May 20, 2019 | DDHH, Novedades
A criterio de la policía. Así quedará el uso de las “armas electrónica de uso no letal”, conocidas como Taser, ante “conductas amenazantes” que no se especifican. El ministerio de Seguridad, a través de la resolución 395, habilitó esa utilización por parte de las fuerzas policiales y de seguridad y la normativa fue publicada en el Boletín Oficial el pasado martes 7 de mayo, cinco meses después de que se anunciara la compra de unas 300 unidades de ese armamento.
La medida, que lleva la firma de la ministra Patricia Bullrich, permite el uso de las Taser para “abordar situaciones operacionales en las que resulte necesaria la utilización de la fuerza sin el empleo de armas de fuego”. En la resolución se da cuenta de otros países que tienen reglamentado el uso de estas armas; sin embargo, omitieron los numerosos pronunciamientos en los que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, luego de analizar distintos casos, recomienda “abandonar el uso de armas eléctricas Taser” ya que “causa un severo dolor que constituye una forma de tortura y, en algunos casos, puede incluso causar la muerte”, según explica un informe de 2008.
Seguir afirmando que se trata de armas de uso no letal es no querer ver las evidencias que se presentan. En el 2013, Israel Hernández murió al ser alcanzado por la descarga de una Taser cuando fue sorprendido pintando un graffiti en Miami. El joven, de nacionalidad colombiana, se encontraba totalmente desarmado. Dos años antes de este caso, en el Estado de California, Allen Kephart murió luego de que tres policías le dispararan con sus pistolas paralizantes por el simple hecho de no haberse detenido ante una presunta infracción de tránsito. Según Amnistía Internacional, al menos 500 personas murieron, sólo en Estados Unidos, a causa de una descarga provocada por un arma Taser entre 2001 y 2012. durante su detención o cuando ya estaban en prisión.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) ha denunciado al Estado argentino por las armas Taser ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “La CIDH actualmente se encuentra estudiando la admisibilidad del caso. Luego de culminar el análisis preliminar, y una vez que reciba la contestación por parte del Estado argentino, cerrará el informe admitiendo o no el caso, para posteriormente analizar el fondo de la cuestión”, expresa Wilma Martínez abogada de ODH.
“Se debe tener en cuenta que actualmente las fuerzas de seguridad ya se encuentran dotadas con armas no letales, y pueden cumplir sin problemas sus funciones. No podemos naturalizar como sociedad, que ante situaciones que pueden ser resueltas con otras armas no letales, como una cachiporra, se den descargas eléctricas en una persona”, sostiene Martínez y agrega: “Desde el ODH nos interesa dejar en claro que hay una falsa creencia que las armas Taser vienen a reemplazar a las armas de fuego, y no es así, sino que operativamente vienen a reemplazar a las cachiporras. Por lo que además de su uso discrecional por parte de quien la porta en la vía pública, también nos angustia pensar su uso en los ámbitos privados, como comisarías, ya que son verdaderas armas de torturas que no dejan marcas”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) alertó en un comunicado que “la reglamentación publicada en el Boletín Oficial es inconstitucional ya que no respeta los principios de proporcionalidad y razonabilidad que limitan el uso de la fuerza estatal”. Asimismo, se advierte el grado de imprecisión de la normativa la cual en el Artículo 2 Inciso C autoriza el uso de las armas Taser para “impedir la comisión de un delito de acción pública”. “O sea siempre, porque ese es el trabajo de la policía”, explica el CELS y continúa: “Así, con la incorporación de las llamadas armas menos letales se intenta esconder el uso de violencia estatal y las afectaciones serias para la vida y la integridad que estas producen. El gobierno nacional promueve y no controla el uso de armas de fuego; en el mismo sentido, este reglamento implica una nueva habilitación para el uso de la fuerza sin límites ni control”.
En la normativa, tampoco se toma noción de los grupos más vulnerables ante los cuales bajo ningún punto de vista se puede utilizar un arma Taser: embarazadas, ancianos, personas con implantes de cualquier tipo, niños, personas epilépticas, personas con signos de intoxicación por ingesta de alcohol o drogas, como así también personas que hayan estado en contacto con gas lacrimógeno o gas pimienta.
“Es un retroceso en materia de derechos humanos habilitar el uso de las Taser porque desvirtúa la función de la policía y viene a exacerbar prácticas violatorias de los derechos humanos”, analiza Sonia Winer, profesora titular de la cátedra Cultura para la Paz y Derechos Humanos que encabeza Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Y agrega: “La medida implica una habilitación indirecta sobre tratos crueles y de tortura sobre la población, esto va en contra de las recomendaciones de los instrumentos universales de derechos humanos y también porque apuntala la estigmatización de segmentos poblacionales y su publicitación como no sujetos de derecho. Es un retroceso en cuanto al derecho al trato digno de las personas”, explica Winer, quien encabezó la Secretaría de Investigación de la Escuela de Defensa Nacional del Ministerio de Defensa de la República Argentina.
“En un contexto en el que el Gobierno criminaliza la protesta social, antes que armar a la policía, que ya tienen prácticas muy cuestionadas en materia de derechos humanos, y habilitar la utilización de las Taser para generar daño, lo que habría que hacer es formarlas en mecanismos de resolución y gestión alternativa de los conflictos con una perspectiva de derechos humanos, de cuidar la vida y no de agredirla. Eso habilitaría una sociedad menos violenta y podría bajar los niveles de conflictividad”, concluye Winer. Sin embargo, ahora todo quedará en manos del criterio de cada uniformado.
May 20, 2019 | Noticias en imágenes
Una masiva marcha encabezada por docentes, estudiantes y científicos recorrió, el pasado jueves, las calles desde Congreso a Plaza de Mayo para rechazar el ajuste que el gobierno de Cambiemos aplicó al sistema universitario. Entre otras organizaciones, Conadu, Conadu-Histórica y FEDUN participaron de la movilización que tuvo al presidente Mauricio Macri como principal blanco de las críticas.
May 16, 2019 | DDHH, Novedades
Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora emitió un comunicado rechazando la instalación de las ecobicis frente a la Iglesia San Patricio.
El domingo 4 de julio de 1976 la parroquia San Patricio del barrio Villa Urquiza no abrió como era costumbre. La misa no comenzó y los feligreses agolpados en la puerta empezaron a impacientarse. Uno de ellos fue a la casa sacerdotal y encontró cinco cuerpos acribillados por la espalda con decenas de disparos en la cabeza y el tórax. Los sacerdotes Alfredo Kelly, Alfredo Leaden, y Pedro Dufau y los seminaristas Emilio Barletti y Salvador Barbeito fueron asesinados esa madrugada por una patota a los servicios de la última dictadura cívico-militar. El colectivo Palotinos por la Memoria y la Coordinadora Barrios por la Memoria y la Justicia lideraron el año pasado, en el cuadragésimo segundo aniversario de la masacre, el emplazamiento de tres baldosas para recordar a las víctimas. “La colocación tuvo una repercusión muy grande porque se hizo con Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. y Madres de Plaza de Mayo. Los organismos de derechos humanos estuvieron todos representados”, rememora Ramiro Varela, miembro de Palotinos por la Memoria y uno de los organizadores del homenaje. Desde hace dos semanas una estación de bicicletas colocada por el Gobierno porteño, sin consultar con la comunidad, espera a ser inaugurada en el mismo sector en donde están esos símbolos y otros que homenajean a las víctimas de ese quíntuple crimen.
“Es prácticamente imposible que esto lo desconocieran”, subraya Varela. Además de las baldosas, en este lugar histórico se encuentran cinco monolitos, un altar recordatorio y un cinerario donde descansan las cenizas de muchos miembros de la comunidad. “Hay una obstaculización deliberada de la visual de ese espacio de la memoria, como parte de una política sistemática. Esa refundación del espacio público que ellos (por el Gobierno de la ciudad) pretenden tiene que ver con censurar una producción simbólica obrada para reivindicar la memoria”, afirma.
La estación, con lugar para 20 bicicletas, que está sobre la calle Estomba, entre Echeverria y Sucre, todavía no ha entrado en funcionamiento y se desconoce cuándo está planificada su inauguración. “Fueron a un lugar donde se sabe qué pasó y se sabe las cosas que se hicieron para mantener viva la memoria, por lo cual no podemos interpretar esto como un error. Lo entendemos como algo deliberado, una provocación y un atropello”, amplia Varela.
Baldosas por la Memoria había instalado los recordatorios el año pasado en un acto multitudinario.
La colocación de esta estación naranja y con patrocinadores bancarios levantó la solidaridad de Madres de Plaza de Mayo. Línea Fundadora que emitió un comunicado el pasado lunes titulado “Larreta no respeta la memoria de los mártires palotinos” y en el que ‘repudian y acompañan el pedido de retiro urgente de las instalaciones (estación de bicicletas)”.
Además, desde la legislatura porteña también se han elevado voces por el hecho. La legisladora por Unidad Ciudadana, Paula Penacca, realizó un proyecto de declaración en el que ‘manifiesta su preocupación por la instalación de una estación de EcoBici en la Iglesia de San Patricio, ofendiendo un lugar de memoria y respeto para la comunidad religiosa”.
Por su parte, la legisladora Andrea Conde (Unidad Ciudadana) presentó un pedido de informes exigiendo explicaciones al Gobierno de la Ciudad. En dicho documento se le pide al Poder Ejecutivo que “indique si se consultó o si se dio aviso a las autoridades de la Parroquia San Patricio, a la Junta Comunal Nº 12 y a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la colocación de la estación de bicicletas” y “qué criterio se utiliza para definir los lugares donde se colocan las estaciones”.
May 16, 2019 | Comunidad, Géneros, Novedades, slider
Las mujeres trans son las más afectadas por la violencia.
El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio hacia Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans -creado por la Defensoría LGBT, la Federación Argentina LGBT (FALGBT) y la Defensoría del Pueblo de la Nación- publicó su informe anual 2018 sobre crímenes de odio hacia la disidencia sexual. El relevamiento muestra que las mujeres trans son las más afectadas, con 59 muertes. Sin embargo, el informe advierte que los datos recolectados muestran números muy por debajo de los reales dado que existe un subregistro al que no se accedió porque muchos casos no son denunciados o, en otros tantos, no se registra a la persona asesinada como trans porque no se respeta su identidad de género. Por otro lado, un registro que llevan adelante organizaciones sociales como Mujeres Trans Argentina junto a personalidades como la religiosa católica Mónica Astorga Cremona, de Neuquén, contabilizó 79 muertes de mujeres travestis y trans, también para el año pasado. Además, en lo que va de 2019, treinta son los fallecimientos: una muerte cada 96 horas. Las defunciones registradas fueron por causa de asesinatos, suicidios y travesticidios o transfemicidios sociales, siendo estos últimos los más numerosos.
“Nosotras comenzamos a seguir y a tener un registro de los transfemicidios y los travesticidios sociales. Estos son las muertes de nuestras compañeras que no terminan con un expediente o un rótulo dentro de la Justicia pero que sí dan cuenta de que vivieron en condiciones de extrema vulnerabilidad en donde el Estado no garantizó el acceso a los derechos”, explica a ANCCOM Pía Ceballos, militante trans, referente de la Multisectorial de Mujeres y parte del directorio del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta. En relación al tema, Alba Rueda, referente trans y presidenta de Mujeres Trans Argentina detalla: “El travesticidio/transfemicidio social es una cadena de violencias que se inscribe dentro de un sistema opresivo. Tiene como último eslabón la muerte de las personas trans.” La discriminación hacia las mujeres travestis y trans es iniciada desde temprana edad y es una constante a lo largo de sus vidas. La cadena comienza con la exclusión familiar, seguida del acoso escolar, el consecuente abandono de los estudios, la no inclusión laboral y el maltrato en las calles, hospitales y demás instituciones, generando un promedio de esperanza de vida de entre 35 y 40 años.
Por otro lado, los asesinatos perpetrados hacia mujeres travestis y trans presentan la especificidad de ser efectuados con especial violencia. Al respecto, el Informe destaca que se realizan con saña, odio y de manera más brutal. A su vez, estas muertes no son aisladas: se encuentran dirigidas también hacia otras personas. En este sentido, Rueda explica: “El perpetrador no sólo violenta un cuerpo trans. Estos crímenes implican un mensaje social a toda la comunidad trans.”
“El perpetrador no sólo violenta un cuerpo trans. Estos crímenes implican un mensaje social a toda la comunidad trans”, señala Rueda.
El ataque a Mirna Antonella Di Marzo, ocurrido el 21 de octubre de 2018, que terminó en su muerte tras tres meses en coma, es un caso, entre otros, que reúne los elementos que caracterizan al transfemicidio o al travesticidio. La hermana de la víctima, Janet Di Marzo, cuenta que Mirna tuvo que abandonar sus estudios luego de haber cursado medio año en el secundario. “Se cansó de la discriminación. Además, las autoridades no hacían nada”, relata a esta agencia. También recibió maltrato en hospitales. Al respecto, Janet mencionó que su hermana tuvo complicaciones luego de operarse y que en los hospitales no la querían atender. El acoso se hizo extensivo a diferentes espacios públicos por lo que cuando salía mayormente iba acompañada de algún familiar. Con respecto a la vida laboral de su hermana, Janet aclara: “No tuvo nunca un trabajo. Llegó a la prostitución, a lo que llegan todas. El año pasado empezó de nuevo el estudio porque se había cansado. Tenía promedio 10. Se enojó conmigo porque yo dejé de estudiar.” El presunto asesino, José Gustavo Gareca, se encuentra detenido con prisión preventiva, y está imputado de haber atacado a golpes a Mirna a la salida de un boliche, provocándole las lesiones que terminaron en la muerte de ella.
Para el tratamiento de estos casos, el juicio por el travesticidio de Amancay Diana Sacayán cobra una importancia sin precedentes. Con una sentencia única en Argentina, su asesinato, cometido en 2015, fue calificado como travesticidio, siendo reconocido, de esta manera, como un crimen de odio hacia su identidad de género. Al respecto, la abogada feminista y militante lesbiana Luciana Sánchez explicó la importancia del uso de los términos: “Diana había trabajado sobre la necesidad de considerar los travesticidios y transfemicidios como crímenes con una etiología particular, con algunos puntos en común con los femicidios pero también con sus diferencias. En particular, su epidemiología es diferente: la incidencia del travesticidio en la población trans supera ampliamente la incidencia del femicidio en la población de mujeres cis y trans. Por eso es importante el travesticidio como un fenómeno a ser estudiado de manera particular y no como un femicidio más.”
Sin embargo, los obstáculos legales y administrativos siguen efectuándose de manera constante contra los derechos de las personas travestis y trans. “Hablar de crímenes de odio por discriminación hacia el género en la Justicia es todavía un tema pendiente, sobre todo ante la falta de formación técnica de actores con incidencia en estos procesos. Es evidente que los agentes estatales no tienen incorporado el enfoque de derechos humanos con perspectiva en diversidad de género”, señala José Lazarte, abogado de la familia Di Marzo.
Al respecto, María Rachid, secretaria general de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, comenta: “El proyecto para una nueva Ley Antidiscriminatoria Nacional fue presentado ya hace más de diez años y representado muchas veces por parte de la Federación Argentina LGBT y otras organizaciones de la sociedad civil. De hecho tuvo varios dictámenes favorables. El último fue de la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Legislación General que tuvo un dictamen de mayoría importante, casi unánime. Sin embargo, nunca llegó al recinto y creo que tiene que ver con la poca prioridad que el oficialismo le da actualmente a leyes como esta.”
En este sentido, el 10 de diciembre de 2018, la Federación presentó un proyecto de reforma al artículo 2° de la Ley Nacional de Actos Discriminatorios Penales (N° 23.592) para incluir como agravante de un delito cuando éste es cometido por odio a la orientación sexual, género, identidad de género o su expresión. A su vez, desde 2013 se presenta cada año el proyecto de Ley contra el Acoso Escolar y varias organizaciones exigen la reglamentación inmediata de la Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans, entre otras iniciativas. Además, en muchas provincias existen aún códigos de faltas y contravenciones con figuras como “la moral y las buenas costumbres”, “el decoro” y “la decencia” que frecuentemente son utilizadas para violentar y discriminar a la comunidad travesti-trans. Por caso, desde el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta se busca presentar un proyecto de ley para derogar el artículo 114 del Código Contravencional de la provincia. Mientras tanto, referentes de la lucha por los derechos travesti-trans y familiares de las víctimas esperan que se haga justicia por los travesticidios y transfemicidios acaecidos hasta el momento, que se efectivicen políticas públicas y se modifiquen las leyes necesarias para la inclusión de la comunidad y la defensa de sus derechos.
May 16, 2019 | DDHH, Novedades
Los acusados apelaron a su edad y sus enfermedades, para tratar de conmover al Tribunal.
“Sólo me resta pedirle al Señor que preside esta asamblea desde lo alto, que ilumine con la luz de su verdad a sus señorías para que puedan aplicar la justicia verdadera con mayúscula”, exclamó Luís Del Valle Arce, imputado por 23 crímenes de lesa humanidad vinculados al centro de detención clandestino Campo de Mayo. El debate oral y público, celebrado en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San Martín, abrió con la declaración del acusado, leída como una proclama. Caminó con su bastón hasta el estrado y rechazó responder preguntas. Su defensa se sostuvo en la imposibilidad de haber cometido los delitos porque tenía licencia y vacacionaba en Santiago del Estero: “Difícilmente podría haber estado en Campo de Mayo al mismo tiempo», declaró.
La megacausa se inició con el caso Mercedez Benz que agrupa diferentes secuestros a obreros de la fábrica entre 1976 y 1978. La querella está compuesta por Pablo Llonto, abogado y periodista especializado en juicios de lesa humanidad y el Centro de Estudios Legales y Sociales. También querellan Carolina Villella, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, las secretarías de Derechos Humanos de Nación y Provincia, involucrados también con las causas denominadas Colegio Militar, Ferroviarios y Área 400.
Las estrategias discursivas estuvieron a la orden del día, pero la apelación a la emotividad latía debajo de cada palabra. “Hoy, con noventa años y a más de cuarenta de los supuestos hechos, con enfermedades crónicas y propias de la edad, soy privado de la libertad sin juicio previo”, sostuvo Arce, con la voz quebrada y una mano aferrada a su bastón. Carlos Villanova, acusado de 70 casos de secuestro, tortura y homicidio, se comunicó con el tribunal por videoconferencia desde Córdoba donde está en prisión domiciliaria. “Tengo dos caminos: o me defiendo y demuestro que todo esto es falso, y en eso se me puede ir la vida; o me apego a ella y resguardo la poca salud que tengo”, comentó.
En la próxima audiencia comenzarán las declaraciones testimoniales.
Ramón Vito Cabrera, imputado por tres hechos ocurridos en 1976, aceptó responder preguntas solamente de la defensa y fue su abogado, Juan Carlos Tripaldi, el que guió su declaración. “Tenía encargada la seguridad exterior e interior y el control interno del personal de la fábrica militar de Tolueno, Campana”, dijo y aseguró que no tenía tiempo para salir del predio e ir al Mercedes Benz. “Patrullábamos para que no ocurrieran incidentes o actos delictivos”, respondió cuando Tripaldi le pidió que aclarara cuáles eran las tareas que hacía en Tolueno, y agregó: “Nunca se detuvo a nadie en los doce días que estuve y gracias a Dios, no tuvimos problemas con el enemigo subversivo”.
La victimización, las enfermedades y la edad se entretejían con el discurso de la “guerra interna” que justificaba cualquier acción. “Una de las formas de realizar una operación ofensiva es aniquilar las fuerzas enemigas y privarlas de los recursos necesarios”, explicó Cabrera con sus libros de estrategia militar en la mano y mirando siempre a su abogado. “Éste aspecto era el que yo cumplía: les prohibía que accedieran a las instalaciones de la fábrica, donde estaba el combustible y los explosivos, porque podrían dañar a la ciudad y al país”, cerró.
En el público estaban familiares de víctimas desaparecidas, miembros de organizaciones como Abuelas de Plaza de Mayo y un colegio secundario de la zona que fue a presenciar la audiencia bajo el programa “la escuela va a los juicios”. Durante la larga espera hasta que iniciara el debate, los chicos conversaron con diferentes personas ligadas a la causa, llenos de preguntas e ilusiones. Algunos querían ser abogados, otros se interesaban por lo social. Cuchicheaban sentados frente al tribunal y se explicaban mutuamente el funcionamiento del sistema judicial. “Las palabras de los testigos y sobrevivientes construyen un relato que muchas veces nos guió a encontrar nietos e hijos expropiados o reconstruir historias”, les explicó Gabriel Abinet, tío de la nieta restituida Elena Gallinari Abinet. Ante el voto de silencio de los militares, la memoria, la verdad y la justicia se alzan con mayúsculas.
