La peor manada

La peor manada

El diccionario define a una jauría como un conjunto de perros que participan en la caza dirigidos por una misma persona. En el Teatro Picadero –todos los domingos a las 18- Jauría es una obra teatral documental que representa el juicio a los autores de una violación grupal.

El 7 de julio de 2016 fue uno de los días en que se celebró la reconocida Fiesta de San Fermín en Pamplona, España. Allí, una joven conoce a un grupo de chicos. Son cinco y se hacen llamar La manada. Ella está sola de noche en una fiesta. Los varones se ofrecen a acompañarla a su auto. En el camino uno logra acceder al palier de un edificio, la meten allí y la violan. Cuando terminan, abren la puerta y se van, como quien finaliza un trámite en el banco y continúa con su día. Para ella, el día no prosigue con tanta ligereza.

 Jauría, escrita por Jordi Casanovas y dirigida por Nelson Valente, es una ficción documental que fue creada a partir de las transcripciones del juicio que tuvo lugar entre 2017 y 2019, con fragmentos de las declaraciones de acusados y denunciante publicados en diversos medios de comunicación. La pieza teatral es potente y movilizante; el clima de tensión sólo afloja cuando los actores se toman de las manos y realizan el saludo final.

El espectador aplaude cuando recuerda que está sentado en la butaca de un teatro y que hay un elenco y un equipo de producción que ha realizado un gran trabajo, si fuera por la trama de la obra no habría nada por lo que celebrar. “Hay cosas que no permitimos más, pero ello no significa que hayan dejado de existir”,  recuerda ante ANCCOM Vanesa González, la protagonista, quien disfruta mucho realizar la obra ya que le permite combinar su trabajo con el mensaje que quiere transmitir: que escuchen a las mujeres, que las respeten y que se hagan cumplir sus derechos.

Sobre una cuestión muy fuerte y sensible, la obra encuentra una forma cuidada y delicada de narrar los hechos y transmitir un mensaje. “En el momento de la puesta, la decisión fundamental fue la de tener dos relatos en paralelo. Hay uno que se lleva adelante a través de las acciones de los cuerpos y otro que tiene que ver con el texto. En ningún momento los relatos coinciden, nunca pasa lo que están contando. Esto nos permite una sutileza en el momento de abordar el tema”, comenta Valente.

De todas formas, la obra es punzante; que los hechos representados hayan ocurrido fehacientemente no le permite al público resguardarse en el mundo posible de la ficción. “La primera vez que leí el documento que describe detalladamente lo que ocurrió, se me revolvieron las tripas”,  afirma Vanesa González, la protagonista de Jauría, y agrega: “Es imposible que no te pase algo en el cuerpo al enfrentar un tema como este”. 

Con escasa escenografía, la disposición espacial es apropiada por los actores. Los hombres se mueven de acá para allá a gusto y piacere, con la soltura de cualquier grupo de varones que se ve envalentonado por el manto protector del patriarcado. Ella está sola, sus movimientos oscilan entre la rigidez y el miedo, quiere que todo pase rápido para que termine de una vez. Vale preguntar, ¿se acaba en algún momento el daño realizado y el horror percibido? La obra se construye en el cruce de las dos interpretaciones: ellos convencidos de que no hicieron nada y ella llegando al punto de dudar si habría tenido algo de responsabilidad en el asunto.

La riqueza de Jauría radica en su capacidad de incomodar al espectador, de ponerlo en jaque; logra despertar preguntas que algunos creíamos haber deconstruido y pone sobre la mesa el hecho de que aún hay mucho por trabajar. “Es una obra muy fuerte porque viéndola uno se da cuenta de cómo está formateado. ¡Le pedimos reacciones a una víctima!”, agrega Valente.

Una mujer sola en una fiesta que no se negó, que no gritó, que no escapó; que besó a un hombre al que después denunciaría porque besar no significa querer tener relaciones sexuales con cinco; que se quedó ahí para que todo terminara lo antes posible; que cuando le preguntaron qué le había pasado dijo que le habían robado el celular -lo cual era cierto- porque no pudo contar la totalidad de lo que había sucedido.

Sobre esta cuestión, Vanesa comenta: “Yo creo que la obra es noble porque alza las voces tanto de los abusadores como de la denunciante y de los abogados y eso invita a pensar, a cuestionarnos, a revisarnos. No hay una bajada de línea”. En el mismo sentido, Nelson dice: “La obra está buenísima para abrir preguntas: ¿cuánto de este tema tengo superado? ¿Cuánto de este tema tengo claro?”.

En la sala, una señora se seca las lágrimas, otra le susurra algo al oído a quien tiene al lado, un señor pronuncia un sonido inentendible; que el público esté sentado y quieto no significa que no esté movilizado. La interpelación emocional al espectador es ineludible porque los perros cazaron a su presa, se pararon en dos patas y salieron caminando. Esta vez la lucha feminista pisó más fuerte y ladró más alto que los integrantes de La manada; logró remover los cimientos del consentimiento, la normativa legal española en cuestiones de violencia sexual y las creencias aprendidas por cada uno que se sienta a vivenciar la obra.

Piezas teatrales como Jauría son necesarias para no olvidar que estos hechos aberrantes existen y que es urgente el cuestionamiento y problematización de nuestras prácticas y creencias sociales si queremos vivir en un mundo digno y habitable para todos.

La ley “pornovenganza” sigue cajoneada

La ley “pornovenganza” sigue cajoneada

¿Qué pasá cuando se exhiben fotos en la web sin consentimiento? Este tipo de acción ¿lo contempla el actual Código Penal como un delito? ¿Cuáles son los proyectos de ley vigentes que se ocupan de la cuestión? Anccom charló sobre el mal llamado delito de “pornovenganza” con Marina Benítez Demtschenko, abogada especializada en delitos informáticos con perspectiva de género y Directora de la Fundación Activismo Feminista Digital.

En junio pasado, en Argentina se dio un fallo catalogado como ejemplar en materia de delitos informáticos. Patricio Poli resultó sentenciado a cinco años de prisión efectiva, pero su condena no fue por haber difundido imágenes íntimas de su expareja, como circuló por infinidad de medios, sino por violencia de género, física y psicológica. El cargo: “Coacción y lesiones leves calificadas”.

La  mal llamada “pornovenganzaes la difusión no consentida de imágenes o videos íntimos en redes sociales, servicios de mensajería instantánea y cualquier tipo de medio social donde se comparte información y se encuentra tipificado la Ley Penal Argentina como un tipo más de extorsión. Por otro lado, se distingue del llamado “sexo extorsión”,que ocurre cuando una persona es amenazada y debe dar dinero o hacer algo a cambio de que no difundan imágenes íntimas.

El término “pornovenganza” o “revenge porn” para referirse a este delito es equivocado. La pornografía es una práctica consensuada que no busca el sometimiento de la otra persona ni su humillación. La idea de “venganza” apunta directamente a la víctima, ya que este concepto está vinculado a una suerte de merecimiento por parte de la misma. Sin embargo, cuando hablamos de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, aún no hay en nuestro país una figura lo contemple como un delito específico. 

Si bien no existen estadísticas oficiales, la Asociación de Lucha contra el Cibercrimen (AALCC), en un informe presentado en 2019, determinó que este delito afecta en un 87% a mujeres y adolescentes. Durante el periodo 2016-2018 se incrementaron un 20% las denuncias de difusión de material íntimo sin consentimiento. En ese lapso hubo 650 denuncias por “pornovenganza” y 3.500 por “sexo extorsión”. 

Perspectiva de género 

El 23 de julio del 2020, el Senado de la Nación dio  sanción a un proyecto de ley para regular la difusión no consentida de imágenes íntimas. La iniciativa fue elaborada sobre la base del proyecto de ley de la senadora por Santiago del Estero, Claudia Ledesma Abdala de Zamora (Frente de Todos), donde se tuvo en cuenta el proyecto de la senadora por Tucumán Silvia Elías de Pérez (Juntos por el Cambio). Dicha sanción pasó a la Cámara de Diputados, pero luego no fue sometido a debate parlamentario, por lo que continúa pendiente de tratamiento en la Cámara Baja.

En diálogo con ANCCOM, Marina Benítez Demtschenko puso bajo la lupa el tratamiento del problema: “Técnicamente, todos los proyectos son espantosos, adolecen de falencias que son preocupantes y  terminan siendo muy desprotectores en el caso en que se conviertan efectivamente en ley. Lo que no se tuvo en cuenta a la hora de redactar estos proyectos, es  que en este tipo de delito, se requiere de una inmediatez absoluta y que no puede ser tratado de la misma manera que la violencia física; el contenido es imposible de bajar de la web, el agresor es omnipresente y existen otros agresores potenciales que son quienes difunden el material”. 

El antecedente en Latinoamérica para este tipo de delitos es la Ley Olimpia, de México. Su nombre proviene de una mujer que fue acosada virtualmente luego de la viralización de material audiovisual íntimo sin su consentimiento. Dicha  norma busca tipificar este tipo de situaciones y prevé una condena de hasta 6 años de prisión y multas económicas.

“Un error garrafal del último proyecto debatido en el Senado es que es un copiar/pegar de la Ley Olimpia de México. Se deben tener en cuenta las características de nuestro país en materia informática. Lo que hace esta ley es enmarcar el concepto de violencia digital directamente relacionado a la difusión no consentida de material íntimo y esto se trata de una problemática mucho más omnicomprensiva que supone otros comportamientos y conductas dañosas hacia las mujeres”, aclara la también directora de  Activismo Feminista Digital.

En nuestro país,  la regulación mexicana fue tomada como modelo en 2019 por la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. En la misma, se propuso modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y los mexicanos aprobaron la ley  en una sesión histórica con cuatrocientos votos a favor y cero en contra. 

 El proyecto vigente define la violencia digital como “actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos e información privada, difusión de contenido sexual sin su consentimiento, textos, fotografías, videos y/o datos personales (…) o cualquier otra acción que sea cometida a través de Tecnologías de la Información y la Comunicación (…) y atente contra la integridad, la dignidad, la vida privada o vulnere algún derecho humano de las mujeres”. 

“Quieren incorporar a este delito bajo lo que se denomina de instancia privada, lo que supone que quien denuncia en medio de la desesperación de una viralización tenga que impulsar toda una investigación. Si de verdad queremos que este tipo de conductas se penalicen, hay que tener en cuenta la brecha al acceso a la justicia que tenemos las mujeres y lo que conlleva hacer una denuncia de este tipo. No se puede copiar/pegar y hacemos notas solo para la agenda mediática sino que se tiene que llevar adelante este tipo de proyectos conociendo bien la problemática”,  explica Demtschenko.

¿Cómo es la legislación en otros países?

Aunque no hay una figura ni pena común, desde 2014 algunos países que han avanzado en legislaciones para penar la difusión no consentida de imágenes íntimas. Entre otros: Israel, Japón, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, España, Nueva Zelanda, Alemania, Filipinas, México, Brasil, Perú y Puerto Rico.

Hace siete años, Israel se convirtió en el primero del mundo en incorporar a su Código la figura de “pornovenganza” como delito. De esta manera, el delito se catalogó como crimen sexual y a las personas afectadas como víctimas de abuso sexual. Se modificó la ley sobre acoso sexual y se incluyeron penas de hasta cinco años de cárcel.

Las sanciones no siguen un criterio unívoco.  Alemania impone multas. Reino Unido, Irlanda del Norte y Nueva Zelanda aplican sanciones penales; Brasil y Canadá establecen responsabilidades indemnizatorias del tipo civil. España aplica penalidades privativas de libertad y multas, y agravantes en atención a circunstancias personales del hecho y de la víctima. Perú contempla también imponer medidas de prisión, con agravantes para los funcionarios públicos y Puerto Rico sigue la misma línea.

Mientras tanto, los diputados nacionales  siguen bailando un eterno minué en medio de una campaña electoral en donde se discute si está bien usar el término “garchar”. a propósito de la frase de Victoria Tolosa Paz. 

Las víctimas se multiplican a falta de sanciones efectivas porque sin penas no existe seguridad ni protección ante hechos de violencia machista mediados por la tecnología. Antes de comenzar la pandemia el 87% de las agredidas eran mujeres y muchas adolescentes. Las expectativas de los próximos relevamientos no son alentadoras.

Los derechos humanos en pandemia

Los derechos humanos en pandemia

Amnistía Internacional publicó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, con su balance de 2020 a marzo de 2021. ANCCOM conversó con referentes de instituciones y organizaciones defensoras de los derechos humanos en Argentina sobre la situación en el país.

Que el covid-19 haya dejado en evidencia problemáticas preexistentes y que las haya profundizado no es ninguna novedad. La llegada de la pandemia agravó de manera considerable la economía de nuestro país, como así también lo hizo con el resto del mundo. Al comenzar 2020, el continente americano era la región más desigual del mundo. Luego de iniciada la pandemia, la situación empeoró significativamente, sumando 22 millones de personas en la pobreza y 8 millones en la pobreza extrema. Según datos publicados por el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina), en diciembre del año pasado el 40% de la población del país vivía bajo la línea de la pobreza y el índice de desempleo trepó al 11%. 

Como señala el informe, las medidas tomadas para frenar la propagación de la pandemia impactaron en la vulneración de algunos derechos. En Argentina se advierte un aumento de la violencia contra mujeres y niñas -según datos relevados en 2020 se cometieron al menos 298 femicidios-; proliferación de denuncias por desapariciones forzadas; abusos por parte de los Estados; vulneración de los derechos de las comunidades indígenas, de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo; como así también quebrantamiento de los derechos sexuales y reproductivos.  

Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional Argentina, afirma que desde la organización estuvieron alertas sobre los distintos impactos de la crisis de la pandemia. “Desde Amnistía relevamos más de 30 casos de violencia institucional durante el 2020. La mayoría tuvieron relación con las medidas restrictivas y de control del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO). Si bien sabemos que la violencia institucional no es un problema exclusivo de la pandemia y es algo histórico en nuestro país, el aumento de facultades a las fuerzas policiales, sobre todo en el ASPO, incrementó el problema”, asegura. El informe relata los incidentes ocurridos en la provincia de Formosa, el 5 de marzo de 2021. Allí describe que las fuerzas de seguridad reprimieron de forma violenta a manifestantes que salieron en protesta por las medidas restrictivas que estaba tomando la provincia. Según datos relevados por Amnistía, más de 100 personas resultaron heridas y 80 detenidas. Se difundieron imágenes de heridos de bala de goma en múltiples lugares, impacto en ojos, cara, pecho y brazos. Como así también denuncias de golpes mientras estaban siendo detenidos, estando ya reducidos. 

«La violencia institucional se incrementó en el ASPO», dice Garone.

La pandemia además impactó de lleno la situación de los migrantes y refugiados. “En Argentina hicimos una encuesta a principio de la pandemia respecto al acceso de migrantes a asignaciones sociales o al ingreso familiar de emergencia (IFE) y sólo un 20% de pudo acceder al IFE”, afirma Garone y agrega como algo positivo la derogación de un DNU del año 2017, que modificaba la Ley de Migraciones, introduciendo reformas regresivas en términos de derechos de personas migrantes. 

Respecto al aumento de la violencia a mujeres y niñas por el aislamiento, la línea 144 de denuncias aumentó un 39% del promedio diario de sus llamadas, correspondiendo el 89% a casos por violencia doméstica. Nora Schulman, directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de los Derechos del Niño, asegura que hay una cifra que no es transparente respecto a los abusos sexuales infantiles. “El encierro, no poder salir, ha provocado que no puedan conectarse con el afuera y no pueden contarle a nadie lo que les pasa. Se ha vuelto tan intradoméstico que no se lo pueden contar a nadie”, asegura. Entre 2018 y 2019, según un informe publicado por UNICEF, 46% de los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes sucedieron dentro del hogar de la víctima, el 5% en la vivienda de un familiar y el 90% de los agresores son de género masculino. “Lo que falta en la Argentina son lugares de atención”, asegura Schulman y agrega que muchas veces las niñas víctimas de abusos sexuales hacen la denuncia, pero se ven movilizadas dentro de un sistema que no logra atenderlas de la manera que correspondería: “No puede ser que una niña que es víctima de un abuso sexual haga una denuncia, vaya al hospital y no la atiendan, después la mandan a un juzgado y del juzgado la mandan a otro lado. Al final, hay casos de niñas que ya no quieren hablar más: ´Ya lo conté un montón de veces´, dicen. Todo esto se ha agudizado muchísimo como problema”. 

A las situaciones de abuso también se le suma la distribución desigual en las tareas de cuidado. Según los datos relevados, el 64,1% de las tareas domésticas fueron realizadas por mujeres, como así también las tareas de apoyo escolar y de cuidado de personas, siendo estas el 74,2% y 70,3% respectivamente. Sobre esto, Schulman afirma que aumentó considerablemente el doble trabajo. Sumándole al trabajo formal el doméstico. Según datos del informe, el trabajo no remunerado doméstico y de cuidados representaría el 16% del producto bruto interno si fuera remunerado. “Al estar más tiempo en casa, se las carga más de responsabilidades domésticas: darle de comer al hermanito, ayudarlo con los deberes y los quehaceres de la casa son trabajos que desde hace muchísimos años se les atribuye a mujeres y niñas”, cierra. 

Según el INDEC, la pobreza en la Argentina superó el 40%.

Respecto de los derechos de las comunidades indígenas el informe resalta que estos grupos fueron una de los más afectados, profundizando su situación de vulnerabilidad y discriminación. Durante el último año, Amnistía Internacional registró más de 20 casos en los que las comunidades indígenas se vieron afectadas en sus derechos, sumándose a más de 200 casos que vienen registrándose en los últimos años. Claudia Gotta, secretaria Nacional de Pueblos Originarios de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en la Regional Rosario, asegura que es una deuda histórica la situación territorial de las comunidades. Si bien se puso en juego, desde el año 2006 la Ley 26160 -que declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país- demanda la necesidad de dar solución al registro de todas las comunidades y de los territorios de las comunidades para evitar los desalojos: “La situación territorial varía según el lugar del país en el que analicemos esta situación. De norte a sur se repiten los desalojos, los despojos y los saqueos de la mano del capital y del mercado, el avance del sistema neo extractivista implica para muchos de nuestros hermanos la amenaza constante a sus territorios. Por supuesto que la pandemia trajo consigo una situación mucho más agravante”. 

Durante 2020 el gobierno declaró a la minería como sector esencial, esto trae una gran preocupación dentro de las comunidades debido a los proyectos para extracción de litio. “En Salinas Grandes, las comunidades indígenas seguían exigiendo información sobre los posibles impactos de la minería en sus fuentes de agua”, asegura el informe. Noelia Garone advierte que en Jujuy reclaman por la falta de información adecuada para poder dar su consentimiento informado sobre posibles proyectos en sus comunidades. Sobre la situación socio-sanitaria, Gatto agrega que el avance del modelo hegemónico productivo está haciendo estragos en muchas de las territorialidades de las comunidades: “El modelo transgénico sojero no solamente ha garantizado la tala sistemática del monte nativo, sino que al avanzar con este modelo unívoco ha envenenado suelos y aguas”, asegura.

El informe rescata como buenas noticias la sanción de la Ley 27610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Sin embargo, también destaca las dificultades de acceso a derechos sexuales y reproductivos. Melina Ceccato, psicóloga e integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, advierte que desde su organización realizaron un relevamiento y se encontraron con que, en el contexto de pandemia, hubo un aumento de las barreras al acceso de derechos de salud sexual y reproductiva por varios factores. En primer lugar, la pérdida de sentido de la temporalidad. “Al principio de la pandemia parecía que el mismo día se repetía día tras día al estar en el confinamiento en las casas”, asegura. Como así también un retraso al acceso a métodos anticonceptivos por no estar incluidos como una prestación esencial en los efectores de salud. Agrega también una dificultad al acceso a estos métodos en los confinamientos que se hicieron en los hoteles, en donde se hacían seguimientos médicos a cada persona que se encontraba aislada, se proveían medicaciones prescriptas pero los anticonceptivos no estuvieron contemplados. Se produjo una demora en las consultas de salud sexual debido a las restricciones de circulación y al mismo tiempo, la dificultad debido a las brechas tecnológicas. “En muchos efectores de salud se comenzó a brindar información sobre funcionamiento y también atención a través de medios digitales y una gran parte de la población que no tiene acceso quedó por fuera de eso”, asegura Ceccato. 

En diciembre del año pasado Argentina renovó su compromiso en el marco del Acuerdo de París, que establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y otorga mayores compromisos a los países desarrollados, como mayores responsables de la crisis climática. Garone remarca que es un compromiso exigente, teniendo en cuenta que nuestro plan productivo económico sigue dependiendo de los combustibles fósiles, cuando la crisis climática requiere de un abandono de este tipo de combustibles por energías mucho más limpias y sostenibles. “La salida de la pandemia es una buena oportunidad para avanzar de manera definitiva en una acción coordinada entre todos los países porque la crisis climática es como la pandemia, no puede ser la acción de un solo país. Se necesita de una cooperación internacional entre todos los países, donde todos se comprometan a mejorar sus compromisos, y que lo hagan en la práctica”, cierra.

Cuando la literatura repara más que el Poder Judicial

Cuando la literatura repara más que el Poder Judicial

“¿Qué me importa más, que se declare culpable o que vaya preso? Yo soy la única que pone el cuerpo. Pero, ¿qué se supone que es reparación? ¿Olvidar, soltar, dejar atrás? ¿Se puede reparar un cuerpo como se repara una taza rota? ¿Se verán las fisuras? Los surcos que deja el pegamento seco, por fuera y por dentro, las marcas en la mente”, se pregunta la autora en Donde no hago pie, su nuevo libro de no ficción.

Periodista, escritora, licenciada en Ciencias de la Comunicación e integrante del colectivo Ni una menos, Belén López Peiró se cuestiona sobre los alcances de la reparación, que encuentra más en la literatura que en el Poder Judicial. Luego de siete años de la denuncia contra su tío, tras interrogatorios, audiencias y declaraciones, todavía no hay veredicto y el abusador sigue en libertad. Pero  através de su escritura, la autora logra hacer de la causa un problema político y social y exponer que los tiempos del Poder Judicial no contemplan los de la víctima.

Si en su primer libro, Por qué volvías cada verano, publicado en 2018, sacó a la luz el abuso sexual que sufrió en la adolescencia a manos de su tío, en esta nueva obra vuelve sobre el tema, pero ella misma ya no es la “buena víctima” de antes. “Muchas veces pasa que después de muchos años la víctima se presenta empoderada y eso no sirve. El jurado te tiene que ver como la nena inocente de 13 años”, dice en un pasaje de Donde no hago pie.

¿Qué querías contar en este segundo libro?

Es una crónica judicial y sucede a partir de la elevación a juicio de la causa penal. Quería narrar todos los procedimientos y las audiencias, plasmar mi investigación sobre qué es un juicio por jurados en casos de abuso sexual, puntualmente en la provincia de Buenos Aires, también contar qué pasa en un juicio abreviado, cuando el acusado se considera culpable y la pena es menor. Consideraba que debemos empezar a preguntarnos: ¿qué buscamos al denunciar? ¿Por qué denunciamos? ¿Qué es la reparación? Me di cuenta que había muchas cosas que no sabía y probablemente muchas otras personas tampoco cuando se embarcan en una causa judicial.

¿Qué sucede cuando se denuncia?

Eso es lo que cuento en mi libro, muchas veces se habla de la justicia argentina con eufemismos o se dice “bueno, viviste una situación y denunciá”. Que está bien, pero es importante que tengamos información sobre lo que va a suceder después. Y eso no tiene que ver con que no denuncies, sino con contar lo que va a pasar, en donde no hay una única salida, sino que hay muchas opciones. No considerar que la única reparación es el veredicto de un juez. Empezar a preguntar qué justicia queremos. Si queremos una que repare, pero también pensar qué es reparación para nosotras, esto puede ser acompañamiento, escucha, liberación, es decir, encontrar la manera en que nos sentiríamos mejor.

¿Encontraste en la literatura una forma de reparación?

Sí, la escritura es una forma de registro, una manera de contar parte de nuestra historia y me sirvió en ese momento para recordar, enumerar y darme cuenta la gravedad de los hechos. Sin dudas, la memoria y la experiencia son la materia central de mi escritura y es ahí, en la palabra, donde encontré un lugar donde apoyarme, y sentir que eran mis tiempos, que eran mis formas y era mi voz.

¿Por qué hay prejuicios hacia la víctima que denuncia?

Cuando denunciamos tenemos cierta esperanza, y creo que, en mi caso, después de tantos años ya no soy la misma, pude encontrar la reparación en la escritura y en mis afectos. La persona que se encuentra en un juicio después de tantos años no es la misma que cuando denunció. Sumado a que la cifra de que en la mayoría de los juicios por jurado en donde hubo una condena, las víctimas eran menores de edad o estaban muertas, entonces cuando somos mayores de edad aparecen los descréditos, pensar que se denuncia por venganza. Hay toda una serie de prejuicios que también están asociados a los estereotipos que es necesario romper.

«Sentí vergüenza, miedo, y después entendí que lo que importaba no era yo, no era mi historia, sino todo lo demás», dice.

Tu historia es personal pero también colectiva…

Sí, totalmente. Tanto en Donde no hago pie como en Por qué volvías cada verano, pongo de manifiesto que mi causa es una más de todas las que atravesamos, y que no tiene que ver con una familia, con un vínculo, sino que son estructuras de poder que se repiten y tienen en común que hay un victimario con cierto poder, cierta confianza, que se abusó de esa confianza, esa es la estructura que hay que desnaturalizar.

¿Pensaste que la publicación de tu primer libro podía influir en el juicio?

No. De hecho, tenía miedo a las cosas negativas, tenía temor, pero no el pensamiento de saber que me podía traer algo bueno. Al contrario, sentí que me estaba exponiendo, que me daba vergüenza, sentí miedo, y después entendí que lo que importaba no era yo, no era mi historia, sino todo lo demás.

¿Qué desafíos enfrentaste a la hora de escribir tu propia historia?

Uno de los principales desafíos que tuve como escritora fue ser investigadora y a la vez objeto de investigación. Lo que me pasó en Donde no hago pie fue investigar y crecer en cuanto al conocimiento a la par de los lectores, ir de a poco, también incluir infografías, búsquedas en Google, anotaciones en un cuaderno, pensando colectivamente. Todas las preguntas que me hacía en ese momento, las trataba en todas las reuniones de la comisión. En nuestra formación como periodistas y como comunicadores está ese requisito de objetividad, de poder distanciarnos de alguna manera, eso fue lo más difícil, por eso utilicé palabras del ámbito judicial –juez, acusado, denunciante y defensa–, para de alguna manera entender que la causa era mía, pero a la vez no, era una causa más del sistema penal que tenía que investigar, correrme y hacer a un lado las emociones para poder trabajar, editar y publicar.

¿Te imaginabas que Por qué volvías cada verano iba ayudar a muchas mujeres a romper el silencio?

Me parece que abrió paso a esta nueva literatura, donde las mujeres podemos poner temas que nos interpelan, que nos duelen, que son nuestras realidades cotidianas. Además, el género “no ficción” en Argentina está muy asociado a la denuncia, a la identidad, una larga tradición que también estoy formando parte. A su vez fue algo recíproco, porque hubo una red de mujeres que me ayudó a llevar adelante esta causa judicial. Desde la abogada a la Comisión de Abogadas Penalistas, las periodistas, comunicadoras, se unieron de alguna manera para acompañarme y pensar una causa judicial.

¿Qué importancia tiene la ESI en relación a los abusos?

Con mis libros me ocupo del durante y del después. En Por qué volvías cada verano cuento lo que fue para mí denunciar, contarlo en la familia y todo lo que sucede con romper el silencio, pero sí es importante que empecemos a ocuparnos de los temas antes. La única manera de ocuparnos es con la Ley de Educación Sexual Integral, porque se necesita información y la palabra de les niñes, poder darles voz. Fue muy importante para mí presentar el libro en las escuelas, donde les adolescentes puedan preguntarme las dudas que tengan, que puedan entender que ellos también pueden escribir, acercarlos a la palabra y además informarlos. Me parece que es una de las cosas más valiosas que podemos hacer por elles.

«Todavía sigo a la espera de una fecha de juicio oral», advierte.

¿A qué hace referencia el título del libro Donde no hago pie?

Por un lado, priorizo que sea un título literario, y que, aunque sea una historia real y un asunto fuerte que interpela, no deja de ser literatura donde hay todo un trabajo literario detrás. Por otro lado, Donde no hago pie hace alusión a todos esos espacios, laberintos judiciales y profundidades donde nos sentimos ahogadas y sin aire.

¿Cómo está hoy la causa judicial?

La pandemia entorpeció la causa como también entorpeció todas las causas del país. Todavía sigo a la espera de una fecha de juicio oral. El libro termina con el inicio de la pandemia porque me pareció que estaba bueno hacer un recorte, poder hablar de un período de tiempo y no tenía ni por qué terminar con la pandemia ni con un veredicto.

¿Qué otros trabajos estás haciendo?

Dicto talleres de no ficción con perspectiva de género, también estoy haciendo talleres de lectura y escritura en el centro cultural de España en Buenos Aires, es un lugar donde elijo autoras contemporáneas, que estén dando sus primeros pasos en la literatura, donde se narre Latinoamérica desde estas voces de mujeres con temas que nos interpelan de forma regional. Además, voy a dar un taller en junio para les alumnes de todas las carreras de Sociales de la UBA.

Si la Justicia es machista, que la reforma sea feminista

Si la Justicia es machista, que la reforma sea feminista

A menos de una semana de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, la celebración por las históricas luchas por los derechos de las mujeres terminará en un Paro Internacional Feminista. Mientras tanto, la justicia de la localidad de Malvinas Argentinas, en Córdoba, investiga si Kateherine Saavedra fue atropellada con un auto por su pareja el pasado domingo 28 de marzo. De confirmarse este hecho, la joven de 22 años sería otra víctima de un “noviazgo violento”.

 Durante este año, según el informe publicado por el Observatorio Lucía Pérez, se denunciaron 59 femicidios. Los casos de Úrsula Bahillo y Guadalupe Curual ponen en evidencia un patrón: mujeres que denuncian violencia de género y falta de respuesta del Estado y sus instituciones. Según el Observatorio mencionado, en 15 de los femicidios cometidos entre enero y febrero, las víctimas habían denunciado previamente a su agresor.

A seis años del primer “Ni Una Menos”

“Casos como el de Úrsula o Guadalupe resultan un punto de inflexión por sus características.  Son mujeres que toman conciencia de la violencia y hacen lo que se le reclama a la víctima, que es denunciar. Independientemente de los números estadísticos, lo que supone un agravamiento es que los mecanismos institucionales no funcionan y subestiman la situación de riesgo y peligro en que están las víctimas”, afirma Paula Rodriguez, periodista, escritora y autora del libro  Ni una Menos. 

Los femicidios de Úrsula y de Guadalupe pusieron en debate público, social y mediático el rol del Poder Judicial, con foco en los magistrados, fiscales e instituciones que deben tratar las violencias por cuestiones de género. 

“Estamos viendo un patrón que se repite. Las mujeres hacen las denuncias, piden protección y las instituciones no responden como deberían.  Desde 2015 hasta acá hay un cambio en la sociedad, no son las mismas historias que aparecen en el “Ni una Menos”, porque hay una conciencia del peligro e identificación de las violencias, que lleva a las víctimas a no quedarse pasivas. Lo que no hay es un acompañamiento ni reacción institucional ni comunitaria”, agrega Rodriguez.

Patricia Nasutti, mamá de Úrsula Bahillo frente a Tribunales.

 La agenda del gobierno y la del periodismo feminista por momentos coincide pero reclama más acciones concretas y políticas activas. La Ley Micaela sancionada en enero de 2019, que obliga a los funcionarios de los tres poderes y organismos públicos a capacitarse es sólo un punto de partida que no encuentra aún correlato en la práctica. 

El presidente Alberto Fernández insistió este 1 de marzo, durante la apertura de sesiones ordinarias, en continuar con la agenda por los derechos de las mujeres. Sostuvo que la batalla contra la violencia de género debe ser tomada como política de Estado. Asimismo, apuntó al rol desempeñado por el Poder Judicial para señalar la cultura patriarcal consolidada en sus funcionarios. “Se consuman sin que muchos jueces y fiscales hagan lo necesario para impedirlos”, sentenció.  

Este jueves la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aprovechó su declaración por la causa “Dólar Futuro” para insistir en el tema: “que se despabilen los argentinos de una buena vez por todas. El Poder Judicial incide todos los días en la vida de los argentinos, en las mujeres que masacran en femicidios espantosos cuando ustedes, como jueces y fiscales, se quedan sentados y no pasa nada, y no hacen nada”.

Rodríguez asegura que aún “no hay un trabajo en cambiarle la cabeza a la Justicia ni una mirada puesta en las víctimas. De todas maneras [la respuesta] no sólo se agota en lo judicial o punitivo, hay una serie de apoyos que deberían existir para que no se llegue a estos niveles de riesgo. La obligación de los Estados es evitar la repetición de los hechos de violencia, no solamente dar una respuesta punitiva o de vigilancia como las tobilleras electrónicas”.

Por su parte, la periodista Claudia Acuña integrante del Observatorio de Femicidios Lucía Pérez y de la Cooperativa lavaca, entiende que “Todo femicidio es evitable. Con una política activa y con los elementos que se pueden detectar a partir de la información que disponemos, podemos de alguna manera establecer muchas políticas y formas de evitarlos”.

3 de junio de 2015. Primer Ni una menos frente al Congreso de la Nación. 

“El Estado puede disponer de la red que está creciendo gracias a las mujeres que trabajan en organizaciones sociales, en sindicatos, en movimientos sociales, en cooperativas, en territorios, en comedores. Todo eso es un ejército que con capacitación y un sueldo podría estar dando batalla a las violencias, acompañando a esas mujeres y atendiendo esas situaciones, cosa que no puede hacerse a partir de una oficina  o una línea de teléfono”, propone Acuña.

“Este año hubo 15 mujeres que hicieron denuncias previas y que terminaron muertas. Ahí está el primer grito que nosotras escuchamos de reclamo en cada barrio y en cada ciudad del país, eso es lo que nos están diciendo esas cifras, no son cifras, son pedidos concretos de alarma que suenan y que nos están diciendo que algo está fallando en el enfoque general y que no es un tema de este gobierno, de aquel funcionario o aquella ministra, sino que es un tema sistémico”, agrega la periodista.

Empoderar a las mujeres

A diferencia de la gestión anterior, el gobierno de Alberto Fernández avanzó en la creación de un Ministerio de Mujeres y Diversidades, a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta, a través del cual se implementan el Programa Acompañar y el Programa Potenciar Trabajo, este último en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Sin embargo, las medidas resultan insuficientes y no conforman un plan integral contra la violencia de género.

El aumento en el número de casos recogidos este 2021 muestra que la paridad de género en los cargos electivos, entre otros derechos conseguidos por las luchas feministas no tienen un correlato con la deconstrucción de una sociedad machista que exige celeridad en la justicia y un trato no discriminatorio.

 

“El Estado argentino  anunció dos veces un Plan Integral contra la Violencia, la construcción de refugios y la unificación del registro de denuncias, inclusive hay un decreto que lo establece así. Y si bien, obviamente, creo que hay otra voluntad por cumplir con esta medida, también es cierto que son insuficientes. Construir refugios lleva años y necesitamos una solución ahora. Catorce refugios no dan una solución integral a este problema”, explica Acuña. 

Asimismo, remarca la necesidad de una alianza entre el Estado y las organizaciones sociales, entendiendo que esa red es la que va a garantizar poder llegar en tiempo y forma a los territorios y “eso significa también empoderar a las mujeres”, agrega. 

“El Estado tiene que abrir las orejas y los bolsillos, dar recursos y dar escucha. Escuchar que se pide especialmente por aquellas personas que sufrieron, porque son las que más conocen dónde está el sistema y dónde está hoy la clave para poder corregir las respuestas del sistema y después bajar los recursos”, completa Acuña.

Desde la primera marcha de “Ni una Menos” al 2021 hubo un cambio en la sociedad. Las mujeres ya no son pasivas ante la violencia machista y utilizan los recursos y herramientas disponibles para intentar contrarrestarla. El Estado y la Justicia parecen no estar a la altura de las circunstancias. Pensar una reforma política integral con perspectiva de género de estas instituciones es urgente.  

Los tiempos largos de la política y de la justicia no alcanzan. El caso número 60 de Katherine Saavedra confirma que las estructuras patriarcales anidadas en el poder son el principal problema.