Nov 26, 2017 | Géneros, inicio
Banderas y bombos vistieron el frente del Congreso el viernes último, a partir de las 17, para empezar a marchar, una hora después, hacia la Plaza de Mayo. Desde el #NiUnaMenos la problemática social de la violencia hacia las mujeres se ha puesto en evidencia. Todos los días nos levantamos con la noticia de que una nueva mujer muere, por el solo hecho de serlo: cada 29 horas una mujer es asesinada según el Registro Nacional de Femicidios presentado por la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá). A partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país, entre el 1 de enero y el 17 de noviembre de 2017, MuMaLá reveló que en lo que va del año los casos de femicidios fueron 254.
En el marco del Día Internacional de la NoViolencia contra las Mujeres, que se conmemora todos los 25 de noviembre, por la lucha de las hermanas Mirabal, asesinadas por la dictadura de Trujillo en República Dominicana en 1960; organizaciones de mujeres, sindicales, comunitarias y políticas marcharon por las calles de microcentro bajo el canto “Vamos mujeres a copar la plaza por el aborto y contra la red de trata, Macri y Cristina son dos clericales, Ni Una Menos el Estado es responsable!” para ponerle fin a los femicidios, golpes, violaciones, acoso, red de trata, discriminación laboral y abortos clandestinos que se viven día a día.
“Queremos ser libres de decidir sobre nuestro cuerpo, libres de expresar nuestra belleza, nuestros pensamientos, nuestra creatividad. Libres de caminar seguras por el mundo y sin miedos, de elegir relaciones que nos hagan bien. Negar la existencia de las mujeres significa negar la existencia de toda la humanidad”, manifiesta el lema del movimiento Círculo de Amigas Feministas.
Otra organización que estuvo presente fue Isadora Mujeres en Lucha que expresó: “Cada vez que nos encontramos en las marchas, somos miles las que gritamos ¡justicia por las mujeres asesinadas! Sin embargo, sabemos que el sistema judicial es machista y patriarcal, donde culpabilizan a las mujeres en situación de violencia y mantiene la impunidad de los violentos, violadores y femicidas, dejándolos en libertad”.
En el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, organizaciones de mujeres, sindicales, comunitarias y políticas marcharon para ponerle fin a los femicidios, golpes, violaciones, acoso, red de trata, discriminación laboral y abortos clandestinos.
Mercedes Fozar de la agrupación Venceremos describió: “Yo soy docente, y es casi cotidiano que las estudiantes sufran violencia en la casa como en la misma escuela. Las mujeres somos el sector más golpeado por la lógica de funcionamiento del machismo y prácticas patriarcales, que se expresa en violencia de todo tipo. Estamos acá para repudiar no solo los femicidios y la violencia física, sino cualquier forma de violencia a la mujer, como la psicológica, mediática y callejera”. Y concluyó: “El único cambio que se ve es que las mujeres tienen más posibilidad de decir qué les pasa, pero no se ha traducido a distintas políticas públicas y transformaciones en la sociedad”.
En diálogo con ANCCOM, Micaela Benítez militante de izquierda y feminista afirmó: “Las mujeres vivimos en un toque de queda, volver a la noche a nuestras casas solas es un riesgo que asumimos todos los días. Desde el primer #NiUnaMenos en el 2015 se instaló un debate general de violencia de género gracias a que salimos a las calles y visibilizamos las violencias y desigualdades que vivimos las mujeres. Nuestras consignas son siempre las mismas, pero nunca llegan a oídos, las ignoran o las encajonan los de arriba”.
Micaela padeció la violencia machista en una de las formas más violentas. Ella fue abusada sexualmente. “Yo denuncie a mi abusador este año junto con otra compañera, que es su ex pareja, que lo denunció por violación”, expresó. Además cuenta que cuando su compañera fue a hacer la denuncia, la policía no podía entender cómo dentro de una pareja podía existir una violación. La institución educativa donde estudia su abusador no tomó represalias porque no hay un protocolo, por ende podría ser docente en un futuro. “No tuve miedo al denunciarlo y me hizo bien visibilizar mi caso, pero no es mi lucha concreta, no es una lucha individualista, todas vivimos violencia machista, no solo violaciones y abusos sino la violencia simbólica, cultural, la que pasa por los medios hegemónicos que se sigue justificando a un victimario y se sigue cuestionando siempre y poniendo bajo la lupa a la víctima que salía de noche o usaba pollera corta, donde parece que buscó que le pasara lo que le pasó”, concluyó la joven.
Los hombres también marchan por la violencia de género y acompañan la causa. Rodrigo Ramos, militante del Partido Obrero expresó: “Hoy marchamos porque no hay respuesta a los reclamos, cada vez más femicidios y el Estado no responde, por eso acompañamos a las compañeras en su lucha”. Rodrigo dice haber reflexionado sobre la conducta cotidiana donde antes se naturalizaban hechos de violencia.
«Negar la existencia de las mujeres significa negar la existencia de toda la humanidad”, manifiesta el lema del movimiento Círculo de Amigas Feministas.
Otro pilar de la marcha fue el reclamo por la legalización del aborto. Trece Rosas, movimiento feminista socialista pide el aborto legal, libre y seguro, ya que asegura que las muertes por abortos clandestinos son también femicidios, y es un crimen social perpetrado por el Estado. Las mujeres que cuentan con los medios económicos lo llevan a cabo en condiciones seguras, las otras se exponen a morir.
Los carteles de “NiUnaMenos”, “Basta de femicidios”, “Mujer bonita es la que lucha”, “Decreto al aborto legal” acompañaron las banderas flameantes de cada agrupación seguido del canto: “Acá todas las mujeres vamos a marchar, por las pibas que no volvieron, porque vivas nos queremos, para desmantelar la red de trata, acabar con el femicidio y tener un aborto legal”, que no cesó al llegar a Plaza de Mayo.
Actualizado 25/11/2017
Nov 26, 2017 | DDHH, inicio
No hay justica para los familiares de las víctimas de los genocidas Eduardo Alfonso y Rafael Félix López Fader. El viernes 24 el Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín condenó al ex General de Brigada y ex N° 2 del Ejército Argentino, Eduardo Alfonso, a tan solo cuatro años de prisión por el allanamiento ilegal y la privación ilegítima de la libertad de Beatriz Recchia, embarazada de cinco meses, y de su hija Juliana Inés García. Si bien la sentencia probó la coparticipación de Eduardo Alfonso en el operativo ilegal llevado a cabo en Villa Adelina en la casa de la familia Recchia-García se rechazó la posibilidad de su participación en el asesinato del padre de la familia, Antonio García, ocurrido minutos antes del secuestro de Beatriz Recchia y su pequeña hija. Alfonso fue absuelto del cargo por homicidio a pesar de las solicitudes de condenas a prisión perpetua por unanimidad de las partes querellantes. Mientras que el ex capitán del Departamento de Inteligencia del Comando de Institutos Militares, López Fader, acusado por su participación en la privación ilegal de la libertad y tormentos, homicidio y tentativa de homicidio de Diego Muniz Barreto y Juan José Fernández, respectivamente, fue absuelto de todos los cargos.
La audiencia comenzó a las 9.30 con las últimas palabras de los imputados. El primero en hablar fue Eduardo Alfonso quien comenzó a agradecer como si fuera una estrella de rock a todos los que lo habían apoyado durante el juicio: “Voy a ser realmente muy breve respecto a los hechos de los cuales se me imputan, no voy a hablar más de lo que se hizo durante todo el debate y lo hizo con mucho detalle el doctor Gerardo Ibarra. Así que solamente me queda agradecerle el asesoramiento que me dio a lo largo de todo el juicio y especialmente la contención y el cariño que ha tenido al tratar con mi familia. Respecto a mi familia quiero agradecer especialmente a mi mujer por el apoyo que me dio, a mis tres hijos, mis nietos, mis hermanos y mis amigos que me ayudaron permanentemente a sobrellevar este momento tan duro. Por último, agradecerle al tribunal por el respeto y la consideración que me ha tenido a lo largo de todo este juicio lo cual valoro mucho”. Al finalizar una señora sentada del lado de la querella gritó “Justicia”. Por su parte, López Fader reafirmó su inocencia, como lo hizo durante todo el debate: “Yo fui detenido el 28 de marzo de 2016 en mi domicilio. Llevo 20 meses detenido por la declaración de un testigo que no conozco, (Víctor Armando) Ibáñez. No pertenecí nunca al batallón de inteligencia 601, yo estuve destinado en comisión de Seguridad Federal de la Policía Federal; como tampoco estuve destinado en comisión en la fábrica militar de Tolueno. No puedo decir lo que dijo el señor Alfonso sobre mi familia, porque no los tengo presentes por razones de distancia. Quiero agradecerle al tribunal que me ha permitido expresarme en mis declaraciones con total libertad, siempre he dicho la verdad y voy a seguir diciendo la verdad. Tengo que agradecer a mi abogado por su defensa y quiero pedirle al tribunal que Dios haga justicia en este juicio”. Finalmente, la jueza Marta Milloc convocó al público a las 13.30 para dictar la sentencia
Pablo Llonto, querellante en la causa.
Mientras el jurado deliberaba afuera del tribunal, una radio abierta transmitía el juicio encabezando un acto del que participaron los familiares de las víctimas junto a distintas agrupaciones como Abuelas de Plaza de Mayo; la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, entre otras. Durante el acto, se plantaron cuatro árboles en la vereda del tribunal que procaman “Nunca Más”, “Memoria”, “Verdad” y “Justicia”. El nombre del último árbol es lo que todos los familiares de las víctimas esperaban y no obtuvieron esa tarde. A las 14 se reanudó la audiencia con la lectura del veredicto. Tanto la sala principal, donde se encontraba el jurado y las partes, como la sala secundaria, se llenaron, el aire se cortaba con cuchillo, las expectativas eran muy grandes. Cuando Milloc pronunció la palabra absolución el público espontáneamente comenzó a gritar “justicia”, “hijos de puta, los jueces”, “asesinos”, “cobardes”. Cinco minutos después comenzaron a desalojar las salas, las personas salían con amargura, llorando de tristeza e impotencia, otros con ira insultaban al tribunal, a los genocidas y a sus familias. Pronto comenzaron a cantar “olé ole, olé olá/ como a los nazis/ les va a pasar/ a dónde vayan los iremos a buscar”; “Donde no hay Justicia, hay escrache”; y “No hubo errores/ no hubo excesos/ son todos asesinos los milicos del proceso”. Poco a poco las veredas del tribunal se fueron descongestionando. Los amigos de los imputados salieron con sonrisas en sus rostros, sin ninguna muestra de respeto por el dolor de los allegados a las víctimas.
Juliana Inés García, hija de Beatriz Recchia y Antonio García, víctimas del genocida Eduardo Alfonso dijo a ANCCOM: “La verdad es que esperábamos que lo condenaran a perpetua o que lo absolvieran, pero lo que hicieron fue un mamarracho. Quisieron absolverlo, pero no tuvieron la valentía de hacerlo, entonces se mandaron este mamarracho de condenarlo a cuatro años por privación ilegítima de la libertad, mía y de mi vieja, cuando antes de eso sucedió el asesinato de mi viejo. Es un fallo vergonzoso por donde se lo mire y salvaron a dos asesinos, porque también está la absolución de López Fader. Igualmente vamos a apelar, pero es increíble lo del fallo”. Este es el segundo juicio que debe soportar Juliana sobre el operativo de su casa, en el primero fueron condenados Santiago Omar Riveros, Reynaldo Bignone, Luis Sadi Pepa y Carlos Eduardo José Somoza, pero Eduardo Alfonso evadió sus responsabilidades al fugarse a Paraguay, donde permaneció prófugo durante cuatro años. “Él era el que quedaba pendiente. Ahora es hacer todo esto de nuevo. Los cuatro años (de condena) fueron una mojada de oreja. Fue no jugársela y declarar lo que en definitiva es una absolución encubierta”, concluyó Juliana.
Juliana García Recchia, querellante y víctima de Alfonso y Alan Iud, abogado de Abuelas, hablando con el fiscal.
Sobre la sentencia a Eduardo Alfonso, Carolina Villella, abogada de Juliana Inés García actuando por la organización Abuelas de Plaza de Mayo, dijo: “Es un fallo que denota bastante incongruencia ya que, por un lado, condenan a Alfonso por su participación, como autor directo y coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad en contra de Beatriz Recchia y de su hija Juliana Inés García y, por otro lado, lo que hacen es absolverlo por el homicidio de Antonio Domingo García. Con lo cual, por un lado, se está reconociendo y acreditando que Alfonso participó en el operativo en la calle Independencia 1940, en el que asesinaron a Antonio y secuestraron a Beatriz y Juliana y, por otro, establecen que no es responsable del homicidio de Antonio y lo absuelven de ese cargo. Tenemos que ver qué dicen los fundamentos para saber cómo llegaron a esa conclusión tan incongruente entre una cosa y la otra, porque el secuestro se produce con posterioridad al homicidio”.
Con respecto a la sentencia dictada por el jurado a López Fader, Pablo Llonto, abogado de Juana Barreto dijo: “Son tres jueces que da vergüenza como han resuelto, es evidente que se alían con el poder político de Mauricio Macri y (Elisa) Lilita Carrió. Es un fallo político y de época, a favor de los genocidas. No puede entenderse cómo en nuestro caso un miembro de inteligencia de Campo de Mayo,reconocido por dos testigos, un suboficial y un conscripto, es absuelto por el beneficio de la duda. Vamos a esperar los fundamentos, pero estos tres jueces pasan a estar en la lista de la vergüenza argentina. Ha sido un juicio con pruebas claras, dos testigos directos que lo vieron actuando en Campo de Mayo. Ojalá que la sala de casación revoque el fallo y que establezca lo vergonzoso que es este veredicto”.
El Tribunal integrado por Marta Milloc, Diego Barroetaveña y Marcela Mónica Rodríguez dará a conocer los fundamentos de este fallo el próximo viernes 1° de diciembre.
Juana Muniz Barreto, querellante contra López Fadern y su abogado Pablo Llonto junto a familiares y amigos antes de darse a conocer la sentencia.
Familiares y amigos en la puerta del Tribunal en San Martin.
Actualizado 26/11/2017
Nov 24, 2017 | Comunidad, inicio
Un pibe muere cada 25 horas por gatillo fácil, según un informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). El dato hace referencia a los años 2016 y 2017, y expresa un incremento de la violencia policial si se tienen en cuenta los períodos precedentes: entre 2003 y 2015, un chico moría cada 28 horas, mientras que, entre 1983 y 2003, se producía una muerte cada 30 horas. Es decir, durante el gobierno de Cambiemos, iniciado en diciembre de 2015, la represión por parte de las fuerzas de seguridad ha ido en aumento.
Es este contexto, la Marcha de la Gorra se realizó por primera vez en la Ciudad de Buenos Aires. La movilización, originada en 2007 en la provincia de Córdoba, y tomada como ejemplo en otras ciudades del país, ayer llegó al epicentro porteño como resultado de la escalada en la violencia y persecución policial hacia los sectores populares y, en especial, hacia los jóvenes. Bajo la consigna “Cuando la gorra crece, nuestros derechos desaparecen”, decenas de organizaciones sociales y políticas se nuclearon en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio con el objetivo de rechazar el aumento de la represión a la protesta social, el recrudecimiento de la criminalización de la pobreza y las políticas antipopulares del Gobierno Nacional. Una de las agrupaciones presentes fue la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y su presidente Adrián Lutvak dialogó con ANCCOM: “Esta marcha nació para criticar el avance represivo que vienen teniendo el Gobierno Nacional y las distintas fuerzas provinciales sobre la juventud, sobre la pobreza y sobre los distintos colectivos que protestan en nuestro país”.
En la concentración, pactada para las 16, participaron familiares de víctimas de violencia institucional. Un caso de gatillo fácil lo representa Jon Camafreita, el joven de 18 años asesinado por el cabo Martín Naredo, el 23 de enero de 2012, en el barrio de Balvanera. El hecho ocurrió cuando Jon y un amigo se alejaban de la plaza Boedo, minutos después del desarrollo de una trifulca entre adolescentes, de la que no formaban parte. Fue en ese momento cuando llegó la policía: los chicos comenzaron a correr al notar que un patrullero los perseguía, pero fueron alcanzados a las pocas cuadras. Una vez atrapados, el cabo Naredo le disparó en la nuca a Jon. La prima de Camafreita, Jesús Castro, formó parte de la Marcha de la Gorra y dio sus razones: “Cuando fuimos a reclamar, el cabo estaba libre. En el juicio, lo condenaron a cadena perpetua pero terminó, aparentemente, escapándose. Pienso que estaba todo arreglado. Ahora, le envié una carta a la ministra (de Seguridad Patricia) Bullrich pero todo sigue igual”. Consultada sobre la actual situación, sostuvo: “Si antes eran diez los que mataban, ahora son cien. Están todos liberados y, con abuso de poder, siguen matando a nuestros hijos, a nuestros pibes, por solamente usar una visera o, como dicen ellos, por tener cara de negro”.
Bajo la consigna “Cuando la gorra crece, nuestros derechos desaparecen”, decenas de organizaciones sociales y políticas se nuclearon en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio.
Alrededor de las 17, la marcha arrancó destino al Congreso de la Nación, vía Avenida de Mayo. Encabezada por la CORREPI, organismos de derechos humanos y algunas Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la movilización pisó fuerte por las calles de la Ciudad, pese al mal clima que se preveía desde temprano y que se confirmó tiempo después, cuando unos leves chaparrones dificultaron el cometido. “Es importante visibilizar esta situación: hay un retroceso de los derechos de las grandes mayorías en favor de las minorías del gobierno”, señaló Lutvak.
Mientras las agrupaciones -La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el Movimiento Evita, Patria Grande, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), entre otras- alcanzaban lentamente el Congreso, un escenario se terminaba de armar para luego brindar un festival a cargo de algunas bandas como Militantes del clímax, Klan y Asterisco. Antes de que la marcha llegara a su fin, las grisáceas nubes y la llovizna habían concluido. El clima y el lugar de la concentración eran diferentes, pero el clamor de la protesta continuaba vigente. Al escenario subió Taty Almeida, representante de Madres de Plaza de Mayo, quien se expresó sobre la problemática que asedia a los jóvenes de los barrios más humildes del país: “Felicitamos a los que organizaron esta Marcha de la Gorra, que contrapone la gorra de los chicos y la gorra de los que son policías y todas aquellas fuerzas de seguridad. Recordemos a Santiago Maldonado y a todos los asesinados y desaparecidos por parte de las fuerzas de seguridad”. Al calor de aplausos y cantos, el reclamo persistió con el fin de hacerse escuchar en alguna parte del imponente Congreso. “Claramente, hay una política de las fuerzas de seguridad mucho más represiva en las protestas, en las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y en los barrios, por eso queremos visibilizar este problema. La violencia institucional no empezó ahora, pero sí hay un recrudecimiento muy importante que creemos que hay que denunciar”, indicó Lutvak, presidente de la FUBA.
Un pibe muere cada 25 horas por gatillo fácil, según un informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).
Otro de los familiares de víctimas de violencia institucional que protagonizó la movilización fue Nicanor, padre de Marcelo Bogado, quien fue asesinado por el sargento César Luis Díaz, el 26 de mayo de 2004, en el barrio de Villa Tesei. “Desde que murió mi hijo, pasaron tres años para que se iniciara el juicio. Sin embargo, el asesino se fue de la sala de audiencia con solo haberle prohibido, durante dos años, la portación de arma. Eso terminó de quebrar a la familia, sufrimos mucha impotencia y bronca”, dijo Nicanor a ANCCOM. Bogado tenía 20 años cuando sucedió el crimen. Había terminado de trabajar y se encontraba en un pool cuando cuatro personas ingresaron al lugar buscando a alguien. Al no lograr su cometido, se fueron pero regresaron a los veinte minutos, llevándose a Bogado en un Ford Escort, por un motivo que aún se desconoce y que las versiones policiales no hacen más que contradecirse. En el viaje, un patrullero seguía a los jóvenes y los obligaron a bajarse con las manos en la nuca. Pese a las declaraciones de la policía, Bogado fue esposado y luego, agredido de gravedad. Finalmente, mientras el adolescente explicaba, arrodillado, que no tenía nada que ver con la confusa situación, el sargento Díaz le pegó un tiro en la nuca y otro en la frente. “Si hay algo que aprendí de CORREPI es que no solamente un policía reprime, tampoco dos o tres, sino toda la institución es la culpable. Es importante que estemos organizados por nuestra condición de trabajadores y de vulnerabilidad, y por lo tanto, con la posibilidad de ser reprimidos”, señaló Nicanor.
Otro ejemplo de vulnerabilidad, frente los constantes ataques policiales, lo constituye la villa 1.11.14. Hace algunos meses, Mónica, la maestra secretaria de la Escuela Infantil N°6 del Bajo Flores, le contó a ANCCOM lo siguiente: “Es muy habitual la muerte de chicos por la zona. Si no mueren en un tiroteo que se da entre bandas, se da por intervención policial o por el juego perverso con las armas”. Mientras que Dolly Demonty, madre de Ezequiel, quien fue detenido ilegalmente y luego torturado y asesinado por la Policía Federal en 2002, dijo: “La violencia institucional, por parte de las fuerzas de seguridad, está muy complicada en el barrio. Acá la Policía mata a los pibes como si fueran pajaritos, no los detienen. Algunos justifican ese accionar pero hay que darles una oportunidad de vida a los pibes para que cambien”.
La Marcha de la Gorra no solo tiene como objetivo terminar de algún modo con la violencia y represión institucional, sino también enfrentar el discurso hegemónico que circula por los medios de comunicación. En tiempos donde se intenta reinstalar el debate sobre la “inseguridad”, con el consecuente pedido de mayor presencia policial y de reducción en la edad de punibilidad, la movilización intentó fijar otra mirada: desnudar a quienes abusan de su condición de poder para enfrentar y castigar la vulnerabilidad de los sectores populares. Al respecto, Nicanor, el papá de Marcelo, quien lleva una foto colgada de su cuello, expresó: “Prácticamente, desde el comienzo de la democracia, de 1983 a esta parte, hubo y hay personas con las que no contamos porque nos las arrebató el Estado terrorista, capitalista y represor. Hay algunos casos que se conocen, pero muchos más que no, porque los familiares no denuncian y no visibilizan el caso por temor a represalias”.
Actualizado 24/11/2017
Nov 23, 2017 | inicio, Trabajo
En la madrugada del sábado entró al Congreso Nacional el proyecto de Ley de Reforma Laboral impulsado por el Gobierno. Los 127 artículos que lo componen son el resultado, luego de varios borradores, de un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT), tal como hicieron ver ambos sectores tras un breve encuentro en la Sociedad Rural.
De acuerdo con las apreciaciones de diversos abogados laboralistas consultados por ANCCOM, esta reforma es un retroceso en materia de derechos laborales. Más allá de que gran parte de lo propuesto desde el Poder Ejecutivo no ha llegado al proyecto definitivo, esta ley constituye una cuarta reforma laboral en línea con las anteriores: la de la última dictadura, en 1976; la del menemismo en 1993; y la célebre Ley Banelco, bautizada así por el pago de coimas para su aprobación, durante el gobierno de la Alianza, en 2000. “Cada vez que el poder económico detenta el poder político aparece una reforma laboral, es de manual”, advierte Luis Ramírez, vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL).
Según los expertos en la materia, si se trata de enumerar los principales cambios que introduce esta reforma, se debe hablar de los siguientes:
Indemnizaciones. Se busca modificar el cálculo para indemnizaciones por despidos sin causa. Actualmente, se suma un sueldo normal y habitual por año trabajado. Lo que se pretende a partir de esta nueva ley, es que los montos extra percibidos, tales como premios, viáticos, comisiones, aguinaldo, o importes especiales como telefonía celular o prepaga, no formen parte de ese cálculo, rebajando así el importe de las indemnizaciones. El borrador inicial también pretendía quitar a esta suma las horas extras.
Trabajo en negro. Se impulsa un blanqueo en el cual se perdonará a los empleadores el cien por ciento de los aportes y multas adeudados por no haber registrado debidamente a sus trabajadores si los ponen en blanco durante los primeros 180 días a partir de la reglamentación de la ley. Luego de esos 180 días, el descuento será del 70 por ciento. Además, se les perdonará el delito de evasión fiscal con la extinción de la acción penal. “Este gobierno va a tener un récord en perdonar delitos fiscales y penales tributarios. Ya lo hicieron con el blanqueo de la plata que vino del exterior”, comenta León Piasek, abogado y parte de la comisión directiva de la AAL. “Hay una cosa muy grave –aclara Piasek-: si trabajaste diez años en negro, al empleador le perdonan todo, pero como trabajador solo vas a poder acreditar cinco años de cómputos de servicio. La filosofía del proyecto tiene que ver con una ampliación de ganancias, no de derechos”.
Reclamo solidario. Quienes trabajan en empresas tercerizadas, como por ejemplo los trabajadores de limpieza de una clínica, los telemárketers que venden seguros o el personal de seguridad de un banco, generalmente son empleados de una firma más pequeña que es contratada por la empresa principal. La nueva ley busca reducir la cantidad de reclamos solidarios que efectúan los trabajadores a la principal, y dado que las tercerizadas son, en general, empresas menos solventes, esto reduce los derechos del trabajador que está en esas condiciones. “Esto era un reclamo de las grandes empresas, que quieren tercerizar y olvidarse”, dice Julián Hofele, abogado laboralista. Y agrega: “Muchos pretendíamos aumentar la protección del empleado en este punto y acá lo que se hace es avanzar en sentido contrario”. Ramírez, a su vez, define que “la tercerización es la vedette de toda reforma laboral. A partir de los 70, con la globalización, el concepto de empresa cambia y se abandonan las reglas del fordismo. Se hacen necesarias empresas más chicas y adaptables a un mercado que fluctúa. Es decir, un núcleo de trabajadores bien pagos y tercerización de todo lo demás. Pero para que este esquema cierre bien, tienen que poder subcontratar todo lo posible y no asumir ninguna responsabilidad”.
“Esto se quiso hacer en Italia y España y fracasó», comenta Piasek, abogado y parte de la comisión directiva de la AAL.
Pasantías. El proyecto mantiene casi intacta la propuesta de que estudiantes trabajen hasta 30 horas semanales a cambio de una “asignación estímulo” no remunerativa, es decir, no afectada por descuento de aportes, jubilación, ni obra social. Según Hofele, “ese tipo de pago no existe en términos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.
Fondo de cese laboral. Se intentará discutir en cada actividad, la creación de un instituto que vaya recibiendo los aportes mensuales de los empleadores para crear un fondo con el cual se pagarán las indemnizaciones. Según Hofele, esto tiene muchas consecuencias negativas. “El costo de despedir pasa a ser nulo, porque ya se fue pagando. Hoy, en general, no se despide por el costo que esto genera. Además es importante pensar que si una actividad entra en crisis, no va a ser posible afrontar todas las indemnizaciones juntas”, afirma.
Trabajo independiente. Se impulsa una nueva categoría laboral, amparada por los cambios tecnológicos y la cantidad de profesionales que trabajan desde sus domicilios. Se habla de “autónomos económicamente vinculados” que no estarán amparados por la Ley de Contratos de Trabajo si hasta un 80 por ciento de sus ingresos provienen de un empleador. También se crea la figura del “trabajador independiente con colaboradores”. Según Piasek, esto va a significar un crecimiento de la contratación fraudulenta, pero legalizada. “Hay muchos profesionales precarizados ya, y esto va a empeorar ese cuadro. Esta figura va a ser excluida de la Ley de Contratos de Trabajo porque se queda a mitad de camino: o sos autónomo o sos dependiente”, argumenta. Y agrega: “Esto se quiso hacer en Italia y España y fracasó. Es un camino para no registrar empleados, mientras dicen que buscan trabajo registrado”.
Banco de horas. Si bien no llegó al proyecto definitivo, la propuesta era que, en vez de trabajar horas extras, el empleado se quede una cantidad de horas mayor cuando el empleador lo requiera, según su necesidad, y sean “devueltas” trabajando menor cantidad de tiempo otro día “menos productivo”.
“Lanzaron una reforma laboral de máxima: la cultura del patrón expresada violentamente en una ley”, evalúa el abogado laboralista Fernando Gómez. “El Gobierno tiene una política extorsiva: algunas cosas se van a probar por ley pero la gran mayoría las van a conquistar en la discusión convenio por convenio, como hicieron con Vaca Muerta y Sancor”, sostiene. Por otra parte, el letrado está convencido de que la flexibilización empezó en el momento en que empezaron a subir los niveles de desempleo. “Aquella foto de los pibes buscando trabajo en la Expo Joven no fue un error, fue una muestra de poder de la cultura patronal que hacía ver la cantidad de gente que está dispuesta a aceptar cualquier tipo de condiciones de trabajo”.
“Lanzaron una reforma laboral de máxima: la cultura del patrón expresada violentamente en una ley”, evalúa el abogado laboralista Fernando Gómez.
Gómez, Ramírez y Piasek están de acuerdo en que reducir el costo laboral a las empresas no generará empleo, hecho que se ha podido comprobar en casi cien países y en la Argentina reciente. “Menem, a pesar de las medidas híperflexibilizadoras, llevó el desempleo al 25 por ciento. Hay que tener memoria y evaluar experiencias pasadas”, aconseja Ramírez. “Por si sola, esta reforma no va a generar ni un solo puesto de trabajo. El empleador toma gente si confía en el futuro, mirando las variables macroeconómicas, y no porque sea más barato el despido”, concluye.
Horacio Meguira, abogado laboralista y Director del Departamento Jurídico de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), dice que le cuesta entender el papel de la CGT en esta negociación. “Después de las grandes movilizaciones populares que hubo desde febrero de 2016, marchas federales, huelgas conjuntas, 300 mil personas en las calles, estos tipos hoy se sientan a negociar. Esto va a traer un reactivo. Hay ocho filiales de CGT que se declararon en contra de esta reforma laboral y desautorizaron al triunvirato”, relata.
Cabe destacar que en el Título VIII del proyecto de ley, aparece la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET). Tal como anticipó ANCCOM, este será el ente que definirá la canasta básica de prestaciones del sector público de salud y además definirá la Prestación Mínima Obligatoria (PMO) de las obras sociales y medicina prepaga. Esta sería la moneda de cambio con la cual el Gobierno consiguió el apoyo de la CGT, ya que las obras sociales sindicales necesitaban de esta agencia para reducir las prestaciones básicas y así reducir los costos en sus entidades.
Nicolás Kreplak, ex viceministro de Salud de la Nación, opina al respecto: “En vez de disputar la mejora de sueldos para que haya más aportes a obras sociales, prefieren reducir el PMO”. Y agrega: “La creación de AGNET ya pasó por el congreso y no obtuvo dictamen en la Comisión de Salud del Senado para debatirla. Ahora la meten dentro de este proyecto, con el aval de la cúpula de la CGT porque, como dice el dicho, la única forma de esconder un elefante es metiéndolo en una manada de elefantes”.
Se espera que el proyecto de Ley de Reforma Laboral comience a ser tratado en la Comisión de Trabajo y Previsión de la Cámara alta durante esta semana.
Actualizado 23/11/2017
Nov 22, 2017 | Comunidad, inicio
Es uno de los ejes de la etapa de “reformismo permanente” que de Cambiemos inauguró tras el triunfo electoral de octubre y apunta en forma directa a uno de los núcleos del electorado macrista: los jubilados. La reforma previsional que impulsa el Gobierno ya comenzó su periplo parlamentario rodeada de críticas e interrogantes. ANCCOM desglosó los ejes de la iniciativa con el director general del Centro de Economía Política en Argentina (CEPA), Hernán Letcher, para quien el proyecto -en una lectura global con el resto de las reformas- tiene como principal objetivo “transferir ingresos a las grandes empresas”.
“El financiamiento para todas las modificaciones y reformas que propone el Gobierno está concentrado en los jubilados y en la reducción de los recursos para el Tesoro”, sintetizó el especialista.
Uno de los puntos centrales de la reforma previsional es la modificación en la fórmula para calcular el aumento de las jubilaciones: se reemplazaría la movilidad por el cálculo de la inflación que para, marzo de 2018, tomaría la variable de precios de julio agosto y septiembre de 2017 (que estaba en el orden del 5% aproximadamente). “Esto significaría entre 85 mil millones y 100 mil millones de pesos de pérdida”, sostuvo Letcher. Con respecto al Tesoro, “la pérdida sería de aproximadamente 140 mil millones de pesos”.
“El objetivo principal es transferir ingresos a las grandes empresas. Todas las medidas tienen que ser financiadas de alguna forma. Ahí entra la reforma previsional que reduce lo que tiene que ver con el pago de jubilaciones y la transferencias por asignaciones universal por hijo y salario familiar”, completó.
La reducción de cargas patronales es otro dato saliente derivado de la reforma. Desde CEPA estimaron un recorte de 42 mil millones de pesos, en base al primer borrador que hizo circular el Gobierno.
Letcher también llamó la atención sobre la retracción del porcentual que retenía ANSES por coparticipación. “Hay que tener en cuenta que el año próximo hay tres puntos de retracción de ese 15 por ciento que se quedaba el ANSES de la plata que era coparticipable. En su momento, la Corte (Suprema de Justicia) dijo que no se hiciera. Finalmente (el ministro del Interior, Rogelio) Frigerio acordó con las provincias y les devolvió tres puntos porcentuales por año, que serían 15 mil millones por año, que dejaría de cobrar la ANSES. El CEPA estimó que podría llegar a tener “un aumento en la recaudación por blanqueo de personal de entre 15 y 18 mil millones de pesos”. Según esa secuencia de cálculos, “la ANSES estaría en 5 mil millones de pesos arriba de lo que tiene hoy”. Y agregó. “Allí podrían cerrar los números”.
El fantasma de un posible retorno al sistema de administración privado volvió a formar parte de la discusión. “Estamos en una etapa previa ya que el conjunto de la sociedad todavía cree en el sistema previsional público”, evaluó el director del CEPA.
No obstante, Letcher advirtió que las recurrentes menciones por parte del Gobierno del estilo ´la plata no alcanza´, o la ´ANSES no da para más´, son algunas sugerencias, facilitadoras de ese debate clausurado. “Todas esas expresiones tienden a plantear que tiene que haber jubilados con beneficios y otros de segunda calidad. La eliminación de lo que fue la moratoria jubilatoria va en el mismo sentido”, agregó Letcher. Y advirtió: “Se viene una segunda etapa en donde se plantearía de manera abierta el sistema previsional privado con capitalización individual. El espíritu es romper el vínculo intergeneracional”.
El miércoles 9 de agosto jubilados y jubiladas concentraron en la puerta de ANSES, reclamando al gobierno por sus derechos.
Actualizado 23/11/2017
