La Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina (Argra) y el Sindicato de Prensa de la Ciudad de Buenos Aires (SiPreBA) organizó un “camarazo” de repudio contra la represión que periodistas y fotógrafos sufrieron por parte de las fuerzas de seguridad durante las coberturas de las manifestaciones contra la reforma previsional que tuvieron lugar el 14 y 18 de diciembre. En esa ocasión, resultaron heridos más de 30 trabajadores de prensa.
Actualizado 28/12/2017
Este jueves absolvieron a los seis delegados gremiales de Editorial Perfil en el juicio oral llevado a cabo durante esta semana, en el que los trabajadores habían sido acusados de afectar la libertad de prensa en el marco de una medida de fuerza. La causa penal, que había comenzado en 2013, era para los procesados una represalia de la empresa para disciplinar a los trabajadores y debilitar la organización gremial colectiva.
El juez subrogante Walter Candela dictó la absolución luego de escuchar los alegatos y el testimonio de 19 testigos, de los cuales 16 fueron llevados por el fiscal. En el banquillo de los acusados esperaban Marcelo Iglesias, Raúl Mileo, Carlos Rodríguez, Héctor Velásquez, Jose Luis Quartana y Rubén Schofrin, quien además es secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Sipreba). Durante las cuatro jornadas del juicio, este sindicato, que es, según Schofrin, “uno de los sindicatos que Macri dice que sobran”, organizó una radio abierta y actividades de apoyo a los delegados. A ellos se sumaron otras organizaciones gremiales, diputados, legisladores y periodistas para pedir la absolución en las puertas del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 12.
“Perfil dio un golpe de estado a nuestra comisión interna el 30 de octubre de 2013, día de elecciones. Echaron a trece compañeros, entre los cuales había miembros de la junta electoral, que tienen inmunidad gremial”, relata Schofrin. Y agrega: “El despido de un trabajador es legal, pero no el de un integrante de la junta electoral. La ley así lo considera. El paro fue masivo y entonces las publicaciones de la empresa, como el diario Perfil y la revista Caras, demoraron su salida unas horas. Frente a eso nos acusaron de violar la libertad de prensa”.
En el juicio oral llevado a cabo durante esta semana, los trabajadores habían sido acusados de afectar la libertad de prensa en el marco de una medida de fuerza.
Para Schofrin, la denuncia penal efectuada dos meses después de esos hechos fue una venganza de la empresa de Jorge Fontevecchia, ya que en el fuero laboral los trabajadores habían logrado grandes conquistas. “Perfil aplicó un revanchismo inédito. Nosotros sufrimos más de 800 despidos y revertimos cerca de 200. La acción punitiva busca quebrar una organización gremial colectiva e imponer un régimen de disciplinamiento a los trabajadores de prensa”, sostiene.
Iglesias, también acusado, cuenta algunos detalles de la noche de la denuncia: “Viene la Policía Federal, entra, mira y se va sin hacer nada. Más tarde vienen de Prefectura y pasa lo mismo. Cuando llega la Policía de la Ciudad, que en ese momento se llamaba Metropolitana, el fiscal de turno le dice al jefe del operativo que se vaya, que no había ningún delito. Eso figura en el expediente”. De hecho, durante el tercer día del juicio declararon algunos de los policías que participaron esa noche, ratificando que no había delito, tal como cuenta el delegado.
Editorial Perfil, que en diciembre de 2013 hizo la denuncia penal contra sus trabajadores, no fue querellante en la causa. “Fontevecchia tiene sus mañas, y prefirió hacerle hacer el trabajo sucio al Poder Judicial, a un fiscal. Y como el Estado defiende los intereses de la empresa, esto a Perfil le sale gratis”, dijo Iglesias. Por su parte, el abogado de la defensa, Fernando Gómez, aclara este punto: “Perfil no fue querellante porque estaban muy flojos de papeles, ya que los hechos que denunciaron no existieron y no hubo ningún ataque a la libertad de prensa. Solo hubo una medida de fuerza para impedir despidos ilegales porque la empresa violó la Ley 23551 de Asociaciones Sindicales”. El abogado, además, advierte: “Tendrán responsabilidades severas cuando se termine de comprobar la verdad que deriva de este juicio, y que es lo que motivó las medidas de fuerza. Esta empresa ha llevado adelante despidos masivos, ha violentado los recursos preventivos de crisis, ha desoído decisiones judiciales de reincorporación de trabajadores y ha desconocido la vigencia del Estatuto del Periodista”. Entre los testigos que declararon, hubo cinco gerentes de distintas áreas de Editorial Perfil.
Si bien el artículo 161 del Código Penal preveía una pena de uno a seis meses de prisión, detrás de este juicio se escondía un riesgo mucho mayor que la posible condena, y es la utilización de la justicia penal para criminalizar la actividad gremial. “Pegarle a la organización gremial es pegarnos a todos. Si nos llegaba a ir mal a nosotros, Clarín y La Nación iban a salir a hacer denuncias penales en vez de buscar abogados laboralistas. Estuvieron mirando este juicio de cerca”, se preocupa Iglesias. “Es una locura que los que producen los diarios y revistas sean acusados de coartar la libertad de prensa. En realidad, violar la libertad de prensa es echar periodistas y sembrar el terror para que no haya voces disonantes, que es lo que están haciendo algunos medios en este momento”, compara.
Para Schofrin, la denuncia penal efectuada dos meses después de esos hechos fue una venganza de la empresa de Jorge Fontevecchia, ya que en el fuero laboral los trabajadores habían logrado grandes conquistas.
El clima de época es otro factor que los protagonistas de esta causa toman muy en cuenta para entender por qué llegó a juicio oral un reclamo laboral. “Yo tengo 30 años en el gremio y nunca vi un caso así”, dice Fernando “Tato” Dondero, secretario general de Sipreba y testigo de concepto en la causa. “La preocupación central es el momento político en el que aparece esto. El gobierno viene por reformas en contra de los trabajadores, y este hubiera sido un precedente terrible. Cualquier paro puede terminar en denuncia por entorpecer la libertad de prensa”.
Iglesias también entiende que los nuevos vientos políticos han dado aire a este tipo de criminalización del conflicto gremial: “Fontevecchia es un hábil lector de la realidad, y leyó este cambio de época, porque es en este contexto que una causa así puede tener algún asidero. El fallo de Cámara salió en 2015, el día después del balotaje, y a partir de ahí la causa se aceleró y avanzó hasta este juicio”.
“Volvemos a Editorial Perfil a trabajar como todos los días, pero sin la espada de Damocles sobre la cabeza”, dijo Schofrin al salir del juzgado, absuelto al fin, pasada la una de la tarde del jueves.
Los aplausos después de la absolución.
Actualizado 02/11/2017
Los trabajadores de Agencia DyN viven una situación de incertidumbre debido a los rumores de reducción de personal e, incluso, de la posibilidad del cierre definitivo. El medio periodístico, que ya cumplió más de 35 años de vida, tiene entre sus principales accionistas a grandes empresas de prensa como Clarín, La Nación, el diario Río Negro y La Gaceta de Tucumán. Si bien aún no se produjeron despidos ni cesación de pagos, el consejo directivo de la empresa le comentó a un grupo de trabajadores que se estarán ofreciendo acuerdos de desvinculación y que los accionistas están decidiendo cómo seguir en un contexto de crisis económica. La situación se enmarca en una realidad durísima del mercado laboral periodístico, en donde durante 2016 se destruyeron más de 2.600 puestos, según los números que maneja el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).
Santiago Magrone, periodista y delegado de la comisión interna de trabajadores, desconfía de los motivos esgrimidos: “No pueden hablar de crisis cuando las empresas dueñas de DyN, como por ejemplo Clarín y La Nación, están diversificando y ampliando sus inversiones”, denuncia. Y argumenta: “Nos dicen que el diario de papel no tiene futuro, pero uno sabe que invierten grandes sumas en la web y en otros proyectos”.
Magrone sospecha, además, que hay alguna relación entre esta situación y los abonados estatales y gubernamentales de la agencia, ya que se produjo una sensible reducción en la cantidad de medios oficiales que se valen de sus servicios para sus publicaciones.
Incertidumbre por los rumores de reducción de personal y cierre definitivo.
“Estamos muy preocupados por la cantidad terrible de rumores”, comenta Fernando ‘Tato’ Dondero, Secretario General del SiPreBA. Aclara, además, que al elegirse un nuevo directorio hace algunos meses, los empleados de la empresa pidieron certezas: “Los trabajadores hablaron con autoridades de la agencia, incluso con el nuevo presidente del directorio, y les dicen que están analizando todo pero no definen nada”. Y detalla: “Tuvieron varias reuniones: tanto con el gerente de Relaciones Laborales como con el director periodístico. Ellos reconocen que están discutiendo qué van a hacer, por eso los compañeros están en estado de alerta permanente”.
Por otra parte, si bien no hubo despidos, sí se habló de acuerdos laborales: “La empresa arrancó hablando de abrir retiros voluntarios muy a la baja”, relata Dondero. Y agrega: “Hay rumores de cierre que involucran al gobierno, ya que se cuestiona la utilidad de la Agencia DyN frente a una agencia estatal como Télam. Se preguntan si está de más, olvidando que tiene casi cien trabajadores que necesitan su fuente de trabajo”, sentencia.
Magrone, además, confirma las señales de achicamiento: “En estos últimos dos años, las personas que se fueron jubilando no fueron reemplazadas, eso es todo un signo” dice. Tanto él como Dondero coinciden en que los rumores que se lanzaron parecen ser interesados, ya que consideran altamente probable que los dueños de DyN estén pensando en qué hacer, cuánto achicar o de qué modo cerrar el medio.
Del otro lado del escritorio, ningún representante de la empresa atendió a ANCCOM, mientras que Ernesto Behrensen, director periodístico, reconoció la existencia de estos rumores pero prefirió no hacer declaraciones.
Actualizado 4/10/2017
Los artistas nucleados en la Unión de Músicos Independientes (UMI) reclaman la plena aplicación del artículo 65 de la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que exige cupos mínimos de difusión de música nacional e independiente en las emisoras radiales. Esa parte de la norma, que busca resguardar la producción nacional y autogestiva, está vigente desde el 2009, pero nunca se cumplió. “Es importante que la sociedad tenga un acceso más amplio a la música. Lo que se consume en las radios comerciales tiene que ver con un segmento que suele estar vinculado a las grandes discográficas. Por eso, la aplicación de este artículo va a redituar una mayor difusión para los músicos y sabemos que eso significa más gente en los recitales y más discos que se venden”, explicó a ANCCOM Juan Ignacio Vázquez, presidente de la UMI y guitarra y voz de la banda Ardilla.
El artículo 65 expone que el 30 por ciento de la música que se transmite en las emisoras privadas debe ser de origen nacional, y de ese porcentaje la mitad independiente. Por esto último se entiende cuando el músico es dueño de sus fonogramas, por lo que tiene el derecho de comercializar sus propios discos. “El músico independiente es el que desarrolla su carrera de forma autogestiva y sin convenio con discográficas. Genera su entorno de trabajo y no es que el músico independiente tiene que hacer todo, sino que va derivando gente que él elige para que lo ayude en su carrera”, explicó Lito Lisorski, guitarra de Ardilla y tesorero de UMI.
Según un relevamiento de 2016, a cargo de la Federación Argentina de Músicos Independientes (FAMI), de 73 radios analizadas, 51 cumplieron con la cuota de aire para la producción nacional, pero solo siete respetaron la de la música independiente. “Hay muy poquitas radios, alternativas, comunitarias, on line y de universidades que quizás hasta superan el porcentaje de música independiente en su programación, pero el problema lo tenemos en las grandes emisoras en las que no se cumple ni de cerca”, remarcó Vázquez.
“Es importante que la sociedad tenga un acceso más amplio a la música. Lo que se consume en las radios comerciales tiene que ver con un segmento que suele estar vinculado a las grandes discográficas», dice el presidente de la UMI.
El filósofo y músico argentino Gustavo Varela reflexionó acerca del lugar que se le otorga a la cultura independiente: “En los gobiernos populares hay un espacio para la producción de lo nacional dentro de lo cultural. Pero con el sistema capitalista, y más con el gobierno neoliberal actual, la producción de cultura resulta siempre un inconveniente, un gasto”. A su vez, sostuvo que “hay dos tipos de economías: la del Estado y la del mercado, una soporta la posibilidad de la producción cultural y la otra no, ve si es redituable o no”.
En este contexto, los músicos agrupados en la UMI llevan adelante una campaña de visibilización y concientización para exigir el cumplimiento del artículo. En la movida los acompañan reconocidas bandas y músicos nacionales como Lito Nebbia, Ricardo Mollo, El Mató a un Policía Motorizado, Boom Boom Kid, Raúl Porchetto, Onda Vaga y Attaque 77, entre otros tantos que se prestaron a grabar videos y difundirlos por la causa.
El artículo 65 se encuentra vigente desde 2009, cuando la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual reemplazó a la Ley de Radiodifusión 22.285, instaurada en 1980 por la última dictadura militar. No fue modificado en 2016, cuando a partir del decreto 267 del gobierno de Mauricio Macri se creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que alteró una serie de artículos de la ley 26522. “Con la creación del ENACOM, pasó a haber un cinismo total sobre la Ley en general pero sobre el artículo en particular. Hace ya un tiempo largo que dejamos de tener algún tipo de conexión con la autoridad de aplicación”, denunció el presidente de la organización de músicos autogestionados en relación al organismo creado el 5 de enero de 2016 como resultado de la fusión del AFSCA y la AFTIC.
“El período 2009-2015, cuando todavía estaba el AFSCA, fue un momento de trabajo en la implementación del artículo. Había muchas dudas, más que nada en lo que se entendía por independiente”, expuso Vázquez. Por eso, desde la FAMI se generó un banco digital de música independiente, donde las radios pueden registrarse y acceder a discos de distintos géneros de todo el país, para poder cumplir con la cuota de música nacional independiente que exige la ley.
Son muchos los problemas a los que se fue enfrentando el artista independiente a lo largo de los años. Algunos como la producción y fabricación de discos, superados a partir de las nuevas tecnologías. “Hoy uno puede grabar un disco en su casa con una computadora sin necesidad de gastar un montón de plata en un estudio y luego fabricarlo con un sueldo normal”, explicó Lito Lisorski. Los condicionantes que encuentra hoy el músico autogestionado tienen que ver más con la difusión; “con el artículo 65 tratamos de generar esa herramienta por la cual cualquier músico pueda acceder a sonar en una radio de difusión masiva, por eso es tan importante para nosotros este artículo que logramos conseguir”, afirmó Ardilla.
Además, que se exija la plena aplicación del artículo 65 de la LSCA y de esta manera que se difunda la música nacional e independiente, les permite a los artistas hacer valer los derechos intelectuales de sus producciones. “Lo que estamos pidiendo es que se aplique una ley que está en vigencia. Algo muy simple, que el Estado cumpla con sus funciones de fiscalizar una ley que fue votada por ambas cámaras. Y si no quieren que se cumpla deberían explicar por qué”, denunció el presidente de la Unión de Músicos Independientes.
Actualizada 26/09/2017
Entre megáfonos, parlantes y gritos de grupos que practicaban un “picadito”, la consigna de la “comunicación es un derecho” se hizo eco este lunes en todos los rincones y resonó en el Congreso de la Nación. Allí, justo frente al Parlamento, organizaciones sociales, políticas, sindicales y académicas volvieron a reclamar por el cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y dieron inicio formal a la campaña #Dalepelota, una iniciativa promovida por la Coalición por una Comunicación Democrática en defensa del derecho a la comunicación, el trabajo y la producción nacional.
La celebración del Día de la Radiodifusión y la conmemoración de la iniciativa ciudadana de los 21 Puntos por una comunicación democrática sirvieron de marco al reclamo.
La radio del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) instaló sus bases en la Plaza y realizó la transmisión abierta. Por su micrófono pasaron dirigentes del Sindicato de Medios Gráficos, representantes de la Coalición, integrantes de CONADU y CTERA y dirigentes sociales, entre otros. Todos reiteraron el reclamo por la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 267/2015 que el presidente Mauricio Macri firmó para desarticular siete ejes clave de la Ley de Medios.
Primero llegaron los gazebos. De un lado Radio FARCO, y a su derecha la Coalición. ¿En el medio? Dos canchitas de fútbol. En una, un “mano a mano”, y en la otra un equipo contra otro. Bajo la consigna “el que gana sigue”, un equipo de futbolistas mujeres se hicieron locales. No había hombres que pudieran ganarles. Alrededor de la radio, ciudadanos que filmaban, escuchaban los reclamos y asentían con la cabeza. A la transmisión abierta se sumaban, a cada minuto, nuevas adhesiones.
En medio del bullicio y de los parlantes que se preguntaban a viva voz “¿dónde está Santiago Maldonado?, Susana Pachecoy, integrante de la Coalición, actualizó los alcances del reclamo. “Esta idea surge para defender los derechos que habían sido conquistados y que no se cumplen a partir de las últimas regulaciones”, subrayó en diálogo con ANCCOM. Además, enfatizó la necesidad de entender a la comunicación como un “derecho humano”.
#Dale Pelota: una jornada organizada por la Coalición por una Comunicación Democrática para la conformación de los nuevos 21 puntos.
El reclamo quedó ampliado por los integrantes de otras dos movilizaciones que se realizaron en la zona casi en simultáneo: el abrazo a las Madres de Plaza de Mayo y la marcha para condenar los casos de “gatillo fácil”. Por detrás de la instalación de FARCO había otra carpa que pertenecía a los trabajadores de PepsiCo que también se sumaron con dos interrogantes: “¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está la libertad de expresión?”.
Las convocatorias tenían ejes distintos, pero cada una de ellas se fusionaban en un punto: el Estado es responsable. Glenn Postolski, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, advirtió: “Estamos claramente en un escenario político donde los grandes grupos comunicacionales juegan a favor de las políticas neoliberales. La sociedad debe tomar conciencia”.
El fútbol como metáfora, como símbolo, y la creatividad como estrategia, fueron las medidas de visibilidad de un conflicto que trae consigo el reclamo “por los 3.000 despidos de trabajadores de medios, la precarización laboral, y el desentendimiento del Estado en la producción nacional”, explicó el director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, Diego de Charras.
“Este reclamo cobra dimensión en un contexto difícil por la pérdida de políticas públicas en lo educativo, el cierre de las radios escolares, de programas socio-educativos y la cooptación nefasta del gobierno de los medios de comunicación”, completó Alejandro Demichelis, secretario de Prensa de CTERA, en una de las tantas intervenciones “al aire”.
La transmisión de la radio abierta y en vivo, rodeada de gente que se sumaba en el transcurso de la tarde, interrumpía los espacios de debate con un breve relato deportivo, desde el campo de juego. Allí, todas las voces expresaban el descontento por la decisión del gobierno de que el fútbol vuelva “a manos de unos pocos, no como acá en la Plaza que es un fútbol para todos”.
Actualizada 30/08/2017