellas, ya sea a través de un cuadro, una poesía o una obra.
“Las obras de teatro inclusivo permiten hablar de lo que va a venir, una sociedad totalmente inclusiva, abajo y arriba del escenario, en todos los ámbitos. Aporta un espacio de ser, de elegir qué hacer y de ser valorados con nuestras diferencias y similitudes”, subraya Acosta.
Es un espacio en constante tensión: aparecen pequeños logros del colectivo de discapacidad o políticas más inclusivas del Estado, sin embargo, siempre se presentan barreras. “Lo que yo noto hasta hoy es que hay un sesgo en la sociedad por tratarlos como enfermos: o son muy ángeles, como falsamente positivos, o son mogólicos, en un sentido negativo y pasivo. En estos extremos perdemos un montón de colores y variantes posibles”.
Mientras dialoga con ANCCOM, la madre de uno de los artistas que concurre al lugar le dice en tono gracioso: “Che Juan, ¿puede ser que desde que mi hijo viene a Las ilusiones habla más y manifiesta lo que no le gusta? ¡Está como más rebelde!”. “Sí, porque es adolescente y tiene que ponerse rebelde, decidir cómo vestirse, a dónde ir, con quién estar –responde Acosta–. Y eso no es rebeldía, es autonomía”.
¿Cómo se reflexiona y se potencia este proceso artístico junto con las familias? Depende de la historia detrás de cada una. “Cuando una persona nace con discapacidad, se instala la nomenclatura de que toda la vida va a ser dependiente, entonces después es difícil borrar esas estructuras que se construyeron tan hegemónicamente. Nosotros como agentes trabajamos en conjunto con las familias a medida que se van abriendo o conversando sobre la autonomía, acá es fundamental lo que les pase a los padres, por eso trabajamos la confianza”.
La pandemia repercutió en la compañía. Al principio, subieron actividades a YouTube y organizaron clases virtuales por Zoom. Además, realizaron acciones de contención emocional para padres y talleres de otras artes. “Hubo una buena recepción y se aprovecharon los canales: propusimos que el artista elija la disciplina que quiere hacer y el formato que le gustaría. Actualmente, lo bimodal –presencial o virtual– nos ayudó con mayor organización, las burbujas no se rompían, sabíamos quiénes venían para cada actividad y así fue todo el año, tuvimos que adaptarnos en espacios abiertos, con distancia, con barbijo”.
Fernando Pacheco integra Las Ilusiones desde 2016. Hace teatro, canto y desde 2017 es preceptor de comedia musical. En su rol, acompaña a los artistas en las actividades y trata de dar respuesta a lo que ocurre arriba y abajo del escenario. “Según lo que necesiten, ayudo con texto o coreografía. Desde esta responsabilidad me siento partícipe de este espacio, no es una pequeñez lo que hago, al contrario, se trata de ser parte de esta gran familia. Colaboro con los artistas y ellos me ayudan a crecer como persona”, señala.
Lo que más le gusta de Las Ilusiones es trabajar codo a codo con personas con distintas discapacidades y aprender de ellas y con ellas. En cuanto a las clases virtuales, cuenta que le costó adaptarse: “Que sean desde nuestras casas, con nuevos espacios, manejar Zoom, pero me fui amoldando y pude trabajar bien”. Volver a lo presencial fue una alegría inmensa. “Me reencontré con mis compañeros como antes, aunque con los cuidados respectivos, volver a trabajar como hace años fue muy bueno”, dice.
El arte inclusivo busca la integración de la diversidad: “Para mí es libertad, es poder expresar sentimientos y emociones de diferente manera y crear mundos que no existían”, sostiene Pacheco. Para Acosta, es una vanguardia artística con sus propias variables, sus formatos y con un tipo de estética que se construye día a día: “Es un vago movimiento estético y artístico que abre la puerta a construir con un otro sin limitaciones neurológicas o físicas. No crean que es un producto infantil o amateur, todo lo contrario, hay un arte ensayado, elaborado, pensado, que no por ser inclusivo, deja de ser profesional”, concluye.
Oct 13, 2021 | Entrevistas
Las Islas Malvinas están situadas en el Mar Argentino a unos 600 km de la costa patagónica. Poseen una superficie de 11.718 km2. Se componen de dos islas principales, Soledad y Gran Malvina, y alrededor de 200 islotes más pequeños. Para los ingleses y sus propios habitantes el nombre es Falkland Islands.
Federico Lorenz, historiador, profesor y escritor argentino, se especializó en este hecho bélico. Autor de libros como Las guerras por Malvinas, En quince días nos devuelven las Islas y Guerras de la historia argentina, se doctoró en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento. Su último libro Postales desde Malvinas apunta al público infantil.
La Guerra, un hito en nuestro pasado
En nuestro país “Malvinas” posee una gran carga simbólica de reconocimiento a los soldados, de memoria colectiva y de una lucha que, generalmente, es común en todo el arco político. Lorenz cuestiona el lugar desde el que se piensa a las Islas sin desestimar la causa nacional de recuperación y por la que tantos hombres perdieron la vida.
Durante los años ‘90 comenzó a entrevistar a veteranos de guerra como parte de un trabajo de investigación. En su largo recorrido sobre este conflicto, el historiador infiere que se debe pensar de otra forma la recuperación de las Malvinas sin abandonar el reclamo. La propuesta sería la de desarmar ese mandato para repensar la integración de las Islas dentro de un proyecto.
«Me parece insuficiente -sostiene- imaginarlas sólo recuperadas. Me gustaría que el dictum de las Malvinas ´fueron, son y serán argentinas´ estuviera atravesado por una imaginación del país que quiero o que los dirigentes explicaran cómo se lo imaginan dentro de un proyecto». Y, agrega: “Tenemos un mandato de recuperación constitucional. Está en la Constitución Nacional. Hay una cláusula transitoria de recuperación pacífica de las Islas y es un dato no menor”.
En ese sentido, plantea “¿Cuáles serían las políticas eficaces para lograrlo? ¿Qué país nos imaginamos con las Malvinas recuperadas? ¿Qué lugar les damos a los isleños? Conocemos que hubo una Guerra y que están ocupadas por los británicos. Pero no sabemos mucho más. Fundamentalmente es un mandato, pero también es una enorme abstracción».
El especialista sostiene que se concibe al territorio en disputa desde una mirada situada en la capital de nuestro país. «Lo que yo llamo porteño-centrismo es una forma de entender a la Nación desde Buenos Aires. Comprender, entonces, que el resto de las provincias son prácticamente como sus dependencias. Malvinas es parte de la Patagonia, del Atlántico Sur. No hay que pensarlas porteño-céntricamente, sino en clave marítima, cosa que no hacemos».
Argentina es uno de los países con mayor territorio marítimo en el mundo. Es el segundo más grande de América del Sur luego del de Brasil, cuarto en toda América y el octavo en extensión de la Tierra. Si se cuentan los territorios reclamados en Antártida y Malvinas, lo convierte en el séptimo país más extenso del mundo.
Sin embargo, Lorenz indica que el país no posee una cultura marítima y que se necesita un proyecto de país que la incluya. “Aunque resulte una obviedad, las Islas forman parte de un archipiélago en medio del mar. Para nosotros el mar es un lugar de veraneo o donde uno compra alfajores», dice en tono irónico. Esto contrasta con la vivencia propia de la Patagonia. «Las ciudades del sur tienen memoria local de la Guerra. Vieron llegar a los soldados y salir los aviones. Recibían noticias que eran contradictorias con lo que vivían», explica.
El 2 de abril de 1982, fecha reconocida en nuestro país, fue el inicio de la Operación Rosario, es decir de la lucha por la recuperación de las Islas por medio de las fuerzas militares argentinas. Contextualmente era el final de la última dictadura militar. El pabellón nacional flameó en las Islas hasta el 14 de junio de ese año, día en el que finalizó la Guerra. Fueron más de 23 mil argentinos que participaron. El conflicto arrojó 649 muertes de combatientes nacionales y 255 muertes de ingleses.
La historia que mantiene una vigencia
Recientemente las Malvinas volvieron a ser noticia debido a la misión de exhumación de tumbas colectivas en las Islas. El fin era identificar los cuerpos de soldados caídos. El acuerdo se estableció entre el Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC), organización que tiene la misión humanitaria de proteger a las víctimas de la guerra, así como prestarles asistencia y el Equipo argentino de Antropología Forense (EAAF), quienes concretaron exitosamente su viaje al archipiélago.
Hallaron los restos de cinco soldados argentinos en la tumba C.1.10. del cementerio de Darwin. Las muestras de tejido esquelético serán llevadas a Córdoba al Laboratorio de Genética Forense del EAAF para su análisis e identificación. Los resultados se esperan para fines de octubre.
En referencia al descubrimiento, Lorenz señala tres puntos: el derecho de las familias al duelo, el de los muertos a ser recordados en el lugar correcto y, por último, destaca la labor del EAAF. “Se reactualiza el tema de Malvinas, pero no necesariamente desde el punto de vista de la soberanía sino fundamentalmente de nuestro vínculo con el pasado construido a partir de la noción de Verdad y Justicia”, agrega.
En la página oficial argentina.gob.ar indican que la cuestión de las Islas Malvinas es un tema prioritario de la política exterior. Se refleja un mandato constitucional y se traduce en una política de Estado. La creación de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur por el Decreto 50/2019 es el primer paso para cumplimentar los objetivos enunciados.
“Estamos en vísperas de los 40 años del aniversario de la Guerra. Se verán muchos discursos, homenajes y reconocimientos pero ningún mecanismo es suficiente para recalcar la diferencia entre el país que fue durante la Guerra y el que es hoy en día». Lorenz se refiere a la situación socioeconómica actual atravesada por la pandemia. «Hay que estar atentos porque con una desigualdad grande, una sociedad herida y que ha perdido gente, el símbolo Malvinas puede ser muy eficaz para unificar por encima de las diferencias. Me gustaría pensarnos discutiéndolas socialmente”, sostiene.
“Lo que permanece prácticamente incuestionable -añade- es la causa nacional, la recuperación de las islas. Eso permea cualquier visión sobre lo que pasó en 1982”. Desde su rol de profesor, concluye Lorenz: “Cuando se abre un poco la discusión surge una enorme curiosidad. Desde el sentido del querer saber. Es muy importante satisfacer esto con información. Yo no le temo al conflicto social, creo que la sociedad es conflicto, en el sentido de diferencia de intereses y de posiciones»
Oct 8, 2021 | Comunidad, Novedades, slider
A fines de septiembre muchos medios de comunicación anunciaron la intervención de inspectores de la Ciudad de Buenos Aires en locales en el Barrio Chino, con clausuras por alimentos en mal estado. Una visita que sorprendió no solo al barrio sino por las reacciones discriminatorias que desató.
Se allanaron cuatro comercios del Barrio Chino en el que participaron la Policía Federal, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal, la Dirección de Control Ambiental y de Habilitación y permisos junto con Bromatología. Lo cierto es que como resultado del procedimiento no se clausuró ningún local porque no se encontraron alimentos en mal estado, pero fueron secuestrados 2.000 kilos de pescado y se realizó un proceso contravencional.
El procedimiento para llegar al Barrio Chino tiene sus bemoles. La Fiscalía de Medio Ambiente y Maltrato Animal (UFEMA) que tiene jurisdicción en CABA asegura que allanó tiempo antes un local ubicado en la calle Lisandro de la Torre en el barrio de Mataderos por denuncias que realizaron los vecinos en las que se quejaban de olores nauseabundos que se daban de manera permanente, y por un vertido de líquido color rojizo al desagüe cloacal. En el procedimiento se encontró mercadería en mal estado no aptas desde el punto de vista bromatológico para el consumo humano y subproductos de la fauna silvestre cuya tenencia está prohibida como cuernos de alce y tiburones. Además, aseguran desde la Fiscalía, tenían irregularidades en el desarrollo de sus actividades y los empleados no tenían ninguna certificación sobre su situación laboral. La Fiscalía sostiene que realizó investigaciones para determinar qué locales estaban vinculados y se les procesaba y distribuía el alimento, así fue como se llegó al Barrio Chino.
Carlos Rolero Santurian, es fiscal penal de la CABA a cargo de la UFEMA y asguró: ”Se interviene en función de estándares establecidos por la ley, el procedimiento del Barrio Chino estuvo originado en una causa judicial donde hay una investigación policial con resultados concretos. En materia de alimentos los estándares deben ser claros, específicos, rígidos y severos y más aún cuando estamos en presencia de una pandemia que tiene un origen vinculado a una infección transmitida de animales a humanos. A mi no me sirve que el empleado del supermercado sea del origen que sea me diga que el pescado está frío o en buen estado si no me puede explicar la trazabilidad del mismo. Necesito que me pueda acreditar la cadena de custodia de ese alimento, de donde lo sacaron, en que tiempo, cuánto tiempo estuvo en una cámara frigorífica. Si no puede demostrar esto, no está apto para el consumo humano ni para la venta.”
Casa China es uno de los principales locales afectados por la intervención. “Durante el allanamiento –aseguraron sus dueños a ANCCOM-, vinieron con la intención de escracharnos. Nos enteramos que vendíamos tiburón por la televisión mientras en pantalla aparecía nuestro logo. Nos pidieron los papeles de la peor manera como amenazándonos y una vez que les entregamos todo se miraban como no creyendo que tengamos todas las habilitaciones. Muchos medios que opinaron sobre lo sucedido no habían estado ese día en el Barrio Chino, solamente sacaron información de internet y con eso publicaron que vendemos alimentos en estado de putrefacción. Eso nos afectó; después de las publicaciones el Barrio Chino estuvo vacío. Los que venían se sacaban fotos señalando el pescado y diciendo que era pescado podrido y aunque quisiera no podemos estar explicándole a todos que es pescado fresco del día”.
Desde el comienzo de la pandemia los comerciantes asiáticos sufren maltrato en redes sociales teniendo que soportar que los hostiguen preguntándoles si venden murciélagos, si tienen el virus y hasta les digan que se vayan del país. “Más allá de que tuvimos mucho apoyo de parte de nuestros clientes porque nos conocen y no se puede destruir 30 años de trabajo así nomás –confió el dueño de uno de los locales-, es doloroso ver como nos trataron en la inspección y en los medios. No somos chinos sucios, ni clandestinos y tampoco vendemos pescado en estado de putrefacción. Lo único que queremos hacer es trabajar tranquilos”.
Los cuatro comerciantes coinciden en que los inspectores no estaban capacitados para ir al Barrio Chino a realizar este allanamiento por desconocer las características de los alimentos que allí se venden. Uno de los dueños afirmó que “los inspectores de Bromatología saben cuando el fiambre o la carne están en mal estado, pero al pescado no lo conocen. Lo que nos pasó fue como si un profesor de biología viniera a tomarnos matemáticas. No sabían qué era lo que estaban evaluando y discutirlos o quejarse no tenía sentido porque ellos tienen el poder de tirar aún más y hasta de clausurarnos. El filete de pollo y de gatillo vienen de un tipo de tiburón pero mucha gente no lo sabe y este se compra en todas las pescaderías, es mentira que no se puede vender pero ellos no saben porque son brutos. No encontraron ningún pescado podrido pero igual salió en todos lados que sí”.
“Hay discriminación en Argentina y más desde que Donald Trump inició una guerra simbólica con China –comentó Gustavo Ng, periodista y antropólogo de ascendencia china-. Trump dijo que el virus era de origen chino y ese discurso prendió en los medios, en la política y por ende en la sociedad. Lo que molesta es la presencia de los medios reproduciendo el discurso de que los chinos son sucios y comen alimentos que crean pestes, que le hacen mal a aquellos que comen lo correcto y nunca se enferman ni causan enfermedades. La información se induce, no solo es lo que se dice sino lo que se connota, cuando se ataca a las minorías se suelen activar mecanismos de protesta pero en el caso chino no. El INADI nunca interviene cuando en los medios se nos ataca y eso también es un acto racista desde el Estado.”
Ng también explica que el futuro es desalentador para su comunidad mientras siga la guerra simbólica entre Estados Unidos y China. “Los grupos de poder en Argentina están más vinculados con Estados Unidos que con China y por eso reproducen el discurso que manda el Departamento de Estado norteamericano y este se escucha en todos lados no solo en los medios de comunicación sino en los jóvenes ecologistas que tienen una lucha super noble que busca cambiar al mundo pero con un discurso antichino por detrás, cosa que no pasa con otros acuerdos. Nadie se pone una remera que diga ‘fuera Noruega de Argentina’ pero si se ponen ‘Fuera China’.”
Oct 7, 2021 | Comunidad, Novedades
Es martes y hay que salir a trabajar. Agarrás las cosas y abrís la puerta. Afuera, el día está soleado, pero algo impide disfrutar. El barbijo no puede disimular el olor del aire. Sí, el aire tiene olor, olor a sucio, olor a polvo. El aire es turbio, impuro. Caminás una cuadra y tenés que frenar, pero no en una esquina. En la salida de una fábrica, aguardás para cruzar la entrada. Pasan uno, dos, tres camiones. Pasan los minutos y siguen saliendo camiones con volquetes vacíos, y entran otros con volquetes llenos; con escombros, con partes de autos desarmados, con maderas. Por fin cruzas, pero la música no se escucha, porque la avenida la transitan camiones pesados, hasta tractores. La vereda debería estar limpia, es primera hora de la mañana, pero donde sea que se mire hay basura: botellas, bolsas, papeles, lonas, metal.
En Villa Soldati funciona, desde 2013, una planta de tratamiento de residuos áridos. Su objetivo es tratar los escombros que quedan de las construcciones para poder reutilizarlos en la misma industria. El problema es que, en el intento, provoca enfermedades, contaminación e insalubridad a los vecinos. “¿Qué dice el Gobierno del impacto ambiental? Que, de las paredes para adentro, todo funciona bien. La planta recicla, es el único centro de estas características, se reciben toneladas de basura. Eso está genial, el problema es que el centro de reciclaje está siendo beneficioso sólo para un sector”, explica Sabrina González, referente de la Comuna 8. La indignación va de la mano con la ironía de la situación: la planta es parte del Centro de Reciclaje de la Ciudad de Buenos Aires. Su tarea cuadra en la filosofía de una economía circular, pero que hoy es más utópica que planificada.
“Entran camiones con fardos de botellas de plástico, de bolsas, de cartón, de papel. Todo eso se desprende y queda en el suelo. A principios de 2020 nos habíamos sacado una foto para retratar lo que es estar acá, vivir entre polvillo, respirar tierra”, aclara González. Y amplía: “En realidad no es solo tierra, porque si fuera tierrita no pasa nada; es cal, cemento, polvo. Eso es lo que estamos respirando. El tema son las partículas que están en el aire, no solo la cantidad, sino la calidad, que generan conjuntivitis crónica, sarpullidos y hasta diagnósticos de cáncer”.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires insiste en que la planta no contamina, escudándose en los controles de calidad del aire realizados bajo su órbita. Felipe Miguel, jefe de Gabinete de la Ciudad, quiso relajar a los vecinos de Soldati: “Dijo que los niveles de contaminación estaban bien e incluso mejor de lo máximo posible. Que la planta no contaminaba. Pero cuando les preguntamos si mejorarían algo, nos dicen que sí, que van a levantar una construcción para evitar que pasen para afuera las partículas. Ahí se contradice un poco”, relatan Laura Velasco, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos y su asesor, Facundo Sanseverino.
Sin embargo, a partir del inicio de la pandemia, todo empeoró y se hizo más notorio. “Cuando no había pandemia, nosotros vivíamos acá, pero nos íbamos a trabajar, a lo de un amigo, a llevar los chicos al colegio, estábamos todo el tiempo en movimiento. Teníamos alergias y demás, pero parecían hasta leves”, cuenta Sabrina González. No obstante, el comienzo del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en marzo de 2020 fue un punto de quiebre. “Cuando arrancó el aislamiento y tuvimos que encerrarnos todos en nuestras casas las 24 horas del día, fue un horror. Nos recomendaban tener las ventanas abiertas para ventilar y porque necesitábamos oxígeno, pero era imposible: teníamos arenilla en la garganta, respirábamos mal y los vidrios se llenaban de polvo enseguida”, continúa.
La planta de áridos se mantuvo cerrada tan solo tres días en el comienzo de las medidas preventivas implementadas por el gobierno. Las quejas del conjunto de vecinos y la falta de respuestas por parte de las autoridades los obligó a hacerse cargo de la situación. “La Mesa Ambiental de la Comuna 8 nació en 2019 acá en Soldati. No sabíamos si la gente iba a ir y fuimos 60 en total, lo cual ya nos dio un parámetro de que había un montón de laburo para hacer. Está conformada por tres organizaciones sociales y políticas, por vecinos y vecinas y por la Junta Comunal. Necesitábamos que empezara a circular la información entre los vecinos y así empezamos con los conversatorios”, relata González.
La referente de la Comuna 8 recuerda los sucesos del día en que la planta de áridos volvió a abrir en plano ASPO: “Ese viernes nos empezaron a llegar fotos y videos a los representantes de la Mesa Ambiental, mostrando que estaba funcionando y no lo podíamos creer. Ahí decidimos venir hasta la puerta como medida de reclamo”, pero la medida se convirtió en pesadilla. Un grupo de volqueteros llegó a la planta y, luego de pedirle a la policía, que había arribado hacía instantes al lugar, que se corra, colocaron los volquetes en el portón de entrada al predio, dejando encerrados a los manifestantes entre este y la puerta de entrada a la planta. “Seis horas nos dejaron encerrados, mientras nos amedrentaban y nos tiraban piedras, muchos de ellos querían confrontación”, describe Sabrina González, todavía con un tono de asombro. Este suceso generó que, luego de una reunión entre el Ministerio de Desarrollo y la Junta Comunal, se pactara el cierre provisorio de la planta. Cierre que duró tan solo un mes, ya que posteriormente comenzó su reapertura paulatina hasta llegar a su funcionamiento habitual: todos los días, excepto domingos y feriados.
Justamente, lo que no quieren los representantes vecinales es confrontación. “Nosotros no queremos sacarle el trabajo a nadie, ni que la planta desaparezca. Solo pedimos su traslado a un lugar donde no habite tanta gente”, comenta Fidelia Cruz, integrante de la Mesa Ambiental Vecinal de Soldati, que es un barrio y, como todo barrio, se conocen entre todos, incluso con algunos de los volqueteros. “En el reclamo de principios de la pandemia, muchos volqueteros que nosotros conocemos, venían por lo bajo y nos decían que a ellos tampoco les conviene que la planta esté acá, porque tienen que bajar de la autopista a 20 y cualquier cosa que se te cruce provoca un accidente. El problema es que no pueden hacer mucho porque son empleados y no quieren perder su trabajo. Son nuestros vecinos, no hay por qué tener conflictos entre nosotros porque el Estado tiene que estar por sobre todos”, amplía González, mientras un tractor avanza por la calle Martiniano Chilavert y provoca que tenga que elevar su voz para ser escuchada.
En relación con la cuestión ambiental, se entrelaza la justicia social. El barbijo de Nicolás Meza, integrante de la Mesa Ambiental, dice “ecologismo popular”, en verde y mayúsculas. Y afirma: “La falta de justicia social es lo que nos lleva a discutir las problemáticas que venimos padeciendo a nivel estructural con respecto a la injusticia ambiental”. En la Ciudad de Buenos Aires, las leyes de Educación Ambiental y de Basura Cero están vigentes, pero no se cumplen. “Acá la mirada está normalizada. Los chicos salen del polo educativo y del deportivo y ven toda esta mugre. ¿Qué te va a importar tirar tu papelito del chicle, si ahí hay una bolsa y un cartón?”, comparte González, decepcionada. “Mientras, ellos hacen visitas guiadas a la planta. La ciudad verde que están proyectando, a nosotros nos deja afuera”.
Pero Laura Velasco reivindica el trabajo de los vecinos y el concepto de ecologismo popular: “El tema ambiental se suele vincular con los sectores medios, pero la falta de espacios verdes y la contaminación del suelo, agua y aire afecta, sobre todo, a los barrios populares. Está buenísimo el proceso de organización de los vecinos. Entendemos la salida por ese lado: que ellos sean quienes traigan su voz para hacer la denuncia, pero que también puedan traer propuestas de gestión comunitaria de las que sean parte”.
Velasco presentó un pedido de informes en la Legislatura de la Ciudad. Todavía no hubo respuesta. A su vez, los vecinos avanzan en la presentación de un recurso de amparo por la planta. González nos demuestra que el objetivo final es realmente la reubicación de la planta, nunca en contra de lo ambiental ni de los trabajadores: “El centro de reciclaje es buenísimo. Sabemos cuánta plata hay en estos espacios donde llega la basura, muchos de nuestros vecinos tiran del carro. Sabemos lo que es, no estamos en contra del reciclaje porque somos eso, esencialmente está en nuestra sangre”.
Oct 6, 2021 | Comunidad, Novedades
Fue a mediados de agosto, en el mes de la Pachamama, que la primera manifestación contra la aprobación del trigo transgénico tuvo lugar a lo largo de todo el país. El Panazo ocurrió en la semana del 16, con una convocatoria a través de las redes, bajo la consigna “¡Con nuestro pan no!” y constaba en la distribución de productos panificados realizados con trigo agroecológico. Esta vez, el reclamo no era por el aumento de las materias primas sino por la posible utilización de trigo genéticamente modificado en las mesas argentinas.
“Las principales características del trigo transgénico son, por un lado, la resistencia a la sequía. Por el otro, es que se le otorgó una resistencia a un agrotóxico que es el glufosinato de amonio, así que ya de entrada este trigo está diseñado para que pueda ser utilizado en conjunto con un agrotóxico”, explica María Eugenia Suárez, investigadora adjunta del CONICET, especializada en ambiente, conservación y sustentabilidad. La resistencia del trigo HB4 a crecer frente a una crisis hídrica es un dato al que la investigadora agrega: “Se crea este trigo supuestamente para poder resistir a la sequía, una sequía que fue creada, en gran parte, por el propio agronegocio y por el mismo modelo de producción agropecuaria. Ahora se trata de emparchar y tratar de seguir adelante bajo el mismo modelo proponiendo algo que lo único que hace es profundizar los problemas que este propio modelo ha creado”.
Su aprobación fue publicada el año pasado durante el mes de septiembre en el Boletín Oficial por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca a través de la resolución N°41/2020. En esta, se acepta la aplicación del trigo transgénico HB4 creado por la empresa rosarina Bioceres (compañía dedicada a la biotecnología agropecuaria). Pero, hay un dato que llama la atención: es necesaria todavía la aprobación por parte del Gobierno brasileño para que se pueda efectivamente comercializar este cultivo. Esta decisión no es al azar, sino que responde al hecho de que Brasil es el principal importador del trigo argentino. “La comercialización de este trigo en Argentina queda supeditada a lo que Brasil decida. Lo cual es claramente una decisión para nada soberana y, por otro lado, muestra muy claramente que la finalidad que se busca con este paquete tecnológico es la exportación” sostiene Suárez.
Marcha por la crisis climática.
El Instituto de Agrobiotecnología de Rosario (INDEAR), empresa de investigación y desarrollo biotecnológico que surge entre la alianza del CONICET y Bioceres (una de las empresas de biotecnología agrícola más importantes de la Argentina con sus cotizaciones en la bolsa de New York) fue la encargada de la fabricación del trigo HB4. Soledad Barruti, periodista dedicada a la alimentación e industria alimentaria, en su charla junto a Darío Sztajnszrajber, en Tecnópolis durante la “Feria Nuestra”, manifestó que “el 60 por ciento de la tierra cultivable está destinada a la soja de exportación (también transgénica, con su primera aprobación en 1996). La agricultura es la producción de la tierra para la alimentación humana mientras que el agronegocio es la producción de la tierra para los negocios de la Sociedad Rural Argentina. Esto hace que no se produzca para vender, se producen granos para exportar y alimentar animales encerrados en granjas industriales que luego son consumidos en los países de más alto ingreso.” A esto, Suárez agrega que “la finalidad de la producción y comercialización del trigo transgénico en Argentina no tiene que ver con paliar el hambre, no tiene que ver con la desnutrición, no tiene que ver con mejorar el bienestar del pueblo argentino sino con responder a intereses económicos que son los que priman hoy, que salgan favorecidos económicamente los mismos de siempre”.
Las consecuencias de la aplicación de este trigo no solo suponen una desventaja económica a otros productores dedicados a la agroecología, sino que también vulnera aspectos sanitarios y ecológicos: “Más allá de lo económico, los que salimos perjudicados somos todos, incluyendo a los mismos participantes del agronegocio, sus nietos, sus hijos y seres queridos —asegura la científica—. Porque la producción de este trigo transgénico, como cualquier producción bajo este modelo agroindustrial de producción, es dañina a nivel socioambiental, empezando con el uso de agrotóxicos y porque seguimos avanzando sobre bosques nativos para poder seguir ampliando la frontera agrícola”. Sumado a esto, se han verificado innumerables casos de contaminación transgénica (como la soja y el maíz) a cultivos aledaños que pretenden ser orgánicos, “La soberanía alimentaria y así como el derecho de los pueblos de decidir qué es lo que quiere consumir y que es lo que quiere producir se ve totalmente vulnerado. Hay un montón de productores que quieren producir de otra manera y quieren empezar a producir un modelo diferente a través de la selección de semillas y el fomento de otro modelo agropecuario. Al implementar este trigo transgénico y como ya ha sucedido con otros productos transgénicos se ve una clara vulneración y alejamiento de alcanzar una soberanía alimentaria”, agrega Suárez.
Organizaciones que conforman la Plataforma Socioambiental se expresan contra la autorización del trigo tránsgenico.
¿Es posible una soberanía alimentaria en un país dominado por el agronegocio y la industria alimentaria hegemónica? Barruti da una respuesta desalentadora: “Lo que termina habiendo es una sociedad cada vez más destruida por lo que está comiendo, mientras el dinero no le alcanza para comer mejor. Es un sistema muy tremendo que no deja a nadie del otro lado. No hay otro lado, si lo que hay es un montón de resistencias donde lo que predomina es una necesidad de tener una relación con la vida distinta, con los alimentos y la producción distinta”. Un ejemplo de estas resistencias es la creación de la Plataforma Socioambiental (impulsora del Panazo), integrada por instituciones como la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), el Movimiento Nacional Campesino Indígena-Somos tierra, entre otras. “Mientras desde algunas miradas la posibilidad de salir de la crisis se basa en seguir insertándonos en cadenas internacionales de valor sobre la base de profundizar la destrucción de nuestros territorios y culturas, consolidando nuestra dependencia como país, la concentración y desigualdad social; nosotros y nosotras estamos convencidxs de que hay que apostar y amplificar lo que las organizaciones sociales y populares ya hacemos en nuestros territorios desde un lugar virtuoso en términos sociales y ambientales” manifiesta la UTT en su página web anunciando la creación de este proyecto.
Según el informe “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo”, publicado en 2020 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sistema alimentario actual es responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero entre el 21% y el 37%, sin tener en cuenta otros efectos medioambientales (como en el caso local, las deforestaciones). A esto se le suma que los costos sanitarios relacionados con la dieta superarán los 1,3 billones de dólares para el año 2030. Agregan, además, la responsabilidad de los estados frente a este problema mundial que engloba al hambre, la salud y el medioambiente: “Los países tendrán que reequilibrar las políticas e incentivos agrícolas para llevar a cabo medidas de inversión y políticas que tengan en cuenta la nutrición en toda la cadena de suministros de alimentos, a fin de reducir las pérdidas de alimentos y potenciar la eficiencia en todas las fases”. En línea con el informe, Barruti sostiene que “los sectores más marginalizados, más empobrecidos y con menos derechos de nuestra sociedad son los productores de alimentos primarios bajo un esquema donde hay un puñado de grandes empresarios que hacen un acaparamiento de las ganancias”.
Según la científica del CONICET, “no podemos avanzar hacia una soberanía alimentaria sin que el pueblo esté informado sobre lo que consume y tenga acceso a alimentos de calidad. Por eso, hay que avanzar sobre esta visibilización y concientización con información real sobre qué es lo que estamos consumiendo hoy en día y ponerlo, también, en cuestionamiento”. En definitiva, un aspecto tan cotidiano (para algunos) como la comida, es sin duda una de las discusiones más políticas y relevantes de la actualidad.
