Feb 14, 2023 | DDHH, Destacado 2
El registro de aspirantes ya superó los 6000 inscriptos mientras los monitoreos sobre el Sector Público Nacional no superan los 500 empleos efectivos. La “Fundación Trans Argentinxs” reclama un Observatorio por el lento cumplimiento de la norma.
El 7 de julio de 2021 se promulgó la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero «Diana Sacayán–Lohana Berkins». A más de 18 meses de la sanción, la norma presenta ambigüedades en su aplicación , tornando efímera la ampliación de derechos en el sector más vulnerable de la comunidad LGTB+.
En septiembre de 2020 el Decreto 721/2020 estableció que el Estado debía incorporar en sus espacios de trabajo al menos un 1% de personal con personas travestis, transexuales y transgénero. En julio de 2021, con la sanción de la Ley 27.636, se reglamentaron las condiciones de contratación y reserva de puestos para garantizar ese cupo laboral. También, la ley instauró el Registro Único de Aspirantes, en donde aquellas personas que deseaban conseguir empleo podían cargar sus datos.
Lautaro Lucas Cruz, presidente de la Fundación Trans Argentinxs hace énfasis en que “muchos adultos trans fueron expuestos a la situación de prostitución sin poder decidir. Con esta ley buscamos reparar y contener a las juventudes trans y no binarias para que puedan tener acceso a un trabajo formal”, explica en diálogo con ANCCOM.
Se trata de una población en extremo vulnerable y que por su bajo número de inscriptos esa situación puede ser resuelta con celeridad, pero en la práctica la realidad no ha cambiado mucho según los datos estadísticos.
Al cumplirse un año de la sanción de la Ley, el Departamento de Género y Diversidad de ATE Nacional y la Asamblea TTNB por la Salud Integral presentó un estudio y estableció que en julio de 2022 ese porcentaje era suficiente para la contratación de 5.551 personas que expresaron su necesidad de trabajo. Sin embargo, solo 313 personas habían sido incorporadas.
Según los resultados del monitoreo realizado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, dispuesto el 30 de septiembre del mismo año, 480 personas trans son las empleadas en el Sector Público Nacional, sólo 167 personas más desde el monitoreo de julio. Según el mencionado estudio realizado por ATE Nacional y la Asamblea TTNB de Salud Integral
se cubrieron el 8,65% de las vacantes laborales disponibles.
Dentro de este numero total, la cantidad de personas Travestis, Transexuales y/o Transgénero que fueron contratadas antes del Decreto 721/20 es de 64 personas, mientras que 112 se sumaron entre el Decreto y la sanción de la Ley N° 27.636. Siguiendo esos datos –tras un pedido de acceso a la información realizado por ANCCOM– se observa que antes de la norma ya había un total de 176 personas con empleo. En términos porcentuales el empleo creció un 36,7% del total, tomando como referencia las 480 personas registradas hasta el 30 de septiembre de 2022, pero en números concretos menos del 10% de las personas que pidieron un trabajo digno pudieron salir de la marginalidad laboral y/o social.
Desde el Mocha Celis procuran instancias de inclusión que reconozcan las horas de estudio. Foto: ARCHIVO
En la Fundación Trans Argentinxs donde también acompañan y asesoran a niñxs, adolescentes y juventudes trans de todo el país que tienen entre 3 y 24 años, aseguran que “se dificulta que entren las personas a trabajar porque no hay decisión política. Además, es preciso que el cupo laboral sea implementado de manera federal”.
En la provincia de Buenos Aires y CABA se contrataron 356 personas, mientras que en el resto de las provincias sólo se contrataron 83 nuevos empleados y empleadas, quedando un restante de 41 personas que no fueron contabilizadas según su jurisdicción. “Para que en el interior se pueda cumplir la ley haría falta una adhesión de las provincias”, advierte Lautaro Cruz.
Mientras tanto la demanda de trabajo sigue creciendo. El Registro Único de Aspirantes contabiliza al cierre de esta edición 6.807 personas Travestis, Transexuales y Transgénero inscriptas. En otras palabras, la respuesta del Estado sigue siendo lenta en relación con el ejercicio pleno del derecho. Así, tomando los datos dispuestos por ATE Nacional y la Asamblea TTNB, los 5.551 puestos de trabajo ya podrían estar cubiertos con mayor compromiso de las autoridades del sector público y atender la demanda de nuevas solicitudes.
Este registro tiene la finalidad de que aquellas personas que estén interesadas en cubrir vacantes en el marco de la ley puedan brindar sus datos para establecer una orientación de adecuación profesional. Este solicita el nombre autopercibido, los antecedentes educativos y laborales y las aptitudes y preferencias laborales de las personas aspirantes. Es allí donde surge la trampa burocrática. El perfil de los puestos no coincide con la formación de los aspirantes y no existen mecanismos ni resortes reglamentarios formales para que se capaciten mientras acceden a los puestos de trabajo.
La Asociación Civil Mocha Celis y su Bachillerato Popular trabaja para revertir esta situación desde hace más de una década, en especial porque la discriminación tiende a expulsar a las personas trans de los ámbitos educativos cuando atraviesan la enseñanza secundaria. Desde la Mocha saben que la inserción laboral no es sencilla y procuran instancias de inclusión que impliquen el reconocimiento de horas de estudio como estrategia.
Cruz insiste en la importancia de la ley para este colectivo. “Cuando lees que tu expectativa de vida es de 35 o 40 años –explica– te da un poco de miedo… Saber que vas a tener un futuro, que vas a tener la posibilidad de elegir donde trabajar y/o estudiar, te da un poco de tranquilidad. Es el saber que vas a estar bien. Eso es lo importante”.
La Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero «Diana Sacayán – Lohana Berkins» establece un incentivo tributario para aquellos empleadores privados que contraten a trabajadores y trabajadoras de la comunidad trans travesti con el fin de fomentar el acceso al empleo. Además, los organismos que están comprendidos dentro de la normativa deben llevar a cabo acciones que faciliten una sensibilización y comprensión sobre la perspectiva de género y de diversidad sexual en los ámbitos laborales.
La norma surge frente a la ausencia de una ley integral –como en el caso uruguayo– de igualdad de género. En Argentina las minorías sexuales fueron conquistando derechos por partes.. En 2012, la Ley de Identidad de Género estableció un marco legal en el cual se asienta que no se necesitan diagnósticos médicos o psiquiátricos, ni operaciones de cambio de sexo para acreditar la identidad. Dentro de los grupos que lucharon por esta ley se encontraba el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, una alianza de más de 15 organizaciones. En ella se encontraba Lohana Berkins, una activista travesti que buscó en esa norma dar un acceso pleno a la atención sanitaria para que aquellos que soliciten intervenciones médicas o tratamientos puedan obtenerlos.
Por otro lado, la Ley Diana Sacayán aprobada en 2015 en la Provincia de Buenos Aires fue un gran antecedente. Esta última institucionalizó el cupo laboral travesti trans, utilizando como nombre a la primera travesti en recibir su DNI con la inscripción del género femenino en 2012 y el de Lohana, ambas activistas en el proyecto de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero.
Sobre la aplicación real de la ley se destaca que el Ministerio de Economía es aquel que más personal travesti y trans tiene, contando con un total de 92. Por su parte, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad cuenta 19 personas y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 39. El Ministerio de Educación es aquel con menor cantidad de contratados, solo con 1 persona contemplada bajo las condiciones de esta norma.
“Es necesario un Observatorio de la ley de cupo laboral trans y travesti. En todas las políticas públicas que tienen que ver con este colectivo es necesario”, concluye Lautaro Cruz.
Dic 23, 2020 | Entrevistas
Paula Arraigada en una Asamblea feminista en el año 2019
“Activista trans, peronista y feminista. Asesora parlamentaria en la Honorable Cámara de Diputados y referente del Frente de #TODOS.” Así se define Paula Arraigada en la biografía de su Instagram. Suele empezar sus días muy temprano y terminan muy tarde, la mayoría de sus reuniones toman un formato virtual, son de noche y abarcan temas diversos, no sólo las problemáticas de la población trans. Confiesa que esta nueva labor le lleva muchísimo tiempo porque el material a leer es muy denso y abundante. Cada día es un gran desafío adquirir conocimientos sobre aspectos técnicos en materia legislativa. Pero además porque, aunque la ampliación de derechos es evidente, justa y necesaria, normas como la Ley de Identidad de Género y el Decreto de Cupo Laboral Trans/Travesti no siempre se encuentran acompañadas cambios sociales inmediatos, ya que los estigmas y la discriminación siguen latentes.
“Si te dijera que es fácil, te estaría mintiendo», reflexionó Arraigada en diálogo con ANCCOM sobre su experiencia en el campo de la política. “Primero, ¿cómo hacen política los sectores vulnerados? En segundo lugar, ¿cómo hace política una persona trans? Tercero, ¿cómo hace política una femeneidad trans?”, enumera armando una especie de mapa mental. Todo va en el mismo combo y es una experiencia de la que nadie puede salvarse en un ámbito históricamente hostil. Son situaciones desiguales de poder y complicadas “porque la política no está preparada ni pensada para que las clases populares ingresen dentro de la discusión, para las cuales el entorno académico – que es de otra clase social- si lo está. No para nosotras”, concluyó la asesora.
En su experiencia como militante hubo momentos dolorosos. Rememoró que en 2015 se encolumnó en una organización, donde empezó a notar en carne propia la doble cara política: “Una organización que levanta las banderas de Evita, pero a las clases populares las menosprecia. Recuerdo que en las primeras reuniones territoriales también me decían: “Vos no hables porque vos no sabés hablar”. Hay espacios donde persisten discursos dotados de odio y clasismo. Aunque han pasado cinco años de aquellas experiencias y todo parece estar en vías de deconstrucción, para Arraigada ese proceso no incluye a la toda política: “Yo todavía lo sigo padeciendo. Creo que es muy difícil para las clases populares sentarse en la mesa de los señores y hacer como si nada pasara, como tiene por costumbre una parte de la dirigencia política”. Para ella, los partidos son espacios donde la raíz patriarcal está presente en su origen. “Ese primer contacto que tuve -en 2015- cuando militaba orgánicamente lo puedo contar como parte de la violencia política que viven muchas compañeras, no solamente trans, sino también compañeras cis que vienen de las barriadas”. Por eso el foco está en generar nuevos espacios de inclusión porque “ya no es correcto políticamente que a nosotras nos ninguneen o que no nos dejen hablar. Necesitamos que nos dejen participar a la par, es decir, que ni los varones y mujeres cis sean un paragolpes para nuestros reclamos y para nuestras luchas, que no sean quienes quieran censurarlos”, sostuvo. En su análisis, el recinto aún no refleja representatividad de todos los sectores, todavía se puede notar la ausencia de las compañeras afro, migrantes, sordas, originarias, ciegas, que tienen un cuerpo no hegemónico, de las campesinas y de las villeras. Aun así “nos une la lucha transversal de la ausencia de derechos” y cada vez que una mujer cis o trans asume un rol suele someterse al juego patriarcal que la relega a “que estén siempre en el área de desarrollo social, el área de cuidados o violencias. Nunca vas a estar en lo que tenga que ver con lo más estructural, en pensar una política pública en cuanto a la regulación del trabajo, a la economía. Nunca en los lugares donde se disputa el poder real.”
Las luchas de Diana Sacayán, de Lohana Berkins y de tantas otras compañeras no fueron en vano, ya que marcaron el camino para que hoy exista el Decreto 721/2020 – Cupo Laboral Trans Travesti-. Para Arraigada, el objetivo es lograr que este decreto sea ley, pero la controversia está en quiénes digitarán los puestos de trabajo y para quiénes serán. “Hay muchas compañeras que resaltan la trayectoria de una organización y lo ponen como sello para decir: nosotras tenemos que estar acá y nosotras podemos decidir quiénes ocuparán esos puestos”. Sin embargo, en los años la vida del colectivo trans no se modificó en ningún sentido y recién en 2020 se puede hablar de una posibilidad de trabajo en relación de dependencia. “El cupo tiene que ser la garantía de empleabilidad y de acceso a las oportunidades de esas compañeras que tienen grabada en su cuerpo la historia y lo que ha sido ser trans y ser travesti” porque el patriarcado intenta ocultar estos rasgos en historias detrás de un pensamiento meritocrático, y esperando a que esas trayectorias y experiencias sean muy parecidas a las de una mujer cis. “Los lugares son para las compañeras que pasan hambre, para las compañeras que no han tenido oportunidad laboral, no para romper un techo de cristal, sino para romper este piso de brea del cual muchas de ellas no pueden salir“, explicó la funcionaria.
“Nuestra batalla no termina con el cupo. Somos, además de travas, peronistas. Siempre vamos a estar militando por este afán enorme que es el que nos endilgó y machacó Evita en nuestras conciencias y corazones que es la felicidad del pueblo, así que la militancia va a ser hasta el último día que nosotras estemos vivas”, expresó Arraigada con emoción, y agregó: “Ojalá que mis compañeras también de una vez por todas empiecen a tener parte de esa felicidad que les fue negada.”
¿Qué soñás para el futuro?
– Tener días en paz, en un lugar con una huerta, animales y sentada bajo un paraíso tomando mate. Pero sobre todo contemplando todo lo que se pudo hacer.
Sep 17, 2020 | Trabajo
A la noticia del decreto por el cupo laboral para personas travestis, transexuales y transgénero en la administración pública nacional, sancionado el 4 de septiembre último, esta semana se anunció la misma iniciativa en el Senado de la Nación. La sanción de estas normativas parecen ser un gran paso en la lucha por los derechos de este colectivo siempre postergado. El Decreto 721/2020 establece que al menos el 1% de los puestos que se encuentran en el sector público deben ser ocupados por personas travestis, transexuales y transgénero; el mismo porcentaje estableció la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, para el Senado. La nueva normativa se da ocho años después de sancionada la Ley de Identidad de Género, que permite el libre desarrollo de una persona conforme a su identidad de género y que sea tratada de acuerdo con su autopercepción de identidad.
El cupo laboral trans es un reclamo que el colectivo travesti/trans viene exigiendo hace años. La primera encuesta que se realizó sobre población trans fue en 2012. Se trata de un informe técnico de prueba piloto desarrollado por el Municipio de La Matanza, INDEC e INADI en donde se informa que el 80% de la población encuestada expresó dedicarse a actividades vinculadas a la prostitución y otros trabajos no formales y/o de precaria estabilidad. Así como también que el 80% de esta población no cuenta con acceso a obras sociales o medicina prepaga.
Alba Rueda, investigadora del Departamento de Género y Comunicaciones del Centro de la Cooperación Floreal Gorini, se convirtió en la primera subsecretaria trans del Estado, dentro de la subsecretaría de Políticas de Diversidad de la Nación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades. Sobre el Decreto para la administración pública expresa: “En lo individual me conecta mucho con lo que es nuestra realidad en términos de violencia estructural, de lo que implica todo lo que fue la expulsión de los ámbitos educativos y sociolaborales”. El decreto publicado no abarca únicamente la situación de acceso laboral, trabajo digno y productivo, sino que además plantea la no-discriminación y que la no-terminalidad educativa no debe ser un obstáculo para poder ingresar a un puesto de trabajo. “Si las personas aspirantes a los puestos de trabajo no complementaron su educación, se permitirá su ingreso con la condición de cursar el o los niveles educativos faltantes y finalizarlos”, señala el decreto. En este sentido, mediante la Unidad de Coordinación Interministerial, se deberán garantizar los medios para la formación educativa y capacitación para personas travestis, transexuales y transgénero. Según un informe publicado por ATTTA y la Fundación Huésped sólo un 32.6% de personas trans completaron la escuela secundaria y muchos de ellos debieron abandonar los estudios a causa de la discriminación.
Alba Rueda, la primera subsecretaria trans del Estado.
En la provincia de Buenos Aires se sancionó el 17 de septiembre de 2015 la Ley 14.783 de Cupo Laboral Trans, conocida como Ley Diana Sacayán, que fue una de sus promotoras. La norma establece la creación en el sector público bonaerense de un cupo mínimo de al menos el 1% de los empleos para el colectivo travestis, transexuales y transgénero. Si bien esto indica un precedente importante, recién fue reglamentada hasta 2019.
Daniela Ruiz es actriz, activista, directora de la compañía 7 Colores Diversidad, docente de teatro en la Ciudad de Buenos Aires, capacitadora en Diversidad del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y perteneciente al Colectivo Identidad Marrón. Sobre la sanción del nuevo decreto para la administración pública expresa: “Es una realidad y un sueño para muchas compañeras que no lo han podido vivir y lo estoy viviendo” pero también reconoce la importancia que los movimientos y organizaciones sociales han tenido a la hora de conquistar estos nuevos derechos. “La historia del travestismo es una lucha de cuestiones sociales, de derechos humanos, cultural y política. Comprender que solas no íbamos a poder hacer estas cosas. Nosotras empezamos a entender que esta lucha es una lucha colectiva. De mucha visibilidad, acompañamiento y mucha fuerza de las travestis por visibilizarnos y que hablemos nosotras en primera voz.”
Daniela Ruiz
Nicole Erazo es comunicadora social en la provincia de Salta. Es militante trans y presidenta de las organizaciones Memorias Diversas y Les Chiques del Mástil. Afirma que “el rol que tuvimos los movimientos y organizaciones sociales para que se llegue y se logre aprobar el decreto laboral trans fue la lucha y la visibilización en las calles, que venimos llevando desde hace 15 años”. También señala que la inserción laboral tiene una capacidad de cambio a nivel cultural. Las políticas públicas que dan oportunidades a los sectores más vulnerables para ejercer una profesión y tener un trabajo digno implican un cambio de paradigma. Daniela Ruiz agrega que las que estuvieron en la prostitución y en ese sistema conocen bien el derrotero. “El único destino que nos habían dejado era la prostitución para sobrevivir. Que ya muchas compañeras no se puedan pensar en prostitución es un gran avance”, señala.
Nicole Erazo
Desde la página del Gobierno Nacional se está conformando un registro de currículum de personas trans. Se puede enviar información accediendo a https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/promocion/trabajotrans. O vía mail a ttrans@jus.gov.ar. “Lo que nos interesa es que no se constituya el cupo en un espacio meritocrático ni que esto quede por fuera de un acompañamiento frente a las situaciones posibles de desigualdad y discriminación dentro de los ámbitos laborales”, afirma Alba Rueda. Sobre el comité de trabajo que abordará la planificación de las capacitaciones a recursos humanos plantea que son eje central el trabajo en los principios de no-discriminación y trato digno en las áreas de trabajo.
Ruiz afirma que “uno de los obstáculos a los que nos enfrentamos las travestis a la hora de intentar ingresar al mercado laboral es el tema de la idoneidad”. Erazo comparte esta mirada “la discriminación es hacia nuestra identidad de género, por mas leyes que tengamos la discriminación esta totalmente presente ya que la visibilización y la naturalización de nuestra identidad siempre nos lleva a que porque somos travestis tenemos que ser prostitutas y servimos solamente para eso”.
El martes de esta semana también se implementó en el Senado de la Nación Argentina el cupo laboral travesti trans. “Es una lucha que veníamos planteando para no estar en prostitución -afirma Ruiz-. En lo personal es una satisfacción, un goce. Poner un bálsamo a tanto dolor y tanta crueldad que hay hacia nuestros cuerpos. No quiere decir que no sigamos luchando, sino que en algún momento tenés que descansar y respirar un poquito para seguir militando por todos los derechos”. Y cierra “¿Qué es el camino de igualdad de derechos? Que todos tengamos la misma equidad necesaria”.
Efectos de la pandemia
Todos los sectores se vieron afectados por el fenómeno de la pandemia y aquellos de mayor vulnerabilidad, más aún. Teniendo en cuenta que la mayoría de las personas trans subsisten de la prostitución, inmediatamente su economía se vio afectada por el aislamiento social. Rueda expresa que desde el Ministerio se ha trabajado en términos de políticas alimentarias para incluir a las personas trans. “Fue un trabajo territorial en términos nacionales donde recibimos más de 8.500 demandas sobre módulos alimentarios”. A su vez, en términos de economía social, estima que al menos 5.000 personas del colectivo travesti/trans fueron incluidas al programa Potenciar Trabajo, impulsados por el Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con el Ministerio de las Mujeres, que cuenta con una ayuda económica para esta época de pandemia.
Sobre la situación en la provincia de Salta, Erazo afirma que “en este momento se tornó totalmente difícil y triste. El poco número de compañeras que eran trabajadoras en el sector de limpieza o asistentes a las personas mayores. se quedaron sin trabajo. En la provincia tenemos el 85% de las compañeras en el ámbito de trabajo sexual porque es la única herramienta que tienen. En contexto no pueden ejercer la única herramienta que tienen para sobrevivir.”
Rueda afirma que la pandemia hizo que quedara en evidencia que las personas trans viven en una economía de subsistencia. “Allí reside una serie de contextos de la vulnerabilidad que se encuentra expresado principalmente en una cadena de violencias. No tenés plata para la comida, no tenés plata para el alquiler”. Erazo agrega que “no es una labor que la hacen porque tienen ganas, lamentablemente la hacen porque necesitan sobrevivir, porque no existe una inclusión digna ni real en estos momentos”.
En agosto, en la provincia de Neuquén se inauguró el primer complejo habitacional para personas trans a nivel nacional. Gracias a la iniciativa de Mónica Astorga y con fondos del gobierno provincial se habilitaron doce monoambientes para personas trans entre 40 y 70 años en estado de vulnerabilidad. Es un gran primer paso debido a que la situación ocupacional/habitacional del colectivo travesti/trans es una deuda por parte del Estado.
Rueda expresa que la planificación y el eje de vivienda será en clave LGTB+: “Va a ser uno de los puntos que vamos a desarrollar para que podamos contar con una dimensión completa de la desigualdad sabiendo que la vivienda es uno de los temas más postergados para nuestra población”. Y respecto al trabajo que se realizó en la provincia de Neuquén agrega que “ponderamos mucho esa experiencia que llevaron adelante entre el gobierno de la provincia y los espacios de militancia. Puntualmente quiero destacar el trabajo de Mónica Astorga que es muy valioso para Neuquén y para la Argentina”. Una de las características más interesantes sobre el complejo es que las casas entregadas son en condición de comodato, se les entregan bolsones de comida y una pensión, por lo tanto, la subsistencia en época de pandemia no se les hace tan crítica. El objetivo del complejo es que siempre esté habitado por personas del colectivo travesti/trans.
La Asociación Civil Trans La Rosa Naranja informó que el año pasado han fallecido al menos 75 personas trans. El promedio de vida de esa población es de 39 años, mientras que la edad promedio de vida de la población general de Argentina ronda los 76 años. Según lo publicado por TELAM, 57% de las personas trans fallecidas en el año 2019 tenían menos de 40 años. Del total de fallecidas, 12 fueron asesinadas, es decir el 16% fue víctima de crímenes de odio. Rueda afirma que “las políticas públicas activas y presentes son las respuestas que permiten modificar de manera sustantiva esa dimensión de la violencia estructural. Más políticas públicas son necesarias para la población trans.”
