¿Desapareció la clase media?

¿Desapareció la clase media?

Abr 23, 2025 | Comunidad, Destacado 4

Ingresos, ocupación, consumo, educación, herencia, valores. ¿Qué define hoy a la clase media en Argentina? Es una categoría en permanente transformación pero que aún organiza identidades y disputas sociales, aunque sus fronteras están cada vez más difusas.

“La Argentina es un país de clase media”. Durante décadas esa frase funcionó como un mantra nacional. Pero esa categoría, alguna vez asociada a la movilidad social y a los consumos culturales, hoy aparece cada vez más puesta en cuestión.

En general, se tiende a identificar como clase media a quienes están por encima de la línea de pobreza. Sin embargo, esa definición resulta cada vez menos convincente. Un informe reciente de la Consultora W, basado en datos del INDEC, estimó que el 43% de los hogares argentinos pertenece a este sector. La clasificación se apoya en variables como la Encuesta Permanente de Hogares, la Canasta Básica Total y los niveles salariales, siguiendo una lógica esquemática de: “decime cuánto ganás y te digo a qué clase social pertenecés”.

Sin embargo, para Eduardo Chávez Molina, investigador de la UBA y director del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, una definición basada en ingresos es insuficiente: “Las lecturas más mediáticas consideran clase media a quienes tienen ingresos medios. Generalmente, eso implica estar por encima de la línea de pobreza. Pero eso no alcanza”.

Según el investigador la clase media no se define exclusivamente por sus ingresos ni por lo que posee sino por el lugar que ocupa dentro de la estructura económica. “En general, las clases medias se asocian a tareas de servicios, a actividades no manuales”, precisa. Sin embargo, reconoce que con eso tampoco alcanza en estos tiempos y suma factores que permiten pensar en una clase media que, a pesar de todos los cambios, cuenta con recursos para sostenerse. Uno de ellos, dice, es el familiar: “La baja tasa de natalidad en CABA incide. Quizá tengo peores ingresos, pero tengo más bienes, porque como la abuela o la tía no tenían hijos, lo que tenían se fue heredando”. No tener hijos puede ser determinante también para no aumentar gastos que implican una caída en la pirámide social.

Entonces ¿qué pasa hoy con la clase media? ¿Es algo que se hereda? ¿Cómo afecta la situación económica de los últimos años al bienestar y a la reproducción de este sector en la Argentina? Chávez Molina describe un panorama dividido: “Hay una situación polarizante. En el sector servicios, que es el prototipo de la clase media, tenés empleados de comercio que atienden una tienda de venta de medias y también tenés empleados que saben informática, que programan, que tienen ingresos elevados, ya sean en pesos o en divisas”.

Pero la clase media argentina no puede pensarse aislada. También se inscribe dentro de una estructura social regional con características particulares. “Argentina, junto con Uruguay, Brasil y Chile, tiene una clase obrera con trabajadores industriales altamente calificados, algo que la acerca a los parámetros de clase de los países centrales”, explica Chávez Molina. “Esos sectores como los técnicos del petróleo, de la industria farmacéutica o del plástico conviven con otros más precarizados, sobre todo en el ámbito de los servicios. Esta configuración es distinta a la de los países andinos y centroamericanos, donde la proporción de población dedicada a actividades rurales llega al 30 o 35%, mientras que en el Cono Sur ronda apenas el 5%”.  “Eso marca diferencias importantes a la hora de pensar cómo se constituye la clase media en la región”, señala el sociólogo.

 

El rol de los libros

Más allá de su ubicación en la estructura económica, otras miradas ayudan a ampliar la tarea de armar el rompecabezas de la clase media. Ana Wortman, investigadora cultural del Instituto Gino Germani, doctora en Ciencias Sociales y docente de Teoría Sociológica en la UBA, aporta una perspectiva que pone el foco en las prácticas culturales: “La Ciudad de Buenos Aires tuvo muy tempranamente una gran cantidad de teatros, donde ir al teatro no era algo de la clase alta. Estaba incorporado. Y así se fue constituyendo también la clase media”. Esa constitución no fue solo por el empleo asalariado o el crecimiento del comercio y la administración pública, sino también por lo que ese ingreso habilitaba: “Permitía proyectar, ahorrar. Y junto con ese bienestar económico, también estaba la idea del teatro, y cine. Esas eran las metas de la clase media. Tener una biblioteca en casa era parte del sueño. Hoy, para muchos, es un lujo” agrega.

 

Ese modelo, sin embargo, empezó a desdibujarse en la dictadura y luego en las décadas de los 80 y 90, cuando “ya era cada vez más difícil comprarse un departamentito de dos o tres ambientes, como había sido para generaciones anteriores que trabajaban 20 años en un empleo público, ahorraban y se lo compraban. Vivían muy austeramente, pero había estabilidad y esa cosa de mirar hacia el futuro, de sacrificarse”. Este cambio se refleja claramente en el último censo: en la Argentina, solo el 65,5% de los habitantes vive en viviendas propias, un fuerte descenso respecto al 71% registrado en el censo de 2010.

Por otro lado, con la inflación constante y la pérdida de capacidad adquisitiva, prácticas culturales antes extendidas se fueron elitizando: “Muchos de esos consumos culturales se encarecieron. Hay sectores de clase media que siguen yendo al teatro o al cine, pero hay otros a los que ya no les importa tanto” amplía Wortman. Para dimensionar esta transformación, según datos de Ultracine, 2024 fue el peor año en asistencia al cine desde 2014 cuando se inicio de esta medición en particular y exceptuando los años de pandemia. Ese año se vendieron 8 millones de entradas menos que en 2023, 12 millones menos que en 2019 y 15 millones menos que en el récord histórico de 2015. Este escenario nos presenta una clase media dividida: “Hay un proceso de polarización, de producir una sociedad de pobres y de ricos, y de una clase media baja. Ya no aparece más la clase media-media, como antes”.

No tener hijos puede ser determinante también para no aumentar gastos que implican una caída en la pirámide social.

A ese caleidoscopio que admite miradas distintas se suma la confusión subjetiva. La socióloga Manuela Leiva advierte que “nadie sabe cómo se define la clase media, pero mucha gente sí se define como tal”. Esa percepción, asegura, se sostiene en factores como la educación universitaria o ciertos cargos de autoridad laboral, incluso cuando las condiciones materiales no acompañan: “Muchas personas asalariadas, sin propiedad de medios de producción, creen pertenecer a la clase media porque tienen un título o manejan a otros trabajadores. Eso les da una posición algo más favorable, pero no necesariamente estable”.

En esa línea, Leiva también cuestiona el avance de discursos meritocráticos vinculados al emprendedurismo: “Hay una idea extendida de que si hacés lo tuyo, si no vendés tu fuerza de trabajo, podés ascender. Es el ‘el que quiere, puede’ neoliberal. Pero muchas veces se

esconde una situación de precariedad y explotación. Trabajadores de apps como Uber o Rappi suelen ser presentados como pequeños empresarios, cuando en realidad reproducen lógicas de subordinación sin derechos laborales plenos”.

Pese a estas señales de cambio o declive de la clase media ciertos valores parecen persistir. Wortman destaca especialmente el peso simbólico de la educación pública superior: “Me parece que eso sigue estando y que es muy fuerte. Por eso fue tan importante la movilización del año pasado en defensa de la universidad pública. Creo que fue más masiva que otras. Y eso me parece que es algo muy distintivo de la sociedad argentina y que hace a la clase. Es del conjunto de la sociedad, pero más de la clase media”. En un escenario donde muchos de los soportes tradicionales de este sector se debilitan, la educación superior pública parece persistir como uno de los últimos bastiones simbólicos. “Hay un reconocimiento de que el título universitario te da un lugar social de pertenencia, incluso más que el dinero”, explica, apelando al concepto de capital simbólico de Bourdieu.

Ese reconocimiento trasciende a los sectores históricamente ligados a la universidad. La expansión del sistema público en el conurbano y el interior del país refuerza su función como herramienta de movilidad: “La existencia de universidades en zonas como José C. Paz o en Florencio Varela hace que los chicos terminen el secundario. Es un factor de motivación tener una universidad cerca”. Según datos oficiales, la matrícula universitaria en instituciones nacionales no ha dejado de crecer, superando los 2,5 millones de estudiantes. Este proceso no solo amplía el acceso, sino que también fortalece el valor simbólico de la universidad como un puente hacia la integración social.

Más que una identidad fija o una posición fácilmente delimitable, la clase media aparece como una cuestión abierta, en permanente disputa. Quizás ahí, en esa inestabilidad, es en donde reside su persistencia.

La cosecha del veneno

La cosecha del veneno

Feb 28, 2024 | Comunidad, Destacado 1

Vecinos de Pergamino denuncian que la producción agrícola contamina con glifosato el agua que consumen. Señalan altos índices de cáncer en la población.

A 222 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, Pergamino es uno de los núcleos sojeros más importantes del país, con las tierras más cotizadas de Argentina. Estas condiciones traen aparejada la presencia de las empresas más poderosas del agronegocio, que en función de sus intereses económicos utilizan sustancias sumamente contaminantes, no solo para el medio ambiente, sino también para los habitantes de la localidad.

Argentina lidera el ranking mundial en lo que respecta al uso del glifosato, superando los 300 millones de litros cada año. Fernando Sánchez, ingeniero agrónomo, subraya que “el producto mayormente usado para fumigar es el glifosato, con lo que matamos el 95 o 96 por ciento de las malezas”.

Alejado de los ruidos del centro, donde se despliega la mayor parte de la vida pergaminense, se encuentra Santa Julia, un barrio calmo al sur de la ciudad. Con sus veredas arboladas y sus casas de mitad de siglo XX, después de las 16, cuando culmina la hora de la siesta, los negocios locales abren sus puertas, los niños salen a jugar a la calle o se encuentran en la placita del barrio, y los vecinos se sientan en las puertas de sus hogares con sus reposeras rayadas a charlar con quien pase por allí, hasta que el sol comienza a caer. Pero, tras esta fachada encantadora, se oculta una realidad que muchos, consciente o inconscientemente, ignoran: el agua que beben y usan está contaminada con 19 agrotóxicos diferentes como consecuencia de las fumigaciones que se realizan en los campos cercanos.

Alejandra Bianco es una prueba viviente de ello. Docente, vive en el barrio desde hace casi 30 años, a la vuelta de la parroquia. “Yo tomo consciencia de lo que estaba pasando cuando se enferma Sergio, que era mi pareja –recuerda–. Sergio empezó a tener problemas de salud hasta que, finalmente, le diagnosticaron cáncer de páncreas y de hígado, y fue el médico que iba a hacerle la biopsia quien me dijo si yo no tenía alguna sospecha de que lo que sucedía no era una cosa aleatoria, que no podía ser casual que toda mi familia estuviera sufriendo alguna patología, todas diferentes, mis dos hijos, Sergio, y yo”.

Alejandra comenzó denunciando el mal funcionamiento de un transformador cerca de su hogar, luego de recibir aviso de un empleado de la Cooperativa Eléctrica. “Lo denuncio primero en una radio, y al día siguiente viene un canal local a hacerme una nota, donde sacaron al aire la imagen del transformador”. La escena, transmitida a través de Canal 2 de Pergamino, llegó al otro lado de la ciudad hasta Sabrina Ortiz, habitante del barrio Villa Alicia, quien llevaba ya varios años denunciando las fumigaciones que se realizaban a pocos metros de su casa y que habían enfermado a todos los integrantes de su familia.

Después de oír el relato, Sabrina decidió contactarse y no dudó en tenderle una mano a Alejandra. Nadie mejor que ella sabía lo que era levantarse en contra de las compañías más poderosas del agro en una localidad donde el campo es “palabra santa”, y donde quien decide enfrentarlo, encuentra su mayor adversario en el silencio cómplice de todos aquellos que tienen la posibilidad de ayudar. “Hablo de los médicos, de los abogados, de todos los que tienen una voz autorizada, no hay toxicólogos, que no es casualidad, no hay un área ecológica, que en una ciudad de producción sojera donde están contaminadas todas las napas de agua no haya una historia clínica ambiental no es algo azaroso”, expresa Sabrina, indignada.

La misma indignación se instaló en la vida de Alejandra, luego de que Sabrina le explicara que, muy probablemente, los problemas de salud que sufría su familia y el número creciente de fallecidos de cáncer en Santa Julia se debieran a los agrotóxicos aplicados en zonas cercanas. De esta manera, y frente a la indiferencia y la inacción del Municipio, decidió llevar adelante una encuesta dejando en los negocios barriales unas planillas para que completaran quienes hubieran padecido alguna enfermedad o fuesen cercanos a algún fallecido por el mismo motivo. “En mi cuadra era muy llamativo, porque los vecinos de al lado de mi casa murieron los dos de cáncer, otro vecino que aún vive tiene cáncer en los intestinos, al lado de ellos otra mujer que ya falleció hace dos años y medio, el señor de la casa de al lado de ella con leucemia, también fallecido, y así te puedo nombrar infinidad de casos”, detalla Alejandra, mientras cuenta con los dedos. Los resultados fueron estremecedores: en dos manzanas se habían registrado 53 casos de personas con enfermedades diversas.

 

Volver justa la injusticia

Desde 2014, una ordenanza prohíbe fumigar en los primeros 100 metros cercanos a las urbes y 500 metros donde sólo se permitía aplicar productos que fuesen menos nocivos. Sabrina, decidida a salvar a su familia, se recibió de abogada, y en 2018 logró que su caso llegara a la justicia federal. “Acá hay abogados, pero ninguno de los que se hacen llamar ambientalistas me quiso acompañar, porque son los mismos que hacen los contratos agrarios, que asesoran a las empresas, y son los mismos que hoy representan a quienes están procesados por envenenamiento”, sostiene.

La participación de Alejandra en el juicio contra la Municipalidad comenzó después del acercamiento de Sabrina. “Ella me ofreció trabajar juntas, y como yo estoy en la otra punta de Pergamino, ser querellante de la causa por el Barrio Santa Julia”, puntualiza Alejandra. Así empezó, se encargó de recolectar y llevar a la ciudad de San Nicolás 30 historias clínicas de diferentes vecinos, las cuales fueron presentadas ante el juez Villafuerte Ruzo, a cargo del expediente, quien ordenó la distribución de agua apta para el consumo en el barrio de Alejandra. La medida fue apelada. “Para la Municipalidad no hay tantos casos de cáncer, una falta de respeto hacia el dolor de los vecinos y la pérdida de nuestras familias, una falta de respeto después de haber hecho el censo”, se queja Alejandra.

El actual intendente, Javier Martínez, de Juntos por el Cambio, se lava las manos. Según él, se está gastando “dinero de los pergaminenses injustamente” y asegura fervientemente que “toma agua de la canilla”. Más allá de la apelación, el Municipio debió cumplir con la medida, sin embargo, tal como relatan los vecinos, no funciona correctamente. “A veces pasan, a veces no, hacen lo que quieren, a mí me han desaparecido bidones y nadie nunca se hizo cargo”, cuenta María Lorena Bertora, quien vive frente al Jardín Santa Julia junto con sus dos hijas de 17 y 8 años. “La mayoría de las veces lo que nos dejan no alcanza y tenemos que tomar el agua de la red, no nos queda otra”, se lamenta.

 

La cultura del campo

A pesar de todo esto, se sigue negando la toxicidad de los químicos y cómo pueden afectar a la población. El ingeniero Fernando Sánchez afirma que “el porcentaje de agroquímicos que contaminan el agua es muy poco, porque cuando tocan la tierra se desactivan. Hay mucha polémica con el tema del glifosato, pero no saben que éste se desactiva automáticamente cuando toca la tierra, por eso hay muchos que lo discuten”.   

Cualquiera podría llegar a la conclusión de que es una obviedad la postura que toma el Municipio en un caso como este, teniendo en cuenta que es una ciudad cuya economía gira alrededor de la producción agropecuaria, y que no va a ceder frente al reclamo de unos pocos vecinos.

Esto último es lo que más duele a quienes llevan la lucha adelante: la ignorancia de los pergaminenses, el poco interés que muestran en lo que, quieran o no, es un tema de salud pública. “Seguimos así tranquilos, sin movernos, sin hacer nada, por eso yo tampoco empecé ninguna campaña más acá, porque me sentí muy sola, acompañada por muy pocos vecinos y siempre los mismos, no participan de la lucha, así que lo sigo haciendo, pero desde otro ámbito, con Sabrina, cada vez que se necesita algo, respondiendo entrevistas cada vez que puedo, pero es muy triste ver lo que pasa en el barrio, que la gente aún no reaccione”, manifiesta Alejandra con un dejo de resignación.

La cultura del campo cala muy hondo en la ciudad, muchos habitantes pertenecen a familias rurales. “Nos criamos pensando que el campo es el motor de la ciudad, el que nos da de comer, el que nos da trabajo, y no está mal, está mal que nos digan que está todo bien cuando no es así, cuando sabemos que hay otros métodos de producción que pueden ser compatibles con la salud”, explica Sabrina.

Los productores tienen otra visión del tema. “Si existe algún método menos nocivo para la salud, no lo sé, pero en algún momento tenés que aplicar los químicos, pulverizar, no hay otra, no hay métodos que te permitan no hacerlo, no existe en Argentina, y si no tendríamos que volver a la época de 1930 que se hacía todo a mano, y no estamos en condiciones de hacerlo en este momento”, dice Sánchez. Si no se habla de métodos alternativos ni desde la industria, ni desde la Secretaría de Salud, las víctimas del agronegocio ignoran, no sólo la posibilidad de incorporar medidas que atenúen los efectos de la contaminación, sino también la existencia de ella.

Un ejemplo llamativo es el de la Fundación Leandra Barros, que desde 2011 organiza una maratón con el objetivo de recaudar fondos para colaborar con personas de Pergamino que padecen enfermedades oncológicas. Lo curioso es que la carrera está auspiciada por algunas de las más reconocidas empresas del agro.

Contra un panorama que no parece ser el más favorable, Alejandra no se da por vencida. Desde los espacios que habita intenta aportar a la causa y visibilizar la problemática, para así llegar a quienes aún desconocen lo que sucede con el agua en Pergamino. “En mi profesión como docente realizo una concientización sobre el tema todo el tiempo –señala–. Me han hecho muchas notas por radio, en los periódicos, en los medios virtuales, he ido a dar charlas a escuelas secundarias, al Instituto de Formación Docente, y en cada invitación que tengo y que puedo, porque trabajo mucho, por supuesto que también asisto”. 

Quienes participan activamente de esta lucha, esperan con ansias la elevación a juicio contra tres productores que incumplieron las medidas de seguridad y de dos funcionarios municipales que, a pesar de estar encargados del control de la aplicación de fumigaciones terrestres, protegieron al fumigador, aun cuando eran conscientes de que había violado la cautelar.

¿Por qué la clandestinidad de las drogas mata?

¿Por qué la clandestinidad de las drogas mata?

Feb 11, 2022 | Comunidad, Destacado 1

Este jueves 10 de febrero la procuración bonaerense confirmó un extraño hallazgo en la cocaína que mató a 24 personas y dejó al menos otros 75 internados. Se trata de carfentanilo,  un opiáceo de uso veterinario inmanejable para el corte de drogas por su potencia y difícil dosificación. “Necesitamos que hablen más los ministros de Salud que los de Seguridad”, dice Emilio Ruchansky, editor adjunto de de THC.
La semana pasada el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, pidió a todos los consumidores de cocaína que descarten las dosis compradas en las últimas 24 horas por una sorpresiva ola de muertes que comenzó en los barrios vulnerables de la zona de San Martín y partidos cercanos. Esas declaraciones pusieron nuevamente en agenda los debates sobre el control de daños y la despenalización de las adicciones, a la que los especialistas llaman “consumos problemáticos». ANCCOM habló con la autora de Narcosur, Cecilia González, el editor de la revista THC, Emilio Ruchansky, y el neurólogo Carlos Magdalena para saber qué hay detrás de los títulos altisonantes.   

La trama de la cocaína adulterada muestra una regularidad: las fuerzas de seguridad siempre eligen primero perejiles para salir del paso,  y en otros casos avanzan sobre figuras ya conocidas como Joaquín “El Paisa” Aquino, al que la bonaerense le habría plantado la droga del caso conocido como “Puerta 8”, según declaró el detenido. Por ahora, la información conocida es que Aquino fue capturado junto a otros siete sospechosos por tenencia armas y unas 15 mil dosis de cocaína con envoltorio similar al de la cocaína adulterada. Según el periodista especializado en drogas Federico Fahsbender, este personaje opera bajo las órdenes de dos capos ahora  presos: Max “Alicho” Alí Alegre y Blas “El Gordo” Gómez. 

Ayer, las pericias publicadas por la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires y la mencionada fuerza policial determinaron que la sustancia presente en ella era carfentanilo, un opioide sintético de acción rápida,  derivado del fentanilo, 20 veces más potente, que se usa como analgésico y sedante en animales de gran porte.

La historia es conocida: al llegar a los hospitales de la Provincia, las víctimas sufrían de dificultad respiratoria y depresión del sistema nervioso central. Tras esta situación, el gobierno de Axel Kicillof emitió un alerta preventivo destinado a los consumidores. Un boliche del barrio “Puerta 8” -pegado al CEAMSE y la Ruta 8-  fue identificado como el punto de venta de la cocaína envenenada.

“El Gobierno provincial hizo bien en tratar de reducir daños y pedirle a los usuarios que no consumieran la cocaína que habían comprado pero el resto fue show: detenciones y operativos para la tribuna”,  afirma Cecilia González, periodista y autora de Narcosur. La sombra del narcotráfico mexicano en la Argentina. “Si no cambian las políticas de drogas todo seguirá igual, o peor”, asegura.

Por otra parte, Emilio Ruchansky, Coordinador del Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis, editor adjunto de la revista THC e integrante del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (CECCA), señala que la cifra que dio Berni no lo escandaliza ya que las últimas estadísticas disponibles -del 2017- hablan de un consumo de cocaína del 5% y de opioides sin prescripción médica de 6,2%, y agrega que al ser un tema de salud, le interesaría escuchar más a los ministros de Salud que a los de Seguridad. 

Carlos Magdalena, neurólogo infantil, especialista en el uso de cannabis medicinal sostiene que hay que ver lo sucedido con perspectiva histórica ya que no se trata de un hecho aislado y agrega que ”la gente que murió es víctima de un Estado ausente, la falta de políticas públicas y por dejar estos asuntos, sólo en manos de las fuerzas de seguridad”.

Además, sostiene que el consumo de sustancias -legales e ilegales- es algo que todo el mundo hace, pero se tapa: “Se asume que está o se niega. Si ocurre esto último, pasan estas cosas. Cuando el Estado regula, todos estos efectos se minimizan”.

El consumo en números

En el 2019, en nuestro país, el Sedronar publicó que el consumo de sustancias generó 13.182 muertes: el 80,8% fueron generadas por tabaco y el 17,9% por alcohol, todas drogas legales y aceptadas socialmente. Mientras tanto el consumo de estupefacientes causó el 1,1% de los fallecimientos junto al uso indebido de otras sustancias de un 0,2%.

En el mundo, la ONU afirma que las medidas relacionadas al covid-19  aumentaron las crisis económicas y el sentimiento de aislamiento social, y como consecuencia se incrementó el consumo de drogas. Además, prevé que los países de bajos y medios ingresos aumentarán su uso un 43% y un 10% respectivamente, para el 2030; en tanto, los  de altos ingresos disminuirán un 1%.

Argentina, un país de tránsito

“Las categorías de país productor, consumidor o tránsito se han difuminado en todo el mundo por la expansión acelerada del narcotráfico”, explica González, y agrega que la imponen informes internacionales. Por otra parte, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes sigue considerando a Argentina país de tránsito.

A diferencia de nuestro país, “México es país productor de amapola y marihuana, y de tránsito para cocaína que comenzó una supuesta guerra contra el narcotráfico en 2006, provocando como  resultado casi 100 mil desaparecidos, más de 350 mil asesinados, cientos de miles de desplazados y más organizaciones criminales”. Como agravante, explica que comparte frontera con Estados Unidos, que es el país que más consume drogas en todo el mundo y agrega: “Cada país juega diferentes roles, y a nivel global, Argentina está muy lejos de ser un país protagonista. Lo son Estados Unidos, México, Afganistán, Colombia, Perú, Bolivia, incluso Brasil. Uruguay y Portugal por sus  políticas novedosas”. 

Emilio Ruchansky junto a Raúl Zaffaroni.

Despenalizar es visibilizar

La Ley 23.737, sancionada en 1989, dice que tanto la tenencia como el narcotráfico y el tráfico de estupefacientes, son delitos. Los mismos fueron incorporados al Código Penal, endureciendo las penas.

Existe la creencia de que hablar de despenalizar y regular es promover el uso de las drogas y, según los que estudian en profundidad el tema, resulta todo lo contrario. A lo largo de los años, se ha demostrado que la prohibición generó la comercialización ilegal y las convirtió en una mercancía cara. El uso no médico, el uso adulto o recreativo, tiene que ver con una cuestión meramente privada. La despenalización se refiere a la no condena de la tenencia para el consumo personal de una droga. 

“Acá no estamos hablando de posicionamiento morales, sino que estamos viendo un análisis histórico, real, palpable de lo que es la realidad cotidiana desde la humanidad en sus comienzos hasta ahora. Hacer un juzgamiento moral es no entender cómo funcionan las cosas»,  aclara Magdalena.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó a través del fallo Bazterrica (1986) y el fallo Arriola (2009), retomando que penar la tenencia personal es anticonstitucional ya que se viola el artículo 19 de la Constitución Nacional que dice que las conductas privadas que afecten a terceros no son punibles. Por otro lado, cuenta Ruchansky que la ONU, en una visita de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), le ha recomendado a la Argentina que despenalice. “La despenalización es un paso en la dirección correcta hacia la regulación. Se puede regular una droga particular pero no sería correcto, sería discriminatorio porque el Estado tiene que estar ahí para ayudar a la persona que consume”, asegura.

La mirada de los especialistas indica que hoy la legalidad o ilegalidad de una droga no se basa en la peligrosidad de esas sustancias. El alcohol es mucho más peligroso que el cannabis o que la hoja de coca pero hay que reconocer que las sustancias llevadas al mercado negro cambian el escenario.

En este momento, la prohibición, penalización y persecución hace que caigan  “los ladrones de gallinas, el menudeo, los pobres, mientras que las segundas y primeras líneas, no”, explica el neurólogo. “Generar políticas públicas que despenalicen  el consumo de sustancias y las regule es un Derecho Humano”, agrega Magdalena .

La despenalización no es un viva la pepa

Ruchansky explica que ninguna droga lícita o ilícita, puede ser considerada un producto más. “No pueden tener publicidad, promoción y patrocinio. No puede haber acceso irrestricto a eso”. Sostiene que la regulación debe indicar una edad mínima y control sobre la publicidad para no dejar en manos del mercado  “como pasó con el tabaco”. Además destaca que la regulación es muy importante porque “corta el efecto góndola” porque menor cantidad de gente tendría contacto con el mercado clandestino y menor acceso a sustancias más nocivas. También asegura que hoy la policía regula ilegalmente el tráfico de drogas: “No se vende, sin tener un acuerdo con la policía” ya que las drogas le dejan muchísima ganancia en el mercado local. “Las fuerzas de seguridad usan la ley de drogas para meter presos a pibes y a pibas de barrios populares para hacer números porque no se van a investigar a sí mismos”. 

Por su parte,  Magdalena sostiene que hay que entender que las sustancias deben ser reguladas, desde la atenuación del daño y desde el concepto de salud.

En ese sentido, Ruchansky explica que “reducción de daños y riesgos” es una noción con muchos años, impulsada en Países Bajos y Suiza. “Cuando una persona no puede o no quiere dejar de consumir una sustancia, eso no implica que haya que tirarla a la basura. Hay que poder testear una pastilla, saber si tiene éxtasis o no para que la persona la pueda tirar, dar información, dar jeringas a quienes hagan uso inyectable o un kit para esnifar como ha pasado en Rosario hace un tiempo”, para evitar riesgos y daños que conlleva el uso de esa droga. “Es una cuestión humanitaria. Está incluída en la ley de salud mental y adicciones como una estrategia posible y deseable”, concluye Ruchansky.

El Estado atiende cuando quiere

El Estado, en tanto actor principal en este complejo escenario, puede ser una moneda de dos caras: intenta buscar posibles soluciones o profundiza las desigualdades y los problemas. Las imágenes difundidas estos últimos días de policías entrando a barrios vulnerables y derribando puertas, señalan que el enfoque jurídico policial fue el predominante. El consumo de drogas, bajo un prisma que lo reduce a una cuestión de seguridad, queda privado de una observación más amplia y pertinente por parte del Estado. 

La penalización del consumo, amparada por la ley, no sólo criminaliza sino que posibilita otro gran problema: la persecución policial. Esta, suele producirse en barrios carenciados, como si solo en ellos ocurriera el consumo problemático, reproduciendo así una nueva discriminación por parte de las instituciones estatales. Este tipo de intervención, basada en los mismos prejuicios, ilumina sólo a ciertos consumidores y opaca a otros. Tal como plantea José Garriga Zucal, Doctor en Antropología social (UBA), investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional de San Martín, cuando la representación de que un efectivo abordaje del problema es sólo derribar bunkers, y cuando el imaginario del búnker es sólo una casilla en la villa, «no sólo se termina persiguiendo judicialmente a los que consumen sino a los pobres que consumen». 

El caso de estos últimos días con la cocaína adulterada y las trágicas consecuencias, puso nuevamente en la superficie la pregunta sobre el rol del Estado. Pensarlo en términos de ausencias o presencias es algo confuso y equívoco, porque las instituciones estatales, para bien o para mal, siempre están. “Cuando se habla de un Estado ausente es mentira, el Estado está presente con la policía reprimiendo y armando causas a pibes y pibas en los barrios populares”, sostiene Ruchansky. Se trata entonces de asignarle un nuevo papel al Estado, uno que le permita regular de forma legal y en donde la salud pública adquiera una verdadera relevancia en las decisiones y acciones. En este contexto, para Emilio “el Estado debería abrir los hospitales y testear, poner los cromatógrafos a disposición. Actuar rápidamente y tener un sistema de alertas, contacto más fluido con usuarios y usuarias. Por eso hay que abrir la atención. Uno de los principios de la reducción de daños es que el sistema de salud se adapte a los usuarios, no al revés”. De este modo, si el Estado testea “tendría un mapa de las sustancias que están circulando en tiempo real y no cuando se decomisan que ya es tarde”.

Bajo este escenario, se requiere repensar categorías y acciones. En este sentido, para Garriga Zucal “el Estado tiene dos manos, dos formas de intervención: una vinculada a la salud y otra vinculada a la seguridad. Cuando el Estado prioriza la intervención policial ante la problemática del consumo de drogas ilegalizadas, muchas veces, olvida sus otras formas de intervenir. La intervención policial, desde un enfoque de la seguridad, es necesaria, sí. Pero sólo en algunos casos. De poco sirve derribar un bunker si los que consumen van a seguir comprando. Importa, obvio, que a la policía y a la justicia siempre se les escapen los vendedores. Pero lo que más importa es que se reproduzcan los y las consumidores y ese no es un tema de seguridad”.

Sin duda, un enfoque que priorice la salud como forma de intervención, necesita de más Estado y no más policías.

«Queremos que en Exaltación de la Cruz se priorice la vida»

«Queremos que en Exaltación de la Cruz se priorice la vida»

Ago 23, 2021 | Comunidad, Novedades

Verónica Garri junto a su familia. 

El próximo martes 24 de agosto a las 19.30, el Concejo Deliberante de Exaltación de la Cruz votará la modificación de la Ordenanza 101/12 que regula la aplicación y uso de agrotóxicos.El colectivo ecologista local, integrado por vecinos y vecinas de la zona, que lucha contra el avance del agronegocio y el uso irrestricto de los agrotóxicos, ha organizado movilizaciones y diferentes apariciones públicas para dar visibilidad a su reclamo y lograr que los ediles voten a favor de la incorporación de los 1.000 metros de exclusión terrestre, a modo de protección, frente a la ordenanza municipal actual que sólo establece una prohibición de pulverizar a tan solo 150 metros de las viviendas .

En el año 2019, dos vecinas de Exaltación de la Cruz, una localidad ubicada a 75 kilómetros de la Capital Federal, realizaron un censo en los barrios de San José y Esperanza, yendo casa por casa. En esas visitas encontraron que había 50 casos de cáncer y que en 94 de esos hogares las personas presentaban otras enfermedades relacionadas a las fumigaciones con glifosato: problemas en la piel, dificultades respiratorias, diabetes, etc. Si bien estos datos no son oficiales, porque son las vecinas y vecinos quienes documentan y denuncian, existen estudios científicos que comprueban la correlación entre el uso de glifosato y las afecciones a la salud que sufren las comunidades que viven en zonas expuestas directamente a las pulverizaciones.

Verónica Garri, vecina del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz e integrante del colectivo ecologista, cuenta cómo se están organizando desde la comunidad para lograr ésta modificación en la ordenanza que permitirá mayor protección para la comunidad ante las pulverizaciones. “En el Municipio si está prohibido la pulverización aérea desde marzo del 2019 pero lo que se pide ahora es que las pulverizaciones terrestres con pesticidas altamente peligrosos se deben terminar, entonces lo que exigimos es que los y las representantes del Poder Legislativo den señal clara de que en este municipio se prioriza y se cuida la vida y de que ya no se puede esperar más”. 

 

Verónica es la mamá de Corina, una niña que padece alopecia producto de la intoxicación por las fumigaciones. Cuando Corina tenía apenas 10 meses se le empezó a caer el pelo, y luego de estudios y análisis médicos Veronica y su compañero concluyeron en que ambos tienen un alto porcentaje de glifosato en sangre: 2,5 microgramos él y 1,5 ella, mientras que un cuerpo puede contemplar sólo 0,03. Ahí fue cuando descubrieron que Corina posee una enfermedad autoinmune, de origen genético, que hace que su propio organismo rechace el pelo en todas las partes de su cuerpo. Para sumar al reclamo colectivo, Verónica hizo diferentes remeras con el lema “¡Basta de agrotóxicos!” y “Un futuro mejor” con el fin de dar mayor visibilidad a la problemática en la que viven.

En las últimas dos décadas, el 80% del territorio cultivable de Exaltación de la Cruz fue ocupado por la soja transgénica. Según los datos de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), entre 2003 y 2012 el consumo de agrotóxicos aumentó 850%. En nuestro país, se pulveriza en promedio 7,6 litros de herbicida por habitante. Argentina se convirtió en el país que más glifosato utiliza por persona por año en todo el mundo. Además, es el tercer productor de transgénicos a nivel global. 

Gabriela Sandes, otra de las vecinas del partido y mamá de Ana, una adolescente que a sus 14 años recién cumplidos falleció por cáncer de ovario producto de la intoxicación por glifosato, relata con lágrimas en los ojos cómo en su momento no era consciente del daño que podían llegar a ocasionar las fumigaciones cercanas a su casa. Cuenta que junto a Ana, iban a ver pasar las avionetas porque “lo veíamos como algo lindo”. Ella también es una de las vecinas que lucha hace años por visibilizar y cambiar la realidad en la que viven. En relación a la votación del próximo martes indica: “Las pulverizaciones terrestres con plaguicidas altamente peligrosos deben terminarse. De mínima pedimos que las alejen y quedé así asentado en nuestra ordenanza local.”

En Argentina, las fumigaciones siguen amenazando el ambiente y la salud de las comunidades, tanto directa como indirectamente. Los agrotóxicos afectan a 20 millones de personas por la exposición a las fumigaciones, y a toda la población a través de los alimentos y el agua. Pese a que en la actualidad hay varios proyectos en curso, aún no existe ninguna ley nacional que regule el uso de agrotóxicos: cada provincia debe tener su propia ley y cada municipio su propia regulación local. 

Mientras en la comunidad de Exaltación de la Cruz siguen alzando la voz, muchas otras localidades de nuestro país siguen luchando de la misma manera ante el avance de esta tragedia ambiental y social. A su vez, la problemática queda relegada, en un contexto de cambio climático, en la agenda política actual.

“Si esto no es de todes, no es de nadie”

“Si esto no es de todes, no es de nadie”

Jul 15, 2021 | Culturas, Novedades

“La pandemia puso en evidencia que, al terminar los shows en vivo, no hubo ingresos para los músicos, se manifestaron problemas estructurales preexistentes como la divulgación y comercialización de la música de nuestro país”, explica Gabriel Lombardo, coordinador y uno de los impulsores de Música.ar. A raíz de esta situación, se fundó Músicxs Argentinxs en Red (M.A.R), “Entendimos que era necesario para llevar adelante el proyecto, fundar una asociación para que no sea un nombre propio el que esté convocando”, resume Lombardo.

Hay dos ejes que guían al proyecto: el comercial y el cultural. “Por un lado, la música digital nunca fue redituable para el músico independiente, al no venderse más discos, la música pasó a ser escuchada sólo a través del streaming y se construyó un modelo de negocios que beneficia a las plataformas y a las discográficas”, explica el coordinador del M.A.R. y agrega: “Por otro lado, hay un problema con la diversidad musical de nuestro país que está negada, no tenemos acceso a la música existente en Argentina, que es mucho más que el tango y el folclore”.

Frente a estas demandas y basándose en la experiencia de Cine.ar, se constituyó Música.ar, una plataforma que “logre visibilizar la heterogeneidad musical en el territorio argentino en la actualidad y en la historia, y donde cada músico y música pueda subir sus canciones desde su casa, sin un intermediario”, plantean desde M.A.R y continúan. “Queremos mostrar la diversidad a partir de un sistema clásico de categorías hecha por músicos y músicas argentinas y también ganar soberanía sobre la administración de nuestros contenidos”. A partir de eso, se formaron ocho comisiones que llevarán a cabo el proyecto, entre ellas: comisión para el relevamiento y la creación de categorías musicales, comisión para la creación del archivo sonoro y musical; comisión de extensión y desarrollo de políticas culturales, comisión de modelo de financiamiento y distribución, y comisión de género.

Un nuevo sistema

A diferencia de las plataformas como spotify, donde el consumidor tiene que buscar aquello que le interesa escuchar, el usuario de Música.ar entra al streaming para realizar su propia búsqueda y “se pone en contacto con contenido que potencialmente puede gustar y no conocía, es decir, va interactuando según sus intereses, no por gustos o estereotipos instalados”, explica Lombardo. De esta forma, se pondrá en relación estilos musicales con estéticas marginadas por el mercado. A su vez, se clasificará a las expresiones teniendo en cuenta diferentes criterios: geográficos, instrumentales, estilísticos, de género, por época, identidad, entre otros.

“¿Por qué uno conoce lo que conoce y por qué me gusta determinada música?”, se preguntan desde el M.A.R. Y se responden: «Las producciones que tienen más publicidad tendrán más visibilidad en el mercado, y encima están los algoritmos, que te encierran en terreno que ya conocés”.

Música.ar tendrá un mapa interactivo como sistema de búsqueda, es decir, a partir de localizaciones geográficas podrás encontrar nuevos músicos, ya sea de distintas provincias o en un barrio específico. “Es otra forma de descubrir música, de pensar como nos vinculamos con lo federal”, afirma Lombardo.

ANCCOM también dialogó con Victoria Polti, antropóloga, docente de música y parte de M.A.R: “El sistema vigente de música orienta las escuchas hacia aquello que es más comercial. Hay alta circulación de archivos, materiales y contenidos, hubo un crecimiento exponencial. Lo que nos falta es el criterio y herramienta de búsqueda del acceso”.

Otro de los puntos clave del proyecto es la formación de un archivo sonoro y musical: “Además de tener acceso a la diversidad, la comunidad tiene derecho de tener acceso a la historia sonora grabada, tenemos que poner en línea las grabaciones del territorio argentino”, explica Lombardo. Entonces, estará disponible música de los pueblos originarios, los inicios del tango y el folclore, también la afroascendiente; según el coordinador, “ee habla muy poco de la historia negra en argentina, son otros invisibilizados”.

Observatorio de género:

Polti forma parte de la comisión de género del proyecto, y cuenta que “la plataforma desde sus inicios tenía interés de ir hacia una perspectiva de género con un observatorio”. Desde ésta comisión aseguran que “se advierte una doble invisibilidad en algunos casos, donde a la condición de género se le suma una escasa o nula difusión de ciertos géneros o actividades sonoro-musicales a partir de su posición subalterna o de exclusión del circuito comercial”. Polti agrega: “Hay un montón de música no comercial hecha por mujeres, las cuales muchas veces pertenecen a una etnia, como por ejemplo mapuches, y no se visibiliza, entonces se complejiza la problemática de género”.

La plataforma contará con un lenguaje inclusivo, pero Polti explica que en las charlas surgió la necesidad de ir hacia un trabajo más exhaustivo que la utilización del lenguaje: “Desde ni una menos hasta la fecha estamos viviendo un momento de muchos cambios con respecto a la perspectiva de género: ley de cupo trans, ley de cupo en festivales, ley Micaela, el aborto legal… Queremos seguir en esa línea y disputar estas cuestiones que están relacionadas a la violencia, muchas veces simbólica, hacia las mujeres y disidencias”, resume Polti. Incluso, el observatorio de género se propone brindar atención y seguimiento a denuncias vinculadas a estas cuestiones.

La docente y antropóloga también pertenece a Tango Hembra, un colectivo transfeminista que se propone visibilizar a las mujeres en el tango. “Esta comunidad es un ejemplo de lo que sucede en la música, en el tango, por más que una quiera indagar en la historia de este género musical, no se menciona a las mujeres” concluye Polti.

La problemática se pone más compleja en el contexto pandémico, si ya de por sí la comunidad de músicos se vio golpeada por la imposibilidad de tocar en vivo, las mujeres lo sufren aún más. En este sentido, la antropóloga agrega: «Si frente a una situación no pandémica prevalecen los mejores contratos y espacios en los festivales para hombres, imagínate en esta situación de pandemia. Hay muchas mujeres que están solas y con hijos, que hacen un trabajo doble. Muchos musicxs tenemos otras actividades como docencias, pero quienes no, y solo viven de tocar, la están pasando mal”.

Modelo de financiamiento:

Música.ar se propone un modelo de financiamiento mixto: privado y público. Por un lado, el Estado se haría cargo de la parte administrativa (sueldos de los empleados) y de lo tecnológico. Por otro lado, el financiamiento privado constará de publicidad y abonos. Con respecto a la publicidad, Lombardo cuenta: “Hay una serie de ítems que tenemos pensados: qué tipo de publicidades vamos a poner, el Estado podrá hacerlo con publicidad oficial y también le vamos a dar prioridad a pymes y sectores de la industria argentina en desarrollo”. A su vez los sistemas de abonos serán diferenciados: “Habrá usuarios bonificados que quedan exentos del abono como los jubilados o estudiantes, también abono medio para aquellos que acrediten un sueldo menor a la media, y otro para quienes declaren un patrimonio mayor, por último habrá abonos internacionales que pagarán un monto mayor al argentino o latinoamericano” explican desde M.A.R.

La recaudación de Música.ar se va a distribuir por reproducciones, Lombardi comenta: “La posibilidad de que el Estado forme parte hace que el capital recaudado vaya hacia los músicos” y confirma que “la música argentina genera mucho dinero, y esto se va fuera del país, porque las plataformas son internacionales, nosotros proponemos un cambio en la ruta de dinero, porque lo recaudado se queda en el país”.

Además, se destaca el agregado de la ficha técnica en las canciones y los discos en la plataforma; todo va a estar nombrado y linkeado.“Vamos a visibilizar la cadena de valor detrás de la música”, plantea Lombardo y Polti adhiere y agrega: “Hay muchas deudas con el sector musical en cuanto a la regulación de la actividad y los derechos. Música.ar va a poner en valor lo que significa la producción musical, que no es solo el archivo sonoro, sino que hay un trabajo de diseño del disco, fotografías, videos, se mueven muchas actividades”.

El proyecto ya fue presentado al Ministerio de Cultura de la Nación, específicamente al departamento de nuevas tecnologías. Según M.A.R, la respuesta es buena: “Ahora estamos negociando medidas más concretas. Todavía falta una resolución”.

El slogan de Música.ar es “Si esto no es de todxs, no es de nadie”. “Tiene que ver con los intereses que se van a negociar, y se necesita no sólo el apoyo de la comunidad de músicos sino de toda la comunidad argentina, para que apoye el proyecto y tome consciencia de que, en la actualidad, hay una diversidad que se les está negando”, explica Lombardo. El uso de la plataforma para los coordinadores de M.A.R va a “modificar la forma de consumir la música, la gente va a empezar a escuchar música que no conocía, y eso va a destapar un montón de música que está oculta”.

Por último, Lombardo afirma que Música.ar se enmarca dentro de una política pública: “Estamos desarrollando una política cultural desde actores culturales, para eso necesitamos juntar fuerza para generar la voluntad política y negociar con quien tengamos que negociar, tenemos que estar todos del mismo lado”.