Jul 20, 2022 | Comunidad, Destacado 5
Primero la pandemia y después la crisis económica impactó en la salud mental de los argentinos. Ese es el telón de fondo del debate por una nueva legislación para una patología estigmatizada.
En un país con incertidumbre económica crónica, la economía parece acaparar todo: los medios de comunicación, las redes sociales, las conversaciones cotidianas, la planificación a corto y largo plazo; nada de esto es gratis para la salud. En medio de los barquinazos que sufre la Argentina surge la pregunta acerca del impacto que tienen las crisis económicas sobre la salud mental de la población.
Silvia Bentolila, referente de salud mental en la Provincia de Buenos Aires, médica especialista en Psiquiatría y Psicología Médica, Integrante del equipo Regional de Respuesta frente a Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, da una mirada sobre el abordaje de la salud mental en tiempos de crisis.
¿Cómo cree que afectan los cambios en la economía Argentina a la salud mental de la población?
En principio no es posible hacer una generalización porque el impacto en la población también depende de su situación socioeconómica previa. Hay una enorme cantidad de personas que ya se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad económica, de modo que lo que voy a describir es las condiciones de estrés agudo que se suman al estrés crónico. Haciendo esta salvedad, el impacto en la salud mental es enorme, generan un altísimo nivel de estrés , ansiedad, angustia, frente a la incertidumbre, pero más aún porque esta es una situación que se repite en el tiempo. En algunas personas dispara emociones ligadas a la depresión y la desesperanza, recordemos que en 2001 hubo un pico de infartos y suicidios.
¿Cómo cree que interfiere la crisis económica en el desarrollo de la vida cotidiana de las personas?
Genera por un lado una retracción por el miedo y desesperación por no poder controlar la situación ni planificar a futuro.
El arte es salud
Hace dos semanas se realizó en el barrio porteño de Boedo un evento cultural que tuvo a la salud mental como protagonista: BA Lima es una intervención cultural en salud mental, un dispositivo móvil que busca interpelar y acercar preguntas a través de un lenguaje artístico sobre cómo se construye la salud mental en el día a día. El antepasado viernes brindaron su tercera edición en Páramo Cultural, un centro de cultura en Boedo que hace del arte un espacio de resistencia y cuestionamiento.
En tiempos en los que la Ley de Salud Mental es cuestionada, situada en el debate público por los medios de comunicación e interpelada por casos mediáticos como el de Felipe Pettinato y el del reconocido cantante Chano, BA Lima traduce la ley en poesía e inaugura abordajes disruptivos al concebir la salud mental una construcción, una red y un hacer con otros.
ANCCOM estuvo presente en el evento y pudo hablar con Melina Barragan, una de las organizadoras de BA Lima y militante en La Maraña, un espacio político de trabajadores de la salud mental. “La ley es el resultado de luchas de un montón de actores del campo, organizados, que durante mucho tiempo disputaron un paradigma. Una disputa que durante la pandemia nosotros perdimos, que es la disputa entre el paradigma médico hegemónico y el paradigma de la salud comunitaria. Lo que defendemos nosotros es una estrategia de abordaje, que la salud se construye no en soledad, no en el aislamiento, que nadie se cura sole, encerrade, en un dispositivo que te aisla. Te curás como te enfermás, con otres, en la comunidad en la que estás inserte”, declaraba Melina en un esfuerzo de hacer aparecer su voz entre la música y las voces del lugar y agregaba, “Hay muchas críticas que se le hacen a la ley, yo creo que la más importante es al Estado más que a la normativa”.
El festival tuvo, junto a más artistas de su propuesta, al grupo Las Gurisas, tres mujeres musicoterapeutas quienes, desde el escenario, invitaron con su música a vivir el arte como la mejor terapia.
Continuamos con Bentolila:
¿En qué medida este turbulento escenario económico impacta en la agenda política de la salud?
En principio eso depende de las decisiones de los gestores/decisores. Debiera ser prioritaria, pero salvo en contextos de pandemia la salud no aparece como prioridad en las políticas públicas, y eso se puede ver a largo plazo.
¿Existe alguna política integral que aborde la salud mental en épocas de crisis económicas? ¿O se hace de manera segmentada?
Lamentablemente no existe, a nivel global es subestimado el impacto en la salud mental, y desafortunadamente no sólo tiene consecuencias en el riesgo de desencadenar padecimientos psíquicos, sino también en la salud en general (aumento de consumos, por ejemplo, hipertensión, problemas articulares, etc). La contraparte de esto es que el impacto en la salud mental también genera efectos en la economía, porque las corridas cambiarias, por ejemplo, muchas veces están desencadenadas por ese impacto. Algo así como las profecías autocumplidoras.
La ley 26.657, aprobada el 25 de noviembre de 2010, es una ley de vanguardia para nuestro país y supuso un cambio de paradigma en materia de salud mental. Esta normativa busca reconvertir los “manicomios” en centros polivalentes que impulsen abordajes multidisciplinares y promover la atención en dispositivos intermedios comunitarios (casas de medio camino y de convivencia, centros y hospitales de día, talleres).
Uno de los puntos más repercutidos y controvertidos de la norma, es su capítulo VII, dedicado a regular las internaciones voluntarias e involuntarias. Las internaciones pasaron a concebirse como una herramienta terapéutica excepcional y sólo podrían realizarse cuando, a criterio del ámbito sanitario, mediare situación de riesgo para sí o para terceros. Además de que el equipo de salud debe, obligadamente, notificar a la justicia del procedimiento.
Madres que marchan
El mismo viernes que tuvo lugar el BA Lima, durante la tarde frente al Congreso de la Nación y en diversos puntos del país, madres y familiares de personas con consumos problemáticos , entre ellas Marina Charpentier, mamá de Chano, convocaron una manifestación bajo el lema #lamadremarcha para reclamar y presentar un petitorio con el objetivo de modificar la Ley de Salud Mental y pedir por la creación de una normativa específica sobre consumos y políticas de prevención.
Lo que demandan es, entre otras cosas, más autonomía a la hora de decidir por las internaciones. Al respecto, la productora de BA Lima opinaba: “Una familia que se encuentra con una persona que tiene un padecimiento severo, necesita una respuesta rápida y ni que hablar si llegar a fin de mes no es fácil. En el caso de Chano, el problema es de abordaje. Lo que dice su mamá tiene muchísimo sentido, si una persona tiene una situación aguda y la respuesta es la fuerza de seguridad, no va a terminar bien, no porque las fuerzas sean un problema, si no porque no tienen ningún tipo de formación al respecto sobre el abordaje de estas situaciones”, dijo refiriéndose al acontecimiento que sufrió el cantante el año pasado tras perder un riñón y el bazo por una bala policial durante una crisis psiquiátrica.
Para Silvia Bentolila “es gravísimo cómo impacta el desfinanciamiento de las políticas públicas en las mujeres, que son quienes, en la mayoría de los casos, sostienen los hogares”. Para la especialista, “a nivel mundial, los hogares más pobres son familias monoparentales con mujeres a cargo del hogar, eso genera un impacto en el largo plazo, porque afecta directamente el desarrollo de las infancias y adolescencias. Quizás la Ley de los 1000 días, por ejemplo, sea una buena iniciativa para paliar esos efectos”.
“La salud mental siempre es colectiva”
“Es necesario pensar en un poder judicial que pueda dar una respuesta más dinámica, -dice Barragan- más rápida y efectiva. Que no le tenga miedo a formarse, a conocer en profundidad las cuestiones de salud mental y a dar abordajes acordes a la problemática de la persona. Está bueno que el Estado esté ahí cuando justamente lo que vamos a hacer es restringir unos de los derechos centrales de cualquier ser humano que es el derecho a la libertad”, refería la militante de la salud mental.
Según lo que contempla esta normativa, un equipo de salud privado no podría determinar que una persona esté internada contra su voluntad y esto, en algunas circunstancias, es bastante resistido. “Para privar ilegítimamente de la libertad a una persona, ¿verdaderamente creemos que no hay que darle intervención a un poder del Estado? ¿De verdad este es el cuestionamiento que le hacemos a la ley?” se pregunta Melina Barragan hasta el cansancio.
“En Argentina hay más de dos mil personas internadas por motivos de salud mental y un gran porcentaje de ellas hace más de cinco años que están internadas por esas razones. Algo no está bien cuando una persona está más de cinco años internada por motivos de salud mental y eso se omite” declaraba la profesional de la salud a ANCCOM.
Hace más de dos años que en la Argentina y gran parte del mundo, la salud es un tema que fue tomando protagonismo. Producto de la pandemia, la muerte se volvió una amenaza constante y eso produjo un descuido importante sobre la vida. Descuido que se dejó ver, muchas veces, en el olvido de la salud mental. “Para nosotros era terrible que aislarse curara, para quienes militamos la salud mental, sabemos que quedarse sole nunca cura, todo lo contrario, es el otre el que te permite ese ida y vuelta que te construye salud. El otre era un riesgo y que el otre sea un riesgo es un retroceso enorme. Considero que hay una pequeña batalla perdida y que no nos queda otra que reconstruir y pelear para volver a dar esas discusiones”, reflexionaba Melina sobre la pandemia dejando ver que se basó en un modelo médico hegemónico centrado en la persona y en la enfermedad, “la salud mental siempre es colectiva”, concluyó.
BA Lima nació en la resistencia y la defensa de un paradigma, de una forma de pensar la salud mental. Para ellos, la salud se ejerce, se practica, es comunitaria y se construye en el encuentro con otros. Por medio del arte, proponen otros abordajes que se oponen a los que, reiteradas veces construyen los medios de comunicación, basados en la estigmatización y banalización de las cuestiones mentales. Para Melina, el tratamiento que hacen los medios respecto a la salud mental es “desapegado y oportunista, porque construyen a partir de excepciones y los casos agudos no son la mayoría” y añade:, “Lamentablemente a veces se refuerza una idea binaria de normales y anormales que es una ficción, pero que resultan ser necesarias para ciertos sectores y para ciertas lógicas de poder”.
Bandas protagonizadas por musicoterapeutas, lecturas de ensayos y poesías en vivo, ilustraciones y comics se unieron en un mismo espacio y con un propósito, luchar por la plena implementación de la Ley de Salud Mental, empoderar a la población en materia de derechos y cuestionar acerca de nuestro bienestar y salud mental. BA Lima enseña que la salud mental no es únicamente asunto de psiquiatras y manicomios, muy por el contrario se construye en la cotidianeidad, en las pequeñas cosas, en la ciudad y sobre todo en comunidad.
Mar 4, 2020 | Comunidad, Novedades
Durante el gobierno de Macri el aumento del boleto en el Área Metropolitana llegó al 500 por ciento.
Cuatro años de gestión de Cambiemos dejaron un saldo negativo en diversos aspectos del sistema de transporte automotor de pasajeros. El aumento del boleto de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) llegó al 500 por ciento y generó que los colectivos de la zona pasaran de vender mensualmente 290 millones de boletos a 245 millones, es decir, 45 millones de pasajeros optaron por otro medio de transporte. A su vez, en un contexto de crisis económica, numerosas empresas del rubro sufrieron el paro de sus actividades, despidieron trabajadores y algunas incluso llegaron a declarar la quiebra.
El 31 de octubre de 2019, la histórica línea 60 oficializó la reducción de sus 19 ramales a sólo 8, mientras que la fábrica de carrocerías Metalpar anunció el 27 de febrero del mismo año el cierre de su planta tras operar en el país desde 1997. Cabe señalar que cuatro de cada diez colectivos que circulan por la Ciudad de Buenos Aires –cerca de 10.000 unidades- hoy tienen carrocerías Metalpar, según Matías Labate, creador del blog especializado Ciudad de Bondis. En el resto del país, la situación es aún peor, ya que el Gobierno de Mauricio Macri traspasó los subsidios a las provincias y al poco tiempo se declararon en estado de emergencia del transporte público distintas localidades de La Pampa, Entre Ríos, Santiago del Estero, San Luis, Jujuy, Tucumán, Chaco y Chubut. Dos semanas antes del cierre de Metalpar, ERSA, la empresa que monopoliza en Corrientes el servicio de colectivos, ingresó en concurso de acreedores. En Córdoba, por su parte, la empresa de transporte interurbano TUS tuvo que presentar un pedido de quiebra el 10 de agosto de 2018.
Frente a este cuadro de situación, la primera medida que tomó el Gobierno de Alberto Fernández fue congelar las tarifas por 120 días en el AMBA, en tanto el ministro de Transporte, Mario Meoni, invitó a las provincias y municipios a que se sumen a la medida. El funcionario nacional adelantó que está pensando en lanzar la primera etapa de un esquema de subsidios más justo y equitativo, contemplando la capacidad económica de quienes usan el servicio. También explicó que se está trabajando en una Ley Nacional del Transporte que involucre a todas las movilidades y que brinde una estrategia para los próximos 25 años.
El grupo DOTA posee el 67% de las compañías, lo que significa 180 líneas de colectivos de un total de 389.
Un sector con pocos jugadores
A fines del año pasado se hizo público un informe de la Auditoría General de la Nación que analizó el sistema de transporte automotor de pasajeros del AMBA entre el 1º de enero de 2014 y el 30 de septiembre de 2017. El trabajo alertó el fuerte proceso de concentración que sufre el sector: “Se detectaron 14 grupos empresarios conformados por 106 empresas de transporte y 54 operadores sin vinculación, sobre un total de 160 empresas. De esta manera, el 66% de las empresas forman parte de grupos empresarios”. En este sentido, precisó que el grupo DOTA posee el 67% de las compañías que prestan el servicio, lo que significa 180 líneas de colectivos de un total de 389. Le sigue Micro Ómnibus Quilmes (Moqsa), con 20 líneas y cinco sociedades, mientras que el resto apenas asoman con un par de líneas. Por si esto fuera poco, el grupo DOTA controla la concesionaria Megacar, representante oficial de la terminal de utilitarios brasileña Agrale, y también es dueña de la carrocera Todobus, la principal competidora de Metalpar.
Rafael Skiadaressis, economista y especialista en transporte, explica que con este nivel de concentración se corre el riesgo de que los grupos empresarios hagan “lobby” contra el Estado, sobre todo por el alto nivel de know how que los privados utilizan para inclinar la balanza a su favor en una mesa de negociación. El Estado no posee la misma cantidad de información y datos duros con los que pueda sugerirle a la empresa cómo puede prestar un mejor servicio, lo que da a lugar a que el grupo empresarial tenga mayor capacidad para marcar la agenda de cómo tiene que organizarse. Sin embargo, Skiadaressis explica que este proceso de concentración no comenzó ahora y que para entender cómo estamos hoy es necesario conocer la historia del sector a nivel nacional.
Cuatro de cada diez colectivos del AMBA los fabricó Metalpar, planta que anunció su cierre en febrero de 2019.
Argentina no inventó el colectivo
Los orígenes del colectivo en el país se remontan al surgimiento de los taxis colectivos que aparecieron cerca de 1928 en la Ciudad de Buenos Aires. Contrariamente al mito popular, Skiadaressis aclara: “No inventamos el colectivo, ya existía el ómnibus”. En aquel entonces, los ómnibus y los tranvías no competían entre sí porque distintas empresas solían prestar ambos servicios. Con la crisis del 29, comenzaron a aparecer taxis de gran capacidad que llevaban gente compartida, similar a los Uber pool actuales. Estos no sólo competían con el tranvía, sino que resultaron ser más baratos y prácticos, por lo que a medida que ganaron escala y crecieron en carrocería las empresas de tranvías y de ómnibus fueron quebrando consecuentemente. Para 1940 ya teníamos numerosas líneas de colectivos que pertenecían por lo general a choferes individuales, familias o cooperativas que prestaban recorridos cortos.
El proceso de concentración comenzó en la década de los 90, cuando el Estado llevó a cabo políticas públicas que buscaron modernizar el sector. Se ordenaron los recorridos y se impusieron determinados estándares de calidad mediante licitaciones de los distintos ramales en los que se pedían distintas condiciones para poder ganarlos, como nivel de servicio, calidad de parque y seguro, entre otras cuestiones. Contar con todo eso era costoso, así que las empresas que estaban en mejor situación económica lograron quedarse con más rutas y absorber las que quedaron fuera. En esta etapa, la concentración también se agudizó por una enorme caída en cantidad de pasajeros gracias a que mejoró el transporte ferroviario y creció el sector de los automóviles. Con la crisis del 2001, se produce una segunda etapa de concentración porque muchas compañías quebraron y fueron absorbidas por las que gozaban de mejor situación financiera. A esto hay que agregarle que el Estado comenzó a subsidiar la oferta para garantizar la continuidad del servicio, lo que redundó en un esquema que, en términos generales, predomina hasta el día de hoy. Las empresas que no pueden más con sus cuentas son absorbidas por otras, como sucedió con el Grupo Plaza que fue adquirido por La Nueva Metropol a principios de 2018, y en el medio, se mantienen los servicios tal cual existían o empiezan darse de baja algunos en pos de la rentabilidad empresarial.
Barajar y dar de vuelta
“Tenemos un proceso de racionalización de los colectivos con una mirada bastante corta, muy focalizada en los costos del sector y poco focalizada en la lógica del transporte en general. Nuevamente volvemos a estar en una situación de emergencia en la que hay que implementar más subsidios a nivel nacional”, señala Skiadaressis. Si bien entiende que este no es un contexto fácil, plantea la necesidad de construir institucionalidad y realizar reformas de largo plazo: “En el AMBA, hay que analizar el sector en el marco del Ministerio de Transporte con la participación de la Ciudad de Buenos Aires, los municipios y las provincias. La autoridad para eso es la Agencia de Transporte Metropolitano, la cual debería de tener una existencia real con técnicos que trabajen en una visión de largo plazo e intermodal, o sea no sólo mirar el colectivo sino todos los modos de transportes que pueden verse afectados ante cualquier política pública”.
En la misma línea se ubica Eladio Sánchez, contador público y especialista en transporte, quien también rescata al sistema SUBE como una primera medida que ayuda, entre otras cosas, a ejercer un mayor control a los grupos empresarios de colectivos ante la creciente concentración del sector. La información que antes brindaban las empresas con su declaración jurada ahora es posible recolectarla con las máquinas validadoras –en las que se apoyan las tarjeta SUBE- que tienen un GPS incorporado. De esta forma, el Ministerio de Transporte controla en tiempo real la cantidad de coches en circulación, frecuencia, cantidad de kilómetros recorridos y velocidad de cada unidad, entre otras cosas. Con estos datos el Estado puede ajustar los subsidios y aplicar penalizaciones, así como también conocer cuánto recauda cada línea de colectivo.
De todas formas, Skiadaressis advierte que la insuficiencia de datos continúa siendo un problema. “Con la SUBE se empieza a generar, pero mientras vos más te puedas independizar de la necesidad de información del prestador del servicio mayor capacidad de regularlo tenés. Mientras más dependiente seas, mucho más laxa va a ser tu regulación y lamentablemente es la regla. Hoy en día si vos querés reformar el sistema te tenés que basar en lo que te explica la propia empresa: cómo es la demanda o cómo se podría cambiar el recorrido”.
Ene 21, 2020 | Novedades, Trabajo
El consumo de golosinas cayó el 13,5% en los últimos años.
La crisis impacta fuerte en los kioscos. La Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), entidad que representa al rubro, dio a conocer cifras lamentables. Desde diciembre del año 2015 hasta la actualidad, durante la gestión del presidente Mauricio Macri, bajaron la persiana treinta y tres mil locales por la fuerte caída de las ventas, el aumento de los alquileres y de las tarifas de los servicios públicos. La gran mayoría de los locales se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza.
El derrumbe de los kioscos arrastró a las fábricas de golosinas. Ese es el caso reciente de la empresa La Nirva, fabricante del famoso alfajor Grandote, que estuvo un año entero sin producir y sus empleados no recibieron los sueldos. O el de la firma Suschen, conocida por sus golosinas Mielcitas y Naranju, que detuvo su planta y,como consecuencia, sus empleados se unieron y formaron una cooperativa de trabajadores.
Se calcula que en Argentina hay un kiosco cada cuatrocientos habitantes y un total de ciento diez mil en el país. Es un negocio típico que prolifera con la recurrencia de las crisis económicas. Se convierte en un rebusque ideal cuando aumenta la desocupación.
Adrián Palacios, presidente de UKRA, afirmó que en los últimos meses cerraron unos cuatro mil locales y los dueños quedaron con graves deudas económicas. “El Estado no ha tomado medidas adecuadas hacia nuestro rubro. Pedimos llevar las tarifas de luz y gas al año 2017 para que los trabajadores puedan seguir con sus negocios y manteniendo la fuente laboral”, explicó. En muchos kioscos, como mínimo, trabaja el titular y, algunos, tienen empleados. Palacios estima que, por lo menos, setenta mil personas se quedaron sin trabajo.
Karina es la encargada de un kiosco que se encuentra sobre la Avenida Entre Ríos e Independencia que funciona durante las veinticuatro horas. Hace nueve años que vende golosinas todos los días y comenzó en su primer local de la calle Solís.
Por otro lado, Ayelén es empleada de un pequeño quiosco que se encuentra en la Avenida Entre Ríos y Moreno, a una cuadra del Congreso de la Nación Argentina. La joven trabaja hace cuatro meses allí.
Alquilar en la Ciudad de Buenos Aires requiere dinero. Mientras que Karina paga en su local treinta mil pesos por mes, el dueño del local en el cual trabaja Ayelén paga cincuenta mil pesos, debido a que está ubicado en las cercanías del centro porteño.
Además, al costo de la renta se le debe sumar los gastos en las tarifas de servicios públicos. “De electricidad pagamos doce mil, y gas no tenemos”, afirmó Karina. En el negocio que trabaja Ayelén, la luz tiene un costo de diez mil pesos. Karina agregó que lo más crítico que atraviesan es la suba de precios de todas las semanas, ya que en cada suba del dólar o del combustible, suben los importes. “Hay también alguna movida política y suben los precios”, protestó.
“El cliente, hace unos años, compraba unos cigarrillos y unos chicles ahora sólo viene a comprar el atado”.
Con respecto a las golosinas, el consumo cayó un 13,5 por ciento en los últimos años, según informó la Asociación de Distribuidores de Golosinas y Afines (ADGYA), entidad que representa al sector de la distribución. En el negocio de Karina, los clientes disminuyeron -manifestó- pero el hecho que esté ubicado sobre una avenida disminuye la baja. Y continuó: “Los chicos que van al colegio consumen cosas chiquitas como chupetines, alfajores o caramelos. Tabaquería se vende muchísimo. A la noche se vende más. Antes se llevaban un montón de productos, y ahora dos o tres cosas. Un beldent está veinticinco pesos en mi local, pero en otros lugares lo conseguís a treinta”.
Ayelén también notó la caída del consumo en su local, y remarcó que cien pesos alcanzan sólo para comprar unas galletitas y una gaseosa. En su negocio, los clientes eligen comprar pocos productos, no más de dos. “El cliente que hace unos años compraba unos cigarrillos y unos chicles -dijo- ahora sólo viene a comprar el atado, por ejemplo”.
En la búsqueda por la supervivencia, los establecimientos llevan adelante distintas estrategias. Agregan mayor cantidad de promociones, en algunos venden panchos o sándwiches, abren más horas por día, o despiden empleados y llaman a colaborar a los miembros de sus familias. Otros suman diferentes rubros como artículos de librería, juguetes para niños o regalería.
En el caso de Karina, en su momento se las rebuscó para decorar el negocio con la temática de Halloween. Eso la llevó a incrementar las ventas durante esos días. “Con Halloween arrasamos, ordené el negocio con juguetes, golosinas y objetos de decoración, de esa manera busco al cliente”, comentó. De todo aquello que había preparado, le sobró una celda que colgaba del techo y contenía un muñeco, y al ritmo de las palmas de Karina, se activó el juguete con el sonido de una risa diabólica. Otra de sus tácticas es vender otro tipo de productos como bolsas brillantes para regalos o maquillajes para los niños.
En cambio, el quiosco de Ayelén opta por las promociones y ofertas para atraer mayor cantidad de clientes. “Por ejemplo, tenemos el alfajor Guaymallén -dijo- a cuatro unidades por cincuenta pesos y sale mucho”.
Los kioscos registran en la actualidad una fuerte competencia por parte de las grandes cadenas de supermercados y farmacias, como Farmacity, que incluyen la venta de golosinas y galletitas y pueden ofrecer mejores promociones por tratarse de comercios más grandes, qué adquieren sus mercadería con otros volúmenes. Además, se ven amenazados ante la presencia de las cadenas que ofrecen aparente modernización y mejora del servicio. Los dos gigantes que se vienen expandiendo y copando los barrios porteños, Open 25 y 365, fueron adquiriendo locales logrando alcanzar lugares estratégicos como los aeropuertos, las terminales de ómnibus y la calle Florida en el centro de la Ciudad. El negocio de Karina tiene mucha competencia alrededor, uno similar en la esquina, otro enfrente y también a la vuelta, y encima están los supermercados.
Según la Cámara de Kiosqueros Unidos (CKU), una organización que agrupa a trabajadores del sector, se genera una competencia salvaje. Por un lado, las personas que se quedaron desempleadas en el último tiempo invirtieron su indemnización en esta actividad. Por el otro, porque los comercios que cerraron sus puertas, abrieron kioscos-ventana, una modalidad de venta de mercadería desde sus propias casas.
Ayelén registró que subieron un 10 por ciento marcas como Felfort, Coca Cola, y Pepsico. De igual manera, Karina coincidió y agregó: “Aumentó muchísimo lo que es gaseosas, marcas como La Serenísima y Terrabusi. Pepsico no tanto.” Los dos comercios, además de primeras marcas, venden segundas firmas, como la gaseosa de producción nacional Manaos.
Optar por las distribuidoras es una gran alternativa para ellos. “Compramos a las distribuidoras -dijo, Karina- pero no a las empresas.” Por su parte, el jefe de Ayelén adquiere lo justo y necesario para tener durante la semana, y elige las ofertas siempre.
El director de la UKRA aseguró que los costos fueron en incremento e intentan buscar siempre lo mejor. Quieren evitar que los clientes recurran a supermercados chinos, almacenes u otros comercios. Al ingresar en la página web de la entidad un reclamo se presenta: “Solicitamos la reducción del IVA al 0 por ciento a las golosinas”.
El cierre de los kioscos es inevitablemente visible. Karina indicó que en su zona cerraron una gran cantidad de negocios, pero a la vez inauguraron otros nuevos. “La gente cree que se va a salvar con un kiosco, pero no es así. Hay que estar muchas horas acá para que te vaya bien”, opinó. “Este precisamente está lleno de mercadería, limpio y hay muy buena atención -agregó- todo eso cuesta un montón. Igualmente, hay que saber comprar y vender”.
Por otra parte, Ayelén comentó que el negocio hace seis meses era un Rapipago, una red de cobranza extrabancaria, y sólo de comestibles se vendían panchos. Luego, cambió de dueño y comenzó a funcionar como kiosco propiamente dicho.
Infokioscos, la web orientada al rubro que publica artículos como “A la venta el nuevo alfajor Guaymallén triple de fruta” y “Disfrutá el verano con la promo Arcor helados”, hace tiempo que está avisando los riesgos que enfrentan los establecimientos.
Palacios sumó el problema de la tarjeta del transporte público conocida como SUBE: “Tenemos conflicto con la rentabilidad de la carga, porque es del 1 por ciento lo que nos deja a nosotros por brindar el servicio.” Este el caso de Karina, que para atraer clientes al paso que le compren algo, ofrece el sistema. “Imaginate que tengo que cargar más de veinte mil pesos -dijo, irritada- para tener 200 pesos de ganancia, es imposible”.
La situación fiscal de los trabajadores del rubro es compleja. El dirigente afirmó que el 80 por ciento de los que se dedican al rubro pertenecen al ala monotributista, mientras que sólo el porcentaje restante está dentro de los responsables inscriptos.
El kiosco remite a la infancia y a la niñez. Las salidas e idas y vueltas al jardín de infantes aluden a los tirones de las manos de los niños que se detenían a mirar las coloridas golosinas y reclamar la compra de alguna en lugar de seguir su recorrido. Argentino como el tango y el dulce de leche, este gran gigante se encuentra en aprietos.
Nov 14, 2019 | Novedades, Trabajo
Los emprendimientos independientes, muchos de ellos unipersonales, se multiplicaron en los últimos años, sobre todo promocionados en las redes sociales. Hombres y mujeres de diferentes generaciones comenzaron a vender sus propios productos o servicios, muchos de ellos porque no consiguen trabajo o fueron despedidos.
Eduardo Donza sociólogo e investigador del Observatorio de la deuda social Argentina, considera que estos emprendimientos son “trabajos refugio” ante no tener un trabajo asalariado. “Esto es común en el neoliberalismo. Son actividades por cuenta propia que en realidad no son genuinas, no existen porque las personas tienen una habilidad especial o porque tienen un espíritu de emprendedores, sino por necesidad, por no conseguir un trabajo en relación de dependencia”, explica.
Martina Martínez tiene 22 años, es estudiante y cuenta con dos emprendimientos, una feria americana online y un servicio de extensión de pestañas. Afirma que cada vez hay más emprendedores: “Vi gente conocida que está haciendo lo mismo porque no hay trabajo, necesitan un ingreso extra. Creo que tiene que ver más con una necesidad que con una actitud de emprendedor”, dice.
Eduardo Donza, por su parte, explica que en los países como el nuestro, los emprendimientos son la ilusión a una salida que puede llegar a terminar en una autoexplotación: “Si pensamos, por ejemplo, que una salida pueden ser los nuevos sistemas de delivery, como Rappi y Glovo, los chicos que uno ve en bicicleta o en moto, en realidad es porque no consiguen trabajo en relación de dependencia. Desde algunas políticas, a los emprendimientos se los trata de presentar como una salida, pero no le van a servir a la totalidad de la población, hay que tener un perfil específico, poseer una idea para eso, una fortaleza para llevarlo adelante y contar con un capital. Porque si no llegamos a una uberizacón de las actividades: un trabajo para ratos libres”.
Adriana Lui, periodista del diario El Sol, entrevistó a un grupo de mujeres emprendedoras que se lanzaron en la feria de artesanos en Maipú. Ella dice que los microemprendimientos son una consecuencia de las políticas económicas actuales: “Detrás de estos emprendimientos hay desempleo, trabajo en negro, evasión fiscal, precarización laboral y por sobre todo, un Gobierno que no da oportunidades por lo que cada ciudadano se ve obligado a generar su propia fuente laboral. Las políticas económicas y la falta de políticas sociales los azota por completo. El impacto de la inflación y la suba de precios de las materias primas hacen que cada vez tengan más obstáculos para la elaboración de sus productos, sumado a la caída del poder adquisitivo. Hay que evaluar, además, que muchos de estos negocios son visibles gracias a Internet y las oportunidades que brindan espacios como Facebook o Instagram donde cualquier sujeto puede promocionar sus creaciones. Lo cierto es que el país debería crear trabajo genuino y estímulos reales a microemprendedores con línea de créditos a baja tasa para poder regularizar su comercio”.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el desempleo alcanzó al 10,6% en el segundo trimestre del 2019 frente al 9,6% del período anterior. Por otro lado, también aumentó el empleo informal, ya que la tasa de subocupación pasó del 11,8 % al 13,1% del trimestre pasado. Martina se incluye en ese índice. Considera que como a las pymes les está yendo mal y los trabajadores piden un aumento, “lo primero que se hace es reducir personal, las empresas no piensan mucho en la parte social, priorizan lo económico. Ante el primer problema con los números, echan gente”, dice. Y sabe por qué lo dice: “En febrero del año pasado conseguí un trabajo en un consultorio de kinesiología y estuve trabajando ahí seis meses. El primero de agosto me dicen que iba a ser mi último mes de trabajo, estaba muy angustiada, realmente no me lo esperaba. Supuestamente fue reducción de costos. Desde ahí empecé a buscar trabajo pero estaba difícil, me llamaron a dos o tres entrevistas pero no quedaba. Pasaron seis meses hasta que en enero de este año conseguí uno y me echaron hace un mes, así que estuve dos meses y medio trabajando en tareas administrativas. Por un tema de reducción de costos y porque había poco trabajo, decidieron terminar la relación laboral. Me dijeron que me echaban en este momento para no tener que pagarme indemnización en un futuro”, declara.
En un barrio de Quilmes Oeste viven Osvaldo y Rosa, un matrimonio que abrió un almacén en su casa y que hoy se convirtió en el único sustento económico de la familia. Rosa tiene 43 y trabajó como operaria en una metalúrgica durante doce años. “Me quedé sin trabajo porque recortaron personal –cuenta-, yo fui una de las cien personas que echaron, me sentí decepcionada porque no creí que me iban a despedir por mi antigüedad”. Rosa dice que a pesar de tener el almacén, sigue buscando trabajo porque su emprendimiento no sirve para solventar todos los gastos. Su pareja Osvaldo, de 43 años, fue marinero de cubierta y también lo despidieron: “Me quedé sin trabajo porque la empresa en donde trabajaba ejerció muchos años con permisos provisorios y presentó quiebra, me sentí indignado. Como vi que me estaba por quedar sin trabajo, me anticipé y fui pensando en crear el negocio que tengo”, dice.
Eduardo Donza comparó la situación de los emprendimientos actuales con los años noventa: “Ya en esa década, cuando aparecieron los problemas del mercado de trabajo, se dieron muchos casos de este tipo. En ese tiempo era muy común que se pongan lavaderos, canchas de paddle o remiserías. La gente recibía indemnización después de un empleo de muchos años y como no tenía posibilidades de insertarse en el mercado de trabajo, generaba estas actividades propias. Lo malo es cuando hay personas que no tienen el perfil de emprendedores se ven forzadas a serlo porque no hay un trabajo asalariado ni una estructura productiva que genere una cantidad importante necesaria de puestos de trabajo”.
Martina dice que a pesar de tener dos emprendimientos, no podría vivir de lo que hace ya que la plata no le alcanza y aún no llegó a recuperar el dinero que invirtió. Además agrega que a la gente le está yendo mal y a pesar de que la despidieron dos veces, intenta rebuscársela y estudia en la universidad. “Lamentablemente –señala- no creo que cualquiera pueda salir adelante económicamente llevando a cabo su emprendimiento, estaría buenísimo pero la situación del país está muy complicada, en mi opinión no va a mejorar. Si a mí me está pasando esto, no quiero imaginar otra gente que no tiene la posibilidad de hacerlo”.
Jul 10, 2018 | Entrevistas, Te puede interesar
¿Cómo ve las políticas de desarrollo social del Gobierno nacional y del provincial?
Las veo mal. El objetivo del desarrollo social en cualquier país es que haya menos pobreza y desocupación. Pero la situación social está empeorando mucho. Se están recortando programas relacionados a los jóvenes y, si bien es cierto que queda mucha gente con programas sociales, se desacomodó la economía y ya no alcanzan. Esto empeora en la provincia de Buenos Aires, en esencia porque el sistema de salud se está complicando mucho, los médicos no tienen insumos. También empeora el sistema educativo. Yo siempre creo que el ministro de Desarrollo Social nació para pelearse con el ministro de Economía, para lograr los recursos necesarios. Eso hoy no está pasando, no hay una política social activa de verdad, que transforme. No veo, por ejemplo, por qué no se decreta la emergencia alimentaria. El resultado de esta política de Gobierno es más pobreza y más desigualdad.
¿Hacia dónde conducen estas políticas?
A mí me parece que el Gobierno imagina un país que es: soja, minería, sector financiero y salarios bajos. La Argentina es competitiva en lo que es tradicional, producción primaria, el mundo financiero que es fuerte y salarios bajos. Ese modelo deja veinte millones de personas afuera. Creo que no sólo es muy negativo en términos éticos y de valores, sino que es un gran error económico también. Porque, en realidad, el que no lo ve con el corazón, al que no le causa dolor y tristeza ver tanta gente afuera, debería verlo por la racionalidad económica: la persona que no tiene plata no consume y si no consume no mueve la economía local.
¿Cómo se podrá revertir ese proceso?
Va a ser muy difícil reconstruir este proceso. Porque además de ese modelo van a quedar muchas condicionalidades. El acuerdo con el Fondo Monetario va a dejar condicionalidades muy altas, van a quedar muy desacomodados muchos sectores productivos, la apertura de importaciones desacomoda un montón de sectores.
Viene un trabajo muy fuerte para hacer. La Argentina requiere de un tipo de políticas muy diferente. Creo que lo que viene después de esto es un gobierno de equilibrio, uno que pueda asegurar criterios, fijar algunas pautas de lo alimentario, que apunte a cortar la venta de droga en los barrios. Va a requerir de mucho consenso, por eso creo mucho en la unidad opositora. Este gobierno es irresponsable. No sólo deja a un montón de gente afuera, sino que construye absurdamente un modelo ingenuo de vínculo con el mundo. Es ingenua porque ahora además llegó (Donald) Trump y el mundo se cierra. Es una idea inviable.
Usted habla de la existencia de “las cuatro Argentinas”, tal como tituló su libro publicado en 2016, y de la fragmentación social como principal conflicto en el país. ¿Cómo se resuelve ese problema?
Las cuatro argentinas son: una Argentina de los más pobres, los que no tienen lo mínimo, una vulnerable de las changas, una de clase media y una de clase alta. La fragmentación es el peón de taxi que es vulnerable y cuando hay un corte dice: “Yo laburo todo el día, a mí no me regalan nada y a vos te dan todo”. El de clase media dice: “Yo pago todos los impuestos y todo va para allá”. Mi miedo es que las tres Argentinas de arriba entiendan que el problema es la Argentina de abajo y que se potencie aún más la fragmentación. Esta fragmentación consiste en que los distintos sectores se vean de forma contradictoria, el “soy yo o sos vos”, hay conflicto y tensión.
¿Y cómo se combate el núcleo duro de pobreza?
El núcleo duro de la pobreza tiene tres situaciones. Una de las más importantes es la pobreza intergeneracional, esto es que alguien nace pobre, sus padres fueron pobres, sus abuelos fueron pobres y hay todas las chances de que sus hijos sean pobres. Segundo, hay un problema de infraestructura, de vivienda, de servicios básicos, hay mucha gente que vive en Argentina como en el siglo diecinueve. Y el tercer elemento es la falta de movilidad social, el no vínculo con el mercado laboral, más que una changa de vez en cuando. Por todo esto, en primer lugar hay que hacer tres millones de viviendas en Argentina. Es una gran política de derechos y es un gran programa de empleo, a la vez, dando laburo a mucha gente. Segundo, yo creo mucho en la obra pública de pico y pala, es mano de obra intensiva. La Argentina es un país de tres siglos: en el siglo veintiuno está el que le pone valor agregado a la soja, el mundo del conocimiento. En el siglo veinte está la señora que cose ropa en su casa, el gasista y el plomero. Y en el siglo diecinueve está el pibe sin secundario completo. Eso es el mercado laboral. Hay que hacer mucha obra pública y dar trabajo en ese sector, hay que cuidar la industria textil, hay que armar un conjunto de elementos que vayan sacando a la gente de la pobreza estructural.
La Argentina tiene recursos económicos, humanos y naturales, produce alimentos para cuatrocientos millones de personas. Habla mal de todos nosotros, me incluyo, que tenga pobreza estructural.
«Lo primero que hay que hacer en la Argentina son tres millones de viviendas», dice Arroyo.
¿Cuál es el rol de las nuevas universidades en este aspecto?
Las nuevas universidades son un factor de movilidad social, por varias razones. Primero porque estás acercando el mundo del conocimiento y de la investigación a lugares alejados del centro, comprendido como la Capital Federal. Segundo porque el ochenta y cinco por ciento de los chicos son primera generación de universitarios. Impulsar una primera generación de universitarios en el conurbano para mí es de un valor impresionante. Y tercero, quienes en general critican no fueron, no vieron cómo funcionan. Estudiar abre cabezas, oportunidades, genera condiciones, brinda movilidad social ascendente. Soy muy amigable con la idea de las nuevas universidades, hay que potenciarlas. Me gusta mucho lo que están haciendo varias de esas universidades.
¿Cómo ve el camino hacia el 2019? ¿Considera posible una unificación electoral del peronismo?
Yo tengo un gran miedo y es que me parece que se está rompiendo el contrato social. La sociedad se está desenganchando del Gobierno. Yo fui electo diputado en 2017. Vi la campaña como una especie de matrimonio, que si bien no estaba andando bien, llevaba sólo un año y medio y había que esperar. Pero después el Gobierno planteó un conjunto de políticas brutales, quedó muy desnudo, muy desacomodado. Frente a eso la sociedad se desenganchó del Gobierno, pero no ve nada en frente. Esa sensación de vacío es la ruptura del contrato social, que el Estado no acompaña, que cada uno individualmente tiene que hacer lo que puede. Es crisis de representación, con el Gobierno y la política en general. En ese contexto, la unidad del peronismo no es opcional. Creo que lo vamos a lograr, trabajo mucho para eso. Mi idea es que el siglo veintiuno es el siglo de los frentes electorales, no de los líderes únicos. Tenemos que ir a una gran PASO, una gran primaria. Espero que nadie se tiente con las vanidades en este contexto. Fragmentados gana el Gobierno y de esa manera quedan veinte millones de personas afuera.
¿Visualiza una candidatura?
Quienes somos opositores tenemos la obligación tanto de construir la unidad como de llenar el vacío del Estado. En ese contexto quiero ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, como uno de los que discuta en ese espacio para ir a las PASO.
Si llegase a asumir un gobierno peronista ¿qué considera que debería pasar respecto al acuerdo con el FMI? ¿Cuáles son las primeras medidas que deberían tomarse en términos de inflación y recesión?
Me parece difícil que en este Gobierno se cumpla el acuerdo con el FMI. Si ya no está cumpliendo las metas, se le disparó el dólar, usa los fondos para evitar una corrida bancaria que igualmente sucede, hay fuga y saqueo constantemente. Hay que hacer una apertura del mercado interno, todo lo contrario a recortar y endeudar. Hay que ver en un nuevo gobierno en qué consiste este acuerdo y avanzar. Pero lo que necesita la Argentina no es la línea que fija el Fondo. Lo peor que hizo el Gobierno hasta ahora fue liberar el precio de los combustibles y dolarizar las tarifas, eso es inadmisible. En términos de inflación, el Estado tiene que tener capacidad de regular, todo se está yendo a precios. Debería haber un secretario de Comercio de verdad, tener una mirada más keynesiana, generar un consejo económico y social con los trabajadores y definir metas de verdad de inflación, generar equilibrio. El gobierno tiene claro qué hacer con el mercado, pero no sabe qué hacer con el Estado.
