Dic 5, 2017 | Comunidad, Novedades
El pasado 1º de diciembre se conmemoró el Día Mundial de Lucha contra el SIDA y en Argentina, uno de los países más avanzados de Latinoamérica en cuanto al diagnóstico, análisis y tratamiento del virus del VIH, las cifras médicas indican que hay aproximadamente 120.000 personas que lo poseen, pero se calcula que un tercio de esa cantidad desconoce esa situación. ANCCOM dialogó con especialistas en la temática, a 35 años del primer caso detectado en el país y con un proyecto de ley congelado en el Congreso.
Lorena del Valle, miembro de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP) afirma que “El VIH no es una enfermedad. Tienen que pasar muchas cosas antes de que uno llegue a la etapa de SIDA, por desconocimiento o por propia voluntad de no llevar adelante el tratamiento”. Esta situación favorece el desarrollo de enfermedades “oportunistas” (infecciones o tumores) que aparecen aprovechando la caída de las defensas. Del Valle agrega: “Las enfermedades oportunistas siempre atacan de forma muy fuerte y muy violenta”. Según la edición 2016 del Boletín Epidemiológico de VIH-SIDA difundido por el Ministerio de Salud, 17 personas por día se infectan el virus y en el 90% de los casos, la vía de transmisión son las relaciones sexuales sin preservativo.
Dicho Ministerio, a través de la Dirección de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), promueve el acceso universal a la prueba de VIH en forma gratuita, voluntaria y confidencial. Se recomienda hacerse el test de VIH a las personas que tuvieron relaciones sexuales (orales, vaginales o anales) sin preservativo; a las que compartieron agujas, jeringas o máquinas de afeitar con otras personas o a aquellas que desean tener un hijo de manera de evitar posibles transmisiones del virus al bebé. Por otro lado, a partir de la Ley Nacional de SIDA, sancionada en 1990, se garantiza el acceso al diagnóstico y tratamiento gratuito de VIH y otras enfermedades asociadas. El Estado brinda, además, todos los estudios de seguimiento a quienes se atiendan en el sistema público de salud.
“Argentina tiene uno de los índices más altos de personas que acceden al tratamiento antirretroviral. Por la ley vigente, el tratamiento se entrega gratuitamente al 100% de los pacientes, ya sea a través del sistema público como los de las obras sociales y de las prepagas”, sostiene José María Di Bello, secretario de la Fundación GEP (Grupo Efecto Positivo) y miembro del secretariado de RedAr (Red Argentina de Personas Viviendo con VIH-SIDA).
Desde el año 2007 y como medida de prevención, el Estado pone a disposición de la población puestos de distribución de preservativos, ubicados en espacios públicos de gran circulación. Soledad Sequeira, abogada y miembro del Área de Derechos humanos de la Dirección de SIDA, ETS y HEP virales resalta que “además hay que tener acciones de prevención precisas y estratégicas que lleguen a esos lugares donde son necesarias. La prevención tiene que llegar a todo tipo de lugar y de cultura. La información tiene que estar adecuada a cada autonomía y cada identidad”. Otra de las políticas públicas que se lleva a cabo es la se entrega de leche maternizada para bebés recién nacidos de mujeres con VIH en hospitales de todo el país.
Gracias a los tratamientos actuales, cada vez son más las personas que tienen VIH sin desarrollar SIDA. Más allá de las políticas de salud adoptadas por el Estado, las personas con VIH-SIDA sufren estigmatizaciones y discriminación. Lorena del Valle resalta que “existe algo que nosotros llamamos ‘la enfermedad social’ que tiene que ver con la segregación que sufrimos. Todavía se tiene un concepto muy antiguo de lo que es vivir con VIH. Se lo asocia con la muerte, con drogadicciones o con promiscuidad y hoy ya no es tan así”. Y agrega: “En caso de que lo fuera, nadie tiene autoridad como para cuestionar la manera de vivir del otro”.
José María Di Bello considera, justamente, que “el obstáculo más grande para frenar el VIH-SIDA sigue siendo el estigma y la discriminación. Es una realidad contundente en nuestro país como en otros. Sobre esto no había mucha materia de legislación y, a decir verdad, la ley de los años 90 es buena pero se encarga exclusivamente de los aspectos biomédicos”. Por eso, desde el año 2014, se viene gestando un proyecto de actualización de la normativa que contempla los determinantes sociales y cuestiones ligadas a los derechos humanos. En esa propuesta trabajan ONGs, la comunidad científica y la Dirección Nacional de SIDA.
En el proyecto se planea crear el Observatorio contra el Estigma y la Discriminación Asociados al VIH-SIDA y las Hepatitis Virales. La propuesta legislativa tiene artículos que sancionan específicamente situaciones del ámbito laboral, educacional y sanitario, como poder multar a aquellas empresas privadas u organismos públicos que pidan el test como condición para acceder a un trabajo. Además, el proyecto incluye a las infecciones de transmisión sexual (ITS) como la sífilis, gonorrea, clamidiasis, herpes, hepatitis B y C, VIH y VPH.
El proyecto de ley fue presentado en el Congreso en el año 2016. “El 13 de junio de 2017 se logró un dictamen favorable en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Desde esa fecha, debía pasar por la Comisión de Legislación General y la de Presupuesto y Hacienda, pero lo cierto es que no ha pasado nada” expresa José María Di Bello. Los días y meses pasaron acompañados de movilizaciones pero la propuesta no recibió el tratamiento necesario y con el cierre del año legislativo perdió estado parlamentario. Por lo que, como el Juego de la Oca, el tratamiento legislativo deberá volver a empezar.
Actualizado 05/12/2017
Dic 4, 2017 | Comunidad, Novedades, Te puede interesar, Trabajo
La apertura indiscriminada de las importaciones, el aumento en las tarifas de los servicios y la caída del consumo interno son componentes de una tormenta perfecta que cae sobre la industria textil argentina desde los primeros días de 2016. El crecimiento constante que tuvo el sector en el período 2003-2015 quedó tapado bajo el discurso del “sinceramiento”. Desde diferentes sectores del gobierno apelan a la falta de competitividad para explicar la situación que preocupa fuertemente a todos los que componen la actividad. ANCCOM, por su parte, se metió dentro del tejido del sector para conocerlo en profundidad y poder entender esta problemática.
La Fundación Pro Tejer es una organización sin fines de lucro, creada en el año 2003, como respuesta a la necesidad de reunir a todos los sectores de la cadena de valor de la industria textil y de indumentaria de Argentina con el objetivo de profundizar el protagonismo productivo. Ariel Schale, licenciado en Economía y director ejecutivo de la Fundación, manifiesta que la industria textil está atravesando un momento complicado en toda la cadena de valor: “El nivel de actividad no termina de recuperarse. Si bien estamos en un segundo semestre donde vamos a ralentizar la caída que estábamos teniendo, nos seguimos moviendo en variaciones negativas respecto al año anterior”.
El crecimiento constante que tuvo el sector en el período 2003-2015 quedó tapado bajo el discurso del “sinceramiento”.
Al identificar las causas de esta situación, Schale reconoce que la actividad está impactada por el deterioro del poder adquisitivo de la población: “Lo que queda disponible de los ingresos en los hogares es mínimo por el encarecimiento de los alimentos, de los medicamentos y de los servicios públicos. Eso hace que lo disponible para gastos en indumentaria sea menor”. Se estima que entre el 2015 y el 2017 la caída del mercado estaría rondando entre el 25 y el 30 %. A la caída del consumo se le suma el problema de la presión importadora.La industria queda situada como un proveedor en un mercado más chico y con menor participación de la que tenía, terminando con niveles que están por debajo de los valores de equilibrio para la industria.
Alejandro Robba, economista, docente de la Universidad Nacional de Moreno y de la Universidad General de San Martín explica que “el sector textil está perdiendo rentabilidad desde fines del 2015 por la devaluación y el aumento de los costos importados, la apertura y el aumento de tarifas”. Reconoce también la caída del poder adquisitivo de los argentinos y el reemplazo de productos nacionales por importados como una de las principales causas del problema: “El gobierno ha experimentado un cambio de modelo económico por el cual los salarios dejan de ser el motor de la economía para ser un costo más. A partir de una reforma laboral, que es lo que intenta ahora, se busca bajar los costos, lo que sería la contracara de aumentar tasa de ganancia empresarial. Esto significa también bajar el nivel de poder de compra de esos salarios que son en definitiva el poder de demanda que tiene la argentina”.
Scalters Sociedad Anónima es una fábrica textil con más de 67 años de antigüedad. Hace 12 años instalaron una de sus plantas en la localidad de Paso del Rey, Moreno. Raúl Hutin, director general de la empresa, vive en carne propia la situación que está atravesando la industria. Para describirla, primero hace un recorrido de los últimos años: “En plena crisis del 2002 teníamos doce empleados y no llegábamos a fabricar diez toneladas mensuales. Desde el 2003 empezamos a crecer y llegamos hasta 450 toneladas. Crecimos un 2.300%. En cuanto a personal, pasamos de 12 a 106 contratados. En la actualidad, con la situación que está viviendo el país, hemos bajado la línea de cien empleados, debemos estar en 95 o 96, según el día” explica Raúl.
Se estima que entre el 2015 y el 2017 la caída del mercado estaría rondando entre el 25 y el 30 %.
Luego de 12 años de crecimiento ininterrumpidos, Raúl Hutin ve con preocupación el nuevo escenario que tiene la industria. Según su mirada cambió el paradigma de país y el proyecto nacional: “Lo que se plantea es un país para pocos, donde la pequeña y mediana industria no tiene cabida. Ellos sostienen que nosotros somos los que generamos la inflación y los que generamos los altos precios, entonces mejor traer todo de afuera y que argentina se dedique al agro. Ese es un grave error, Argentina necesita ser un mix entre el agro y el consumo industrial, si no tendrá, como tiene hoy, déficit comercial récord, déficit fiscal récord, endeudamiento récord. Cada día estamos un poco peor”.
Cuando se le pregunta por la falta de competitividad Raúl Hutin sostiene que la industria cuenta hoy con la mejor tecnología del mundo: “Fabricamos exactamente igual que cualquier otro país. Es absolutamente falso el argumento de que debido a la falta de competitividad, la industria textil esté en crisis. Es alevoso echarles la culpa a los obreros y pensar que con la flexibilización laboral lo van a resolver”.
Scalters S.A. también fue fuertemente golpeada por los tarifazos en los servicios. Hace menos de un año, la fábrica pagaba menos de trescientos mil pesos de factura de luz; hoy, paga un millón doscientos mil. “Dicen que se viene el ajuste real. Estamos preparando el cajón para ver cómo nos terminan de enterrar” sentencia su director.
«En la actualidad, con la situación que está viviendo el país, hemos bajado la línea de cien empleados, debemos estar en 95 o 96, según el día” explica el director de Scalters.
El panorama de lo que ocurre con la industria en Luján es aún más desolador. Aquí, la crisis ya suma 700 desempleados. La caída en la productividad arroja que “hoy se trabaja con un 55% de la capacidad instalada”, según indicó Rodolfo Bianchi, presidente de la Cámara Textil de Luján. Esto significa la reducción de la jornada laboral y la eliminación de las horas extras, lo que genera que los empleados cobren menos dinero debido a la situación.
Esta situación que atraviesa la industria textil no es ajena a los comerciantes. Esteban, dueño de una tienda de ropa de Moreno, reconoce que las ventas disminuyeron casi un 30 % del 2015 al 2016, e incluso en este año más: “La industria textil cayó mucho debido al poder adquisitivo de la gente. No es prioridad de gasto la ropa, sino al morfi, cosa que antes era distinto,” explica. Además, cuenta que los gastos fijos del local se fueron “al cielo”: “Hoy a los empleados no les alcanza para vivir. La economía nacional está en descenso tanto para mí, como empleador, como para los chicos que trabajan en el local”. Ahora se trata de vivir el día a día según cuenta Esteban, quien reconoce que desde la llegada del nuevo gobierno no hubo una buena medida para los comerciantes ni para los empleados.
Actualizado 05/12/2017
Dic 4, 2017 | Noticias en imágenes
«Santiago Maldonado presente, ahora y siempre». En la Plaza de Mayo, frente a la Morgue Judicial, en las puertas de la residencia presidencial de Olivos. El grito se replicó y ganó fuerza en diferentes puntos del país, desde que la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado en el río Chubut –y su posterior identificación- unió a la sociedad en el urgente reclamo de justicia.
Las primeras manifestaciones fueron espontáneas. Poco después de que, en la noche del viernes, Sergio Maldonado confirmara que la familia había identificado el cuerpo del joven, las puertas de la Morgue se convirtieron en el centro de un santuario: velas, flores, mensajes urgentes cubrieron los escalones y paredes, a metros de donde todavía se realizaba la autopsia. En simultáneo, cientos de autoconvocados, además de organizaciones políticas y sociales, marcharon desde Plaza de Mayo hasta el Congreso Nacional. Una marcha espontánea que surgió ante el dolor de las miles de personas que en los últimos 78 días se apropiaron de la lucha que lleva adelante la familia de Santiago Maldonado. Recién pasada la medianoche del viernes, el juez a cargo de la causa, Gustavo Lleral, habló con la prensa y dio a conocer algunos resultados preliminares de la autopsia.
Al día siguiente, la Plaza de Mayo volvió a ser escenario de una nueva movilización. Convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, la marcha volvió a poblar de banderas y consignas de justicia a las calles del centro porteño. “Aparición con vida” había sido el reclamo de millones de personas en el país y alrededor del mundo, durante los últimos 78 días. La segunda movilización en la Plaza coincidió también con la difusión de una extensa carta de Sergio Maldonado. “Que todos los culpables paguen por lo que te hicieron”, reclamó.
En las dos movilizaciones en la Plaza de Mayo se repitió la exigencia de renuncia para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su jefe de Gabinete, Pablo Noceti, responsable del accionar de la Gendarmería al momento de la represión del 1 de agosto cuando Santiago fue visto con vida por última vez. “La represión del 1° de agosto forma parte de la que a su vez sufre el pueblo mapuche, acción que llevan adelante el Gobierno de Chubut junto al Gobierno Nacional para entregarle las tierras ancestrales a Lewis, a Benetton, a las empresas de fracking y a las mineras”, sentenció el documento leído el sábado por la tarde en Plaza de Mayo. Arriba y abajo del escenario, la bandera del pueblo mapuche y cientos de fotos de Santiago, un rostro multiplicado para hacerse lucha, para hacerse memoria.
“Santiago está presente cada vez que nos sacan de nuestras tierras”, dice Mariana, que lleva en la mano un cartel: “Ley 26.160”, que prohíbe cualquier tipo de desalojo a las comunidades de pueblos originarios. Mariana recuerda a Maldonado como un hermano que acompañó los reclamos de su pueblo: “Hay que seguir luchando como lo hizo Santiago”, agrega. Y recuerda el pedido de libertad de Facundo Jones Huala, quien aún se encuentra preso en la penitenciaría de Esquel.
“Libertad, libertad, a los presos por luchar” fue la consigna que hizo eco durante la concentración que convocó Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, a la que se sumaron el Frente Popular Darío Santillán, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), el Frente de Autodeterminación y Libertad, el Partido Obrero, y el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), entre otras organizaciones sociales, políticas y estudiantiles. Junto al escenario instalado en Plaza de Mayo, estuvieron presentes María del Carmen Verdú, referente de la Correpi, Myriam Bregman, candidata a legisladora porteña, y Nicolás Del Caño, candidato a diputado nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores.
Mirá la fotogalería de ANCCOM:
Dic 2, 2017 | Géneros, Novedades
En una marcha realizada hace diez días en la Ciudad de Córdoba por el asesinato de Rafael Nahuel la policía detuvo arbitrariamente a seis personas, casi todas lesbianas. “Parece mentira, ¿no? Que lo que nos gusta hacer a las tortas después de marchar (ir a comer papas fritas a la cañada) de repente sea un motivo para que te lleven presx”, cuenta en Facebook una joven que presenció el momento en que los oficiales golpeaban y se llevaban detenidas a las rastras a sus compañeras. Al día siguiente fueron liberadas, pero les abrieron causas por resistencia a la autoridad. Según se desprende de los videos del operativo, a sólo un mes del lanzamiento del protocolo para la detención de personas LGBTQI las fuerzas de seguridad ya olvidaron aplicarlo.
El pasado 24 de octubre, el Ministerio de Seguridad publicó en el Boletín Oficial un conjunto de reglas que detalla cómo deberían actuar las fuerzas en casos en los que se deba requisar o detener a lesbianas, gays, bisexuales y/o travestis. Sin embargo, escasea información sobre lo relacionado a las cuestiones de la disidencia sexual y es confuso al momento de explicar cómo debería aplicarse esta nueva normativa teniendo en cuenta las características específicas de cada identidad.
Si se tienen en cuenta los avances de Argentina en el marco normativo respecto de la diversidad sexual, el protocolo recientemente elaborado no aporta ninguna novedad. Cada punto que detalla y exhorta a cumplir a las fuerzas policiales y de seguridad, no son otra cosa que lo que ya enuncia la Ley de Identidad de Género 26.743. El artículo primero, inciso C, de esta normativa detalla: “Toda persona tiene derecho: A ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acrediten su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada”.
Por su parte, el anexo 3 del protocolo, señala: “Ante la presencia de una persona que haya optado por un género que difiera de su condición biológica, o bien cuando el personal policial advierta tal circunstancia; deberá dispensarle el trato correspondiente al género auto percibido, respetando aquel nombre de pila con el cual se sienta identificado, sin perjuicio de la documentación que exhiba”. Lara Bertolini, activista travesti feminista sostiene: “Si las fuerzas de seguridad necesitan escribir lo que ya está escrito es porque realmente no lo tuvieron en cuenta antes. A mi entender reconocen que tuvieron que crear este protocolo para poder decir: ´´Sabemos las leyes, normas, decretos y tratados, pero no los hemos aplicado´´, por eso de alguna manera tienen que refrendarlo mediante este documento”.
La necesidad de crear un protocolo que repita lo que ya indica una ley deja entrever que las fuerzas de seguridad fallan en el trato que despliegan hacia las personas LGBTIQ y este es el problema de fondo. Lo que se oculta detrás es la violencia y la impunidad con la que se manejan hacia ellas, situación que demanda a crear pautas para mejorar su conducta. Greta Pena, abogada y presidenta de la Asociación Civil 100% Diversidad y Derechos asegura: “Las detenciones de casi la totalidad de chicas bisexuales y lesbianas el último 8 de marzo no es casual. Tal como fue en su momento con la creación de supuestos enemigos, por ejemplo, el joven peligroso de barrio bajo, ahora es la lesbiana que destruye las paredes y las iglesias, arma fogatas, odia a los hombres, es per se violenta y además osa darse besos con quien quiere. O también es la travesti o mujer trans que no puede ser otra cosa que narcotraficante o la representación del gay promiscuo”.
Marcha del Orgullo N°26. De Plaza de Mayo a Congreso.
El protocolo es confuso cuando detalla lo que puede considerarse o no un abuso de la fuerza por parte de lxs efectivos: “Queda totalmente prohibido todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales”, pero luego aclara: “No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de acciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”. Según Pena, la única norma que hay que seguir en materia de detención a la población LGTB es que todo lo que hagan las fuerzas policiales no sea agravado por la condición de la orientación sexual o la identidad de género de la persona.
Plantear que el personal policial tiene prohibido ocasionarle al detenido “dolores o sufrimientos graves” sin especificar a qué se refiere exactamente deja un vacío que da lugar a la libre interpretación de cada oficial. ¿Qué se entiende por “graves”? ¿Eso significaría que un dolor leve si estaría permitido? Tampoco específica a qué se refiere con “acciones legítimas” que habilitan al personal policial a poder ejercer castigos. Pena asegura que este protocolo es peligroso porque “envía un mensaje a las fuerzas de seguridad, les da un convencimiento de que somos personas a detener y/o a requisar porque somos revoltosas, peligrosas”.
Por otra parte, el protocolo ignora y omite ciertos aspectos de las identidades no heteronormadas. ¿Por qué un gay o un hombre trans deberían ser requisados por una oficial mujer? ¿Quién debería requisar entonces a una persona bisexual? No se ahonda en las particularidades que deberían tener en cuenta con cada una de las identidades, “se ignora totalmente la cuestión de las identidades, ni siquiera les interesa. Si a una mujer lesbiana la requisa una mujer no es por lesbiana, es por mujer, entonces está mal el concepto”, explica Pena.
Las travestis y trans son las más perjudicadas por los abusos de parte las fuerzas de seguridad.
Como consecuencia de la situación de extrema vulnerabilidad en la que viven, muchas de ellas no poseen otra alternativa que ejercer el trabajo sexual en las calles donde sufren el hostigamiento, la discriminación y la criminalización por parte de las fuerzas de seguridad. Pena asegura: “Diariamente la policía detiene a personas trans endilgándole la violación a la Ley de Estupefacientes o por ejercer el trabajo sexual en la vía pública. Las personas trans detenidas en el Servicio Penitenciario Federal y Bonaerense están en su totalidad por violación a esta ley. Borraron los edictos policiales que era como las perseguían antes y la suplantaron por esto”.
El protocolo aclara: “El personal policial deberá respetar la protección y el ejercicio de los derechos humanos de aquellas personas que hayan optado por la identidad de género que difiera de su condición biológica”. ¿Resulta necesario advertir a las fuerzas de seguridad que deben respetar a las personas no heterosexuales?: “Lo importante es que con este protocolo ante cualquier caso de abuso institucional podemos reclamar lo que ahora ponen por escrito y si no lo sostienen van a tener que pagar los actos de ilegalidad que comentan”, asegura, sin embargo, Bertolini.
Actualizado 05/12/2017
Nov 30, 2017 | Novedades, slider
A pocas semanas del cierre del año 2017, un hecho trascendental en la historia argentina reciente quedó cerca de llegar a su fin. Se trata de la Megacausa ESMA, el tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la ex Escuela Mecánica de la Armada y el mayor en términos de cantidad de víctimas y procesados. El miércoles 29 de noviembre, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 -integrado por los jueces Adriana Pallioti, Leopoldo Bruglia y Daniel Obligado- dictó la sentencia a los 54 acusados por 789 hechos de secuestros, torturas y homicidios cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983) en la ESMA, donde funcionó el mayor centro clandestino de detención y exterminio del régimen de facto y por el que se estima que pasaron más de 5.000 detenidos desaparecidos. “Fue una sentencia muy buena, no solo porque logramos que 29 personas sean condenadas a prisión perpetua. Hay algunos que ya tenían condenas anteriores pero hay 19 nuevos condenados, y eso es muy importante para ampliar el arco de responsabilidades de los crímenes que se cometieron en la ESMA. También fue muy importante haber probado un vuelo de la muerte, que es el vuelo del 14 de diciembre del 77, donde se trasladó a todo el grupo de la iglesia Santa Cruz, que incluía a dos monjas francesas (Léonie Duquet y Alice Domon) y a Madres de Plaza de Mayo (Esther Ballestrino, María Eugenia Ponce y Azucena Villaflor). Por ese vuelo fueron condenados dos de los tripulantes, Arrú y D’Agostino. Es la primera sentencia en causas de lesa humanidad que registra y acredita los vuelos de la muerte como un método de exterminio muy particular de la ESMA”, expresó la letrada Luz Palmas Zaldúa, coordinadora del Área de Memoria, Verdad y Justicia del CELS y abogada querellante en la causa, en diálogo con ANCCOM.
Lita Boitano, Taty Almeida y Laura Conte.
El histórico juicio comenzó el 28 de noviembre de 2012 y en un principio contaba con 68 personas juzgadas, cantidad que se redujo durante el avance de la investigación por fallecimientos o motivos de salud. Cinco años después, tras 410 audiencias con declaraciones de más de 800 testigos, alegatos y relevamiento de una importante cantidad de documentación, la Megacausa ESMA finalizó con un veredicto que dejó en las querellas la sensación de que, en gran medida, la justicia triunfó sobre la impunidad. En total, 29 ex represores fueron condenados a prisión perpetua, entre ellos, figuras de alto rango como Alfredo Astiz alias “el Ángel de la muerte” (acusado, entre otros crímenes, por la desaparición de la adolescente sueca Dagmar Hagelin), Jorge Eduardo “el Tigre” Acosta, Mario Daniel Arrú (piloto apuntado por su participación en los “vuelos de la muerte”), Ricardo Cavallo y Adolfo Miguel Donda, entregador de su sobrina, la legisladora Victoria Donda, quien recuperó su identidad en 2004. Por su parte, otros 19 militares recibieron penas de entre 8 y 25 años de prisión. Por último, seis de los acusados fueron absueltos, incluyendo al ex secretario de Hacienda Juan Alemann y al piloto Julio Alberto Poch (extraditado desde Holanda bajo la acusación de haber arrojado a detenidos vivos al mar desde un avión), quienes recuperaron inmediatamente la libertad por orden de los jueces.
La querella, constituida por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, H. I. J. O. S., la Asociación Madres de Plaza de Mayo, la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Justicia de la Nación, la Fundación de Investigación y Defensa Legal Argentina (F. I. DE. L. A.), la Asociación de ex Detenidos y Desaparecidos, junto con otras organizaciones y particulares, había pedido penas de prisión perpetua para 51 imputados. Respecto a las seis absoluciones, Palmas Zaldúa expuso: “Nosotros teníamos suficientes pruebas y entendíamos que esas personas debían ser condenadas, pero los jueces entendieron que no. Como todavía no tenemos los fundamentos de la sentencia, que van a estar el 5 de marzo del año que viene, veremos cuáles son los argumentos que tuvieron los jueces para absolver, y seguramente vamos a presentar un recurso de Casación contra esas absoluciones”, y agregó: “Fue el juicio más grande de la historia judicial argentina. Se reunió una gran cantidad de pruebas para llevarlo adelante y lograr esta sentencia.”
Cinco años después, tras 410 audiencias con declaraciones de más de 800 testigos, alegatos y relevamiento de una importante cantidad de documentación, la Megacausa ESMA finalizó.
Cientos de personas siguieron el juicio, tanto en los espacios reservados para el público dentro del recinto como sobre la vereda de Comodoro Py, donde se podía ver la escena a través de pantallas gigantes. La entrada de los imputados fue recibida por sus familiares -sentados en el palco superior- con aplausos, gritos de “¡Viva la patria!” y el canto del Himno Nacional, mientras que desde el sector de los allegados a las víctimas entonaron el ya tradicional cántico de repudio: “Cómo a los nazis les va a pasar, a dónde vayan los iremos a buscar”. Ante estas manifestaciones, el presidente del Tribunal, el juez Obligado, exigió silencio bajo la amenaza de desalojar la sala. La sesión, que comenzó con casi dos horas de retraso, se extendió durante la tarde por más de cuatro horas. Desde el banquillo de los acusados, los dos civiles y 52 militares juzgados escucharon en silencio la resolución de los magistrados. Mientras tanto, ante la lectura de los fallos, familiares de víctimas, sobrevivientes y representantes de organismos de Derechos Humanos que llenaban el recinto aplaudían al escuchar las penas de perpetua, lloraban, se abrazaban entre sí y levantaban pancartas con imágenes de sus seres queridos desaparecidos.
“Los familiares de las víctimas estaban muy contentos. Muchos de los casos nunca habían sido probados judicialmente, así que muchas familias recibieron por primera vez una sentencia por sus familiares”, afirmó Palmas Zaldúa. Daniel Tarnopolsky, quien a los 18 años perdió a toda su familia a manos del terrorismo de Estado –incluyendo a sus padres, su hermana adolescente, su cuñada y su hermano, secuestrado mientras hacía la conscripción en la ESMA- y se vio obligado a vivir en el exilio hasta el regreso de la democracia, ratificó: “Lo importante para nosotros es que hubieron suficientes condenas de cadena perpetua. Nos chocó mucho la absolución de Alemann y de Poch, porque aunque nos habían advertido que Poch podría ser absuelto por el beneficio de la duda, es muy grave porque había muchas pruebas para demostrar que estuvo en los vuelos de la muerte. Pero por lo menos se condenó por primera vez a tres prefectos por los vuelos. También es grave que se haya exonerado a Alemann, porque significa que se sigue disculpando a la pata civil responsable, tanto como los militares, por las atrocidades cometidas. Se sigue pretendiendo que en Argentina los militares actuaban independientemente y sin civiles detrás, que es mentira. Y se volvieron a ratificar varias condenas a perpetua.” Y enfatizó: “Hubiéramos querido más, pero estamos relativamente satisfechos con lo que sucedió, teniendo en cuenta el contexto político actual.”
ante la lectura de los fallos, familiares de víctimas, sobrevivientes y Representantes de organismos de Derechos Humanos llenaron el recinto y aplaudían al escuchar las penas de perpetua. Lloraban, se abrazaban entre sí.
El nieto restituido Guillermo Pérez Roisinblit expresó: “Yo tengo muchos sentimientos encontrados con respecto a la sentencia”. Luego de que se conociera el fallo del TOF Nº 5, y al que asistió su Abuela Rosa Roisinblit -vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo- con 98 años hasta que el cuerpo se lo permitió, dijo a ANCCOM: “Primero, porque se están juzgando delitos que, en algunos casos, se cometieron hace más de 40 años. Y esa dilación hizo que muchos familiares de víctimas que ya no están entre nosotros no pudieran obtener esto que se podría llamar «justicia» porque murieron esperando este fallo. Por otro lado, sé que la dilación no es culpa del Poder Judicial sino que tiene que ver con las leyes de «Obediencia Debida» y «Punto Final», que fueron anuladas recién en el año 2003. En el medio, durante el tiempo que transcurrió desde que se cometieron los ilícitos hasta la condena de ayer, pasaron 40 años en los que algunos de los imputados se manejaron con total impunidad y vivieron en libertad. Por ese lado, la condena suena bastante a poco. Independientemente de eso, es un juicio muy especial y de carácter histórico”, aseguró. y agregó: “Al tener dos condenados por vuelos de la muerte, estamos llegando a una instancia donde se está comprobando cuál era la metodología de exterminio que se utilizaba, especialmente en la ESMA, como siempre denunciaron los organismos de Derechos Humanos. En muchos casos se dieron las condenas a prisión perpetua que esperábamos, pero las penas menores hacen ruido y nos llevan a preguntar cómo computó el Tribunal algunos delitos que estaban comprobados, y me parece que es poco en virtud de la cantidad de víctimas que tiene en su haber cada uno de los imputados. Vamos a ver cuáles fueron los argumentos para una posible apelación a futuro por parte de los querellantes.”
Guillermo nació en cautiverio el 15 de noviembre de 1978 en la ESMA. Sus padres, José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit -embarazada de 8 meses al momento de su secuestro-, permanecen desaparecidos. Su abuela Rosa Roisinblit, vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, buscó incansablemente al bebé de su hija secuestrada. En 2000 encontró a Guillermo, que logró recuperar su identidad en 2004 y reencontrarse con su familia. “Para mí, el Poder Judicial hizo su trabajo, lo cual no implica necesariamente que lo que se haya obtenido fuera justicia. Es una reparación, es un acto necesario y algo que nos ayuda a crecer como sociedad. Pero, “justicia” hubiera sido que los condenados rompieran el pacto de silencio e indicaran dónde están los casi 300 hermanos que me faltan, que son los nietos apropiados que estamos buscando, y dónde están los cuerpos de cada una de las víctimas, y que digan qué hicieron con ellos. Pero eso no lo tenemos. Es muy difícil alcanzar ese anhelo, ese estándar de justicia.” Por último, recordando el trascendental momento de su vida experimentado apenas un día atrás, concluyó: “El día después, cuando pasa todo y uno toma conciencia de qué es lo que se estaba juzgando, de que los delitos son sobre uno mismo y sobre tu madre, termina pasando un poco factura al cuerpo y al estado de ánimo. Cuando se va la adrenalina, queda cierto grado de tristeza.”
Actualizado 30/11/2017
