Jun 16, 2017 | Trabajo
“Las pensiones no son un premio, son un derecho. Ser discapacitado no es un privilegio”. La consigna resonó en la Plaza de la República, frente al Obelisco, donde cientos de personas afectadas por la quita de más de 80.000 pensiones no contributivas por discapacidad reclamaron al gobierno que revise esa medida. Casi en simultáneo a la movilización, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, anunció que el Poder Ejecutivo daría marcha atrás con la decisión que, en los últimos días, generó el repudio de todos los sectores políticos, sindicales y sociales.
A pesar de las dificultades para llegar en un día jueves con paro de algunas líneas de colectivos y con pronóstico de lluvia, personas con diferentes tipos de discapacidades y familiares se dieron cita a las 18:00 junto a otros tantos que se solidarizaron con el reclamo a partir de una convocatoria en las redes sociales.
Miguel llegó puntual. En silla de ruedas le relató la secuencia que afectó a miles a ANCCOM. “Cuando fui a cobrar me encontré con cero en la cuenta, porque dicen que no me corresponde la pensión de 4.300 pesos por estar casado con mi señora que cobra una jubilación”, explicó. Por su parte, su cónyuge Haydée señaló que es discapacitada visual y también tenía una pensión hasta que pudo entrar en la moratoria para jubilarse con el gobierno anterior.
A las 18:15 tomaron la palabra referentes de algunas asociaciones y personas con discapacidad para dar voz al reclamo. Allí resonó una frase: “La peor discapacidad es no tener corazón”. Y siguieron las críticas a la decisión del gobierno de Mauricio Macri y, en especial, a la figura de la ministra Stanley.
El presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, también fue blanco de las críticas. Sucede que el funcionario había dicho que se quitaron pensiones a personas que “no son inválidos totales” y por lo tanto “si lo desean, pueden trabajar”. Una de las oradoras, que actualmente trabaja en el Poder Judicial, desarticuló ese argumento oficial y señaló las dificultades para ser aceptada en un empleo, el rechazo sufrido en cada entrevista.
Además de la restitución de las pensiones, las personas allí reunidas pidieron el cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre derechos de las personas con discapacidad y la garantía del cupo laboral.
Federico, padre de Floreal, un joven con Síndrome de Down, fue categórico, calificó la medida es “nefasta”. Y advirtió. “Esto le tiene que preocupar porque no se puede jugar con los derechos de las personas”.
Actualizada 16/06/2017
Jun 16, 2017 | Culturas
Una convocatoria de ocho mil personas y hasta dos cuadras de fila para ingresar: la sexta edición de la Feria de Editores, realizada el fin de semana pasado, es un espacio que experimenta un continua expansión. “Realmente generó mucho entusiasmo –dijo a ANCCOM Víctor Malumián, uno de los organizadores del evento-. Y evidenció, una vez más, que nuestro rubro sin lectores no tiene ningún sentido. Es evidente que estamos rompiendo el “techo de cristal” en el que nos encontrábamos hace años atrás, dónde estábamos siempre los mismos, y el apoyo del lector es fundamental para esta tarea”.
Junto a los saltos que la convocatoria viene dando año a año aparecen nuevos desafíos que no tardarán en asumir: “Lo más inmediato es poder encontrar un lugar que sea más amplio –explicó Malumián-. Está bueno que se cubran las expectativas y la gente haga cola para ingresar, pero es incómodo para ellos sobre todo y para las editoriales también. No está bueno que esperen, como así también que tengan que estar apretados. Conseguir un lugar con mayor capacidad es lo más importante. Por otra parte también nos gustaría poder incorporar mayor cantidad de editoriales e ir creciendo también en ese sentido”.
Sin embargo, si bien desde la organización (que Malumián comparte con Hernán López Winne) celebran el aumento sostenido en las convocatorias, también enfatizan que esto se trata de una feria que se realiza una vez al año y que no resuelve los problemas del rubro editorial. “Desde las editoriales estamos enfrentando problemas todo el año de manera continua para poder trabajar –remarcó Malumián-. Los costos de producción que atraviesan toda la cadena de valor, el valor del papel que es importado, los problemas serios que atraviesan las imprentas y la crisis de financiación son problemas cotidianos que debemos enfrentar día a día”. Enseguida enfatizó: “Quizás el crecimiento en la convocatoria sirve para pensar precisamente que por estas condiciones cada vez más hostiles, el rubro necesita crear estos espacios y los lectores también. Por esa razón apoyan, asisten y los habitan”.
Frente a éste diagnóstico afirmó que la solución depende necesariamente de los gobiernos. “Se debería impulsar un plan integral que genere lectores, que ponga en valor las bibliotecas, que los niños sientan y disfruten leer en ellas –planteó-. También es importante que se creen condiciones económicas que les permita a las familias poder acceder a libros, porque si no hay plata, el libro no es la prioridad. Finalmente, si bien acá no hay impuesto al libro, toda la cadena de valor en su producción tiene IVA, los gobiernos podrían fijar exenciones tributarias que a ellos no les significan y a nosotros sí; lo mismo sucede con el papel que tenemos que importar”.
Los costos de producción que atraviesan toda la cadena de valor, «El valor del papel que es importado, los problemas serios que atraviesan las imprentas y la crisis de financiación son problemas cotidianos que debemos enfrentar día a día”.
Alto Pogo: La experiencia de un editor
“La Feria es una consecuencia que refleja cómo venimos trabajando”, dijo a ANCCOM Marcos Almada, integrante de la editorial Alto Pogo. “Algunos sellos editoriales estamos pensando en la apertura hacia otros colegas, en un trabajo mancomunado, sin competencias –explicó-. Hay un trabajo conjunto que se sustenta en la idea de crecer sostenidamente, pero crecer todos juntos. Es una apuesta importante que hacemos desde el espacio de las editoriales independientes, autogestivas”.
La editorial Alto Pogo comenzó a publicar en 2013 y hoy tiene alrededor de 30 títulos que se enmarcan en colecciones de novelas, cuentos, antologías, poesía. Es el segundo año consecutivo que participan de la Feria de Editores, e integran junto a otros sellos editoriales “La Coop”, una cooperativa de editoriales autogestivas e independientes. “Se trata de una toma de conciencia respecto a que somos un sector distinto al de los grandes conglomerados editoriales transnacionales –agregó Almada-. Argentina es un país donde se lee muchísimo y esto también se expresa en el crecimiento de las editoriales de nuestro tipo. Somos un sector muy basto, muy grande, alrededor de mil sellos a nivel nacional, multiplicado por cantidad de editores, escritores, lectores, periodistas, libreros, distribuidores, diseñadores, etc”.
Por otra parte Almada asegura que lo que garantiza la Feria de Editores es la curaduría de las obras que se exponen y del trabajo que las editoriales vienen realizando. “El lector que va a la feria se va a encontrar con libros de una gran nivel literario, ensayístico, poético, con diseño profesional –señaló-. Hay también mucha novedad, el lector puede encontrar libros que quizás en una librería no suela encontrar. Incluso se pueden encontrar de provincias del interior, rompiendo con el esquema de todo lo que produce Buenos Aires, y también del exterior, con la participación de sellos de Chile, Perú, Brasil, Uruguay. El lector percibe este nivel de trabajo y puede incluso sofisticar su gusto, porque sabe que se lo está cuidando. De hecho creo que la Feria de Editores está orientada a ese tipo de lector curioso e inquieto que espera que el libro lo deslumbre”.
“Este encuentro –que es además una fiesta para nosotros- demuestra que no tiene techo, cada vez crece más y cada vez se le puede dar más –concluyó Almada-. Sobre todo a quienes van a buscar un libro o para quienes trabajamos con libros. Se da un sentimiento de unidad, donde todos estamos trabajando horizontalmente, con un compromiso distinto, luchando en un momento que no es favorable para el sector. De hecho este tipo de políticas hace que no tengamos más remedio que juntarnos y trabajar de conjunto, lo cual dentro de lo negativo, es muy positivo para nosotros”.
Actualizada 16/06/2017
Jun 16, 2017 | Géneros
“A esta altura de la vida si viene una hija mía a decirme que la han violado, yo, Julio Moisés, le digo: ‘Hijita, tu papá no es ningún estúpido, a vos no te viola nadie’”. La frase pertenece a quien fue intendente de San Pedro, Jujuy, durante cuatro períodos, y es una de las tantas entrevistas que forman parte de La cena blanca de Romina, el documental estrenado este jueves en el cine Gaumont. Fue precisamente en la localidad de San Pedro en donde, el primero de agosto de 2002, Romina Tejerina fue violada por un vecino. Cuando casi siete meses más tarde ella parió a una beba prematura, lo primero y único que vio fue la cara de su violador, y entonces mató a la criatura. Estuvo presa nueve años. El violador, “Pocho” Vargas, fue absuelto. Ella fue liberada recién en 2012 gracias a la lucha del movimiento feminista.
Filmado en dos viajes a San Pedro que hicieron sus directores, Hernán Martín y Francisco Rizzi, el primero en 2010 y el segundo en 2014, este documental está compuesto por testimonios de distintos habitantes de la localidad jujeña, aunque se centra sobre todo en retratar la vida en esa ciudad, las costumbres, los hábitos, el funcionamiento de las instituciones y su influencia sobre los discursos de la gente. “Partimos del caso de Jujuy no para estigmatizar a la provincia, sino todo lo contrario –reflexionó Martín, en diálogo con ANCCOM-. Creemos que ahí son más transparentes todos los mecanismos machistas, pero son también perfectamente aplicables al resto de los pueblos y ciudades de Argentina y probablemente a otros lugares del mundo”. En cuanto a este tema Rizzi agregó que, “si bien pasaron más de diez años desde el inicio del caso de Romina, todavía tanto tiempo después sectores del poder político, que incluso tuvieron actitudes por las cuales se iniciaron causas penales, hablan con una total impunidad”.
Los padres de Romina.
Martín explicó cómo fue el proceso para conseguir los testimonios: “En general tuvimos todo tipo de opiniones; algunos preferían no opinar, otros pobladores la defendían, pero también hubo un sector de personas que repetían los argumentos de la justicia misógina, de la Iglesia, del Gobierno, al decir que ‘a ella le gustaba salir a bailar’, o que ‘ella lo tendría que haber dado en adopción’, colocando el debate en un lugar equivocado”. Uno de los testimonios de este tipo que aparecen en el documental es el de una vecina de San Pedro que, refiriéndose a Romina, dice: ‘No tiene el valor de la vida, no tiene ética, no tiene nada. Ella es la que no merece vivir, y vive gratis; encima viven bien estando presos’. Según Martín, “por supuesto que nadie va a defender el asesinato de una beba, de lo que se trata justamente es de analizar todo lo que hay alrededor, lo que lleva a una mujer a esa situación desesperante”.
Otro de los ejes que atraviesa la película es el de la lucha feminista y sus diferentes reivindicaciones. Según Rizzi, en el documental “está presente un abanico gigante de reivindicaciones que tienen que ver con terminar con la opresión a la mujer. Entre ellas, una muy clara es el derecho al aborto legal y gratuito. El caso de Romina puso sobre el tapete el tema del aborto. Si ella hubiese podido abortar su historia habría sido completamente distinta”.
Según los directores, uno de los impedimentos para que exista una ley de aborto seguro, legal y gratuito es, además del poder político, la gran influencia que hoy en día sigue teniendo la Iglesia católica. Esto es algo que se ve constantemente a lo largo del documental; en esta línea, una de las escenas más fuertes se desarrolla frente a la Catedral de Buenos Aires un día de marcha por los derechos de las mujeres: unos hombres de aproximadamente 30 años rodean el edificio con rosarios y rezan el Ave María. “Soy nacionalista y católico –dice uno de ellos-. Venimos como resguardo ante un posible desmán de los militantes homosexuales, izquierdistas. Suele suceder que estos tipos vienen y quieren profanar la catedral. Dañan una propiedad privada, como es la Iglesia católica, y ofenden a la religión fundacional del país. A los izquierdistas, feministas y homosexuales si quieren llegar a tocar la Catedral los vamos a moler a palos”. Según Rizzi, “la Iglesia es un ser omnipresente y junto con el régimen político son los que forjan todo el universo simbólico sobre el que se sostiene la dominación”. “En Jujuy -explicó- los fines de semana los chicos de las escuelas públicas tienen catequesis: la iglesia está muy presente. Pero al mismo tiempo en la película se ve que lo más retrogrado de la Iglesia católica no se ve en Jujuy sino que se ve acá, en Plaza de Mayo, frente a la Catedral”.
Romina fue liberada recién en 2012 gracias a la lucha del movimiento feminista.
Otro de los pilares institucionales que reproducen las lógicas machistas y crean discursos patriarcales, según los directores, es el Poder Judicial. “Resulta evidente que se trata de una justicia misógina, pero en primer lugar considero que es una justicia de clase –sostuvo Martín-. El Poder Judicial no funciona igual cuando las mujeres son de clase alta; primero y principal porque ellas no llegan a esa situación, abortan antes”. El director subrayó además que “lo que se hizo con Romina, y también con el caso de Higui, fue tratar de dar una condena ejemplar para que las mujeres no repitan este accionar que consiste en denunciar al violador o actuar ante un abuso. Sobre todo hay un intento de regimentación al resto de las mujeres”. En este sentido, Rizzi se encargó de subrayar que la película no trata sólo del caso de Romina Tejerina, sino que lo que intenta es partir de ese caso particular para contar la historia de muchas otras mujeres. “Nosotros decidimos que se llamara La cena blanca de Romina y no ‘de Romina Tejerina’ porque tomamos el caso de ella como partida, pero queremos mostrar que el tema lamentablemente está universalizado –explicó-. No es sólo el caso de una Romina, sino que son muchas Rominas, Belenes, Higuis, Lucías, y la lista desafortunadamente sigue”.
Lo que une al caso de Romina con casos más recientes, como el de Higui, es que en ambas situaciones fueron liberadas gracias a la lucha de los movimientos feministas. Como sostiene Rizzi, “por suerte hay un movimiento muy potente que ha surgido y que se está desarrollando, que combate todos estos elementos de opresión y permite que Romina esté en libertad y que Higui haya salido de la cárcel. Por supuesto que todavía hay que avanzar muchísimo. Esperamos que la película colabore en ese sentido”.
Actualizada 16/06/2017
Jun 14, 2017 | Culturas
El mes pasado, durante un acto en el Centro Cultural Néstor Kirchner, el presidente Mauricio Macri lanzó, junto a Gabriela Michetti, el Plan Nacional de Discapacidad y dio a conocer sus principios rectores sin profundizar en el contenido concreto. Un mes después, distintas organizaciones del sector de discapacidad desconocen el alcance real del proyecto y mantienen distintas posturas, que van desde la expectativa hasta la incertidumbre. La desconfianza aumentó esta semana cuando salió a luz que, en lo que va del año, el Gobierno eliminó sin aviso pensiones no remunerativas para más de 80.000 personas discapacitadas. La mayoría de ellos se enteró cuando fue a retirar dinero al cajero automático.La cifra trepa a 170.000 damnificados si se considera a quienes perdieron el beneficio a lo largo de 2016. La oposición planea presentar un proyecto legislativo para frenar la medida y las organizaciones que nuclean a las personas con capacidades diferentes interpusieron un amparo ante el Poder Judicial. “Los Down pueden trabajar si lo desean”, argumentó para defender la medida oficial el titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino
Los lineamientos generales que se expusieron y conforman el proyecto que presentó Macri hace un mes hacen hincapié en tres ejes principales: la inclusión, la heterogeneidad y el compromiso comunitario. En ese sentido, Carlos Ferreres, Secretario de Discapacidad de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA-Autónoma) señala: “Si se llevaran a cabo, realmente no harían más que cumplir con la legislación vigente, esto se viene planteando en organismos internacionales hace 20 o 30 años”.
“El Plan se lanzó pero es como si fuera un envase sin contenido aún”, analiza, por su parte, Carla Campos, coordinadora de Servicios Legales de la Asociación Argentina de Padres de Autistas –APAdeA. Ferreres opina al respecto: “Es el eterno anuncionismo, da que pensar que el Plan no es más que eso. Probablemente se hagan algunas cuestiones pero nada que sea lo suficientemente profundo como para impactar en la calidad de vida de las personas con discapacidad.”
“No vemos más que una intención pero en concreto no hubo nada”, reconoce también Alejandro Cytrybaum, miembro de la Comisión Directiva de Asociación Síndrome de Down de la República Argentina –ASDRA-. Desde esta institución le enviaron una carta a la vicepresidenta solicitando que se amplíen los contenidos y bases del Plan. “Queremos saber de qué se trata y quedamos a su disposición para colaborar con todo nuestro conocimiento y trayectoria”, comentó Cytrybaum.
Campos de APAdeA también da lugar a la expectativa: “Lo que esperamos es estar cerca para ver si se quiere trabajar seriamente y si es así, colaboraremos”. Por su parte, Mercedes Molinuevo, subdirectora médica de la Asociación Cívil ALPI que se dedica a la rehabilitación neuromotriz de pacientes, estuvo presente el día del lanzamiento y dio su percepción sobre el anuncio: “Tiene que ver con tratar de corregir algunos aspectos y poner el acento en otros como la inclusión y la accesibilidad. Después discriminar qué tipo de discapacidad posee una persona para ver qué le corresponde otorgar y qué no.”
Laura Lemura, integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), aseguró que debieron hacer un pedido de acceso a la información pública ya que salvo por el discurso de los funcionarios de Cambiemos y por un comunicado que se difundió a través de la página de la Casa Rosada, no circuló más información al respecto. También el diputado nacional Alberto Ciampini (FPV), que preside la Comisión de Discapacidad en el Congreso, solicitó otro pedido de informe. En ese sentido, el legislador señaló: “Hemos tenido que realizarlo en razón que el Poder Ejecutivo no tuvo contacto alguno con las comisión que presido, ni publicó en el Boletín Oficial especificaciones sobre el plan”.
El objetivo principal del que se habla en el proyecto es que las personas con discapacidad logren un proyecto de vida independiente y que se garantice su derecho a la salud, educación, empleo y accesibilidad. Sin embargo, hoy en día, el monto de la pensión por discapacidad se encuentra estancado en $4.350. “Se habla de que las personas con discapacidad logren su independencia pero no se llega a subsistir con las pensiones que se otorgan”, alerta Lourdes Simán de la Biblioteca Popular y Parlante Nuevo Ser donde se dictan talleres de audiolectura para personas con discapacidad.
Cuando Simán realizaba estas declaraciones aún no sabía que el gobierno decidió dar de baja las pensiones de los discapacitados cuyos conyuges o padres tuvieran, por ejemplo, trabajo. Según un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sólo durante este último año se dieron de baja o se suspendieron 71.706 pensiones por invalidez. Ferreres, de CTA Autónoma enfatiza: “Lo que estamos viviendo en discapacidad en los últimos tiempos es que se están bajando pensiones y lo mismo pasa con la obra social de los pensionados no contributivos donde prácticamente no hay cobertura”.
ANCCOM también intentó dialogar con la Comisión Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad –CONADIS– pero al cierre de esta nota ningún funcionario de la misma había respondido.
“De concretarse el Plan, los criterios van a ser los mismos que tienen para otras cosas, que es el ajuste”, asegura Laura Lemura integrante de REDI. Simán concluye: “Creo que es una cruel maniobra porque cuando se trata de colectivos que están al límite de la autoestima, estas mentiras o ficciones hacen mucho daño”.
Actualizada 14/06/2017
Jun 14, 2017 | DDHH, inicio
La resolución del juez federal subrogante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, Alejandro Daniel Esmoris, de aplicar el cómputo del 2×1 a dos represores, confirmó los temores de los organismos de Derechos Humanos: el “caso Muiña” ha sentado precedente en el Poder Judicial argentino. Se trata del mismo tribunal que la semana pasada aprobó la concesión de prisión domiciliaria al apropiador Carlos Hidalgo Garzón.
Este martes, en base al precedente instaurado por la resolución del máximo tribunal en la causa de Muiña, el juez Esmoris decidió aplicar el mismo criterio e hizo lugar al pedido de la defensa de los penitenciarios Abel Dupuy y Ramón Fernández, ambos con condenas firmes desde 2010 por crímenes cometidos en la Unidad N°9. Los represores Dupuy y Fernández, condenados a prisión perpetua y a 25 años de prisión respectivamente, fueron beneficiados por la ley 24390, también conocida como “Ley del 2×1” -vigente entre 1994 y 2001- cuyo Artículo 7 establece que “transcurrido el plazo de dos años previsto en el artículo 1, se computará por un día de prisión preventiva dos de prisión o uno de reclusión”, con lo cual se reduce el tiempo de reclusión.
Pasó poco más de un mes del fallo de la Corte Suprema de Justicia que otorgó el beneficio del 2×1 al represor Luis Muiña, condenado en 2011 a 13 años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Hospital Posadas durante la última dictadura y ya se presentan consecuencias. El pronunciamiento de los ministros Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, dictado el pasado 3 de mayo, generó indignación en gran parte de la sociedad, especialmente en organizaciones de Derechos Humanos, quienes convocaron una multitudinaria marcha a Plaza de Mayo para repudiar el polémico fallo. En consecuencia del amplio rechazo popular que generó el veredicto, el 12 de mayo el gobierno promulgó la Ley Nº 27362, que establece que el cómputo del 2×1 no es aplicable a delitos de lesa humanidad. Pero a pesar de la ley y de las repercusiones de la masiva movilización, la historia vuelve a repetirse.
El “caso Muiña” ha sentado precedente en el Poder Judicial argentino. Se trata del mismo tribunal que la semana pasada aprobó la concesión de prisión domiciliaria al apropiador Carlos Hidalgo Garzón.
En diálogo con ANCCOM, Guadalupe Godoy, abogada y militante en representación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), declaró acerca de esta nueva sentencia judicial en favor de represores: “Es el primer fallo de un tribunal inferior que otorga el 2×1, luego del fallo de la Corte Suprema y del repudio popular que esa sentencia cosechó. El juez Esmoris ya se había pronunciado en ese sentido antes del fallo de la Corte, y posteriormente, en minoría, en casos donde tuvo que resolver junto a dos integrantes más del tribunal. Ya teníamos antecedentes de esta posibilidad. Tiene lógica, porque lamentablemente, más allá del repudio popular y de la nueva ley del Congreso, el fallo del “caso Muiña” está vigente hasta tanto la Corte no tenga un nuevo posicionamiento, que sería a fines de este mes o principios del próximo, cuando resuelva sobre 15 casos similares que tiene a la espera de sentencia en los que podría revertirse el fallo.” Sobre las repercusiones que podría tener el veredicto, añadió: “Este fallo en concreto va a ser apelado por los fiscales y va a ir a una cámara de casación. Le toca a la sala 2, que ya se expidió en contra del 2×1 la semana pasada en la causa Riveros. Pero lo que demuestra el fallo es que hay que seguir reclamando que la Corte tire abajo su propia doctrina creada a partir del fallo Muiña. Hasta tanto no haya un nuevo pronunciamiento de la Corte, existe el riesgo de que haya múltiples pronunciamientos de este tipo. Tanto el fallo de Esmoris como el de la Corte, tal como hemos dicho los organismos (de Derechos Humanos) en reiteradas ocasiones, violan los compromisos internacionales de nuestro país, que dicen que los delitos de lesa humanidad no son pasibles ni de indulto, ni de amnistía, ni de conmutación de pena. Y esto es una conmutación de pena encubierta.”
En la misma línea, el Juez Carlos Rozanski, ex presidente del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y uno de los magistrados más activos en los juicios de Derechos Humanos -que en 2006 condenó a prisión perpetua al represor Miguel Etchecolatz- si bien no se pronunció acerca del fallo del juez Esmoris, en diálogo con ANCCOM expuso su opinión sobre la concesión del 2×1: “Del mismo modo que la inmensa mayoría de los jueces federales se expresaron en contra, incluida la Cámara Federal de Casación Penal, considero que esa ley conocida como 2×1 no es aplicable a los delitos de lesa humanidad. Hay que recordar que cualquier ley o sentencia que implique impunidad en este tema, resulta inconstitucional.”
Por su parte, en representación de las entidades de Derechos Humanos que repudiaron el fallo, Emanuel Lovelli, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo en la filial de La Plata, manifestó: “En cierta manera no nos sorprendió el fallo porque esta vez tuvo que decidir un solo juez de los tres que integran el tribunal, por ser una ejecución de la sentencia. Al ser el juez Esmoris a quien le tocó intervenir, sabiendo que ya había tenido posiciones en favor de la aplicación del 2×1, no nos tomó por sorpresa. Lo cual no quiere decir que no estemos en contra de la decisión, por los mismos argumentos que expusimos ante la fallo de la Corte Suprema.”
Ante la posibilidad de considerar a la causa Muiña como el precedente sobre el cual se basó la decisión de Esmoris, Lovelli manifestó: “Este juez ya se había expresado en este sentido con anterioridad al fallo Muiña. Seguramente, al estar vigente en la Corte la doctrina de este fallo, se sintió más respaldado en su pronunciamiento. Es muy probable que la Corte vuelva a tratar el caso del 2×1 porque, con la sanción de la ley 27362, se pidió opinión a las querellas para ver si con ese nuevo instrumento legal, la Corte podía retrotraer su propia doctrina. Creemos que la Corte lo va a hacer, el hecho de que haya convocado a las partes puede tomarse como un síntoma. Quizás después, con otro fallo distinto se pueda revertir incluso la resolución que benefició a Dupuy y a Fernández.”
«Tanto el fallo de Esmoris como el de la Corte, tal como hemos dicho los organismos (de Derechos Humanos) en reiteradas ocasiones, violan los compromisos internacionales de nuestro país».
Una semana atrás, el mismo tribunal que ahora benefició a Dupuy y a Fernández, integrado por los jueces Alejandro Esmoris y Germán Andrés Castelli, otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria al represor Carlos Hidalgo Garzón, condenado en 2013 por la apropiación de la nieta restituida Catalina de Sanctis Ovando. Esta concesión, apoyada únicamente en el hecho de que el recluso supera los 70 años de edad, fue aprobada por el Tribunal Oral Nº 1 de La Plata sin tener en cuenta los informes oficiales de los peritos médicos que indicaban que Hidalgo Garzón podía continuar cumpliendo su detención en una unidad penitenciaria. “El juez Esmoris también votó en favor de otorgar la prisión domiciliaria a Hidalgo Garzón por el simple hecho de que es mayor de 70 años. Adopta un criterio que se rige solamente por la cuestión de la edad sin tener en consideración otras circunstancias, como el hecho de que tiempo atrás le revocaron la prisión domiciliaria por haberla violado”, afirmó Lovelli. “No sólo le concedió este beneficio a Hidalgo Garzón sino también a otros represores involucrados en distintas causas en La Plata.” Y agregó: “El fallo que favoreció a Hidalgo Garzón ya está apelado, pero la prisión domiciliaria aún no se hizo efectiva porque tiene pendiente otra causa donde está en prisión preventiva y en la que le fue denegada la domiciliaria.”
Respecto a la relación entre los dos fallos que favorecen a represores dentro del mismo tribunal, y en ambos casos con la actuación del mismo juez, Lovelli expresó: “Evidentemente, la composición del Tribunal Oral Nº 1 de La Plata es más permeable para concederle beneficios a los represores. Eso lo estamos viendo a diario, no tanto en las cuestiones de fondo de un juicio oral, donde es más difícil encontrar algún resquicio para no condenar, pero sí para las modalidades de ejecución de esa sentencia.”
Por el momento, tal como señalaron los especialistas consultados por ANCCOM, solo queda esperar a que en sus próximos pronunciamientos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decida aplicar la ley 27362 para garantizar que los genocidas cumplan la totalidad de sus condenas y evitar así que el “caso Muiña” se repita y termine convirtiéndose en la norma para las causas de lesa humanidad. Sin embargo, hasta entonces las organizaciones que defienden los Derechos Humanos en Argentina no van a quedarse de brazos cruzados. “Los organismos de Derechos Humanos en la ciudad de La Plata están preparando una manifestación que probablemente se haga la semana que viene, cuando haya audiencias en el juicio que se está llevando adelante por los crímenes que cometió la Concentración Nacional Universitaria en el cual el juez Esmoris es uno de los tres jueces a cargo”, aseguró Guadalupe Godoy. “Allí se realizaría una manifestación en repudio a su fallo y cualquier aplicación del 2×1 en causas de delitos lesa humanidad”, concluyó.
Actualizada 13/06/2017
