May 24, 2019 | DDHH, Novedades
El Tribunal anunció que las audiencias se extenderán hasta mediados del año 2021.
La séptima audiencia en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 de San Martín estaba demorada. Susana Brardinelli, viuda del sindicalista Armando Croatto –asesinado en Munro, en 1979–, repartía rosas rojas tejidas a los otros familiares de las víctimas. “Es un homenaje y un lazo entre todos los que fuimos detenidos desaparecidos. Nos sirve para diferenciarnos de los familiares de los acusados”, explica Nieves Kanje, quien estuvo cautiva en el centro clandestino “El Vesubio”, en Ciudad Evita.
Los imputados en el juicio denominado “Contraofensiva Montonera” son nueve ex integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército. Se los acusa de secuestros, torturas y asesinatos perpetrados en Argentina, Brasil, Perú y España contra un centenar de militantes montoneros que reingresaron al país –o que iban a hacerlo– entre 1979 y 1980. El único que cuenta actualmente con prisión efectiva es Cinto Courteaux. Los otros ocho represores siguen el proceso desde su casa: Jorge Apa, Roberto Dambrosi, Raúl Muñoz, Jorge Bano, Eduardo Ascheri, Carlos Casuccio, Luis Firpo y Alberto Sotomayor.
Los jueces Esteban Rodríguez Eggert, Alejandro De Korvez y Matías Mancini ingresaron a la sala una hora más tarde y con una mala noticia para los familiares de las víctimas. El presidente del cuerpo, Rodríguez Eggert, anunció que el debate oral recién culminará a mediados de 2021, debido a que todavía faltan declarar 336 testigos. A razón de una audiencia semanal –la exasperante frecuencia establecida por el tribunal– es lógico que así sea.
Aún faltan declarar 336 testigos.
Antes de los testimonios, uno de los abogados defensores, Hernán Silva, solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria a Courteaux, ex jefe de la Sección Primera de Ejecución del Destacamento 201 de Inteligencia del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares. La querella, conformada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Abuelas de Plaza de Mayo y el abogado Pablo Llonto, así como la fiscal Gabriela Sosti, argumentaron para que el acusado continúe en prisión preventiva. Sosti subrayó que el motivo principal era que “estuvo prófugo durante el desarrollo de esta causa”. Llonto agregó que “entre las pertenencias de Courteaux se encontraron fotografías de quienes participan en este juicio” Por eso hay una cuestión de riesgo grave con peligro de fuga”, afirmó. El tribunal, al cierre de la audiencia, confirmó que Courteaux seguirá tras las rejas.
A continuación, declararon los dos testigos previstos en la jornada, cuyos relatos hicieron foco en los asesinatos del dirigente de Ligas Agrarias Carlos Píccoli, del abogado y guerrillero Horacio Mendizábal y de Armando Croatto.
Mario Píccoli entró en el recinto con un saco negro, un buzo turquesa por debajo y una pancarta colgada al cuello con el nombre y la foto de su hermano Carlos, asesinado por fuerzas policiales chaqueñas en 1979.
Hace décadas que Mario espera justicia. Es el más pequeño de seis hermanos de una familia descendiente de italianos. Durante su infancia vivió en Colonia Pampa Alegría, a 13 kilómetros de Sáenz Peña, Chaco. Ante el tribunal, apenas movió las manos y mantuvo la mirada fija.
Rememoró los años 70, cuando la complicada economía familiar hizo que su hermano Carlos se fuera a Buenos Aires, donde conoció a militantes de la Juventud Peronista y de Montoneros, con quienes trabó vínculos de amistad. De regreso en Sáenz Peña, se integró a una cooperativa que formaba parte de las Ligas Agrarias, y pronto se convirtió en un dirigente importante. En 1975 comenzó a ser perseguido por su actividad, por lo que se exilió en España, Francia, México y Cuba.
Aún con Carlos en el extranjero, las fuerzas policiales y militares realizaban reiterados operativos en la chacra de los Píccoli, sometiendo a la familia a un estado de persecución permanente. “El personal del Ejército aterrizaba en helicópteros en el patio de mi casa, era una cosa aterradora”, dijo Mario y añadió: “Mi padre no pudo soportar estas acciones, que se sumaban a los múltiples afiches pegados con la foto de Carlos diciendo que era ‘subversivo’. Se terminó suicidando en 1977”.
El retorno de Carlos Píccoli a la Argentina ocurrió a finales de marzo de 1979 en el marco de la Contraofensiva. “Su idea era reorganizar las Ligas Agrarias que en ese momento estaban diezmadas. La reorganización consistía en entregar volantes a pequeños productores haciendo hincapié en la necesidad de regresar a la vida democrática”, detalló su hermano Mario, quien por entonces tenía 14 años.
Unos 20 días después de su regreso, Carlos Píccoli fue asesinado en un camino vecinal de la Colonia Pampa Alegría cuando se dirigía en bicicleta a la casa a de su madre. Los autores del hecho fueron dos integrantes de la policía provincial en el marco de un operativo que involucró a 500 oficiales. El Equipo de Antropología Forense (EAAF) constató que se trató de muertes por disparos a quemarropa, desechando la versión oficial del “enfrentamiento”.
Los familiares de los desaparecidos portaron fotos de las víctimas y se identificaron con flores rojas.
La siguiente declaración fue la de Mario Álvarez, testigo ocular del operativo en el que asesinaron a Armando Croatto y Horacio Mendizábal, miembros de las Tropas Especiales de Agitación (TEA) de Montoneros. Las impolutas paredes y las cortinas grises de la sala de audiencias contrastaban con el rojo del marco de sus anteojos.
El 17 de septiembre de 1979, Álvarez estaba trabajando de mozo en el local “La Barra” en la Ciudad Comercial “Canguro” de Munro. Allí presenció a efectivos del Ejército llevarse con vida a un cliente que tomaba un café. Era Armando Croatto, quien luego fue ejecutado por sus secuestradores. “Inmediatamente se escuchó una detonación fuerte desde afuera, como una granada. Era atribuido a otra persona que intentaba ingresar al local y le dieron la orden de detención. Y se escucharon tiros. Después vimos los charcos de sangre a unos veinte metros del local”, relató el testigo dando a entender que la sangre pertenecía a Horacio Mendizábal. Al terminar la declaración, jueces y querella pidieron a Álvarez un croquis de la Ciudad Comercial “Canguro” para reconstruir espacialmente la escena de los hechos.
La séptima audiencia fue una pequeña muestra del largo camino que se avecina. Todavía restan cientos de testigos: los portadores de las flores rojas deberán seguir esperando para que se haga justicia.
El juicio se desarrolla todos los martes a las 9 en Pueyrredón 3728 (partido de San Martín, provincia de Buenos Aires). Mayores de 18 años pueden ingresar con DNI.
May 8, 2019 | Comunidad, Novedades
Lev Manovich define al software como “el pegamento que lo une todo”. Según el académico ruso todos los sistemas sociales, económicos y culturales de la sociedad moderna pueden funcionar gracias a estos soportes lógicos. Los más populares en la actualidad son Android (desarrollado por Google) e iOS (de Apple), pero en una era donde la privacidad de los datos personales parece una quimera, aparecen cada vez más sistemas operativos alternativos que impulsan una mayor protección de la información del usuario. Esto hace que el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre (FLISol), a 15 años de su primera edición, siga creciendo.
“El software convencional no tiene forma de ser auditado. El código está oculto. Es una caja cerrada que no sabés cómo hace lo que hace, o qué hace con tu información. Siempre queda la duda de que nos puede estar espiando”, afirma Nicolás Cattaneo, administrador en sistemas e integrante del staff del FLISol. En cambio, el software libre se caracteriza por garantizar a usuarios y desarrolladores la libertad de ejecutarlo, estudiarlo, distribuirlo y mejorarlo.
Dos banderines multicolores cuelgan en lo alto del techo. La música electrónica resuena en las paredes y los asistentes acompañan sutilmente el ritmo. El festival ha alterado drásticamente las lógicas habituales del 4º piso de la Sede Caseros II de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). Dentro de las aulas hay desde instalación gratuita del sistema operativo GNU/Linux –de código abierto y transparente–; charlas sobre herramientas alternativas para periodismo digital; talleres de robótica e impresiones 3D; un stand de videojuegos, hasta un show musical realizado por Lauty Rainbow y Kernell Panic utilizando programas informáticos.
“Un jueguito más y nos vamos”, insiste un chico de unos 8 años a su madre frente a un videojuego arcade de autos, con una estética similar al mítico Road Fighter. Federico Brest, titular del stand de videojuegos del FLISol y autor del libro Gamificación: análisis y consejos desde la mirada de los videojuegos, contempla la escena sonriente y, en diálogo con ANCCOM, sostiene: “Es un mito que sea difícil usar software libre. A uno no le enseñan a usar Windows y con Linux sucede algo parecido. No hace falta saber de programación para comprenderlo. Cualquier persona lo puede usar”.
Otro referente del encuentro es Ariel Corgatelli, quien dio su primer taller en el FLISol hace 14 años. Mientras toma un café reflexiona sobre el progreso del festival: “En 2005 se basaba más en las instalaciones. Tenías que venir con tu máquina para que te lo instalen. Ahora cambió el foco porque cualquier persona sabe instalar Linux. En las últimas ediciones, la atención está pasando por las charlas sobre temas y problemáticas de la actualidad en torno a la utilización de software libre”.
Un ejemplo fue la presentación del documental transmedia Sororas, hecho íntegramente con software libre a través de la desarrolladora Nayra. El film retrata la práctica del socorrismo a través de testimonios de activistas feministas que acompañaron a personas gestantes que buscaban interrumpir voluntariamente su embarazo de manera segura. El documental fue realizado por Esteban Contreras, Victoria Gagliardi, Ignacio Guerra, Diego Silvera y Tomás Bergero Tripin, estudiantes de la Maestría en Comunicación Digital de la Universidad Nacional de Rosario.
Otro tema en debate fue el eventual aporte del software libre al periodismo. Ariel Corgatelli, periodista especializado en tecnología, usa cotidianamente en su trabajo distintos tipos de software libre. Tras dictar un taller en el FLISol, Corgatelli explica: “Estos sistemas están amparados en que la información sea accesible y pública. Lo más importante en el periodismo es la transparencia, y con el software libre apuntamos a ese lado”.
Clara, una estudiante de Artes Electrónicas de la UNTREF, acompaña con la cabeza los compases de la performance musical de Lauty Rainbow y Kernell Panic. Tras participar de un taller de impresiones 3D, cuenta por qué se acercó: “Un profesor me recomendó el evento. Ahí descubrí el software libre y me interesó muchísimo. Ahora estoy usando Linux. Me di cuenta que la mayoría de las aplicaciones son más livianas. Me gusta que este sistema operativo no tenga que apegarse a ninguna lógica comercial porque si hay algo que no funciona bien, se puede modificar”.
Desde 2004, el FLISoL se realiza todos los años, casi siempre el último sábado de abril, en múltiples sedes. Este año se llevó a cabo de manera simultánea en 52 ciudades de América latina y España.
Abr 30, 2019 | DDHH, Novedades
Más de 750 testigos declararán en el juicio oral y público que investiga los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Campo de Mayo.
“Desde que se empezaron a desarrollar estos juicios sentimos una reparación. Más allá de las condenas, desnudan las verdades, y clarificar lo que pasó, Permite dejarle a las futuras generaciones nuestra verdadera historia”, afirmó conmovida María del Carmen Pérez, quien estuvo secuestrada en Campo de Mayo en 1977, tras la finalización de la primera audiencia. Ella, como todo el público que llenó la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San Martín, permaneció en completo silencio escuchando los requerimientos de elevación a la instancia oral que relataban situaciones aterradoras y escalofriantes.
El tribunal, que deberá presenciar la declaración de unos 750 testigos, está conformado por Daniel Omar Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nadia Flores Vega. En la causa se investiga lo acontecido con 323 víctimas de múltiples violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado Nacional entre 1976 y 1978. Se indagará en las desapariciones de trabajadores ferroviarios de las líneas Mitre y Belgrano; de miembros de las comisiones internas de la automotriz Mercedes Benz; de víctimas provenientes del Colegio Militar, y de agrupaciones como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Todas pasaron la Zona de Defensa IV, ubicada dentro del centro de detención y exterminio más grande del país, Campo de Mayo.
De los 22 imputados, 13 hasta ahora no fueron condenados por su participación en la última dictadura cívico-militar.
Son 22 imputados, todos ex integrantes del Ejército, la Gendarmería Nacional y la Policía Federal, y 13 de ellos no tienen condenas previas por delitos de lesa humanidad. Para que esto sea posible resultaron clave los testimonios de sobrevivientes de Campo de Mayo que recordaban los apodos de sus secuestradores, y luego de un largo trabajo de investigación se pudo identificar a cada uno de ellos.
Un ejemplo es Carlos Villanova, policía retirado que fue detenido en 2014. El alias de Villanova era “Gordo 1”. El de otro acusado, Julio Fusco, detenido en 2015, era “Pajarito”. Benito Omaecheverría, ex jefe del Departamento Personal del Comando de Institutos Militares, Miguel Ángel Conde, Francisco Agostino, Luis Del Valle Arce y Mario Domínguez completan la lista de quienes por primera vez deben comparecer ante la justicia.
Lorena Battistiol, hija de Juana Colayago y el ferroviario Egidio Battistiol, ambos desaparecidos, y que aún busca a un hermano o hermana nacido en cautiverio, sostuvo: “Les vamos a reclamar [a los imputados] que nos digan dónde están y qué hicieron con nuestros familiares para poder seguir con el camino de memoria, verdad y justicia que iniciaron las Madres y las Abuelas”. “Era impensado esperar tantos años para llegar a este juicio”, agregó, en referencia a las sucesivas postergaciones, la última hace seis meses.
Carolina Villella, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo –una de las partes querellantes junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), las secretarías de Derechos Humanos de Nación y Provincia y el abogado Pablo Llonto–, argumentó que esta demora se debió a cuestiones de la burocracia judicial: “Este tribunal tuvo dificultades para conformarse porque pasó mucho tiempo sin tener la cantidad de jueces necesarios para un juicio de estas características. Otro factor fue la complejidad de la etapa de investigación. A lo largo de la causa se iban haciendo elevaciones parciales que quedaban en lista de espera, a la expectativa de acumular información hasta que sea factible la celebración de un juicio único”.
En el juicio se investigarán los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 323 víctimas.
En Campo de Mayo funcionaron, entre 1976 y 1983, cuatro centros clandestinos por donde pasaron más de cinco mil detenidos: El Campito, La Casita, el Hospital Militar y la Cárcel. Además, la maternidad clandestina fue central dentro del predio, donde aproximadamente treinta mujeres secuestradas dieron a luz a niños que posteriormente fueron apropiados y que hoy, la mayoría, siguen siendo buscados por sus familias biológicas. Y desde la base frecuentemente despegaban los “vuelos de la muerte”, una de las formas de exterminio practicadas por el terrorismo de Estado.
El 15 de noviembre del 2018, por un decreto presidencial firmado por Mauricio Macri, Campo de Mayo fue declarado “Reserva Natural”. Al respecto, Battistiol opinó: “El Estado Nacional hizo las cosas al revés, sin contemplar que tal vez, debajo de lo que quieren convertir en reserva, puedan estar los cuerpos de nuestros familiares. Varios testimonios hablan que allí hubo enterramientos. Por eso primero queremos que se resuelvan las investigaciones y después pensar qué se puede hacer con este espacio”.
Según Villella, la conversión de Campo de Mayo en un parque ecológico no cambia las investigaciones ya que rige una medida cautelar para la preservación de los sitios de memoria dentro del predio. No obstante, afirmó que hay que estar alerta “para que no haya ninguna modificación que perjudique la búsqueda de la verdad”.
Las audiencias se realizan todos los miércoles a las 9.30 en Pueyrredón 3728, San Martín, provincia de Buenos Aires. Los mayores de 18 años pueden presenciar el juicio presentando el DNI.
Ene 6, 2019 | Novedades
«La política social tiene que dar pescado, enseñar a pescar y garantizar que haya peces en la laguna», dice Arroyo.
Las transitorias oficinas de Alberto Fernández, ubicadas en Puerto Madero, son el escenario de múltiples reuniones en las que se definen los lineamientos de la nueva gestión. En el séptimo piso del imponente edificio ubicado en Encarnación Ezcurra 365, el protagonista es Daniel Arroyo, quien recibe allí a los especialistas y técnicos que conforman el plan “Argentina contra el Hambre”, anunciado el pasado 7 de octubre por el Presidente electo.
Si bien al cierre de esta nota no hay ningún integrante del gabinete confirmado, en una entrevista radial, el propio Alberto Fernández expresó que “difícilmente” Arroyo no ocupe el cargo de Ministro de Desarrollo Social. El actual diputado nacional tiene amplia experiencia en el área, de hecho entre 2003 y 2007 fue viceministro de esa cartera.
El diagnóstico es impactante: según estimaciones del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), Macri terminará su mandato con un 38% de pobres, es decir más de 17 millones de personas. Son cinco millones que en 2015, cuando Cambiemos llegó al poder. Los más golpeados son las niñas y niños de hasta 14 años: el 52,6% de ellos son pobres. El estudio “Pobreza Multidimensional 2010-2018″, también publicado por la UCA, consigna además que el 7,9% de la población padece de inseguridad alimentaria severa.
Arroyo, quien también fue ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires entre 2007 y 2013, dedicó buena parte de su vida a investigar sobre la pobreza y el hambre en la Argentina. Politólogo de profesión, una de sus principales tesis es la división de la Argentina en cuatro esferas sociales: “En primer lugar, hay una Argentina de la pobreza estructural, que tiene un piso del 25%. Luego se encuentra la Argentina vulnerable, muy asociada a los sectores de la construcción y el textil, que cuando se cae la economía se ve extremadamente afectada. En tercer lugar está la clase media, la Argentina del trabajo formal. Y por último la clase alta, que es menos del 5% y tiene altos niveles de consumo”. El gran problema, sostiene, es que las cuatro esferas están desintegradas y desestructuradas y “el gobierno de Macri profundizó la brecha entre ellas”.
«Hay que atacar el hambre, desendeudar a las familias y vincular a los planes sociales con el trabajo», señala Arroyo.
¿Qué balance realiza de la gestión de Cambiemos?
Implicó un gran retroceso en la política social. Lo que sucedió fue un ajuste brutal, con más pobreza, desocupación y desigualdad. Se le sacó a los que menos tienen y se benefició a los que más tienen. Se redujeron becas, apoyos, créditos, microcréditos y redes de comercialización: estos sistemas se desarmaron y, en cambio, se entregaron bolsones de alimentos. La política social tiene que dar pescado, enseñar a pescar y garantizar que haya peces en la laguna. Durante la gestión de Cambiemos hubo un retroceso a lo primero, dar pescado: es decir, entregar bolsones de alimentos, lo que generó situaciones más críticas. De esta forma, se agravaron tres problemas: el hambre, hoy muchas personas se saltean comidas; la malnutrición, sobre todo los alimentos que se comen en los comedores, que generalmente son harinas, fideos y arroz, y se profundizó el problema de la educación nutricional respecto a la promoción de productos saludables. La medida del gobierno de quitar el IVA, en medio de una devaluación del 30%, provocó que todavía nadie sepa la influencia que tuvo en los precios. Además, el programa “Precios Esenciales”, 64 productos que conformaban una minicanasta básica, no tenía carne, fruta ni verdura. Tampoco era federal.
Usted afirma que “en la gestión hay cosas que hacés de entrada o no las hacés”, ¿cuáles son las medidas más urgentes?
Son tres. La primera es que todos tienen que acceder a la canasta básica de alimentos, y aquí la iniciativa “Argentina contra el hambre” cumplirá un rol fundamental. La segunda es desendeudar a las familias. Hoy las familias deben plata. El que tiene tarjeta de crédito paga el mínimo para tirar para adelante, pero con un 170% de interés anual se vuelve imposible. Esto se puede solucionar con un sistema de crédito no bancario a tasas bajas, del 2% ó 3% anual, para que puedan desendeudarse. Y la tercera es vincular planes sociales con trabajo, para lo cual es vital enfocarse en los cinco sectores que van a generar mano de obra intensiva y mover la economía desde abajo: la construcción, la producción de alimentos, el textil, el reciclado y la economía del cuidado. Estas cinco cadenas productivas van a generar el vínculo entre planes sociales y el trabajo. En conclusión, nuestros tres pilares serán generar trabajo, desarrollo local y restituir derechos.
Mencionó la economía del cuidado, un sector compuesto mayormente por mujeres, ¿qué políticas se pueden implementar para mejorar su situación?
La economía del cuidado tiene varias dimensiones: una es el cuidado de personas, de adultos mayores o personas con discapacidad. Constituye gran parte del desarrollo de la industria de servicios y requiere capacitación. Hay un montón de gente que lo está haciendo en Argentina y hay que apoyarla. La segunda dimensión está constituida por las actividades comunitarias: jardines maternales, comedores, merenderos. Las trabajadoras de estos lugares son principalmente mujeres. Se debe fortalecer y capacitar para generar los instrumentos y dar cobertura. Necesitamos cubrir el jardín maternal y los primeros años de la infancia en todo el país. El gobierno de Macri había planteado crear tres mil jardines. Construir tres mil edificios. Pero el tema no es hacer los edificios sino tomar lo que hay, que es mucho, fortalecerlo y cuidarlo, mejorando la infraestructura que ya existe y formulando nuevos protocolos.
«No es un debate, es una regla: en un país donde se producen alimentos, todos tienen que comer», exige arroyo.
¿Qué desafíos le esperan a la nueva gestión?
Alberto Fernández tiene dos características que lo van a convertir en un gran presidente: es un hombre de diálogo, está en su ADN, y tiene capacidad de gestión e integración. Argentina tiene que ponerse las medias y después los zapatos. Ahora Alberto está pensando en ponerse las medias, que sería solucionar el problema del hambre, este es el principal desafío. Otro desafío será reconstruir la matriz productiva y generar trabajo. Es una situación muy difícil en la que tenemos que trabajar todos. Vamos claramente hacia un gran gobierno, integrado, que va a ser para las cuatro Argentinas.
¿Cómo va a funcionar “Argentina contra el Hambre”?
La iniciativa tiene el objetivo que todos puedan comer y acceder a la canasta básica. La principal herramienta será una tarjeta de alimentos destinada a las madres y padres con hijos menores de 6 años. La tarjeta no permite extracción de dinero sino solamente comprar alimentos, de la manera que prefieran. Vamos a realizar una campaña, un acompañamiento para determinados rubros y productos, relacionada con la educación nutricional-saludable. Esto va a suponer un apoyo a las economías populares, a la agricultura familiar, a las redes de comercialización, a mucha gente que produce alimentos y que hay que acompañar en cuestiones de inocuidad y en incrementar el volumen de comercialización de sus productos. El Consejo Federal “Argentina contra el Hambre” está formado por múltiples protagonistas de la sociedad: los que producen alimentos, las entidades del agro, las universidades, los supermercados, las iglesias, las organizaciones sindicales y sociales. De ahí se desprende, en primer lugar, un Observatorio que efectuará un seguimiento nutricional junto con un control de peso y talla, con la particularidad de que por primera vez en la Argentina se ejecutará un plan en tiempo real. Y en segundo lugar, todas las estructuras científico-técnicas: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Banco de Alimentos, colegios de nutricionistas, Red Solidaria, quienes generan investigación, estudios o acciones en torno al tema nutricional.
¿En cuánto tiempo se verán los resultados?
Se han anunciado demasiadas metas: “pobreza cero”, “el segundo semestre”… El plan arrancará el 10 de diciembre, aunque ya tuvimos las reuniones previas. Tenemos claro que en la Argentina no puede existir el hambre. Esto tiene que trascender al gobierno de Fernández. No es un debate, es una regla: en un país donde se producen alimentos, todos tienen que comer.
Durante los últimos 40 años la pobreza en el país se ha mantenido en cifras cercanas al 25%, ¿se puede perforar este piso?
La pobreza estructural quiere decir tres cosas. Uno, es intergeneracional: alguien es pobre, sus padres fueron pobres y sus abuelos también. Es una estructura que se reproduce y permanece en el tiempo. Dos, significa la no movilidad social, que una parte de la población no logra entrar al mundo del trabajo. Y tres, está asociada a problemas serios de infraestructura, como no tener piso de material o servicios básicos. Partimos de que la Argentina tiene 25% de pobreza estructural como base. El actual gobierno descuidó brutalmente la actividad económica y termina con un 38%. A su vez, la pobreza estructural se debe a tres causas. La principal es que el esquema de desarrollo económico no genera la cantidad de trabajo que necesita y, en consecuencia, crecen los planes sociales. La segunda es el grave problema de infraestructura: se necesitan más de tres millones de viviendas. La tercera tiene que ver con definir qué sectores productivos son socialmente relevantes. En mi opinión, esto lo definen los rubros donde trabajan jóvenes y mujeres. Estimular esas áreas rompería la pobreza estructural. Por ejemplo, la industria del textil, donde hay un 30% de desocupación. Hay que generar empleo a través de la obra pública para resolver estos problemas.
A lo largo de su trayectoria política, usted siempre ha ocupado cargos relacionados con políticas sociales, ¿por qué?
Vengo de la militancia católica desde que era muy chiquito pero me metí rápido en la política. Nací en Castelar, en el oeste del conurbano bonaerense. Crecí en una familia de clase media e iba a misionar en los barrios populares de Castelar. En ese proceso, lo conocí al obispo (Jorge) Novak, que me llevó a Villa Itatí. Cuando conocí ese lugar dije: “Nunca había visto esto”. Ahí llegué a la conclusión de que debía trabajar sobre la pobreza y la exclusión social en la Argentina. Por eso, después del secundario me decidí a estudiar Ciencia Política. Después me especialicé, estudié y escribí sobre el tema. Hay una clave para entender lo que me lleva a seguir trabajando: a mí me duele el dolor del otro.
