¿Dónde está Arshak? Un policía de la Ciudad del que nadie dice nada

¿Dónde está Arshak? Un policía de la Ciudad del que nadie dice nada

 

El 24 de febrero de 2019 el policía Arshak Karhanyan, de 27 años, salió de su casa sólo con su billetera y su arma reglamentaria, aunque estaba de franco.  Su mamá, Vardush Davtyan, lo esperaba para cenar su comida armenia favorita y tenía que estudiar para rendir finales, pero nunca regresó. Este lunes se cumplió un año de la desaparición y la Justicia todavía no puede decir qué pasó. 

La causa aún está en el proceso inicial de investigación, en la delimitación de si hay o no un delito, aunque para el juez Alberto Julio Baños no lo hay. 

Para el abogado de la familia, Juan Kassargian, es difícil responder en qué se avanzó en este último año: “La fiscalía reunió un montón de pruebas, pero a los efectos de resultados ninguno. Por el lado de la querella avanzamos en el relevamiento de aquellas pruebas que resultaron de la investigación de la policía de la Ciudad y fuimos encontrando muchas inconsistencias. Al momento de elegir líneas de investigación, por un lado,  llegábamos a un callejón sin salida, por otro lado, volvíamos a encontrar otro callejón sin salida… hay bastante negligencia en la prueba, tantos callejones cerrados, ya empieza a oler que no son meros errores, ya empieza a sonar a algo más que negligencias”. 

En diálogo con ANCCOM, la diputada de la Ciudad por el Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro, explicó: “El principio de la causa fue muy complejo, porque no le permitían a la familia ser querellante. Ahí nosotros presentamos un habeas corpus que permitió activar un poco la causa que estaba paralizada. Hasta que por fin, el juez, aceptó después de haber rechazado el pedido dos veces. Ahora lo que va a pedir la familia es que se modifique la carátula y sea desaparición forzada de persona. Nosotros ya agotamos las posibilidades administrativas y políticas, hicimos pedidos de informes, notas al ejecutivo, reuniones, el habeas corpus y una conferencia de prensa”.  Y recalcó: “Nos llama muchísimo la atención que en este año haya tanto silencio alrededor de la desaparición. Y después hay situaciones que tienen que ver ya con una definición política de la Policía de la Ciudad o del ministro de Seguridad de la Ciudad de no acompañar con más fuerza este proceso de investigación”. Arshak, de origen armenio, llegó a la Argentina con su mamá y su hermano en 1997. Se formó en el Liceo Militar General San Martín y egresó en 2014 de la policía de la Ciudad. En un primer momento, trabajó en la División de Cibercrimen y fue perito en la primera etapa de la causa que investiga la muerte del ex fiscal Alberto Nisman. En 2016, pasó a la División Exposiciones de la Policía de la Ciudad, donde permaneció hasta principios del 2019, cuando fue trasladado a la Comisaría Vecinal 7B, de Caballito. Además, estaba estudiando la carrera de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). 

El día de su desaparición, Arshak fue captado por las cámaras de seguridad del edificio donde vivía en Caballito charlando en la vereda con el oficial primero Leonel Alejandro Herba, su ex compañero en la División Exposiciones de la Policía de la Ciudad. Luego de haber hablado por casi una hora, Arshak subió a su departamento y bajó unos minutos después para ir al cajero del Banco Ciudad ubicado en la estación “Primera Junta” de la línea “A” de subterráneos, donde hizo una extracción de dos mil pesos. Finalmente, las cámaras lo tomaron en el local Easy de la avenida Rivadavia comprando una pala de punta, que abonó en efectivo, y se lo vio salir caminando por Rivadavia hacia Flores. 

Hasta ahí llego el registro fílmico. Para la Diputada Montenegro, esta situación es como mínimo sospechosa: “El primer pedido de cámaras es del sábado y el lunes, no del domingo, el día que desaparece Arshak, ahí se pierde tiempo. Los días que eran importantísimos se perdieron”.

Otro hecho llamativo del proceso de investigación es que los peritos de la Policía de la Ciudad hayan borrado datos del celular personal de Arshak al intentar desbloquearlo. Sólo se pudo acceder a la información que data de un mes antes de la desaparición.

“Algo pasó que motivó que Arshak dejara de estudiar el domingo al mediodía estando de franco, lo haya visitado otro policía y haya salido a comprar una pala de punta… estamos hablando de alguien que vive en un departamento de dos ambientes en plena Capital Federal y no tiene ni una maceta en la casa”, contó a Anccom un amigo de Arshak del Liceo Militar General San Martín, donde hicieron juntos el secundario. Y agregó: “El primer reclamo es para la Justicia, ¿cómo puede ser que después de un año no nos puedan dar una respuesta más que ‘se lo tragó la tierra’? Estamos hablando de un ciudadano que es dependiente del estado… ¡Un policía! Además hay un hermetismo completo. Estamos hablando de la policía investigando a la policía”. 

Debido a la falta de respuestas, familiares y amigos decidieron crear una comisión por la aparición de Arshak con el objetivo de nuclear a toda la gente interesada y contribuir a la difusión del caso por redes sociales. 

A partir de ahora, la querella avanzará en la cuestión procesal de terminar de reunir la prueba para poder exponer su hipótesis principal. “Hace seis meses no hubiéramos tenido elementos para sostener una hipótesis, hoy creemos que tenemos elementos para decir aproximadamente ante qué situación estamos. Todavía necesitamos verificar dos o tres cosas más”, explicó a esta agencia, Kassargian.

Ya pasó un año sin respuestas pero se mantiene la misma pregunta: ¿Dónde está Arshak?

Una marcha para reclamar por sus muertos

Una marcha para reclamar por sus muertos

Los familiares de las nueve víctimas de la peor masacre en la historia de las comisarías del país fueron acompañados por más de un millar de personas que reclamaron justicia para sus hijos y hermanos fallecidos en el incendio en la seccional 3ª de Esteban Echeverría, en la provincia de Buenos Aires.

La masacre ocurrida el 15 de noviembre pasado no es olvidada por los familiares que reclamaron contra las vallas que encerraban a la comisaría 3ª, ubicadas sobre Camino de Cintura. La seccional estaba clausurada por la Justicia desde 2011, y pese a ello la comisaría había desbordado su capacidad de alojamiento.

Una política transgénero

Una política transgénero

En el partido de Moreno, provincia de Buenos Aires, se dio lugar hace un año a la apertura de la dirección de Diversidad Sexual en el área de Derechos Humanos de la localidad. Es una de las cinco que existen a lo largo de todo el país y está a cargo de Nancy Sena, una mujer transgénero que hace varios años trabaja para los morenenses y que se destaca socialmente por su lucha contra la discriminación hacia la comunidad trans (travestis, transgénero y transexuales) y hacia los colectivos de lesbianas y gays.  

¿Cómo surge la creación de una Dirección de Diversidad Sexual en Moreno?

La Dirección de Diversidad Sexual surge de las necesidades de las compañeras  trans (travestis, transgénero y transexuales) y de los colectivos de lesbianas y gays, en el partido de Moreno. Pertenezco a esta localidad y también al colectivo de personas diversas. Siempre tuve presente el objetivo de esforzarme y trabajar para ellas, para tratar de satisfacer sus necesidades sociales, para luchar contra la discriminación y las desigualdades que sufren por su construcción de género, y para que se respeten las diversas elecciones sexuales. Ya trabajaba en el municipio cuando asumió Walter Festa como intendente de Moreno. La Dirección de Diversidad Sexual ya existía, pero no cumplía las expectativas de las compañeras. Venían a hacerse su DNI -a partir de la aprobación de La Ley de Identidad de Género, por ejemplo- y no encontraban respuestas a través del referente de ese entonces. El área existía pero no funcionaba, no era más que una usurpación de cargos de funcionarios dentro de la gestión pública de Moreno. De las convocatorias llevadas a cabo por las compañeras, y de las reuniones con el nuevo intendente, surge la creación de la verdadera Dirección. Asumí como directora tras una unanimidad de votos por parte del colectivo en su conjunto. En mayo del 2016 comenzamos con toda la organización y presentación del proyecto en el Concejo Deliberante. El Concejo aprueba el plan de la Dirección y en agosto del mismo año, el área de Diversidad Sexual comienza a funcionar como tal.

Nancy se destaca socialmente por su lucha contra la discriminación hacia la comunidad trans (travestis, transgénero y transexuales) y hacia los colectivos de lesbianas y gays.

¿Quién es Nancy Sena?

Me considero una persona luchadora, siempre fui para adelante con respecto a mis convicciones, reconociendo que los derechos no son favores. Viví siempre en Moreno y siempre quise trabajar por y para Moreno, ayudando a la gente. Toda mi vida lo que hice fue trabajar. Antes me formé, estudié y me informé para ser cada día mejor persona. Creo que hoy estoy sentada al frente de esta oficina porque nunca me quede quieta y nunca me callé la boca. Soy la primera mujer transgénero en trabajar dentro de este municipio, en obtener mi identidad de género peleándosela al Estado y la primera que se pudo casar, antes de toda ley, porque ya trabajaba para el Estado y me animé a demandar y a luchar por mis derechos. Con respecto a mi construcción de género femenina sostengo que yo siempre me sentí mujer. Mujer a veces se nace y otras veces se hace. Yo quise hacerme mujer, y  lo más importante de esta decisión es que siempre tuve el apoyo incondicional de mi familia. Sufrí la discriminación social por mi elección, más que nada en la escuela y por parte de mis maestros, ni siquiera de mis compañeros, pero siempre tuve a mis padres que me entendieron y me amaron así como decidí ser.

¿Cómo llegaste a trabajar dentro de la gestión pública de Moreno?

En el 2003, con la asunción de Néstor Kirchner como presidente, comienzo a militar en la política social y al poco tiempo me convierto en la presidenta de una ONG de mi barrio llamada “Alcorta al Pie”. Trataba de cubrir necesidades, de que la gente tenga para comer, para vestirse y que tenga trabajo, sin dejar de lado mi objetivo de trabajar para el colectivo LGBTIQ (lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y queer). Cuando comienzo a militar en el barrio, empiezo a interactuar con la  gestión de ese entonces. El municipio en ese momento le proveía mercadería a una agrupación, y la mercadería nunca llegaba a gente que no militaba: los abuelos y los niños. Mediante denuncias que hago por este tipo de irregularidades llegue a dialogar con el intendente anterior, Mariano West, y me pidió más tarde que me quede a trabajar en el municipio para la gente. Reconoció, más que nada, mi coraje al animarme a denunciar algo así, a punteros políticos que le robaban a la gente. De esta manera, comencé en el 2006 a trabajar en el área de Derechos Humanos y no me fui más, me enamoré de mi trabajo a partir de mi ingreso al municipio. Trabajar para este pueblo siempre fue uno de mis objetivos. Estuve en Derechos Humanos hasta que se dio la apertura del área de Diversidad Sexual de la cual estoy al frente en el presente.

Como mujer transgénero, ¿qué significa que exista este espacio en Moreno?

Es un logro inmenso. Esta dirección dentro de la realidad en la que vivimos, donde reina la falta de respeto y la desigualdad, significa progreso y éxito para la lucha de todas las compañeras y para mi propia lucha. Es la tercera dirección de Diversidad Sexual abierta en la provincia de Buenos Aires por la pelea de las compañeras, por obtener trato digno e igualitario a nivel social, por sus derechos. Y en total son cinco direcciones de Diversidad Sexual que funcionan en todo el país. Que este espacio exista significa tener la posibilidad de que dentro del pueblo de Moreno, la sociedad sea consciente de que existen personas que eligen cambiar de alguna manera su realidad sexual y que hay que respetarlas como a todos. El respeto es lo más importante.

» Sufrí la discriminación social por mi elección, más que nada en la escuela y por parte de mis maestros, ni siquiera de mis compañeros, pero siempre tuve a mis padres que me entendieron y me amaron así como decidí ser», dijo Nancy.

¿Cómo trabaja el área de Diversidad Sexual?

La dirección de Diversidad Sexual trabaja visibilizando, acompañando y solucionando problemas que afecten la vida de las personas que eligen una construcción de género distinta. Apoyamos que el colectivo de personas diversas tenga los mismos derechos que cualquier persona. Por ejemplo, a estudiar en una universidad o en un colegio, sin ser discriminado. Recibimos denuncias de este tipo, por discriminación, por eso estamos en constante contacto con espacios educativos en donde brindamos charlas sobre lo que significa que todos, aunque decidamos ser diferentes, tengamos derecho a estudiar. La discriminación está en muchos ámbitos, en el trabajo también. Las compañeras necesitan tener un trabajo autónomo para vivir como cualquier ser humano. Necesitan decidir dónde quieren trabajar y deben ser aceptadas con respeto. Por eso, estamos peleando para que se le dé el necesario tratamiento y aprobación a la ley de cupo laboral, la cual sostiene que por lo menos el uno por ciento de personas transgénero deben poder trabajar en el Estado. También acompañamos a las compañeras que no tienen su DNI -porque lo rompen, porque lo tiran al no sentirse identificadas o porque son víctimas de robo- a que se hagan uno nuevo a partir de la nueva Ley de Identidad de Género. Estamos en contacto directo con la comisaría de la mujer porque hay compañeras que viven en pareja, como cualquier otra mujer, y son víctimas de violencia de género. Así estamos trabajando, y hay mucho más por hacer.

¿Cuáles son los objetivos a futuro?

Tenemos un largo camino por delante. Esta dirección es un espacio nuevo en Moreno. Lo principal es seguir escuchando a todas y todos, apoyar a las personas que forman parte del colectivo y a las que no, también; para que nos conozcan, para lograr igualdad. Tenemos que explicar que en la diversidad sexual hay un montón de actores. Para nosotros es muy importante, además, seguir llegando a las escuelas, interactuar con los maestros, con los niños para que los chicos que decidan sobre su construcción de género a temprano edad, logren integrarse. Nuestro trabajo desde los colegios es fundamental. Me parece importante destacar que tenemos buena llegada a los medios, muestran nuestro trabajo, nuestros logros. Que una niña transgénero tenga su DNI nuevo con 14 años, es un gran logro. Y queremos seguir así, cumpliendo objetivos, peleando por el respeto a los derechos de cada uno de nosotros, como también formando, informando y capacitando desde este lugar que es la dirección de Diversidad Sexual.

 

Actualizada 18/07/2017

 

Lecciones a punta de pistola

Lecciones a punta de pistola

Un oficial armado ingresó en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N°2 Mariano Acosta, en el barrio porteño de Balvanera, el jueves último. El hecho provocó el temor y la preocupación de los padres y docentes del colegio, pero también el repudio de amplios sectores de la sociedad que ven, en esta y en otras acciones, el hostigamiento a los trabajadores docentes y a los estudiantes que reclaman por sus derechos.

La comunidad educativa del Mariano Acosta presentó una denuncia ante la Asesoría Tutelar del Menor, a cargo del fiscal Gustavo Moreno, para que se investigue a los uniformados de la Policía de la Ciudad que formaron parte en la intimidación y amedrentamiento de los alumnos. Además el viernes, en una asamblea, los padres y docentes de la escuela decidieron presentar una acusación en la Procuraduría Contra la Violencia Institucional  (PROCUVIN) y planean presentar una nota firmada por los responsables de los menores al ministerio de Seguridad de la CABA para exigir una explicación por haber enviado agentes al instituto. Raquel Papalardo, rectora del Mariano Acosta, destacó la sensibilidad de la comunidad educativa en diálogo con ANCCOM: “En esta escuela hubo sesenta y cinco desaparecidos por la dictadura y hoy estamos preocupados. La situación es muy compleja, no recuerdo una democracia como ésta. Este proyecto de país que proponen no cierra sino es con represión, porque si la gente tiene hambre, no tiene acceso a la salud, al trabajo y a la educación va a salir a protestar para defender sus derechos”. Por su parte, Alina Conde, madre de un estudiante de la escuela, presente en la asamblea del viernes advirtió: “No es la primera vez que pasa. El 23 de marzo algunos alumnos estaban haciendo banderas y la policía estaba en la vereda del colegio observándolos. En la zona hay robos casi todos los meses y ellos no aparecen, pero para vigilar a los chicos sí”.

La preocupación de docentes y padres se extiende a los estudiantes, que también se organizan para defender la educación pública. Agustín Prieto, presidente del Centro de Estudiantes del Mariano Acosta, sumó a lo ocurrido en su escuela otros hechos: “En la Técnica Número 27 ocurrió la misma situación. Se acercaron policías diciendo que había una marcha y entraron al edificio”. Recordó además un hecho aún más grave ocurrido en la escuela de música Juan Pedro Esnaola. “Requisaron a un chico de 17 años a la salida de una reunión. Le pidieron el documento, abrieron su mochila, inspeccionaron la funda de la guitarra, le sacaron fotos -siendo menor de edad- y sin darle ninguna explicación. El chico quiso llamar a su mamá y no lo dejaron, retuvieron su celular. Después de revisarlo dos veces lo dejaron ir”, describió Agustín.

Raquel Papalardo, rectora del Mariano Acosta: «Me pidieron que cerráramos las puertas de la escuela a lo que me negué».

La lista de intimidaciones a las escuela comprende también a los estudiantes del Carlos Pellegrini: el mismo día que se inauguró la Escuela Itinerante realizaron una clase pública en la puerta del establecimiento en solidaridad con los docentes reprimidos en Congreso. Desde la vereda de enfrente, ocho policías miraban atentamente todo lo que pasaba.

No parece casual las intimidaciones policiales durante las actividades solidarias de los estudiantes con los docentes en su lucha por el llamado a paritarias nacionales. El 17 de abril a las 18.12, el director de Escuelas Primarias de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Bruno, envió un mail a los inspectores escolares para que adviertan a los directores de las escuelas que las actividades vinculadas a la realidad social “tengan en claro cuáles son los objetivos pedagógicos dejándolos plasmados por escrito en una secuencia de actividades encuadradas en los lineamientos curriculares del Área Formación Ética y Ciudadana y respondiendo al proyecto institucional”.

El viernes por la tarde, en un acto realizado en la Escuela Itinerante para repudiar los hechos del Mariano Acosta, el Secretario General del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, se refirió a la situación: “Este gobierno está desconociendo lo que son los derechos básicos de los trabajadores: tener una paritaria para discutir tanto mejoras salariales como mejoras en las condiciones laborales. Es un gobierno que asumió por el voto del pueblo pero que está tomando un cariz autoritario”. Además expresó que  con la represión en la escuela Itinerante, en la Universidad de Jujuy y con la entrada de la policía al Mariano Acosta se manifiesta el deterioro de la democracia: “Lamentablemente es una situación compleja en el que los trabajadores tenemos que seguir luchando por hacer valer nuestros derechos”.

En las puertas del Mariano Acosta, hay claros mensajes de preocupación de los alumnos y directivos por el hostigamiento policial.

El episodio del Mariano Acosta

Raquel Papalardo, rectora del Mariano Acosta, relató a ANCCOM lo sucedido el jueves en su escuela: “En el marco de los reclamos por las paritarias docentes los alumnos que conforman el Centro de Estudiantes nos pidieron realizar clases públicas en una plaza. Nos negamos porque nos pareció peligroso y decidimos hacerla en el patio”. Fue así que el jueves 20 de abril, a las 10 de la mañana, antes de comenzar la clase, le informaron a la vicedirectora, Viviana Fernández, que cuatro uniformados estaban frente al colegio. Fernández se acercó para preguntar qué hacían ahí y le respondieron que les habían dicho que habría una movilización.  Ella respondió que solo se realizaría una clase pública en el patio de la escuela y los policías insistieron con que tenían que permanecer por si decidían cortar la calle. Entonces les consultó de dónde venían y contestaron: “del Comando”. Quince minutos más tarde llegó Raquel Papalardo, quien recibió la misma información por parte de los oficiales, a la que se sumaron algunas amenazas: “Yo les hice las mismas preguntas. Me contestaron socarronamente que tenían una orden de captura para mí. Les dije: ´Acá me tienen´. Después me aclararon que les habían informado que se haría una marcha. Agregaron que si queríamos podían cortar un árbol y prenderlo fuego para cortar la calle. Negué que hubiese una marcha planeada y ellos sostuvieron que tal vez los chicos se podrían desbordar y cortar la calle. Me pidieron que cerráramos las puertas de la escuela a lo que me negué. Cuándo interrogué sobre su procedencia me dijeron que venían de Operaciones”.

Raquel describe que las clases públicas se llevaron a cabo con tranquilidad, puertas adentro de la institución, entre las 12.15 y las 13.15, pero que más tarde ocurrió otro hecho alarmante: “A las 14.30 yo estaba almorzando en la Secretaría y un policía se presentó en los pasillos. Lo vi y le pregunté qué hacía en la escuela y quién lo había enviado. Entonces respondió que era de la comisaría séptima -a nosotros nos corresponde la octava- y que lo habían mandado porque había una marcha y tenía que saber si íbamos a cortar la calle. Al lado de él se encontraba un profesor de Historia quién me advirtió que estaba armado y empezó a pedirle al oficial que se retirara, porque no podía entrar armado a una institución educativa si no tenía una orden judicial. Entonces, se excusó diciendo que estaba cumpliendo con su labor”, relató Raquel consternada.

En la asamblea  del Mariano Acosta el presidente del Centro de Estudiantes, Agustín Prieto, manifestó su preocupación: “Cuál es el límite, hasta dónde quieren llegar. No queremos esperar a que desaparezca un chico de nuestra escuela y no sepamos donde está. Somos pibas y pibes de entre 13 y 18 años, no el aparato represor del Estado. No tenemos armas, tenemos lápices y hojas. La palabra es nuestra única arma y la vamos a seguir usando para que deje de pasar esto”.

El repudio

“Bajen las armas, aquí solo hay chicos y chicas estudiando”, se leía en los carteles que sostenían los oradores de la asamblea que reunió a los docentes, directivos y estudiantes del Mariano Acosta como así también a representantes de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y maestros de la Escuela Itinerante frente al Congreso el viernes último, luego de conocerse los hechos ocurridos en el colegio. Allí no sólo se debatió lo acontecido en Balvanera sino que se recordó que la semana anterior en Jujuy dos alumnos, Ignacio García y Joaquín Quispe presidente del Centro de Estudiantes- fueron detenidos ilegalmente en la Universidad Ciencias Agrarias por la policía provincial.

Francisco Reydó, representante de CTERA, también opinó: “Lo que pasó en el Mariano Acosta es otra forma de intimidación a la educación pública como lo que ocurrió el jueves cuando se presentaron los empleados bancarios a manifestar su apoyo a la Escuela Itinerante y hubo un cordón policial de Infantería, en clara actitud de provocación e intimidación a una actividad conjunta de educadores y gremialistas. Creo que esto es muy peligroso porque quieren instalar una situación de normalidad y no es natural que eso suceda”. Por su parte, Agustín Prieto, presidente del Centro de Estudiantes del Mariano Acosta advirtió sobre lo ocurrido en su escuela: “Supuestamente un vecino llamó a los oficiales. Pero viendo lo que pasó en distintas instituciones del barrio solo me queda pensar que los vecinos se están coordinando mucho o son los policías los que lo están haciendo para amedrentar e intimidar a la comunidad educativa”.

La policía, la noche de la represión a la protesta social, durante el armado de la carpa itinerante de los docentes.

Reydó expresó que no es aceptable que en un período democrático estén sucediendo estas cosas y advirtió: “Entendemos que disciplinar y condicionar a los trabajadores docentes hoy es condicionar y disciplinar al conjunto de los trabajadores de nuestro país”. En la misma línea, Marcelo Guagliardo, otro maestro de la Escuela Itinerante, declaró: “Nosotros tenemos mucha preocupación; por eso estamos movilizados desde antes que iniciaran las clases, porque veíamos que estábamos frente a un gobierno que se había corrido de sus corresponsabilidades en el sostenimiento de la educación pública. Y utiliza a las fuerzas policiales para reprimir las protestas sociales. Vemos que hay un retroceso a un tiempo que mucho nos costó superar. Las políticas de ajuste no se sostienen si no es con un aparato represivo fuertemente preparado por el Estado. Esto se puede observar en la compra millonaria de armas por parte del gobierno de Macri, debido a que la única hipótesis de conflicto que encontramos en la Argentina es el conflicto interno por la agudización de la crisis social”.

 

Actualizada 25/04/2017

En defensa propia

En defensa propia

La facultad policial para detener personas en la vía pública y pedir documentos,  el uso de las pistolas Taser que producen descargas eléctricas sobre los cuerpos humanos, la emergencia en materia de seguridad y el protocolo antipiquetes.  La enumeración forma parte de una lista de medidas de la gestión de Cambiemos que la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) difundió como un nuevo marco para facilitar posibles detenciones arbitrarias.

A 25 años del caso Walter Bulacio –un crimen que se convirtió en símbolo de la lucha contra la violencia policial-, la CORREPI lanzó  una Campaña  Nacional contra las Detenciones Arbitrarias junto a un conjunto de organizaciones sociales. También denunció que, desde diciembre de 2015, se ampliaron y profundizaron las facultades policiales para demorar  a personas sin causa alguna.  “Ya no tenemos la opción de pensar si lanzamos o no una campaña nacional, sino que tenemos que hacerlo en defensa propia. Hay que poner en evidencia  un mecanismo que funciona aceitadamente por dos características: la naturalización hacia el interior de la clase que la padece y la invisibilización hacia el afuera”, explicó María del Carmen Verdú, abogada y referente de CORREPI , en diálogo con ANCCOM.

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Cada año, la CORREPI realiza un documento oficial -Archivo de Casos- que certifica que este accionar no sólo aplica en la actualidad, sino que tiene una larga trayectoria. En su última actualización de fines de 2015, la organización subrayó que,  desde el asesinato de Bulacio, alrededor de 500 jóvenes menores de 18 años murieron en comisarías, donde nunca deberían haber estado.

Esos datos tienen historia propia. Desde diciembre de 1983 hasta la actualidad, según CORREPI más de 47 mil personas fueron asesinadas por el aparato represivo del Estado. El 40% de esas víctimas  estaban detenidas en cárceles y comisarías. Del total de las personas que resultaron muertas en ese ámbito, la mitad no estaban allí por delitos, sino por averiguación de antecedentes, para identificación, por contravenciones o razzias.

Las modalidades de represión utilizadas son el gatillo fácil, el asesinato de personas detenidas, casos de conflictos intrafuerza o intrafamiliares donde el autor utiliza para “resolverlos” los recursos represivos que le provee el Estado, la desaparición forzada, los asesinatos en movilizaciones o protestas y las causas fraguadas. El blanco fácil es la juventud. En el  52% de los casos, las víctimas son personas menores de 25. En el análisis de la implicancia de las diferentes fuerzas de seguridad, los estudios de CORREPI afirman que un gran número de los casos recae sobre los servicios penitenciarios y las policías provinciales, con más de mil y de dos mil víctimas, respectivamente. Continúa la Policía Federal Argentina que supera los 400 y le siguen otras fuerzas -seguridad privada, Gendarmería, Prefectura y Policía Metropolitana-, con menos cantidad registrada, pero no exentos de participación.

Nuevo escenario

Un dato adicional al nuevo estado de cosas proviene del interior del país.  Verdú advirtió que muchos distritos modificaron sus legislaciones contravencionales: describen conductas que no son delitos pero que son tratados como si lo fueran para habilitar y justificar la detención. “Todas acciones que tienen directa relación con la necesidad de generar control social, en un marco de ajuste, de saqueo, que da motivo a que la gente salga a la calle a protestar y, por lo tanto, deba ser disciplinada de manera mucho más dura”, agregó.

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La campaña fue presentada con una conferencia de prensa en la Legislatura porteña y luego ampliada con una movilización de Congreso a Plaza de Mayo. Se cumplía el vigésimo quinto aniversario de la detención, tortura y muerte a manos de la Policía Federal Argentina de Walter Bulacio, un joven de 17 años que aguardaba en el ingreso del Estadio Obras Sanitarias para disfrutar de un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. A la iniciativa se adhirieron cientos de organizaciones de derechos humanos, barriales, estudiantiles, sindicales, culturales, partidos políticos y familiares de víctimas.

“Es una de las peores herencias de la dictadura”, definió Enrique “Cachito” Fukman, integrante de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, durante la rueda de prensa. Y advirtió: “Una persona  puede ser detenida por portación de cara y, de ahí en más, su destino pasa a estar en manos de las fuerzas de seguridad”.

Por su parte, Marcelo Ramal, legislador de la Ciudad por el Frente de Izquierda, expresó que “el Estado manifiesta su esencia represiva más que nunca cuando actúa de modo arbitrario, cuando reprime, agrede y mata a un joven simplemente por estar ejerciendo su papel directo de violentador de la vida y la libertad”, subrayó.

Verdú completó el argumento: “Las detenciones arbitrarias son ese enorme sistema que faculta a la Policía y a todo el conjunto de las fuerzas a detener a cualquiera, en cualquier momento y lugar, solamente porque se le dio la gana a ese funcionario de seguridad”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al Estado argentino terminar con este sistema de detenciones arbitrarias el 18 de septiembre de 2003, pero desde la CORREPI denuncian que esa sentencia sigue sin cumplirse y atraviesa absolutamente a todas las gestiones hasta la actualidad. Como titula su último documento oficial, “Los gobiernos pasan, la represión queda. La lucha también”.