May 16, 2019 | DDHH, Novedades
Los acusados apelaron a su edad y sus enfermedades, para tratar de conmover al Tribunal.
“Sólo me resta pedirle al Señor que preside esta asamblea desde lo alto, que ilumine con la luz de su verdad a sus señorías para que puedan aplicar la justicia verdadera con mayúscula”, exclamó Luís Del Valle Arce, imputado por 23 crímenes de lesa humanidad vinculados al centro de detención clandestino Campo de Mayo. El debate oral y público, celebrado en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San Martín, abrió con la declaración del acusado, leída como una proclama. Caminó con su bastón hasta el estrado y rechazó responder preguntas. Su defensa se sostuvo en la imposibilidad de haber cometido los delitos porque tenía licencia y vacacionaba en Santiago del Estero: “Difícilmente podría haber estado en Campo de Mayo al mismo tiempo», declaró.
La megacausa se inició con el caso Mercedez Benz que agrupa diferentes secuestros a obreros de la fábrica entre 1976 y 1978. La querella está compuesta por Pablo Llonto, abogado y periodista especializado en juicios de lesa humanidad y el Centro de Estudios Legales y Sociales. También querellan Carolina Villella, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, las secretarías de Derechos Humanos de Nación y Provincia, involucrados también con las causas denominadas Colegio Militar, Ferroviarios y Área 400.
Las estrategias discursivas estuvieron a la orden del día, pero la apelación a la emotividad latía debajo de cada palabra. “Hoy, con noventa años y a más de cuarenta de los supuestos hechos, con enfermedades crónicas y propias de la edad, soy privado de la libertad sin juicio previo”, sostuvo Arce, con la voz quebrada y una mano aferrada a su bastón. Carlos Villanova, acusado de 70 casos de secuestro, tortura y homicidio, se comunicó con el tribunal por videoconferencia desde Córdoba donde está en prisión domiciliaria. “Tengo dos caminos: o me defiendo y demuestro que todo esto es falso, y en eso se me puede ir la vida; o me apego a ella y resguardo la poca salud que tengo”, comentó.
En la próxima audiencia comenzarán las declaraciones testimoniales.
Ramón Vito Cabrera, imputado por tres hechos ocurridos en 1976, aceptó responder preguntas solamente de la defensa y fue su abogado, Juan Carlos Tripaldi, el que guió su declaración. “Tenía encargada la seguridad exterior e interior y el control interno del personal de la fábrica militar de Tolueno, Campana”, dijo y aseguró que no tenía tiempo para salir del predio e ir al Mercedes Benz. “Patrullábamos para que no ocurrieran incidentes o actos delictivos”, respondió cuando Tripaldi le pidió que aclarara cuáles eran las tareas que hacía en Tolueno, y agregó: “Nunca se detuvo a nadie en los doce días que estuve y gracias a Dios, no tuvimos problemas con el enemigo subversivo”.
La victimización, las enfermedades y la edad se entretejían con el discurso de la “guerra interna” que justificaba cualquier acción. “Una de las formas de realizar una operación ofensiva es aniquilar las fuerzas enemigas y privarlas de los recursos necesarios”, explicó Cabrera con sus libros de estrategia militar en la mano y mirando siempre a su abogado. “Éste aspecto era el que yo cumplía: les prohibía que accedieran a las instalaciones de la fábrica, donde estaba el combustible y los explosivos, porque podrían dañar a la ciudad y al país”, cerró.
En el público estaban familiares de víctimas desaparecidas, miembros de organizaciones como Abuelas de Plaza de Mayo y un colegio secundario de la zona que fue a presenciar la audiencia bajo el programa “la escuela va a los juicios”. Durante la larga espera hasta que iniciara el debate, los chicos conversaron con diferentes personas ligadas a la causa, llenos de preguntas e ilusiones. Algunos querían ser abogados, otros se interesaban por lo social. Cuchicheaban sentados frente al tribunal y se explicaban mutuamente el funcionamiento del sistema judicial. “Las palabras de los testigos y sobrevivientes construyen un relato que muchas veces nos guió a encontrar nietos e hijos expropiados o reconstruir historias”, les explicó Gabriel Abinet, tío de la nieta restituida Elena Gallinari Abinet. Ante el voto de silencio de los militares, la memoria, la verdad y la justicia se alzan con mayúsculas.
May 8, 2019 | Noticias en imágenes
Al cumplirse 100 años del nacimiento de Eva Péron, la agrupación Les Muchaches Peronistas lanzó una convocatoria para todas las mujeres que se aventuraran a caracterizarse como ella, con rodete, vestidos y faldas de época, para rendirle homenaje y marchar por las calles de la Ciudad de Buenos Aires. La acción replicó una idea de la Colectiva Mixta de Cultura, una agrupación rosarina que propuso el proyecto –según expresó- como un aporte más para derrotar del neoliberalismo, expresado hoy en la Alianza Cambiemos.
El punto de partida fue la Legislatura porteña, dado que en ese edificio emblemático funcionó una oficina de la Fundación Eva Perón, además de ser el lugar donde el pueblo la despidió, tras su fallecimiento.
Desde las 14, en la esquina de Diagonal Sur y Perú, peinadores y maquilladores esperaban a sus seguidoras, mujeres de todas las edades, profesiones y rubros. Mujeres payasas, mujeres obreras, maestras, militantes, estudiantes, amas de casa, niñas, cantantes, médicas, fotógrafas, documentalistas, periodistas, bailarinas, actrices, travestis, lesbianas, que se acercaban entusiasmadas y expectantes de participar.
Desde de la Legislatura, la caravana de Evitas caminó hasta la Plaza de Mayo repartiendo volantes y recitando los discursos más emblemáticos de la líder peronista, pero también adaptándolos y reinterpretándolos a la actualidad de las luchas por la legalidad del aborto y la igualdad de derechos para las mujeres. La apuesta se propuso mostrar la gran heterogeneidad de Evitas que hay entre ayer y de hoy: la Eva descamisada, la Eva balarina, la Eva abortera, la Eva travesti, la Eva trans, la Eva afro, la Eva Madre de Plaza de Mayo, la Eva trabajadora, etc, etc.
El acto terminó con una batucada y cientos de Evitas festejando, tomando la calle, haciendo pueblo y memoria.
Abr 30, 2019 | DDHH, Novedades
Más de 750 testigos declararán en el juicio oral y público que investiga los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Campo de Mayo.
“Desde que se empezaron a desarrollar estos juicios sentimos una reparación. Más allá de las condenas, desnudan las verdades, y clarificar lo que pasó, Permite dejarle a las futuras generaciones nuestra verdadera historia”, afirmó conmovida María del Carmen Pérez, quien estuvo secuestrada en Campo de Mayo en 1977, tras la finalización de la primera audiencia. Ella, como todo el público que llenó la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San Martín, permaneció en completo silencio escuchando los requerimientos de elevación a la instancia oral que relataban situaciones aterradoras y escalofriantes.
El tribunal, que deberá presenciar la declaración de unos 750 testigos, está conformado por Daniel Omar Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nadia Flores Vega. En la causa se investiga lo acontecido con 323 víctimas de múltiples violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado Nacional entre 1976 y 1978. Se indagará en las desapariciones de trabajadores ferroviarios de las líneas Mitre y Belgrano; de miembros de las comisiones internas de la automotriz Mercedes Benz; de víctimas provenientes del Colegio Militar, y de agrupaciones como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Todas pasaron la Zona de Defensa IV, ubicada dentro del centro de detención y exterminio más grande del país, Campo de Mayo.
De los 22 imputados, 13 hasta ahora no fueron condenados por su participación en la última dictadura cívico-militar.
Son 22 imputados, todos ex integrantes del Ejército, la Gendarmería Nacional y la Policía Federal, y 13 de ellos no tienen condenas previas por delitos de lesa humanidad. Para que esto sea posible resultaron clave los testimonios de sobrevivientes de Campo de Mayo que recordaban los apodos de sus secuestradores, y luego de un largo trabajo de investigación se pudo identificar a cada uno de ellos.
Un ejemplo es Carlos Villanova, policía retirado que fue detenido en 2014. El alias de Villanova era “Gordo 1”. El de otro acusado, Julio Fusco, detenido en 2015, era “Pajarito”. Benito Omaecheverría, ex jefe del Departamento Personal del Comando de Institutos Militares, Miguel Ángel Conde, Francisco Agostino, Luis Del Valle Arce y Mario Domínguez completan la lista de quienes por primera vez deben comparecer ante la justicia.
Lorena Battistiol, hija de Juana Colayago y el ferroviario Egidio Battistiol, ambos desaparecidos, y que aún busca a un hermano o hermana nacido en cautiverio, sostuvo: “Les vamos a reclamar [a los imputados] que nos digan dónde están y qué hicieron con nuestros familiares para poder seguir con el camino de memoria, verdad y justicia que iniciaron las Madres y las Abuelas”. “Era impensado esperar tantos años para llegar a este juicio”, agregó, en referencia a las sucesivas postergaciones, la última hace seis meses.
Carolina Villella, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo –una de las partes querellantes junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), las secretarías de Derechos Humanos de Nación y Provincia y el abogado Pablo Llonto–, argumentó que esta demora se debió a cuestiones de la burocracia judicial: “Este tribunal tuvo dificultades para conformarse porque pasó mucho tiempo sin tener la cantidad de jueces necesarios para un juicio de estas características. Otro factor fue la complejidad de la etapa de investigación. A lo largo de la causa se iban haciendo elevaciones parciales que quedaban en lista de espera, a la expectativa de acumular información hasta que sea factible la celebración de un juicio único”.
En el juicio se investigarán los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 323 víctimas.
En Campo de Mayo funcionaron, entre 1976 y 1983, cuatro centros clandestinos por donde pasaron más de cinco mil detenidos: El Campito, La Casita, el Hospital Militar y la Cárcel. Además, la maternidad clandestina fue central dentro del predio, donde aproximadamente treinta mujeres secuestradas dieron a luz a niños que posteriormente fueron apropiados y que hoy, la mayoría, siguen siendo buscados por sus familias biológicas. Y desde la base frecuentemente despegaban los “vuelos de la muerte”, una de las formas de exterminio practicadas por el terrorismo de Estado.
El 15 de noviembre del 2018, por un decreto presidencial firmado por Mauricio Macri, Campo de Mayo fue declarado “Reserva Natural”. Al respecto, Battistiol opinó: “El Estado Nacional hizo las cosas al revés, sin contemplar que tal vez, debajo de lo que quieren convertir en reserva, puedan estar los cuerpos de nuestros familiares. Varios testimonios hablan que allí hubo enterramientos. Por eso primero queremos que se resuelvan las investigaciones y después pensar qué se puede hacer con este espacio”.
Según Villella, la conversión de Campo de Mayo en un parque ecológico no cambia las investigaciones ya que rige una medida cautelar para la preservación de los sitios de memoria dentro del predio. No obstante, afirmó que hay que estar alerta “para que no haya ninguna modificación que perjudique la búsqueda de la verdad”.
Las audiencias se realizan todos los miércoles a las 9.30 en Pueyrredón 3728, San Martín, provincia de Buenos Aires. Los mayores de 18 años pueden presenciar el juicio presentando el DNI.
Abr 11, 2019 | DDHH, Novedades
El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 juzga a nueve represores acusados de ser responsables de la desaparición de los militantes que participaron de la denominada «Contraofensiva de Montoneros».
“La memoria importa porque permite que cosas así no se repitan nunca. Nutre a la democracia. Ejercicios así traen un enriquecimiento que viene de saber la verdad, que ahora ya sabemos está lejos del relato oficial. La causa que comienza va a aportar varios testimonios que no se han oído antes, son cerca de 250 testigos, y va a favorecer nuestro conocimiento de la historia reciente, lo que ya de por sí es un derecho”, afirmó el nieto restituido Guillermo Amarilla Molfino en la puerta de la sala en donde se lleva adelante el juicio denominado “Contraonfensiva Montonera”, donde el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 de San Martín –presidido por el magistrado Alejandro De Korvez–, investiga la responsabilidad de nueve ex integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército en el secuestro, la tortura y el asesinato de 94 personas entre 1979 y 1980.
Visiblemente emocionado por el inicio del debate oral, Amarilla Molfino subrayó: “Esta es una causa muy distinta a la que estamos acostumbrados a vivir. Siendo querellante por la desaparición de mis padres -Marcela Molfino y Guillermo Amarilla, ambos militantes montoneros- puedo decir que aquí no hay un centro clandestino de detención como epicentro de los testimonios, sino que se está juzgando al aparato de inteligencia específicamente. Es resultado de la lucha de muchas compañeras y compañeros que estuvieron trabajando duro a lo largo de años para llegar a esto, y a mí todo este trabajo me llena de orgullo”.
La sala de audiencias, durante la primera jornada, lució colmada por los familiares de las víctimas, todos ellos con pancartas con la imagen de sus desaparecidos, y por periodistas y fotógrafos. Los cinco imputados presentes ingresaron escoltados por agentes del Servicio Penitenciario Federal en medio de los abucheos del público, frente a lo cual el presidente del TOCF 4 pidió “solemnidad por los hechos que se ventilan” e instó a mantener las formas.
Las desapariciones que se investigan en este juicio ocurrieron entre 1979 y 1980.
Los acusados son ex funcionarios de los Batallones 201 y 601 de Inteligencia y del Comando de Institutos Militares con base en Campo de Mayo: Jorge Apa, Roberto Dambrosi, Raúl Muñoz, Jorge Bano, Eduardo Ascheri, Carlos Casuccio, Luis Firpo, Alberto Sotomayor y Marcelo Cinto Courteaux. Sotomayor y Firpo siguieron la sesión a través de videoconferencias desde Tucumán y Mar del Plata, respectivamente. Otro dos no se presentaron por motivos de salud: Ascheri adujo un sorpresivo broncoespasmo esa misma mañana, mientras que Casuccio se encuentra en terapia intensiva. Ricardo Pianta y Carlos Carpani Costa, quienes también integraban la lista de imputados, fallecieron antes del juicio oral.
A todos ellos se los acusa de haber reunido información sobre la operación «Contraofensiva» y sus participantes, procesarla y difundirla a superiores y subalternos para implementar el plan de exterminio en su contra. La Contraofensiva de Montoneros fue un plan delineado en 1978 por Roberto Perdía y Mario Firmenich, jefes de la organización, que consistió en el reagrupamiento de militantes que habían sobrevivido a la represión y que se hallaban exiliados en países como México, Cuba y España. El objetivo fue ejecutar acciones armadas y de propaganda que causaran una situación de conmoción y caos que provocaría la retirada de los militares del poder.
Entre los asistentes de la audiencia inaugural –en la que se leyeron los requerimientos de elevación a juicio– estaba Daniel Cabezas, quien formó parte de la Contraofensiva y en agosto de 1980 fue detenido en Campo de Mayo, pero salvó su vida al ser legalizado y trasladado a la cárcel de Caseros. Cabezas afirmó que este juicio es histórico porque por primera vez se habla del “derecho a la resistencia”: “Es fundamental que la historia discuta esto porque marca directamente el presente y el futuro. Esta causa interpela a la sociedad. Da cuenta que como personas tenemos el derecho a resistir a un plan económico, a una opresión sistemática de parte del órgano estatal, movilizados por querer algo mejor para todos”, enfatizó.
Los acusados están imputados por el secuestro, la tortura y la desaparición de 94 personas.
En diálogo con ANCCOM, la fiscal Gabriela Sosti reafirmó la importancia de las instancias jurídicas de reparación y el lugar de movimientos como Montoneros: “En todo caso, habría que pensar los motivos por los cuales el pueblo tomó su derecho de defensa: los pueblos no tienen ganas de estar armados y salir a luchar. Tienen ganas de vivir, de comer, de educarse, de hacer cultura. Cuando a los pueblos se los oprime de determinada manera, uno podría pensar que hasta hay un mandato constitucional para defender los derechos que nos corresponden a todos, para defender la Constitución”.
Se prevé que el juicio se extienda durante todo el año. Las audiencias son los días martes, a partir de las 9, en el TOCF N°4, Pueyrredón 3728, San Martín, provincia de Buenos Aires. Los mayores de 18 años pueden ingresar presentando un documento de identidad.
El nieto restituido Guillermo Amarilla Molfino presenció la audiencia. Sus padres desaparecieron durante la operación Contraofensiva.
Mar 21, 2019 | DDHH, Novedades
Alfredo Mantecol Ayala, Lila Pastoriza, Gabriela Alegre, Ana María Soffiantini, Miriam Lewin y Manuel Franco.
A 15 años de su primera visita a la exESMA tras la recuperación de la democracia, sobrevivientes de ese centro clandestino de detención volvieron a recorrer esta semana el predio que se convirtió en símbolo de la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia.
En el marco de una actividad organizada por el Directorio de Organismos de Derechos Humanos del Espacio de Memoria, Alfredo «Manteco» Ayala, Ana María Rosita Soffiantini, Miriam Lewin y Lila Pastoriza volvieron al lugar donde estuvieron secuestrados para recordar aquella visita motorizada por el ex presidente Néstor Kirchner. Aquella secuencia terminó luego con la transformación de la Escuela de Mecánica de la Armada en un espacio de Memoria.
Quince años después, los sobrevivientes recordaron aquel 19 de marzo. «Había un clima de mucha emoción, pero también de tensión», recordó Lewin. La periodista participó de esta nueva recorrida y de la charla posterior a la que también se sumó Gabriela Alegre, ex legisladora y parte del grupo de organización de aquella visita.
Lewin confesó: “No quería participar de la visita porque consideraba que, si estaba el Presidente, era un acto público y debía participar la prensa. Igualmente, el hecho de encontrarme con mis compañeros y saber que uno está ahí, me hicieron asistir, más allá de las diferencias”.
«La memoria y la búsqueda de la verdad es una construcción en la que tenemos que intervenir todos»
Los sobrevivientes recordaron que fuera del predio, sobre la reja que da a la Avenida del Libertador, se manifestaba un grupo de padres de cadetes que no querían ser trasladados. “Había carteles, gritos, nos increpaban, y nosotros simplemente los mirábamos”, dijo Lewin. Y agregó: “Había un acuerdo tácito de no responderles de ninguna manera”.
También recordó que recorrieron el predio en grupos de dos o tres personas, reconociendo el lugar y las modificaciones que había sufrido. “Había un equipo de presos especializados en carpintería, plomería, que se ocupaban de correr paredes, bloquear de puertas, anular ascensores, para evitar el reconocimiento del lugar”, recordó.
Por su parte, Soffiantini destacó que el recorrido de aquel entonces fue “realmente impactante. Resultó un hecho trascendental para la Memoria y para buscar la verdad, una construcción en la cual tenemos que intervenir todos”.
La visita conmemoró la primera vez que los sobrevivientes reingresaron en libertad al predio, por iniciativa del entonces presidente Néstor Kirchner.
Lila Pastoriza definió aquella época como un tiempo de mucho debate. “Había gente que no creía que había que expropiar, incluso hasta el día de hoy”, reconstruyó Pastoriza. “Fue importantísima la decisión política de Néstor Kirchner -aseguró-, que fue un tipo absolutamente convencido de todo lo que había que hacer en ese sentido. Fue muy genuino en esta cuestión”.
“Esa visita del 19 de marzo fue un antes y un después para nosotros –agregó-. Fue encontrarse con un lugar en donde habíamos estado, habíamos reconocido, habíamos hablado en el Juicio a las Juntas sobre este lugar, habíamos declarado en el exterior, habíamos hablado mucho, pero no habíamos vuelto”.
Mantecol Ayala recordó unos días previos a la visita del 19 a la ex ESMA. “El domingo anterior me había llamado el secretario de la Presidencia y me había dicho que Néstor Kirchner quería entrar conmigo a la ESMA. Y yo no sabía qué decirle. ‘¿Qué Néstor?’, le pregunté”, recordó.
“El día que visitamos el predio por primera vez -continuó-, me bajé del micro y Néstor abrió los brazos como a 30 metros de donde estaba y me saludó. ‘¿Qué hacés Mantecol?’, me dijo. Me puso su mano en mi hombro y me pidió que le cuente todo sobre el lugar. Esos días fueron de una total locura para mi corazón”, declaró.
«Kirchner me puso su mano en mi hombro y me pidió que le cuente todo sobre el lugar», recordó Ayala.
Alegre recordó el proceso “complejo” para organizar la apropiación del predio, entre Nación, la Ciudad y los diferentes organismos defensores de los derechos humanos: “En aquel entonces, como también hoy, había un debate muy fuerte en torno al destino del predio”, dijo y continuó: “Con Nación hicimos la lista de los sobrevivientes y fue una oportunidad impresionante poder entrar. El edificio estaba en funcionamiento, todavía había dormitorios de cadetes”.
De cara a un nuevo aniversario del golpe militar, este domingo 24, el Espacio Memoria y Derechos Humanos inaugurará la muestra “Conquistas de la memoria” el sábado a las 18:00. Por la noche, se realizarán “audioguías” y proyecciones en el edificio.
