Oct 24, 2019 | Deportes, Novedades
MPU reúne a 40 medios partidarios que transmitían fútbol por streaming hasta que TyC Sport lo prohibió.
Un partido de fútbol un viernes a las 12 del mediodía puede parecer extraño. Pero eso fue lo que llevó a clubes de barrio, organizaciones sociales, medios independientes y reconocidos comunicadores a visibilizar su reclamo, el viernes último, frente al edificio del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), en Perú 103. Allí armaron una cancha sobre el empedrado. Equipo gris contra equipo blanco, ambos con la leyenda “Fútbol sin censura”en las remeras, en alusión a la presión que sufren los medios partidarios por parte de TyC Sports, que amenaza con sanciones económicas a los clubes, cuyos hinchas transmitan los partidos vía streaming.
En el inicio del acto, Natalia Vinelli, directora de Barricada TV, y Alejandro Schiaffino, integrante del Canal Cooperativo Pares TV, denunciaron las políticas del gobierno nacional en favor de las grandes empresas concentradas, como el caso de Trisa, que quiere impedirle a Pares TV, canal comunitario de Luján que emite por TDA, las transmisiones de los partidos de Flandria. El reclamo hacia las autoridades del ENACOM fue que “dejen de mirar para un costado”.
Además de Barricada TV, Pares TV, Medios Partidarios Unidos (MPU) y la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas, entre otras organizaciones, se acercaron reconocidos comunicadores como Víctor Hugo Morales y Alejandro Apo. El periodista uruguayo explicó los motivos de su presencia:” Tan solo vine a estar un momento con ustedes, a acompañarlos, para divulgar esta lucha apasionante, en desventaja y maravillosa, aún si se perdiese. Nada tiene más dignidad que la derrota cuando se conoce de antemano, esto vale también para los términos deportivos. Creo que la lucha es extraordinaria y que podemos sacar a los lobbys, y que por una vez se den cuenta que no tienen derecho a quedarse con todo”. Víctor Hugo también responsabilizó a las autoridades pidiendo que algún día se pongan a favor del derecho de todos.
Otro periodista presente fue el ex relator de “Fútbol para Todos”, Javier Vicente, quién se mostró muy crítico con la censura a los medios partidarios: “Hoy están siendo censurados los compañeros de MPU de las transmisiones por streaming de los distintos clubes y ese es un tema que hay que visibilizar y denunciar, por sobre todo a una empresa monopólica como Torneos, que una vez más vuelve a pasar por arriba de todos los derechos de los ciudadanos y en complicidad, en este caso, con la AFA, lo que es realmente todavía más grave. También están siendo censurada las audiencias, que son tan importantes como los colegas, que quieren ver esas transmisiones y ahora no se les permite acceder a ellas”.
Víctor Hugo Morales, Alejandro Apo y Macarena Sánchez fueron algunos de los que participaron de la protesta.
Medios Partidarios Unidos es una organización que nuclea a más de 40 medios de distintos clubes que realizan transmisiones por streaming. Como pocas veces, hinchas de All Boys, Temperley, Atlanta, Platense, Los Andes, El Porvenir y Ferro, entre otros, están juntos por una causa común. Gabriel “Pacho” Cerpa, de “Vivo Por Los Andes” y miembro de MPU, se sumó a las críticas: “El ENACOM tiene que hacer respetar el artículo 77 de la Ley de Medios. Hay artículos que no se derogaron y siguen en vigencia, como este, que habla de los eventos culturales que deben ser transmitidos en forma gratuita”. Además, señaló que están amparados por varios derechos constitucionales, como el derecho al trabajo, a la libertad de expresión y a la información de cualquier hincha que quiera ver un partido.
La consigna era un fútbol sin censura. Hubo dos partidos de cada uno de quince minutos. Ambos fueron transmitidos por los medios presentes. El primero contó con la futbolista de San Lorenzo, Macarena Sánchez, quién además de criticar a TNT Sports y a la AFA por la televisación de apenas cuatro partidos de fútbol femenino, se destacó dentro de la cancha marcando los dos goles para el triunfo de su equipo, el gris. El partido restante fue victoria del equipo blanco por tres a cero. El cierre consistió en una suelta simbólica de pelotas hacia la sede del edificio gubernamental. La pelota ahora la tienen ellos.
Oct 23, 2019 | Culturas, Novedades
A las pocas semanas del inicio del mandato actual gobierno, Mauricio Macri dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/2015, aprobado el 6 de abril de 2016, que modificó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) y la Ley Argentina Digital (27.078). En este contexto, el jefe de gabinete Marcos Peña sentenció: “Hoy se termina la guerra contra el periodismo y empieza el siglo XXI en lo que tiene que ver con las comunicaciones”. Pero ¿a qué periodismo hacía referencia el funcionario? Los especialistas en la comunicación detallan las abrumadoras consecuencias en materia comunicacional de las políticas por acción y por omisión del macrismo y cómo el periodismo al que apuntó favorecer desde sus inicios hasta hoy se encuentra vinculado directamente con los medios más concentrados.
Una política presidencialista
La política comunicacional de Cambiemos se caracterizó por el uso abusivo del dictamen de DNUs y resoluciones, obturando de esta manera el debate público a cambio de decisiones tomadas directamente desde el Ejecutivo. En este marco, a su vez, el nombrado DNU 267/2015 disolvió los entes regulatorios sectoriales Afsca y Aftic creados a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y conformó, en su reemplazo, al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), un ente dependiente totalmente del Poder Ejecutivo. Bernadette Calífano, Investigadora del CONICET, sostiene que la conformación del ente “contradice todos los estándares del sistema interamericano de Derechos Humanos” Y agregó: “Los miembros no requieren idoneidad en sus cargos, desaparece cierta representación federal, no es independiente, no tiene estabilidad en sus puestos y el presidente los puede remover por cualquier motivo y sin causa.”
Por otro lado, un acontecimiento de gran relevancia que denota el sesgo verticalista de la gestión oficialista fue la intervención de la Defensoría del Público Audiovisual (creada con la Ley 26.522) por parte de la Comisión Bicameral Permanente de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, presidida por el senador Eduardo Costa en septiembre de 2018. Santiago Marino, Doctor en Ciencias Sociales, Magíster en Comunicación y Cultura y Licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UBA, es ex Director de Análisis, Investigación y Monitoreo de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Los motivos que lo llevaron a dejar su cargo fueron “la política de censura, el hostigamiento personal, el malestar y la incertidumbre laboral.” En su puesto, Marino recibió la directiva de no poder dar entrevistas sobre el trabajo de la Defensoría y le ofrecieron la renovación de su contrato por un mes. A partir de la intervención se nombró a Emilio Jesús Alonso como defensor a cargo, un hombre del que no se le conocen antecedentes en el rubro. Desde este momento, relata Marino, la Defensoría tomó un nuevo rumbo pese a que venía funcionando con relativa normalidad: se dejaron de hacer capacitaciones y audiencias públicas o se dilataron los períodos entre una y otra de manera notable.
Hernán Lombardi fue la cara visible de la política de medios de Cambiemos.
La concentración como norma
En conjunto con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se modificó la Ley Argentina Digital. En este sentido, Calífano explicó que “el mismo decreto modificó el hecho de que la televisión por cable fuera considerada en vez de un servicio audiovisual, un servicio de TIC, es decir, pasó a ser considerada dentro de Argentina Digital. Eso implica que a la televisión por cable no se le pueden aplicar todas las restricciones de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: el límite en la cantidad de licencias, el porcentaje que la ley establecía como tope de mercado, las cuotas de programación sobre contenidos, etc.”
Por otro lado, la fusión Cablevisión Holding-Telecom marcó un hito difícil de revertir en materia de concentración. Este hecho se explica dentro de un contexto de políticas que avalan y fomentan la acumulación sin límites y sin regulación equitativa. Al respecto, Diego Rossi, investigador en políticas y planificación de la comunicación de la UBA detalló: “En audiovisual básicamente desatendieron a la Televisión Digital Abierta y avalaron los movimientos de los prestadores de televisión por cable. Estos prestadores quisieron avanzar en otros servicios: básicamente Internet, porque telefonía móvil les resultaba complicado ya que es una gran inversión. Salvo para uno de esos prestadores que es Cablevisión Fibertel, el cual venía dando Internet y avanza con la megafusión después de hacerse de espacio radioeléctrico a partir de la compra de Nextel.”
Los noticieros televisivos del fin de semana de la TV Pública fueron eliminados.
Hacia una convergencia impostora
La ansiada y admirada convergencia no se hizo notar en estos cuatro años de gestión. Si bien Cambiemos alza la bandera de la convergencia como rumbo al que hay que llegar y, de hecho, creó una comisión para redactar una Ley de Comunicaciones Convergentes, los proyectos en esta materia se vieron congelados y sin avances.
En este sentido, la conectividad en las escuelas públicas es una cuenta pendiente. Mariela Baladrón, licenciada en Ciencias de la Comunicación Social de la UBA y Magíster en Industrias Culturales, Políticas y Gestión por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), dijo que “Cambiemos hizo un acuerdo para desarrollar un programa de pisos tecnológicos con escuelas donde se había entregado un monto muy alto (600 millones de pesos) para la primera parte de un programa que se entregó a educ.ar. Sin embargo, Enacom finalmente tuvo que suspender ese programa porque nunca se rindió cuenta de qué tipo de implementación se hizo o cómo avanzó ese programa.”
Por otra parte, Baladrón nombró el caso emblemático del desarrollo del Plan Conectar Igualdad. Este fue renombrado bajo la gestión macrista como Aprender Conectados y si bien las capacitaciones se mantuvieron en algunos casos, lo que marcó la diferencia fue la suspensión de la entrega de dispositivos. En este punto, la investigadora agregó que “en muchos lugares del país el único dispositivo de la familia era justamente la Netbook que se entregaba a los chicos que estaban en etapa escolar.”
Tras un fallo judicial, el gobierno debió reincorporar a los 354 trabajadores despdidos de Telam.
Soberanía satelital y medios públicos
La Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (ARSAT) posee actualmente dos satélites geo-estacionarios: ARSAT-1 y ARSAT-2. Pese a que hacia fines del 2015 estaba planeada la creación del tercer satélite ARSAT-3 –pensado para abarcar todo el continente americano-, esta se vio definitivamente suspendida bajo la dirección del ex titular de ARSAT Rodrigo de Loredo. Baladrón explicó que “con la nueva gestión se empezó a autorizar a operar satélites extranjeros que entraban en competencia con los satélites ARSAT-1 y ARSAT-2 y no sólo eso sino que empezaron a operar satélites que directamente prestaban los servicios para lo que se estaba pensando el ARSAT-3.” Y agregó: “Esto es una forma de discontinuar totalmente una política pública de soberanía satelital que se venía llevando adelante con una empresa satelital propia.”
En cuanto a los medios públicos, a partir de la creación del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos se sientan las bases para una concentración hacia el interior del Estado- Así, distintos proyectos diferentes entre sí -Canal 7, Radio Nacional, Canal 12 de Trenque Lauquen, todos las emisoras que dependían del Ministerio de Educación y otros proyectos culturales como Tecnópolis, el CCK y demás- quedaron comprendidos bajo este nuevo espacio de carácter ministerial con sesgo presidencialista.
A su vez, los medios públicos han sufrido recortes presupuestarios extraordinarios. Según la Resolución 672/2019 el déficit operativo y financiero de la TV Pública y Radio Nacional para 2019 es de $3.860.773.784. Por otra parte, desde el inicio de la campaña, la agenda de los informativos viró hacia el oficialismo. “De los 880 cables publicados en la sección Política referidos a las elecciones generales, que la agencia [Télam] despachó desde el 7 de septiembre –inicio formal de la campaña- hasta el 7 de octubre, el 55% tiene como protagonista a algún referente de Juntos por el Cambio”, señaló Ezequiel Rivero, magíster en Industrias Culturales, Políticas y Gestión de la UNQ y licenciado en Comunicación de la UNC. A esto se agrega el despido masivo de 354 trabajadores al interior de la agencia a mediados de 2018 bajo la gestión de Hernán Lombardi, que gracias a la lucha sindical y gremial de los trabajadores logró retrotraerse. “También se anularon los informativos de la TV Pública los fines de semana y se restringió la programación de Radio Nacional que dejó de transmitir programación propia y retransmite ahora programación de Buenos Aires”, agregó la investigadora cordobesa Daniela Monje.
El olvido de los medios comunitarios y de la federalización
La comunicación como algo que no es estrictamente comercial recién existe en Argentina desde 2005 y se termina de formalizar con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009. “En este período, los medios cooperativos y comunitarios dependen mucho de los fondos del Estado para poder funcionar. Entonces, la política de dilación que tuvo el gobierno con la entrega, la convocatoria a concursos y el pago de los fondos de fomento concursables para medios de comunicación audiovisual (FOMECA) generó en algún momento la asfixia financiera de muchos actores de este sector que se mantenían básicamente con fondos concursables del Estado”, explicó Rivero.
“Además –agregó- se da la paradoja de que le toca a este gobierno que denostó a la Ley Audiovisual y que ignoró durante buena parte de su gestión a las radios comunitarias, al sector cooperativo y demás, ser el que finalmente otorga las primeras licencias definitivas a un montón de medios en los últimos meses. Es casi como un acto de hipocresía porque lo hacen sin haber hecho antes un plan técnico de ordenamiento del espectro radioeléctrico.”
Por otro lado existe una deuda actual e histórica en cuanto al federalismo de las políticas comunicacionales en Argentina. Ana Müller es docente de las cátedras Comunicación Popular y Alternativa de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Salta y se especializa en medios rurales. En diálogo con este medio nombró algunas de las dificultades que atraviesan las regiones que no son Buenos Aires. Muchos de los trámites y reclamos deben hacerse con domicilio en Buenos Aires y además tienen que iniciarse de manera virtual.
En este punto, Müller destaca un dato que recabaron desde el Relevamiento de Radios y Televisoras Comunitarias, Populares, Alternativas, Cooperativas y de Pueblos originarios de Argentina, realizado por la Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular (RICCAP): “Hay un 10% de las radios y televisoras que actualmente en Argentina no tiene acceso a conectividad porque no existen redes en sus localidades o porque los costos son tan altos que es imposible acceder.” Y añadió: “Ningún ciudadano ni ciudadana de este país quiere solamente ser enunciado por medios de otros lugares que ni siquiera reconocen cuál es la situación de cada contexto. Todos queremos hablar con voz propia.”
Oct 23, 2019 | Novedades, Vidas políticas
El presidente Sebastián Piñera tuvo que dar marcha atrás con el aumento de tarifas.
El conflicto comenzó la primera semana de octubre con el anuncio del aumento del transporte público. Desde entonces, se encendieron pequeños focos de manifestación impulsados por organizaciones de colegios secundarios con la consigna de saltar los molinetes. Se eligió el Metro de Santiago como escenario porque es de vital importancia en la capital trasandina; el subte había pasado de costar 800 pesos chilenos a 830 en hora pico (unos 67 pesos argentinos).
La convocatoria a las protestas fue creciendo gracias a las redes sociales. A las y los jóvenes se sumaron otros sectores y el Gobierno respondió saturando de carabineros las estaciones. Así transcurrieron los días hasta el viernes 18 de octubre.
“Llegué de la Facultad al centro [de la ciudad] y ya todos sabíamos que ese día iba a ser un colapso”, asegura a ANCCOM Noelia Espinosa Valenzuela, una estudiante argentina de la Universidad de Chile que vive en el país vecino hace seis años. A esa altura todos los barrios estaban en caos, el tránsito cortado y comenzaron los enfrentamientos contra la policía.
Las fuerzas de seguridad trataron de apagar las movilizaciones con gases lacrimógenos y camiones hidrantes. Horas más tarde, en cada comuna había edificios y vehículos incendiados y, por la noche, la gente armó barricadas.
“No poder salir a la calle motivó que la gente saliera”, señala un periodista chileno.
Al día siguiente, sábado 19 de octubre, el presidente Sebastián Piñera declaró la anulación de la suba de tarifas y decretó el Estado de Emergencia, durante el cual el Gobierno se reserva el poder de restringir o suspender el ejercicio de algunos derechos ciudadanos. Acto seguido, el general Javier Iturriaga, jefe de Defensa Nacional, ordenó el toque de queda que se extendió hasta las primeras horas del miércoles 23.
Sin embargo, el pueblo continuó reclamando. “Chino”, un periodista radial de Valparaíso que prefirió conservar su anonimato, afirmó que “no poder salir a la calle motivó que la gente saliera aún más, pero hubo mucha represión”.
Un estudiante universitario que vive en Puente Alto, la comuna más poblada de Chile, al sur de Santiago, quien también pidió mantener en reserva su nombre, relata: “Ayer, estando fuera de Protectora de la infancia [una estación de Metro de Santiago], los carabineros empezaron a tirar gases de la nada, sin provocación alguna. Nosotros empezamos a escapar a las villas. En esa manifestación había niños y abuelos, les importó un carajo. Tiraron gases a las calles, los departamentos, las casas. Y no conformes, empezaron a disparar balines de goma y de acero”.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), una entidad estatal autónoma, contabilizó hasta hoy 1.692 personas detenidas, entre ellas 210 niñas, niños y adolescentes. El INDH constató que 123 se encuentran hospitalizadas por heridas de arma de fuego y que cinco fallecieron por la presunta acción de agentes del Estado.
“El descontento es generalizado. Todo está privatizado: salud, educación, pensiones y agua”, dice el periodista.
El aumento del Metro fue el detonante de un problema más profundo. “La raíz es un descontento social generalizado. Todo está privatizado: salud, educación, pensiones, incluso el agua”, explica Chino. Pía Argagnon, socióloga, comunicadora y militante del Partido Convergencia Social, considera que la Constitución chilena, que data de 1980, en plena dictadura de Pinochet, propuso un modelo neoliberal que hasta la actualidad “constituye un Estado que no entrega garantías a la ciudadanía”.
El Gobierno nacional, a través de los principales medios, busca criminalizar la protesta social. Durante la mañana del domingo, en conferencia de prensa, Piñera dijo que Chile se encuentra en guerra contra un enemigo que “está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite”.
Argagnon opina que el Presidente quiere configurar un escenario de miedo para el pueblo: “La pregunta es por qué. Mi visión es que esto solo podría justificarse por la necesidad de este propio régimen de mayores niveles de inseguridad y violencia, que lleve a una mayor opresión para sostener un modelo que no puede hacerlo por sí mismo”.
Voceros del oficialismo responsabilizan a la población por esta crisis. En diálogo con ANCCOM, una periodista del diario La Tercera, Johanna Watson, es categórica: “Los medios de comunicación solamente muestran un lado de los hechos, donde el villano siempre es el pueblo manifestándose”.
A contramano de la versión oficial, en las redes se alzan las voces que denuncian presuntos montajes de las fuerzas de seguridad y circulan videos que muestran a carabineros cometiendo actos de vandalismo.
Más allá de estas narrativas en disputa, Chile experimenta una crisis política y social producto del hartazgo de la ciudadanía y los oídos sordos de la clase dirigente. Para Chino, las manifestaciones por las tarifas “fueron un despertar en una población dormida durante 30 años”. En las plazas y en las calles se canta “Piñera escucha / ándate a la chucha”.
Pero las demandas exceden el pedido de renuncia del Presidente y de algunos de sus funcionarios, como Andrés Chadwick, ministro del Interior y Seguridad Pública y primo de Piñera. Para Lucas Cifuentes, secretario general de Convergencia Social, los mayores reclamos tienen que ver con un cambio en el orden estructural y la garantía de los derechos sociales, la nacionalización de recursos naturales, del sistema de pensiones y de un nuevo código laboral.
Si se quiere recuperar la paz, “la única forma sería que el Gobierno baje la guardia y acate los requerimientos del pueblo”, sostiene Watson y agrega: “La ciudadanía está en llamas y convencida de que esto no puede seguir”.
Si bien no hay un desenlace claro y “la oposición es muy amplia”, como indica Argagnon, “ha habido diversas muestras de rechazo a la intervención militar”. Pero en medio de la represión y la incertidumbre, hay una certeza: Chile despertó.
Oct 23, 2019 | Comunidad, Novedades
Veinte salones de la escuela permanecen cerrados.
Pese a la fría lluvia del 17 de octubre, madres, padres, docentes e integrantes del Centro de Estudiantes de la Escuela Superior de Enseñanza Artística en Artes Visuales (ESEAAV) “Rogelio Yrurtia” se reunieron en la puerta del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires para acompañar a las familias de los chicos y chicas que aprobaron el examen de ingreso pero aún así no consiguieron vacante para el ciclo lectivo 2020. Asimismo, presentaron un reclamo formal a la titular de la cartera, Soledad Acuña, en relación a las principales complicaciones que sufrió el colegio en el último tiempo.
El 2019 no comenzó bien. Las clases continuaban en el antiguo edificio de avenida Alberdi y Homero, en Parque Avellaneda, demasiado pequeño y no apto para albergar la cursada. Recién en mayo se concretó la ansiada mudanza a la nueva sede de Alberdi 4139, a unas cuadras de la anterior. Hace años que venían peleando para conseguir un espacio que se adecuara a sus necesidades y, a primera vista, parecía un objetivo cumplido. Pero, al ingresar, se encontraron con que había 20 salones, entre aulas y secretarías, cerrados con una faja donde se leía: “Espacio reservado para el Ministerio de Educación”. A fin de octubre, la situación no cambió.
Aquí aparece la cuestión del Polo de las Artes. A fines del 2018 se oficializó este proyecto que implicaba trasladar la Escuela de Cerámica N° 1, ubicada en Almagro, al edificio destinado al Yrurtia, y que ambas instituciones lo compartieran. La profesora de pintura del Yrurtia y delegada de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Mariana Fernández Bonet, explica que el inmueble en cuestión está compuesto por dos alas: la que queda sobre la avenida Alberdi, destinada a materias teóricas; y la de la calle Cajaravilla, compuesta de talleres artísticos. “No es que cada escuela usaría un ala, las dos necesitan de ambos espacios áulicos. No puede funcionar ni absolutamente de materias teóricas ni absolutamente de talleres, esta es la especificidad de las escuelas artísticas”, subraya Fernández Bonet. En concreto, cada establecimiento tiene necesidades distintas y el nuevo edificio no está preparado para satisfacer las del Cerámica 1.
Unos 120 jóvenes que aprobaron el ingreso al Yrurtia se quedaron sin vacante.
Para establecer el publicitado Polo de las Artes en el barrio Vélez Sársfield –que según denuncia la comunidad educativa se trata de un negocio inmobiliario más del Ejecutivo porteño– la intención oficial es ahora trasladar sólo parte del Cerámica 1 y que los talleres continúen en el edificio originario, pero esto obligaría a estudiantes y docentes a recorrer siete kilómetros de una sede a otra. Absurdo.
La titular del juzgado N° 4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Elena Liberatori, hizo lugar en julio al planteo efectuado por la comunidad del Yrurtia a través de la Asesoría Tutelar y ordenó al Gobierno de la Ciudad que habilite en forma inmediata e integral el edificio. Esto no ha sido cumplido y afecta directamente la capacidad de recibir a nuevas y nuevos estudiantes.
En la escuela Yrurtia funciona un secundario bachiller con orientación en Educación y un terciario con certificación de Realizador en Artes Visuales (RAV). Para el próximo ciclo lectivo sólo fueron otorgadas 130 plazas para el secundario y 40 para RAV. Estas cantidades, según Fernández Bonet, son las mismas que tenían en el antiguo edificio, mucho más reducido en comparación. Además, unos 120 jóvenes que aprobaron el ingreso se quedaron sin vacante. Esto se debe, por un lado, a la falta de espacio por la negativa del Gobierno de la Ciudad a habilitar las aulas y, por el otro, a que el Ministerio de Educación no ha cumplido con el pedido de crear cargos docentes para formar nuevos cursos y responder a la falta de vacantes.
A cinco meses de comenzadas las clases en la nueva sede, el certificado de fin de obra nunca fue firmado.
El otro problema es la condición en la que fue entregado el nuevo edificio. En el ala de talleres no hay gas. Esto representa una gran dificultad sobre todo en invierno, porque los talleres se encuentran en el subsuelo y no hay manera de calentar las aulas. Otro inconveniente es que en sendas alas se utiliza luz de obra que no es adecuada para dar clases y se corta con facilidad. Y a esto se suma que el sistema de desagües está mal construido, lo que impide su correcto mantenimiento y ocasiona que, cada vez que llueve con intensidad, se inundan varios sectores y se producen fallas eléctricas.
“A les alumnes nos tienen estudiando en situaciones precarias porque al Estado no le importa, porque somos un gasto más”, denunció Ara, integrante del Centro de Estudiantes en la radio abierta que se desarrolló en la puerta del Ministerio de Educación.
A cinco meses de comenzadas las clases en la nueva sede, el certificado de fin de obra nunca fue firmado y la comunidad educativa del Yrurtia coincide en que este esfuerzo del Gobierno porteño por presentar prematuramente una edificación con claras falencias estructurales, se relaciona con el año electoral y la necesidad de mostrar resultados de gestión durante la campaña.
La Escuela Rogelio Yrurtia figura dentro del plan de 54 nuevas escuelas del Gobierno de Larreta como una de las que ya han sido terminadas. Pero esto no es tan así. Mariano Fernández, miembro del Foro por la Educación Pública de la Comuna 10, ex alumno y padre de una estudiante de quinto año, opina: “A diferencia de lo que dicen, esta no es una escuela nueva, porque medio edificio está clausurado y las vacantes son las mismas que había antes: los pibes, las pibas, los docentes, conducción, administración y demás, el 98% son los mismos que habían antes. Entonces el Yrurtia no es una nueva escuela, es un nuevo edificio”. Un nuevo edificio sin gas, con una instalación eléctrica provisoria y con desagües que no funcionan.
Oct 23, 2019 | Comunidad, Novedades
Las indígenas ocuparon,casi sin que nadie se entere, el hall del Ministerio de Interior durante diez días.
“La mejor pizza desde 1942”, rezaba el cartel de un reconocido local porteño ubicado en la esquina de Bartolomé Mitre y 25 de Mayo, frente al Ministerio de Interior. Sus sillas y mesas rojas prolijamente ubicadas en la vereda estaban vacías, a pesar de que alrededor estaban paradas más de 50 personas, en su mayoría mujeres y niños, debajo del frío y la lluvia que hasta hace pocos días azotó la Ciudad. Sin embargo, otro cartel adelante le disputaba atención, una gran tela blanca que enunciaba con mayúsculas: “Sembraron terricidio, cosecharon rebelión”.
El ritmo frenético de la masa de gente que sólo pretendía abrirse paso ante la multitud de repente se chocaba con ese grupo anómalo de personas paradas en un círculo, escuchando a otras hablar por micrófono, mientras lloraban, se abrazaban, levantaban el puño, aplaudían y gritaban palabras de aliento. Ese conjunto que rompía la monotonía del microcentro porteño era el grupo de 23 mujeres indígenas pertenecientes a distintas comunidades del país autoconvocadas bajo el lema “La rebelión de las flores nativas”, que desde el miércoles 9 de octubre y hasta el sábado 19 ocuparon pacíficamente el hall del Ministerio de Interior para exigir respuestas a diferentes reclamos.
Mientras que la gente caminaba lo más rápido posible por esas calles atestadas de bancos, casas de cambio, oficinas, ministerios y museos, Moira Millán, coordinadora del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, exclamó por altavoz: “Jamás en la historia de la Argentina las mujeres indígenas llegamos a ocupar este espacio. En este edificio se diseñaron todas las campañas genocidas, se pensaron todos los modelos de muerte. Estar acá reclamando por la vida es realmente un logro”.
Integrantes de las comuniades Qom, Mbya Guaraní, Tapiete, Mapuche y Tehuelche participaron de la acción.
Las mujeres provenientes de los pueblos Qom, Mbya Guaraní, Tapiete, Mapuche y Tehuelche viajaron desde sus territorios con lo indispensable para pasar unos días en la Capital, cargando la pena por alejarse de sus familias y sus tierras pero con la convicción de protagonizar un hecho sin precedentes: denunciar la falta de agua potable, comida y condiciones dignas para vivir; la violencia y xenofobia sistemática estatal, institucional, judicial, empresarial, policial y de la sociedad en su conjunto; el terricidio, entendido como el “asesinato no sólo de los ecosistemas tangibles y de los pueblos que lo habitan, sino también de todas las fuerzas que regulan la vida en la tierra”. Además reclamaban que se investiguen los casos de violaciones, asesinatos y desapariciones forzadas dentro de sus comunidades. Ante todo esto exigían que el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, convocara a una mesa resolutiva interministerial.
En relación a la respuesta oficial, Marilyn, de la comunidad mapuche Cañío, explicó a ANCCOM: “Frigerio nos dijo que ningún reclamo está a su alcance y que lo correspondiente es ir a golpearle las puertas a las provincias, que él sólo nos podía solucionar los pasajes para el regreso. Por eso convocamos a una mesa interministerial”.
Hasta ahora, la única reacción del Estado vino por parte de la secretaria de Justicia, María Fernández Rodríguez, quien se comprometió a investigar tres casos específicos: la desaparición del Qom Marcelino Olaire el 8 de noviembre de 2016 en el hospital público de Formosa, el asesinato del Qom Ismael Ramírez de 13 años a manos de la policía del Chaco y el “chineo” o la violación de niñas indígenas. “Estamos abiertas al diálogo. Necesitamos volver a nuestros territorios con respuestas concretas porque sabemos que nos espera persecución y represión a los que hacemos visible la lucha”, advirtió Marilyn.
Veintitrés mujeres participaron de la toma.
Ante el silencio de los otros ministerios y la nula cobertura de los medios de comunicación hegemónicos, decidieron seguir con la protesta pacífica en el hall del Ministerio de Interior a pesar de las inclemencias del tiempo y las condiciones precarias que rodean su lucha. En la calle, durante diez días, improvisaron carpas para protegerse de la lluvia y armar ollas populares. La situación extrema de dormir hacinadas en un piso de cerámico frío, apelar a la solidaridad de las personas para conseguir abrigo, alimento y hasta para ir al baño, sumado a la falta de respuesta estatal convirtió a este viaje empoderador en otro episodio de supervivencia a la que están forzadas a atravesar desde el nacimiento, casi como un designio divino. Pero las 23 mujeres estaban determinadas a sobrevivir a la gran Ciudad, hacerle frente a su alienación e indiferencia como también al destrato, la explotación y a la humillación a las que se sometieron toda su historia. Es el grito de rebelión de mujeres indígenas nunca antes visto, mientras enfrente un grupo de personas disfrutaba de su pizza de mozzarella mirando la televisión.
Para visibilizar y sobrellevar su reclamo lo más dignamente posible, apelaron al apoyo de los medios alternativos, las redes sociales y a la solidaridad de las personas que pudieran acercarles agua mineral, alimentos, abrigo, colchonetas, pilotos de lluvia, baños químicos y gazebos. Pero sobretodo pidieron que se acerquen para informarse sobre los motivos que las llevaron a rebelarse contra un sistema que las expulsa continuamente.
Evis Millán del pueblo mapuche enfatizó: “Para nuestros pueblos la mujer es la fuerza, la protectora y educadora. El sistema patriarcal hizo que nos fortalezcamos más y por eso decimos basta, hasta acá llegaron”. Fueron 10 días de ocupación pacífica sin respuestas concretas. La indiferencia estructural y la lluvia cosecharon la rebelión de las flores.
