En mayo de 2016 los trabajadores del diario Tiempo Argentino presentaron el pedido de quiebra de la empresa BalkBrug S.A -cuyos propietarios eran Sergio Szpolski y Matías Garfunkel-, encargada de editar el matutino, ante la falta de pago de haberes, aguinaldo y aportes previsionales. El Juzgado en lo Comercial N° 23 rechazó el pedido, con el argumento de que el estado de cesación de la firma no estaba probado. La Cámara de Apelaciones en lo Comercial resolvió recientemente, en cambio, que se avance en el pago de la deuda a tres delegados del diario. ANCCOM, al cumplirse un año de la reaparición de Tiempo Argentino, esta vez autogestionado por sus trabajadores organizados en forma cooperativa, cuenta el origen y desarrollo de la causa contra los empresarios.
“Había deudas por todos lados, los trabajadores no cobraban y, lo que era de público conocimiento: en la empresa nadie se hacía cargo. Así y todo, la jueza Vivian Fernández Garello de Dieuzeide había determinado que no existían elementos suficientes” para avanzar con el pedido de quiebra, explica Pablo Godoy, representante legal de los demandantes y abogado de Trabajadores por la Economía Social.
Alfonso de Villalobos, Claudio Mardones y Alejandro Wall, en calidad de trabajadores y delegados de la empresa, fueron quienes habían realizado la presentación ante la Justicia para reclamar salarios, aguinaldo y aportes adeudados desde diciembre de 2015 a marzo de 2016. Así se inició una conciliación ante el Ministerio de Trabajo, donde la empresa ofreció un plan de pagos y el mantenimiento de la cobertura médica a los trabajadores del medio. Sin embargo, el acuerdo resultó incumplido.
La resolución de la jueza fue apelada por los trabajadores. En marzo pasado, la Cámara de Apelaciones en lo Comercial resolvió que se avance en el pago de la deuda a los tres delegados de Tiempo Argentino. “El fallo de la Cámara nos da lugar a nuestro pedido, ordena que se ejecuten las deudas que tienen con nosotros y en caso de que no se paguen, se lleva a la quiebra a BalkBrug”, resume Alejandro Wall, periodista del ahora semanario editado por la cooperativa Por Más Tiempo. Según decretó la Justicia, en caso de que la empresa se declare en quiebra, deberá hacer frente al reclamo con activos de la firma -publicidad oficial por cobrar-, y mobiliarios.
Los periodistas de Tiempo Argentino, conformaron en abril del año pasao, la cooperativa Por Más Tiempo, que ahora edita el periódico dominical.
La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, había dictaminado que la resolución de primera instancia, realizada por el Juzgado Nacional en lo Comercial N°23, debía revocarse y continuar el trámite de la quiebra. “La fiscalía resolvió que sobraban elementos, que el crédito de los trabajadores estaba bien fundado y que se le tenía que dar un trato prioritario al caso”, detalla Godoy y agrega: “Se resolvió no solo que el crédito estaba probado, sino que el estado de vaciamiento y de desaparición de la patronal era evidente y público”.
En ese sentido, los camaristas Alfredo Kölliker Frers, Isabel Míguez y María Elsa Uzal reconocieron el reclamo de los trabajadores del medio ahora autogestionado y resolvieron que la empresa brinde las explicaciones pertinentes. Por eso citaron a declarar a Sergio Szpolski y Matías Garfunkel para que den cuenta de lo adeudado desde diciembre de 2015.
A su vez, y conforme al artículo 40 de la ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, la Cámara interviniente rechazó que los trabajadores puedan accionar en forma colectiva, es decir, que los tres delegados actúen en nombre de los 205 ex empleados de BalkBrug S.A. “Los únicos créditos que hoy prosperan son los de Claudio (Mardones), Alejandro (Wall) y Alfonso (de Villalobos), que son quienes firmaron el acta. Individualmente se podrán presentar los demás trabajadores, pero hoy por hoy la deuda exigible y reconocida es por ellos”, advierte Godoy.
A su vez, la fiscal Boquín, la misma que este año cuestionó el acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Correo Argentino, dio intervención a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) al argumentar que la falta de pago a los trabajadores que se había arreglado en primera instancia y los hechos denunciados se trataban de un delito. Por su parte, la PROCELAC presentó a la Justicia una denuncia penal contra Szpolski, Garfunkel y sus “socios ocultos”, por lavado de dinero, vaciamiento de sus empresas de medios de comunicación, manejos irregulares de cifras millonarias de publicidad oficial y evasión de aportes impositivos y previsionales.
En diciembre de 2015, cuando ambos empresarios dejaron de pagar los sueldos a los empleados de Tiempo Argentino, comenzó el vaciamiento del Grupo 23, que arrastraría en su caída a diferentes medios. Los trabajadores de aquel periódico, luego de dos meses de resistencia, el 19 de abril del año pasado conformaron la cooperativa Por Más Tiempo, la que ahora edita el periódico dominical.
Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, responsables del vaciamiento, fueron escrachados en las oficinas de la empresa por los trabajadores.
A un año de haber cumplido el primer aniversario de la cooperativa, a los trabajadores todavía les adeudan más de 11 meses de sueldo, además de aguinaldos y vacaciones. “El miércoles 19 cumplimos nuestro primer año como medio autogestionado. Un año de trabajo, compromiso y sacrificio. Un año de enormes desafíos, experimentación y errores. Un año de aprendizajes. Un año de construcción de una nueva forma de hacer periodismo”, comunicaron en el sitio Tiempoar.com.ar el pasado sábado 22.
Un oficial armado ingresó en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N°2 Mariano Acosta, en el barrio porteño de Balvanera, el jueves último. El hecho provocó el temor y la preocupación de los padres y docentes del colegio, pero también el repudio de amplios sectores de la sociedad que ven, en esta y en otras acciones, el hostigamiento a los trabajadores docentes y a los estudiantes que reclaman por sus derechos.
La comunidad educativa del Mariano Acosta presentó una denuncia ante la Asesoría Tutelar del Menor, a cargo del fiscal Gustavo Moreno, para que se investigue a los uniformados de la Policía de la Ciudad que formaron parte en la intimidación y amedrentamiento de los alumnos. Además el viernes, en una asamblea, los padres y docentes de la escuela decidieron presentar una acusación en la Procuraduría Contra la Violencia Institucional (PROCUVIN) y planean presentar una nota firmada por los responsables de los menores al ministerio de Seguridad de la CABA para exigir una explicación por haber enviado agentes al instituto. Raquel Papalardo, rectora del Mariano Acosta, destacó la sensibilidad de la comunidad educativa en diálogo con ANCCOM: “En esta escuela hubo sesenta y cinco desaparecidos por la dictadura y hoy estamos preocupados. La situación es muy compleja, no recuerdo una democracia como ésta. Este proyecto de país que proponen no cierra sino es con represión, porque si la gente tiene hambre, no tiene acceso a la salud, al trabajo y a la educación va a salir a protestar para defender sus derechos”. Por su parte, Alina Conde, madre de un estudiante de la escuela, presente en la asamblea del viernes advirtió: “No es la primera vez que pasa. El 23 de marzo algunos alumnos estaban haciendo banderas y la policía estaba en la vereda del colegio observándolos. En la zona hay robos casi todos los meses y ellos no aparecen, pero para vigilar a los chicos sí”.
La preocupación de docentes y padres se extiende a los estudiantes, que también se organizan para defender la educación pública. Agustín Prieto, presidente del Centro de Estudiantes del Mariano Acosta, sumó a lo ocurrido en su escuela otros hechos: “En la Técnica Número 27 ocurrió la misma situación. Se acercaron policías diciendo que había una marcha y entraron al edificio”. Recordó además un hecho aún más grave ocurrido en la escuela de música Juan Pedro Esnaola. “Requisaron a un chico de 17 años a la salida de una reunión. Le pidieron el documento, abrieron su mochila, inspeccionaron la funda de la guitarra, le sacaron fotos -siendo menor de edad- y sin darle ninguna explicación. El chico quiso llamar a su mamá y no lo dejaron, retuvieron su celular. Después de revisarlo dos veces lo dejaron ir”, describió Agustín.
Raquel Papalardo, rectora del Mariano Acosta: «Me pidieron que cerráramos las puertas de la escuela a lo que me negué».
La lista de intimidaciones a las escuela comprende también a los estudiantes del Carlos Pellegrini: el mismo día que se inauguró la Escuela Itinerante realizaron una clase pública en la puerta del establecimiento en solidaridad con los docentes reprimidos en Congreso. Desde la vereda de enfrente, ocho policías miraban atentamente todo lo que pasaba.
No parece casual las intimidaciones policiales durante las actividades solidarias de los estudiantes con los docentes en su lucha por el llamado a paritarias nacionales. El 17 de abril a las 18.12, el director de Escuelas Primarias de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Bruno, envió un mail a los inspectores escolares para que adviertan a los directores de las escuelas que las actividades vinculadas a la realidad social “tengan en claro cuáles son los objetivos pedagógicos dejándolos plasmados por escrito en una secuencia de actividades encuadradas en los lineamientos curriculares del Área Formación Ética y Ciudadana y respondiendo al proyecto institucional”.
El viernes por la tarde, en un acto realizado en la Escuela Itinerante para repudiar los hechos del Mariano Acosta, el Secretario General del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, se refirió a la situación: “Este gobierno está desconociendo lo que son los derechos básicos de los trabajadores: tener una paritaria para discutir tanto mejoras salariales como mejoras en las condiciones laborales. Es un gobierno que asumió por el voto del pueblo pero que está tomando un cariz autoritario”. Además expresó que con la represión en la escuela Itinerante, en la Universidad de Jujuy y con la entrada de la policía al Mariano Acosta se manifiesta el deterioro de la democracia: “Lamentablemente es una situación compleja en el que los trabajadores tenemos que seguir luchando por hacer valer nuestros derechos”.
En las puertas del Mariano Acosta, hay claros mensajes de preocupación de los alumnos y directivos por el hostigamiento policial.
El episodio del Mariano Acosta
Raquel Papalardo, rectora del Mariano Acosta, relató a ANCCOM lo sucedido el jueves en su escuela: “En el marco de los reclamos por las paritarias docentes los alumnos que conforman el Centro de Estudiantes nos pidieron realizar clases públicas en una plaza. Nos negamos porque nos pareció peligroso y decidimos hacerla en el patio”. Fue así que el jueves 20 de abril, a las 10 de la mañana, antes de comenzar la clase, le informaron a la vicedirectora, Viviana Fernández, que cuatro uniformados estaban frente al colegio. Fernández se acercó para preguntar qué hacían ahí y le respondieron que les habían dicho que habría una movilización. Ella respondió que solo se realizaría una clase pública en el patio de la escuela y los policías insistieron con que tenían que permanecer por si decidían cortar la calle. Entonces les consultó de dónde venían y contestaron: “del Comando”. Quince minutos más tarde llegó Raquel Papalardo, quien recibió la misma información por parte de los oficiales, a la que se sumaron algunas amenazas: “Yo les hice las mismas preguntas. Me contestaron socarronamente que tenían una orden de captura para mí. Les dije: ´Acá me tienen´. Después me aclararon que les habían informado que se haría una marcha. Agregaron que si queríamos podían cortar un árbol y prenderlo fuego para cortar la calle. Negué que hubiese una marcha planeada y ellos sostuvieron que tal vez los chicos se podrían desbordar y cortar la calle. Me pidieron que cerráramos las puertas de la escuela a lo que me negué. Cuándo interrogué sobre su procedencia me dijeron que venían de Operaciones”.
Raquel describe que las clases públicas se llevaron a cabo con tranquilidad, puertas adentro de la institución, entre las 12.15 y las 13.15, pero que más tarde ocurrió otro hecho alarmante: “A las 14.30 yo estaba almorzando en la Secretaría y un policía se presentó en los pasillos. Lo vi y le pregunté qué hacía en la escuela y quién lo había enviado. Entonces respondió que era de la comisaría séptima -a nosotros nos corresponde la octava- y que lo habían mandado porque había una marcha y tenía que saber si íbamos a cortar la calle. Al lado de él se encontraba un profesor de Historia quién me advirtió que estaba armado y empezó a pedirle al oficial que se retirara, porque no podía entrar armado a una institución educativa si no tenía una orden judicial. Entonces, se excusó diciendo que estaba cumpliendo con su labor”, relató Raquel consternada.
En la asamblea del Mariano Acosta el presidente del Centro de Estudiantes, Agustín Prieto, manifestó su preocupación: “Cuál es el límite, hasta dónde quieren llegar. No queremos esperar a que desaparezca un chico de nuestra escuela y no sepamos donde está. Somos pibas y pibes de entre 13 y 18 años, no el aparato represor del Estado. No tenemos armas, tenemos lápices y hojas. La palabra es nuestra única arma y la vamos a seguir usando para que deje de pasar esto”.
El repudio
“Bajen las armas, aquí solo hay chicos y chicas estudiando”, se leía en los carteles que sostenían los oradores de la asamblea que reunió a los docentes, directivos y estudiantes del Mariano Acosta como así también a representantes de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y maestros de la Escuela Itinerante frente al Congreso el viernes último, luego de conocerse los hechos ocurridos en el colegio. Allí no sólo se debatió lo acontecido en Balvanera sino que se recordó que la semana anterior en Jujuy dos alumnos, Ignacio García y Joaquín Quispe –presidente del Centro de Estudiantes- fueron detenidos ilegalmente en la Universidad Ciencias Agrarias por la policía provincial.
Francisco Reydó, representante de CTERA, también opinó: “Lo que pasó en el Mariano Acosta es otra forma de intimidación a la educación pública como lo que ocurrió el jueves cuando se presentaron los empleados bancarios a manifestar su apoyo a la Escuela Itinerante y hubo un cordón policial de Infantería, en clara actitud de provocación e intimidación a una actividad conjunta de educadores y gremialistas. Creo que esto es muy peligroso porque quieren instalar una situación de normalidad y no es natural que eso suceda”. Por su parte, Agustín Prieto, presidente del Centro de Estudiantes del Mariano Acosta advirtió sobre lo ocurrido en su escuela: “Supuestamente un vecino llamó a los oficiales. Pero viendo lo que pasó en distintas instituciones del barrio solo me queda pensar que los vecinos se están coordinando mucho o son los policías los que lo están haciendo para amedrentar e intimidar a la comunidad educativa”.
La policía, la noche de la represión a la protesta social, durante el armado de la carpa itinerante de los docentes.
Reydó expresó que no es aceptable que en un período democrático estén sucediendo estas cosas y advirtió: “Entendemos que disciplinar y condicionar a los trabajadores docentes hoy es condicionar y disciplinar al conjunto de los trabajadores de nuestro país”. En la misma línea, Marcelo Guagliardo, otro maestro de la Escuela Itinerante, declaró: “Nosotros tenemos mucha preocupación; por eso estamos movilizados desde antes que iniciaran las clases, porque veíamos que estábamos frente a un gobierno que se había corrido de sus corresponsabilidades en el sostenimiento de la educación pública. Y utiliza a las fuerzas policiales para reprimir las protestas sociales. Vemos que hay un retroceso a un tiempo que mucho nos costó superar. Las políticas de ajuste no se sostienen si no es con un aparato represivo fuertemente preparado por el Estado. Esto se puede observar en la compra millonaria de armas por parte del gobierno de Macri, debido a que la única hipótesis de conflicto que encontramos en la Argentina es el conflicto interno por la agudización de la crisis social”.
El juicio por el encubrimiento del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que comenzó en 2015, se lleva a cabo en el Tribunal Oral Federal Nº 2, a cargo de los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y Karina Perilli. Este jueves declararán dos testigos de identidad reservada y, por lo tanto, no habrá público en la audiencia. Pero hace tres semanas la agrupación Memoria Activa, que constituye una querella independiente, difundió un comunicado titulado “Carta abierta al presidente Macri”. Allí hacía reclamos vinculados a la renuncia de dos abogados pertenecientes a la querella del Estado, Mariana Stilman y Ezequiel Strajman, y señalaba su rechazo al proyecto de Ley de Juicio en Ausencia. En este contexto, ANCCOM dialogó con la presidenta de esa agrupación, Adriana Reisfeld, quien además lamentó la poca difusión que tiene la causa.
“Es uno de los juicios más importantes que hay en éste momento en el país, si no es el más relevante. Sobre todo por los imputados, de máxima representación institucional”, expresó Reisfeld, que perdió a su hermana Noemí en el ataque del 18 de julio de 1994 en el que murieron 85 personas. El proceso judicial por encubrimiento al atentado de la AMIA es un verdadero juicio a los poderes del Estado. Entre los acusados se encuentran el ex presidente Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano, el ex secretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy, el ex presidente de la DAIA Rubén Beraja, el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge Alberto “El fino” Palacios, el reducidor de autos Carlos Telleldín y los ex fiscales José Barbaccia y Eamon Mullen. “Creemos que tiene muy poca difusión no solo porque a la gente después de 23 años ya no le interesa, sino porque no le conviene al Estado ni a los imputados”.
Luego de las renuncias de los abogados de la querella del Estado, ¿desde Memoria Activa tomaron alguna precaución para que no haya irregularidades en el juicio?
Ese es un tema álgido. Nosotros estuvimos, justamente, con (Germán) Garavano -ministro de Justicia y Derechos Humanos- y con (Mario) Cimadevilla -titular de la Secretaría Especial de Investigación del atentado a la sede de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina). Ellos dicen que (los letrados) no deberían haber presentando su renuncia a la causa en el Tribunal sino que donde trabajaban, que era la Unidad (AMIA). Pero yo creo que ellos sintieron hostigamiento de parte de un nuevo abogado que han incluido. Es muy rara la actitud de la Unidad AMIA que debería representarnos a nosotros pero representa al Estado y toma la postura que es propia de la DAIA.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) viene en mayo, ¿se reunirán con sus integrantes? Pedimos una reunión con los comisionados que vienen ahora y ya hemos presentado las notas de cómo va la causa. Queremos que la Comisión siga enviando un veedor porque en éste momento, justamente cuando están pasando estas cosas desordenadas y desprolijas, es muy importante que ellos lo sepan. El juzgado mismo hizo alusión a que en mayo va a haber un encuentro y que ellos van a informar lo que está pasando.
Noemí tenía 36 años cuando falleció en el atentado a la AMIA.
En 2005 el Estado aceptó su culpabilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, mediante el Decreto Nº 812/05, se comprometió a tomar ciertas medidas vinculadas a la investigación. “No las ha cumplido el gobierno de Néstor ni de Cristina Kirchner ni tampoco lo está haciendo (Mauricio) Macri… ninguno de los puntos, cosas pequeñas como la digitalización de las fronteras”, subrayó Reisfeld y agregó: “Se hizo solo en Buenos Aires, Aeroparque, Córdoba, Mendoza y más o menos. Por donde supuestamente entraron los iraníes, que es la Triple Frontera, se sigue cruzando por un pasillito donde si te conocen te dicen ´buen día´ y si no te conocen les mostrás un documento y ni lo miran”.
¿Cómo procede la CIDH ante el incumplimiento de los compromisos del 2005?
En enero le envió una nota al Estado argentino, quien a través de Cancillería contestó que quiere continuar con la solución amistosa. Pero nosotros ya dijimos que la Comisión prepare un estado de fondo de la causa para llevarla al Comité Internacional de Costa Rica. Porque si hasta ahora no han cumplido…
¿Cómo ve la causa AMIA en el futuro?
Creo que después del juicio por encubrimiento, que va a terminar ahora, supongo que en noviembre o diciembre, la causa AMIA quedará prácticamente terminada. Lo que faltaría es la conexión internacional y es imposible que los iraníes vengan acá a declarar.
¿Por qué Memoria Activa está en desacuerdo con el proyecto de Ley de Juicio en Ausencia?
Nosotros creemos que, para la causa AMIA, no tiene fundamento que se use. Están valiéndose, una vez más, de la causa AMIA para crear una figura que no existía en la Constitución argentina: el juicio en ausencia. Se quiere utilizar para otros casos y están poniendo que es para éste. Nosotros hablamos con los fiscales y ellos dicen que no hay suficientes elementos como para juzgar a los iraníes. Ya pasó que (Hadi) Soleimanpour, que era uno de los imputados, estuvo en Londres y lo detuvieron porque en las alertas rojas estaba su nombre. Pero cuando Galeano mandó los elementos por los que se lo buscaba, no fueron suficientes. No solo quedó libre, sino que hubo que indemnizarlo con miles de libras y tuvo que pagar las costas el Estado argentino. Entonces, acá pasaría lo mismo: por más que pongan un defensor oficial, no hay elementos reales.
El presidente Mauricio Macri firmó el decreto para desclasificar todos los archivos secretos de la ex SIDE sobre la causa AMIA, ¿cómo afectará al juicio?
Garavano aclaró (en la reunión con que tuvo con Memoria Activa la semana pasada) que hubo una confusión, que va a haber acceso para todas las partes. Hacen un decreto hoy y mañana dicen de palabra ´las cosas se van a modificar´. Eso se hace al revés. Primero reunite con las partes, veamos qué es lo mejor para la desclasificación, dónde sería el lugar preferible para resguardar todos estos papeles. Nosotros habíamos pedido que los lleven a la (ex) ESMA porque ahí hay mucho espacio y no hay peligro. Todavía no se decidió. Se está digitalizando todo pero esto va a tardar muchísimo porque hay quince personas trabajando y debería haber quinientas para poder hacerlo en tiempo y forma.
¿Qué hipótesis tenés de lo que ocurrió el 18 de julio de 1994?
Nosotros creemos que hubo una conexión local, por supuesto, que tiene que ver con el encubrimiento, con lo que hoy estamos llevando a cabo. La conexión local no es sólo a quién le entregó la camioneta (Telleldín), también son las casas seguras porque los iraníes en algún lugar se alojaron durante esas semanas o esos diez días. Teóricamente, entraron al país el 9 de julio. Por otro lado, la tierra y los explosivos se compraron en algún lugar. Nosotros suponíamos que en éste juicio iba a haber alguien que iba a romper el silencio e iba a hablar, pero salvo Claudio Lifschiz que trabajaba con el juez Galeano, el resto, sobre todo los de la SIDE o los ex empleados del juzgado, están adoctrinados para decir que no se acuerdan … y esto es un acuerdo. Porque hay cosas en la vida de uno que uno no olvida. Y a la tragedia de AMIA, el que vivía a la vuelta, no se la olvida más.
“Es uno de los juicios más importantes que hay en éste momento en el país, si no es el más relevante. Sobre todo por los imputados, de máxima representación institucional”, expresó Reisfeld.
A 102 años del Genocidio Armenio, miles de personas se movilizaron en la Ciudad de Buenos Aires en unamultitudinaria marcha convocada por los jóvenes de la comunidad.
El 24 de abril se conmemoró un aniversario más del Genocidio y en distintas ciudades del país se realizaron actos conmemorativos, que se extenderán a lo largo de la semana para apoyar la lucha del pueblo armenio y recordar a sus víctimas. En la Ciudad de Buenos Aires, una agrupación de jóvenes de la comunidad armenia local convocó a la ciudadanía a marcharbajo las consignas de “memoria, verdad, justicia y reparación”. La movilización contó con la adhesión de organizaciones como la Unión Juventud Armenia, la Asociación Cultural Armenia, la Unión General Armenia de Beneficencia, la Juventud de la Unión Cultural Armenia y los Grupos Scout Ararat y San Vartán. A partir de las 19, una multitud se congregó en la Facultad de Derecho de la UBA y avanzó unida hasta la embajada turca para exigir el reconocimiento del genocidio por parte de la República de Turquía.
Cánticos, bombos, carteles y banderas -especialmente con los colores rojo, azul y naranja del estandarte nacional armenio- inundaron la avenida Figueroa Alcorta. Entre los centenares de caminantes, Jorge Ainadjian recordaba a su abuela exiliada diciendo: “Ella escapó del genocidio y vino a Buenos Aires. Vengo a sumarme una vez más a esta marcha por ella y porque soy descendiente de armenios. Pedimos que nos escuchen y esperamos que los turcos tengan un juicio por cometer crímenes de lesa humanidad”.
Miles de personas se movilizaron en en una multitudinaria marcha convocada por los jóvenes de la comunidad.
Una vez frente a la embajada, los manifestantes hicieron un minuto de silencio por sus mártires, entonaron himnos nacionales y rezaron oraciones religiosas. Al final del acto, leyeron una carta de Vera Jarach, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y sobreviviente del holocausto judío.
Guillermo Ferraioli Karamanian, referente de la Asociación Cultural Armenia y uno de los organizadores del encuentro, expresó: “Marchamos a la residencia de la embajadora turca a reclamar reconocimiento y reparación. Más de un siglo después, Turquía no reconoce el genocidio y lo niega activamente. Trabaja a través de su Cancillería para que en ningún estrato de la sociedad se hable de Genocidio Armenio o para relativizar su denominación. Nosotros seguimos esperando justicia.”
En el primer genocidio del siglo XX, se estima que un millón y medio de armenios residentes en el Imperio Otomano fueron asesinados entre 1915 y 1923 por el régimen nacionalista de los Jóvenes Turcos. Pero más de un centenario después del inicio de los acontecimientos, el actual gobierno de Turquía sigue negándose a aceptar su responsabilidad, rechaza que se haya tratado de un genocidio y mantiene su postura de que la deportación forzosa y la matanza de tres cuartas partes de la población armenia en el Imperio Otomano no se trató de un plan sistemático y premeditado de exterminio, sino de las consecuencias fortuitas derivadas de un contexto de guerra mundial.
Cánticos, bombos, carteles y banderas -especialmente con los colores rojo, azul y naranja del estandarte nacional armenio- inundaron la avenida Figueroa Alcorta.
Argentina se encuentra entre los 29 países que reconocen oficialmente el Genocidio Armenio. Ferraioli Karamanian destacó que nuestra nación, que cuenta con la mayor colectividad armenia de América Latina y la tercera más grande fuera de la República de Armenia a nivel mundial, es la única en que ese reconocimiento se da en los tres poderes estatales.
El reclamo de la colectividad armenia, encabezado por las entidades de su colectividad, es acompañado por organismos de Derechos Humanos, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, entre otros.
Nicolás Sabuncuyan, director del Consejo Nacional Armenio (CNA) en Argentina, declaró en un diálogo con ANCCOM: “Argentina tiene una de las comunidades armenias más grandes del mundo, de las más lejanas a la República de Armenia y con un desarrollo institucional organizativo muy fuerte. En el CNA trabajamos con temas de la causa armenia, uno de los cuales es el reconocimiento del genocidio. En Argentina y otros países donde los organismos de Derechos Humanos locales tienen mucha presencia, trabajamos en conjunto con ellos.” Sobre este punto, explicó: “El reclamo de las organizaciones de Derechos Humanos de Argentina fue acompañado por nosotros, y viceversa.Siempre han acompañado nuestro reclamo entendiéndolo como una causa de Derechos Humanos.Hay una relación desde la última dictadura y muchos referentes nuestros formaron parte de esos organismos. También hay familias que han sido víctimas de los dos genocidios.”
A 102 años del Genocidio, también hubo lectura de documentos. El reclamo fue encabezado por las entidades de su colectividad, acompañado por organismos de Derechos Humanos.
Este año se cumplió una década de la sanción de la ley 26.199, mediante la cual el Estado argentino reconoce que el pueblo armenio fue víctima de un genocidio y establece la fecha del 24 de abril como “el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos”. En el marco de esta efeméride, Sabuncuyan, uno de los principales impulsores de la ley, se refirió a su promulgación como “un hito importantísimo” y manifestó: “Se vivió como un hecho sin precedentes para la comunidad porque, al tratarse de una ley nacional, promueve acciones al respecto y sirve de base para iniciar nuevos procesos en el ámbito judicial, educativo y político”.
Acerca de la exigencia por el reconocimiento del genocidio hacia la comunidad internacional en general, y hacia Turquía (el estado perpetrador) en particular, Sabuncuyan expuso: “El reconocimiento internacional es un condicionante para Turquía, que es el país que tiene que reconocer y reparar. Otros países, que acompañan el proceso al reconocerlo, logran generar más presión. Mi sueño, aparte de que Turquía reconozca el genocidio, es que también lo hagan todos los países del mundo, tengan o no presencia de comunidad armenia. Porque si no, vamos a retroceder como humanidad al pensar que un delito como el Genocidio Armenio es un crimen sólo contra el colectivo que lo sufrió, y esto no es así. Los genocidios requieren un rol activo de todos los estados, porque se trata de la humanidad. El mayor objetivo es que se construya un sistema internacional que evite que se produzcan nuevos genocidios y sancionen a los genocidas para que reparen a los colectivos que los sufrieron. Sino, está permanentemente abierta la puerta para que sucedan nuevos actos de estas características.”
El Grupo Scout Ararat y San Vartán, también se hicieron presentes.
Así como el reconocimiento de un genocidio es el primer paso para alcanzar la verdad, la justicia y la reparación que merecen las víctimas, el negacionismo que conlleva el desligamiento de la propia responsabilidad y el ocultamiento o banalización de los hechos conduce al olvido y la impunidad, además de dejar latente la posibilidad de que estos crímenes de lesa humanidad vuelvan a repetirse.
“Creo que está habiendo un rebrote de discursos negacionistas en la actualidad”, advirtió Sabuncuyan y agregó: “Nadie puede decir que no hubo un Genocidio Armenio. No pueden negar que hubo muertos, pero lo que se hace jurídicamente es buscar la vuelta para que Turquía no tenga que pagar por el crimen ni responder oficialmente. Eso es negacionismo. No es negar los hechos, sino hacer creer que estos no fueron un crimen. El gobierno turco banaliza al decir que no fue un genocidio, que fueron menos las víctimas y que se dio en el marco de una guerra. Es lo mismo que hizo la dictadura acá, al rechazar que se trató de un genocidio. Ese es el mecanismo genocida. Y frente a la avanzada de discursos negacionistas, el gobierno tiene que ratificar las políticas de Derechos humanos como políticas de Estado.Porque si no hay verdad, no hay memoria, ni justicia, ni reparación. Estos no son eslóganes, son procesos y pasos a seguir.”
Argentina se encuentra entre los 29 países que reconocen oficialmente ese Genocidio. En la foto, un niño sosteniendo una bandera con los colores del estandarte nacional armenio.
“El objetivo del gobierno es la destrucción de la Ley del Cine, el vaciamiento de los fondos de fomento, la suspensión del canon, el atropello contra la educación audiovisual y la dinamitación del cine argentino», sostuvo en diálogo con ANCCOM, el reconocido director de fotografía Félix Monti.
En la última semana, la cultura recibió otro revés. El ministro de Cultura Pablo Avelluto destituyó a Alejandro Cacetta, presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y a toda la línea gerencial del organismo. La presión del Gobierno provocó también la renuncia de Pablo Rovito a su función de rector de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC).
Concentración de la comunidad audiovisual en la puerta del INCAA para evitar su intervención.
El conflicto se originó cuando el pasado martes en el programa «Animales sueltos» se mostró un informe en el cual se los acusaba de supuesta corrupción a Cacetta y Rovito. Este informe fue la excusa que utilizó Avelluto para pedir la renuncia de ambos funcionarios. Analizando cómo se inicia esta operación, Félix Monti sostuvo que «el hecho terrible de estos personajes siniestros de la televisión fue provocar este gran desorden y tratar de ocultar o de tapar el verdadero objetivo. Como dijo Luis Puenzo, esto es una cortina de humo, una trampa para confundirnos. El objetivo del gobierno es la destrucción del cine argentino».
A partir de la destitución del presidente del INCAA, representantes de distintos sectores del cine y estudiantes reaccionaron rápidamente en repudio a la operación mediática y a las medidas tomadas por el ministro de Cultura, autoconvocándose en asambleas. Entre las personalidades que estuvieron presentes en ellas se encontraba el actor chileno -que desde hace décadas trabaja en la Argentina- Patricio Contreras, quien aportó su opinión a este medio, al destacar que «es lamentable que se use como voceros desautorizados del ministro de Cultura a cuestionados periodistas amarillistas dejando en evidencia la ignorancia sobre el tema que ellos tienen. Les dieron el libreto y ellos sin ninguna conciencia o conocimiento salieron al aire. Es realmente una operación grotesca». El actor se refirió luego al intento de desfinanciamiento, al explicar que el fondo de fomento del INCAA «es muy importante y creo que hace a la identidad de los argentinos defender al sector audiovisual, porque la imagen hoy es lo que nos presenta el mundo, la que transmite nuestra cultura, nuestra identidad nuestras costumbres y nuestros valores».
En la asamblea del jueves pasado se votó y proclamó, por unanimidad, entre otras cosas, «exigir la inmediata renuncia de Pablo Avelluto, en tanto sus acciones recientes resultan incompatibles con la defensa del cine nacional; reafirmar la defensa de lo que dicta la Ley de Cine, que contempla la autarquía del INCAA y la conformación del Fondo de Fomento Cinematográfico con recursos genuinos establecidos por la misma Ley; reclamar que el nuevo presidente del INCAA surja entre candidatos previamente consensuados por medio de una asamblea representativa de toda la comunidad audiovisual; y defender los puestos de trabajo del INCAA y ENERC”.
Fernando «Pino» Solanas durante su discurso
En referencia a esta situación opinó también en diálogo con ANCCOM el director de cine y senador de Proyecto Sur, Fernando Pino Solanas, quien aseguró que «acá hay mucho de atropello porque el Instituto es autárquico, las autoridades son legítimamente elegidas. En la familia del cine no conocemos denuncias contra ninguno de ellos dos», agregó refiriéndose a Cacetta y a Rovito. Solanas calificó la medida de Avelluto como «una clara intervención en el cine, porque entre otras cosas, en épocas donde buscan un peso por todos los rincones, el presupuesto del INCAA son cerca de 2.800 millones de pesos. Es muchísima plata, seguramente tienen la intención de pegar un manotazo a parte del Fondo de Fomento Cinematográfico». El senador de Proyecto Sur adelantó que este miércoles 19 llevará el reclamo de la asamblea al Congreso.
La Ley de Cine establece al INCAA como un ente autárquico que se financia mediante un fondo de fomento compuesto por dos elementos: por un lado «con un impuesto equivalente al diez por ciento aplicable sobre el precio básico de toda localidad para presenciar espectáculos cinematográficos en todo el país». Como bien ejemplificó Francisco Márquez, docente del ENERC y director de cine, en conversación con ANCCOM, «cuando uno va a ver una película, por ejemplo un tanque norteamericano, paga 100 pesos y de ese monto, 10 en vez de ir para esa película van para el fondo de fomento cinematográfico para que se puedan producir las películas Argentinas». El otro ingreso, que equivaldría al 60 por ciento del total de los fondos del INCAA, se recauda mediante un canon que pagan las empresas de radiodifusión por usar el espectro radioeléctrico. El director de la película La larga noche de Francisco Sanctis advirtió que «creemos que van por el porcentaje que se les cobra a las cableras, ahora se está discutiendo la Ley de Comunicación Convergente donde creemos que lo van a sacar. Hay un informe encargado por el Ministerio de Economía que pide sacar ese impuesto -continuó Márquez-, y una serie de señales que dan desde el mismo gobierno. Esto sería una catástrofe, sería el fin del fomento cinematográfico».
Reclamo en la puerta del INCAA
En relación a la renuncia de Rovito, la productora cinematográfica y docente del ENERC, Vanessa Ragone, expresó en conversación con ANCCOM que «la escuela estaba en plena actividad, estábamos dando clases, estaban los proyectos de tesis a punto de comenzar a rodar. Ahora hay una enorme incertidumbre de todo el mundo, de los estudiantes en particular que están en una escuela que es pública, gratuita y en donde las cosas estaban funcionando de una manera impecable». También se refirió a la situación de la escuela Félix Monti, quien subrayo que «quieren destruir el ENERC que es ejemplo en toda América, destruir una escuela, como están destruyendo las escuelas por todos lados, no solo la del cine. Argentina es uno de los países donde han tenido más desarrollo las películas de directores jóvenes, la participación en concursos internacionales. Se ha facilitado la posibilidad de que llegue a producir mucha gente que en otro momento no podía y todo eso quieren destruirlo».
El lunes pasado, a las 14, en las puertas del edificio del INCAA sobre la calle Lima, se dio inicio a la conferencia de prensa. «Lo primero que queremos decir es que en el cine nacional la grieta no existe», anunció el primer orador. Luego de leer el documento conjunto que ratificó lo dicho en la asamblea del jueves, le pasó el micrófono al director y guionista Luis Puenzo.«Avelluto y (el jefe de Gabinete, Marcos) Peña dijeron que no hay ninguna conspiración en contra del cine. Esa una respuesta para la gilada, es una vergüenza», advirtió Puenzo. «Es evidente que nadie puede tener una conspiración contra la cultura, salvo los que nombran ministros como Avelluto o (Darío) Lopérfido. Lo que sí hay es un plan de negocios, una intención firme de sacarle los cánones que pagan quienes hacen negocios y no son del país».
Asamblea en el cine Gaumont de distintas organizaciones audiovisuales en repudio de la operación mediática que llevó a la renuncia del director de la ENERC y del INCAA
El video de los famosos en defensa del cine nacional realizado por la Asociación de Directores de Cine PCI:
