Jun 14, 2019 | DDHH, Novedades
Ya transcurrieron diez audiencias en el juicio que investiga las violaciones de los derechos humanos de los detenidos en la Contraofensiva montonera.
Los familiares de las víctimas llenaron la sala. Minutos antes del inicio de la audiencia –que se retrasó una hora– se repartieron carteles con el nombre y el rostro de los desaparecidos por los que reclaman justicia, todos secuestrados, torturados y asesinados en la marco de la Contraofensiva montonera, entre 1979 y 1980. Minutos después de las 10, con los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de San Martín en el estrado, comenzaron los testimonios.
El primero fue el de Carlos Cremona, un ex militante de Ligas Agrarias del nordeste argentino que, con el golpe cívico-militar de 1976, debió esconderse en el monte del Chaco. Como tantos de sus compañeros, padeció la persecución política de las fuerzas de seguridad. Ligas Agrarias agrupaba a los pequeños campesinos de la zona que luchaban por los precios de sus cosechas, fundamentalmente de algodón. “La represión se orientó a acabar con esa organización para favorecer al agronegocio que en ese momento estaba en manos de empresas como Bunge & Born”, explicó.
Cremona se quebró al evocar la dura estadía en el monte: “Vivíamos con lo justo, pero aun así teníamos que cargar unas mochilas muy pesadas. Llevábamos frazadas, algo de ropa y comida, pero sólo para asegurarnos que coma nuestra hija”. Su esposa debió allí ser asistida solamente por él. Sin embargo, tuvieron que encargarle a una familia campesina que cuide de la beba porque era imposible que sobreviviera en esas condiciones. Así estuvieron de 1976 a 1979 hasta que Cremona logró exiliarse en España, pero al poco tiempo regresó para ayudar a sus compañeros a escapar del país. De 1980 hasta casi el fin de la dictadura estuvo preso en la cárcel.
El abogado Pablo Llonto, uno de los representantes de la querella.
El segundo testigo fue Oscar Alberto Mathot, quien en la década del 70 fue parte de la presidencia de la Federación Estudiantil de la Universidad del Nordeste Argentino y de la Juventud Universitaria Peronista. También permaneció escondido en la selva chaqueña hasta 1978, cuando huyó a España y donde tomó contacto con la Junta Reorganizadora de las Ligas Agrarias. Con otros compañeros, entre ellos Cremona y Remo Vénica, decidieron retornar al país para retomar la militancia. “Creíamos que la dictadura iba a ser pasajera, como las anteriores. Suponíamos que en algún momento iban a llamar a elecciones”, señaló Mathot. Pero el triunfo de Reagan en 1980 en Estados Unidos nubló sus expectativas. La Junta Militar ahora contaba con un sostén, a diferencia de Jimmy Carter, antecesor de Reagan, quien los presionaba por las violaciones a los derechos humanos. En 1981 Mathot volvió a España.
Su compañero Remo Vénica, tercer testigo de la jornada, integraba el brazo católico de las Ligas Agrarias chaqueñas y fue otro de los que se escondió en el monte para evitar que lo atrapen. Su historia inspiró la novela Monte madre, de Jorge Miceli, y la película Los del suelo, de Juan Bandana. Junto a su esposa, Irmina Kleiner, brindaban capacitación a los campesinos, desde alfabetización hasta asesoramiento de organización en cooperativas. Por este motivo lo perseguían y por eso debió pasar a la clandestinidad. Su cercanía al campesinado lo ayudó a sobrevivir en la selva, dado que los lugareños le proveían de comida. Aun así fue difícil ya que estaba obligado a dormir siempre en sitios agrestes, ya que hacerlo en alguna casa implicaba poder ser descubierto. Dos de sus hijos nacieron allí, en el monte, y su primera hija, a quien habían dejado al cuidado de otra familia, fue secuestrada por la policía. “La recuperamos al final de la dictadura”, contó Vénica entre lágrimas.
El testigo Remo Vénica, militante de las Ligas Agrarias, abraza al hijo de un compañero asesinado por la dictadura.
Pasadas las 15.30, luego de la breve declaración de Hugo Mancilla, convocado por ser el único testigo ocular de la desaparición de los militantes montoneros Ángela Salamone y Daniel Santilli, se presentó en el tribunal Benjamín Ávila. Tenía colgado un cartel con la foto y apellido de su madre, Sara Ernesta Zermoglio, desaparecida en 1979, y entre el público se encontraba su pareja y sus hijos.
En 1977, cuando tenía 5 años, su familia se exilió en México, Brasil y Cuba –donde nació su hermano Diego–, hasta que en 1979 decidieron volver. Su madre, militante montonera, había resuelto participar de la Operación Retorno. Ese año vivieron en diferentes casas para que no los atrapen. Pero finalmente, una noche, un grupo de tareas irrumpió donde estaban Sara y sus dos hijos. Los niños fueron encerrados en una habitación bajo llave, que se abría sólo para dejarles un plato de comida. Tras cuatro días en cautiverio, los militares llevaron a Benjamín en un Falcon verde a la casa de su abuela. Antes de bajarse, él preguntó dónde estaba su hermano. El represor que conducía lo insultó e inmediatamente se largó. “Queremos que tengan el coraje de decir dónde están nuestros familiares y qué pasó con ellos”, concluyó el cineasta.
El último en declarar fue el ex militante montonero Hugo Fucek, quien detalló su actividad en el exilio. Su tarea consistió en el cuidado de los hijos de los compañeros que iban a participar de la Contraofensiva, dado que era muy riesgoso que volvieran junto a ellos. Así se montó en La Habana, Cuba, en una casa blanca con jardín y palmeras, “La Guardería”, donde llegaron a estar alojados hasta 25 niños y que funcionó hasta 1983. Fucek dejó el espacio tiempo antes. Esta bella e insólita experiencia fue retratada en el documental homónimo de la hija de desaparecidos Virginia Croatto.
Las audiencias del juicio “Contraofensiva montonera” se celebran todos los martes a partir de las 9 en Pueyrredón 3728 (partido de San Martín, provincia de Buenos Aires). Puede ingresar cualquier mayor de 18 años con DNI.
Imputados del juicio conocido como Contraofensiva montonera.
Jun 12, 2019 | DDHH, Novedades
El Campito fue el centro clandestino más letal de la última dictadura.
La bandera argentina flamea en lo alto del mástil. Los plátanos, con sus hojas anaranjadas por el otoño, flanquean la larguísima Avenida Ideoate, poblada a uno y otro lado de edificios castrenses. Ubicado en el partido de San Miguel, a 30 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Campo de Mayo abarca cinco mil hectáreas de terreno abierto. Aquí funcionaron, entre 1975 y 1983, cuatro centros clandestinos de detención, tortura y exterminio: El Campito, La Casita, la Cárcel y el Hospital Militar, en cuya maternidad clandestina dieron a luz unas 30 desaparecidas y sus hijos fueron robados. Algunos han recuperado su identidad pero la mayoría –hoy mujeres y hombres de cerca de 40 años– continúan siendo buscados por sus familias biológicas a través de Abuelas de Plaza de Mayo.
El Campito fue el centro clandestino más letal de la última dictadura. Sus estructuras lindaban con un pequeño aeropuerto de donde despegaban los “vuelos de la muerte”. Entre las miles de víctimas que pasaron por allí se cuentan sindicalistas ferroviarios, miembros de las comisiones internas de Ford y Mercedes Benz, dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) como Mario Santucho, de Montoneros como Miguel Lizaso y el escritor Héctor Oesterheld. Varios de estos casos forman parte del juicio oral y público por la megacausa Campo de Mayo. Sólo sobrevivieron 43 personas.
No es un día común en la base. La rutina de los militares se ve interrumpida por un grupito de civiles se agrupa bajo la luz de un radiante mediodía en las puertas del Polígono de Tiro, a unos 500 metros de lo que fue El Campito. Dos soldados, parados como estacas, miran de reojo a la gente reunida: sobrevivientes y familiares de las víctimas que quieren homenajear a sus seres queridos y un contingente de chicos de la Escuela Técnica Nº 2 de José C. Paz que se sumó a la visita.
Oscar Comba, sobreviviente del Campito. recordó sus días en el lugar ante la atenta mirada de un grupo de estudiantes secundarios.
Griselda Fernández es sobreviviente de El Campito. Vive en Uruguay. Nunca había vuelto a entrar a Campo de Mayo, donde también perdió a José, su compañero de vida. “Estoy movilizada y no puedo evitar pensar: ¿Por qué puerta habré entrado? O, ¿dónde me habrán hecho dormir?”, dice. A unos metros, Iris Pereyra de Avellaneda contempla el sitio donde estuvo desaparecida 15 días. La secuestraron junto a su hijo, Floreal “El Negrito” Avellaneda, de 14 años, que fue torturado y asesinado. “El lugar es tétrico, frío y horrible pero sirve para rememorar y homenajear a quienes ya no están. Son muchos años de lucha, nos costaron lágrimas de sangre llegar a donde estamos ahora”, reflexiona Iris. “Queremos que acá haya un espacio de memoria intangible”, afirma Alfredo Castro, detenido en El Campito entre abril y mayo de 1977.
Sin embargo, la preocupación principal de familiares y sobrevivientes es que no se pierdan las pruebas contra los represores. El 60 por ciento del predio todavía no ha sido explorado, un detalle que al Gobierno nacional le importa poco. El 16 de noviembre de 2018 el presidente Macri firmó el decreto que convierte el terreno en una “Reserva Natural”, la máscara para un meganegocio inmobiliario, ganándose el rechazo de los organismos de derechos humanos. El Ejecutivo volvió a la carga el 22 de mayo de este año con un nuevo decreto que facilita “la aprobación de construcciones en Parques Nacionales”. “Me genera mucha indignación e impotencia”, sostiene Griselda Fernández, “es increíble que quieran construir un parque en un lugar donde no se han permitido excavaciones. No sabemos si nuestros compañeros están enterrados acá. Me parece un acto de inhumanidad impresionante”.
Seis días después del último decreto, en una audiencia del juicio “Contraofensiva Montonera”, el ex cabo primero Nelson González, citado como testigo, relató pormenorizadamente el fusilamiento y la cremación de cuatro detenidos en Campo de Mayo. Dos de ellos fueron identificados, Marcos “Pato” Zuker y Federico Frías. González aseguró que “cuatro mil personas fueron arrojadas al mar”. “Quedamos conmovidos por esta declaración. Es la puerta a que se abran nuevos testimonios”, expresa Iris Pereyra de Avellaneda mientras mira a la distancia.
Floreal «El Negrito» Avellaneda fue uno de los asesinados en El Campito. Tenía solo 15 años.
Miembros de la Comisión de Sobrevivientes y Familiares de Campo de Mayo dan inicio formal a la caminata hacia al centro de detención y exterminio y guían al resto bajo la sombra de casuarinas y eucaliptos. El terreno es blando y cruje a cada paso. A los costados del camino un par de uniformados con ametralladoras custodian la visita. La única construcción visible del Campito es un abandonado edificio de mampostería donde funcionaban oficinas administrativas, salas de tortura y la recepción de los detenidos. Antiguamente había otras estructuras en pie: en el Pabellón 3, las caballerizas, donde hubo secuestrados en condiciones muy precarias; y en el Pabellón 1, una edificación donde permanecían cautivos los enfermos, ancianos y embarazadas, quienes estaban obligados a realizar el trabajo de mantenimiento del centro clandestino. El lugar tenía capacidad para 200 detenidos al mismo tiempo.
Con el propósito de borrar los terribles actos cometidos, el Ejército destruyó en 1982 el grueso de las instalaciones. Pero gracias a la memoria del militante montonero Juan Carlos “Cacho” Scarpati, quien estuvo detenido allí seis meses en 1977 y logró escapar, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) pudo hallar los cimientos, luego de múltiples excavaciones.
Durante la visita, el sobreviviente Oscar Vladimir Comba señala las fosas hechas por el EAAF y cuenta su experiencia ante la atenta escucha de los estudiantes de secundaria. El diputado y nieto restituido Horacio Pietragalla Corti, también presente, subraya: “Vamos a realizar distintas acciones judiciales para que permanezca intacto. Hay que recuperarlo como sitio de memoria y lograr que el EAAF haga un rastrillaje en toda la zona para reafirmar las pruebas bajo tierra de los cimientos y que se descarte que aquí están nuestros seres queridos”. Y agrega: “Acá tienen que venir los ingresantes del Ejército y las fuerzas de seguridad. El Campito no debe ser un lugar solo de las víctimas. Toda la sociedad debe conocer esta historia. Porque al desconocer lo sucedido, podríamos cometer el mismo error”.
Los familiares de las víctimas se oponen al emprendimiento inmobiliario que el gobierno quiere desarrollar en el lugar.
Hacia el final del recorrido, frente al único edificio del Campito, toman la palabra los sobrevivientes Alfredo Castro, Roberto Landaburu y Julio D’Alessandro. Landaburu, inspirándose en “Vidala de un nombrador” de Jaime Dávalos, dice: “Con la humildad de este entorno quiero nombrar a mis compañeros. Porque sé que si los nombro, los traigo. Y si los traigo, es algo que me hace bien”. Y recita los nombres de sus amigos desaparecidos, y ante cada uno se grita bien fuerte “¡Presente!” y sus ojos ceden a las lágrimas. “En el momento que los estoy nombrando, los estoy viendo acá, conmigo”, manifiesta conmovido. Los aplausos llenan el silencio y se arma un improvisado show musical con canciones de Mercedes Sosa y Carlos Puebla, mientras los asistentes se dispersan. Cada pisada queda marcada en las hojas como una huella de tristeza.
Jun 6, 2019 | DDHH, Novedades
Desde la primera audiencia del juicio, los familiares de las víctimas llenan la sala a la espera de justicia.
“Estaba haciendo el servicio militar a los dieciocho años cuando me secuestraron y me llevaron a Campo de Mayo”, relató Jorge Omar Sosa, el primer testigo de la sexta audiencia de la megacausa que investiga los crímenes cometidos en ese Centro Clandestino de Detención y Exterminio, que se encuentra tramitando los casos de los obreros secuestrados y desaparecidos de Mercedes Benz. “Me pusieron una venda y me metieron en un calabozo. Me di cuenta de que estábamos ahí porque tenía una novia en Don Torcuato y conocía el sonido del tren. Se escuchaba cerca”, recordó.
La historia parece repetirse en un sin fin de casos similares: su hermano había sido detenido y nadie sabía nada de él. Una tarde golpearon la puerta y la tiraron a abajo. Era gente de civil y del Ejército. Los insultaron mientras preguntaban por su hermano. “Nos pusieron revólveres en la cabeza y me decían que se iban a llevar a mi mamá y a mí, que iba a estar desaparecido, así de una”, contó. Su mamá estuvo secuestrada y escuchaba la voz de su hijo mayor, al lado, diciéndole que tenía miedo. “Ella decía que era como si se escuchara una grabación, no como si fuera él. La torturaban psicológicamente”, rememoró.
Uno de los días de su detención, vio bajar de un camión a varias personas. Entre golpes y gritos los escuchó decir que eran delegados y secretarios de Mercedes Benz. “Uno se quiso escapar y le tiraron un perro para que lo mordiera. Nunca supe si falleció o si lo llevaron al hospital de Campo de Mayo”, declaró conmocionado. Además de confirmar la presencia de obreros de la fábrica automotriz, también aseguró que varios “vuelos de la muerte” salieron del predio. “Cuando me hacían limpiar los calabozos, veía unos tubitos con un líquido rojo. Eran para dormir a los que llevaban a los aviones”, sostuvo mirando al juez. “Sabía eso porque escuchaba las hélices y vi muchos tambores azules, los que se usaban en la construcción y con los que tiraban a la gente”, añadió.
En la sexta audiencia del juicio, los testigos revelaron la complicidad de la empresa Mercedez Benz con la última dictadura.
La segunda en declarar fue Hilda Fernández que se desempeñó como secretaria del ex director de Asuntos Jurídicos de Mercedes Benz, Rubén Pablo Cuevas, durante la dictadura militar. “La empresa siempre tuvo contacto con el Ejército”, explicó, mencionando que tenían acuerdos comerciales tanto con las Fuerzas Armadas argentinas como con los de otros países. “No veía usualmente militares en la fábrica. Una mañana vi a un general que estaba al frente del Regimiento 602. Se llamaba Balín y había ido a ver a Cuevas”, agregó haciendo referencia a su jefe.
Las preguntas de la querella, compuesta por Pablo Llonto, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Abuelas de Plaza de Mayo y las secretarías de Derechos Humanos de Nación y Provincia, buscaban reconstruir los secuestros a los obreros de la fábrica y las tensiones que se crearon entre los trabajadores y los altos mandos de la empresa. “Más tarde me enteré que habían desaparecido a los de la comisión interna”, agregó Hilda Fernández. En la misma línea, Rubén Aguilar, ex delegado negociador del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), declaró que varios años después otros compañeros le contaron sobre la desaparición de trabajadores. “Secuestraron a los de la comisión interna; a los delegados. Descabezaron a toda la actividad sindical”, cerró.
El último testigo fue Hugo Corsatto, trabajador de Mercedes Benz desde 1971 a 1976. “Había un clima de malestar al interior de la fábrica por el tema de los salarios”, describió. Las tensiones entre los obreros y los empresarios iban en aumento durante los años previos de la dictadura. “En el 74 ya estaban haciendo listas de trabajadores que querían sacarse de encima. Yo pude rescatar una de la oficina de mi jefe de sector”, mencionó y entregó como evidencia una fotocopia con nombres escritos a mano. “Las empresas ya estaban preparando el golpe desde mucho antes. Yo me salvé porque visibilicé la lista al interior de la fábrica”, agregó.
Mientras los conflictos iban en aumento, la participación de los cargos jerárquicos aportando nombres a los militares para la desaparición de personas se hacía más evidente. “En abril del 76 se llevaron a un compañero. Entraron, preguntaron por él y lo fueron a buscar”, dijo Corsatto, remarcando su desconcierto ante la situación porque no había manera de que los militares supieran en qué sección estaban. “Recuperó su libertad. Y lo curioso es que cuando llegó a la casa, tenía un telegrama de la empresa del día anterior donde le decían que por lo que le había pasado, le daban quince días de licencia”, remató con ironía.
Entre las declaraciones de los diferentes testigos, las preguntas de la querella y las objeciones de la defensa, hubo un cuarto intermedio para debatir una oposición de Juan Carlos Tripaldi, abogado de varios acusados en la causa. La estrategia de la defensa se entretejió con el entorpecimiento a las preguntas de la querella. Sin embargo, el debate abrió nuevas aristas para seguir investigando las causas y la participación de la empresa Mercedes Benz con el terrorismo de Estado. “Fue importante porque los testigos confirman la participación de los cargos jerárquicos en la desaparición de trabajadores al apuntar nombres de los militantes más sindicalizados y con conciencia de clase que los molestaban”, remarcó Pablo Llonto, abogado especialista en derechos humanos. “Aunque acá sólo se juzga la responsabilidad de los militares, es necesario entender lo previo para explicar el odio y la voluntad represiva contra el sector de la clase trabajadora que luchaba con dignidad y honestidad por los derechos de los laburantes”, cierra.
¨Para la abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, Carolina Villella, “fue muy ilustrativo en cuanto a la conflictividad que había en la empresa por la participación que tenían los trabajadores en la actividad sindical”.
Jun 4, 2019 | Géneros, Novedades
Cada colectivo tuvo su representante en la lectura final del documento.
La situación de las mujeres y las disidencias en Argentina es escalofriante: no se termina de contabilizar una cifra estadística de femicidios que, a las horas, ya es interrumpida por una nueva atrocidad de la violencia machista. La quinta marcha del Niunamenos que se realizó ayer con movilizaciones en todo el país no pudo escapar a esa regla macabra: el sábado por la noche, dos jóvenes de la provincia de Córdoba fueron asesinadas a puñaladas delante de sus hijos y se sumaron a los 133 femicidios en lo que va del año -según cifras del Observatorio de las Violencias de Género “Ahora que sí nos ven”-. La enorme potencia verde de la convocatoria de ayer, con la presencia de miles de mujeres, fue a decirle basta, una vez más, a todo eso.
Si -tomando la valiosa palabra de Rita Segato- hablamos de crímenes que enuncian, que tienen claros mensajes y destinatarios, vale decir también que la quinta marcha por el Niunamenos de ayer también fue una enunciación contundente. Y lo fue por muchas razones. Una de las más importantes es que este colectivo, seguido por miles de mujeres que copó Plaza de Mayo y se encolumnó varias cuadras por Avenida de Mayo, buscó visibilizarse representativo de la pluralidad de identidades y colectivos que militan la erradicación de las distintas formas de violencia de género.
“Estamos acá una vez más para tomar las calles y manifestarnos, para decir basta de violencia económica, sexista, racista y clasista contra las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binaries, gordes e intersex; de la clase trabajadora: ocupades, desocupades, precarizades, piqueteres y de la economía popular, visibilizando especialmente a las mujeres indígenas, originarias, afroargentinas y negras en pos de empezar a saldar la deuda histórica para con ellas y todas las identidades vulneradas por el capitalismo patriarcal y el modelo económico de Mauricio Macri y la alianza Cambiemos, sostenido por su gobierno y los gobiernos provinciales que precarizan nuestras vidas y profundizan todas las desigualdades y las opresiones”, fue el comienzo de la lectura del documento consensuado por las distintas organizaciones feministas en asambleas.
«Las mujeres pasamos muchos años creyendo que teníamos deberes, y lo que tenemos son derechos”, dijo Nora Cortiñas.
Desde un camión que hacía las veces de escenario se leyó el documento del colectivo y la lectura desempeñó, en sí misma, un fuerte papel simbólico: si bien el manifiesto de este año le reservaba a cada una de las pluralidades identitarias y colectivas que lo componen un lugar bien destacado de reivindicación de sus demandas y derechos, la lectura encarnó esa visibilización en los cuerpos que enfocaban las cámaras, con representantes de cada una de esas pluralidades enunciando sus propias realidades y denuncias con espacio y voz propia.
El grito por el aborto legal, seguro y gratuito fue una de las principales demandas, a casi una semana de la nueva presentación del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El reclamo fue acompañado por las exigencias de provisión y producción pública de Misoprostol y Mifepristona aprobada por la ANMAT y el cumplimiento de la Interrupción Legal del Embarazo en todo el país, sin restricciones, con las técnicas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con el lema urgente de “¡Niñas, no Madres!” que cobró fuerza en los últimos meses.
“El fenómeno de la violencia contra las mujeres tiene que ver con el avance en la conciencia y el cambio social que implica que las mujeres dejen de callarse y someterse. Las formas del femicidio son una expresión totalmente desesperada, extraviada y desde luego criminal de intentar sostener el dominio masculino sobre mujeres que se desvían de alguna pauta de sometimiento”, le explicó a ANCCOM, durante la caravana, Martha Rosenberg, reconocida médica y psicoanalista integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
“Acá estamos contenidos, necesitamos venir y expresar lo que sentimos para que esto no ocurra más», explicó Alfredo, el padre de Carla Soggiu.
Es que si la llegada de más y más pibas a las calles es el saldo positivo desde la primera convocatoria del Niunamenos, allá por 2015, lo cierto es que las cifras siguen siendo alarmantes y desesperadas. Desde aquel 3 de junio a este 20 de mayo, se cometieron 1193 femicidios en nuestro país, según cifras del Observatorio mencionado. De esa cifra, el 29% de las víctimas tenía entre 15 y 25 años y el 88% de los agresores eran conocidos o de su círculo íntimo. La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema también presentó su informe 2018: de los 278 femicidios relevados, el 83% se produjo en contextos de violencia doméstica y el 56% fue cometido por parejas o exparejas de las víctimas.
Si algo expresa la fuerza de estas luchas es, justamente, el largo pero firme paso de los familiares de nuestras chicas muertas. “Acá estamos contenidos, necesitamos venir y expresar lo que sentimos para que esto no ocurra más… Para que estén todas vivas -reclamó Alfredo, padre de Carla Soggiu, encontrada muerta en el Riachuelo el 19 de enero-. Hace más de cuatro meses estamos esperando que nos entreguen los contactos de los botones antipánico y no nos hacen caso. Lo pide el abogado, lo pide la Fiscalía y no tenemos respuesta. Todavía no sabemos qué pasó con nuestra hija, que estuvo 90 minutos activando el botón antipánico”. A su lado y abrazada a la mamá de Carla, marchaba Marta, la mamá de Lucía Pérez, asesinada en 2016. “Esto no nos puede seguir pasando: como país, no podemos soportar esta desidia con las mujeres. En épocas de crisis, las mujeres y los niños somos los que peor la pasamos. El Estado debe hacerse presente, no puede darles la espalda a las víctimas. Lucía, Araceli, todas esas niñas, desde el cielo, nos están pidiendo que estemos acá reclamando por justicia”, le confió a ANCCOM.
La pluralidad de voces leyendo sobre el escenario le hizo frente a otra compleja pluralidad, la de las distintas formas de violencia contra mujeres y disidencias. La económica tuvo un lugar preponderante en el documento: “La deuda con el FMI, fraudulenta e ilegítima”, “el ajuste” y “los casi 250.000 despidos” fueron parte de un manifiesto que recordó el Cordobazo y exigió la prórroga en la moratoria para la jubilación de amas de casa.
El 29% de las víctimas tenía entre 15 y 25 años y el 88% de los agresores eran conocidos o de su círculo íntimo.
Las organizadoras dijeron que ayer hubo cerca de 100 mil en Plaza de Mayo, aunque sería imposible reducir la marea verde a un número. Tampoco puede simplificarse en una única voz; por eso fue tan potente la lectura en clave diversidad, cada cual con su realidad y todas juntas contra la violencia patriarcal y machista. Uno de los momentos más conmovedores fue la lectura sentida y pausada de Paula Arraigada, del Movimiento Trans Nadia Echazú, exigiendo, sobre el final de sus palabras, “el derecho a una vejez digna” para travestis y trans. “¡El candombe en la calle no es delito!”, gritaron al cierre del discurso de las afrodescendientes. Una multitud de demandas y una pluralidad de voces se levantó allí, sobre ese escenario improvisado del que la fantástica Norita Cortiñas fue espectadora de lujo, primera línea de la enorme columna de miles y miles de mujeres que cerró la movilización con un pañuelazo verde. Y quién mejor que ella, luchadora incansable por los derechos humanos, para recordar por qué hay que copar las calles: “La importancia de luchar es que dejamos de ser invisibles. Las mujeres pasamos muchos años creyendo que teníamos deberes, y lo que tenemos son derechos”.
May 24, 2019 | DDHH, Novedades
El Tribunal anunció que las audiencias se extenderán hasta mediados del año 2021.
La séptima audiencia en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 de San Martín estaba demorada. Susana Brardinelli, viuda del sindicalista Armando Croatto –asesinado en Munro, en 1979–, repartía rosas rojas tejidas a los otros familiares de las víctimas. “Es un homenaje y un lazo entre todos los que fuimos detenidos desaparecidos. Nos sirve para diferenciarnos de los familiares de los acusados”, explica Nieves Kanje, quien estuvo cautiva en el centro clandestino “El Vesubio”, en Ciudad Evita.
Los imputados en el juicio denominado “Contraofensiva Montonera” son nueve ex integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército. Se los acusa de secuestros, torturas y asesinatos perpetrados en Argentina, Brasil, Perú y España contra un centenar de militantes montoneros que reingresaron al país –o que iban a hacerlo– entre 1979 y 1980. El único que cuenta actualmente con prisión efectiva es Cinto Courteaux. Los otros ocho represores siguen el proceso desde su casa: Jorge Apa, Roberto Dambrosi, Raúl Muñoz, Jorge Bano, Eduardo Ascheri, Carlos Casuccio, Luis Firpo y Alberto Sotomayor.
Los jueces Esteban Rodríguez Eggert, Alejandro De Korvez y Matías Mancini ingresaron a la sala una hora más tarde y con una mala noticia para los familiares de las víctimas. El presidente del cuerpo, Rodríguez Eggert, anunció que el debate oral recién culminará a mediados de 2021, debido a que todavía faltan declarar 336 testigos. A razón de una audiencia semanal –la exasperante frecuencia establecida por el tribunal– es lógico que así sea.
Aún faltan declarar 336 testigos.
Antes de los testimonios, uno de los abogados defensores, Hernán Silva, solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria a Courteaux, ex jefe de la Sección Primera de Ejecución del Destacamento 201 de Inteligencia del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares. La querella, conformada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Abuelas de Plaza de Mayo y el abogado Pablo Llonto, así como la fiscal Gabriela Sosti, argumentaron para que el acusado continúe en prisión preventiva. Sosti subrayó que el motivo principal era que “estuvo prófugo durante el desarrollo de esta causa”. Llonto agregó que “entre las pertenencias de Courteaux se encontraron fotografías de quienes participan en este juicio” Por eso hay una cuestión de riesgo grave con peligro de fuga”, afirmó. El tribunal, al cierre de la audiencia, confirmó que Courteaux seguirá tras las rejas.
A continuación, declararon los dos testigos previstos en la jornada, cuyos relatos hicieron foco en los asesinatos del dirigente de Ligas Agrarias Carlos Píccoli, del abogado y guerrillero Horacio Mendizábal y de Armando Croatto.
Mario Píccoli entró en el recinto con un saco negro, un buzo turquesa por debajo y una pancarta colgada al cuello con el nombre y la foto de su hermano Carlos, asesinado por fuerzas policiales chaqueñas en 1979.
Hace décadas que Mario espera justicia. Es el más pequeño de seis hermanos de una familia descendiente de italianos. Durante su infancia vivió en Colonia Pampa Alegría, a 13 kilómetros de Sáenz Peña, Chaco. Ante el tribunal, apenas movió las manos y mantuvo la mirada fija.
Rememoró los años 70, cuando la complicada economía familiar hizo que su hermano Carlos se fuera a Buenos Aires, donde conoció a militantes de la Juventud Peronista y de Montoneros, con quienes trabó vínculos de amistad. De regreso en Sáenz Peña, se integró a una cooperativa que formaba parte de las Ligas Agrarias, y pronto se convirtió en un dirigente importante. En 1975 comenzó a ser perseguido por su actividad, por lo que se exilió en España, Francia, México y Cuba.
Aún con Carlos en el extranjero, las fuerzas policiales y militares realizaban reiterados operativos en la chacra de los Píccoli, sometiendo a la familia a un estado de persecución permanente. “El personal del Ejército aterrizaba en helicópteros en el patio de mi casa, era una cosa aterradora”, dijo Mario y añadió: “Mi padre no pudo soportar estas acciones, que se sumaban a los múltiples afiches pegados con la foto de Carlos diciendo que era ‘subversivo’. Se terminó suicidando en 1977”.
El retorno de Carlos Píccoli a la Argentina ocurrió a finales de marzo de 1979 en el marco de la Contraofensiva. “Su idea era reorganizar las Ligas Agrarias que en ese momento estaban diezmadas. La reorganización consistía en entregar volantes a pequeños productores haciendo hincapié en la necesidad de regresar a la vida democrática”, detalló su hermano Mario, quien por entonces tenía 14 años.
Unos 20 días después de su regreso, Carlos Píccoli fue asesinado en un camino vecinal de la Colonia Pampa Alegría cuando se dirigía en bicicleta a la casa a de su madre. Los autores del hecho fueron dos integrantes de la policía provincial en el marco de un operativo que involucró a 500 oficiales. El Equipo de Antropología Forense (EAAF) constató que se trató de muertes por disparos a quemarropa, desechando la versión oficial del “enfrentamiento”.
Los familiares de los desaparecidos portaron fotos de las víctimas y se identificaron con flores rojas.
La siguiente declaración fue la de Mario Álvarez, testigo ocular del operativo en el que asesinaron a Armando Croatto y Horacio Mendizábal, miembros de las Tropas Especiales de Agitación (TEA) de Montoneros. Las impolutas paredes y las cortinas grises de la sala de audiencias contrastaban con el rojo del marco de sus anteojos.
El 17 de septiembre de 1979, Álvarez estaba trabajando de mozo en el local “La Barra” en la Ciudad Comercial “Canguro” de Munro. Allí presenció a efectivos del Ejército llevarse con vida a un cliente que tomaba un café. Era Armando Croatto, quien luego fue ejecutado por sus secuestradores. “Inmediatamente se escuchó una detonación fuerte desde afuera, como una granada. Era atribuido a otra persona que intentaba ingresar al local y le dieron la orden de detención. Y se escucharon tiros. Después vimos los charcos de sangre a unos veinte metros del local”, relató el testigo dando a entender que la sangre pertenecía a Horacio Mendizábal. Al terminar la declaración, jueces y querella pidieron a Álvarez un croquis de la Ciudad Comercial “Canguro” para reconstruir espacialmente la escena de los hechos.
La séptima audiencia fue una pequeña muestra del largo camino que se avecina. Todavía restan cientos de testigos: los portadores de las flores rojas deberán seguir esperando para que se haga justicia.
El juicio se desarrolla todos los martes a las 9 en Pueyrredón 3728 (partido de San Martín, provincia de Buenos Aires). Mayores de 18 años pueden ingresar con DNI.
