Mar 7, 2019 | Géneros, Novedades
A comienzos de 2019, un comunicado trae noticias desde Chiapas. Está dirigido a las mujeres del mundo y la firma le pertenece a las mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), movimiento autónomo y revolucionario del Estado de Chiapas. La carta anuncia que este año no se realizará el Encuentro de Mujeres que Luchan que, en 2018, reunió a mujeres de todo el mundo en territorio zapatista. Para la organización, la prioridad de estos días es la defensa de su autonomía. “Lo poco que hemos logrado es luchando, sin que nadie nos lleve la cuenta, sin fotos, sin entrevistas, sin libros, sin consultas, sin encuestas, sin votaciones, sin museos y sin mentiras”, argumenta el documento.
Hace mucho tiempo que estas mujeres tejen su propio modo de combatir las problemáticas de género. “Tiene que ver con el modo zapatista: su forma es a partir de la ternura, la empatía. Es otro modo de hacer política”, describe Diana Itzu Luna, mexicana, integrante del Espacio de Lucha contra el Olvido y la Represión (ELCOR), agrupación de San Cristóbal, Chiapas, en diálogo con ANCCOM.
El año pasado, desde el Consejo Indígena Nacional y el EZLN, se conformó el Consejo Indígena de Gobierno y se presentó a Patricia Marichuy como vocera frente al escenario electoral de México. La idea era darle visibilidad a conflictos existentes hace cientos de años y que persisten más allá de los distintos gobiernos: la persecución a los pueblos originarios, la matanza directa hacia las mujeres y la destrucción de la madre tierra. “Tiene que ver con una barbarie del patriarcado en esta etapa específica de crisis del capitalismo”, opina Itzu Luna, en referencia a la crisis de los recursos naturales en el proceso actual de destrucción concreta y acelerada por parte de “la hidra”, como llaman los y las zapatistas al sistema y sus “malos gobiernos” que lo alimentan.
“No es casual que se haya presentado una mujer, indígena y curandera tradicional”, agrega la referenta de ELCOR. Hacer visible estos saberes es hablar también de ese modo distinto de entender lo político.
Las razones para cancelar el encuentro internacional son contundentes: con la energía puesta en defenderse de la Guardia Nacional que avanza, y de una serie de megaproyectos capitalistas ya en marcha en el sur de México y en territorio autónomo, las mujeres chiapanecas, milicianas y revolucionarias, necesitan focalizar en la construcción colectiva hacia dentro. Y resistir.
El domingo 10 de febrero, el presidente de México, Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO), informó que se sometería a consulta la finalización del Proyecto Integral Morelos (PIM): un gasoducto, un acueducto subterráneo, una central termoeléctrica y un centro distribuidor de energía de la Comisión Federal de Electricidad, instalaciones que atraviesan más de sesenta comunidades campesinas de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, territorios dedicados principalmente a la actividad agrícola. El PIM representa una amenaza para los pueblos que necesitan de los recursos naturales para sobrevivir.
La batalla democrática no había llegado aún cuando, el 20 de febrero, asesinaron a Samir Flores, referente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos-Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT), principal oposición al proyecto de la termoeléctrica.
El día de la consulta los votos no representaron a todos. En Huexca, por ejemplo, se convocó a una asamblea popular que concluyó con un pronunciamiento en contra de la termoeléctrica para entregar al gobierno federal: “Solo Huexca puede decidir por Huexca, Ayala por Ayala, Puebla por Puebla y Tlaxcala por Tlaxcala”.
Sin embargo, el Gobierno consideró la jornada como un éxito, anunció el triunfo oficial con un sesenta por ciento de los votos a favor, y el proyecto seguirá adelante: “No podíamos dejar que se convirtiera en chatarra, es una planta de la Comisión Federal de Electricidad que al operar permitirá dar energía eléctrica a todo el estado de Morelos. Si no se echa a andar esta planta deberíamos comprar energía eléctrica a precios elevadísimos”, afirmó AMLO en conferencia de prensa, el lunes 25 de febrero.
“Con un discurso sobre inversión sustentable, sobre empresas que tengan responsabilidad en el turismo, con el medio ambiente, se reviste el verdadero objetivo, el de ocupar las tierras para explotar los recursos, desarmando así las subjetividades colectivas de los pueblos indígenas del sur”, explica Itzu Luna.
Encuentro a la distancia
Con una coyuntura agitada, el zapatismo está más alerta que nunca. Sin la convocatoria de un encuentro internacional y presencial, las mujeres zapatistas llamaron a luchar dentro de cada espacio. El objetivo es fortalecer el adentro para poder resistir hacia afuera.
Otra de las razones por las cuales no se hará al Encuentro es la imposibilidad de garantizar seguridad hacia las compañeras del mundo. Así lo recuerda Luisina Bresler, exintegrante de la Red de Solidaridad con Chiapas: “Ellas nos cuidaban, una vez dentro de su territorio, no existía la posibilidad de ningún peligro. Lo primero que me llamó la atención fue su cariño en la forma de hacer, de comunicarse. A pesar de la cantidad de cosas que había que resolver, ellas hacían todo a su tiempo, con calma: el tiempo zapatista”.
Hay algo que se repite ante la pregunta por el modo zapatista de cuestionar, enfrentar, luchar contra el patriarcado. Quizás porque su militancia parte de enfrentar primero al capitalismo como sistema económico, político y cultural, como régimen temporal, como forma en que se imponen las relaciones, los vínculos, en el mundo occidental. “Lo que más me interpela del zapatismo es el hecho de ir más lento. Hay que volver a preguntarnos, conocernos, vincularnos, y a partir de ahí construir una lucha en común. Siento que por momentos nos enmudecimos, que dimos por sentado las diferencias y nos pasamos por alto las preguntas esenciales: ¿quiénes somos, qué queremos hacer, cómo vemos al mundo?”, reflexiona Bresler en declaraciones a esta agencia. “Cuando vos vas a una comunidad zapatista, lo primero que vas a recibir va a ser cariño, respeto, no te van a juzgar. Ese cariño es lo que nos falta, porque el capitalismo nos ha enseñado siempre a competir”, agrega Itzu Luna.
La “Carta de las zapatistas a las mujeres que luchan en el mundo” deja en claro que no es momento de abrir las puertas al mundo y que es necesario fortalecerse, hacerse preguntas, reconstruir vínculos y resistir en el territorio. “No somos optimistas ni pesimistas, pero en nuestro latir, está la esperanza”, concluye.
Mar 6, 2019 | Géneros, Novedades
“Me di cuenta que estaba sujeta al par binario y etiquetada con el sexo femenino. Esa identidad no me correspondía”, expresa conmocionada Lara María Bertolini, activista travesti, luego de recibir el pasado 1 de marzo el fallo de la jueza Myriam Cataldi del Juzgado Nacional en lo Civil Nº 7, que ordena al Registro Civil a asentar como identidad de género, la femineidad travesti.
Bertolini, además de ser estudiante de Derecho, trabaja en la defensa, promoción y creación de derechos del colectivo desde la Procuración General de la Nación. En diálogo con ANCCOM, su abogado Emilio Buggiani sostuvo: “Es un fallo superador, no solo porque reconoce su identidad sino porque apela al Estado el reconocimiento de la identidad autopercibida de todas las personas argentinas. Ahora es responsabilidad del Gobierno y las instituciones instrumentarlo. Nosotros por nuestra parte, seguiremos peleando”.
Esta sentencia marca un gran precedente en nuestro país y a nivel mundial, dado que rompe con el sistema binario establecido para las identidades de género y sienta jurisprudencia para los casos que vendrán a futuro.
“Hay tantas identidades de género como personas existen”, reflexionó Buggiani, y explicó: “Nosotros pedimos que se reconozcan dos Derechos Humanos fundamentales: el Derecho a la Identidad y el Derecho a la Igualdad. Nos hemos apoyado en la Ley de Identidad de Género en donde se avala el reconocimiento a la identidad autopercibida de cada persona y sus sentires internos que, a su vez, requiere ser plasmada en todos los Documentos de Identidad. Al ser atropellados estos derechos, las personas se encuentran en un estado de marginación ya que no pueden gozar de su libertad de autenticidad, de diferenciarse de los demás”.
En la conferencia de prensa que ofrecieron en el Centro Cultural y Político “El Hormiguero” luego del dictamen, asistieron acompañando a Bertolini y su abogado, Marlene Wayar y Violeta Alegre, activistas trans de gran trayectoria y compañeras de lucha. Wayar, autora de Travesti, una teoría lo suficientemente buena, declaró: “No son privilegios de los que gozamos. Son derechos adquiridos. La conquista de Lara, es un derecho personalísimo. Todos los luchadores y luchadoras sabemos que el primero a defender y rescatar del sistema que nos quiere encorsetar todo el tiempo”.
Por su parte, Violeta Alegre, investigadora y docente sostuvo: “A partir del fallo, se le da reconocimiento a una lucha que es colectiva e histórica. Pone en tensión lo establecido y nos permite pensarnos desde nuestras particularidades. Muchas veces por temor a romper los modelos hegemónicos, dejamos nuestra identidad de lado. Ponerle el cuerpo al reconocimiento social es una tarea dolorosa, es una mirada violenta y constante. Trae consecuencias tales como nuestras muertes. Lo que nos pasa es por ser travestis, no por ser mujeres”. Es que para este colectivo, las asambleas que se llevaron a cabo en torno al Día Internacional de la Mujer han conllevado cierta preocupación en relación a la organización de ramas consideradas “radicales” del Movimiento Feminista, que otros sectores entienden que llevan como bandera un feminismo no inclusivo. Si bien destacan que subsisten diversos feminismos múltiples y plurales, que conforman un conjunto heterogéneo de ideologías y de movimientos políticos, culturales y económicos que tienen como objetivo la igualdad de derechos entre las personas, cualquiera sea su identidad de género.
Alegre, como representante de la Columna Travesti y Trans, expresó: “Estamos en tensión con el Movimiento Feminista Radical. Nosotras nos organizamos y armamos asambleas donde llevamos la disputa de forma interna. Las travas y trans hemos avanzado y no podemos permitir que este sexismo tenga más voz porque nosotras ya logramos una gran integración a través de un largo camino. La identidad travesti, por más que a muchas duela, a otras nos empodera. Es abrir la posibilidad a la sociedad de ampliarse para pensarse en otros términos. Rever sus prácticas y modos de vinculación”. Las tres activistas coincidieron en una estrategia comunicativa y organizacional para combatir diariamente los golpes al movimiento: la templanza trans, que Bertolini explicó de este modo: “Debemos demostrar que hay una resistencia política, más allá del gobierno opresor que estamos viviendo. El Movimiento Travesti-Transgénero existe, a pesar de todo el dolor que nos han causado. Vivimos por dos años en un velorio imparable por los asesinatos de nuestras compañeras pero hay pequeñas acciones, como este fallo, que nos permiten impulsarnos hacia adelante. La lucha de nuestro colectivo siempre será identitaria y política”.
Mar 6, 2019 | Comunidad, Novedades
El movimiento antivacunas elevó una petición en Change.org por el no reconocimiento de la autoridad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Estado Nacional, que da carácter obligatorio al calendario de vacunación a nivel nacional. Y es que en diciembre pasado, el Senado aprobó por unaminidad una nueva ley de vacunación, que fue promulgada el 4 de enero último, en reemplazo a la legislación vigente desde la última Dictadura. La Ley Nº 27.491 fue iniciativa del diputado tucumano del partido justicialista, Pablo Yedlin.
La actual ley tiene como objetivo establecer la vacunación de interés nacional, además de garantizar la gratuidad de los servicios y la equidad para todas las etapas de la vida. La ley destaca la importancia de tener el Calendario Nacional de Vacunación para “el ingreso y egreso del ciclo lectivo, realización de exámenes médicos, renovación y trámite del DNI y licencia de conducir, pasaporte, residencia, asignaciones universales y certificado prenupcial”. Si bien, no es condición necesaria para seguir con la realización del trámite, será obligatorio comunicar al paciente cómo y dónde acceder a las vacunas, que según el Ministerio de Salud de la Nación son de carácter obligatorio, universal y gratuito.
Según el calendario de vacunación nacional, todo individuo mayor de cinco años debe acreditar por lo menos dos dosis de la vacuna doble o triple viral. A pesar de la gravedad del asunto, existen colectivos que se manifiestan en contra del uso de los inyectables. Argentina sin Vacunas se conforma como un colectivo, presente en las redes, pero que ha logrado visibilización con acciones concretas.
El calendario y sus detractores
El pasado 22 de enero, se congregaron los adherentes al movimiento antivacunas en la Ciudad de Buenos Aires en la plaza del Congreso de la Nación y en la Plaza Olivos de Córdoba, para dar a conocer su rechazo a la nueva Ley de Vacunas y su obligatoriedad. Los argumentos esgrimidos por este colectivo son los de la soberanía y el derecho de las personas a velar por las decisiones sobre sus cuerpos y los de sus hijos e hijas. Al mismo tiempo, consideran que elementos como el aluminio, el mercurio y metales en general están presentes en las vacunas como causales de la mayoría de los trastornos metabólicos y neurológicos. “Las dosis de estos excipientes son ínfimas. Es ridículo pensar que puede traer complicaciones. Además sirven para absorber el antígeno que querés colocar en la vacuna”, explica Elena Obieta, jefa del servicio de infectología del Hospital Municipal de la Ciudad de Boulogne y docente universitaria.
La OMS estipula, además, que después del agua potable, las vacunas son el elemento que más ha ayudado en la prolongación de la vida humana. Allí radica principalmente su importancia. “Vos con tu cuerpo podés hacer lo que quieras. Ahora, si vos viajás por ejemplo y volvés con sarampión y tu hijo se muere por contagiarle la enfermedad. El ser anti vacunas no tendrá respuesta ante esto”, continúa Obieta.
“La gente se moría de polio, de tétanos, de coqueluche en la guerra, y hoy son condiciones que ya no existen. Las vacunas salvan vidas”, asegura Elena Obieta.
Argentina Sin Vacunas se escuda gracias al proyecto Cal Oregon, financiado por la Fundación Generation Rescue y controlado por padres de niños vacunados y no vacunados. Según el estudio, 17.674 niños que atravesaron por estos procesos, presentaron cuadros de Asma, Autismo, Trastorno por déficit de atención y trastornos neurológicos. Sin embargo, Guillermo Benchetrit, jefe del servicio de infectología del Instituto Lanari, recuerda: “El New England Journal of Medicine ha sabido desmentir todas estas posiciones en contra de las vacunas de médicos que eran reconocidos por la academia”. Elvira, una vecina del barrio de San Isidro confiesa: “Ahora estoy totalmente a favor de la vacunación obligatoria. De joven tenía otra postura. Pensaba que los chicos sanos y bien alimentados no la precisaban, o bien, no se enfermaban o se curaban fácilmente. Si bien eso es correcto, no tenía en cuenta el impacto en los demás miembros de la sociedad”.
Los portales considerados por la medicina establecen que por ejemplo, entre el 2000 y el 2008, la tasa de mortalidad por Sarampión descendió un 78%, según un estudio realizado por la ONU en 2015. Un programa de vacunación, explica el New England Journal of Medicine, ofrece un beneficio privado para la prevención para una enfermedad de una persona particular, como un beneficio externo que previene el contagio. Además agrega, que el provecho de una política pública de vacunación, ha erradicado la viruela -por ejemplo- desde 1977, al igual que la Polio, que se encuentra ya eliminada en un 99%.
La conexión, según la ONU, entre equidad e inmunización, es reconocida como insumo fundamental de los derechos humanos más elementales. “En países ricos como Alemania e Italia, el Estado se ha visto obligado a sancionar a la población que no se vacuna económicamente, debido a una mala educación y a los grupos antivacunas”, explica Benchetrit. “Además, para eliminar una enfermedad, es necesario tener un 95% de la población inmunizada”, concluye agrega. “La gente se moría de polio, de tétanos, de coqueluche en la guerra, y hoy son condiciones que ya no existen. Las vacunas salvan vidas”, asegura Elena Obieta.
La Argentina, según datos de la OMS cuenta con 22 vacunas pertenecientes al Calendario de Vacunación, superando así al Reino Unido, que cuenta con 16. El país se encuentra dentro de los países con el servicio más amplio de inmunización del mundo. La posición de la Sociedad Argentina de Inmunología es clara. Con respecto al proyecto presentado en 2017 por la diputada Paula Urroz, de Cambiemos, que proponía tornar opcional la vacunación, la máxima autoridad de inmunización se manifestó y dijo, en compañía de la Fundación Huésped y la Sociedad Argentina de Infectología: “El sólo hecho de que un niño pueda quedar desprotegido por falta de vacunación representa un peligro social, ya que no sólo él queda vulnerable, sino que también pone en riesgo a sus semejantes al no contribuir a la inmunidad general de la población”.
“El sólo hecho de que un niño pueda quedar desprotegido por falta de vacunación representa un peligro social, ya que no sólo él queda vulnerable, sino que también pone en riesgo a sus semejantes”, dijo Paula Urroz.
En cuanto a consumos individuales se refiere, la potestad de contar con más protección y acceder a vacunas combinadas existe: “Darse una vacuna extra que no está contemplada o una combinada para darle un solo pinchazo a tu hijo se puede hacer. Ahora bien, el Estado te ofrece la posibilidad de la más amplia protección a nivel inmunológico”, describe Obieta.
Existen casos de enfermedades que todavía no se ha encontrado la forma inmunológica de tratarse mediante vacuna. Es el caso del VIH, el dengue, que se conforman como virus muy cambiantes y volátiles y que dependen de la reacción de cada organismo a la enfermedad. “Siempre hemos estado a la vanguardia en ese sentido. No estamos últimos, siempre estamos buscando sacar una nueva vacuna”, declara Benchetrit, en sintonía. “Yo recuerdo que en la década del 60’, la polio era epidemia. Y venían a vacunarnos a la escuela y nadie se quejaba. Todos agradecíamos”, concluye Guillermo Benchetrit.
Vacunas que previenen brotes
En sintonía con la sanción de la nueva reglamentación se reportaron casos de enfermedades que se sabían casi extinguidas, según la máxima autoridad sanitaria del país, en todo el mundo. Particularmente en 2018, se registraron 12.000 casos de sarampión en toda la región europea. En el continente americano, se dieron a conocer dos muertes en Venezuela y Brasil a causa de esta enfermedad y 12 países registraron casos en todo el área. Vale aclarar además, que según el ministerio argentino, entre diciembre y enero de 2019, se han registrado más de 10.000 casos confirmados en Brasil.
En este sentido, hay que remarcar, que la Argentina ha logrado eliminar la circulación endémica del sarampión, gracias a la vacuna doble o triple viral, y fue en el año 2000, el último caso del virus de manera endémica en el país. Es por eso que se ha elevado el alerta a los viajeros con respecto al brote y la situación epidemiológica mundial en función del sarampión. La enfermedad afecta en su mayoría a los niños y de no tratarse adecuadamente, puede llegar a ser letal. Se caracteriza por tener fiebre alta, conjuntivitis, y erupción en la cara y cuello.
Particularmente Italia ha sufrido, desde el 2015 hasta la fecha, un auge y un crecimiento de los casos de sarampión. De acuerdo a los datos de la OMS, cuatro personas murieron en 2017 a pesar de tener a acceso a una vacuna para evitar la enfermedad de manera gratuita. Además, en noviembre del año pasado se registraron ocho niños enfermos en Bari por esta patología, todo vinculado directamente, a padres que se oponen a que sus hijos reciban vacunas.
Mar 6, 2019 | Comunidad, Novedades
Las juntas comunales están pensadas como nexo entre los vecinos y el Gobierno de la Ciudad, pero nada de esto ocurre. El reglamento no se cumple y los presupuestos quedan atados a las decisiones del Poder Ejecutivo. Los vecinos, el Movimiento Comunero y representantes comunales reclaman hace diez años que se cumpla la Ley Orgánica de Comunas y se alcance la autonomía. Es que la modificación de la Constitución Nacional de 1994, otorgó autonomía a la Ciudad de Buenos Aires y tras la sanción de la Ley 1777/05, el territorio de la Ciudad se dividió en 15 comunas, pensadas como unidades administrativas, con el objetivo de descentralizar el gobierno de la Ciudad en gobiernos participativos. Desde 2011, cada comuna elige a sus comuneros -quienes representantes a partidos políticos- para integrar las distintas Juntas Comunales.
Las comunas cuentan, por ley, con potestad de administrar el patrimonio de su territorio. Sin embargo, esta premisa es incumplida. En un comunicado de diciembre de 2018, las Juntas Comunales reclamaban que se hiciera efectiva la autonomía administrativa y también la asignación de presupuesto que está estipulada por ley (un 5% del total de la Ciudad para cada comuna, lo que hoy serían 1100 millones de pesos), para poder decidir cómo destinar sus recursos acorde a sus particularidades y necesidades.
Carlos Wilkinson, fundador de Movimiento Comunero -un colectivo no partidario, conformado en 2009 por vecinos porteños en defensa de la autonomía comunal- explicó a ANCCOM cuál es el espíritu que pregona la Constitución porteña al proponer la descentralización: “Se trata de una democracia participativa, en la cual el pueblo delibera y gobierna con sus representantes. Las personas electas deben trabajar con los ciudadanos y sus organizaciones para gestionar”. Sin embargo, la Constitución porteña nunca fue seguida por una reglamentación y unificación de criterios entre las comunas y sobre las comunas, y es justamente de eso que el PRO se sirve para seguir ostentando el monopolio de la decisión. “El rol de Movimiento Comunero y de los vecinos ha sido el de presionar para que se dé la Ley Orgánica de Comunas y se alcance la autonomía. Del lado del gobierno, y desde el 2009, no hay diálogo ni voluntad en llevar a la práctica la ley. Desde la oposición, no reclaman. Nosotros queremos vecinos conocidos por su acción, no partidos políticos”, señala el referente.
Julieta Costa Díaz, comunera de la Comuna 13 por Unidad Ciudadana -que incluye Belgrano, Colegiales y Núñez-, explicitó en diálogo con ANCCOM que “las Juntas Comunales ofrecen cercanía entre los vecinos y el Gobierno. Lo ideal sería que se genere un círculo de diálogo, de propuestas entre ambos lados, y si se cumpliera la asignación presupuestaria, a nosotros nos tocaría la administración y mantenimiento de los espacios verdes, centros de salud y hospitales, escuelas, espacios culturales, veredas, calles. Las comunas ofrecen cercanía tanto al vecino con el Gobierno, como al Gobierno con el vecino”.
«Nosotros queremos vecinos conocidos por su acción, no partidos políticos”, dijo Carlos Wilkinson.
La democracia participativa presente en la Constitución porteña está pensada bipartita. Los vecinos cuentan con Consejos Consultivos -uno por cada comuna- en donde se exponen las propuestas y quejas que se elevarán a las Juntas. Allí participan, también, los encargados de mediar entre lo institucional y lo ciudadano, los comuneros.
La ausencia de unificación entre los sistemas comunales de representación hace oscilar el número de comuneros, pero el reparto de los cargos es de la siguiente manera, según describe Julieta Costa Díaz: “En una comuna que elige cinco comuneros, dos de ellos serán del partido que gane las elecciones, dos de la primera minoría y el restante de la segunda minoría. Estos últimos -eventuales- cinco integran la Junta Comunal de una comuna. El comunero que más votos saque en las urnas presidirá la comuna”.
Ahora bien, uno de los principales problemas que parece traer esta organización radica en que «primero, el partido que gane las elecciones tiene mayoría en las comunas y casi todos los presidentes de las quince comunas. Segundo, que con ello se centraliza la gestión y también la información. Los vecinos no acceden a datos de contratos y licitaciones, e información de esa índole que es primordial para el funcionamiento transparente de la ciudadanía”, aclara Costa Díaz. “Al no cumplirse lo estipulado por la ley, todas las decisiones están centralizadas en el Poder Ejecutivo. Nunca logramos que desde la Legislatura salga aprobado el presupuesto con la asignación presupuestaria a las comunas, así la caja la tiene el Jefe de Gabinete y él asigna a su entendimiento”, denuncia la Comunera de Unidad Ciudadana.
El Estado se muestra aún más ausente en aquellas comunas más relegadas. Facundo Roma, comunero por Unidad Ciudadana de la Comuna 8 -que incluye Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati- comentó: “Tenemos, aproximadamente, 3500 chicos en las villas sin vacantes para estudiar; problemas de urbanización sin resolver y, obvio, las promesas inconclusas, como por ejemplo la del Hospital Grierson -obra con la que lanzó su candidatura Macri para jefe de Gobierno en 2007. Destinó varios miles de millones a la Villa Olímpica y el Grierson está sin terminar, cuando se trata de la comuna que más utiliza la salud pública; falta de promoción cultural y de espacios culturales; el Premetro funciona con baja frecuencia y sin aire acondicionado”, enumera Roma y agrega: “Entonces se desprenden dos cuestiones. Por un lado, hay problemáticas como la de las vacantes o varios centros de salud inconclusos o mal mantenidos a lo largo y ancho de la ciudad. Ahí debería recoger el guante el gobierno central y diseñar políticas generales. Pero también la falta de escucha a las comunas frena el avance y las necesidades particulares de cada comuna y las soluciones que ésta propone para sí misma”.
Las voces consultadas coinciden en que los obstáculos para la participación ciudadana son frecuentes. “Nos enteramos tarde de las licitaciones, si es que hay, para obras públicas, para las cuales no somos consultados. No podemos elegir, por ejemplo, si seguir terciarizando el mantenimiento de plazas o emplear personas o empresas de las comunas en la obra pública. Nos enteramos repentinamente de proyectos de venta de espacios públicos, o determinado uso de espacios verdes al cual no adherimos los vecinos. Es un avance constante sobre la ciudadanía por un gobierno de personas que no suele tener mucha idea de lo público y su espacio”, revela Julieta Costa Díaz.
“Es un año en donde puede gestarse un gran cambio, sobre todo en la Ciudad, es imprescindible destacar la importancia de los cargos comunales en las boletas electorales.», dijo María Julieta Costa Díaz .
El 2019 es un año bisagra tanto para la política nacional como la porteña. “Este año se vota desde Presidente de la Nación hasta Comunero. Es el escenario ideal para cambiar la dirección política y con ello ir hacia la autonomía comunal y la asignación presupuestaria. Si las comunas andan bien, vivimos mejor. El rol comunero es poco conocido pero muy importante”, declara Costa Díaz y analiza la participación ciudadana como una paradoja que acorrala al oficialismo que promueve la privatización de los espacios público: “Institucionalmente falta, porque tendrían que participar más vecinos en las asambleas barriales y en los Consejos Consultivos, pero a mayores intentos del gobierno de avanzar sobre los vecinos, éstos contestan más y más en defensa del espacio público y el objetivo de participación. Hay varios ejemplos recientes -enumera la comunera- el caso de las protestas vecinales en contra de la venta de espacio del Parque Rivadavia, de Plaza Clemente, del corredor Tiro Federal-CeNARD-Romero Brest, entre otros”. En este sentido, la representante de la Comuna 13 se muestra esperanzada: “Es un año en donde puede gestarse un gran cambio, sobre todo en la Ciudad, es imprescindible destacar la importancia de los cargos comunales en las boletas electorales. Hemos propuesto también ir en boletas separadas. A nosotros nos toca machacar sobre nuestro rol, seguir alentando una mayor participación para que, aprovechando el año electoral, se comiencen a vislumbrar cambios».
Feb 28, 2019 | Novedades, Trabajo
El último 6 de enero, un operario trabajaba en la planta de la Dreyfus, de la localidad santafecina de Timbúes, cuando el piso cedió y lo hizo caer en una fosa llena de líquidos a altas temperaturas. Con el 90 por ciento del cuerpo quemado, el trabajador, identificado como Fernando Peña, murió un día después en el Sanatorio Británico de Rosario. El 12 de
febrero, Pedro Manuel Gauna trabajaba en altura en el parque industrial de la papelera
Samseng, en el partido bonaerense de Pilar. Tras perder la estabilidad, cayó al piso y perdió
la vida. Al día siguiente, también en Santa Fe, Walter Quiroz, operario de una empresa
eléctrica subcontratada por la empresa Cofco -que un mes antes había despedido a 200
empleados- tuvo un destino similar cuando la pasarela de 15 metros de altura sobre la que
se encontraba se desplomó, dentro del predio de aquella multinacional china en la ciudad de Puerto San Martín. Esas muertes, ignoradas por casi todos los medios, son apenas algunas de las causadas por las fallas en las medidas de prevención por parte de las compañías.
Según datos oficiales del informe anual de accidentabilidad laboral, elaborado
en octubre del 2018, por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) “en el año 2017, se registraron -en Argentina- 67.514 casos en los que el trabajador padeció alguna incapacidad permanente. Para los varones, los accidentes de trabajo constituyeron la
principal causa de incapacidad laboral (69,9%), mientras que para las mujeres lo hicieron
los accidentes in itinere (47,5%)”, es decir, que se producen en el trayecto desde el
domicilio del trabajador hasta su puesto de trabajo. El informe especifica que “en el conjunto de los casos notificados, la forma de ocurrencia más frecuente de los accidentes fueron las pisadas, choques o golpes por objetos (26,6%), las caídas de personas (20,7%) y los esfuerzos excesivos (13,5%)”.
Lorenzo Gómez, presidente del Consejo Federal de profesionales de Seguridad e Higiene (COFESH), destaca cómo se vulnera la normativa vigente en relación a la salud y seguridad de los trabajadores dispuesta por la Ley 19.587: “Uno de los sectores en el que menos se cumple con las normas de seguridad son las obras privadas de construcción. Por los lugares que uno transite, se observan obras en las que es notorio el incumplimiento en materia de prevención, desde la falta de elementos de protección personal hasta los elementos de protección colectiva, como la colocación de mallas anticaídas, señalización, cartelería de obra, etcétera. A medida que nos alejamos de los centros industriales o ciudades capitales se potencian las faltas de medidas de prevención”, asegura.
El 9 de septiembre de 2016 no fue un día más. Sólo en la Ciudad y el Gran Buenos Aires,
con horas de diferencia, fallecieron tres trabajadores en sus respectivos puestos de trabajo.
El derrumbe de una medianera en una obra en el barrio de Villa Crespo produjo la muerte
de Richard Alcaraz. David Ramallo, técnico de la línea 60, murió luego de que el elevador
que sostenía el colectivo que reparaba cediera, y el peso de la unidad cayera sobre él. Diego Soraire, otro trabajador, se encontraba trabajando en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) cuando un digestor explotó causándole heridas que terminarían con su vida. Estos tres hechos fueron el puntapié inicial que dio origen al espacio Basta de Asesinatos Laborales (BAL), que, en su informe sobre el tema, difundido a fines del año pasado, sostiene que «los tres casos no fueron hechos aislados, son el resultado del ahorro en salud y seguridad en el trabajo por parte de las patronales, de la desidia del control estatal y de la complicidad de las burocracias sindicales. Por esta razón, si pudieron evitarse, no son accidentes, son asesinatos».
El espacio BAL agrupa a compañeros y familiares de las víctimas que exigen justicia y buscan poner en evidencia “los asesinatos producidos en el trabajo producto de la negligencia, falta de inversión y falta de interés de los empleadores. También se trata de visibilizar las pésimas condiciones en que se desarrolla el trabajo en forma cotidiana, y las múltiples dolencias, problemas y enfermedades que provoca la forma en que está organizado”, explica el licenciado Oscar Martínez coordinador del taller de Estudios Laborales e integrante de BAL. Además, dice el especialista, “se busca dar apoyo
y contención a las familias de los trabajadores muertos y capacitar a los trabajadores para
que tengan herramientas en defensa de su salud”.
“Muere un trabajador aproximadamente cada 21 horas, pero eso es negado sistemáticamente. Sólo es noticia cuando es imposible de ocultar”, remarca Martínez. La
cifra es resultado de la investigación realizado por BAL a través de “un trabajo de
recopilación de datos combinando información publicada por la SRT, con otra obtenida por
este espacio en forma directa y a través de fuentes periodísticas. La información
proveniente de la SRT sólo abarca a los trabajadores formales, en blanco, es decir, “no
contempla a los trabajadores no registrados, comúnmente llamados ‘en negro’ que según el
INDEC son aproximadamente una tercera parte de los asalariados”, resalta el informe que
abarca desde octubre de 2017 a septiembre de 2018.
En el informe se expone que, en el período señalado se produjeron 375 muertes, de las
cuales la amplia mayoría fueron jóvenes de entre 30 y 40 años. En cuanto a la distribución
sectorial por rama de actividad, la mayor cantidad de muertes se producen en la de
transporte (20%) en donde se destaca como causa principal el choque de vehículos. “Las
extensas jornadas laborales, la falta de descanso y la falta de mantenimiento de los
vehículos explican la mayoría de estas muertes”, se detalla. Le sigue la rama de la
construcción con un 18%, en la que se aclara que el subregistro de muertes es muy amplio ya que “abarca más del 40% de los trabajadores asalariados según datos ofrecidos por el Plan Nacional de Regulación del Trabajo” Las principales causas de muerte suelen ser el derrumbe o desplome de edificios y las caídas de altura. En tercer lugar se encuentra la
rama industrial con un 12%, seguida por la agropecuaria, con un 11%.
Detrás de cada estadística hay cientos de historias, y detrás de cada historia hay un
protagonista y una familia. Los números pueden parecer fríos y distantes, es por eso que en el informe se los humaniza. Las cifras están acompañadas de casos concretos como el de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, vicedirectora y portero, respectivamente, de la
escuela N° 49 de Moreno en donde el 2 de agosto de 2018 ambos perdieron la vida en su
puesto de trabajo a causa de una explosión producida un escape de gas. La administración
pública tiene un alto porcentaje de muertes -un 10%- sobre el total de víctimas fatales en
situaciones de trabajo.
Para Gómez, frente a esto “las medidas que deben tomarse son de tono cultural.
Debemos cambiar el paradigma donde el trabajador solo da la fuerza de trabajo y el
empresario el factor económico, debemos apuntar al trabajo mancomunado donde todos los integrantes de la cadena productiva tienen un valor de suma importancia”. En ese sentido, el titular del COFESH afirma que hay que apuntar “a una conducta de seguridad global donde el empresario invierta en medias de innovación para facilitar la actividad laboral, los trabajadores se involucren con las normas de seguridad y el estado controle el
cumplimiento de estas”. Mientras tanto, cada jornada que pasa deja otra víctima fatal en una fábrica, una obra en construcción, una ruta o una oficina estatal.
