Menos desempleo pero más trabajadores informales

Menos desempleo pero más trabajadores informales

A pesar del constante crecimiento del empleo que se da tras la pandemia, más de un tercio de los trabajadores argentinos no realiza aportes jubilatorios. Un problema que lleva cuatro décadas.

Según el último informe de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC ) sobre el segundo trimestre del año, el mercado laboral argentino  mostró un crecimiento en la generación del empleo público a la par de un aumento del trabajo “sin descuento jubilatorio”. Esta situación afecta a más de un tercio de la población económicamente activa. Más precisamente a un 37,8 por ciento de la población económicamente activa. Este proceso de informalidad laboral se viene produciendo desde los comienzos de los noventa. ¿De qué manera se puede revertir la tendencia negativa sobre una población diversa sin acceso a la seguridad social?

El trabajo no registrado comenzó a convertirse en una modalidad cada vez más común desde los comienzos de la democracia, época en que aparecen los primeros indicadores sociales,  sobre todo en sectores como la construcción, el comercio y trabajadoras de casas particulares, entre otros. Siguiendo las estadísticas oficiales del EPH-INDEC, al finalizar el primer gobierno democrático post dictadura de Raúl Alfonsín,  la informalidad laboral alcanzaba el 32% del total de los asalariados,  envuelta en un contexto de hiperinflación económica. Con la política de privatización llevada cabo por los gobiernos de Carlos Menem en la década de los noventa, el trabajo no registrado comenzó a ir en aumento hasta llegar a casi la mitad de la población trabajadora para los años 2001-2002.

Según la socióloga y Doctora en Ciencias Sociales Sandra Giménez, la tendencia negativa comienza a revertirse durante el periodo de pos convertibilidad: “Después con las políticas que se llevan adelante en el 2003-2015, baja pero no se logra erradicar. Hay un tercio de la población económicamente activa que va a seguir en el mercado informal. Eso  no quiere decir que la gente no trabaja, lo hace con actividades más de subsistencias, ese mundo del no registro, está el que sale a vender al tren, a la calle o sectores como trabajo rural, comercio, construcción, el trabajo en casa particulares”

La investigadora agrega: “Este sector de gente muy grande que compone el mundo de la informalidad es un mundo diverso. No lograron reducirlo más allá del 30%. Hoy tenemos paradojalmente que bajó la desocupación, pero el empleo que se crea no es el registrado. La pregunta ahí es cómo garantizamos que esa gente pueda satisfacer sus condiciones de vida, el acceso a la salud, los aportes jubilatorios. En treinta años vamos a tener un conjunto de gente que no va tener años de aportes para acceder a la jubilación”.

Según el economista, investigador del Conicet y docente emérito de la Universidad Nacional de Moreno, Julio Neffa, la modalidad del trabajo informal es afín a las crisis económicas del país. “El mercado de trabajo está muy relacionado con la macroeconomía. Si anda bien, va a bajar el desempleo y el trabajo en negro. Si hay estancamiento económico o muchas crisis hacen que la generación del empleo privado sea muy lenta. Estamos viviendo una situación de crisis estructural y el escenario se ha deteriorado después de la crisis internacional 2007-2008. Desde el 2011-2012 argentina tiene un crecimiento muy irregular, un año sube y otro baja”, expresó.

El empresariado argentino cumple un rol fundamental en las decisiones del acceso al trabajo formal por parte de la sociedad asalariada. “Los empresarios buscan reducir sus costos. Cuando un empleador elige no crear empleo en blanco, estable, regulado por la Ley del Contrato de Trabajo, con aportes, se ahorra alrededor de un 30% del monto de los salarios, están reduciendo sus costos salariales pero dejando a mucha gente en situación de precariedad”, dice Neffa.

“Al mismo tiempo, debilita la organización sindical. Porque si trabajan en negro, no pueden acceder a los sindicatos. Están en una situación de inseguridad muy grande, porque los pueden despedir en cualquier momento sin preaviso o indemnización. No tienen un sindicato que los defienda. Hay una serie de responsabilidades que van desde el gobierno, a los empresarios, a las organizaciones sindicales. Hasta que no haya una política de crecimiento económica, no se van a crear ni ampliar empresas ni habrá muchas posibilidades de generar empleos en blanco”, agregó.

Según Neffa, primero tendría que haber un plan de estabilización que frene la inflación actual y segundo hacer un plan de desarrollo nuevo, ya que el último que hubo en el país fue el del año 1973. “Después de ahí nunca más hubo un plan, porque si un gobierno hace un plan tiene un objetivo y tiene que tratar conseguirlo, sino tiene un plan anda a la deriva y nadie le puede decir que no cumplió. Para los gobernantes les da libertad pero es una catástrofe para la sociedad”, manifestó.

Siguiendo la línea de los cambios necesarios, la socióloga Giménez plantea que no solo es suficiente con políticas de ingresos, sino también, una transformación cultural sobre lo que consideramos “trabajo” en los nuevos escenarios del mercado laboral. “En un área más simbólica, qué cosas reconocemos como trabajo. ¿Qué hacemos las madres? Si contribuimos a la fuerza de reproducción del trabajo pero todavía no hay un Estado que reconozca a las mujeres que hacemos esta labor. Lo que hacen los comedores comunitarios es laburo. La disputa es qué registramos como trabajo. No alcanza con la política de ingreso. Aquella persona que vive de hacer carteras y se enferma, no puede ir a vender. En políticas sociales hablamos de desmercantilizar el acceso a ciertas prestaciones como un asunto de derecho independientemente de cuál es tu situación en el mercado de trabajo. De esa discusión estamos muy lejos en el país. La mirada de la clase política está muy afincada en esa Argentina de casi pleno empleo masculino de los noventa, eso ya pasó, ya fue, no vamos a volver a esa época. Hay que construir nuevos consensos”, expresó.

Los esclavos del ladrillo

Los esclavos del ladrillo

Barro, fuego, humo, hedor, enfermedades, precariedad y derechos humanos suprimidos. Familias enteras trabajando en jornadas extendidas con sueldos míseros que oscilan entre los 12 y 13 mil pesos mensuales. Este panorama desolador se da a 40 minutos de la ciudad más rica de Argentina. Así es la vida de los trabajadores en los hornos de ladrillo del conurbano bonaerense.

Norberto Ismael Cafasso, secretario gremial de Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (UOLRA), manifiesta: “No hay una estadística terminada, pero calculamos que la actividad genera unos 15 mil puestos, el índice de informalidad laboral y trabajo infantil en la actividad es muy alto. Es algo contra lo que peleamos, aunque es difícil de erradicar”.

Casi la totalidad de los trabajadores ladrilleros son migrantes bolivianos, muchos son analfabetos y algunos sólo hablan quechua, condiciones propicias para que terminen formando parte de este circuito de explotación cercano a la esclavitud. Gente retraída, de pocas palabras, temerosa, sumisa y con muchas carencias son contratadas por paisanos suyos que pasaron al otro lado del mostrador y hacen usufructo del trabajo de sus compatriotas.

La combinación entre un Estado ausente, un sindicato cómplice, una sociedad indiferente y la dificultad para llegar a los lugares donde se desarrolla la actividad conforman este ámbito de trabajo, donde los derechos laborales, las condiciones de higiene y salud, y el respeto hacia las personas que sólo tienen para vender su trabajo, no existen.

Cachimbo Pela

La ampliación de la Avenida Espora desde el cruce con la calle Berlín, en Longchamps, hacia el sur hasta la intersección con Capitán Olivera, en Presidente Perón, agiliza el tránsito y facilita el acceso a los hornos ladrilleros de la zona. A los establecimientos emplazados en este sector del Gran Buenos Aires, por su envergadura y capacidad de producción, se los denomina “cachimbos”.

Avenida Espora, en el cruce con Rivera, se caracteriza por ser el límite entre el barrio y lo que se ve como un monte. Vegetación tupida, grandes arboledas y basurales a cielo abierto son la puerta de entrada a la zona rural. Esqueletos de autos incendiados, montañas de escombros, animales muertos y residuos de todo tipo marcan los márgenes laterales de la arteria mejorada con tosca, piedra y pedazos de ladrillo rojo. El olor es nauseabundo y roedores de gran porte cruzan sin temor a la presencia de humanos. Apenas iniciado el camino por Rivera, se cruza por un puente el arroyo Las Piedras y en pocos metros de recorrida una tranquera, siempre abierta, marca la entrada del cachimbo Pela.

Según la cartografía de Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) en Ministro Rivadavia, partido de Almirante Brown, circunscripción 4, la parcela 793 tiene 205.750 m². Datos acerca de la propiedad del predio son inaccesibles. En esta hacienda se estableció hace tiempo Fidel, boliviano de 67 años, que junto a su hijo Alberto regentean el cachimbo Pela.

La tranquera siempre abierta es una característica. No temen robos, ni inspecciones, ni visitas indeseadas. Grandes arboledas flanquean el improvisado camino hecho por las ruedas de los vehículos, que entran y salen, y por el paso de los trabajadores que no duermen en el establecimiento. El hedor sigue siendo nauseabundo a medida que se ingresa, pero varía, ya no se trata de la putrefacción de cadáveres animales, sino de químicos. La “liga”, como nombran los trabajadores y dueños de las ladrilleras a los aditivos que incorporan al barro para la producción, se compone de viruta de cuero curtido al cromo, sustancia altamente contaminante y tóxica para quienes la emplean, que se deposita al aire libre en grandes montañas junto a viruta de madera, en una flagrante contravención a la ley N° 24.051 de residuos peligrosos. La manipulación de estos elementos, sin ninguna protección, genera en los trabajadores problemas respiratorios y de piel. Son comunes los brotes de tuberculosis.

El cachimbo Pela cuenta con cuatro pisaderos, a pocos metros de cada uno se depositan los elementos para la liga. Dos personas se encargan de palear el aserrín y la viruta dentro del pisadero, dejan abiertas unas canillas que se alimentan del agua del arroyo con el que se prepara el barro, mientras Filemón Flores mezcla los materiales con un tractor dispuesto a tal fin.

Entre el pisadero, las canchas y los hornos se cuentan 15 jornaleros, la piel cuarteada por el trabajo a la intemperie, las manos ásperas y la suciedad que se les pega al cuerpo y las ropas. El coqueo o acullico, costumbre arraigada en Bolivia y el norte argentino, sirve para evitar el mareo en el altiplano. Acá lo practican para mitigar el cansancio, el sueño y el dolor de las extensas jornadas laborales, que casi siempre exceden las 12 horas.

Las canchas son sectores planos del terreno donde se ponen los bloques recién armados a secarse, regadas con las mismas aguas hediondas con que se prepara el barro. A cada lado hay unos improvisados techos bajos donde se apilan los ladrillos una vez adquieren firmeza. Cada trabajador va hasta el pisadero con su carretilla, la trae llena de barro y, con un molde de madera, va armando a mano los bloques que deposita en fila en el suelo. En el barro suelen venir pedazos de vidrio, alambre, y todo tipo de residuos que generan cortes y lastimaduras. Ante un accidente se lavan con la misma agua sucia usada en la preparación del adobe y no se quejan por temor a que los manden a descansar y perder el jornal.

Entrando algunos metros más al predio se encuentra la quema. Los ladrillos ya secados al sol y que lograron firmeza son apilados. El horno se va armando con los mismos bloques, adquiere la forma de trapecio y se eleva a una altura de cuatro metros aproximadamente. En primer lugar, se arman los túneles por donde se introducirá leña y otros elementos combustibles que darán el calor necesario al carbón. En cada fila de ladrillos se agrega una capa de carbón mineral molido que cocinará el adobe.

Los túneles se alimentan por más de 12 horas con leña, pedazos de caucho y cualquier otro elemento combustible que tengan a su alcance, potenciando el riesgo de contraer enfermedades respiratorias. Este trabajo, al igual que el resto de la actividad, se lleva adelante sin respetar ningún tipo de condición de higiene y seguridad laboral. Luego se cubren las paredes del horno con chapones para evitar la fuga de calor y se mantiene así durante siete días.

El “delegado”

Cubierto de ropas viejas y sucias, mimetizándose entre los trabajadores Alberto, de unos 30 años, hijo de Fidel, es el primero en enfrentar a quien ingrese al cachimbo Pela. A pocos metros de un galpón precario de chapas, donde se almacenan tambores con combustible y herramientas varias, está estacionada la camioneta Toyota Hilux con la que se moviliza. A su lado siempre está Filemón, quien, al igual que los demás operarios, no está registrado, aunque esto no le impide ser el delegado representante ante el gremio y la patronal de los restantes 14 empleados.

Ante la atenta mirada de Alberto, Filemón, boliviano, accede a hablar. Dice trabajar en este horno hace unos ocho o nueve años. No mira a la cara a quien le hace alguna pregunta, y antes de responder mira con insistencia a Alberto. Entre ellos hay una especie de lenguaje silencioso, Filemón tiene un libreto bien armado que busca constante aceptación en el patrón. Manifiesta que su jornada no se extiende por más de ocho horas diarias. Antes de trabajar en el cachimbo lo hacía en las quintas.

Santos Albarado Quispe, secretario de Salud, Seguridad e Higiene a nivel nacional y secretario general regional para Almirante Brown y Florencia Varela de UOLRA, lo sindicó delegado del cachimbo Pela. La aceptación del cargo no salió de Filemón, sino de Alberto y Fidel.

En Ministro Rivadavia, Almirante Brown, de los 250 trabajadores que contabiliza el gremio sólo cinco están registrados. La connivencia entre empleadores y sindicato para mantenerlos en estas condiciones se ve potenciada por la ausencia del Estado.

Albarado Quispe cuenta que a raíz de un acuerdo implícito entre patrones y sindicato se convino, para no perder puestos de trabajo, permitir tener al personal sin registrar. Afirma que se arregló con la patronal que las jornadas no excedan las ocho horas, que se otorgue un franco semanal, que cobren lo mismo que los registrados, que el empleador se haga cargo en casos de accidentes de mantener el jornal durante el reposo prescripto por el médico, y que no se empleen chicos. Admite que es difícil controlar y suelen darse abusos. Lo único que pueden controlar con certeza es que no se pierdan puestos.

Dueños y patrones

Fidel mira con atención a los trabajadores y ante el mínimo signo de parate en la faena baja, los reprende, los llama, forman un semicírculo a su alrededor y les habla con dureza mientras ninguno osa mirarlo a la cara, todos al suelo. Antes de volver a montarse en la máquina, dice: “A los cholos, si no los tenés cagando, no trabajan, nosotros sí trabajábamos”. Tiene el poder de castigarlos, de dejarlos sin trabajo y no pagar ningún costo, es todopoderoso ante sus compatriotas y no muestra reparos en hacérselos saber. La relación entre el ahora patrón y sus trabajadores es de una asimetría que asombra. Hace años estuvo del mismo lado que los cholos a los que maltrata, aunque parece no recordarlo.

Mezclado entre los trabajadores, al igual que su hijo Alberto usando ropas que lo mimetizan, está Fidel. Subido a un autoelevador, transporta los ladrillos que formarán parte del horno.  A pocos metros está estacionada otra Hilux que usa a diario. Parco, corto de palabras al igual que sus compatriotas, este hombre de 67 años dice dedicarse a esta actividad desde que tiene recuerdos. Primero trabajó para los portugueses, desde muy chico hasta los 35 años. A partir de ese momento, empezó en el predio que ocupa actualmente, del que asegura ser propietario.

Es habitual que los dueños de los cachimbos se arroguen la propiedad de las grandes extensiones de terreno que utilizan, pero carecen de documentación legal que lo avale. El secretario de Medio Ambiente de Almirante Brown, Máximo Lanzetta, sostiene: “Esta actividad tiene muchos problemas con la titularidad del suelo. Hay diferentes tipos de tenencias precarias que se aducen, con boletos de compra-venta difíciles de comprobar”.

Al tratarse de una actividad que decapita la primera capa del suelo, éste se agota. Al llegar al límite de capacidad de la tierra, suelen hacerse expediciones a otros campos de la zona en la búsqueda de materia prima. Los problemas que esta práctica genera se dirimen, mayormente, a fuerza de escopeta y revólver. Hasta el momento no hay registro de heridos por estas disputas, seguramente por el silencio y hermetismo que envuelve a la actividad. Nadie denuncia. Los problemas de paisanos se arreglan entre paisanos.

Quienes sí denuncian estas expediciones ante las autoridades son los quinteros. Se encuentran alejados de los cachimbos, pero también son víctimas de su accionar. Lanzetta cuenta que intervinieron en varios casos aplicando clausuras a los establecimientos de quienes salen a cazar tierra. Medida que es virtual, porque el trabajo en los hornos es constante y no merma ante una faja de clausura en la tranquera de acceso.

Alrededor de las 20, la oscuridad se adueña del monte. Ya no se oye el canto de las aves, su lugar lo ocupa el estridular de los grillos. La jornada llega a su fin, aunque no para todos. Sólo se puede ver, con esfuerzo, alrededor del horno que sigue ardiendo y permanecerá así durante varias horas. Cuatro trabajadores se mantendrán ahí alimentando el fuego hasta bien entrada la madrugada. Estas horas extra de trabajo no son pagas, forman parte del jornal. Al igual que el trabajo de sereno que hacen las dos familias que viven acá.

A un lado del galpón, dos piezas precarias serán cobijo para los trabajadores que viven, con sus familias, en el cachimbo. El baño compartido no es más que cuatro paredes con un techo de chapas oxidadas que se mantiene ante el embate del viento por la fuerza de la gravedad, el peso y la resistencia que le aportan las piedras y ruedas depositadas sobre él. El resto de los trabajadores empieza a retirarse. Algunos en bicicleta. Otros con los pies pegados al suelo, las cabezas gachas, las espaldas vencidas y la certeza de que mañana nada será diferente.

Precarización bajo el agua

Precarización bajo el agua

Son los protagonistas de conflictos “de temporada”. Sus reclamos llegan a las pantallas de TV durante los meses del verano, cuando la atención periodística se traslada a las playas. Sin embargo, la precariedad laboral golpea a los guardavidas durante todo el año.

A pesar de las leyes 27155 (nacional) y 14798 (de la Provincia de Buenos Aires), sancionadas a mediados de 2015, y de los convenios colectivos de trabajo, muchos trabajadores del sector siguen en negro, realizan tareas que no les corresponden y reciben salarios muy por debajo de las normas vigentes.

Según el Convenio Colectivo 179/91 registrado y homologado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el 21 de octubre de 2016, el valor hora para un trabajador guardavidas en blanco debería ser de 161 pesos. A contramano de los índices inflacionarios, esos valores no sufrieron ninguna modificación desde entonces. Actualmente, en Capital Federal hay clubes, hoteles y piletas que pagan menos de la mitad de lo señalado y en negro.

Ezequiel Collazos, guardavidas egresado de la Escuela Municipal de Parque Chacabuco, denuncia que “en la mayoría de hoteles y clubes están pagando 65 pesos la hora”. Y, en diálogo con ANCCOM, subraya: “En uno cuatro estrellas, ubicado por Recoleta, te ubican de recepcionista en un lugar donde el espejo de agua no se puede ver”. Otros guardavidas de la Ciudad, que prefieren el anonimato por temor a represalias en su lugar de trabajo, trazan el mismo diagnóstico.

Pileta de natación con personas en el agua.

En las piletas privadas la regla es la multifunción. Los empleadores exigen que además de cuidar a los bañistas, los guardavidas den clases de acua-gym o natación.

En mi pueblo somos cinco guardavidas de la Dirección de Escuelas y todos estamos precarizados. Estamos en la pileta como `auxiliar con función de guardavidas` sin reconocimiento de actividad riesgosa ni responsabilidad civil”, relata Silvio Rubén Guisande.

Por su parte, Camilo Rey de la Cabina es categórico: “Levantás una baldosa y hay un guardavidas precarizado”. Y Pablo Haderne, del interior de la provincia de Buenos Aires, señala: “En mi zona hay muchísimos precarizados. Por no decir todos. Sobre todo fuera de temporada”.

En la Ciudad de Buenos Aires, de todas las piletas públicas que funcionan en la temporada de verano, sólo las de los polideportivos Martín Fierro y Parque Chacabuco quedan abiertas para el desarrollo del deporte acuático fuera de la temporada de verano. Así, las demás piletas techadas de la Capital quedan en manos de polideportivos privados que cobran un arancel de entre 700 y 1.000 pesos por mes para pileta libre. Esa situación deja desocupados a los trabajadores guardavidas contratados por el Gobierno únicamente para la temporada.

En las piletas privadas la regla es la multifunción. Los empleadores exigen a sus trabajadores que, además de vigilar y cuidar a los bañistas, también den clases de acua-gym o natación, a pesar de que la Ley nacional 27155 establece en su Artículo 7º, inciso “l”, que el guardavidas debe “limitarse a sus tareas específicas dentro del horario de trabajo”.

Por la misma plata nos hacen pasar el barrefondo, echarle cloro al agua, mover los andariveles de lugar, guardar los elementos que dejan tirados los profesores y revisar los carnet de los socios”, grafica Manuel Giménez, guardavidas de una pileta de la cadena Sportclub.

La ley también afirma que “la jornada laboral será de seis horas diarias corridas”, pero tanto el Estado como los clubes y balnearios incumplen sistemáticamente con esa reglamentación. En Villa Gesell y Pinamar los guardavidas municipales trabajan nueve horas de corrido durante toda la temporada. La historia se repite durante el transcurso del año en la Ciudad de Buenos Aires. “En Club DAOM, (ubicado en el Bajo Flores) trabajamos ocho horas de corrido todos los días porque si no, no nos alcanza la plata para llegar a fin de mes”, sentencia Marcial López.

El reclamo sindical es una hoja en blanco. ANCCOM no recibió ninguna respuesta de los sindicatos SIGURA Y SUGARA que nuclean a los trabajadores del sector. Quizás esa sea una de las razones por la cual Franco Caligaris, guardavidas en la Ciudad, enfatiza: “No me manejo con los sindicatos, creo que hay distintas formas de protestar o pedir”. Su realidad es la de casi todos los colegas: cobra menos de 70 pesos la hora, tira los químicos cuando cierra la pileta y trabaja nueve horas por día sin siquiera tener recibo de sueldo.

Ezequiel Collazos posa con un salvavidas.

“En un hotel cuatro estrellas, ubicado por Recoleta, te ubican de recepcionista en un lugar donde el espejo de agua no se puede ver” dice Ezequiel Collazos.

 

Actualizada 14/06/2017

Detrás de las gateras

Detrás de las gateras

El segundo jockey con la mayor cantidad de victorias de la historia mundial del turf bebe una botella de agua en una pequeña confitería ubicada debajo de la segunda tribuna del hipódromo de San Isidro. Con 53 años y más de 12 mil triunfos a cuestas, el brasileño Jorge Ricardo acaba de terminar su quinta carrera en una tarde de sábado de febrero. Son las 17 y aún le restan disputar cuatro más.

Mientras aguarda, observa en uno de los tres plasmas el desempeño de Altair Domingos. El misionero, galardonado en enero con un premio Olimpia por su labor en 2014 obtiene tres primeros puestos de manera consecutiva. Pasadas las 19 se cruzan en el vestuario. Salen a la pista para montar los purasangres entrenados por los hermanos Etchechoury en el Gran Premio Miguel Alfredo Martínez de Hoz, el plato principal de la jornada.

Mientras brota desde los parlantes la cascada verbal del relator, en las gradas los apostadores contemplan tensionados unos puntos oscuros que se mueven en el horizonte. A medida que el galopar de los burros se acerca, los espectadores del campo se precipitan hacia las vallas que los separan del óvalo. “Dale viejo nomás», grita un señor parado en su asiento. Domingos, con una chaquetilla amarilla, llega quinto. Ricardo, de rosa, ve cómo su compatriota Francisco Leandro Fernandes Gonçalves lo supera por medio cuerpo y obtiene la recompensa mayor.

De los 250 mil pesos que esa competencia entrega al equipo ganador, al jockey le corresponde el 9 por ciento: 22.500 pesos. Otro 9 va para el entrenador y el 70 por ciento para el propietario. Los mismos porcentajes se repiten en el reparto de los premios, hasta la quinta posición. A partir del sexto se recibe una suma de 300 pesos por monta perdida. Ricardo, Domingos y Fernandes Gonçalves forman parte de una minoría: la realidad de la mayoría de sus colegas es distinta.

No galoparás

Matías Medina abandona el predio ese mismo sábado a las 22. Estuvo en tres ocasiones en la pista. Sumó 600 pesos en las dos primeras por no alcanzar el quinto lugar. En la última entró al podio y se adjudicó 918 pesos adicionales. Minutos después de las 23 llegó a su casa, a ocho cuadras del hipódromo de La Plata. El domingo desde las 6.30, cuando suena la campana en la cancha, comienza el vareo. Cabalga 15 caballos para ejercitarlos, a razón de 20 pesos cada uno, hasta las 10.

“Se te hacen callos en el culo, como a los monos”, describe Medina. Repite la rutina de la mañana de lunes a lunes excepto los sábados. Sin ser de la elite, el principal ingreso del jinete oriundo de Gualeguaychú proviene de las veinte carreras que los entrenadores le asignan por semana. Sin embargo, más de la mitad de sus compañeros no tiene la suerte de contar con tal cantidad de montas por la tarde. Para los galopadores (aquellos cuyo trabajo se reduce al  vareo matutino) el sueldo se limita a unos 6 mil pesos mensuales.

Para colmo, el deporte de reyes no escapa a los porcentajes de precarización laboral que se verifican en otras industrias del país. “La paga depende del cuidador/entrenador y de si estás en blanco o no. El 40 por ciento está en negro: cobra menos y no tiene aportes jubilatorios”, advierte José Lufrano, secretario general de la Unión de Jockeys de la República Argentina (UJRA). Y agrega: “Existe también el riesgo de que un día te digan que no te necesitan más. Se puede hacer un reclamo formal pero los entrenadores se conocen entre ellos y al pelearte con alguno los demás te esquivan”.

Cisma

Lufrano trabaja en la actividad hípica desde 1979. Tras unos años como peón comenzó a correr. En 1996 se convirtió en empleado de la Asociación Gremial de Profesionales del Turf (AGPT), la mutual que agrupa desde 1946 a jockeys y entrenadores de San Isidro y Palermo. En el 2002 fue electo como secretario gremial, el tercer cargo en importancia. En 2005 renunció para crear UJRA, una entidad que nuclea únicamente a jinetes de esos dos estadios. En 2008 obtuvo la inscripción gremial.

“Nosotros estamos en una relación de dependencia encubierta con los cuidadores. Tenemos intereses contrapuestos. Por eso no podemos compartir un mismo sindicato. Y menos si ellos resuelven siempre las disputas a su favor”, sostiene Lufrano. Por ejemplo, a principios de 2014 el entrenador Juan Carlos Etchechoury se desprendió de los servicios de jockey Miguel Almeira. Aunque ambos estaban afiliados a la AGPT, la antigua gremial defendió al cuidador.

La plantilla de la plaza capitalina y la del partido de la zona norte suman 200 jockeys aproximadamente. La agrupación disidente contaba con más de 100 a principios de 2011. Una compulsa podría haberle otorgado la personería gremial para representarlos. El 8 de abril de ese año un paro fallido fue el detonante para que una parte considerable regresara a la AGPT. Por eso, hoy UJRA cuenta con el 30 por ciento del total. “Fue un error político que no podemos volver a repetir”, se lamenta el secretario general.

Subsidio

En 2010 UJRA solicitó una subvención económica al Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, amparándose en el artículo 30 de la Ley provincial 13.253. El mismo establece el otorgamiento de subsidios a entidades gremiales de la actividad. Jorge Norberto Rodríguez, presidente de Lotería, estableció el 9 de marzo de ese año una suma de 30 mil pesos como referencia para incorporar al sindicato en la distribución. Luis Capellini, director de Hipódromos y Casinos, dictaminó en febrero de 2012 la posibilidad de adjudicar a UJRA un 33 por ciento de las transferencias que percibe la AGPT, según consta en el expediente 2319-305/10.

La AGPT, liderada por Eduardo Ferro, presentó una impugnación oficial. No obstante, el 12 de octubre de 2012 un funcionario del Departamento Técnico Legal dio el visto bueno para conceder a UJRA una subvención proporcional a la cantidad de afiliados y reiteró la misma recomendación el 16 de enero de 2013. A casi cinco años de iniciada la diligencia, aún el presidente Rodríguez no firmó el acto administrativo para que la transferencia se concrete.

En paralelo, el organismo bonaerense abona mensualmente un auxilio económico al Jockey Club, propietario del hipódromo de San Isidro. En enero de 2015 su recaudación bruta por apuestas fue de casi 59 millones de pesos, pero a eso debe restarse el pago de las apuestas ganadas. La tradicional entidad, cuya sede social en la avenida Alvear es el resultado de la unificación de dos mansiones centenarias, hoy recibe 14,2 millones de pesos por mes. La ayuda le sirve para costear las cuentas de un predio que ocupa 148 hectáreas, con 32 mil metros cuadrados cubiertos, canchas de polo, fútbol y tenis y un campo anexo de entrenamiento de 94 hectáreas.

Por su parte, el hipódromo de Palermo es propiedad del Estado Nacional. Pero desde 1992 está concesionado a HAPSA, una empresa privada cuyos accionistas son Federico de Achával y la firma Casino Club, cuyo titular es Cristóbal López. La adjudicación vencía en 2017 pero fue prorrogada hasta 2032 por el entonces presidente Néstor Kirchner a través del decreto 1851/07. Las 4.500 máquinas tragamonedas que alberga en su espacio generaron 1.500 millones de pesos en 2013, según puntualiza el libro El Poder del juego, de los periodistas Ramón Indart y Federico Poore. El 5 por ciento de lo recaudado se transfiere por ley al turf: un promedio de 7 millones por mes, que hoy es mayor por efecto de la inflación. Su otra fuente de ingresos es la timba burrera, que en enero de 2015 fue de 51 millones de pesos brutos.

Director técnico

El portal de la tribuna de profesionales de San Isidro tiene cuatro puertas que simulan la forma de las gateras, aquellos armazones desde donde los caballos aguardan el inicio de una carrera. El entrenador Juan Carlos Bianchi pasa por debajo con una montura verde número 5 en el brazo y se dirige hacia los boxes, una especie de establo. Uno de sus peones se la coloca en el lomo a Sotil, un tordillo de la caballeriza El Castillo, que luego finalizará séptimo en la Martinez de Hoz.

Bianchi entrena a otros 29 equinos. Su trabajo inicia al elegir un potrillo en el haras, el establecimiento de procreación y crianza equina. Monitorea su doma y su entrenamiento. Una vez que está en condiciones de competir, selecciona las carreras en las que va a participar. Para cuidar a sus purasangres necesita de un equipo compuesto por serenos, domadores, herreros, veterinarios, un capataz y 10 peones. El costo mensual de cada ejemplar varía entre los 6 mil y 9 mil pesos, monto que se le cobra a los propietarios. Bianchi no contrata jockeys para varear, sino que tiene un grupo fijo de galopadores.

“No tiene que haber dos gremios. Debe existir uno sólo en el cual se respeten y escuchen todas las opiniones pero que nos permita actuar de manera conjunta”, responde Bianchi, afiliado a la AGPT, al ser consultado acerca de la pertinencia del subsidio peticionado por UJRA. Más allá de ello, el cuidador se encuentra distanciado de la cúpula de su sindicato. “La conducción actual tiene doce años. Es el momento de una renovación y me encantaría que Lufrano y sus compañeros regresaran orque compartimos reclamos”, explica. En 2016 habrá elecciones en la AGPT.

Último orejón del tarro

En la mesa próxima a Ricardo, un chico de 17 años también mira las carreras mientras relojea atento el folleto de tres hojas que tiene impreso el programa oficial. Como no tuvo trabajo a la tarde, aprovechó el sábado para jugar algunas apuestas. Nahuel Fuentes es peón en San Isidro y vive en el stud, cerca de los boxes de los animales. Hace tres años abandonó Rosario para trabajar para su abuelo, un cuidador que lo mantiene y le abona 3 mil pesos mensuales por su labor.

Nahuel y sus seis compañeros, que reciben 6 mil pesos por mes, cuidan 24 caballos. “La pensión por caballo que le paga el patrón a mi abuelo es de las más bajas: 6 mil pesos. Otros entrenadores reciben mucho más, como los Etchechoury. Por eso todos los peones estamos en negro. Sino no podríamos competir”. Otro cuidador que prefirió reservar su nombre confirmó que él y sus colegas tienen precarizada una porción de su plantilla por la misma razón.

San Isidro y Palermo suman 5 mil caballos de carrera. Para sus propietarios constituyen una inversión que les debe reportar ganancias. Para mantenerlos se emplean a 1.200 peones, 400 entrenadores y 200 jockeys. A ello se le suman los capataces, veterinarios, herreros, serenos y domadores y el resto de los empleados que expenden tickets, se ocupan de la seguridad, limpian o tienen otros oficios. Sin la otrora popularidad que supo conquistar, la actividad hípica no estará exenta en los años venideros de conflictos y acuerdos entre los sectores que lo componen. Y ello habiendo excluido al resto de los hipódromos desperdigados por el territorio argentino.