Luego de la denuncia de ANCCOM sobre el túnel contaminado, sonó la señal que indicá peligro de explosividad. Los trabajadores esperan una nueva inspección mientras continúa la preocupación por las filtraciones de hidrocarburo.
Un inspector de la Dirección General de Protección del Trabajo de la Ciudad visitó la Estación de Subte E en la intersección de las avenidas 9 de Julio e Independencia, luego de la publicación de la nota de ANCCOM en junio sobre las filtraciones de hidrocarburos en el subte. El agente labró un acta y días después, la alarma de explosividad se encendió por los niveles elevados de gases en el antiguo túnel de combinación entre las líneas E y C del subte, clausurado desde hace casi medio siglo.
“En esa inspección no estaba inundado ni los valores daban explosividad. Pero unos días después había un nivel de explosividad que disparó la alarma del lugar. Se hizo una inspección y lo que se constató es que se habían tapado las canaletas que van a la cámara de desagüe, por lo cual se inundó gran parte de ese túnel de combinación. Eso hizo que disminuyera el volumen de espacio donde los gases podrían evacuar”, narra Francisco Ledesma, de la Secretaría de Salud Laboral de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro.
Al saltar las alarmas del sistema de monitoreo del subte, se convocó a la Policía Federal, Bomberos y a los trabajadores encargados de los pozos de bomba. “Eso estaba anegado por agua que tenía residuos por un lado cloacal, pero por otro lado también de lo que es la filtración de tanques de combustible”, continuó el sindicalista. En las fotos y videos enviadas a este medio, se observa cómo sólo quedan algunos pocos escalones del túnel a la vista, el resto figura tapado por los fluidos.
Ante el llamado de ANCCOM, desde Emova negaron el hecho. Sin embargo, un trabajador de los pozos de bomba que acudió al llamado ratificó la información y comentó: “Afortunadamente, funcionó la alarma. Inmediatamente nos avisaron y fuimos a ver. Estaba tapado el drenaje, se lo destapó y dejó de sonar la alarma. En 30 años es la primera vez que me sucede esto. De ahí se vuelca todo el agua a pozo de bombeo, ahí se drena el agua a las cámaras de AySA (Agua y Saneamientos Argentinos SA). Al obstruirse, el agua quedó acumulada hasta más o menos un metro”.
En el acta N° 611763/2024 (sic), confeccionada el 12 de junio pasado con el año aparentemente mal datado, consta que la Dirección General de Protección del Trabajo intimó a Emova, la empresa concesionaria, a resolver ciertas deficiencias: la acumulación de líquidos en pisos, el mal estado del sistema eléctrico (sin protecciones adecuadas ni tableros completos), falta de limpieza en las escaleras hacia el túnel (donde posteriormente se inundó) y la ausencia de documentación sobre la ventilación del sector, entre otras. Todas esas irregularidades ya habían sido pedidas en octubre pasado, según se desprende del acta N° 611769/2024, y ni Emova ni Shell se hicieron cargo. Contactado por este medio, el inspector a cargo de ambas actas prefirió no hablar con la prensa.
Ledesma señaló que las cañerías datan de cuando se construyó la línea: «En esa época la cantidad de edificaciones y milímetros que caían de lluvia, eran mucho menores. Entonces, el diámetro de los caños de desagüe hacia las cámaras y los pozos de bombas era más chico que lo que hoy se necesita».
Asimismo, reclamó por las obras dilatadas. “Lo primero es hacer un estudio –dijo- para ver si se puede romper el piso sin generar chispas, porque es un lugar que tiene un grado de explosividad baja, pero la tiene, para poner un caño que recolecte el agua. Tendría que tener más diámetro para permitir un mayor caudal y se va a tener que limpiar la cámara y, por consecuencia, el pozo de bombas. También habría que ver de agregar alguna bomba más”. Cerró el tema comentando que debido al riesgo de explosividad existente, prefiere evitar que sus compañeros vayan a esa zona si no es por alguna inspección o alguna razón muy puntual vinculada al funcionamiento de las bombas.
Aparte, deslizó que el dueño del terreno sería “el Vaticano, la curia”. Ante la consulta de este medio al Arzobispado de Buenos Aires, contestaron que desconocen la titularidad del predio y que no figura entre sus inmuebles, aunque no descartaron que pertenezca a alguna parroquia. En la misma manzana se encuentra la Casa de Ejercicios Espirituales fundada por María Antonia de Paz y Figueroa, también conocida como Mamá Antula, canonizada en 2024 por el Papa Francisco, lo que motivó la inclusión de su nombre en la contaminada estación Independencia de la Línea E. En un artículo de Noticias de Antropología y Arqueología, se menciona que la hoy estación de servicio ubicada sobre el subterráneo era parte del convento, antes de ser separada, demolida y vendida por la Congregación. Sin embargo, desde ANCCOM no se pudo constatar que pertenezca a esta congregación.
Ni Shell-Raízen ni SBASE respondieron ante los llamados por parte de ANCCOM. Desde Emova se prefirió no hablar de las inspecciones y se limitaron a negar que haya sonado la alarma.
El último acta de la DGPT indica que la reinspección sería a partir del 20 de julio último y que si no hay avances, podría disponerse la suspensión de tareas en el sector. Hasta la fecha, no consta que la hayan realizado.
Según datos oficiales del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres entre los años 2015 y 2018 las llamadas a la línea 144 relacionadas con violencia de género han aumentado en un 65 por ciento, pasando de 48.331 a 79.753 casos.
Ante esta situación, los gobiernos de distintos niveles se ven obligados a tomar medidas precautorias para intentar proteger a las mujeres y niños que sufren violencia de género, quienes no suelen estar bien informados sobre sus derechos y los pasos a seguir para realizar una denuncia. Malvinas Argentinas, Tigre y San Martín son algunos de los municipios de la provincia de Buenos Aires que han avanzado con políticas públicas en el tema.
Un lugar para la Familia
Elizabeth Farese, quien está a cargo de la subsecretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de Malvinas Argentinas, en conversación con ANCCOM explicó cuáles son las políticas de género implementadas desde el Municipio encabezado por Leonardo Nardini. “Lo que hacemos en la Subsecretaría es asesorar y contener a las mujeres que sufren violencia de género y a los niños en situación de abuso y vulnerabilidad. Se trata de acompañar a la mujer que está sufriendo estas situaciones. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de mujeres no nos estamos refiriendo solamente a la señora que sufre violencia de género, sino que integramos a todos, hasta hombres que pasan por la misma situación”.
Según los datos de la Subsecretaría que fue creada el 11 de diciembre del 2015, los casos de violencia de género en el Municipio fueron aproximadamente diez milen tan sólo un año y más de veinte mil hasta el 2018. “En nuestra institución, la señora con violencia de género se acerca a la subsecretaría y se la atiende de manera espontánea, las puertas están abiertas de 8 a 18. En recepción sólo le pedimos el nombre y apellido y automáticamente entran a un box privado a hablar con profesionales. La idea es no re-victimizarla y evitar que cuente reiteradamente lo mismo”.
Además, el 8 de marzo del 2019 se creó el Centro Integral para la Mujer de Malvinas Argentinas, un lugar que cuenta con doce departamentos individuales tipo dúplex, en donde las víctimas que no pueden estar en su casa tengan un sitio donde estar protegidas. Entre los proyectos a realizar está en agenda crear la Casa de Niñez y la Fiscalía Descentralizada de Género de Malvinas. Asimismo, se han cerrado la totalidad de los prostíbulos y han incorporado hasta un 60% de personal jerárquico femenino.
Alertas y botones antipánicos
Otro de los Municipios que ha puesto en marcha acciones en cuestiones de género es Tigre -encabezado por Julio Zamora-, que en lo que respecta al área de Fortalecimiento Familiar ha tenido, tan solo en el primer trimestre de este año, 1.652 casos de violencia de género, de los cuales 421 son nuevas denuncias.
Roxana López, encargada de la secretaría de Desarrollo Social Municipal habló con ANCCOM sobre las medidas políticas tomadas y cómo afectan a la población: “Nosotros tenemos el Alerta Tigre y el sistema DAMA que permite que las mujeres se sientan respaldadas y acompañadas. El primero es un botón que las víctimas tienen ante situaciones de violencia. Ellas tocan el interruptor e inmediatamente se comunica un operador con ellas”, comenta Roxana entusiasmada. “Por otro lado, el sistema DAMA consiste en un botón de pánico georeferenciado que les permite a estas mujeres, si lo necesitan, solicitar en apenas dos segundos ayuda inmediata al Centro de Operaciones Tigre (COT) o al 911, quienes se dirigirán al lugar para asistir a la víctima. Actualmente contamos con 250 botones en funcionamiento”.
El municipio también cuenta con capacitaciones financiadas con dinero municipal para reinsertar a la mujer en el ámbito laboral luego de la violencia. “La idea es tener planes en concreto según la realidad que haya sufrido cada víctima para lograr un proyecto de vida”, afirma López. Además, el Municipio de Tigre cuenta también con un Centro Nocturno con cuatro casas convivenciales, que tienen distintas habitaciones para mujeres que sufren violencia de género y niños en situación de abrigo. “En un mes estaremos inaugurando ocho viviendas más para esta causa”, comenta la subsecretaria. Entre las medidas a desarrollar, aparece la propuesta de crear un Consejo Municipal de la Mujer para repensar y a plantear nuevas políticas públicas que tengan que ver con el género y el municipio en general.
Amparos
San Martín, a cargo del intendente Gabriel Katopodis, cuenta con un sistema de protección integral para mujeres que padecen violencia que se divide en tres programas: “Sin Violencias”, “Amparo” y “Tratamiento Grupal para varones con conductas violentas”. Según datos oficiales del Municipio, desde su puesta en marcha en 2012, más de 5.300 mujeres recibieron asistencia. El Programa Sin Violencias realiza cerca de 350 atenciones por mes brindando asistencia gratuita a través de un equipo de profesionales que acompaña a las mujeres en situaciones críticas. Desde la Municipalidad afirman que se trata de un trabajo en conjunto con juzgados de Familia, la Comisaría de la Mujer, fiscalías y otras áreas municipales. Por otro lado, el Programa Amparo está destinado a la protección de mujeres en situación de alto riesgo, a través de un trabajo conjunto con el Área de Protección Ciudadana y la incorporación de dispositivos tecnológicos para la protección y asistencia inmediata, como el botón antipánico y la tobillera a agresores que se coloca por disposición judicial. San Martín también cuenta con una Casa Segura para el resguardo de las víctimas y sus hijos.
Una de las particularidades de las políticas del municipio es el “Programa de Tratamiento Grupal para varones con conductas violentas” que tiene como objetivo reconocer el daño causado, y modificar las prácticas y las formas de vinculación para terminar con la violencia basada en la desigualdad de género.
Un trabajo en equipo
Si bien los proyectos para disminuir esta problemática se han multiplicado, es relevante que estén acompañadas de buenas políticas de salud pública para proteger a las víctimas. Un claro ejemplo es el de Paola, quien sufrió violencia de género por parte de su pareja. Madre de cuatro hijos y tras un hecho del cuál prefirió no entrar en detalles, ingresó al Centro Integral de Malvinas Argentinas con su familia. Sin embargo, una semana después, tuvo que ser operada de urgencia por problemas en su vesícula. Afortunadamente, sus hijos quedaron a cargo del Municipio mientras ella se recuperaba en el hospital municipal. Luego, una vez dada de alta, continuó con la denuncia penal para volver segura a su hogar y valora la asistencia del municipio para poder salir de la situación de violencia.
A pesar de que los municipios están al tanto de estas violencias y tienen políticas para buscar una solución, es llamativo que trabajen por separados y no tengan un proyecto en común. Todos los partidos mantienen un anonimato de sus víctimas por seguridad, pero eso no es un impedimento para juntarse y trabajar en equipo. Elizabeth Farese expresó que tienen una relación, pero no un proyecto en conjunto. “Si hay alguna jornada interactuamos con otros municipios o si hay alguna victima que tiene familia en varios municipios si nos encargamos de que estén al tanto del tema”. Roxana Lopéz también se vio predispuesta a un posible proyecto intermunicipal: “La verdad es que cada uno va por lado, pero tengo intención de hacer algún encuentro de secretarios para compartir y tomar ideas ya que los municipios quedamos muy solos y cada uno resuelve como puede y con los recursos que tiene”. Finalmente, unos de los temas en los que no hubo discusión fue el poco aporte del Estado Nacional a esta problemática. Aunque existen fondos del Gobierno Provincial, frente a un mapa de una crisis económica termina resultando demasiado poco.
El último martes se incendió una parte de un motor correspondiente a un coche de la Línea E.
La Subsecretaría de Trabajo convocó a una audiencia para este jueves a los trabajadores del Subte y los metrodelegados suspendieron -en principio por 24 horas- el paro de todas las líneas que habían anunciado para el 12 de septiembre. No obstnte continúan con su reclamo por la falta de boleteros en las estaciones Correo Central y Catalinas. La medida se decidió en un plenario de los gremiales llevado a cabo el martes al mediodía.
“Se acaba de prender fuego un tren en la estación Jujuy -comenzó Pablo Bagnasco, delegado de tráfico de la Línea E- así que estamos con el servicio interrumpido”. La mañana en el ramal Retiro-Virreyes fue movida. O al contrario, no tuvo movimiento. Cerca de las 9 todas las formaciones se detuvieron por un incidente en uno de los coches. “En realidad, es una parte del motor, la resistencia. No hay peligro porque se apaga al instante. Lo que queda es el humo. Por suerte sucedió en la estación”, reflexionó el metrodelegado. Hace tres semanas lo mismo había ocurrido entre las estaciones Independencia y San José, en medio de un túnel que carece de cualquier tipo de evacuación o salida de emergencia.
La Línea E es, desde la inauguración de las estaciones Correo Central, Catalinas y Retiro, la más larga de toda la red. Sin embargo, sólo posee para sus 11,9 kilómetros un total de 15 formaciones, de las cuales funcionan únicamente 11 o, a lo sumo, 12. “Por la extensión deberíamos tener 21. La Línea D es más corta y tiene 23 formaciones. Esto hace que, como mínimo, los trenes funcionen cada ocho minutos, en lugar de cada tres. Los pasajeros nos reclaman a nosotros, como si pudiéramos hacer algo”, declaró Bagnasco añadiendo que muchas veces reciben agresiones verbales por la ineficacia del servicio.
La Línea E es la más larga y tiene doce coches en funcionamiento. Debería tener 21, según los metrodelegados.
La flota está compuesta, en su mayoría, por coches General Electric que tienen entre 50 y 60 años de antigüedad y por otros Fiat, desechos de las líneas D y A. “Son trenes que terminaron su vida útil hace tiempo, según los fabricantes, por lo que las piezas se encuentran en estado de descomposición”, detalla un volante difundido por los trabajadores del Subte y el Premeto.
Aún así, no es ese el motivo principal de reclamo. En las estaciones Catalinas y Correo Central, inauguradas el pasado 3 de junio, no hay oficial permanente en las boleterías, lo que se contrapone con la normativa vigente. Un acta firmada en la Subsecretaría de Trabajo especifica que cada boletería que se habilita debe tener un mínimo de tres personas trabajando en ella. Pero en este caso no hay ninguna. Desde hace ya varios años el subte funciona con un sistema de molinetes para entrar y salir, pero eso no desmerece al personal de las boleterías que, entre otras cosas, carga la Tarjeta Sube de los pasajeros. Ahora, los trabajadores han sido cambiados por máquinas de carga automática y ven peligrar sus fuentes de trabajo. “Lo de las boleterías puede ser el inicio de una mecanización del servicio”, reflexiona Bagnasco.
El paro de cinco horas este jueves no es algo novedoso. El viernes pasado, por la tarde, también efectuaron una medida de fuerza durante cuatro horas. La semana anterior, dos horas a la mañana. El tiempo que dure la cancelación del servicio se irá incrementando conforme sigan fallando las audiencias con la empresa. “Todavía no creo que sea de todo el día, pero vamos por ese camino”, terminó Bagnasco.
Los metrodelegados exigen que se declare en emergencia a la Línea E.
Por otro lado, los reclamos incluyen también en un segundo eje las condiciones laborales y de salubridad. Está confirmado que cinco trabajadores de los talleres de la Línea B poseen infecciones en la pleura, producto del asbesto, un material cancerígeno, hoy prohibido, con el que están construidas las formaciones. El asbesto, el grafito, los ruidos, la carencia de luz solar, la falta de escaleras mecánicas y mantenimiento, la mala frecuencia del servicio, la insistencia en no comunicar los audios de demora en las estaciones y los incendios, son la cotidianeidad para los usuarios y trabajadores de la línea color violeta. Es en ese sentido que la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp) insta por que se declare la emergencia en la Línea E.
A las 9:20 de la mañana del martes, Metrovías comunicó que se restablece “el servicio con normalidad”. Pero bien sabemos lo que eso significa: esperar veinte minutos a que el tren haga su aparición. Por lo pronto, el próximo jueves los pasajeros deberán buscar medidas alternativas para trasladarse por la Ciudad.
«Si lees esto, es gracias a un docente», decía uno de los tantos carteles que llevaban en las manos los maestros, en la movilización de ayer durante la primera jornada del paro nacional docente. La huelga de 48 horas comenzó con una marcha que reunió a más 70.000 personas, que desandaron la avenida Callao desde el Congreso de la Nación hasta el Ministerio de Educación para pedir que se realicen las paritarias nacionales que establece la ley. El acto concentró a los cinco gremios docentes nacionales: Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Unión de Docentes Argentinos (UDA) y Confederación de Educadores Argentinos (CEA).
Además del salario, los docentes se movilizaron en contra de los recortes que hay en toda el área educativa. Sonia Alesso, Secretaria General de CTERA, resaltó en su discurso que se debe cumplir la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo, en la cual entran muchos de los programas nacionales que se están desfinanciando. Un ejemplo: el Instituto Nacional de Educación Tecnológica. El gremio de docentes técnicos (AMET) teme que avance el recorte de su presupuesto. Este instituto trabaja con todas las escuelas técnicas de la Argentina y fue creado en 1995 para llevar a cabo la modernización del país en el contexto de la revolución tecnológica de las últimas décadas. «No queremos que nos pase como al CONICET. Se redujo mucho el presupuesto para el Instituto. No queremos que la Argentina sea solamente granero, queremos educación técnica y un país industrial con inclusión social», dijo a ANCCOM Claudio Ramoff, referente del gremio.
Los docentes se movilizaron en contra de los recortes que hay en toda el área educativa.
Los docentes también denunciaron que el Programa Nacional de Orquestas y Coros para el Bicentenario que concretaba la creación de orquestas en las escuelas está en vilo. «Nos dicen que vamos a continuar, pero nuestros contratos se vencieron y todavía no firmamos contrato para 2017», explicó un docente presente en la marcha, que enseña en una de las tres orquestas que hay en Rosario.
Los maestros privados estuvieron presentes en el reclamo junto a su gremio, SADOP. Mario Almirón, Secretario General del sindicato, explicó a ANCCOM: «Nos afecta igual que a los compañeros docentes estatales porque el salario es el mismo, estamos equiparados. Hemos sufrido mucha presión de escuelas privadas para que el paro no se realice. Cuando la realidad marca que el salario no alcanza y que las condiciones de trabajo son injustas, el pueblo pasa por encima de todas las limitaciones».
Durante los días previos al paro se conocieron amenazas hacia Roberto Baradel, el Secretario General de Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA). En dialogó con ANCCOM el dirigente dijo: «En la provincia de Buenos Aires pidieron el listado de quién iba a adherirse al paro. Este gobierno está mostrando lo autoritario que es». Además agregó: «La irresponsabilidad de los dichos del presidente sobre que no necesito custodia le puede caber como incumplimiento de los deberes de funcionario público. Él tiene una manda judicial para poner custodia a mi familia y a mí por las amenazas que recibimos».
La marcha también hizo notar el rechazo a los dichos del Ministro de Educación, Esteban Bullrich, acerca de que los docentes sólo trabajan cuatro horas. «Decir eso es desconocer totalmente la tarea del maestro. No trabajamos sólo con el pizarrón y la tiza. Trabajamos en nuestras casas, las clases se preparan, se corrige el trabajo de los alumnos, trabajamos en diferentes turnos y escuelas, lo que implica traslado, entre otras cosas», describió una maestra de nivel inicial que se acercó desde Baigorria, Santa Fe, para participar de la marcha. En los discursos de los dirigentes esto se expresó claramente: «Que el presidente despierte y empiece a poner en valor a los educadores», reclamó Sergio Romero, de UDA, en su discurso, y Hugo Yasky agregó: «Hay mucho analfabeto político. No van a poder ensuciar a los maestros. No hay para los argentinos nada más noble que la escuela».
