Nov 27, 2023 | Comunidad, Destacado 3
El gobierno de Javier Milei recibirá un país con el 40 por ciento de pobres. El plan de ajuste que asoma, probablemente haga crecer ese índice. ¿Por qué las políticas públicas no aciertan con las soluciones?
En el primer semestre de 2023, la pobreza en Argentina afectaba al 40,1% de la población según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC). Con la aceleración inflacionaria de estos últimos meses, ese índice seguramente trepó. Este preocupante panorama, combinado con el inminente cambio de gobierno, sitúa en el centro del debate la pregunta por las políticas públicas respecto de esa problemática.
Mariana Heredia, socióloga de la UBA e Investigadora del CONICET, analiza el contexto actual: “La sociedad argentina está en una situación delicada en la que el Estado está desplegando todas las políticas sociales de contención que puede. Todas condiciones que hoy están, dentro de un tiempo pueden no estar”.
Las políticas sociales predominantes en las últimas décadas, tanto en Argentina como en la región, fueron las transferencias de ingresos. Heredia, autora de libros como ¿El 99 % contra el 1%? Por qué la obsesión con los ricos no sirve para combatir la desigualdad sostiene que “estas políticas significaron un gran avance, pero no acabaron por resolver el problema. No terminaron de coordinarse con políticas de bienestar y empleo que permitieran efectivamente que los hogares más modestos pudieran hacer frente a las necesidades más elementales”.
En línea con esta perspectiva, Belén Aenlle, socióloga de la Universidad Nacional del Salvador, doctora en Ciencias Sociales de la UBA y docente de la carrera de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Moreno, plantea que “la política social en estos 40 años de democracia se ha ido fragmentando. Un mismo grupo familiar puede recibir numerosos programas y sin embargo no cubrir la canasta básica.” Añade: “Las políticas piensan en intervenir sobre las consecuencias de la pobreza, cuando en verdad hay que pensar primero en la redistribución del ingreso, la generación de trabajo y la política social en conjunto”.
La problemática de la pobreza en nuestro país es compleja y su abordaje requiere considerar con urgencia la situación coyuntural. Daniel Arroyo, diputado nacional del FdT y exministro de Desarrollo Social, afirma que hoy el principal problema es el elevado precio de los alimentos que coexiste con salarios considerablemente desmejorados.
“Esto se refleja en dos situaciones. Una es que baja la desocupación, pero la pobreza sube. La otra es que en los barrios hay más actividad económica, pero necesitan el aporte de los merenderos para llegar a fin de mes. Esto quiere decir que los ingresos son muy bajos, producto de la inflación y los altos precios de los alimentos”. El exfuncionario plantea que la principal política social a implementar hoy es la estabilización de los 1.900 productos de la canasta básica, lo que podría marcar un punto de partida para construir políticas destinadas a combatir la pobreza.
Los problemas estructurales de la Argentina demandan transformaciones intensivas, que impulsen mejoras en cada etapa y aspecto de la vida. Frente a un escenario en el cual el 56% de los niños viven en condiciones de pobreza, según mediciones del INDEC, la intervención del Estado en la educación es fundamental.
Arroyo argumenta que “una reforma en la escuela secundaria puede cambiar la realidad social”. La promoción de una escuela moderna, vinculada a la tecnología y con una modalidad más flexible, no solo podría atraer a los estudiantes, sino también proporcionarles instrumentos más efectivos para su futuro.
En la actualidad, la escuela secundaría enfrenta graves problemas de permanencia, falta de incentivos y deserción. Heredia plantea que parte de esta crisis se debe a que “las instituciones educativas hoy no están lo suficientemente equipadas en términos pedagógicos, en cuestiones de infraestructura para despertar el interés de los alumnos, para ofrecerles herramientas para que después consigan mejores trabajos. Esto genera mucha frustración en los jóvenes”.
La discusión sobre la mejora de las condiciones de vida y la reducción de la pobreza también tiene al sistema laboral como punto central. Aenlle destaca que “las políticas sociales de las últimas décadas no han podido revertir el debilitamiento del empleo asalariado. El trabajo siempre funcionó como gran integrador social y en este contexto se pierde la posibilidad de fortalecer la identidad y los lazos sociales».
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 45% de las y los trabajadores en Argentina están en condiciones de informalidad. Esto implica trabajar en situaciones de máxima vulnerabilidad, con esquemas laborales precarios y desamparados de las protecciones sociales. Arroyo señala que “hay que apuntar a fortalecer la mano de obra intensiva, la construcción, el textil, la producción de alimentos, los sistemas de cuidado y reciclado, donde se desempeñan los sectores más desfavorecidos”.
Otro eje central es el acceso a una vivienda digna. Heredia señala que “existe una generación de inquilinos, formales e informales, que tiene graves dificultades para acceder a la vivienda”. La escalada inflacionaria y los salarios rezagados, anclados en una desprotegida lógica laboral, revelan considerables obstáculos para materializar el proyecto de la casa propia, situación que vulnera los derechos de la ciudadanía.
En paralelo, Arroyo añade que hay un importante problema de vivienda e infraestructura en los barrios populares, donde habitan millones de personas sin acceso a los servicios básicos y en condiciones de precariedad. “Hay políticas que se han llevado a cabo para urbanizar los barrios y deben profundizarse. Se creó un fondo para hacerlo, el Registro Nacional de Barrios Populares. Durante mi gestión urbanizamos 600 barrios, quedan 5.600 por delante”.
El desafío que enfrenta Argentina ante la pobreza demanda una reflexión profunda sobre el impacto de las políticas sociales. Como sostiene Aenlle: “Lo que no podemos poner en cuestión es la necesidad de un Estado presente con políticas de fuerte intensidad, que pueda cubrir el piso mínimo de necesidades de un grupo familiar, que tienda a garantizar trabajo, salud, empleo, asistencia social, educación. Los programas sociales deberían empezar a transformar esa fragmentación para pensar en grandes líneas de políticas públicas”.
Jun 10, 2022 | Comunidad, Destacado 1
A partir de la última Encuesta Permanente de Hogares publicada por el INDEC, distintos especialistas analizan como abordar los altos índices de pobreza con políticas públicas a mediano y largo plazo que permitan un abordaje estructural de la problemática.
Según informó la última Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y correspondiente al segundo semestre de 2021 , el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza (LP) alcanzó el 27,9 por ciento, que representan 10,8 millones de personas, con 2,4 millones de ellas en situación de indigencia; más de la mitad (51,4%) de las personas de 0 a 14 años son pobres; el ingreso total familiar promedio de estos hogares fue de 46.712 pesos, mientras la canasta básica total (CBT) promedio del mismo grupo de hogares alcanzó los 74.059. ¿Qué hacer ante este panorama?¿cómo enfrentar la situación? ¿Qué medidas tomar para combatir y disminuir la pobreza?
“Los plazos que podemos pensar para reducir la pobreza están ligados directamente al tiempo que la pobreza lleva extendida entre nosotros. Esa extensión está vinculada a cambios notables en el proceso de acumulación y al modelo económico local, pero también a una situación internacional que favorece la concentración del ingreso”, cuenta a ANCCOM Sergio De Piero, politólogo y director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ).
Para De Piero, la desintegración del modelo mercado-internista efectuada por la última dictadura cívico-militar dejó como saldo la desindustrialización nacional y una marcada caída del salario.“De allí en más, en cada crisis vemos cómo la cifra de personas en situación de pobreza sube y se ubica por encima del 40%. Entonces podemos desarrollar políticas para el corto y mediano plazo, pero el largo plazo choca sistemáticamente con las restricciones que impone un escenario mundial adverso a la lucha contra la pobreza”, indica a este medio.
Desde una perspectiva histórica similar, Julio César Neffa, investigador y docente de la Universidad Nacional de Moreno, asegura que los orígenes del ciclo de empobrecimiento nacional se ubican en el golpe cívico-militar de 1976. “La causa estructural de la pobreza y los problemas de empleo de la Argentina se explican por la caída tendencial del Producto Bruto Interno per cápita que experimenta el país desde hace décadas”, explica el economista, doctor en Ciencias Sociales del Trabajo e investigador superior del CONICET.
Y sentencia: “Sin crecimiento y desarrollo, la pobreza continuará y puede aumentar. Para tratar de disminuirla se necesita una política macro-social que sea una política de Estado, con consenso de los partidos políticos, las centrales empresariales y las sindicales, que atraviese todos los gobiernos”.
El último informe de la organización internacional Oxfam, titulado Beneficiarse del sufrimiento, confirma que el cúmulo de crisis por la pandemia de la COVID-19, el aumento de las desigualdades y el alza de los precios de la energía y los alimentos implicó una suba drástica del patrimonio neto de las clases privilegiadas,mientras que más de 250 millones de personas adicionales podrían enfrentarse a niveles extremos de pobreza en 2022: “Los 10 hombres más ricos poseen más riqueza que el 40 % más pobre de la humanidad”, señala el estudio.
Por otra parte, si bien la asistencia pública vía programas de protección social logra mitigar, en parte, el efecto inflacionario, está lejos de representar una solución terminal al problema de la pobreza. Según Sergio De Piero, las acciones estatales desplegadas hasta ahora resultan insuficientes y no abordan la causa principal de la pobreza que es la distribución regresiva de la riqueza: “las políticas de lucha contra la pobreza han demostrado por una parte una acción inmediata de asistencia, pero debilidad para soluciones sostenibles.Se requiere de reformas impositivas profundas, porque hoy los ricos pagan menos impuestos a nivel global”, afirma. Y agrega: “la pandemia dejó un cuadro muy claro con ricos aumentando sus ingresos notablemente y mucha gente empobrecida. Generar trabajo es clave, del mismo modo que trabajar por el crecimiento de la economía y de las exportaciones, pero replanteando la distribución, porque desde hace mucho se puede tener empleo y seguir siendo pobre, o estar en una situación de vulnerabilidad”.
Por otro lado, puntualiza que “muy particular es la situación del empleo informal que ha vuelto a crecer en Argentina y en el mundo. Quienes trabajan allí estánmás expuestos a situaciones de fragilidad.Es necesario que se combinenpolíticas de asistencia directa con generación de empleo de calidad”.
En esta misma línea, Neffa plantea que “las políticas sociales han contribuido a disminuir las consecuencias de la pobreza, pero desde hace una década hay más políticas sociales y al mismo tiempo hay más pobreza. Evidentemente, no es este el camino por el que se la va a combatir y erradicar”.
Neffa enumera una serie de factores y medidas necesarias para combatir la pobreza: “Un crecimiento del PIB sostenido, durante una década de al menos de 4 o 5% anual. La generación de empleos en el sector privado, con garantías de estabilidad. Que se cumpla con el salario mínimo vital y móvil, ajustándolo sistemáticamente cada tres meses según la inflación. El incremento de los salarios reales de manera continua, mediante los convenios colectivos de trabajo. Que se frene la inflación mediante un acuerdo de precios y salarios con participación de todas las centrales sindicales y empresariales”.
Por último, resalta la necesidad urgente de implementar una renta básica universal, además de impulsar una reforma tecno-productiva: “La renta universal o salario social es un derecho a conquistar, es asignar la misma suma para todos los ciudadanos. Su monto es reducido y no resolverá el problema de la pobreza ni la desigualdad. Pero sería útil para aumentar el piso mínimo de ingresos para toda la población. Lo más importante sería adoptar una política económica y tecnológica para aumentar la productividad, negociada y adoptada de común acuerdo entre empresarios, gobierno y sindicatos, porque eso podría permitir naturalmente el aumento de los salarios reales y la reducción de la jornada máxima legal del trabajo sin que caiga la tasa de ganancias. Pero de esto no se habla en el gobierno ni en los medios de comunicación”.
El economista Martín Hourest, en tanto, coincide en que la discusión de la pobreza y sus posibles soluciones no forma parte de las agendas pública, política y mediática. Para él, la coyuntura crítica actual demanda “afrontar el doble proceso de crecer y reducir la pobreza. Discutir un plan para erradicar la pobreza en Argentina –agrega- implica trabajar sobre dos escenarios. Un escenario de universalización mínima de ingresos y un escenario de provisión de bienes públicos de calidad. La universalización mínima de ingresos podrían ser un ingreso ciudadano o los mecanismos universales de transferencia, que no tienen nada que ver con ninguna de las políticas focalizadas que se aplican en la Argentina y configuran un sistema disciplinario que las elites políticas y sociales utilizan para contener a los pobres”.
En este punto, para el exlegislador porteño urge la creación de condiciones macroeconómicas para la inversión y el despliegue de acciones dirigidas a la generación de empleo.“Necesitamos un Estado transparente y que se vea, que reforme la estructura productiva y lleve adelante un proceso de inversión reproductiva. Un Estado que oriente el gasto público a garantizar un piso mínimo de ciudadanía mediante la provisión de bienes públicos de calidad. Para ello, resulta fundamental que los sectores populares asuman el desafío de reformular el Estado”.
Jun 1, 2017 | inicio, Vidas políticas
“¿Qué es aquello que te apasiona? ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué es aquello por lo que te pagarían?”, decía Alejandro Melamed en una charla en el auditorio de la «Expo Empleo Jóven» que se realizó en La Rural el 30 y 31 de mayo último. Fuera del auditorio, en la sala principal, había 200 mesas con promotores y personal de recursos humanos de cada una de las empresas que participaron de esta propuesta del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que prometía 10.000 puestos de trabajo en su campaña publicitaria.
La multitud de jóvenes ilusionados que se acercaron al predio y las longilíneas filas que se armaban parecieron desnudar uno de los grandes problemas de la actualidad socioeconómica: los crecientes índices de desocupación, en los cuales los universitarios ocupan la mayor porción.
Al preguntar para dejar el currículum en la empresa Exxon, la respuesta fue que buscaban dos áreas específicas. Al repetir la pregunta en YPF, sólo señalaron el e-mail al que había que enviarlo. Después de cada larga fila, compuestas por centenas depersonas, las respuestas se asemejaban.
Falsa expectativa: muchos jóvenes salieron desilusionados por no obtener una entrevista.
Por los pasillos de la Feria se encontraba Fabián Pereyra, el Director de Políticas de Juventud, organizador de la exposición. «Las empresas en este momento están atendiendo jóvenes que se están acercando. Si les dijeran sólo que carguen virtualmente el currículum, no habría ningún joven en la fila. Entiendo la polémica, que algunos dicen que hay precarización laboral, pero acá están las principales empresas del país generando 11.000 puestos de trabajo», dijo Pereyra en diálogo con ANCCOM. Sin embargo, agregó: «¿Cuántos abogados o periodistas pueden trabajar de lo que estudiaron? Es un mundo muy cerrado, esta feria sirve para que los chicos despierten otra vocación. Pienso también que hay que darles herramientas a los jóvenes para generar emprendimientos propios. Queremos que los chicos cumplan sus sueños».
Largas colas en las afueras del predio de La Rural de Buenos Aires para ingresar a la Expo Joven 2017.
Momentos más tarde, en la mesa de la marca de ropa 47 Street, la encargada de recursos humanos le dijo a una mujer: «Ah, pero vos sos de La Plata. ¿Viajarías a Capital todos los días?» La mujer contestó un “sí” rotundo. Su presencia en la Feria se debía a que hace seis meses que está sin empleo. “Vine porque no hay trabajo por ningún lado, y acá se ve mucho gasto de plata en los stands, en la folletería, en el espacio, para que después sólo te digan que tenés que entrar a la web de la empresa o enviarlo por e-mail», expresó a ANCCOM. Un grupo de chicos entre 18 y 19 años esperaban en otra larga fila para realizar un entrenamiento de entrevista laboral. «En las mesas nos trataron bien, fueron amables», dijo uno de ellos. El amigo agregó «yo criticaría que nos sacaban como si fuese un trámite, había mucha gente y sólo nos daban un e-mail”. Un joven de 28 años se acercaba a la salida porque tenía que asistir a su clase universitaria. Había estado tres horas en la cola para entrar a la feria, ya adentro, tuvo que hacer más filas, en muchos casos, para recibir folletos y bolsas de promoción.
«Yo criticaría que nos sacaban como si fuese un trámite, había mucha gente y sólo nos daban un e-mail”, explicó un joven mientras se retiraba del predio.
«Había otras expectativas, los jóvenes pensaban que muchas de las empresas harían las entrevistas acá, en las mesas, pero no», dijo un promotor de la marca Coca-Cola. Sólo en algunos casos se daba la selección en el momento. La gerente de recursos humanos de 47 Street separaba currículums y hacía marcas con lapicera, según ciertas respuestas de disponibilidad o residencia: «Me parece mejor que vengan y tener el cara a cara para la selección». En la mayoría de los casos la búsqueda laboral no se diferenciaba de la que cualquier joven podría hacer desde su casa, enviando currículums por mail. El objetivo de la Feria parecía ser ampliar la base de datos para cuando surgieran propuestas en las empresas, más que incorporar nuevos empleados.
El despliegue de múltiples stand y merchandising no alcanzó para cumplir con las expectativas reales de estudiantes y jóvenes trabajadores.
Actualizada 01/06/2017
May 18, 2017 | Comunidad
La cantidad de personas que viven en la calle en la Ciudad de Buenos Aires al menos triplica las cifras y relevamientos oficiales del gobierno porteño que encabeza Horacio Rodriguez Larreta. La diferencia surge de los resultados preliminares del primer censo popular de personas en situación de calle que más de cincuenta organizaciones sociales y políticas realizaron en el distrito entre el 8 y el 15 de mayo con la movilización de más de 500 voluntarios.
Según el censo oficial que el Gobierno de la Ciudad realiza todos los años, en 2016 había 876 personas que no tenían dónde vivir. Las organizaciones que participaron del censo popular coinciden en que la cifra obtenida en el trabajo que concluyó esta semana es muy superior a la difundida por las autoridades porteñas.
Claudia Enrich, de la organización “Ciudad Sin Techo”, que se dedica a acompañar a las personas en situación de calle, precisó que los resultados finales del ¿contra-censo? se conocerán a fin de mes. “La idea es que ahora se hagan los números y sepamos finalmente qué cantidad de gente hay. Vamos a hacerlo de acá al 30 de mayo para tener una cifra respetuosa, que no sean un número sino que sean lo que son, personas que tienen un nombre, una vida”, puntualizó en diálogo con ANCCOM.
La organización “Ciudad Sin Techo”, se dedica a acompañar a las personas en situación de calle y se dispone a realizar un nuevo relevamiento con mayores precisiones.
Por su parte, la consejera del Consejo Económico y Social de la Ciudad (Cesba), Laura Velasco, subrayó que el trabajo de campo de las organizaciones “no fue meramente un conteo, se realizó una cantidad de preguntas en relación con la situación de las personas, de las familias, qué situación los llevo a la calle, hace cuánto, si son discriminados en distintos ámbitos, si acceden a la salud, si sufren violencia institucional, si fueron a los paradores del gobierno de la Ciudad”. Y advirtió: “Lo que sí podemos anticipar es que el número de personas que vive en la calle es por lo menos tres veces de lo que informa el Gobierno”.
De acuerdo a la ley 3706, sancionada el 13 de diciembre de 2010 en la Legislatura porteña, es un deber del Estado “la realización de un relevamiento anual de las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle”. Además, la ley señala que “se promoverá la elaboración del diagnóstico con la participación de expertos en la materia, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil integradas o no por personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle”.
Según Enrich, “el gobierno no la cumple”. Para graficar ese incumplimiento, la referente de “Ciudad Sin Techo” recordó que “el año pasado hicieron el censo en abril en un solo día”. Y agregó: “Salieron un miércoles lluvioso en dos camionetas para hacer 15 comunas con 48 barrios. En ese contexto no iban a ver mucha gente, obviamente. Lo que estamos haciendo es obligar a que se cumpla la ley y a que exista un número real para poder tener el presupuesto y políticas públicas como corresponde”.
Por el incumplimiento de esta norma, el Gobierno porteño tiene abierta una causa en el juzgado a cargo de Elena Liberatori. Según Velasco, “el gobierno reconoce en esa causa que no había contabilizado a la gente que está en un parador por la noche y a la mañana siguiente está en la calle, ni a la gente que está con sentencia firme de desalojo ni a la que está con subsidio parando en un hotel. Estas situaciones que plantea la ley no estaban contempladas en el censo del año pasado”.
De la iniciativa para dar con un número real sobre las personas en situación de calle participó un conjunto amplio de organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales, junto a las que se dedican específicamente a esta problemática. Además, contaron con el apoyo de instituciones públicas como el Consejo de Organizaciones Sociales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y la Auditoría General de la Ciudad, que aportaron el asesoramiento profesional necesario. Sobre este trabajo en conjunto, Velasco explicó: “Se armó una coordinadora en la que participamos una persona por organización y se armaron comisiones de trabajo, también se trabajará colectivamente en el procesamiento de los resultados”.
Además, las organizaciones denuncian que no les dan la participación en el relevamiento oficial y en la definición de políticas, según estipula la ley. “Lo que planteó Liberatori en la última audiencia es que tenían que incorporar al monitoreo a otros organismos y organizaciones del sector. Sin embargo, este año volvieron a hacer el censo en abril sin incorporarlas”, agregó la integrante del Cesba. En este sentido, para Enrich “luego del censo deben sentarse en una mesa de trabajo con las organizaciones para definir las políticas”. Y concluyó: “Lo que estamos haciendo es trabajar para que además de difundir la situación, se destinen los recursos necesarios”.
«Lo que estamos haciendo es obligar a que se cumpla la ley y a que exista un número real para poder tener el presupuesto y políticas públicas como corresponde”, señaló Claudia Enrich de la organización “Ciudad Sin Techo”.
Actualizada 18/05/2017
Oct 19, 2016 | inicio
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y la empresa Arcos Dorados S.A. (McDonald’s) celebraron un convenio que, según se promocionaba, le daría trabajo a cinco mil jóvenes entre 18 y 24 años. A cambio, los nuevos empleados recibirían una retribución mensual de 4.500 pesos, de los cuales 1.000 pesos serían afrontados por el Gobierno nacional. Gracias al amparo presentado por las diputadas del Peronismo para la Victoria Araceli Ferreyra, Silvia Horne y Lucila de Ponti, junto con el secretario de Juventud de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Matías Zalduendo, la Cámara de Apelaciones ordenó frenar dicho convenio. ANCCOM indagó los pormenores del acuerdo.
“Nosotros pedimos la nulidad de las Prácticas Clarificantes porque entendimos que, para los jóvenes beneficiarios, genera flexibilización y precarización laboral. No se cumplen los derechos mínimos de la Ley de Contrato de Trabajo y tampoco se respeta el Salario Mínimo Vital y Móvil”, afirmó la diputada de Ponti, y agregó: “Si se quiere llevar adelante una política para que se genere el empleo en el segmento juvenil, hay que hacerlo respetando los postulados mínimos de la normativa”.
En Argentina, Mc Donald’s ocupa el sexto lugar en el ranking de empresas empleadoras, con un total de 16.809 trabajadores. Esta información es la que la propia multinacional declara en las planillas anexadas en el convenio con el Gobierno nacional.
«Pedimos la nulidad de las Prácticas Clarificantes porque entendimos que, para los jóvenes beneficiarios, genera flexibilización y precarización laboral».
Daniel Arenaza, abogado interviniente en la causa y miembro del Observatorio de Políticas Públicas, Legislativas y Comunicacionales, entiende que uno de los motivos que los llevó a intentar frenar el acuerdo es que el Salario Mínimo Vital y Móvil está pautado en 7.560 pesos, muy por encima de lo que establecía el convenio entre la multinacional estadounidense y el gobierno Nacional.
Un trabajador de McDonald’s, en su categoría más baja y sin antigüedad, actualmente cobra en Argentina por Convenio Colectivo de Trabajo cerca de 10.000 pesos por mes. Quienes iban a ingresar a través de las llamadas Prácticas Clarificantes -ahora suspendidas- hubieran cobrado menos de la mitad de ese monto. Aunque el Gobierno haga un esfuerzo significativo para instalar en el imaginario que son pasantías para el aprendizaje de un empleo, va saliendo a la luz que, en realidad, el funcionamiento es el mismo que el de una relación laboral tradicional, sólo que recibe otra denominación (y otra remuneración).
Respecto a la jornada laboral, también existen numerosas irregularidades. Arenaza explica que el acuerdo preveía que un trabajador cumpliera una carga horaria de 30 horas semanales, las cuales podían estar distribuidas entre fines de semana, feriados y horarios nocturnos. Un empleado regular de Arcos Dorados cobra un plus por una jornada laboral con estas características. Las Prácticas Clarificantes le sacaban al trabajador esa bonificación y tampoco contemplaban cargas previsionales o los aportes de otras características.
Los motivos que llevaron a la diputada correntina Araceli Ferreyra a impugnar el convenio son de índole personal. La legisladora recuerda que, en su provincia natal, conoció de primera mano a jóvenes trabajadores de McDonald’s y de su principal competidora, sometidos a una situación de precarización e inestabilidad. Los trabajadores son contratados a través de acuerdos temporarios, luego los despiden y no les abonan ningún tipo de indemnización. Además, Ferreyra recordó: “A mí me tocó a mediados de los ’80 y principios de los ’90 salir a buscar trabajo. En pleno fulgor del neoliberalismo los programas de empleo joven no servían para nada. Era creciente la desocupación juvenil. Esta era una manera que tenía el sector empresarial para bajar costos, sin garantizar ni capacitación, ni posibilidad al empleo. Sé por experiencia propia que estos programas no sirven para nada. De hecho, en España también hay este tipo de convenios y allí hoy existe un 60% de desempleo juvenil”.
Las tres diputadas, Arenaza y Zalduendo presentaron el pedido de amparo ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo número 76, a cargo del Juez Fernando Alfredo Vilarullo, quien rechazó de manera inminente la acción de amparo. El abogado actuante explicó que el juez “consideraba que, ni las diputadas nacionales que se presentaron en la causa, ni la CTA, representada en Matías Zalduendo, tenían la legitimidad para poder defender los supuestos derechos vulnerados. Este desconocimiento de la CTA como una organización que propende los derechos de todos los colectivos de trabajadores, más allá de este conflicto en particular, es uno de los motivos por los que decidimos apelar a una segunda instancia”.
«Las Prácticas Clarificantes le sacaban al trabajador esa bonificación y tampoco contemplaban cargas previsionales o los aportes de otras características».
En cambio, la sala número VI de la Cámara Nacional del Trabajo revocó el fallo de primera instancia que había desestimado la demanda. Se admitió la acción de amparo y la medida cautelar, y se le ordenó al juez que resuelva sobre esta medida cautelar, sin posibilidad de rechazo o desconocimiento sobre el tema.
Por otro lado, se incorporó a la causa a la empresa Arcos Dorados S.A. Daniel Arenaza explica: “Nosotros presentamos el amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional, es decir, contra el Ministerio de Trabajo, que es el administrador, la cabeza del convenio. Los jueces en segunda instancia quisieron que también incorporáramos a la multinacional”.
Este convenio supuestamente está dirigido a crear empleo en jóvenes en situaciones de vulnerabilidad. Matías Zalduendo, de la CTA, explica que existe un amplio desconocimiento entre estos sectores sobre los derechos laborales. Por tal motivo, afirma: “Un acuerdo anunciado con bombos y platillos, que pone en el centro de la escena a un joven que hoy en día está sin trabajo, que vive una situación difícil en su casa y quiere buscar un empleo para independizarse e ingresar al mundo laboral, puede ser visto por los receptores como una posibilidad. Nosotros tenemos que demostrarles a quienes quieren acceder al primer empleo que tienen derecho a un salario mínimo y a recibir aportes patronales. La idea es que el trabajo te dignifique, y no ser explotados”.
Los promotores del amparo se encuentran a la espera de que el expediente vuelva a la primera instancia, en donde van a tener que notificar al Estado nacional y a la empresa Arcos Dorados para que se presenten en la causa dando explicaciones o presentando los informes correspondientes. “Lo primero que el juez va a tener que hacer es resolver la medida cautelar. Luego, tenemos fe en que la Justicia va a seguir los lineamientos que ya demostró. Tenemos confianza de que vamos a tener una resolución favorable. Aunque eso ya es criterio de los jueces y nos excede”, afirmó Arenaza.
Frente a esta realidad, el secretario de juventud de la CTA menciona la falta de cobertura de los medios masivos de comunicación ante la noticia del amparo: “No lo cubrieron porque es el primer golpe para el macrismo. Es uno de los primeros fallos que se da en contra del Gobierno nacional. No salió en ninguno de los grandes medios. Es más, el ministro Triaca se llamó al silencio. Esto es algo que sólo ha sido difundido por los medios alternativos y los portales. Cobró relevancia en las redes sociales porque se le ha puesto un freno a una política que nosotros consideramos que perjudicaba a los sectores más vulnerables y a los jóvenes”. Además, aseveró: “Estamos convencidos de que en este asado, en esta fiesta de los patrones, los trabajadores no vamos a ser el carbón ni mucho menos. Vamos a tratar de frenar este momento para defender a la clase trabajadora que es lo que más nos importa”.
Actualizado 18/10/2016
