Abr 16, 2025 | Culturas, DDHH, Destacado 2, Entrevistas
ANCCOM dialogó con activistas sobre las diferentes aristas del conflicto en Gaza. La charla reflexiona sobre la posibilidad de paz, la censura sobre aquellos que alzan la voz por el pueblo palestino y el nuevo rol de Estados Unidos tras la llegada de Trump al gobierno norteamericano.
“No other land”, una coproducción palestina–israelí que muestra el proceso de ocupación de Israel en Cisjordanía y que se hizo famosa por haber ganado el Oscar a mejor documental, muestra una relación totalmente fracturada y que parece imposible reparar. Al momento de realizar esta entrevista se supo que Hamdan Bilal, codirector de la película, había sido atacado por colonos israelíes y luego llevado por el ejército.
En ese contexto puntual y a un año y medio desde el ataque terrorista de Hamas a territorio israelí y los devastadores ataques posteriores, Anccom abrió una charla con dos integrantes del Comite Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Guido De Caria, miembro de Judios x Palestina, y Leticia Garziglia, del Movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), charlaron acerca del impacto de este documental, la situación actual del conflicto y la posibilidad de una convivencia pacífica entre Palestina e Israel.
¿Cuál es la situación actual en Palestina? ¿Hay posibilidad de paz?
Leticia Garziglia (LG): Hemos visto un genocidio intensificado en el último año y medio en la Franja de Gaza, mientras que en Cisjordania se han intensificado acciones de asesinatos, detenciones y ocupación de tierras. Ambos territorios están bajo ocupación israelí que, según consenso a nivel internacional, es un sistema de ocupación y apartheid.
¿Es imposible la convivencia pacífica?
LG: Es complejo porque el pueblo palestino viene siendo asesinado, torturado y desplazado desde hace casi ocho décadas y para que haya paz tiene que haber justicia que no sólo termine esta última fase del genocidio, que es el exterminio, pero donde también se garantice el derecho al retorno de todos los palestinos que fueron expulsados de su hogar.
Guido De Caria (GDC): No creo que pueda haber paz entre un Estado ocupante y uno ocupado. Puede haber una tregua o una capitulación, pero el concepto de paz implica iguales partes en iguales condiciones y no es el caso.
¿Qué porcentaje de los civiles dirían que quieren una convivencia pacífica?
GDC: Hay que ver qué significa convivencia pacífica para los israelíes porque puede ser volver a lo que era antes del 7 de octubre. Me parece que la paz se tendría que dar con un diálogo de igualdad entre las partes y mientras la población de ese Estado ocupante no se replantee su condición es complicado que se dé.
LG: La gran mayoría de la población israelí hace 3 años de servicio militar, en el que muchas veces los mandan a Cisjordania o a Gaza a matar palestinos. Antes de entender que existe un pueblo palestino que tiene derechos civiles como cualquier persona en el mundo, ellos aprenden a matar palestinos. Muchos de ellos quizás quieren la paz pero la quieren a costa de que los 2.3 millones de palestinos que viven en Gaza se vayan.
¿Cómo se puede explicar que un pueblo tan perseguido le haga este tipo de cosas a otro pueblo?
GDC: No hay aprendizaje en el horror. El horror solo embrutece a la humanidad. Plantear lo contrario es como decir que Auschwitz fue una universidad. Desde la lógica israelí ellos no están masacrando sino que se están defendiendo de un eventual genocidio que puede perpetrar Palestina de la mano de Hamas.
¿Qué impacto tuvo el documental en difundir la situación en Cisjordania? ¿Creen que logra representar adecuadamente los modos de resistencia de los palestinos?
LG: Yo creo que el mayor logro de la película es poder mostrar el sistema de apartheid que rige en Cisjordania, que es algo que no sale en los medios. En las redes sociales vemos escenas horribles todos los días de personas despedazadas por las bombas pero detrás hay una situación de ocupación que es muy clara y la película tiene la virtud de mostrarlo.
Hamdan Bilal, codirector de la película fue atacado por civiles israelíes y secuestrado por fuerzas israelíes ¿consideran esto como un acto de venganza por el documental?
GDC: Es un acto de venganza pero no es algo excepcional. Lo que muestra la película y lo que le pasó al director es una política cotidiana donde se ve el rol de los colonos y del Estado israel. Son civiles armados con asentamientos ilegales en la zona de Cisjordania los que hacen esto. Los palestinos sufren constantes agresiones por parte de los colonos y la lógica del Estado israelí es defender siempre al colono. Cualquier agresión que reciban es sancionada no sólo contra el palestino que la realizó, sino contra toda la población.
¿De qué otras maneras se censura a los palestinos y a aquellos que alcen la voz sobre la violencia ejercida por el ejército Israelí?
GDC: Una forma común de censura por parte de Israel es mostrar cualquier respuesta a la violencia de los colonos o de las fuerzas armadas israelíes como un acto terrorista que genera nuevas violencias.
LG: Tuvimos compañeros que quisieron entrar al país con una visión humanitaria y se les negó el acceso. Hay una censura clara.
¿Cómo les parece que se trata el tema en Argentina?
LG: Prácticamente no se habla de los palestinos, se habla de la guerra de Hamás contra Israel, equiparando una milicia con el ejército más grande del mundo. De esta manera se invisibiliza al pueblo palestino.
¿Cuál es el rol de Hamas en esta situación? ¿Su accionar no retroalimenta el conflicto y le da excusas a Israel?
GDC: Me parece que plantear que el accionar de Hamas es lo que lleva al genocidio en Gaza es alivianar la responsabilidad israelí. Desde mi perspectiva, la responsabilidad de lo que pase es cien por ciento de Israel que es el Estado que está ocupando ilegalmente el territorio desde hace más de 70 años. Cualquier respuesta que tome Palestina están subordinadas a su condición de pueblo oprimido.
LG: Personalmente intento no meterme en la política interna del pueblo palestino, pero considero que lo que realmente realimenta la situación es la permanente violación del derecho internacional por parte de Israel y el hecho de que no sufran ninguna consecuencia por ello. Cualquier intento de minimizar esas atrocidades buscando otros culpables es desviar el foco del problema principal.
La Universidad de Columbia, que el año pasado fue el epicentro de la movilización estudiantil contra el genocidio en Gaza, se ha plegado a las exigencias del presidente Donald Trump que incluye reformar sus normas sobre protestas y disciplina estudiantil: ¿Qué valor geopolítico tiene este suceso?
GDC: Estas medidas son defensivas frente a una avanzada de protestas que está habiendo en Estados Unidos de sectores estudiantiles, donde plantean un cambio de paradigma. Es una medida que intenta frenar algo que se le está volviendo incontrolable al gobierno de Estados Unidos. Esto implica un cambio cualitativo en las políticas estadounidenses en términos de represión de la protesta que se va a acentuar en los próximos años.
¿Podemos esperar mayor involucramiento de Estados Unidos en Gaza tras el cambio de gobierno?
LG: Claramente hay un cambio de política o una radicalización. Si bien el gobierno de Biden también defendía a Israel y nunca dejó de financiar el genocidio, este gobierno se propone una avanzada bastante más radical en sus políticas relacionadas con Palestina. Eso se puede ver en la propuesta del gobierno de Trump de mudar la Embajada Estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén.
GDC: Hay como un sinceramiento de parte de Estados Unidos. El gobierno de Trump admite abiertamente que están a favor de la expulsión completa y la limpieza étnica en Gaza.
¿Qué es lo que los motivó a comprometerse en una causa que provoca tanto odio?
GDC: Yo vengo de una familia judía por parte de mi madre pero no sionista. También tenía una experiencia de militancia social con perspectiva de derechos humanos. Entonces, con un amigo se nos ocurrió ir a Palestina a través de los viajes de Birthright Israel-Argentina [BRIA], una organización de la colectividad judía. Ya estando ahí, compartir experiencias con palestinos en Cisjordania me movilizó a involucrarme. Al volver a Argentina seguí con ese compromiso y empecé a militar activamente en espacios de solidaridad con Palestina.
LG: Siempre me interesó la política internacional. Cuando empecé a aprender sobre lo que estaba ocurriendo en Palestina inmediatamente me conmovió muchísimo y mientras más averiguaba sobre las atrocidades que se cometían, menos podía creer que algo así esté sucediendo en pleno siglo XXI. La indignación sobre esas atrocidades fue lo que me movilizó a mí y a la mayoría de mis compañeros a comprometerse con esta causa.
Abr 11, 2025 | DDHH, Destacado 2, slider
Resistencia al punitivismo disfrazado de seguridad: ¿Qué está pasando en los servicios penitenciarios federales tras las resolución de Patricia Bullrich?
En el Centro Universitario de Devoto estudian alrededor de 300 personas. Foto: Archivo TELAM, 2023.
El Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich prohibió mediante la resolución 372/2025 la existencia de centros de estudiantes dentro de unidades carcelarias del Servicio Penitenciario Federal. La disposición también impide la permanencia de personas privadas de su libertad en espacios de estudio fuera del horario de clases.
El argumento por parte de la ministra indica que estas actividades impiden el buen funcionamiento del sistema carcelario, irrumpen en la seguridad del servicio penitenciario y obstruyen la realización de trabajos de limpieza no remunerados por parte de los estudiantes privados de su libertad. Esta resolución marca un giro en las políticas de reinserción social al restringir espacios de organización y participación educativa en contextos de encierro.
En este sentido, Yrene, estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires, cuenta su experiencia sobre la contención que significa estudiar en contextos de encierro: “Yo creo que nosotros nos insertamos adentro, no afuera. Adentro nosotros hacemos grupo de estudio, nos empoderamos, cuidamos el lugar. Nosotros nos insertamos ahí, porque las herramientas poderosas son los estudios, la educación. La herramienta más poderosa es el programa UBA XXII, que pensó en todes. Desde ahí nos articulamos, desde ahí nos paramos.” La estudiante comenzó la carrera de Sociología en contexto de encierro. Cuando salió en libertad, comenzó la carrera de Trabajo Social. El caso de Yrene ilustra con claridad como el acceso a la educación en contextos de encierro puede ser una herramienta fundamental para lograr la reinserción social.
También recuerda lo difícil de la reinserción cuando se recupera la libertad y se llega a un sistema totalmente desconocido: “Es como que te entran a un callejón en oscuridad y vos tratas de, a lo ciego, ver, encontrar la salida. Imagínate, tenés que insertarte en un sistema de nuevo. Uno está vulnerable, no sabe si preguntar, si te están mirando, si tenés acá el letrero de la detención, y que te miren a tus compañeros. Es como que te haces una idea fantasma dentro de vos”.
Sobre la medida plateada por Bullrich, Yrene analizó: “lo que ella quiere es individualizarnos para cortar, romper el poder que tenemos nosotros de empoderarnos con los estudios, y de agruparnos. Tiene miedo de que nosotros tengamos más conocimiento intelectual de organización, porque no nos estamos organizando por algo negativo, nos estamos organizando por algo positivo, para formarnos como futuros profesionales”.
Pablo, estudiante en contexto de encierro del Centro Universitario de Ezeiza, indica que esta situación ha pegado muy fuerte en la comunidad de estudiantes privados de su libertad, ya que se traduce en prohibiciones al acceso a la educación, falta de garantías constitucionales y restricción de lo establecido en los objetivos de la ejecución de una pena impuesta: “Nos preocupa porque el daño es actual y se traduce a un daño futuro. Las personas privadas de su libertad que pasan por los centros de estudiantes prácticamente no reinciden, cambian sus vidas y maneras de pensar, ven en el estudio una oportunidad para nunca más un robo, nunca más un asesinato en ocasión de robo, nunca más comercialización de estupefacientes y otros delitos que se dan dentro del marco de las necesidades económicas de los sujetos y de los grupos sociales de bajos recursos y sin oportunidades laborales. Nos preocupa el gran daño que está ocasionando a toda la sociedad. No son solo discursos y acciones irresponsables para un público determinado que no entiende las consecuencias que traerá esta medida. Lo decimos por la sociedad en general y también por nosotros y nuestras familias que son trabajadoras y nuestros hijos, expuestos a que alguien los mate por robarle un celular”.
Lucas Belfiore, profesor de Diseño Gráfico en el Centro Universitario de Devoto apunta sobre la importancia de los centros de estudiantes en contexto de encierro: “Lo que ocurre es que no hay trabajadores de la UBA que se encarguen de la parte administrativa en las carreras en contexto de encierro. Tampoco el servicio penitenciario lo realiza. Quienes se encargan son justamente los centros de estudiantes de cumplir con esas funciones. Por eso es que la resolución es tan dañina. El centro de estudiantes tiene una función diferente a la que tiene afuera. Afuera te orientarían como estudiante. Adentro, se encargan de gestionar todo lo que ocurra: el uso de los espacios, que puedan ingresar los docentes con las autorizaciones adecuadas, crear las listas de personas para que bajen”.
Todas estas tareas que ahora son realizadas por el centro de estudiantes pasarían a estar en manos del Servicio Penitenciario Federal. Lucas indica que sería como vaciarlo, ya que las actividades serían realizadas por personas que no saben cómo hacerlo correctamente, no tienen el personal suficiente ni la vocación para llevarlo a cabo. “Nosotros nos comprometimos a dar clases en un espacio seguro, donde supuestamente la policía no puede entrar. Eso para mí es importante a la hora de decidir donde dar clase”, expresó el docente.
La medida afecta las cárceles del Servicio Penitenciario federal, que son 15 establecimientos a lo largo de todo el país, los cuales no todos tienen centros de estudiantes. Entre los que sí contienen se encuentran la Unidad 2 de Devoto, la Unidad 8 de Los Hornos, la Unidad 32 de Florencio Varela y la Unidad 19 de Ezeiza.
En respuesta a la resolución presentada por la Ministra de Seguridad, el magistrado Mariano Iturralde hizo lugar de manera parcial a un recurso de habeas corpus presentado por la Procuración Penitenciaria de la Nación en oposición a la medida. Se dispuso que las personas privadas de su libertad que cursan sus estudios en el Servicio Penitenciario Federal “deberán ser habilitadas a permanecer en dichos centros educativos, durante el tiempo que resulte necesario para el estudio autónomo y demás actividades extracurriculares propias de su formación académica”.
Esta disposición por parte de la justicia pone freno y límite en el avance contra los derechos humanos y las políticas de inclusión. Igualmente, se sigue vulnerando el derecho a la organización, la educación y la participación política de las personas privadas de su libertad. El desguace y el desmantelamiento de uno de los pocos espacios que promueven la reinserción social en las cárceles es realmente preocupante.
La situación en el CUE es compleja. Pablo afirma que es aún más grave de lo visibilizado. “Muchos de los estudiantes en horarios que no cursan realizaban actividades laborales de producción, mantenimiento y mayordomía, todo por un salario de $70.000 mensuales con aportes jubilatorios. La semana pasada se echaron a más de 600 trabajadores en la cárcel de Ezeiza y el Ministerio pretende que los mismos continúen trabajando gratis, la mayoría utilizaba el dinero para costear el viaje mensual a visitarlo de sus familias, otros le trasferían ese dinero para ayudar a sus familias de bajos recursos, otros compraban comida.”
Además de la falta de derechos laborales, las trabas para estudiar y las políticas en detrimento de los derechos humanos, Pablo indica que la situación dentro de la cárcel es muchísimo más compleja de lo que se expone: corrupción y violencia institucional, falta de elementos de higiene, poca atención médica, alimentación escasa, ropa y abrigos insuficientes. “No se entregan más frazadas ni sábanas, ni ningún tipo de ropa, se redujo la provisión de comida a la mitad, basada en arroz blanco, polenta, fideos y en algunos casos una vez por día. Hay un solo médico para 2000 personas privadas de su libertad, los odontólogos no atienden por falta de insumos, los traslados a hospitales extramuros programados se suspenden por falta de combustible. Ha aumentado la mortalidad por falta de atención médica, sobre todo en el caso de adultos mayores. La violencia institucional tambien ha aumentado, dado los bajos salarios y el descontento del personal del Servicio Penitenciario Federal, lo que además generó un aumento de la corrupción”.
También peligran las propuestas de enseñanza: el taller de Diseño Gráfico que dicta Lucas es extracurricular y, como docente, expresó su preocupación por la posible desaparición del espacio: “Estos son los que están corriendo mayor riesgo de cierre porque es lo primero que atacan, los talleres. Son en este momento 1.600 personas en Devoto, de las cuales las que participarán en el centro universitario serán unas 300, diría. Nosotros arrancamos el cuatrimestre hace tres semanas y durante todo ese tiempo tuvimos entre 15 y 20 estudiantes. El día jueves de esta semana, habían venido tres.” El docente cuenta cómo los estudiantes viven la situación desde dentro. Menciona el concepto de ruidazo, que es la manera en que los presos deciden llamar a sus manifestaciones dentro de la cárcel. “Se lo vendió como un motín pero en realidad ellos siempre me dijeron que eso es un ruidazo, una batucada. No es un motín, es una protesta que yo considero que es legítima”.
La resolución 372/2025 no solo representa un retroceso en materia de derechos humanos, sino también un intento deliberado por desarticular espacios de organización dentro de las cárceles. La educación en contextos de encierro ha demostrado ser una de las herramientas más efectivas para la reducción de la reincidencia.
“Ayudamos a soñar con una mejor vida, una segunda oportunidad, la posibilidad de poder obtener un título universitario y ser seguramente el primero en la familia, recuperar proyectos de vida, tener esperanza, y saber que cuando uno se esfuerza tiene resultados, todo ello teniendo en cuenta que la mayoría de les estudiantes privados de la libertad provienen de hogares muy humildes, donde la palabra ‘oportunidad’ brilla por su ausencia”, concluye Pablo.
Detrás de cada testimonio, como el de Yrene, Pablo o Lucas, hay una red que lucha por mantener viva la dignidad en medio del encierro. El desmantelamiento de estos espacios vulnera derechos, profundiza la exclusión social de quienes ya han sido marginados por el sistema y responde a una lógica punitivista disfrazada de seguridad. Atacar a los centros de estudiantes es atacar la posibilidad de transformar la cárcel en un lugar de reinserción y no solo de castigo.
Sep 4, 2019 | DDHH, Novedades
En los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio El Banco y Puente 12 casi no hubo sobrevivientes.
En la mañana del sábado 30 de agosto se llevó a cabo la señalización de los excentros clandestinos de detención, tortura y exterminio (CCDTyE) de la última dictadura cívico millitar conocidos como El Banco y Puente 12. Familiares de las víctimas y sobrevivientes se acercaron al predio para participar del acto y dar un discurso.
En la intersección de Camino de Cintura y Av. Ricchieri se erigen los ex CCDTyE denominados Puente 12 y El Banco, donde hoy funciona la actual Brigada Femenina XIV de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En su interior hay una habitación con una veintena de camas cuchetas donde duermen las agentes policiales. En el mismo lugar, hace 43 años, se hallaban los calabozos donde pasaban sus días los militantes secuestrados por la última dictadura militar. A su vez, lo que hoy es el espacio de trabajo del comisario, antes era la sala de interrogatorio y tortura.
“Estas personas no estaban enteradas: la misma policía es ajena a su propia historia. Entonces, la señalización de estos espacios no sólo es venir, dejar una marca y mostrarle a la comunidad, sino también mostrarle a la fuerza lo que hizo su propia institución.”, explicó Adriana Taboada, psicóloga, investigadora del Centro de Estudios de Genocidio (UNTREF) y perito forense en causas por delitos de lesa humanidad, en diálogo con ANCCOM.
En la mañana despejada del sábado 31 de agosto, decenas de personas se alistaban para ir llegando, en grupos, al cruce famoso de La Matanza. Muchos son familiares de detenidos que estuvieron secuestrados durante el terrorismo de Estado en los centros, algunos son sobrevivientes y otros tantos, amigos y militantes. El evento que los convoca es la señalización de los centros clandestinos de detención El Banco y Puente 12, a realizarse a partir de las 10.30.
Unas doscientas personas participaron del acto de señalización de El Banco y Puente 12 como ex CCDTyE.
Veinte minutos antes del horario previsto de inicio, quienes se habían acercado no superaban las cincuenta personas. De forma colaborativa y con entusiasmo, los presentes se dispusieron a armar el espacio de acogida donde se desarrollaría el acto. Algunos clavaban en el césped carteles con imágenes de las víctimas, otros desenvolvían los banners de cada organismo que convocó al evento: la Comisión Vesubio y Puente 12 -conformada por sobrevivientes y familiares de detenidos en esos centros clandestinos de detención tortura y exterminio-, la Mesa de Memoria de La Matanza, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, e HIJOS Regional La Matanza.
Cerca de las 11, el espacio quedó pequeño para la cantidad de concurrentes. Desde adultos mayores hasta infantes, el número de participantes rondaba las doscientas personas. Los más grandes sentados en sillas dispuestas alrededor de un escenario, los adultos y jóvenes parados y, entre sus piernas y algunos montones de bolsos y abrigos, algunos niños que, sentados sobre el suelo, se divertían con sus juguetes. En el ambiente se observa el intercambio entre generaciones, el traspaso de la memoria de una a otra. Ese es el caso de Carmen “Tota” Ramiro de Guede, Madre de Plaza de Mayo, quien asistió junto a su hijo y su nieta que está tipeando el libro que su abuela hizo sobre la vida de las Madres para enseñar en las escuelas, titulado Pájaros y Flores.
“En este centro clandestino de detención hubo pocos sobrevivientes, muchos asesinados y desaparecidos.”, introdujo Cristina Comandé, sobreviviente de Puente 12, dando inicio al acto. Cristina fue una de las principales organizadoras del evento y una activista sin descanso. El año pasado fue querellante en el juicio por los crímenes cometidos en ese CCDTyE que se desarrolló entre 2017 y 2018 y que dejó como sentencia cuatro absoluciones y cinco condenas, entre ellas las de los represores Miguel Osvaldo Etchecolatz y Federico Antonio Minicucci a cadena perpetua. “En el primer juicio de Puente 12, Cuatrerismo, brigada Güemes y comisaría de Monte Grande hubo 139 casos, 86 desaparecidos, 17 homicidios probados y 15 imputados entre militares y policías de la Provincia de Buenos Aires: uno impune por causas médicas y cinco por morir antes de comenzar el juicio.”, detalló Comandé. A su vez, explicó el reclamo actual: la desafectación del predio, el cese de actividades de la Policía Bonaerense para que el lugar se convierta en un sitio de la memoria.
«Recordamos a los compañeros para lograr la unidad popular y libertaria que todos queremos”, dijo Isabel Cerruti, una de las sobrevivientes que participó del acto.
A continuación, el presentador y locutor Guido Galva cedió la palabra a Isabel Cerruti, sobreviviente y representante de los compañeros detenidos de El Banco, quien destacó el espíritu de unión que se sentía en aquellos días: “Estábamos todos juntos: éramos uno solo en ese momento, acompañándonos y resistiendo. Muchos -la mayoría- murieron. A veces nos duele ver que hoy no aprendamos de ese mensaje y ese accionar. Podríamos hacer un esfuerzo, recordando a los compañeros, para lograr esa unidad popular y libertaria que todos queremos.”
Un momento de emoción se vivió cuando Camilo Ríos, militante en HIJOS La Plata anunció el surgimiento de Nietos y leyó un poema dedicado a este nuevo espacio, al secuestro de sus abuelos y a la identidad. Seguido de este hecho, algunas Madres de Plaza de Mayo dijeron unas palabras, entre ellas la militante y defensora de los Derechos Humanos, Nora Cortiñas, quien narró una anécdota que conmovió a los presentes. “En este predio, -contó Nora- había un club del Ministerio de Hacienda muy familiar. Acá veníamos con Gustavo y Marcelo los sábados, preferentemente, porque los domingos había mucha gente. Hacíamos todo el camino para llegar a Puente 12; desde luego no teníamos auto. Íbamos con el cochecito, con el bolsón y las mamaderas para pasar el día. Acá, en esta pileta –perdón, estoy cargada de emoción- en esa pileta se bañaban Gustavo y Marcelo. Habíamos pasado días tan hermosos. Cómo es la vida, ¿no? Te da ese gusto y después te da el horror.”
Finalizados los discursos, los familiares de las víctimas y los sobrevivientes se dispusieron alrededor de los dos carteles prominentes tapados por una tela negra. Entre todos contaron regresivamente y al llegar a cero los descubrieron. Ambos presentan a los centros de detención El Banco y Puente 12 y explican qué sucedió en ellos. Así, el espacio quedó señalizado para la memoria. Luego, todos los concurrentes tomaron cada uno una foto de una persona desaparecida y la pegaron en la pared frontal del edificio. Algunos les agregaron frases, tales como: “Las guerrilleras son nuestras compañeras”, “Te amamos, tus hijos y nietos” y “Hasta la victoria siempre”.
Tota Guede, madre de Plaza de Mayo, participó del acto.
Finalmente, la multitud se organizó en una larga fila para ingresar de a grupos al centro clandestino, guiados por Cristina Comandé. Algunos elementos, como una porción del suelo formada por baldosas blancas y negras y las claraboyas, se mantuvieron. Otras -la mayoría- se vieron modificadas con el paso de los años. Cristina narraba, a grandes rasgos, cómo era la vida en el lugar. Sin embargo, la pregunta de un joven adolescente sobre la comida que recibían la llevó a relatar una anécdota: “Una vez nos trajeron una sopa inmunda con pedazos de grasa flotando. Ante esto, yo, que no sé quién me creía, dije que esa porquería no la iba a comer. Entonces un compañero me dijo: ‘Vos lo comés porque el cuerpo necesita grasa. Así que te lo comés igual.’ Fíjense cómo nos cuidaban los compañeros que nosotros veíamos como más grandes. Eran nuestros referentes. Así que me la comí.”
Ya finalizada la ceremonia, Comandé dijo a este medio que el homenaje le parece uno de los más fuertes “porque es en el lugar donde estaban los compañeros y donde muchos terminaron su vida.” Y continuó: “Para mí fue muy reparador porque en cada abrazo de los compañeros siento que estoy abrazando a los que ya no están.”
Jun 19, 2019 | DDHH, Novedades
Walter Bulacio iba a su primer recital, el 19 de abril de 1991, cuando fue detenido y luego asesinado por la Policía.
Varias manos levantan la tela roja y el mural se descubre en la sala de profesores del Colegio N°1 Bernardino Rivadavia, el “Riva”, ubicado en Avenida San Juan 1545, en la Ciudad de Buenos Aires. La música del violín es superada por los aplausos de estudiantes, profesores, compañeros y los demás asistentes. Lo primero que se ven son los colores del arco iris, brillantes y reflejando la luz. En la parte superior, hacia la derecha, la cara inmortalizada de Walter Bulacio sonríe en blanco y negro. Todos lo recuerdan así, sonriendo. El mural es una obra de arte, una explosión de vida y color rodeando el rostro del muchacho. Pero es también memoria, no sólo de una adolescencia interrumpida, sino también de una época y de una lucha.
Walter Bulacio tenía 17 años cuando la Policía Federal lo llevó detenido ilegalmente en el contexto de una razzia. Ricotero como muchos en esos años, ese 19 de abril de 1991, el joven iba por primera vez a un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Nunca pensó que en lugar de pasar la noche en el Estadio Obras, la pasaría primero en un colectivo -donde llevaban a los detenidos, que llegaron a ser más de 80- para luego ser trasladado a una comisaría del barrio de Núñez que, finalmente, se transformaría en la antesala de su muerte. Nunca pensó que esa sería su última noche consciente: la policía lo golpeó brutalmente, provocándole una agonía de cinco días. El único policía condenado -y recién en 2013- fue Miguel Ángel Espósito, comisario de la Seccional 35, pero no a prisión efectiva ni por asesinato. Como dice Teresa Franco, ex rectora del Rivadavia y profesora de Walter, “se tardó mucho tiempo para que se haga justicia, y no es una justicia completa.”
El acto comienza a las 12:30. El motivo que reúne a estudiantes y profesores, tanto actuales como aquellos de 1991, es la inauguración del mural en homenaje a Bulacio. “No vamos a hacer hoy una biografía de Walter, sino un homenaje por la presencia, para saber que Walter está vivo en el recuerdo de cada uno de nosotros”, comienza Fabio Campagnale, el director del Rivadavia, en el buffet que lleva el nombre del homenajeado. Esta marca, así como un mural armado por los estudiantes, demuestran que Walter sigue presente en la memoria y entre las paredes del colegio en el que estudió hasta sus últimos días.
Docentes actuales y de la época de Walter participaron en el homenaje en el Bernardino Rivadavia.
El mural, titulado Walter Bulacio: el universo de la infancia y la adolescencia interrumpida, fue producido por el grupo de mosaiquismo Alikata; consiste en un retrato del joven y una construcción simbólica de la infancia y de la adolescencia realizada con juguetes y diversos objetos, como un walkman, cassettes y varios autitos. Esto se debe a que “es la etapa que vivió él”, explica Karina Zinik, directora del grupo artístico. La obra es descubierta en la sala de profesores debido a las condiciones climáticas; más adelante será colocada en el patio que también llevará el nombre del muchacho.
El proyecto comenzó casi por casualidad, pero se llevó a cabo gracias al muralismo comunitario, social y público que realiza Alikata y a la fuerte presencia de la historia de Walter en la escuela. “Nos involucramos mucho con la historia, estamos todos muy conmovidos. Aparte, mientras lo estábamos haciendo pasó la masacre de Monte, que es otra aberración policial. Estas cosas siguen ocurriendo, entonces este mural tomó una actualidad inesperada”, cuenta Zinik.
La memoria y el recuerdo es un punto recurrente durante el acto, que también cuenta con presentaciones del Taller de Música del Rivadavia -los chicos tocan canciones que hacen alusión a la vida de Walter-, y de una murga. Lorena Montauti, compañera de Bulacio en el secundario, sostiene que “este tipo de eventos te moviliza. La memoria se mantiene, y lo que transmiten las autoridades y los chicos es el dato fidedigno: pasó esto y seguimos buscando el 100% de la justicia.” Al Largui, como le decían, lo recuerda como un ángel que siempre ayudaba a quien lo necesitara. La descripción es útil, ya que muchos de los presentes aún no habían nacido en 1991, cuando Bulacio era asesinado por la policía. Pero según Teresa Franco, “la imagen de Walter le ganó al tiempo, le ganó a esa muerte, a ese asesinato”. Y ahora está también inmortalizada en la pared del “Riva”.
El homenaje se realizó en el buffet de la escuela, que lleva el nombre Walter Bulacio.
Walter se convirtió en un emblema de la defensa de los Derechos Humanos en una democracia que sigue viendo morir personas -sobre todo adolescentes- a manos de las instituciones. “Cada vez que se hacen estas cosas, que lo traemos a Walter de vuelta, no sólo es recordarlo a él, sino también a Miguel Bru, a Luciano Arruga, a todos los desaparecidos y asesinados en democracia por el gatillo fácil”, dice Alejandro Imperiali, del Espacio Memoria, a quien por tener un edad cercana a la que hoy tendría Bulacio, el caso lo afecta particularmente. “Por eso tenemos que sembrar memoria: para que juntos como sociedad podamos conocer las experiencias del pasado, transformar la realidad ahora y construir un futuro mejor”. Las palabras de Graciela Gutiérrez, supervisora escolar del colegio, expresan un pensamiento colectivo, y dejan entrever también un mensaje que se repite en todos aquellos que conocieron a Walter: “Gracias por no olvidarlo”.
Walter Bulacio sigue vivo en los aplausos de la gente, en las voces que entonan sus canciones favoritas, en los ojos que se humedecen al evocarlo. A partir de ahora está también en ese mural que lo muestra sonriente, como lo recuerdan. Porque Walter es una bandera en el corazón, como dice la canción «Juguetes perdidos», de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, dedicada a él, al cumplirse diez años de su asesinato.
May 16, 2018 | DDHH, Novedades, Te puede interesar
Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel.
Una pena de muerte sin juicio previo ejecutada por el propio querellante. Este es el accionar que avanza de la mano de las fuerzas policiales de seguridad de la Nación, según las organizaciones ocupadas y preocupadas por los Derechos Humanos de la Niñez que denunciaron ante el Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU al Gobierno nacional por llevar a cabo un “brutal despliegue de represión estatal”. Así lo sostuvo Marcela Val, referente de la organización Che Pibe de Villa Fiorito, en una conferencia de prensa en el Anexo del Congreso de la Nación, el viernes último, que contó con la presencia del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Victoria Donda, diputada nacional y nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo.
Las organizaciones denuncian frente al Comité de las Naciones Unidas “el uso irracional de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, violando regulaciones fundamentales del estado del Derecho y la seguridad democrática, tales como el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, denunció Gabriela Tosoroni, delegada general de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF). El Código de Conducta que dictaminó la ONU sostiene: “El uso de armas de fuego se considera una medida extrema. Deberá hacerse todo lo posible por excluir el uso de armas de fuego, especialmente contra niños”.
Por su parte, Pérez Esquivel, en referencia a la denuncia dijo: “Esto que mandamos a Naciones Unidas es fundamental para poner en evidencia lo que está pasando con la infancia hoy, y por eso digo que si un gobierno no privilegia a los niños está dañando el presente y el futuro de nuestro pueblo”. Señaló al gobierno de Cambiemos como el hacedor de estas políticas de “exclusión” y agregó: “Esto no es un problema puntual, esto es un problema estructural y tenemos que apuntar a los cambios de estructura. Vemos un retroceso en la política de Derechos Humanos de la infancia muy preocupante frente a un gobierno que privilegia el capital financiero sobre la vida del pueblo, y lógicamente los más afectados y los más indefensos son los niños y niñas. Esto es preocupante porque una democracia significa derecho e igualdad para todos y todas, y lamentablemente no es así”.
Durante el gobierno de Cambiemos, hubo más de un muerto por día debido al uso de las fuerzas del Estado, según datos de Gabriela Tosorini (SENNAF).
“Hay que insistir en que los Derechos Humanos son integrales, que Derechos Humanos y democracia son valores indivisibles. Si se pierden los Derechos Humanos, la democracia se debilita”, sentenció Pérez Esquivel, a lo que Victoria Donda agregó: “Tenemos que seguir peleando por una sociedad con más democracia y con más Derechos Humanos para todos, y eso también significa dejar de tener una Ministra de Seguridad que se pare ante las fuerzas de seguridad que tenemos en nuestro país y las incite a cometer delitos –en referencia a las declaraciones de Patricia Bullrich quien justificó el accionar de las Fuerzas-. Lo que hizo fue hacer apología del delito y todos estamos en riesgo, sobre todo aquellos niños y niñas que están en nuestros barrios, que están en la calle y a quienes deberíamos proteger”. Sobre este tema, Nora Cortiñas añadió: “La ministra de Seguridad convoca al delito, convoca a la violación de los Derechos Humanos en nuestro país”.
Uno de los casos que detalla la denuncia presentada por este colectivo es el de Facundo Ferreyra, el niño de 12 años asesinado el 8 de marzo en Tucumán. Mariana Paterlini, directora institucional de Abogados del Noroeste por los Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), que patrocina a la familia del niño, explicó sobre el asesinato de Facundo: “Se trató de una ejecución extrajudicial, una muerte como consecuencia del uso de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, cuando ese uso no obedece a los criterios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad. De acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño, el Estado tenía con Facundo obligaciones reforzadas de protección. Las fuerzas de seguridad, como parte del sistema de protección integral de la niñez, debieron asumir con él un rol activo en la prevención de la violación de cualquiera de sus derechos, en particular con la protección de su vida”.
«Cuando la gorra crece, los derechos desaparecen», decía una de las pancartas que sostenía un grupo de jóvenes.
Pero el caso de Facundo lamentablemente no es el único, se han registrado más casos de asesinatos a menores por parte de la fuerza pública. Gabriela Tosorini (SENNAF) presentó los datos que dan cuenta de la situación de militarización de la vida ciudadana: “El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante el 2017 dispuso 27.000 efectivos para un territorio de tres millones de habitantes, un policía cada 107 personas, sin contar a gendarmes y prefectos en tareas de custodia, triplicando la recomendación de las Naciones Unidas. En su primer año en las calles, la policía de la Ciudad mató a 24 personas en casos de gatillo fácil, dos por mes. Por su parte, otro informe producido en diciembre de 2017 reveló que en 721 días de gobierno de Cambiemos hubo 725 fallecidos como consecuencia del uso de las fuerzas del Estado”, alrededor de una muerte diaria y agregó: “Estudios sociales han relevado que en 2017 al menos 69 personas fueron muertas por policías fuera de servicio, es decir, de franco o retirados, un 66 por ciento del total de los casos en los que existe el dato de la condición del funcionario. La tendencia de los últimos cinco años es que los efectivos policiales matan más personas estando fuera de servicio que en servicio activo”.
En el cierre de la presentación Nora Cortiñas dijo: “El abuso hacia los menores está en donde el Estado mira para otro lado, donde no se presta atención, donde no se escucha a los niños”. Bajo un anhelo efusivo hacia los presentes, pidió: “Debemos exigir que los niños sean escuchados. Porque los niños no son el futuro, son el hoy”.
