«La causa de Facundo atraviesa todas las miserias de nuestra sociedad donde nadie queda bien parado», dice Aparicio.
El 30 de abril Facundo Astudillo Castro salió de su casa, en Pedro Luro, con dirección a Bahía Blanca para encontrarse con su expareja. Pero durante el camino, el joven de 22 años fue detenido por la Policía bonaerense y nunca llegó a destino. Luego de más 100 días desaparecido, el pasado miércoles se confirmaron las peores sospechas: los restos hallados el 15 de agosto en un cangrejal de Villarino Viejo coincidió con su ADN, información que fue confirmada por la jueza federal María Gabriela Marrón. La autopsia se realizó el 25 de agosto bajo los protocolos de Minnesota, aplicado para los casos de muertes ocurridas en custodia de fuerzas de seguridad y el resultado final puede demandar entre 30 y 60 días.
Durante los últimos días se detectó, a través de informes de geolocalización, que un patrullero Toyota Helios estuvo el 8 de mayo en el lugar donde se encontraron los restos óseos del joven de 22 años. El patrullero en cuestión fue peritado hace dos días por el especialista Marcos Herrero y su perro ‘Yatel’ siguiendo las tomas de olor de Astudillo: “El perro destrozó la parte trasera del Toyota Helios, el resultado del procedimiento fue positivo”, confirma Leandro Aparicio, el abogado de la familia Astudillo Castro.
Para el futuro de la causa será clave el rol que tengan aquellas personas que vieron por última vez a Facundo: “Hay testigos amenazados, testigos aterrorizados que no pueden salir de la casa. Se lo dijimos al Presidente, al Gobernador, ya no sabemos a quién más decirle. Es preocupante el poder que tiene la Policía bonaerense”, advierte Aparicio.
El pasado lunes, además de dialogar por 40 minutos con Alberto Fernández, la madre de Facundo, Cristina Castro, Aparicio y Luciano Peretto –el otro abogado de la querella– se reunieron con otras autoridades nacionales y provinciales: “A Sabina Frederic le expusimos todos los pormenores de la causa. También conversamos con el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, y con el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla”. El balance de las reuniones fue positivo para Aparicio: “Volvimos desde Buenos Aires con la designación de dos fiscales que van a intervenir junto con el fiscal que ya recusamos dos veces”. El abogado defensor de Cristina Castro en más de una ocasión hizo pública su disconformidad con el accionar del fiscal federal a cargo del caso, Santiago Ulpiano Martínez.
Castro se reunió con el presidente Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof y la ministra de Seguridad Sabrina Frederic.
¿Cómo continuará desarrollándose la causa tras la aparición sin vida de Facundo? ¿Por qué desde la querella continúa la firme convicción de que hubo una responsabilidad directa de la Policía bonaerense en la muerte de Facundo?
A partir de la aparición de los restos de Facundo, la causa está tomando un ritmo vertiginoso con situaciones que no imaginábamos. Durante los últimos días continuamos tomando testimonios vía Zoom, los cuales confirmaron nuestra hipótesis de que Facundo Castro fue víctima de una desaparición forzada a manos de la policía. El cuerpo que apareció el 15 de agosto fue plantado en ese lugar: Facundo de ninguna manera pudo caerse de un puente o ir por un río. La zona donde fue hallado el cuerpo no tiene forma de explicarse racionalmente. Era un esqueleto sin rastros y con una zapatilla intacta a 20 metros. Ya no sé si es una torpeza más de este protocolo de encubrimiento o si es un mensaje de la Policía bonaerense para nosotros, para el Presidente o para el Gobernador.
Se sabe que el hallazgo del cuerpo fue parcial, ¿hubo nuevos indicios en la zona de la aparición de los restos?
Sí, escalofriantes. Anteayer unos pescadores se acercaron y dijeron que nuevamente había restos humanos: encontraron un maxilar y llamaron al Equipo de Antropología Forense. Les dijeron que ese maxilar no se correspondía con el de Facundo. O sea que en ese lugar ya tenemos dos cuerpos. Uno es de Facundo y el otro no sabemos de quién es. Todavía no sabemos si hay más cuerpos. Quizás estemos en presencia de un cementerio clandestino de la Policía bonaerense.
Usted ha cuestionado en varias ocasiones las respuestas estatales con respecto al caso ¿Qué diálogo han tenido en los últimos días con el Gobierno nacional?
Cristina Castro tiene una comunicación permanente con el Presidente. Como es de público conocimiento, estuvimos reunidos con él en la quinta de Olivos. Habló con Cristina durante 40 y 50 minutos. En este gobierno hay un matiz distinto con respecto a la gestión anterior. El gesto de un presidente de invitar a la mamá de un desaparecido que pide la renuncia del ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires no es un gesto casual. Sin embargo, desde quienes integran hoy el Frente de Todos salieron desesperados a pedir por Santiago Maldonado y en este caso se quedaron callados. Facundo no era anarquista, ni socialista: era del Frente de Todos. Si no salen a pelear por los desaparecidos de su movimiento, están condenados al fracaso.
¿Qué opina del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires?
Berni era carapintada en 1987. Durante el menemismo, en los noventa, fue espía de los mineros de Río Turbio. Después, se jactó de tener el “desalojamiento más pacífico de la historia” con un saldo de tres muertos. Berni está camino a ser el nuevo Bolsonaro.
«Vamos a mostrarle a todo el mundo que la policía está relacionada con la Justicia y con el narco», dice la querella.
¿Cómo analiza el rol del periodismo en este caso?
Algunas esferas del periodismo son vergonzosas. Hay un sector del periodismo muy vinculado a los servicios y a la policía. Tenés a Pablo Duggan, Paulo Kaplan, Javier García. Ellos son funcionales para que haya desaparecidos. Y se los dije en la cara. Para que hayan desaparecidos también tiene que existir ese tipo de periodismo. La causa de Facundo atraviesa todas las miserias de nuestra sociedad donde nadie queda bien parado: ni la Justicia, ni la política, ni la policía, ni los periodistas.
Argentina tiene una historia reciente muy ligada con la violencia institucional. ¿Por qué esto sigue ocurriendo y qué ha aprendido en este caso?
La mamá de Facundo me ha enseñado muchas cosas. Ella siempre dice que hay que tener fe y que las cosas se van a solucionar. No solamente el caso de Facundo, sino que se van a aclarar otros casos impunes como el caso de Katherine Moscoso, que la desaparecieron; y después, 300 policías plantaron el cuerpo. Encamino mis esfuerzos y lo que yo pueda aportar en esta causa con la creencia de que junto a ella no solo vamos a descubrir lo que pasó con Facundo; también vamos a mostrarle a todo el mundo la mugre que hay en esta zona, donde la policía está relacionada con la Justicia y está relacionada con el narco. Yo creo en Cristina Castro, no soy religioso pero sí creo en ella. Estoy en esa cruzada acompañándola a que lleguemos a buen puerto por Facundo y por tantas otras personas.
“Necesito que me entreguen a mi hijo”, repite Cristina Castro ante un puñado de periodistas que reposan sobre una de las ventosas veredas del centro de Bahía Blanca. A un costado, su abogado Leandro Aparicio no para de contestar mensajes: su teléfono explotó durante las últimas semanas. Grabado en el barbijo de Cristina se ve la foto de su hijo Facundo, acompañado de una leyenda que dice “Aparición con vida ya”. Hace tres meses, esa madre jamás imaginó tener que atravesar esta situación.
La mañana del 30 de abril Facundo Astudillo Castro salió de su casa, en Pedro Luro, con dirección a Bahía Blanca para encontrarse con su expareja. Facundo decidió recorrer los 125 kilómetros que separan las dos localidades del sur bonaerense “a dedo”, a pesar de los controles dispuestos por el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO). Durante su viaje por la Ruta 3, un retén policial lo detuvo a la altura de Mayor Buratovich, a 30 kilómetros de Bahía Blanca. Desde ese momento no se conoce su paradero. Según la versión policial, Astudillo continuó su camino, pero el joven de 22 años nunca arribó a destino.
“Acá es imposible perderse. Somos un pueblo y nos conocemos todos”, dice Cristina, la madre de Facundo Astudillo Castro.
El 5 de junio, Cristina Castro presentó la denuncia ante las autoridades del municipio, quedando asentada una causa por “averiguación de paradero”. Pero las contradicciones policiales y la falta de actividad procesal por parte del Poder Judicial bonaerense provocaron que, 20 días más tarde, Leandro Aparicio y Luciano Peretto, abogados de la familia de Facundo, logren que la causa pase al fuero Federal. De esta manera, el 25 de junio, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) del Ministerio de Seguridad de la Nación fue notificado de la desaparición y dispuso los recursos federales para la investigación.
Además, hubo un cambio en la carátula de la causa, la cual se catalogó como “desaparición forzada”. Una de las claves para que eso suceda fueron las declaraciones de tres testigos de identidad reservada, quienes vieron cómo dos efectivos de la Policía Bonaerense subían a Facundo a una camioneta Toyota Hilux blanca y negra en la Ruta 3. De esta manera, las sospechas recayeron exclusivamente sobre las fuerzas de seguridad del lugar, por lo que el 13 de julio el jefe de la Policía Bonaerense, el comisario Daniel García, determinó la intervención de tres comisarías del Departamento de Villarino. En las últimas horas, se conoció la aparición de los libros de guardia de la comisaría de Mayor Buratovich: esta documentación debería ser clave para identificar a los policías que subieron a Astudillo Castro a la camioneta.
Leandro Aparicio, el abogado de la madre de Facundo Astudillo Castro, cuestionó los dichos del ministro Sergio Berni.
Durante los últimos días, se han intensificado los rastrillajes en el tramo de la Ruta 3 que une Pedro Luro con Bahía Blanca. Para el operativo fueron dispuestos más de 200 efectivos provenientes de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura Naval, que también contó con unidades de bomberos, perros y drones. Margarita Jarque, abogada de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), informa que los rastrillajes todavía “no dieron cuenta de ningún resultado relevante”. Jarque añade: “Estamos en el proceso de recolectar y analizar las pruebas para trazar una hipótesis más fina. Seguimos esperando los informes de los análisis de los patrulleros secuestrados y el cruce telefónico”.
El traspaso a la justicia federal fue decisivo para la intervención de la Comisión Provincial de la Memoria, que se presentó como querellante institucional en la causa. “Buscamos hacer una intervención integral, aportar una apoyatura jurídica y darle difusión al caso. Y sobre todo darle la importancia política correspondiente”, explicó Jarque, directora del programa de Litigio Estratégico de la CPM.
La Comisión Provincial de la Memoria fue importante a la hora de difundir la denuncia ante organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Como respuesta, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reclamó al Estado Argentino “una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma que tome en cuenta todas las hipótesis disponibles”; mientras que la CIDH solicitó informes sobre “las acciones que el Estado estaría llevando a cabo para dar con el paradero del joven”.
En un principio, la reacción de las autoridades bonaerenses no fue positiva para la familia: “En algunos casos la comunicación fue desafortunada con declaraciones que no guardan relación con cuestiones que están en el expediente y mal informaron”, explicó Leandro Aparicio, representante legal de la familia Castro Astudillo, haciendo referencia a declaraciones emitidas hace dos semanas por el Ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni. Con el correr de los días, algunas posturas del gobierno provincial cambiaron ya que Aparicio manifestó que “el gobernador Kicillof se puso a disposición de la familia”.
Jarque advierte que el comportamiento negligente de las fuerzas de seguridad no es un caso aislado en el sur de la Provincia de Buenos Aires: “Ha habido casos en la zona hace bastante tiempo ya. Sucedió el caso de Daniel Solano, también de desaparición forzada”. Otro caso paradigmático sucedido en el sudoeste bonaerense fue el femicidio de Katherine Moscoso, en el que hubo muchas irregularidades en la investigación. “En el caso de Katherine 300 policías plantaron un cuerpo ¿Por qué no puedo suponer que ahora 300 policías hagan lo mismo?”, cuestiona o Aparicio, quien también ejerció la defensa judicial de la familia de Moscoso.
«Estas violaciones de derechos también afectan al conjunto social”, analiza Margarita Jarque.
La localidad de Pedro Luro tiene aproximadamente 10 mil habitantes, abarcando un área de 9 km2. “Acá es imposible perderse. Somos un pueblo y nos conocemos todos”, afirma la mamá de Facundo. La rutina del último fin de semana se vio completamente modificada ya que amigos y familiares del joven de 22 años convocaron a una manifestación exigiendo por su aparición con vida.
“Vimos en la movilización del pasado fin de semana en Pedro Luro que estas violaciones de derechos también afectan al conjunto social”, analiza Jarque. La directora del Programa Litigio Estratégico de la CPM está preocupada sobre los casos de violencia institucional ocurridos durante la cuarentena: “Representan una alerta que tienen que ver con las fuerzas de seguridad. La Argentina tiene una historia muy triste, muy densa, respecto de la desaparición forzada de personas. Son delitos muy graves que no pueden permitirse en democracia. Hay una deuda pendiente en la Argentina, que es el control del comportamiento de las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad no deben sentir que pueden actuar de este modo y garantizar su impunidad”.
Cristina Castro da un paso atrás y decide dar por terminada la improvisada conferencia de prensa en la vereda de la calle Alsina, ubicada en el corazón de la ciudad de Bahía Blanca. Antes de retirarse, dice unas palabras: “Siento mucho su apoyo desde las redes sociales. Escucho sus audios y leo todos sus mensajes. Quiero que ya se acabe esto para poder llevarme a mi niño a Luro”.
El sumo es un deporte que está en lista de espera para ser considerado disciplina olímpica.
La leyenda sintoísta cuenta que todo comenzó cuando Takemikazuchi y Takeminakata se batieron en un épico duelo sobre el Mar del Japón. El heroico triunfo de Takemikazuchi, Dios del Trueno, permitió al pueblo nipón ocupar su actual archipiélago. Dos mil quinientos años después, durante una mañana de domingo en el barrio de Núñez, los experimentados Sebastián y Gonzalo están en cuclillas y se miden de manera desafiante. La luz diáfana que ingresa por los amplios ventanales hacia el tatami del primer piso del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) le da un tono onírico al combate. Sus cuerpos colisionan y el impacto se siente. Sebastián parece más imponente que su rival, pero Gonzalo lo toma por sorpresa con una inteligente estrategia y lo voltea. La fugaz pelea concluye ante la mirada de Gabriel Wakita, presidente de la Asociación de Sumo Argentino (ASA).
“Es el primer arte marcial”, cuenta Wakita. El documento más antiguo sobre el origen del sumo fue escrito hace 1.300 años, el Nihon Shoki, y relata un combate datado en el año 23 antes de Cristo, en tiempos del emperador Suinin. El deporte consiste en dos luchadores que se enfrentan cuerpo a cuerpo dentro de un dohyō, que es una arena en forma de círculo. El objetivo es enviar al oponente fuera del dohyō o conseguir que cualquiera de sus partes, excepto las plantas de los pies, toque el suelo. La vestimenta tradicional de los sumotoris es un cinturón llamado mawashi, el cual sujetan durante los combates y deben portar en todo momento, a riesgo de quedar descalificados si lo pierden.
La disciplina está impregnada de símbolos. Los luchadores esparcen sal sobre el dohyō para purificar la tierra antes de la contienda. Luego se saludan inclinando la cabeza y realizan el shiko –levantar la pierna y dejarla caer violentamente– para espantar a los espíritus. Se ubican frente a frente en cuclillas y efectúan un movimiento de manos que es un ritual para demostrar al público y al contrincante que no se portan armas ocultas. Finalmente se levantan en posición de combate con las manos hacia abajo y, en el momento en que ambos tocan el suelo, al grito de hakyoi arranca la pelea.
Cada combate dura entre cinco segundos y un minuto.
“Es un deporte que fue hecho para entretener a los dioses y a los emperadores. Son luchas cortas, fáciles, se sabe quién gana y quién pierde sin ser un especialista”, explica Wakita. Al ser tan breves –entre cinco segundos y un minuto es el promedio–, se ponen en juego habilidades que exceden a la técnica. Gonzalo Bitz Figueroa, bicampeón sudamericano, afirma que a él le interesa lo psicológico: “Por ahí tenés muchas luchas seguidas y te toca perder en la primera, pero no te podés quedar pensando en eso porque si no, después, lo arrastrás a las siguientes. Es un deporte muy explosivo y mental”.
Los luchadores insisten en que no implica violencia. No está permitido golpear en los ojos, tirar del pelo, dar puñetazos ni hacer estrangulaciones, so pena de ser automáticamente eliminados. Sebastián Paunero practica sumo desde 2007: “Cuando empecé me saqué muchos prejuicios. Para mí las artes marciales eran solo golpes, pero son mucho más: desequilibrios, lances, no hay golpes directos. Es un deporte donde se cuida al adversario y hay mucha camaradería”, subraya.
En Japón, por su importancia cultural, religiosa e histórica, se lo declaró deporte nacional, es profesional y sus luchadores gozan de altos niveles de popularidad. En Argentina, en cambio, está signado por el amateurismo: todos los miembros del seleccionado tienen otros oficios y representar al país no es remunerado.
Mientras que en la Argentina hay mujeres que practican Sumo, en Japón solo pueden hacerlo los hombres.
“El sumo está dentro la lista de espera de los Juegos Olímpicos y eso es una línea para abajo”, remarca Moira Santillán, integrante del Equipo Argentino de Sumo y estudiante de Kinesiología en la Universidad de Buenos Aires (UBA). “Además, el escaso presupuesto pone obstáculos a los sumotoris a la hora de conseguir prácticas de calidad. “Un porcentaje lo obtenemos de la Subsecretaría de Deportes –detalla Moira– y el resto es a pulmón: rifas, cenas, muestras”. Una de las principales trabas es la ausencia de un dohyō de tierra (como el tradicional japonés) y la falta de espacios para tomar clases. Sebastián Paunero, por caso, viaja tres horas todos los domingos desde La Plata hasta el CeNARD ya que no tiene lugares más cercanos donde entrenarse.
Otra dificultad es la falta de sponsors. Muchos tienen la posibilidad de participar en campeonatos en otros países pero no pueden costearse los gastos. Actualmente, el principal objetivo de las y los luchadores argentinos es el mundial que se desarrollará en octubre en Hawaii. “Al ser un deporte muy amateur todo cuesta el doble pero no perdemos las esperanzas. El nivel será alto, pero si uno tiene un buen día quizás se pueda aspirar a alguna medalla. La clave será llegar bien mentalizado y explotar esos días al máximo”, asegura el contador Gonzalo Bitz Figueroa, quien representará a la Argentina.
En el sumo profesional las mujeres tienen prohibida la participación. El argumento de los japoneses es que contaminan el dohyō con “su presencia impura”. Sin embargo, en la versión amateur ellas son competidoras habituales. En Argentina, Moira Santillán, Lidia Arias, Nadia Ruiz, Iara Sarmiento y Ninjin Puntsag disputaron el último Campeonato Sudamericano, unas como debutantes y otras con una trayectoria de años, y obtuvieron excelentes resultados. Santillán se coronó por tercera vez en su categoría.
El equipo argentino de sumo apenas cuenta con medio centenar de integrantes.
Lidia Arias obtuvo el año pasado el premio Jorge Newbery de sumo como reconocimiento a su experiencia y compromiso con el deporte. “Fue una linda sorpresa y algo que me enorgullece mucho ya que empecé a hacer sumo en 2016 –cuenta–. Esto abrió un camino muy grande para mí y para demostrar que se puede. No es una disciplina fácil, hay que ser muy constante porque somos pocos (el Equipo Argentino de Sumo tiene menos de cincuenta integrantes). Pero siempre lo hago con ganas y motivación”.
El arribo del deporte al país se remonta a la década del 30. Inmigrantes nipones, radicados principalmente en la zona de Burzaco, se reunían para mantener vivas su gastronomía, sus danzas y sus tradiciones, una de ellas el sumo. En la posguerra, período en donde hubo una fuerte llegada de japoneses a Paraguay y Brasil, el deporte se consolidó. En Argentina se institucionalizó recién en 1985 con la fundación de la Asociación de Sumo de la mano de Hideki Soma y Yoriyuki Yamamoto, herederos de los pioneros de los años 30.
La mayoría de los practicantes proviene de otras artes marciales como el judo y el aikido, pero sienten que el sumo les brinda algo más. Moira dice que le sirvió para “ir siempre para adelante”. Sebastián Paunero confiesa que lo llevó a reconciliarse con el deporte y aceptar su cuerpo: “Me ayudó a valorarme. Peso 140 kilos y la gente pesada, como yo, de chicos sufrimos mucha discriminación. Lo normal es que te digan que para el deporte no servís. Pero cuando conocí el sumo eso cambió totalmente y aprendí a quererme tal cual soy”.
El titular de la ASA, Wakita, afirma: “Ahora somos reconocidos como deporte y tenemos responsabilidad jurídica. Todavía no somos de alto rendimiento, tratamos de acercarnos a eso”. Hace hincapié en la importancia de que aparezcan nuevos rostros en el conjunto nacional: “Siempre intentamos que se sume más gente, pero existe el prejuicio de verlo como el deporte de los obesos”.
Hoy el principal desafío es el mundial de Hawaii. Inspirados en la fortaleza de Takemikazuchi, el equipo albiceleste confía en sortear los obstáculos para viajar a las islas y una vez allí, por qué no, alcanzar algún podio.
Las prácticas de sumo se realizan miércoles a las 18 y sábados a las 17 en el Polideportivo de Parque Chacabuco y sábados a las 17 y domingos a las 10 en el CeNARD.
Los padres tienen solo dos días de licencia por paternidad.
“El mensaje que está dando el Estado es que las mujeres tienen que ser las encargadas del cuidado”, sostiene Lucía Martelotte, directora ejecutiva adjunta del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), una ONG integrada por especialistas de distintas disciplinas que promueve acciones en favor de la equidad de géneros. Hoy, el Estado argentino otorga dos días de licencia por paternidad y noventa por maternidad, ambas estipuladas en el artículo 158 de la Ley de Contrato de Trabajo y fijadas por debajo de los estándares recomendados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Una y otra se enmarcan dentro del “derecho al cuidado”, que refiere a “las actividades indispensables para satisfacer las necesidades básicas de la existencia y reproducción de las personas, brindándoles los elementos físicos y simbólicos que les permiten vivir en sociedad”.
La legislación argentina sobre las licencias por paternidad está atrasada con respecto a América Latina. Ecuador y Paraguay dan 15 días a los padres; Uruguay, 13; Colombia, 8; mientras que Chile, México y Brasil 5. Un informe de UNICEF de 2016 reveló que en nuestro país aproximadamenteel 50% de los varones no dispone de licencia por paternidad, dado que no solo es escasa en tiempo sino que solo acceden a ella los trabajadores formales en relación de dependencia.
Difícilmente este año se traten los proyectos de ley que buscan extender las licencias por paternidad.
Un caso ejemplar es Islandia, donde se dividen las licencias por nacimiento en tres partes iguales: tres meses para el padre, tres para la madre y otros tres transferibles entre ellos.
Numerosas organizaciones que abogan por la igualdad de género observan que en Argentina todavía hay una configuración “maternalista” con respecto a las labores del cuidado, lo cual genera un impacto negativo en la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo. Martelotte, la directora de ELA, subraya: “El derecho al cuidado es uno de los temas centrales a trabajar en la Argentina. Nos parece muy importante modificar la organización social del cuidado, debido a que tal como se configura hoy tiene graves consecuencias sobre las desigualdades de género y clase”.
Según datos del módulo de Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo del INDEC, las mujeres destinan más del doble de horas por día a las tareas de cuidado: 6,4 horas frente a 3,4 de los varones.
En ese sentido, desde el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad (CIPPEC), destacan que las licencias por nacimiento son un instrumento clave ya que “contribuyen a la conciliación de la vida productiva y reproductiva, y ayudan a equiparar las condiciones de vida y las oportunidades a las que pueden tener acceso los niños desde sus primeros momentos de vida”.
La última modificación del artículo que regula las licencias de nacimiento de la Ley de Contrato de Trabajo data de 1974, por lo que tampoco se ajusta a los cambios que tuvo la sociedad desde entonces. No incluye, por ejemplo, la licencia por adopción ni está adaptada a la Ley de Matrimonio Igualitario ni a la de Identidad de Género. Es decir, aplica solamente a parejas heterosexuales con hijos biológicos.
El 1° de marzo de 2017, el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de “Equidad de género e Igualdad laboral” que buscaba reformar la Ley de Contrato de Trabajo. Uno de sus objetivos era la modificación del artículo 158: extender la licencia por paternidad a 15 días corridos e introducir licencias por fertilización asistida, adopción y violencia de género.
Vanesa Siley, diputada nacional por Unidad Ciudadana y secretaria general de la Federación del Sindicato de Trabajadores Judiciales (FESITRAJU), critica este proyecto porque el Estado no se comprometía a asumir la responsabilidad de cubrir al empleador por el costo de la licencia, o sea que el acceso del trabajador a la licencia por paternidad no estaba asegurado.
La propia Siley, junto al espacio Mujeres Sindicalistas, que forma parte de la Corriente Federal de Trabajadores, presentó el 22 de junio de 2018 un contraproyecto que fue apoyado por todos los bloques de la oposición. La iniciativa tenía una propuesta superadora: borró la distinción binaria de mujer/varón en cuanto a la distribución de las licencias –haciendo referencia a personas gestantes y personas no gestantes–; propuso la extensión a 30 días la licencia por nacimiento a las personas no gestantes; mantuvo las de licencias por violencia de género y fertilización asistida, propuestas anteriormente por el proyecto oficialista; y planteó la incorporación de licencias como la de interrupción del embarazo y cuidado de familiar enfermo.
El presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, Sergio Ziliotto, optó por fusionar ambos proyectos –el de Siley y el del Ejecutivo– para llegar a uno de consenso que se está tratando en la Cámara Baja y deberá volver a comisión. Por ser 2019 un año electoral, difícilmente el proyecto se convierta en ley.
Legisladores de la oposición se quejan porque el Parlamento sólo funciona cuando el oficialismo quiere impulsar un tema. Siley confirma que seguirá alentando el proyecto desde la Comisión, pero “mientras sigan existiendo estos obstáculos políticos el tratamiento de la reforma se va a complicar mucho”.
Las trabas a las licencias parentales son históricas. En octubre pasado, ELA junto a la agencia publicitaria HOY impulsaron una campaña para concientizar sobre la problemática que incluyó carteles dentro del transporte público, viralizados luego a través de las redes sociales bajo el hashtag #MásLicenciaXPaternidad. El objetivo fue fijar el tema en la discusión pública. Según Martelotte, las demoras en la reforma de la Ley de Contrato de Trabajo se deben a que “para los legisladores el tema de las licencias no tiene una importante demanda social, como sí el aborto o la violencia de género”.
Para la diputada Siley, la escasa demanda social se debe a que la mayoría de los sindicatos ya cuentan con amplias licencias en sus convenios colectivos. “Se pudo avanzar por sector. Al existir los convenios colectivos no hubo un reclamo del conjunto del movimiento obrero para la reforma de la ley nacional”, señala. El convenio de SITRAJU establece una licencia por maternidad que se extiende entre 120 y 180 días, mientras que la de paternidad es de 60. Siley asevera que “esto es un problema porque la Ley de Contrato de Trabajo es un piso de derechos para todos y todas”.
Ante la parálisis de la reforma de la ley, desde ELA buscan exigir a los candidatos y candidatas que incluyan este tema en sus plataformas electorales. “Seguiremos trabajando con este tema –remarca Martelotte–. Nos parece una agenda muy importante que está invisibilizada y naturalizada”.
Por el momento, la legislación sigue obligando a las mujeres a realizar casi todas las tareas de cuidado.
El Campito fue el centro clandestino más letal de la última dictadura.
La bandera argentina flamea en lo alto del mástil. Los plátanos, con sus hojas anaranjadas por el otoño, flanquean la larguísima Avenida Ideoate, poblada a uno y otro lado de edificios castrenses. Ubicado en el partido de San Miguel, a 30 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Campo de Mayo abarca cinco mil hectáreas de terreno abierto. Aquí funcionaron, entre 1975 y 1983, cuatro centros clandestinos de detención, tortura y exterminio: El Campito, La Casita, la Cárcel y el Hospital Militar, en cuya maternidad clandestina dieron a luz unas 30 desaparecidas y sus hijos fueron robados. Algunos han recuperado su identidad pero la mayoría –hoy mujeres y hombres de cerca de 40 años– continúan siendo buscados por sus familias biológicas a través de Abuelas de Plaza de Mayo.
El Campito fue el centro clandestino más letal de la última dictadura. Sus estructuras lindaban con un pequeño aeropuerto de donde despegaban los “vuelos de la muerte”. Entre las miles de víctimas que pasaron por allí se cuentan sindicalistas ferroviarios, miembros de las comisiones internas de Ford y Mercedes Benz, dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) como Mario Santucho, de Montoneros como Miguel Lizaso y el escritor Héctor Oesterheld. Varios de estos casos forman parte del juicio oral y público por la megacausa Campo de Mayo. Sólo sobrevivieron 43 personas.
No es un día común en la base. La rutina de los militares se ve interrumpida por un grupito de civiles se agrupa bajo la luz de un radiante mediodía en las puertas del Polígono de Tiro, a unos 500 metros de lo que fue El Campito. Dos soldados, parados como estacas, miran de reojo a la gente reunida: sobrevivientes y familiares de las víctimas que quieren homenajear a sus seres queridos y un contingente de chicos de la Escuela Técnica Nº 2 de José C. Paz que se sumó a la visita.
Oscar Comba, sobreviviente del Campito. recordó sus días en el lugar ante la atenta mirada de un grupo de estudiantes secundarios.
Griselda Fernández es sobreviviente de El Campito. Vive en Uruguay. Nunca había vuelto a entrar a Campo de Mayo, donde también perdió a José, su compañero de vida. “Estoy movilizada y no puedo evitar pensar: ¿Por qué puerta habré entrado? O, ¿dónde me habrán hecho dormir?”, dice.A unos metros, Iris Pereyra de Avellaneda contempla el sitio donde estuvo desaparecida 15 días. La secuestraron junto a su hijo, Floreal “El Negrito” Avellaneda, de 14 años, que fue torturado y asesinado. “El lugar es tétrico, frío y horrible pero sirve para rememorar y homenajear a quienes ya no están. Son muchos años de lucha, nos costaron lágrimas de sangre llegar a donde estamos ahora”, reflexiona Iris. “Queremos que acá haya un espacio de memoria intangible”, afirma Alfredo Castro, detenido en El Campito entre abril y mayo de 1977.
Sin embargo, la preocupación principal de familiares y sobrevivientes es que no se pierdan las pruebas contra los represores. El 60 por ciento del predio todavía no ha sido explorado, un detalle que al Gobierno nacional le importa poco. El 16 de noviembre de 2018 el presidente Macri firmó el decreto que convierte el terreno en una “Reserva Natural”, la máscara para un meganegocio inmobiliario, ganándose el rechazo de los organismos de derechos humanos. El Ejecutivo volvió a la carga el 22 de mayo de este año con un nuevo decreto que facilita “la aprobación de construcciones en Parques Nacionales”. “Me genera mucha indignación e impotencia”, sostiene Griselda Fernández, “es increíble que quieran construir un parque en un lugar donde no se han permitido excavaciones. No sabemos si nuestros compañeros están enterrados acá. Me parece un acto de inhumanidad impresionante”.
Seis días después del último decreto, en una audiencia del juicio “Contraofensiva Montonera”, el ex cabo primero Nelson González, citado como testigo, relató pormenorizadamente el fusilamiento y la cremación de cuatro detenidos en Campo de Mayo. Dos de ellos fueron identificados, Marcos “Pato” Zuker y Federico Frías. González aseguró que “cuatro mil personas fueron arrojadas al mar”. “Quedamos conmovidos por esta declaración. Es la puerta a que se abran nuevos testimonios”, expresa Iris Pereyra de Avellaneda mientras mira a la distancia.
Floreal «El Negrito» Avellaneda fue uno de los asesinados en El Campito. Tenía solo 15 años.
Miembros de la Comisión de Sobrevivientes y Familiares de Campo de Mayo dan inicio formal a la caminata hacia al centro de detención y exterminio y guían al resto bajo la sombra de casuarinas y eucaliptos. El terreno es blando y cruje a cada paso. A los costados del camino un par de uniformados con ametralladoras custodian la visita. La única construcción visible del Campito es un abandonado edificio de mampostería donde funcionaban oficinas administrativas, salas de tortura y la recepción de los detenidos.Antiguamente había otras estructuras en pie: en el Pabellón 3, las caballerizas, donde hubo secuestrados en condiciones muy precarias; y en el Pabellón 1, una edificación donde permanecían cautivos los enfermos, ancianos y embarazadas, quienes estaban obligados a realizar el trabajo de mantenimiento del centro clandestino. El lugar tenía capacidad para 200 detenidos al mismo tiempo.
Con el propósito de borrar los terribles actos cometidos, el Ejército destruyó en 1982 el grueso de las instalaciones. Pero gracias a la memoria del militante montonero Juan Carlos “Cacho” Scarpati, quien estuvo detenido allí seis meses en 1977 y logró escapar, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) pudo hallar los cimientos, luego de múltiples excavaciones.
Durante la visita, el sobreviviente Oscar Vladimir Comba señala las fosas hechas por el EAAF y cuenta su experiencia ante la atenta escucha de los estudiantes de secundaria. El diputado y nieto restituido Horacio Pietragalla Corti, también presente, subraya: “Vamos a realizar distintas acciones judiciales para que permanezca intacto. Hay que recuperarlo como sitio de memoria y lograr que el EAAF haga un rastrillaje en toda la zona para reafirmar las pruebas bajo tierra de los cimientos y que se descarte que aquí están nuestros seres queridos”. Y agrega: “Acá tienen que venir los ingresantes del Ejército y las fuerzas de seguridad. El Campito no debe ser un lugar solo de las víctimas. Toda la sociedad debe conocer esta historia. Porque al desconocer lo sucedido, podríamos cometer el mismo error”.
Los familiares de las víctimas se oponen al emprendimiento inmobiliario que el gobierno quiere desarrollar en el lugar.
Hacia el final del recorrido, frente al único edificio del Campito, toman la palabra los sobrevivientes Alfredo Castro, Roberto Landaburu y Julio D’Alessandro. Landaburu, inspirándose en “Vidala de un nombrador” de Jaime Dávalos, dice: “Con la humildad de este entorno quiero nombrar a mis compañeros. Porque sé que si los nombro, los traigo. Y si los traigo, es algo que me hace bien”. Y recita los nombres de sus amigos desaparecidos, y ante cada uno se grita bien fuerte “¡Presente!” y sus ojos ceden a las lágrimas. “En el momento que los estoy nombrando, los estoy viendo acá, conmigo”, manifiesta conmovido. Los aplausos llenan el silencio y se arma un improvisado show musical con canciones de Mercedes Sosa y Carlos Puebla, mientras los asistentes se dispersan. Cada pisada queda marcada en las hojas como una huella de tristeza.
