May 23, 2019 | Novedades, Vidas políticas
Se recortarán los espacios publicitarios gratuitos en la televisión, se destinará pauta publicitaria a las redes sociales y se permitirán aportes de empresas privadas a las campañas.
“Como trámite express” fue la expresión utilizada por Nicolás Tereschuk, politólogo y magister en Sociología Económica, para ilustrar cómo había sido el debate de la nueva Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, aprobada el pasado jueves en Diputados. Fueron 148 los votos a favor, 69 en contra pero sólo cuatro las horas en las que se discutió en la Cámara un proyecto que incide ni más ni menos que en cómo se financiarán las próximas campañas electorales. Un spoiler: las empresas podrán ser aportantes.
Si en la vorágine de los diputados por aprobar la ley alguien no alcanzó a leer el proyecto, la nueva normativa posee tres puntos que son clave para delimitar el sistema de financiamiento. Por un lado, se bancarizan la totalidad de los aportes. Esto significa que ya no podrán realizarse contribuciones en efectivo a los partidos ni a las campañas. Sobre este punto no ha habido objeción alguna. La identificación de cada aportante incide de manera directa en la transparencia del sistema y en la veracidad de la campaña, lo que parecería no menor en un país donde los escándalos por aportantes truchos no son un mero invento de la ficción. Hasta aquí, la ley pareciera ser prometedora.
No obstante, es el segundo punto el que ha generado mayor controversia. En su artículo cuarto se establece que las personas jurídicas (léase empresas) podrán realizar aportes a los partidos y campañas. Sobre esto, Carlos Castagneto, diputado del Frente para la Victoria (FpV), en diálogo con ANCCOM gráfica: “Vos sos una empresa, yo soy candidato, vos me aportás y mañana legalmente (y enfatiza), legalmente, vos me ganaste una licitación en un lugar. ¿Qué van a decir? Te estoy devolviendo lo que vos me pusiste”.
Ahora bien, ¿cómo saber si las empresas no estaban ya financiando a los partidos con aportes ilegales y en efectivo? Resulta paradigmático que la misma ley que reglamenta la transparencia del sistema, aprueba también el aporte de las personas jurídicas, que incluye a las empresas pero no a los sindicatos ni a las fundaciones, tal como recuerda el diputado del FpV. Y en este sentido cabe la pregunta: ¿tienen todos los partidos las mismas posibilidades de lograr un aporte empresarial? ¿O deberían haber tenido los sindicatos la potestad de realizar también dichos aportes? “La posibilidad de permitir los aportes de las empresas a las campañas también está argumentada por quienes lo impulsaron y aprobaron en función de esta idea de transparencia, es decir, pensando que si había aportes en negro que antes se hacían, ahora se transparentan. Pero yo creo que un sistema de financiamiento de campaña también tiene que tener en cuenta la cuestión de la equidad, la equiparación de la competencia. Y me parece que va a haber sectores que van a tener más posibilidad de acceder a ese financiamiento empresario”, afirma Nicolás Tereschuk.
Se entiende entonces que la ley no debería velar únicamente por la transparencia, sino también por la equiparación de la competencia. Quien también lo remarca es Daniel Arroyo, diputado por Red por Argentina, opositor a la ley: “Hoy la política es una cancha inclinada en la Argentina. Algunos tienen más recursos que otros. Y esto haría mayor la disparidad, porque es evidente que hay un espacio político que tienen mucho más apoyo de las empresas que el resto”.
El aporte de las personas jurídicas no es, sin embargo, ilimitado. El artículo dieciséis restringe dicho aporte hasta un dos por ciento, que, si bien para quienes no están interiorizados en las finanzas de una campaña podría parecer un número bastante bajo, Daniel Arroyo insiste en que no es así: “El 2% es mucho dinero porque las campañas son muy costosas. Pero además de ser mucho dinero, está permitiendo que una empresa aporte a determinado candidato. Y es probable que eso tenga que ver con intereses particulares. Acá hay una cancha inclinada, que se va a inclinar más. Y lo que tiene que hacer la Argentina, la legislación, es equilibrar la cancha, no hacerla cada vez más despareja”. Castagneto encuentra incluso una falencia en este artículo: “Un dos por ciento es el aporte máximo, tanto de personas físicas como jurídicas. El problema ahí es que no está bien especificado. Porque vos podés hacer aportes para el desenvolvimiento del partido en sí y para la campaña por otro lado. Entonces podría alcanzar hasta un cuatro por ciento, lo cual es un montón”. El diputado del FpV enumera otras disconformidades sobre la ley, como por ejemplo, que se prohíbe el aporte de personas imputadas -siendo que debería decir procesadas, conforme a la presunción de inocencia-, que se autoriza a un juez a abrir la cuenta de cada Alianza y que esta cuenta puede incluso ser abierta en un banco privado. “La política es la actividad pública por naturaleza, debería hacerse a través de bancos públicos”, agrega Daniel Arroyo. La preocupación de Tereschuk pasa, por el contrario, en si ese tope del dos por ciento se va a respetar realmente, siendo que hay países, como Estados Unidos, que implementaron el tope y rápidamente lo levantaron.
El aporte empresarial tiene un límite del dos por ciento. Sin embargo, algunos ya prevén posibles interpretaciones que permitirían duplicarlo.
Finalmente, el tercer punto clave de la ley es el relativo a los espacios publicitarios en medios audiovisuales. Se achica del diez al cinco por ciento el espacio de publicidad en televisión y radio y se contempla la publicidad en medios digitales. El argumento de los Diputados que apoyaron dicha normativa está asentado en que las personas ya están cansadas, en tiempos de campaña, de ver tanta propaganda política. No obstante quienes dialogaron con ANCCOM lo refutan: “El hecho de achicar la pauta es muy negativo porque es la única chance que tiene esa persona de saber quiénes son los candidatos, qué proponen, para qué. Achicar la pauta amplía la disparidad entre los partidos grandes y los partidos chicos”, menciona Arroyo. Destacan además que se considere a las redes sociales como espacio para ejercer la pauta. Sobre ello, adelanta Castagneto, el 30 de mayo en la Dirección Nacional Electoral hay una reunión de presidentes y apoderados de partidos para ver cómo se reglamentará el uso de las redes.
En síntesis, la ley aprobada de manera “express” transparenta los aportes pero se permite como aportantes a las empresas, reduciendo la equidad. Recorta la pauta en medios tradicionales y se considera a las redes como nuevos espacios de difusión. “Muchas veces me da la impresión que esta ley está muy pensada en función de lo que quieren las empresas y no tanto en función de lo que quieren los partidos políticos”, agrega Tereschuk. El politólogo, que habló en la Cámara de Senadores previo al tratamiento de la ley, trae otro punto a considerar: “El otro tema a tener en cuenta es la experiencia regional. En Sudamérica,los países vienen haciendo lo contrario que nosotros en los últimos años. Es decir, aquellos que permitían el financiamiento de empresas a las campañas lo están prohibiendo. El caso de Chile, de Brasil de Perú. Argentina está yendo en caso contrario. Tenía prohibido los aportes y ahora los está permitiendo. Y entonces yo me preguntaría qué es lo que pasa ahí. Qué sería aquello que hace que la Argentina tenga que ir en sentido contrario a lo que está haciendo toda la región con gobiernos de distinto sentido político”. Y termina: “Para mí esta ley es un retroceso desde el punto de vista de la igualdad en la competencia, la equidad, la experiencia regional y deberíamos plantearnos si las empresas tienen que tener derechos políticos. Es un retroceso, pero el Congreso consideró otra cosa, lo cual me parece fantástico porque así funciona la democracia. Ahora hay que ver cómo sigue”.
Daniel Arroyo no es tan optimista: “Es una mala ley y estructuralmente arma un esquema de financiamiento muy desigual. No creo que tenga un impacto significativo en las elecciones de este año”. No obstante, la ley está aprobada por ambas Cámaras y a la espera de su promulgación por parte del Ejecutivo. Si alguien se encuentra en desacuerdo con alguno de sus puntos, llegó tarde al debate: las empresas ya pueden aportar a las campañas presidenciales.
May 23, 2019 | Culturas, Novedades
Los miembros de la Orquesta Sinfónica Nacional no logran que el secretario de Cultura., Pablo Avelluto, los atienda.
“El Estado no protege su patrimonio artístico”. Eso afirma Guillermo Díaz Bruno, percusionista e integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) durante cuarenta años, al referirse a los recortes presupuestarios dispuestos para la Secretaría de Cultura de la Nación para este año. Fechas de conciertos e incorporaciones de músicos son los ítems más afectados por la poda de sus recursos, decidida por el Estado.
El Presupuesto Nacional para el 2019 que se votó en noviembre del año pasado estableció una reducción del poder de compra en la mayoría de los ministerios y en el caso de la cartera de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, el ajuste fue del 8,3 %. Pero la mutilación de los fondos destinados a la OSN fue aún mucho más contundente.
“La Sinfónica Nacional tuvo, en el 2018, un presupuesto de 8 millones de pesos para su funcionamiento operativo y en el 2019 pasó a tener un presupuesto de 900 mil pesos, o sea, menos de 1 millón. Por eso hicimos una protesta con la orquesta tocando en la puerta del Congreso cuando se estaba votando el Presupuesto”, explica Carlos Cosattini, violinista y delegado de la OSN. Y agrega: “Con esa presión logramos que los diputados oficialistas agregaran 500 millones de pesos extra a toda la Secretaría de Cultura, pero hasta el día de hoy el secretario no nos informa cómo van a ser distribuidos esos 500 millones y cuánto va a ir a la orquesta”.
Ante esa situación, el jueves pasado al mediodía la OSN tocó el Himno Nacional, para visibilizar su reclamo, frente a la sede de la Secretaría de Cultura, en Avenida Alvear al 1800, en el barrio de Recoleta.
El presupuesto de la Orquesta Sinfónica pasó de 8 millones, en 2018, a 900 mil pesos para este año.
La Orquesta Sinfónica Nacional se creó en 1948, durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón. Entre otras distinciones, la Fundación Konex le otorgó en 1989 el diploma al mérito por su “invalorable aporte a la cultura musical del país” y recibió un reconocimiento de la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina como Mejor Orquesta de las Temporadas 1996, 2000 y 2002. Actualmente, su director es Pedro Ignacio Calderón.
“En este momento, la OSN es una de las orquestas peor pagas del país. Me parece muy vergonzoso que no se reconozca como tal a un organismo que representa a la Argentina y al Estado argentino en todo el mundo. Un organismo con un currículum fabuloso, como giras a Japón, España, las Islas Canarias. Es una orquesta que mantiene un nivel artístico muy alto, muy exigente”, dice Díaz Bruno, que fue el primer percusionista egresado en la Provincia de Buenos Aires y formó parte de la orquesta desde los 26 años. “El Estado necesita un organismo que represente nuestros valores culturales. Me parece que cuidar y preservar nuestra cultura es también ayudarla económicamente”, agrega.
Para Lea Prime, integrante de la fila de percusión, las incertidumbres sobre los llamados a concursos es un factor preocupante: “Se supone que son en el mes de julio. Yo no creo que haya porque hay un decreto firmado de congelamiento de vacantes en el Estado. Para mí lo más grave sería que no salgan los concursos”. La música, que ingresó a la OSN en 2001, cuenta acerca de la trayectoria de la Orquesta: “Siempre tuvo los concursos y más que cualquier otro organismo. Eso la diferenció del Teatro Colón porque, aunque ahora los hacen más seguido, cuando yo estaba en el Colón había concursos cada diez años”.
“El otro problema es el incumplimiento sistemático de pagar a destiempo. En vez de hacerlo a los treinta días como corresponde se paga con ocho, diez, doce meses, o más de atraso. Nunca fue bueno el sistema, pero empeoró muchísimo con esta gestión, cuando debería haber sido al contrario, pensando en modernización, productividad, eficiencia, expedientes electrónicos, tal como es el discurso de este gobierno”, dice Cosattini.
Los llamados a concurso para los nuevos integrantes de la orquesta son una verdadera incógnita.
El cuerpo estable de la Orquesta Sinfónica Nacional cuenta con 115 integrantes. Marcelo Massun, que forma parte de la fila de violoncellistas y también es delegado de la OSN, dio cuenta de las renuncias de distintos músicos. “Empezamos esta temporada con seis músicos menos, de los cuales tres son solistas. Uno de cello, otro de trombón y el guía de segundo violín. Los tres restantes se fueron uno a México y los otros dos a Colombia”, señala.
Respecto a las posibilidades de una audiencia con el secretario de Cultura Pablo Avelluto, Massun describe cómo fue el diálogo hasta el momento: “Nosotros presentamos la solicitud formalmente, por mesa de entrada. Lo que hace el secretario es derivarnos con funcionarios de menor jerarquía que no tiene capacidad de decisión sobre el presupuesto”.
Por contraste, Massun alude a la clase de reclamos de la Orquesta Sinfónica de Chicago, que tuvieron lugar en febrero y marzo de 2019. “Ellos tienen un sueldo de 159 mil dólares por año y quieren pasar a un sueldo de 164 mil dólares. Un músico de Chicago gana en un año y medio el salario que un músico de acá gana en toda su carrera”, indica, y añade: “Nosotros no pretendemos compararnos a nivel internacional porque sabemos que un maestro no gana lo mismo acá que en Finlandia. Pero no puede ser que ganemos un salario que no llega a cubrir el límite de la pobreza, es inconcebible”.
Con respecto al reparto y administración del dinero, Cosattini cuenta que “a veces leemos en los diarios que el financiamiento a las fuerzas de seguridad sale de lo que le correspondía a Cultura. A nosotros nos dicen que no hay plata para arreglar el problema que tenemos y mienten a cara descubierta porque la plata sigue estando: o la usan para otros fines o Avelluto dice que es buen administrador, no la gasta y la devuelve. Subejecuta el presupuesto”.
Varios integrantes de la orquesta renunciaron y se fueron a tocar a otros países.
Actualmente, la programación pensada para 2019, que incluye obras de Shostakóvich, Mahler y Messiaen, se encuentra supeditada a la decisión que tome la Secretaría de Cultura. “El día que se acabe el dinero se acaba la programación. Lo que estamos exigiendo al secretario Avelluto es que distribuya esos 500 millones y que diga efectivamente cuánto le va a tocar a la OSN. Le hemos pedido entrevistas varias veces por escrito, se lo hacemos saber por los medios públicos y el secretario todavía no nos atendió”, explica Cosattini. El delegado finaliza: “Esto se soluciona solamente con voluntad política porque no es mucho dinero. Por eso nuestra función hoy es concientizar a la sociedad y a nuestro público y también a la dirigencia política”. Hasta el momento, desde el Estado solo hay silencio.
May 22, 2019 | Géneros, Novedades
Distintas organizaciones sociales marcharán el viernes 24 hacia el Congreso de la Nación para acompañar el proyecto de Ley de Emergencia en Violencia de Género.
El próximo viernes 24 de mayo se presentará en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para establecer la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres. La iniciativa es fruto de la unión entre diversos movimientos sociales y populares feministas: la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la agrupación Somos Barrios de Pie, además de la Campaña por la Declaración de la Emergencia Nacional.
El fundamento del proyecto de ley es contundente. Las campañas y la concientización para comprender el problema social de la violencia de género son importantes pero no alcanzan para ayudar a quienes hoy sufren de violencia en su hogar. Por este motivo, exigen una reasignación de partidas presupuestarias para llevar adelante una serie de medidas inmediatas. Entre ellas se destacan crear refugios y casas de atención de día con profesionales en todo el país y brindar subsidios y asistencia económica a mujeres en situación de violencia.
Otro de los puntos centrales del proyecto refiere a la necesidad de evitar que sigan aumentando los casos de violencia doméstica en Argentina. Con este fin, se propone un plan de formación de por lo menos 100.000 promotoras en prevención de violencia contra la mujer que estén presentes en todo el territorio nacional. Este plan era parte de un conjunto de iniciativas del Movimiento Evita, impulsor de la aprobación de la Ley Micaela García, que insta a los funcionarios de los tres poderes del Estado a una capacitación constante en materia de género. Por su parte, la CTEP trabajaba en un programa nacional de independencia económica y habitacional para mujeres víctimas. Ambas ideas fueron unificadas ante la propuesta de la Campaña por la Emergencia Nacional para construir una legislación más integral y abarcativa.
Marina Cardelli, integrante de Mujeres Evita y de Seamos Libres, organización perteneciente a la CTEP, dijo a ANCCOM que apoyan el proyecto de ley porque responde a la defensa de los derechos de las trabajadoras: ‘‘La violencia, tanto física como psicológica y económica que sufren las mujeres en situaciones de crisis es cada vez más profunda. Todo el pueblo argentino sufre la crisis pero mucho más las mujeres, y mucho más todavía cuando son pobres’’. Además, recalcó la preocupación por el creciente número de femicidios y transfemicidios y afirmó que ‘‘el Estado tiene que dar respuesta urgente, sobre todo cuando existen leyes que no se cumplen’’.
El proyecto lleva la firma de las diputadas Lucila De Ponti (ME), Gabriela Cerruti (FpV), Cristina Alvarez Rodríguez (FpV), Mónica Macha (FpV), Vanesa Siley (FpV), Silvia Horne (ME), Carolina Moisés (J) y Cecilia Moreau (UNA), y espera reunir más firmantes antes de su presentación. El 24 de mayo, a partir de las 15, acompañarán las agrupaciones involucradas con una concentración y un festival musical en las inmediaciones del Congreso. ‘‘Por lo pronto esperamos que llegue al recinto y que los diputados voten afirmativamente, o tendrán que explicar la situación de absoluta vulnerabilidad y abandono que viven las mujeres víctimas de violencia en nuestro país’’, concluyó Cardelli.
May 22, 2019 | Entrevistas
«Si hicieran un pequeño sondeo de la gente que ha dirigido esas ONG, se darían cuenta que al final se crearon grupos elitistas de los que trabajan en estas agencias, que se han enriquecido con eso», denuncia París Galán.
En el edificio de extensión de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), París Galán estuvo a cargo de una clase teórico-práctica sobre la kullawada, una danza ancestral indígena que representa la memoria de los pueblos de habla aymara.
La familia Galán, como llamaron al colectivo de bailarines, aportó para la recreación del personaje Waphuri (guía trans kullawa) en el bordado y posterior uso de un traje acorde a exigencias de la comunidad TLGB en Bolivia: “Me hice una vestimenta cómoda para mariconear”, se ríe París.
La clase dio pie a un debate sobre la fuerza social y cultural de las tradiciones: “El folclore es altamente machista, pero las danzas evolucionan según su tiempo histórico y a nosotras nos ha servido como reivindicación”, sentenció.
¿Cuál es tu trayectoria?
Yo soy París Galán. Y no digo me llamo, porque mi nombre es Carlos Parra, pero hace veinte años he creado una identidad, por un tema de demanda de derechos como homosexual. Ahora me dicen el París o la París, pero me es indistinto el artículo. Siempre me he autocuestionado. Hay que definirse para la gente porque quiere algo fijo, así que me defino como trans, y de hecho trans es un prefijo que significa movimiento. Hace veintiún años comencé siendo transformista, que es lo más simple, buscaba una manera de feminizarme, participaba en eventos de la comunidad gay y la mirada era muy machista, esencialmente había hombres homosexuales y solo dos mujeres.
¿Por qué decidiste bailar?
No quería quedarme en lo banal, así que comencé a hacer fotografía y teatro y así en el año 2000 empecé a bailar kullawada. Yo he mariconizado al personaje waphuri (guía del bloque de Kullawada), que era muy masculino. Ahora está asociado con lo marica, porque la vestimenta es un traje ‘dragquineado’. Hay waphuris tradicionales pero no son tan visibles como los Galán: con sus 2,10 de estatura entre las botas y el sombrero, con pestañas de 10 cm de largo y un traje despampanante.
¿Hace cuánto tiempo que venís a Argentina a bailar?
Hace siete años que vengo a bailar a Buenos Aires. La primera vez presenté el libro La China Morena, memoria histórica travesti, de Daniel Aruquipa, que cuenta sobre Ofelia, el personaje creado por los travestis a finales de los años 60, cuando se estilizó la vestimenta tradicional de las “cholas” paceñas con influencia de las vedettes de la época, y fueron utilizadas y expuestas en la Ciudad de La Paz.
«La Constitución en Bolivia prohíbe el matrimonio igualitario. Necesitamos un movimiento real y contestario, que no se calle ante esto», subraya París Galán.
¿Cómo están actualmente los movimientos disidentes en Bolivia?
Hay un tema en Bolivia que es muy grande, la cooperación internacional: las ONG. Yo siempre he sido muy crítico, y considero que no han logrado los objetivos que tal vez se trazaron, porque si el objetivo era cambiar la realidad de las mujeres, de los niños de la calle, dar pelea por el aborto legal, las realidades siguen iguales y en algunos casos están peores. Si hicieran un pequeño sondeo de la gente que ha dirigido esas ONG, se darían cuenta que al final se crearon grupos elitistas de los que trabajan en estas agencias, que se han enriquecido con eso.
¿Cambió la situación para los trans con la aprobación en Bolivia, en 2016, de la Ley de Identidad de Género?
No. Una chica trans, apenas se aprobó la Ley de Identidad de Género, muy inteligentemente, se cambió de nombre y a los tres meses logró casarse por civil. A raíz de eso las organizaciones fundamentalistas, las iglesias cristianas y la católica, presentaron un recurso de inconstitucionalidad de la ley al Tribunal Constitucional Plurinacional, pero como está cooptado por el gobierno de turno (MAS), no se podía derogar la ley, entonces se decidió modificar el artículo. Las personas transexuales solo tienen derecho a cambiarse de nombre, es inaudito. Cambiarse de nombre no significa nada, si no tienes acceso a nada. La Constitución en Bolivia prohíbe el matrimonio igualitario. Necesitamos un movimiento real y contestario, que no se calle ante esto, como le pasó a esta chica. Es más, su propia población la acusó por “dañar el proceso”. Aquí (en Argentina) han aceptado que se casen, que se cambien de nombre y que dejen de molestar… porque también son estrategias para callar a nuestra población que tiene muchas demandas.
¿Por tu descendencia quechua, te sentís interpelado por los movimientos maricas indígenas?
Se crearon en los subcolectivos. Somos movimiento, somos maricas y además somos indígenas. En el fondo, eso polariza las luchas, las segmenta. Es interesante desde el punto de vista que desde lo indígena tiene una carga muy homofóbica. Se ha intentado probar que la homosexualidad existía en nuestros pueblos indígenas, pero no hay un teoría fuerte. Es verdad que las comunidades indígenas juzgan y destierran. Hay algunas trans indígenas, pero tienen una mirada muy sometida al gobierno y si bien, nos ha dado la Ley de Identidad de Género, no es un favor que nos hacen. Siempre van a responder una demanda en torno a una necesidad, entonces dejamos de ver lo demás: la carencia de trabajo, salud y educación y solo nos concentramos en nuestra sexualidad. Pareciera que la población homosexual en Bolivia solo vive y existe por su sexualidad y nos olvidamos que también somos seres políticos, económicos, y no nos responden a las necesidades que tenemos.
¿Qué significa para vos ser activista trans?
En todo este lapso me hice activista, primero en defensa de mis derechos. Pero algunas personas me dicen “tu no me representas”. Yo no quiero representar a nadie, esa nunca fue mi intención. Cada paso que di fue por mis propios pies, ahora sí el hecho que yo defienda mis derechos le sirve a otros, como ejemplo de lucha. Eso me parece maravilloso. Volví a militar y hay que trabajar en nuestra población, confiar en que las cosas pueden cambiar, necesitamos luchar más fuerte que antes, para mantener nuestra visibilización positiva latente en la gente y avanzar más en la conquista de nuestros derechos. Hemos avanzado muy poco. Yo les digo a los más jóvenes que estudien, si no van a ser profesionales, su lucha va ser mediocre. Hay que estudiar, porque la lectura te da capacidad de discernir las cosas, de entender una norma, comprenderla y discutir con alguien, y ese es mi éxito: la interpretación. Para apropiarme de mis derechos tengo que conocerlos primero y después defenderlos. Me interesa trabajar en el empoderamiento de las poblaciones, sobre todo en las zonas rurales y ciudades intermedias y sensibilizar que además de diversidad étnica, existe la diversidad sexual. A través de lo que yo hago, la danza, que es un elemento muy sensibilizador de por sí, se puede lograr.
May 22, 2019 | Novedades, Trabajo
Los despedidos de Clarín y Olé reclaman su reincorporación en otras empresas del grupo.
A un mes del despido de 65 trabajadores del Grupo Clarín, se realizó un “bondiolazo” en las puertas del multimedio ubicado en Tacuarí 1846. El evento fue convocado por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) quienes junto con los despedidos buscan visibilizar el problema y crear una bolsa de trabajo para reubicar a los empleados desvinculados.
El típico aroma de carne asada invade el lugar. Música de fondo, personas tomando cervezas y conversando entre risas pareciera indicar que se está celebrando algo. Sin embargo, la realidad es totalmente diferente. Luego de un mes exacto de que Clarín despidiera a 65 de sus trabajadores, entre el matutino principal y el deportivo Olé, y tras haberse logrado la reincorporación de cuatro de los afectados la protesta está lejos de llegar a su fin.
Tato Dondero, delegado de Página 12 y Secretario General de SiPreBA, en conversación con ANCCOM manifestó: “Lamentablemente el nivel de la negociación con Clarín no está a la altura de nuestras expectativas. La reincorporación de solamente cuatro compañeros es muy poco, por eso el conflicto sigue en medio de este contexto gremial y nacional muy difícil”. Además, Dondero reflexionó sobre la crisis en la que se encuentra sumergido el periodismo y opinó que es mucho peor que la de 2001 debido a que si bien hay un cambio cultural en cómo comunicarse que afecta al papel, las políticas de este Gobierno son mucho más salvajes y afectan tanto a los periodistas como a toda la clase obrera.
Se cumplió un mes de la nueva ola de despidos de Clarín y Olé.
Por otro lado, Matías Cervilla, delegado del diario Clarín, indicó que unos de los reclamos de los trabajadores despedidos consiste en la apertura de una bolsa de trabajo para incorporarlos en otras compañías del Grupo. “Negociamos con la empresa y cedieron, así que actualmente están pidiendo curriculums y haciendo entrevistas. También hicimos un cese de tareas para seguir visibilizando el problema y continuamos pidiendo la reincorporación de más compañeros y la mejora de nuestras condiciones de trabajo”, aseguró Cervilla.
“Hay un gran apoyo de compañeros de todos los medios de prensa escrita: de Tiempo Argentino, Página 12, Infobae, Telam, despedidos de Grupo 23, se han solidarizado y han ayudado a la visibilización de este conflicto”, repasó Cervilla. Mientras tanto, los trabajadores involucrados aún no tienen ninguna garantía de su futuro. Uno de ellos es Ricardo Sapia, quien formó parte del equipo de redacción de Olé durante 23 años. “Me quedé sin laburo, mi único trabajo era éste. Sabemos que lo de la bolsa de trabajo no es algo fluido, pero yo al menos le pongo alguna ficha a eso”, confesó.
Ricardo, quien fue unos de los encargados de la parrilla de este encuentro, también contó cómo sobrelleva el tema del despido: “Es un día a día, por momentos tenés mucha bronca y tristeza debido a que pensás que hay determinadas coberturas que las podrías estar haciendo, porque era lo que hacías anteriormente. Sin embargo, también hay momentos como hoy en donde estás un poco mejor porque estás entre compañeros que se encuentran en la misma situación. Además, varios ex colegas también bajaron de la redacción para estar con nosotros”.
Otro de los afectados es Pablo Cerolini, reportero gráfico y editor de fotografía, quien entre un poco de humor y tristeza cuenta cuál es su situación: “Se podría decir que estoy de año sabático, me echaron y hasta ahora no encontré trabajo. Si bien personalmente uno puede tener bronca yo no analizo la situación en términos personales, sino más bien colectivamente. Es muy importante el apoyo de SiPreBA y de otros sindicatos porque uno se siente contenido”. “Hasta que no haya una decisión de finalizar la lucha yo voy a seguir apoyando esta causa, creo que hay que molestar y que hay gente acá dentro que tiene que saber lo que es esta empresa, por eso hay que seguir insistiendo por la reincorporación”, dice Cerolini muy convincente.
