Jul 18, 2017 | Trabajo
Enzo Moreira, periodista de la agencia estatal Télam, preguntó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre las denuncias de sobreprecios en la obra pública de su gestión. Al día siguiente, el trabajador de prensa se quedó sin trabajo. Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) denunciaron que el caso es un “un acto de persecución política, sindical y de disciplinamiento”, mientras que las autoridades niegan que haya sido así y alegan que finalizaba el plazo de su contrato.
Los trabajadores despedidos son Moreira y Alejandro Ledesma, ambos del sector audiovisual, y a ellos se le suma Andrea Holgado, dejada sin trabajo con anterioridad. “Coarta la libertad de prensa y disciplina a los demás -afirma Francisco Basualdo, delegado de Sipreba en la agencia-, porque si ves que eso le pasa a un compañero, ¿cómo salís a trabajar y preguntás libremente? No podés”.
Durante la cobertura del anuncio de la demolición del “Elefante Blanco”, el edificio de Lugano que hace setenta años se pensó como un hospital pero donde se terminó estableciendo un barrio de emergencia hace décadas, Moreira le había preguntado a Rodríguez Larreta sobre denuncias que proliferaron acerca del pago de sobreprecios en la obra pública. Tras el episodio, las autoridades le reprocharon su accionar. Y al día siguiente, la gerenta de su sector, Magdalena Cash, le informó que no se le renovará su contrato. Argumentó razones presupuestarias.
Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires denunciaron que el caso es un “un acto de persecución política, sindical y de disciplinamiento”.
En las únicas declaraciones que dio sobre lo sucedido el presidente de Télam, Rodolfo Pousá, le negó a Romina Manguel, en su programa de Radio Nacional, que existiera el reproche. Pousá aseguró: “La pregunta desde el punto de vista periodístico es correcta” y añadió: “El periodista no fue despedido, tenía contrato por tres meses y a los dos implicados se les vencía el 10 de julio y no se les iba a renovar”. Hernán Lombardi, el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, que tiene bajo su órbita a la agencia, estuvo de acuerdo con Pousá y hasta sugirió que la pregunta pudo haber sido formulada por Moreira con la intención de permanecer en Télam a pesar de saber que terminaba su contrato.
Desde Sipreba rechazaron los dichos de Lombardi y señalaron que Pousá miente respecto a que no hubo recriminaciones y que a los periodistas no se les iba a renovar el contrato. Raúl Ferrari, otro delegado de Sipreba, afirmó: “Al día siguiente de los reproches por la pregunta a Larreta le dijeron a Moreira que no venga más. Hasta ese momento iba a continuar, de hecho, estaba acreditado para la cumbre del Mercosur que se hace esta semana (del 17 al 21 de julio) en Mendoza”. Los sindicalistas de prensa cuestionan la validez de los contratos temporales; aducen que el convenio colectivo del sector marca que después tras 28 días de labor el periodista debe ser incorporado a la planta permanente del medio.
A raíz de los despidos, los trabajadores de Télam realizaron una asamblea y decidieron hacer un paro el martes pasado desde las 15 hasta las 22. También hubo un cese de actividades durante dos horas el jueves. Las demandas, según tres delegados de Sipreba son: que reincorporen a los periodistas despedidos, que se abra la discusión sobre la paritaria y el rechazo al proyecto oficial de achicar el área publicitaria. Por su parte, otro delegado, Mariano Suárez, añadió: “(las autoridades) pretenden que Télam tenga la misma agenda que Clarín y La Nación. Quisiéramos participar en los contenidos de la agencia”.
Respecto al reclamo sobre el sector publicitario, Basualdo señaló: “El proceso administrativo y contable de la pauta oficial aún estaba en Télam, si bien se fue descentralizando hace varios años. Hoy, por decisión de la Jefatura de Gabinete, ese trabajo pasa a sus manos”. Ferrari, por su parte, teme un vaciamiento del sector y destacó: “Entre 100 y 120 trabajadores están sin funciones por esa medida, hay incertidumbre de lo que pueda pasar tras las elecciones por el ajuste del que se habla”.
Los delegados esperan negociar con las autoridades y obtener soluciones. Sin embargo, advirtió Basualdo: “Asumimos como comisión gremial interna en octubre pasado y Pousá nos recibió una sola vez” y Ferrari concluyó: “Vamos a esperar el llamado del Directorio, sino en diez días vamos a llamar a otra asamblea y veremos qué se decide”.
A raíz de los despidos, los trabajadores de Télam realizaron una asamblea y decidieron hacer un paro el martes pasado desde las 15 hasta las 22.
Actualizada 18/07/2017
Jul 17, 2017 | Deportes
La industria hípica Argentina, cuya calidad de razas y trabajo de criadores, cuidadores, médicos veterinarios y un gran número de amantes de los caballos, la sitúa en tercera posición mundial, recientemente comenzó a verse amenazada por una propuesta de origen europeo que busca eliminar cualquier competencia: la iniciativa doping cero. Esto pone en peligro a las familias de peones, cuidadores, criadores, veterinarios y partícipes indirectos, que subsisten gracias al diario trabajo que aportan a la industria.
“Este es un tema exclusivamente veterinario”, aclara el médico veterinario Federico Pont Lezica, profesional asesor del haras El Paraíso, un importante centro de producción de caballos de Argentina. “Hay que pensar, antes que nada, en la salud animal. A partir de ahí comienza la discusión. Hay que definir qué es un doping y diferenciarlo claramente de un tratamiento terapéutico que se le receta a un deportista, sometido a importantes esfuerzos y en la mayoría de los casos a una edad en que no ha finalizado su desarrollo.”
Según la ley 24819 de antidopaje, que regula todas las disciplinas deportivas, incurre en doping quien utilice en su entrenamiento, antes, durante o después de una competencia deportiva sustancias y/o medios prohibidos. En el caso de la hípica abarca al turf (carreras), al polo y al salto. El control establece no sólo las sustancias prohibidas, como es el caso de los estimulantes, narcóticos y anfetaminas, entre otros; sino que también instaura ciertos límites tolerables de medicamentos que son aceptables y sustancias sujetas a ciertas restricciones. Como explica el veterinario Federico Pont Lezica, los límites se establecen porque los animales que corren, muchas veces animales aún en desarrollo, padecen afecciones que son resultado del ejercicio, y necesitan un tratamiento médico, lo que evita dolor, incremento de la lesión o roturas irreversibles en la competencia. Esto no solo implica proteger la salud animal, sino también al jockey que lo monta, por el peligro de caídas.
«Hay que definir qué es un doping y diferenciarlo claramente de un tratamiento terapéutico que se le receta a un deportista», aclara el veterinario Federico Pont Lezica.
Así, Pont Lezica aclara que “todo fármaco que se suministre a un animal debe ser instaurado con criterio y responsabilidad del médico veterinario actuante, el que respalda el diagnóstico y el tratamiento con la receta médica”. Por su parte, Gustavo Ruzzante, médico veterinario a cargo de los caballos de Nero y de Pablo Mac Donough, integrantes de La Dolfina, aclara en diálogo con ANCCOM: “Hay drogas que se dan con concepto médico”. Desde el punto de vista médico, hay tres categorías de caballos: el que puede correr sin nada, el que no puede correr, y el que necesita un tratamiento determinado para correr. Esta última categoría, siempre decidida bajo criterio médico, debe ser defendida.
Según publicó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), la Argentina se ha posicionado como tercer productor de caballos de carrera y primer productor de caballos de polo del mundo, permitiendo no sólo una influencia mundial como país, sino también brindando innumerables puestos de trabajo en los hipódromos y haras. “Yo, como de esto”, explica Rubén, cuidador. “No soy veterinario, ni polero, ni nada. Yo cuido al caballo, si me sacan el caballo, no tengo trabajo.”
El conflicto comenzó hace unos meses, a raíz de una serie de detecciones no del todo clarificadas en los aspectos de límites permitidos y sustancias prohibidas. Si bien las disposiciones varían, siendo diferentes las formas de sancionar y de exigir el doping entre el hipódromo de Palermo, de San Isidro y La Plata, como explica el médico veterinario Dante Valenti, presidente de la Asociación Argentina de Veterinaria Equina (AAVE): “Existe un reglamento de carreras, pero dicho reglamento no vale más que la Ley Nacional de Antidopaje. Hay que regirse por ello”.
“No soy veterinario, ni polero, ni nada. Yo cuido al caballo, si me sacan el caballo, no tengo trabajo”, explica Rubén, cuidador.
La iniciativa doping cero, que propone niveles de tolerancia cero en todas las sustancias, sean con concepto terapéutico o no, es promovida y ponderada por Francia, un país cuya industria hípica se ha ubicado siempre en las más altas categorías, junto con Argentina. Louis Romanet, quien fue presidente de la International Federation of Horseracing Authorities (IFHA) y cuya familia ha trabajado en la industria hípica durante generaciones, es uno de sus promotores, defendiendo una industria ecuestre francesa “elitista”, aclara Federico Pont Lezica. Como explica el médico veterinario, ellos se basan en un caballo que no necesita tratamiento terapéutico para correr. Esto no solo es una idealización médica -ya que el ejercicio intenso, al igual que un jugador de fútbol, conlleva sí o sí a lesiones-, sino que además una masa equina de alto valor genético y costo de crianza es descartada al matadero, lo que se hace insostenible para una industria productiva sustentable de alto hándicap.
La lucha es política -aclaran- los criadores. Los veterinarios expresan por unanimidad que ellos no tienen peso en la decisiones, que se toman por influencias y poder económico. “La lesión del animal es algo real, hay que tratarla”, explica Valenti. “Hay que defender la vida del animal.”
Los veterinarios que hoy trabajan en el Hipódromo de San Isidro comenzaron a elaborar una iniciativa para fijar los límites aceptables de las drogas de tratamiento necesarias y cuidar la salud del equino. Además de insistir en que el médico veterinario puede y debe realizar receta médica y tratamiento. Esta nota será elevada a las autoridades para poder comenzar a discutir con basamentos científicos.
Los médicos veterinarios aseguran que darán batalla porque la industria hípica Argentina va más allá del deporte de alcurnia, de las clases altas, o de las apuestas. Es una industria de calidad, que ha estado al resguardo de un cuerpo médico veterinario de excelencia, y que ha impuesto a la Argentina como un país de referencia.
Según publicó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), la Argentina se ha posicionado como tercer productor de caballos de carrera y primer productor de caballos de polo del mundo.
Actualizada 18/07/2017
Jul 13, 2017 | Trabajo
Un gendarme por cada trabajador despedido. Más de 500 efectivos de la Gendarmería desalojaron con un violento operativo a los empleados de la planta de Pepsico de Vicente López que reclamaban por sostener su fuente laboral. Macehatazos, gases, barretas, golpes por doquier en una nueva muestra represiva que ya es marca registrada del gobierno de Cambiemos: hace unos días, con igual metodología, desalojaron a los movimientos sociales que manifestaban en la 9 de Julio y a integrantes de pueblos originarios que reclamaban por la detención de uno de sus referentes frente a Tribunales.
Esta vez, la Gendarmería ejecutó la orden que dio la jueza de Garantías Andrea Rodríguez Mentaste. Numerosos trabajadores quedaron lastimados, otros fueron detenidos a la rastra y, con saña, los efectivos desmantelaron las carpas que los despedidos habían montado para ocupar el predio a la espera de la reincorporación.
Los días previos a la represión
“Con motivo del cese de operaciones de Planta Florida y la relocalización de su producción en otro establecimiento (…), se comunica al personal que queda transitoriamente liberado de prestar servicios manteniendo el goce de haberes”. Palabras más, palabras menos, este es el comunicado con el que se encontraron los trabajadores de la central de Vicente López de PepsiCo, el 20 de junio pasado. Una hoja blanca, trazada por seis líneas y colgada en la puerta de la instalación, hacía saber la decisión de la empresa, sin previo aviso. “Es fuerte encontrarte con un cartelito, con las persianas bajas, en un feriado”, cuenta Martín Olivetto, uno de los despedidos. “Fue bastante sorpresivo y me pregunté qué iba hacer. Sentí mucho miedo al principio”, asegura Patricia Mora, delegada de la comisión interna, sobre el cierre de la planta de PepsiCo en Florida.
“Lo único que queremos es trabajar”, comentan los trabajadores despedidos en el acampe en la puerta de la fábrica.
La planta, ubicada en Posadas y Roca, es una más entre tantas que caracterizan la zona. Las calles que la conforman dan muestra de una ciudad fabril: furgonetas que cargan y descargan mercadería, ciertas oleadas de humos que se pierden por el aire y nada de comercios. Luis Medina, uno de los delegados de los trabajadores de PepsiCo, sostiene: “Cuando me enteré de la decisión, sentí una total indignación y preocupación. Hace 23 años que estoy acá así que me puse a trabajar con los compañeros para contenerlos y organizarnos. Nunca habíamos tenido una situación como la que estamos viviendo. Por todo lo que represento, tengo que garantizar que todos mis compañeros estén con la moral bien alta para seguir dando esta pelea”. Se nota en el semblante de Luis la fortaleza de la que está hecho como buen representante. Mientras relucen sus sensaciones sobre el conflicto, en la esquina de Posadas y la callecita Justo José de Urquiza, algunas operarias desayunan en una de las carpas montadas delante de la fábrica. En la mesa, hay galletitas al tiempo que un mate pasa de mujer en mujer. “Lo único que queremos es trabajar. Nos organizamos para garantizar la presencia en los portones durante todo el día. Seguimos trabajando en pos de que la fábrica vuelva a abrir sus puertas”, comenta Medina.
Todos los perjudicados por el cierre de la central solo quieren una cosa: trabajar. Saben que la indemnización del 200 por ciento por muy jugosa que parezca, es, al fin de cuentas, pan para hoy y hambre para mañana. “No queremos el arreglo supuestamente fabuloso que (Rodolfo) Daer piensa. La plata no te dura nada y en esta situación, menos. Solo queremos trabajar”, explica Patricia. Es que Rodolfo Daer, Secretario General del Sindicato de la Industria Alimenticia (STIA), pactó con la empresa la resolución del conflicto, cerrando cualquier posibilidad de lucha con PepsiCo. Medina y todos los despedidos también coinciden en el análisis: el cierre es político. “Siento indignación y bronca por la patronal, por el gobierno de turno, porque el Ministerio de Trabajo dejó correr el preventivo de crisis, que la empresa lo debería haber presentado treinta días antes, con los compañeros trabajando”, dice el representante gremial.
La planta, ubicada en Posadas y Roca, es una más entre tantas que caracterizan la zona. En la foto, la basura que se acumula en las calles.
Para los despedidos, el trabajo lo es todo. Así lo hace saber Patricia: “Tenía mi vida organizada y de la noche a la mañana, me cambió todo. Tengo una bebé de diez meses y una nena de quince años; al estar separada de mi marido, soy sostén de mi familia. Si llego a perder el trabajo, no podría sostener la casa”. Consultada por cómo vive la lucha, expresa: “Se hace difícil, tedioso, porque te comen los nervios y la angustia”. De fondo, su bebé llorisquea cuando es alzada por una compañera. “Antes cobrábamos guardería que nos ponía la empresa y ahora, de repente, no la tengo más así que tengo que andar con mi bebé a cuestas. De todos modos, otra no me queda porque soy sostén de familia, entonces necesito, sí o sí, mantener mi puesto de trabajo”, agrega la delegada.
Un patrullero se encuentra en el cruce de Posadas y Roca, frente a la puerta de la planta. De vez en cuando, un auto pasa por delante del acampe, situado a cuarenta metros de los policías, mientras que los trabajadores, vestidos todos con buzo polar azul, conversan en diferentes puntos de la concentración. “La moral entre los compañeros está muy alta, la solidaridad nos sube las expectativas. Todos los compañeros que se acercan a la planta nos dan fuerzas. Acá se necesitan dos cosas para seguir en vilo: moral y plata. Por suerte, se está recaudando bastante con los festivales que organizamos”, señala Olivetto, el empaquetador. Martín tiene un hijo y como Patricia está separado y es el principal sostén de su familia. Además, no tiene casa asegurada porque alquila: “Es complicado quedarse sin plata porque uno necesita para comer y para alquilar la vivienda”, indica con tono pausado. “No tener casa es una presión que te come la cabeza todo el día”, enfatiza.
Son 600 las familias que quedarían en la calle de confirmarse el cierre de la planta de Florida. El objetivo de PepsiCo es trasladar toda la producción a la segunda sede de Buenos Aires, ubicada en Mar del Plata. Sin embargo, no hay razón para tamaña decisión y así lo cuenta Luis Medina: “Lo que están haciendo es subir los ritmos de producción, desdoblar el trabajo. Los compañeros y compañeras están dejando el cuerpo al lado de las máquinas, porque la de allá es una fábrica nueva, donde no tienen una cultura de organización gremial” y continua su explicación sosteniendo que “lo que quieren es abaratar costos en pos de los trabajos de los compañeros. La fábrica de Florida fue productiva hasta el día del cierre, así que materia prima hay. Está todo dado para que sigamos trabajando”.
Son 600 las familias que quedarían en la calle de confirmarse el cierre de la planta de Florida. El objetivo de PepsiCo es trasladar toda la producción a la segunda sede de Buenos Aires, ubicada en Mar del Plata.
El 7 de julio último, la patronal pidió a la justicia, mediante el fiscal Gastón Larramendi, que desaloje a los trabajadores de la fábrica. Para hacer frente a la situación, el sábado, los operarios de PepsiCo llamaron a una reunión con organizaciones para sumar apoyo a su lucha y reclamo. Desde la comisión interna se emitió un comunicado sobre el nuevo episodio: “Se trata de un pedido temerario de una empresa que está en la ilegalidad más abierta y que ya fue denunciada por lock out ofensivo, vaciamiento y discriminación”. Además propusieron movilizarse hasta el Juzgado de Garantías N°3 de San Isidro, a cargo de la jueza Andrea Rodríguez Mentaste, para reclamar que no se acepte el requerimiento de desalojo del fiscal Larramendi. La madrugada del lunes 10 de julio, los despedidos de PepsiCo acompañados por organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales y diputados del frente de izquierda, entre otros, se movilizaron hasta Juzgado. La jueza los recibió pero se negó a otorgar las garantías para que el desalojo no sea violento. La noche del martes, un helicóptero comenzó a merodear la zona de la fábrica con un notable aumento de fuerzas policiales en el perímetro de la planta. Los trabajadores denunciaron que la jueza Rodríguez Mentaste ratificó que dará curso al desalojo en horas nocturnas, como lo solicitó el fiscal.
En este marco, los abogados de los trabajadores explicaron que la empresa cerró la planta de manera ilegal, ya que obvió la apertura previa del Procedimiento Preventivo de Crisis. Además, denunciaron la incompetencia de Rodríguez Mentaste, ya que es pública su amistad con el intendente Gustavo Posse y mantiene otras relaciones personales con funcionarios de Cambiemos. Lo más llamativo es que ahora, la excusa que la patronal utiliza para desalojar a los operarios, se basa en un supuesto peligro de contaminación dentro de la planta. Lo que resulta absurdo, porque de ser cierto, la misma empresa amitiría que hasta hace unos días estaba funcionando en infracción.
A pesar de la represión, los trabajadores aseguran que continuarán resistiendo y reclamando por recuperar sus puestos laborales. Los delegados, por su parte, denunciaron que en Córdoba se están importando productos PepsiCo de Chile, por lo que prosiguen con la ferviente campaña de “No comprar productos de PepsiCo”, lo que incluye marcas como Lays, Pep, Twistos, Gatorade, Mirinda, Doritos, Pehuamar, Pepsi y Paso de los Toros, entre otras.
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Mirá la fotogalería de ANCCOM sobre la concentración en el Juzgado de San Isidro para frenar la orden de desalojo sobre la planta:
Actualizada 13/07/2017
Jul 13, 2017 | Comunidad
Primero fue la represión a organizaciones sociales en la Avenida 9 de Julio, a metros del Ministerio de Desarrollo Social. Luego la violenta detención de manifestantes que reclamaban por la libertad de un referente mapuche frente a Tribunales.
En menos de dos semanas, ambos episodios conformaron una preocupante secuencia de disciplinamiento de la protesta social. Organizaciones políticas y sociales advirtieron sobre una “escalada” del accionar represivo de las fuerzas de seguridad. “Se dieron dos hechos muy claros de represión. Hay que preguntarse de dónde viene esta aparición fuerte de la Policía. Todo indica que hay un mensaje muy claro para que la gente se sienta intimidada y deje de marchar”, resumió Federico Efrón, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Los hechos
El miércoles 28 de junio varias organizaciones sociales fueron reprimidas por la Policía cuando se manifestaban frente al Ministerio de Desarrollo Social para exigir un plan de obra pública cooperativa, la declaración de la emergencia alimentaria, tarifas sociales en fábricas recuperadas, clubes de barrio y comedores, y la plena restauración de las pensiones por discapacidad, entre otros puntos. Gases lacrimógenos, balas de goma y hasta dos camiones hidrantes fueron las respuestas que recibieron Quebracho, la Agrupación Villera Piquetera y el Frente por la Dignidad Milagro Sala. Hubo varios heridos y la Policía detuvo por casi 12 horas a ocho personas, entre ellas dos menores. La fuerte presencia y el accionar de efectivos de civil fue la marca distintiva del amplio operativo de seguridad.
“Fue una cacería. Tenían el objetivo de reprimir”, subrayó a esta agencia Sabrina Roth, vocera del colectivo Frente por la Dignidad Milagro Sala. Y amplió: “Este modelo no sirve, no cierra, sin represión. No tiene otra respuesta para los sectores populares”.
Días más tarde, la Policía detuvo a siete manifestantes por reclamar la liberación del jefe mapuche de Chubut, Facundo Jones Huala. La manifestación frente a Tribunales estaba integrada por no más de 40 personas que, para visibilizar el reclamo, quemaron algunas llantas de goma. El justificativo de aquella represión fue que hubo “lesiones, intimidación pública y resistencia a la autoridad” por parte de este colectivo.
Manifestación frente a la Casa de Misiones en pedido de justicia por Victoria Aguirre y Selene Aguirre.
Argumentos
La referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), María Carmen Verdú, puntualizó que estos hechos de violencia fueron “simplemente la continuidad de una avanzada que empezó hace un año y medio”. Además, resaltó que “la represión siempre se profundiza en épocas de crisis. No hay semana en la que no estemos denunciando tres cuatro hechos represivos”, puntualizó.
Verdú advirtió que los mecanismos represivos “no variaron tanto, sino que se profundizaron”. Y completó: “Se aplicaron de lleno y por completo herramientas que ya existían.”
Desde el CELS, Efrón mencionó que las represiones policiales van de la mano con los temas políticos y que pueden ir en aumento. Sin embargo, enfatizó en que “la Policía acciona de esta manera no sólo porque hay una decisión política, sino porque hay un Poder Judicial que lo permite.”
Para el abogado, “el problema no es de legislación, (que podría ser mejor, sin ninguna duda), sino de cómo se aplica la ley penal y cómo el poder político responde ante una protesta.”
Efrón subrayó que “protestar nunca puede ser un delito”. Y concluyó: “Quien corta una calle lo hace porque el Estado no lo escucha hace mucho tiempo y es un problema muy grave”.
Como contracara, el ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo, afirmó que no había ningún tipo de negociación posible o vía de diálogo» en ambos casos por lo que «se intervino con la Policía».
Las declaraciones de Ocampo fueron replicadas por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien avaló la represión. Para él “no había un reclamo claro”. El argumento también fue refrendado por la Casa Rosada. “Nunca nos quedó claro qué estaban pidiendo, por eso también nos dimos cuenta que no había una voluntad concreta de resolver la situación”, dijo la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, sobre el reclamo por la situación de 40 mil cooperativistas bonaerenses que quedaron desempleados en el último año y medio.
Marcha del día del periodista, desde el Obelisco al Congreso de la Nación.
Los y las docentes estaban armando una carpa itinerante para visibilizar su reclamo dando clases ahí y fueron reprimidos por la policía a la noche del domingo 9 de abril.
Actualizada 12/07/2017
Jul 13, 2017 | Culturas
El 31 de julio dejará de funcionar el cine Espacio INCAA Arte Cinema. La fecha fue establecida por sus dueños al enterarse, a principio de junio, de que el INCAA no renovará el convenio que mantenía con ellos por la utilización de las tres salas ubicadas en Salta 1620, a pocas cuadras de la Estación Constitución. Sus precios populares (la entrada cuesta 15 pesos) y su emplazamiento en un barrio con bajos recursos y grandes carencias, permiten el acceso al mundo cinematográfico de los sectores de la población más postergados. Además, el complejo funciona como un gran difusor de películas de autor y de cine nacional, que no encuentran lugar en el circuito comercial. Ante el despojo de un espacio tan valioso para el barrio, los vecinos comenzaron a autoconvocarse todos los miércoles en la puerta del cine para visibilizar la problemática y a organizarse en asambleas. Ya juntaron más de 3.000 firmas contra el cierre y este sábado 15 de julio se realizará un festival desde las 15 con murgas y bandas en vivo para continuar con la difusión del conflicto. Todavía no obtuvieron respuestas esperanzadoras de parte de las autoridades del INCAA, pero ellos continúan en la defensa de un derecho impostergable: el acceso a la cultura.
Ante el despojo de un espacio tan valioso para el barrio, los vecinos comenzaron a autoconvocarse todos los miércoles en la puerta del cine para visibilizar la problemática.
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Aunque todavía no las 18:30, ya es de noche en la alborotada intersección de las calles Salta y Juan de Garay. Un grupo de personas comienza a desplegar pancartas, pegar carteles, enchufar equipos y armar la mesa donde se juntarán las firmas. Algunos curiosos miran sin detener su marcha vertiginosa en esa hora pico. Otros se detienen, preguntan, adhieren al reclamo y firman. “Tenemos un hermoso cine en Constitución, conózcalo. No permitamos que nos lo quiten. Reaccionemos. No al cierre de Arte Cinema”, dice una mujer por megáfono. La gente comienza a juntarse.
“El barrio quiere que esta fuente de cultura popular se mantenga abierta”, manifiesta Néstor, integrante de la asamblea y organizador del festival. “Es muy importante mantener un cine en un barrio como este. Se acerca mucha gente que vive en la calle, o familias que de otra manera no podrían llevar a sus hijos al cine. Con el precio que te sale una entrada en una multisala, acá ven la película cinco personas , y hasta se compran pochoclos.” Aunque viva en Avellaneda, Néstor se acercó un miércoles para participar del reclamo como asiduo concurrente del cine, y ahora está comprometido de lleno en esta lucha. “A pesar de que el cine tiene un buen nivel de espectadores, se va a cerrar de todas formas. Hay un tipo de sala que quiere mantener la actual gestión del INCAA y hay otras que no, por eso el ensañamiento contra ésta. Creo que el cierre de Arte Cinema encaja en una política de ir destruyendo lo público, lo popular, en todos los ámbitos. Incluyendo la cultura. La única manera de torcer esto es con organización y que el reclamo se vuelva masivo. Esperamos que el sábado venga mucha gente y que esto se visibilice lo más posible”.
Julia vive en San Telmo y es clienta del cine hace años. Aprovecha el descuento del 50% para jubilados ($7,50) y se va a Constitución en colectivo para ver películas. “Vengo por los precios y por la buena calidad de las proyecciones que siempre hay acá”. Mientras reparte volantes que informan del próximo festival, agrega: “El cine, al ser tan barato, es una opción para gente de otros barrios. Viene mucha gente de Avellaneda en tren, de Quilmes. También de Floresta, Flores, Villa Luro. Es un cine que ya está instalado en el barrio, que lo cierren sería como quitarle un pedazo de cultura a Constitución.”
El micrófono montado en plena vereda queda abierto. Se animan a pasar para dar su respaldo y su opinión artistas, vecinos, realizadores cinematográficos, jubilados, miembros de organizaciones comunitarias y estudiantes. Hay miembros del centro de estudiantes de la Facultad de Avellaneda, de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, y del ENERC (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica). Esta última también se encuentra en conflicto, ya que fue intervenida y su ex-rector, Pablo Rovito, invitado a renunciar por el Ministro de Cultura Pablo Avelluto, el pasado mes de abril. Rovito también es uno de los dueños de Arte Cinema, y su mala relación con los funcionarios del gobierno favoreció al hostigamiento contra el cine.
Ya juntaron más de 3.000 firmas contra el cierre y este sábado 15 de julio se realizará un festival con murgas y bandas en vivo para continuar con la difusión del conflicto.
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Arte Cinema fue creado por iniciativa privada en el año 2009. Los empresarios Daniel Burman, Diego Dubcovsky, Fernando Sokolowicz, Pablo Rovito y los españoles Jose María y Miguel Morales formaron el Grupo Aleph y construyeron las salas. El proyecto fracasó y al año siguiente el INCAA se hizo cargo del establecimiento mediante el pago de un alquiler. Este proyecto volvió a fracasar y ese mismo año cerró sus puertas nuevamente. Pero en 2011, pasó a ser parte del Espacio INCAA y comenzó a funcionar con el nombre de Cineclub Km. 3 Arte Cinema.
En la actualidad es el segundo Espacio INCAA con más concurrencia del país y el único ubicado en la zona sur de la ciudad. Los dueños ya avisaron a los únicos cuatro empleados que pondrán en venta el establecimiento a partir del 31 de julio frente al desinterés del Estado Nacional por mantener el complejo. Los directivos, con intención de que el cine pueda seguir funcionando, ofrecieron a las autoridades del INCAA no percibir el cobro del alquiler y que el Instituto se haga cargo solamente de los sueldos y el mantenimiento del lugar. Pero no hubo caso. A fin del corriente mes mandarán los telegramas de despido y pagarán las correspondientes indemnizaciones a los empleados, quienes sueñan con una reubicación y ante esta situación, prefieren no involucrarse en la protesta ni formar parte de las asambleas: ellos siguen haciendo su trabajo mientras afuera un grupo de vecinos se auto organiza para evitar que desaparezca el cine.
El INCAA es el objetivo
A fines de junio el fiscal Guillermo Marijuan, a partir de una denuncia de la Oficina Anticorrupción precedida por Laura Alonso, imputó a tres ex directores del INCAA: Alejandro Cacetta, Liliana Mazure y María Lucrecia Cardoso, por supuestas irregularidades en el alquiler del complejo Arte Cinema, junto a otras contrataciones irregulares de un servicio de transporte. El contrato por el alquiler del complejo de salas estaba vencido, pero el INCAA había desarrollado un convenio con el cine que se mantuvo de hecho en los últimos años. Miembros de la comunidad cinematográfica denuncian una persecución realizada por el ministro Avelluto, quien utiliza el argumento de la lucha contra la corrupción de la gestión anterior para llevar a cabo los recortes en el sector.
ANCCOM dialogó con Camilo Moreira Biurra, delegado general de la junta interna de ATE en el INCAA, quien denuncia la situación que se vive en el organismo: “Desde que llegó Cacetta en diciembre del 2015, se impuso una nueva lógica dentro del INCAA, en donde se adoptó una impronta que responde más a la lógica de mercado”. Cacetta ‘fue invitado a renunciar’ a su cargo como presidente en abril, a partir de un informe presentado por Eduardo Feinmann en el programa Animales Sueltos, conducido por Alejandro Fantino y emitido por América. En su lugar asumió el vicepresidente del organismo y amigo personal de Mauricio Macri, Ralph Haiek. Los datos presentados en el informe eran poco precisos, incluyendo graves errores en la investigación y en las acusaciones. Igualmente a Avelluto, quien no se sentía cómodo con la afinidad de Cacetta con algunos miembros del INCAA relacionado con el kirchnerismo, le sirvió como excusa para pedirle la renuncia. Lo mismo con el rector de la ENERC, Pablo Rovito, y con otros gerentes y directivos del INCAA. “Fue todo una bizarreada, una burda operación política y mediática”, sostiene Camilo. “El gobierno de Mauricio Macri tiene una política cultural que responde al mercado y no contempla a la Cultura como un derecho inalienable de todas las personas. Al hablar con los nuevos directivos del INCAA uno se da cuenta de esta visión: ellos se preguntan para qué invertir en una película que no va a tener mucho público. Parecería que uno está hablando con privados y no con funcionarios del Estado”, explica el delegado de ATE, y agrega : “Cuando asume Cacetta, lo que viene a hacer es modificar el plan de fomento. Con los nuevos requisitos muchas películas de bajos recursos no pueden acceder a los fondos. Se da más plata, pero para hacer menos películas. Esto beneficia a los grandes productores. Luego, Haiek viene a profundizar esta intervención en el plan de fomento”.
El 31 de julio dejará de funcionar el cine Espacio INCAA Arte Cinema.
La intervención en el INCAA está íntimamente relacionada con la derogación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Desde el gobierno se busca dar de baja el impuesto del 25% que se le cobra a las empresas de radio y televisión. “Es una transferencia de ingresos desde el sector público hacia el sector privado, porque los grandes beneficiarios son la grandes empresas que brindan estos servicios como Cablevisión”, denuncia Moreira Biurra. “Pero al mismo tiempo está pasando algo muy grave y es que hay una parálisis en el pago de las cuotas de las películas que ya están en proceso. Hoy en día no hay ninguna película en rodaje y eso es algo gravísimo. Con la reestructuración del INCAA hay una nueva camada de gerentes y directivos que no están habilitando los pagos para el fomento de la producción nacional”, continúa, y analiza que cuando Haiek asumió hace dos meses comenzó a manifestar que la parálisis en el sector era por la cantidad de trabajadores que tiene el INCAA cuando en realidad lo que intentaba era preparar el terreno para los despidos. Y concluye: “Son los funcionarios quienes están desfinanciando el cine nacional, quienes desvían fondos, subejectuan presupuestos. Este año se viene ejecutando entre un 25 y 28% del presupuesto de todo el año. Dentro del INCAA hay recortes por todos lados y lo que sucede con Arte Cinema es una muestra más de ese ajuste sobre la cultura”.
Actualizada 13/07/2017
