May 13, 2022 | Destacado 1, Vidas políticas
Más de cien mil personas se movilizaron desde todo el país a la Casa Rosada para reclamar la reapertura de planes sociales, mejoras salariales y medidas para contener la inflación.
Organizaciones piqueteras realizaron una marcha federal bajo la consigna “Por trabajo y salario, contra el hambre y la pobreza”. Los movimientos sociales, nucleados en el Frente de Unidad Piquetera, llegaron desde todo el país a Plaza de Mayo, culminando la movilización comenzada el último martes. Desde las 10 de la mañana se concentraron en las estaciones ferroviarias de Retiro, Once y Constitución para ingresar al microcentro porteño.
“La Marcha Federal es parte del Plan de lucha que hemos definido hace unos meses, hicimos el acampe también y varias movilizaciones. Queremos visibilizar el deterioro de la situación económica y social del país que no se concentra solamente acá, sino que está pasando desde La Quiaca a Ushuaia, de este a oeste”, dijo a ANCCOM Melisa Cáceres, militante de Barrios de Pie- Libres del Sur.
Por su parte, la referente del Frente Popular Darío Santillán, Mónica Hidalgo, sostuvo que “hay una gran necesidad de manifestar esta situación que, de alguna manera, pone sobre el tapete esta precarización, falta de trabajo, falta de expectativas y desánimo de nuestro pueblo en poder retomar un camino social donde tengamos trabajo con derechos”.
A partir de las 12 del mediodía, comenzaron a escucharse los bombos en los alrededores de la plaza y, desde las 15, llegaron las columnas de organizaciones piqueteras de izquierda entre las que se encontraban el Polo Obrero, el MST Teresa Vive, Barrios de Píe- y movimientos sociales como el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL). Sin embargo, Hidalgo mencionó que “hay una demanda en nuestro pueblo, no sólo de los sectores sociales que se organizan en las clásicas organizaciones piqueteras, sino que también hay varias organizaciones sindicales y agrupamientos de trabajadores que no reúnen las condiciones de tener derechos bajo un contrato laboral”.
Hidalgo destacó que “las organizaciones sociales venimos teniendo fuertes demandas hacia el gobierno. No solamente por la falta de trabajo, sino por la falta de respuesta en lo que es la seguridad social. Hay un montón de compañeros y compañeras que en esta circunstancia donde se han quedado sin trabajo, no tienen la posibilidad de poder cobrar una ayuda social a través de los programas que hay como el Potenciar Trabajo, por ejemplo, porque está cerrado. O no llegan a los requisitos que se necesitan para acceder y se hace un cuello de botella donde muchas personas quedan sin trabajo y sin contención social a la vez.”
Por su parte, Analía Zárate, del FOL, agregó que “no son sólo demandas de organizaciones sociales, sino que la inflación y la crisis económica está afectando a todos los sectores en general. El salario mínimo no alcanza para nada. Esta situación está tocando a todos los sectores de laburantes y entendemos que es un reclamo más amplio”.
Mientras el INDEC daba a conocer que la inflación de abril fue de 6% y los alimentos aumentaron un 5,9%, miles de personas ya se encontraban frente a la Casa Rosada. Zárate mencionó que “el único alimento del día para un montón de chicos de un montón de sectores es harina y mate cocido”. Desde Resistencia Popular, Mirta González agregó que “no se puede consumir carne, no se puede comprar medicamentos, no podemos mandar a nuestros hijos al colegio abrigados porque comprarlo vale fortuna. No podemos sostener más esto”.
Ayer, el Ministerio de Trabajó publicó en el Boletín Oficial el adelanto a junio del aumentos del salario mínimo. Desde Barrios de Pie- Libres del Sur aseguraron que el salario de cada ciudadano y ciudadana está muy por debajo de la canasta básica de alimentos. El Frente Popular Darío Santillán, por su parte, indicó que el aumento fue antes de lo pactado porque la inflación ya se lo comió: “Los salarios son magros, no podemos resolver un salario que esté más arriba que la línea de pobreza, que pueda contener las necesidades de salud, que pueda ser del trabajo de todos y todas y no de ciertos sectores que consiguen trabajo en blanco. Lo demás es una gran economía informal, pauperizada, en malas condiciones y precarizada. Eso no es agenda para las disputas que hay dentro del peronismo”, dijo Hidalgo.
Al caer la tarde y ante los últimos rayos de sol, más de 100 mil personas que se encontraban bajo las banderas, se preparaban para dar comienzo al acto de cierre. Referentes de todas las provincias, subieron al escenario para finalizar la jornada. Desde el MST de Córdoba, Franca Condori contó: “Cada vez crecen más los jóvenes, niños y adultos que llegan a nuestros comedores y el gobierno, incluso en la pandemia y ahora, se ha cansado de cortar la ayuda alimentaria y de traer comida cada vez de menor calidad. Le estamos exigiendo al gobierno solucionar el hambre a nivel estructural y dar ayuda a los comedores que, hoy en día, lo necesitan más que nunca. Esas son las demandas, entre muchas otras”.
Finalmente, afirmó: “Acá lo que hace falta es un modelo productivo distinto que, nosotros opinamos, tiene que ver con un cambio radical de país por un mundo distinto y es por eso también que luchamos y seguimos movilizando”.
Ago 8, 2021 | Novedades, Trabajo
Este sábado, bajo la agenda de “tierra, techo y trabajo”, se desarrolló una movilización convocada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Como viene sucediendo desde la primera convocatoria ocurrida en el año 2016, contó con la participación de numerosas agrupaciones sociales, políticas, gremiales y representantes de comedores comunitarios.
A propósito de la coincidencia con la fecha de homenaje a la figura de San Cayetano, patrono del pan y trabajo, y en el contexto de la gravísima crisis económica agudizada por la pandemia, la concentración inició a las 8 de la mañana en la Iglesia de este santo en Liniers, donde se unieron con la peregrinación de los Misioneros de Francisco quienes venían caminando desde el miércoles desde Luján. Luego partieron rumbo a Plaza de Mayo con tres paradas previas en Flores, Once y en la Feria de Plaza Congreso, respectivamente.
En Plaza de Mayo, una multitud de personas de distintas organizaciones político-sociales esperaban a la columna que llegaba de Liniers. Mientras tanto, desde el escenario preparado para el acto central, se incitaba constantemente al uso correcto del barbijo y a mantener la distancia. Una vez arribada esta última columna, y tras entonar las estrofas del Himno Nacional, se dio lectura de un documento en el cual, al tiempo que se habló de las nuevas injusticias sufridas por los sectores populares en el contexto pandémico, se exigió la aprobación de un salario mínimo universal, un abordaje integral de la economía popular, políticas de inclusión para las personas en situación de calle, acceso a créditos no bancarios y cumplimiento de la ley de góndolas, entre otras cuestiones.
Luego fue el turno de los oradores. El primero en hacer uso de la palabra fue Gildo Onorato, secretario general adjunto gremial de la UTEP y miembro del Movimiento Evita, quien celebró el reciente reconocimiento de aquella organización gremial como sindicato y destacó la labor del ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, aclarando que a pesar de las diferencias siempre escuchó los reclamos de los trabajadores. En este sentido se encargó de brindar su apoyo a la candidatura como diputado nacional de Arroyo, explicando que con él la agenda de los trabajadores populares tendrá su lugar en el Congreso. Al mismo tiempo, expresó su deseo de que las cooperativas tomen preponderancia en la producción, accediendo a nuevos mercados de consumo y adquiriendo reservas con el objeto de reactivar la economía desde abajo, otorgándole protagonismo al polo obrero.
En segundo lugar habló Norma Morales, secretaria general adjunta de Somos Barrios de Pie, quién apuntó contra las acusaciones mediáticas que afirmaban que la marcha era en contra del gobierno actual y un foco para la propagación del virus. Por el contrario, aseguró que los movimientos sociales fueron los primeros en asistir, cuidar y proteger a las personas de los barrios populares de la información falsa. Además, reclamó por el reconocimiento económico a las mujeres que realizan tareas esenciales dentro de los barrios y que están invisibilizadas. Al mismo tiempo, aclaró que la categoría de “planeros” es una falta de respeto, ya que lo que se está pidiendo es el acceso a una vida y salario digno.
Posteriormente tomó la palabra Dina Sánchez, secretaria general adjunta de UTEP e integrante del Frente Popular Darío Santillán, quien en un ferviente discurso celebró el retorno de los militantes a las calles y el valor del nuevo sindicato para todos los trabajadores que hasta el momento estaban excluidos del sistema. Aseguró que la única salida para la situación que atraviesan las economías populares es el trabajo colectivo, y propuso a los actuales candidatos discutir la agenda de tierra, techo y trabajo.
El cierre estuvo a cargo de Esteban Castro, Secretario general de la UTEP y militante del Movimiento Evita. Al igual que el resto de los oradores, destacó la importancia de tener un sindicato, valoró el esfuerzo de las columnas que marcharon desde San Cayetano y le pidió a este santo que bendiga a todos los asistentes. Finalizó su discurso, celebrando la unidad en la lucha por los derechos de los excluidos.
El eje de esta marcha, que se replicó en distintas áreas del país, fue el concepto de trabajo digno para los sectores populares. Los interlocutores coincidieron en manifestarse en contra de la actual concentración y extranjerización de la economía, que –señalan- es totalmente opuesta a la idea de la construcción de una Argentina con menos pobreza. Así y a partir de esta movilización buscan que el presidente Alberto Fernández y sus asesores se hagan eco de estos pedidos, en clave de visibilizar la defensa social y económica de las distintas organizaciones comunitarias.
Nov 24, 2016 | Entrevistas
“Queremos cambiar el paradigma de plan social por el paradigma del salario social complementario”, plantea Leonardo Grosso, diputado nacional por el bloque Peronismo para la Victoria, uno de los impulsores de la Ley de Emergencia Social, que obtuvo media sanción en el Senado la semana pasada. En su oficina de la calle Riobamba el legislador, miembro del Movimiento Evita, habló con ANCCOM sobre su decisión de alejarse del Frente para la Victoria, el peronismo y el rol que ocupan los dirigentes opositores, como Cristina Fernández de Kirchner.
¿Qué establece específicamente la Ley de Emergencia Social?
La ley tiene tres puntos. El primero es crear el programa de ingreso social con trabajo, declarar la emergencia social y plantear que, en el plazo de un año, el Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Trabajo, tiene que crear un millón de puestos de empleo de la economía popular. El segundo punto establece las instituciones: el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular que, según algunos estudios, son más de tres millones, y el Concejo del Salario Social Complementario. Por ejemplo, la Federación de Organizaciones Cartoneras de la Argentina hizo un promedio del salario de los cartoneros, estableciendo que es de 5.000 pesos. Entonces, el salario social complementario de los cartoneros va a ser de 2.600 pesos porque es lo que le falta para llegar al mínimo, vital y móvil. Y el tercer punto es la actualización de las Asignaciones Universales por Hijo a la inflación del año. Si no queremos que se pierda capacidad de compra, hay que actualizarlas un 15% más. En debate en comisión en el Senado se le incorporó otro artículo, que es la emergencia alimentaria, que insta al Gobierno Nacional a aumentar un 50% las partidas alimentarias para las escuelas, comedores y merenderos.
¿Cómo surgió el proyecto?
La ley es, primero, una iniciativa del tridente de organizaciones piqueteras que se constituyó a partir de la llegada de Macri al gobierno, compuesto por la CCC (Corriente Clasista y Combativa), Barrios de Pie y la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular). El Movimiento Evita es parte de la CTEP, pero abarca también organizaciones de izquierda, cooperativas, cartoneros. Estas tres organizaciones marcharon desde Liniers a Plaza de Mayo el 7 de agosto, que es el día de San Cayetano, pidiendo paz, pan y trabajo, y empezaron a plantear la necesidad de declarar la emergencia social. Fue un mes en donde se habló de los nuevos pobres que había en la Argentina a partir de los datos de la UCA (Universidad Católica Argentina), de la desocupación, de la contracción del mercado interno, la devaluación, la inflación, por lo tanto pauperización de los niveles de vida del conjunto del pueblo argentino. Además, Macri había vetado la Ley Antidespidos y se volvieron a despedir, posterior al veto, 130 mil personas. A partir de todo esto, se estableció una reunión en el Senado donde las organizaciones fueron a contar esto. Había más de 17 senadores y 25 diputados de distintos bloques: desde Pino Solanas hasta (Miguel Ángel) Pichetto. Ahí se establece la posibilidad de hacer la ley.
Sin embargo, recibió críticas de sectores de izquierda.
Y de La Cámpora también. Nosotros les tenemos mucho cariño, son nuestros hermanos, pero ahora han hecho un comunicado planteando que esto era una medida coyuntural, entonces estamos un poquito enojados. Desde la izquierda también critican que sea coyuntural. Sí, bueno, chocolate por la noticia, no somos salames y las organizaciones, tampoco. Es una respuesta inmediata a la emergencia lo que estamos planteando. No queremos discutir cómo se resuelve mientras la gente se muere de hambre.
Desde el Gobierno plantean que la ley no es viable económicamente. ¿Cómo se financiaría?
Es increíble que digan eso cuando durante todo el año han transferido recursos a los sectores más concentrados. Es una cuestión de decisión política, no de financiamiento de recursos. El Gobierno entregó 63 mil millones de pesos anuales a tres empresas agroexportadoras y a dos empresas mineras, que encima son yanquis. Es el mismo Gobierno que le regala 19 mil millones de pesos a tres empresas eléctricas, una de las cuales es del primo de Macri. Ya con eso vos tenés, en siete empresas, 81 mil millones de pesos anuales: la mitad es lo que necesitamos nosotros para la emergencia social, para crear un millón de puestos de trabajo, y para tres millones y medio de Asignaciones Universales por Hijo. Por otro lado, armamos tres proyectos de ley para hacer un impuesto a empresas trasnacionales que invierten en la Argentina y, mes a mes, giran miles de millones de dólares al exterior. Y, esta semana, presentamos un impuesto al juego y a los plazos fijos en moneda extranjera mayores a un millón. Entonces hay posibilidades, si nosotros gravamos a los que más tienen y distribuimos. Y esta plata, que se gastaría en la emergencia social o que se invertiría en los sectores populares, rápidamente se volcaría al Estado con impuestos, porque los compañeros que menos ganan gastan todo en consumo, no ahorran.
El senador por Cambiemos Luis Naidenoff dijo que esta ley agita el fantasma del estallido social a fin de año.
El PRO vive adentro de un termo. La verdad es que no tienen ni idea de lo que está pasando. Este fue un año complicado, no es diciembre el mes complicado, y esto es un desastre para los sectores populares. Hoy los compañeros vuelven a pedir comida, y esa es una señal clara de cuál es la situación social este año a partir de políticas económicas viejas, porque son las mismas que usó Martínez de Hoz en la Dictadura, y las mismas que usó Cavallo en el menemismo y la Alianza.
Con respecto al Ministerio de Desarrollo Social, ¿cómo son las relaciones con la ministra Carolina Stanley? Emilio Pérsico manifestó que es necesaria la relación con el Gobierno.
Nosotros venimos hablando desde principio de año. Hay una mesa de diálogo abierta, por distintas cuestiones, entre las tres organizaciones y Stanley. Es buena la relación, pero eso no alcanza, lo sabemos y se lo decimos. Son vasitos de agua en el desierto. Si nosotros en el gobierno kirchnerista no podíamos resolver los problemas estructurales de la pobreza con política social, y había una política económica virtuosa, ahora que hay una política económica contraria a los sectores populares, mucho menos. Emilio es el que va a las reuniones con Stanley. Estamos tratando de hacer viviendas en la provincia de Buenos Aires con cooperativas sociales, pero la relación es gremial, no política. Algunos sectores que se paran desde un ideologicismo dicen que no hay que sentarse a hablar, pero es el Estado… nosotros no podemos no sentarnos a hablar. No es como la teoría de los troskos, cuanto peor, mejor; para nosotros es cuanto peor, peor. Si esto estalla, la gente sale a saquear, ¿y quién paga los costos de la crisis? No hay una sola crisis en este país que la haya pagado Techint, Macri, Clarín… estos tipos salen siempre por arriba. ¿Quiénes son los muertos del 20 de diciembre? No hay ningún banquero o funcionario muerto, sino pobres que fueron a protestar por comida o para que se vayan todos.
Nosotros eso no queremos más pobres muertos. Yo quiero construir una alternativa política, que este gobierno se vaya dentro de cuatro años, cuando se tiene que ir, y que nosotros no arranquemos de cero. Quiero tratar de estar lo más arriba posible. Néstor nos subió muchos escalones; bueno, yo de acá no me bajo.
¿Por qué vos y otros legisladores decidieron abrirse del Frente para la Victoria? ¿Tuvieron que ver los hechos de corrupción?
Se utilizó eso porque fue una semana después del tema del bolso de José López y ese espectáculo tragicómico de la historia argentina. Pero nosotros decidimos armar un bloque aparte con los diputados del Movimiento Evita porque no estamos de acuerdo con la política que lleva adelante el FpV. La discusión la tuvimos adentro durante cinco meses, y sigo insistiendo en que el FpV persiste en ese error: muchas veces se cargan las tintas sobre los sectores de la oposición, y no sobre Macri. Y hoy tenés un adversario común mucho más importante que las diferencias que vos puedas tener con tus pares de la oposición. Eso va más allá de que lo quieras traducir, después, en términos electorales. Es muy difícil que, por ejemplo, nosotros y Massa terminemos juntos, o que La Cámpora y los socialistas terminen juntos, pero nosotros acá podemos hacer una articulación en contra de Macri. Porque lo hicimos con la Ley Antidespidos, y porque lo podemos llegar a hacer con la Emergencia Social. Yo no puedo determinar la política a partir de quién bancó o no mi gobierno. Yo fui parte de ese gobierno, es mi gobierno, yo a Cristina la quiero, es una genia para mí, pero no acuerdo la estrategia política. Yo creo que el campo nacional y popular es más grande que el kirchnerismo y, de hecho, el kirchnerismo juntó un espacio enorme en el campo nacional y popular. Fuimos a elecciones con Scioli a la cabeza, pero perdimos. Entonces, eso que juntamos es mucho, pero no alcanzó porque ellos eran más. Ahora, nosotros tenemos el desafío de juntar un poco más, y eso no se hace cuestionando a los que estaban conmigo, o a los que no estaban conmigo que podrían haber estado. Yo cuestiono a Macri, no voy a cuestionar a Barrios de Pie porque no estuvo en mi gobierno, porque ellos están en la calle: sus compañeros son los mismos que los míos que se están muriendo de hambre por la culpa de este Gobierno. Y con la CGT pasa lo mismo. Yo no puedo discutir con Moyano para atrás porque no voy a estar de acuerdo con lo que hizo en las últimas elecciones, yo jamás hubiese ido a un acto con Macri para hacerle un monumento a Perón. Pero ahora tenemos que construir una nueva mayoría. Hoy es una situación política de defensiva popular. Hay que aplicar menos la política del codazo, de pelearle al de al lado tuyo, y empezar a hacer la política del puño, porque si pegamos entre todos, el puño es mas grande. Si nos codeamos entre nosotros, es imposible pegar para adelante.
¿Cuál será, entonces, el rol de Cristina Fernández de Kirchner en los próximos meses?
Es innegable que Cristina es una de las figuras más importantes de la Argentina. Tiene peso y está afilada en sus planteos al macrismo, pero depende de lo que ella quiera. Si quiere ocupar un lugar importante, va a colaborar en la construcción de una alternativa a esto. Si ella pretende ocupar un lugar de testimonio, en términos políticos, de poder ir marcando siempre donde está el error, pero sin la necesidad de tener una estrategia para gobernar, puede armar su propio grupo y expresar esa política sin la necesidad de confluir en algún frente. Yo creo que hay dos o tres estrategias que puede tomar ella. Hoy, por lo pronto, yo la veo ocupando el espacio opositor. De los dirigentes importantes en este país, no hay nadie más opositor que Cristina. El resto practica un opo-oficialismo, como dice (Horacio) Verbitsky.
¿Qué papel juegan otros peronistas, como Diego Bossio o Sergio Massa, en la escena política?
Tienen que definir si están en el espacio opositor o el espacio oficialista. Me parece que eso es cuestión de tiempo. Yo no estoy de acuerdo con la política de buscar traidores, fue una de las discusiones que tuve en el bloque del FpV cuando se fueron Bossio y los otros compañeros a armar el Bloque Justicialista. Uno no puede simplificar así la política porque, sino, tendría una lectura muy lineal que no permitiría hacer política en términos reales. Entonces, yo soy un poquito más respetuoso de esos compañeros. Tenemos excelente relación con (Oscar Alberto) Romero, el presidente del Bloque Justicialista, y trabajamos muchas cosas en común. Me parece que ese espacio es parte de la posibilidad que tiene el peronismo de rearticular una mayoría, con distintos niveles de protagonismo. Por otro lado, Massa tiene la disyuntiva de elegir entre Margarita Stolbizer y el peronismo. Yo lo veo más cerca de Margarita, pero allá él. Nosotros tenemos otra tarea: vamos a la calle, construimos base social para poder enfrentar y frenar este Gobierno, y vamos hablando con todo el peronismo, intendentes y sindicatos, tratando de armar alguna propuesta política interesante en la provincia de Buenos Aires.
¿Cuál es tu relación con el Municipio de San Martín y con el intendente Gabriel Katopodis?
Tengo excelente relación. Tenemos una alianza política con el intendente hace un tiempo largo. Hay compañeros del Movimiento Evita que están integrados a la gestión municipal. Este es el segundo mandato de Katopodis, y ha hecho una buena gestión; cualquiera, le guste o no, puede ver que San Martín está un poquito mejor. Con Katopodis venimos compartiendo mucho la mirada política de qué es lo que hay que hacer, y caminando mucho la provincia de Buenos Aires y el conurbano, articulando compañeros para poder establecer una alternativa política desde el peronismo, que se plante opositor al gobierno de Macri, y que permita ir articulando algunas propuestas interesantes.
¿Cómo es la relación de los intendentes de la provincia con el gobierno de María Eugenia Vidal?
Ellos tienen que hablar porque son intendentes y la señora es gobernadora, pero no resuelve mucho. La verdad es que el gobierno de Vidal es un desastre en materia de gestión. Todavía no construyó ni una casa y hace un año que está. Dijo que iba a hacer las grandes obras y lo único que hizo fue inaugurar un pozo que es un túnel de un paso bajo nivel. Si nosotros habíamos pensado que Scioli había hecho el desastre más grande que se puede hacer en la provincia en materia de seguridad, vino Vidal y lo empeoró.
¿Cómo se resuelven las negociaciones entre los gobernadores y el Ejecutivo?
El Gobierno utiliza los recursos económicos para extorsionar a los gobiernos provinciales. Pero los gobernadores de a poquito se van cansando de esa situación. Ellos avanzan con reclamos, el Gobierno les dice que sí, pero después les dicen no, o no les manda los fondos. Hay un problema que es estructural en Argentina, que nosotros no lo resolvimos durante doce años, que es la falta de federalismo en términos de recursos: hay una dependencia de las provincias y los municipios para con la Nación o con cada provincia, que es enorme. Y eso está mal que lo hagan estos, y también si lo hacíamos nosotros. Pero creo que ahora empeoró, porque otra cosa es un Estado que invierte, que alimenta el mercado interno, entonces vos tenés posibilidades de absorber recursos a partir del movimiento de la economía. En una situación de recesión, de ajuste, de transferencia, y de endeudamiento, es diferente. La única propuesta que hicieron desde el gobierno nacional para las provincias es endeudarse, y eso ya sabemos cómo termina.
Actualizado 24/11/2016
Jun 15, 2016 | inicio
Ajustes en los presupuestos de programas sociales y cooperativos, aumento en la demanda de alimentos de los grupos vulnerables y pocas respuestas oficiales. Las organizaciones que nuclean a los sectores más golpeados por los tarifazos y las restricciones en inversión social coinciden en esos tres grandes ejes de diagnóstico para describir los primeros seis meses del gobierno de Cambiemos.
La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista Combativa (CCC), el Frente Popular Darío Santillán y las organizaciones Tupac Amaru y Barrios de Pie dialogaron con ANCCOM para repasar las demandas de sus bases -en muchos casos protagonistas de protestas callejeras, cortes de calle y ollas populares en las últimas semanas- y caracterizar el vínculo propuesto por la administración de Mauricio Macri.
Dina Sánchez es dirigente del Movimiento Darío Santillán que, junto a otras siete organizaciones, integra el Frente Popular Darío Santillán (FPDS). El espacio aglutina a cerca de mil trabajadores de cooperativas. Ella viaja todos los días desde Glew, provincia de Buenos Aires, a Capital para trabajar, junto a 250 cooperativistas, en limpieza e higiene urbana. “Nosotros siempre firmábamos los acuerdos con el Gobierno de la Ciudad a principios de año, a esta altura ya habíamos renovado y teníamos definidos los aumentos y la cantidad de puestos de trabajo. Ahora tardaron hasta para negociar, igualmente no dejamos de trabajar porque si no se les hace más fácil echarnos diciendo: `Estos no quieren trabajar´. Seguíamos con el mismo sueldo desde junio del año pasado hasta ahora, que nos impusieron un aumento del 23%. Igual, de más puestos de trabajo, ni hablar”, grafica.
Archivo ANCCOM. 18 de enero de 2016.
El coordinador de Barrrios de Pie, Daniel Menéndez, advierte sobre un escenario negativo para los sectores más vulnerables. «Todo el arco social, político, y religioso coincide en que estamos en una situación marcada por el deterioro. Este escenario se agudiza por la inflación y la generación de nuevos pobres que según las mediciones del Observatorio Social de la UCA ya rondan el millón y medio de personas”, subraya.
Para Menéndez, ese nuevo estado de cosas se muestra sin disimulos en el aumento de la demanda por alimentos en los comedores, una pintura que también coinciden en realizar los intendentes del conurbano bonaerense. “Es algo distintos a los últimos años, la situación empeoró y ahora están haciendo estallar los comedores a los que se acercan un montón de chicos por un plato de comida. Incluso Margarita Barrientos reconoció que aumentó un 50% la asistencia a los comedores, y por eso también se abren nuevos. A la vez, hay preocupación por el aumento del 20% del salario, porque siguen estando atrasados, y los programas de empleo terminan siendo un complemento de las changas de los trabajadores en negro, como por ejemplo en la construcción o el de las mujeres que hacen trabajo doméstico”, explica.
Julia Rosales es dirigente de la CCC Zona Norte (Capital), la organización que nació junto al movimiento de trabajadores desocupados en el año 2001 “cuando se vino el mundo abajo y quedó un montón de gente afuera del sistema”.
En la actualidad, la CCC de esa zona impulsa cooperativas de trabajo que se ocupan principalmente de la higiene y limpieza urbana, a la vez que promueven comedores sociales que reciben en su mayoría a los vecinos del Barrio Mitre. “Antes venían 40 familias, ahora vienen 100, y cuando hay hambre también se nota porque la gente se pelea más por las porciones. Hay menos trabajo y mucha inflación. Si antes las capas medias tenían alguna trabajadora doméstica ahora, frente al aumento de tarifas, ya no la contratan y esa mujer queda sin trabajo y viene al comedor”, dice Julia.
Archivo ANCCOM. 18 de enero de 2016.
La organización cuenta con 150 personas en cooperativas de trabajo. “Son principalmente mujeres para las que es muy difícil volver al sistema cuando ya se cayeron, porque son grandes, con hijos, sin dientes”, retrata.
Y puntualiza. “Tenemos que ponernos firmes sobre la base de que somos útiles. Acá trabajamos en cuatro cuadrillas, algunas en el Parque Sarmiento, y también tenemos otras cuatro en centros de primera infancia. Esto es en nuestra zona, pero en el resto de la Ciudad hay más. Esa es la mitad de la gente que viene a nuestros comedores, pero la mayoría no tiene trabajo”.
Una de las organizaciones más afectadas por el cambio de gobierno fue la Túpac Amaru, cuya líder, Milagro Sala, aún permanece detenida en Jujuy. El coordinador nacional del espacio, Alejandro «Coco» Garfagnini, describe la nueva realidad. “Muchos compañeros pasaron de ser cooperativistas a desocupados. Ahora el desafío nuestro es empezar a organizarlos. En los diez años de avance que tuvimos como organización popular logramos agrupar, a partir del trabajo, a un montón de compañeros, no sólo desde las cooperativas de obra pública sino también de fábricas y emprendimientos. Pero hoy la gran mayoría, sobre todo los de obra pública, están desocupados porque el programa se cerró”, dice Garfagnini en referencia a uno de los principales planes de construcción de vivienda, el Programa de Integración Socio Comunitario (ex Emergencia Habitacional), creado en el año 2003 por el Ministerio de Planificación Federal y con el que se construyeron cerca de 56 mil viviendas, según indicó el dirigente. “Era un programa que generaba casi 70 mil puestos de trabajo en todo el país y se terminó porque el gobierno nacional querrá hacer negocios con empresas y no con las cooperativas. En la misma situación están los compañeros de la CNCT que también tenían cooperativas de obra pública. Todos los que integrábamos el programa llegamos a ejecutar en 2015 el 15% del presupuesto de viviendas nacionales”, remata.
Manifestación de Barrios de Pie en el Obelisco el 10 de junio.
Las cooperativas de trabajo comenzaron a multiplicarse en Argentina a partir de la crisis del 2001. Desde entonces, el sector “ha inventando trabajos para poder vivir”, dice Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) que agrupa a sectores como cartoneros, empresas recuperadas, cooperativas populares, campesinos, vendedores ambulantes, constructores, y pequeñas unidades productivas, entre otros. El derecho de agremiación es una de sus principales demandas: “Sabemos que el desarrollo del capitalismo hace que se concentre la economía y que los trabajadores ya no se vuelven a incorporar a ese lugar una vez que quedan afuera, pero nos cuesta que las centrales sindicales nos tengan en cuenta. Vamos siempre a acompañar al sector formal pero es hora de que como trabajadores de la economía popular tengamos personería gremial para contar con obra social y aportes”.
Diálogo con el gobierno
Junto con las crecientes demandas sociales, las organizaciones enfrentan también el desafío de interactuar y reclamar ante un nuevo gobierno. “Hay diálogo pero para discutir giladas. Nos hablan de la herencia, y sólo hay excusas, no canales que permitan resolver los problemas. Nosotros reclamamos por alimentos y por programas de empleo porque están desactualizados, más en este contexto de emergencia social por el ajuste brutal que estamos viviendo. Creemos que tiene que haber un aumento del 50% de los ingresos porque no es suficiente lo que nos pretenden imponer”, subraya Menéndez, desde Barrios de Pie.
Julia Rosales coincide con esa apariencia conciliadora de Cambiemos porque “diálogo con el gobierno hay, pero con pocas respuestas”. Y sentencia: “Son dialogadores pero después migajas. Somos como tercerizadas para el gobierno y no les conviene que nosotros le cobremos barato porque frente a las auditorías después tienen que justificar por qué las cooperativas del PRO –que funcionan en las Comunas como pequeñas empresas- les cobren mucho más”.
En el Frente Popular Darío Santillán marcan como un hito del nuevo vínculo la toma del edificio de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad que se realizó el 11 de mayo pasado junto a otras organizaciones. “Nos recibieron el vicejefe de Gabinete Juan Pablo Graña y el Jefe de Gabinete Social, Juan Ignacio Maquieyra, quienes se comprometieron a conservar los 250 puestos de trabajo, pero no a aumentarlos y nos dijeron que nos iban a dar un incremento de nuestros ingresos cercano a nuestro reclamo. Una semana después fuimos al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, donde nos dijeron que desconocían aquel acuerdo, como si nosotros estuviésemos locos. Mirá si vamos a levantar un acampe, a las tres de la mañana, porque se nos da la ganas”, puntualiza Dina Sánchez.
La CTEP da cuenta de los acuerdos firmados. «Nosotros logramos unas 16 unidades ejecutoras, donde el gobierno va a hacer que podamos coordinar el dinero que es para obras. En un principio era una cantidad de plata pero ahora es bastante menos. También hicimos un acuerdo por el tema de viviendas, otro por problemas alimentarios, también trabajo autogestionado, y para fábricas recuperadas”, explican desde la organización.
El diálogo, sin embargo, tiene doble vara. “Nosotros no tenemos ninguna instancia de diálogo con este gobierno”, explican los referentes de la Tupac Amaru. Con presencia en Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Catamarca, Chaco, Misiones, Corrientes, Salta y Jujuy, el único distrito que mantiene un diálogo institucional es Chaco. “Con el macrismo no te podes confiar. Nosotros nos dimos cuenta cómo eran al poco tiempo que asumieron cuando hicimos los acampes, por las actitudes que tuvieron y después cuando detuvieron a Milagro y a otros seis compañeros”, subrayan.
Manifestación de Barrios de Pie en el Obelisco el 10 de junio.
Perspectivas
“Hay un parate económico que va a seguir porque el gobierno tiene la voluntad de provocar una recesión para que los precios bajen. Tenemos que llevar adelante medidas que busquen menguar esas políticas económicas, por eso nos seguimos reuniendo con distintos sectores, incluso religiosos, como las parroquias, para que podamos convocar a un diálogo, y también pensamos movilizar a los hipermercados y continuar con las ollas populares”, describe el referente de Barrios de Pie.
Desde la CTEP, el diagnóstico incluye una mirada política sobre la región. “Hay un contexto de retroceso regional. Acá la transferencia de recursos que hizo el gobierno a los sectores más concentrados, indica que más allá de pelear por el trabajo autogestionado y las tarifas, vamos a estar en una situación muy dura”.
Julia Rosales cuestiona las promesas futuras de Macri. “El gobierno les dio a las mineras, a los exportadores, y hablan de la herencia pero eso lo puede decir unos meses pero después ya es la forma en la que ellos decidieron resolver la crisis. Hay gente que tiene bronca, sobre todo la clase media que es la que lo votó. Y ahora ya no hablan de la recuperación del próximo semestre, ahora dicen que va a venir el año que viene”, advierte.
Desde el Movimiento Darío Santillán, Dina remarca las contradicciones del gobierno de Cambiemos en la Ciudad. “Si un día se juntan con nosotros y después lo niegan, ya no podemos confiar en nadie. Por eso decimos hay que estar más alertas. Notamos que con este gobierno, a nivel nacional, las cosas fueron muy duras y muy seguidas. La opinión del conjunto de los compañeros de las asambleas que se hacen en los barrios es que vamos a luchar, porque no nos alcanza. Cómo se puede vivir con 4500 pesos si hay que pagar boleto, alquiler, luz, comida. Es una locura”.
La CTEP visualiza la articulación política como la principal herramienta para hacer frente a la nueva realidad y demandas crecientes. «Cuando sufrís una derrota en el campo popular, cada uno va por sus demandas pero hay que hacer un trabajo político, además de lo reivindicativo, y definir qué tipo de país queremos. Para afrontar la crisis necesitamos organizar a todos los sectores y pedir por el salario complementario. Hay un montón de necesidades y por eso tenemos que luchar por una política que yo llamaría defensiva de los derechos conquistados. Lo cierto es que la crisis no nos agarra desprevenidos, no estamos en el 2001», resume Castro.
La perspectiva de las organizaciones para los próximos meses en ningún caso prescinde de las manifestaciones, las ollas populares, las intervenciones frente a hipermercados, entre otras tácticas y métodos de lucha. “A pesar de que hay personas que dicen que no existen espacios de unidad, que estamos fragmentados, yo puedo decir que no veo eso, creo que hay un alto nivel de articulación en el movimiento popular en general. El tema de Milagro tuvo una reacción impresionante, fue muy rápida, tuvimos la solidaridad de más de 40 organizaciones sociales, sindicales y del campo popular”, expresa el coordinador de la Tupac Amaru.
Archivo ANCCOM. Movilización por la liberación de Milagro Sala en el centro porteño el 18 de enero de 2016.
La CTEP analiza una próxima movilización que exprese a todos los sectores de la economía popular para romper con el discurso de los `plancitos`y pelear por un salario universal complementario.
Más allá de las diferencias, las organizaciones apuestan a reinvidicar su lucha alrededor de la única consigna del derecho al trabajo. “Nadie nos regaló nada, lo que logramos lo hicimos con la lucha. La primera conquista es tener un plan social para no morir de hambre pero no nos van a comprar con bolsas de alimentos, con planes, nosotros queremos trabajo”, resume la dirigente de la CCC.
Actualización 15/06/2016
