Jul 15, 2021 | Culturas, Novedades
Para acceder a artículos científicos, investigadores e investigadoras de todo el mundo utilizan sitios de descarga ilegal e impaga. Las cifras de las visitas a repositorios como Sci-Hub y los pedidos de descargas de sus artículos son enormes: por ejemplo, en 2017 se realizaron más de un millón de descargas desde Argentina, sólo el 1% de las registradas a nivel mundial. Este sitio web se autodefine como el primero en el mundo para proporcionar acceso masivo y público a los trabajos de investigación. En su página de inicio se ve un cuervo negro con su cuerpo pintado como un universo, sosteniendo con su pico una llave. Se trata de un logo que representa a una especie de ave paseriforme que se alimenta de carroña: algo podrido o incluso corrompido. Con esta metáfora Sci-Hub levanta la bandera del acceso libre al conocimiento enfrentando su privatización en manos de editoriales como Elsevier y alza su consigna: “… para eliminar todas las barreras en el camino de la ciencia”.
El uso de sitios “piratas”, latente en Argentina y en otras partes del mundo, se produce en el marco de un sistema de publicación científica oligopólico donde pocas editoriales controlan un mercado con influencia sobre la carrera de quienes investigan. Existen muchas formas de acceso ilegales, explica Carolina Monti, licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información: las llamadas bibliotecas en la sombra (Carolina Monti) como Sci-Hub que es la más popular, bibliotecas en la sombra más pequeñas o específicas de ciertas temáticas y las formas de acceso peer to peer como los pedidos por Twitter, grupos específicos de Facebook o Redit, Torrents, entre otros. Monti junto a Mariano Zukerfeld, Santiago Liaudat, María Sol Terlizzi y Carolina Unzurrunzaga indagaron las particularidades del acceso a la literatura científica en nuestro país y plasmaron los resultados preliminares de su estudio en el informe “Un fantasma recorre la ciencia, el fantasma de la piratería”. ¿En qué proporción y con qué frecuencia se recurre a las descargas llamadas ilegales? ¿Qué motiva el uso de las diferentes herramientas de acceso a los papers y qué representaciones tienen las científicas y científicos sobre ellas?
Para responder estos interrogantes, el equipo de investigación -que no contó con financiamiento ni respaldo institucional específico de sus ámbitos de trabajo- diseñó una encuesta que reunió las respuestas de 368 becarios y becarias e investigadores e investigadoras del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) en diciembre de 2020. Los resultados grafican las prácticas más comunes y presentan una evidencia relevante para pensar las políticas públicas del campo editorial científico así como las reglas del trabajo académico: un 90% de investigadores e investigadoras recurre al acceso ilegal e impago de esta literatura.
Alimentar al monstruo
Ana Sanllorenti, directora de la Biblioteca Central de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, afirma que hay una multiplicidad de factores que explican el crecimiento de las consultas a los sitios que no cuentan con respaldo legal. “El principal es el costo de las suscripciones de las revistas y la situación oligopólica de la edición científica a nivel internacional. Combinados, los cinco principales editores (Reed-Elsevier; Taylor and Francis, Wiley-Blackwell, Springer y Sage) acumularon más del 50% de todos los artículos publicados en 2013. Además de aumentar anualmente el costo de las suscripciones, las editoriales ya no ofrecen títulos individuales sino “paquetes” de títulos, por lo que obligan a Bibliotecas y otras instituciones a suscribir títulos que no han elegido”.
No satisfechos con la obtención de ganancias comparables a compañías farmacéuticas como Pzifer, a costa del trabajo no remunerado de los y las trabajadoras del mundo académico, las editoriales establecieron el APC (Article Processing Charge) debido a las presiones del Movimiento de Acceso Abierto: esto implica que autores y autoras deben “pagar por liberar” su artículo aceptado, es decir para que sea publicado en modalidad abierta. Sanllorenti señala que se suman otros obstáculos para la publicación de los artículos en repositorios abiertos, como los embargos y el rechazo a que la última versión del artículo editada pueda ser incluida en los repositorios. “Lamentablemente, en los organismos científicos de la Comunidad Europea se está aceptando incluir en los presupuestos de investigación el pago del APC, con lo que se estará realimentando el círculo vicioso de que sólo los que tienen mayores recursos económicos serán más difundidos y consecuentemente, citados”, manifiesta Sanllorenti.
Para la experta en Bibliotecología, existe una contradicción entre el criterio principal de evaluación científica (publicar en revistas de alto impacto) y el requerimiento del acceso abierto a través de repositorios o revistas. “Es lógico que los investigadores recurran a estrategias que les permiten acceder en forma gratuita a los artículos que necesitan. La sanción de la Ley 26.899 de Repositorios en Argentina y la organización del Sistema Nacional de Repositorios Digitales produjo la creación de varios repositorios y consolidó los que existían. Sin embargo, conjeturo a partir de mi experiencia en una biblioteca universitaria, que el índice de depósito de artículos científicos -particularmente en Ciencias Exactas, Naturales, Ingenierías y Medicina- dista de ser satisfactorio en relación con la producción y publicación de artículos en revistas”.
Según Sanllorenti se necesitan análisis sobre el uso que se le da a los repositorios para conocer el número de consultas, su procedencia y las citaciones que tienen los trabajos difundidos en ellos. El caso de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA da cuenta de un aumento significativo de consultas y bajadas de tesis de posgrado luego de su inclusión en el repositorio: “En ese punto sí es posible afirmar que el acceso a ese conocimiento ha mejorado con el acceso abierto. Así como también la visibilidad de la producción de los autores y de la institución”.
Gratis y mejor
En el estudio de Zukerfeld y equipo la segunda modalidad más mencionada, detrás del uso de sitios de descarga “piratas”, es la utilización de páginas web que ofrecen artículos científicos de acceso abierto. Sólo el 24% de los encuestados afirmó usar de manera muy frecuente o frecuente vías legales pagas a través de recursos propios, de subsidios o de servicios bibliográficos pagados por instituciones como la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología. Por otra parte, el 75% de las investigadoras e investigadores que utilizan vías de acceso impagas e ilegales, afirmó hacerlo porque no puede acceder de otra forma y un 38% mencionó que le resulta más fácil y rápido de usar que otros servicios. Entre las motivaciones más nombradas, un 67% cree que el acceso a la información científica no debe tener barreras de pago. Además, de los 368 encuestados, 200 creen que estos medios llamados “ilegales” contribuyen al progreso de la ciencia y 139 manifestaron su oposición al lucro que obtienen las editoriales comerciales aprovechándose del trabajo de autores y evaluadores. Entonces ¿por qué la comunidad científica publica en estas revistas?
Sanllorenti explica que cuando un investigador publica un artículo, cede los derechos patrimoniales -los aspectos de explotación de la obra, tal como la comunicación, difusión, reproducción y publicación- en forma exclusiva a la editorial. “Esa es la exigencia de las revistas, sobre todo las de carácter comercial. No debe olvidarse que esas editoriales, además de no retribuir dinerariamente a los autores, se han erigido en árbitros de la calidad científica a nivel global, por cuanto el sistema de evaluación de la ciencia se basa fundamentalmente en el cálculo del índice de impacto de los títulos de revistas, sostenido en la cantidad de citas que reciben”.
Monti, diplomada superior en Comunicación Pública de la Ciencia, agrega que el problema es complejo y las editoriales no ofrecen una remuneración económica ni a los autores ni a los revisores, que son también investigadores. “Incluso a veces son los autores quienes tienen que pagar para publicar allí y, paradójicamente, muchas veces deben hacerlo luego para acceder, ya sea con pagos particulares o a través de suscripciones institucionales que pueden ser millonarias. Existe un sistema de “reputación” en el que los investigadores se encuentran inmersos, con el que son evaluados por sus superiores o las instituciones que les financian sus trabajos, dan becas, subsidios, equipamiento, etc. Es un círculo vicioso del cual, por el momento, parece muy difícil salir”, señala Monti. La maestranda en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes y su colega Carolina Unzurrunzaga, magíster en Sistemas de información digital, explicaron los pormenores del estudio.
¿Cómo surgió la idea de hacer esta encuesta?
CM: El tema de la comunicación y sobre todo el uso de herramientas para el acceso a la información científica es algo en lo que vengo trabajando con proyectos de investigación sobre el Movimiento de Acceso Abierto a los que me acerqué a partir de estudiar la carrera de Bibliotecología. En los últimos años surgieron muchos trabajos de investigación que hablaban acerca del uso de herramientas y sitios de descarga ilegal para acceder a la información científica. La piratería sucede en ámbitos culturales y también en el científico. La realidad es que el uso de estas herramientas es bastante común en todas partes del mundo. Muchos estudios indican que no tiene que ver sólo con la falta de acceso ya que también pasa en regiones donde hay más recursos para el pago de suscripciones. Pocos estudios ahondan sobre el tema en Latinoamérica y ninguno en Argentina. Y nos preguntamos ¿qué estará pasando con los y las científicas argentinas? ¿Cómo acceden a la información que necesitan para sus investigaciones? Para aproximarnos al tema, empezamos estudiando un universo del que teníamos certezas de su dimensión para poder hacer una muestra que nos permita analizar los usos y las representaciones de todo el grupo, por eso tomamos en primer lugar a investigadores/as de CONICET. Más adelante nos gustaría analizar las prácticas y representaciones en otros organismos científicos, tecnológicos y educativos.
¿Qué piensan de las formas de acceso a la literatura científica llamadas ilegales?
CM: En principio es algo de lo que tenemos que hablar más. Ya encontramos evidencia de que existe aquí y en todo el mundo, y sabemos que hacen algo concreto frente a una necesidad de información importante. Tengamos en cuenta que sin poder acceder a la lectura de otras investigaciones, los y las investigadoras no podrían llevar adelante su trabajo. Respecto a las representaciones de legalidad y moralidad sobre el acceso y la difusión de información científica, la mayoría consideró correcto o parcialmente correcto, descargar y circular la literatura científica de la forma que sea (Sci-Hub, redes académicas, redes sociales, etc.). Esto quiere decir que para muchos investigadores, la representación de una acción como ilegal no impide considerarla moralmente correcta. Ahora bien, deberíamos preguntarnos ¿por qué estas herramientas son consideradas ilegales?
¿Cuáles son sus prácticas cotidianas cuando investigan?
CU: Realizando actividades de investigación y de docencia se requiere con mucha frecuencia consultar bibliografía para actualizarse en la temática, para conocer los resultados de estudios recientes, armar el andamiaje teórico y definir la metodología de cada investigación, entre otras cuestiones. Por nuestra formación bibliotecaria estamos al tanto de distintos servicios gratuitos y pagos para descubrir información y nos pasa con frecuencia encontrar el changuito del supermercado con precios en dólares o euros para obtener una copia y poder leer el trabajo. Conocemos -y usamos- botones que se pueden agregar al navegador para localizar la versión libre de los trabajos en repositorios de acceso abierto de todo el mundo, de las suscripciones pagas que tenemos a través de la biblioteca electrónica que financia el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a la cual se nos facilita el acceso desde las bibliotecas de nuestras instituciones, de otros servicios que en estas nos ofrecen para localizar el documento que necesitamos y, sin embargo, en muchas ocasiones el paper solo está disponible si pagamos un precio que suele rondar los 25-30 dólares ¿Caro o barato?, ustedes dirán. Lo cierto es que esto es así porque, en general, les investigadores cedieron sus derechos de explotación a los grandes grupos editoriales comerciales, que acumulan ganancias exorbitantes año a año y a veces hasta les sale regalado editar el trabajo porque el grupo de investigación paga tasas de publicación. Un negocio redondo para los de siempre, mientras hacer ciencia en nuestros contextos sigue siendo cada vez más difícil.
¿Cómo podría disputarse el poder de estas grandes editoriales para garantizar el derecho de acceso a la información científica?
CM: Me parece que la solución solo se podría lograr con una reflexión y debate más profundo. ¿Por qué son ilegales estas herramientas? ¿Por qué hay limitaciones al acceso? ¿Quiénes ponen esas limitaciones? ¿No quieren los investigadores dar a conocer libremente sus investigaciones? La solución creo que viene con un cambio más profundo donde no haya barreras legales, económicas o institucionales a la circulación del conocimiento científico. Esperemos que este tipo de trabajos ayude a generar reflexiones y debates que apunten hacia esos objetivos.
CU: Una de las formas es la que se propicia desde nuestra región con diversas iniciativas que brindan infraestructuras para la edición científica en acceso abierto sin fines de lucro, como es el caso de AmeliCA. Que los propios científicos y las instituciones del sistema científico autogestionen y financien revistas de acceso abierto es hacerle frente al oligopolio editorial comercial. Para esto, es necesario que las agencias de financiamiento apoyen la edición científica nacional a través de programas y se reconozca la calidad científica de las mismas en los sistemas de evaluación. También se requiere que se reconozcan y recompensen las tareas de los equipos editoriales y, a su vez, que se acompañen procesos, se creen capacidades y se formen recursos humanos especializados en las universidades y otras instituciones de enseñanza.
¿Qué pasó desde la Ley de Repositorios digitales institucionales de acceso abierto? ¿Notaron cambios luego de que fuera reglamentada en 2016?
CU: En otra investigación que realizamos con el proyecto de nuestra universidad, el cual dirigió Marcela Fushimi, indagamos las repercusiones de la ley en el desarrollo de los repositorios y evidenciamos que las políticas públicas han impulsado a estas infraestructuras en las universidades nacionales de gestión pública. Sin embargo, actualmente no todas las instituciones del sistema científico nacional las tienen disponibles y la cantidad de producción que disponen depende de múltiples factores, entre ellos que las y los investigadores preserven los derechos de explotación de sus obras al publicar para que pueda difundirse allí. Hoy en día, hay muchas de las revistas que son importantes para los distintos campos disciplinares que cobran precios exorbitantes por publicar y/o para asignar una licencia abierta a fin de poder cumplir con el mandato de depósito que impone la ley, lo que termina haciendo que las y los investigadores pidan excepciones o bien que ese dinero salga de los financiamientos que obtienen.
¿Creés que la comunidad científica es reconocida socialmente?
CM: En la actualidad por todo el tema covid, la ciencia se ha vuelto una de las protagonistas de las noticias, hasta discutimos sobre artículos de The Lancet. Sin embargo, creo que los temas son tomados de forma muy superficial y eso tienta a la proliferación de las llamadas fake news. Yo creo que es necesario una comunicación pública de la ciencia en donde participen tanto periodistas/comunicadores como científicos. Creo que es importante comunicar y conocer sobre el quehacer de nuestrxs investigadores, porque si queda invisibilizado, se hace muy difícil el reconocimiento. Esta pregunta me hace acordar a los resultados de la última Encuesta Nacional de Percepción Pública de la Ciencia, que fue justamente realizada para conocer cómo perciben la ciencia la población general. Lo sorprendente es que la mayor parte de la población destaca la importancia de la ciencia para el país y considera que el Estado debe invertir más en ella, sin embargo, los resultados muestran que se informan o interesan poco y que la mayoría de las personas no puede mencionar más de una (y muchos ninguna) instituciones científicas argentinas, siendo tantas y de temáticas tan variadas las que existen en nuestro país.
Jul 3, 2019 | Comunidad, Novedades
El presupuesto de ciencia e investigación era de 21 mil millones de pesos en 2015. Este año apenas llega a 13.100 millones.
Cientificidio». Así definen los investigadores al proceso de desfinanciación del Conicet que comenzó a fines de 2015. Desde entonces, el ajuste económico viene cambiando las reglas de juego para las instituciones dependientes del gobierno. La ciencia no pudo escapar de este destino. Ya en 2018, el Ministerio de Ciencia y Tecnología había sido degradado a Secretaría a través del decreto 801/2018, y este año, el ingreso de sólo 450 postulantes a la carrera de investigador científico acentúa la pauta descendente de las políticas ejecutadas por Cambiemos.
En 2015, el presupuesto asignado a ciencia e investigación era de 21 mil millones de pesos, y fue disminuyendo anualmente, llegando este año a los 13.100 millones, según un informe de la Universidad de Avellaneda. En comparación, es un 37,6% menos. Si se observan los recursos exclusivos del Conicet, en 2015 se invirtieron 6.400 millones de pesos, mientras que este año la cifra fue de menos de 5 mil millones. En una carta pública, redactada durante el mes de abril por cinco de los ocho directores de esta institución, se mencionan salarios por debajo del nivel de pobreza, imposibilidad en la renovación de cargos, cesación de pagos de compromisos ya asumidos e imposibilidad de uso de herramientas de promoción del conocimiento, como algunas de las situaciones que enfrentan los científicos a diario.
El total de postulantes a la carrera de investigador científico para el año 2019 fue de 2.595, pero los resultados de la comisión evaluadora, publicados en el mes de abril, revelaron que más de dos mil quedaron excluidos.
Esta año ingresaron 450 postulantes a la carrera de investigador científico. Otros 2.000 quedaron afuera.
Julián Corach, Doctor de la UBA en el Área de Ingeniería y uno de los afectados por este recorte, se manifiesta sobre los nuevos métodos de evaluación, incorporados en 2018 para el ingreso al Conicet: “El llamado 2018 fue el primero en que se explicitó cómo se iban a otorgar los puntos en la evaluación; cuánto valía cada publicación, cuánto valía cada congreso o cuánto valían los cargos docentes y demás. La evaluación en sí es un número, pero no tenés idea de cómo se llega a ese número. Yo tengo buenos antecedentes de docente y los han puntuado mal, me han dado pocos puntos en categorías que pensé que iba a estar saturando esos ítems.”. Esto deja entrever cómo el sistema de puntuación también puede funcionar como una herramienta excluyente, habiendo casos de postulantes que quedaron afuera con 98 puntos sobre 100.
Otra de las consecuencias del recorte presupuestario es la eliminación de temas de investigación de áreas estratégicas. Corach habla del biodiesel y las energías alternativas: “El biodiesel es un combustible alternativo que en Argentina se produce principalmente con aceite de soja . Cuando me presenté a la beca de post-doctorado, allá por el año 2017, ya no era un tema estratégico. Fue sorpresivo porque el tema energías renovables es ´el´ tema’dentro de los temas estratégicos que, más allá de la coyuntura, es una energía renovable y un producto que en Argentina es muy fuerte. Somos unos de los principales productores y exportadores del mundo.”
El área de Bioenergía no fue la única afectada. “En el caso de Salud, sé que en el Malbrán sufrieron bastante el recorte de presupuesto. En este lugar se hacen investigaciones, por ejemplo, con antiofídicos, y trabajan con tuberculosis y varias enfermedades infecciosas, y sé que habían estado bastante complicados en el último tiempo. De hecho, sé que en Chagas también hubo bastante recorte. Carreras que son de temas endémicos no fueron consideradas como estratégicas para los ingresos, y en países en vías de desarrollo son muy importantes. Sin embargo, no son prioridad”, comenta María Soledad Gori, bióloga especializada en Farmacia y Bioquímica, y dejada afuera del Conicet el año pasado.
En cuanto a Ciencias Sociales, sector en donde sólo entró el siete por ciento de los aspirantes, la doctora en Letras de la UBA Paula Daniela Bianchi, señala: “(Lino) Barañao afirmó que iba a mantener la misma cantidad de investigadores y la misma calidad en ciencia que el gobierno anterior y lo primero que hizo cuando asumió fue todo lo contrario. Se retoma el discurso exclusivo, siempre tomando a la educación y a la ciencia como un gasto, y no como una inversión.” Bianchi fue otra de las investigadoras dejada afuera del Conicet en 2018.
En esta misma línea se pronuncia Maximiliano de la Puente, Doctor en Ciencias Sociales de la UBA : “La crisis científica en realidad no es un problema económico, no es un problema presupuestario, es un problema que se soluciona con muy poco dinero. Uno tiene que entender que acá hay un problema político, ideológico. Hay un proyecto de modelo de nación, donde se quiere convertir a Argentina de un país productor de ciencia a uno importador de ciencia”. De la Puente, docente de la Universidad Nacional de Moreno (UM), agrega que “la idea es que Argentina sea un país periférico en el concierto de naciones a nivel mundial, que no produzca ciencia ni científicos.”
En cuanto al futuro, los científicos se enfrentan a un panorama incierto. Gori sostiene: “Con este recorte masivo, a los investigadores le quedan dos opciones. La primera, la más conocida y la más difícil, la fuga de cerebros. Los que terminamos todas las becas que podíamos tener, trabajamos precarizados, y fuimos formados por el Estado como una inversión. El sistema nos está expulsando. El otro punto es terminar en docencia, o con becas, precarizados, sin aguinaldo o aportes jubilatorios, tratando de conseguir algo que nos dé de comer, sin poder proyectar. Los cargos docentes tampoco son tan extensos. Por eso necesitamos la planta permanente, porque uno adelante un plan de trabajo que sea largo.”
Las promesas incumplidas llevan a los científicos a agruparse y protestar para poder continuar con su trabajo y su aporte a la sociedad. “Hace 4 años que venimos tocando puertas y manifestándonos -comenta Gori-, cuando el recorte es cada vez peor, y cada vez se consiguen menos cosas. La verdad es que no tenemos muchas esperanzas.”
En esta dirección, el pasado 14 de mayo la Plaza de Mayo se llenó de testimonios. Los científicos, una vez más, llevaban la protesta a la vía pública, esperando que alguien los escuche. La jornada esta vez se llamó “#Cientificxsenlacalle”. Durante todo el día, contaron a través de carteles sus historias de solicitudes no aprobadas, así como también de la eliminación de las investigaciones. Luego, se tomaban fotos con el hashtag para poder viralizarlas en redes sociales. Los organizadores fueron la Compañía de Funciones Patrióticas, un grupo teatral con apoyo de la Red de Afectados del Conicet, y la Comisión contra la Discriminación Etaria en Ciencia (CODEC).
En respuesta, el gobierno a fines de mayo realizó un anuncio: un aumento en el presupuesto para Ciencia. El incremento era de mil millones de pesos, pero en realidad, la mitad de esa cifra ya estaba presupuestada y hasta el momento no había sido ejecutada. Es decir que el aumento fue solo de 500 millones de pesos. La comunidad científica se manifestó en disconformidad contra el “falso” anuncio, y sostuvo que el aumento no alcanza para solucionar todos los problemas que enfrenta el sector.
May 18, 2018 | Novedades, Te puede interesar, Trabajo
Los trabajadores de Télam se reunieron ayer en la sede de Belgrano 347 para realizar una Asamblea General. Los ataques hacia el personal y el acotamiento del servicio en las últimas semanas dieron lugar a que se organicen para resistir ante la hipótesis de una liquidación de la empresa. Si el Directorio no revierte la situación, dicen, tomarán medidas de fuerza.
La agencia de noticias Télam fue fundada en 1945.
Los episodios de censura directa en la agencia se fueron multiplicando. “Recolectamos más de 50 casos de cables que nunca fueron publicados, en secciones blandas que se supone que no hay demasiados temas conflictivos para la línea editorial del Gobierno”, dijo Mariano, uno de los primeros trabajadores en exponer durante la asamblea.
La reconversión de textos se ha vuelto una práctica cotidiana incluso en secciones como Cultura y Espectáculos. Pero la situación de malversación informativa se ve ahora agravada con la eliminación y bloqueo del material directamente por el editor de texto. Tal fue el caso de la nota sobre la revocatoria judicial al sobreseimiento del titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos Hernán Lombardi, en una causa por fraude en la compra de hectáreas para un parque nacional. El artículo salió al servicio un día después, presionado por la denuncia de los trabajadores, pero quedando sin efecto dado que ya había pasado por todos los medios nacionales.
“Preferimos seguir profundizando la denuncia pública del acotamiento de los contenidos porque estamos convencidos de que la defensa de nuestros puestos de trabajo también se hace demostrándole y contándole a la sociedad la misión de nuestra tarea, que es la defensa del derecho humano a la comunicación”, concluyó Mariano.
Otro de los puntos clave del debate fue el agotamiento y desecho de contenidos. Por un lado, se cerró la sección Reporte Nacional, que era de suma utilidad para los medios del interior, e incluso había logrado éxito comercial. Asimismo, sus suplementos Tecnológico, Deportivo, Para Chicos y Literatura fueron arrasados luego de 366 ediciones. “Tengo la sensación que en las últimas asambleas hay un clima de velorio –exclamó con pesar otro compañero-. No hacemos más que velar a Reportes Nacionales que se murió, a Publicidad que no tiene más trabajo, a los colaboradores de Cultura, a los colaboradores de Historietas Nacionales…Perdimos todo”.
Si bien los miembros de las áreas eliminadas son reubicados en otras, los puestos en su esencia se pierden. Un trabajador de Infografía agregó: “Es como si hubiéramos puesto una cámara fija panorámica hacia el séptimo piso. Hace meses estaba lleno de compañeros; cuatro, cinco líneas de escritorios llenos de computadoras, y hoy somos tres compañeros trabajando ahí. Es elocuente de lo que está haciendo Télam con nosotros. Esos puestos no se recuperan aunque los reubiquen. Y en algunas secciones se va a dar un sobredimensionamiento de gente que no va a tener nada que hacer, porque los cables se reducen, las coberturas se reducen, las investigaciones se reducen. Entonces la empresa un día va a decir ‘Bueno en esta sección sobran cinco, no tenemos donde más ubicarlos. Fuera’”.
Por otro lado, también está en vilo el archivo sobre los juicios de Lesa Humanidad. Los trabajadores no confían en que la agencia sea garante del material documental. En Infojus (Sistema Argentino de Información Jurídica) el archivo se preservó porque los periodistas y fotógrafos realizaron un back-up propio y lo subieron a la web o cedieron a agencias. “Lo de Derechos Humanos se puede ceder a organismos; el de Reporte Nacional se puede subir a las bibliotecas, o las hemerotecas que hay en el país. Pero la tarea de defensa del archivo tiene que ser una cosa de este colectivo. Lo tenemos que hacer nosotros”, propuso un trabajador del sector de Infografía.
En el último año, se decidió el cierre de cinco secciones informativas.
A esta serie de hechos se suma el caso específico de Marcelo Bartolomé, quien recibió una sanción sin goce de sueldo por haberse negado a infringir el Estatuto Profesional. El área de Audiovisuales funciona con sus cronistas, camarógrafos y editores, que trabajan con material propio. En cuanto al material de terceros, por un lado Télam tiene convenios con otras agencias para hacer uso de éstos; y por otra parte edita videos de organismos públicos, pero siempre aclarando las fuentes. Al margen de estas modalidades, no puede adjudicarse material ajeno. En el marco de una entrevista a Michelle Bachelet hecha por un redactor corresponsal de Télam en Chile, Bartolomé se negó a editar la filmación porque quien grabó el video no era del equipo de esta agencia. Ergo, hubiese violado el convenio. “El material salió al servicio –explicó Bartolomé-. Lo editó un jefe bajo su propia responsabilidad. Esto dio lugar a la apertura de un sumario, de una investigación. Tuve que ir a declarar, yo y otros compañeros. Eso fue en enero. La semana pasada me comunican a mí individualmente que me suspendieron”. Para él, esto es otra medida de disciplinamiento de los trabajadores: “La advertencia de ‘cuidado con lo que hacen, porque si no te tiramos por la cabeza con tal o cual sanción’”.
Todos coinciden en que para dar la lucha, deben unirse independientemente del sindicato de Prensa al que pertenezca cada uno. “La buena voluntad, la disposición al diálogo, la permanente vocación de ir a discutir las cosas tiene sentido cuando del otro lado tenés respuestas –señaló Bartolomé-. Pero lo que recibimos es agresividad. La agresividad no es solo poner una sanción. Vaciar una sección, dejar sin laburo a los compañeros, cerrar el Reporte, hacer desaparecer los suplementos… Eso también es agresión. Entonces creo que el tiempo de la discusión, de la buena voluntad, se terminó. Lo que se tiene que organizar ahora es un plan de lucha que ponga trabas al avance de estos facinerosos. Y además, cuentan con la colaboración de facinerositos que por un sueldito, un carguito, o una sección mejor, colaboran en este desastre que están haciendo en la agencia”.
Los trabajadores acordaron una nueva asamblea para el próximo jueves en la sede de Bolívar 531. En el plazo que hay antes de la reunión, apelarán al Directorio para que revierta la situación, y realizarán batucadas en ambos edificios para incentivar la concurrencia.
Mar 25, 2018 | DDHH, Novedades, Te puede interesar
Con una Plaza de Mayo colmada en su mayor parte por ciudadanos autoconvocados, se celebró ayer el acto central por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. A las 16.30, con la lectura de un documento que duró aproximadamente una hora, los organismos de derechos humanos recordaron a los 30 mil desaparecidos, volvieron a denunciar el plan sistemático de desaparición de personas y la complicidad civil y subrayaron el “retroceso en las conquistas de los derechos humanos” durante el gobierno de Mauricio Macri. “Cuando hay voluntad política los Derechos Humanos puede ser política de Estado”, enfatizó la presidenta de Abuelas de Mayo, Estela de Carlotto.
Sobre el boulevard de la calle Carlos Pellegrini, Elsa Lombardo va y viene, corretea por ahí con su nieta Micaela bajo una pequeña arboleda que oxigena la avenida 9 de Julio. Juegan. Ríen. Después de un rato se sienta en un banco, con la respiración un poco agitada recuerda: “Yo trato de reírme todo el tiempo, pero estuve en el infierno”.
Elsa fue secuestrada la noche del 28 de julio de 1978 en la casa en que vivía con sus compañeros Enrique Ghezan, Isabel Fernández Blanco y su bebé de 40 días, en Munro. La brigada operativa de El Olimpo, un centro clandestino de detención, la secuestró cuando cocinaba polenta con chorizos. “Una vez que me tuvieron reducida se comieron la comida, se iban turnando”, recuerda.
A casi 40 años de su peor pesadilla, ofrece un taller literario en ese mismo lugar. “A mí me costó mucho volver al Olimpo, empecé a ir de a poco hasta que en un momento se me ocurrió dar un taller literario, y me dijeron: un solo día no, los talleres son de marzo a noviembre. Y así empecé a ir”. Algo emocionada, confiesa estremecerse cada vez que entra, “pero cuando estoy ahí digo: `Acá estoy compañeros, acá estoy´”.
Abrazo, lágrimas, sonrisas, familias y cánticos acompañaron al colectivo Historias Desobedientes y con Faltas de Ortografía, integrado por hijos y nietos de represores que condenan los crímenes realizados durante la dictadura por sus propios padres. Fue su primera movilización como colectivo un 24 de marzo. El grupo tiene menos de un año, se fundó después del fallo judicial que habilitó -temporalmente- la aplicación del 2×1 para los crímenes de lesa humanidad.
En la intersección de Lima y Avenida de Mayo, la directora del documental La guardería, Virginia Croatto, toma mate, charla y se ríe como una ciudadana más que va a la Plaza de Mayo a pedir Memoria, Verdad y Justicia. “Lo que más me atrapó era ver cómo nos afectaba a los niños lo que estaba pasando”. El documental muestra el exilio de los hijos de los militantes en Cuba, del cual Croatto fue parte. “Creíamos que teníamos un tío que iba a hacer aparecer a todos nuestros familiares que habían desaparecido”.
Las noticias que llegaban al país caribeño no eran las mejores y tener que contárselas a un niño no era una tarea sencilla. “Cada vez que había que contarle a un chico que un familiar se había muerto, se esperaba a que venga otro familiar a darle la noticia, había mucho respeto en ese sentido”. No obstante, el espíritu de la niñez seguía latente en la guardería: “Nosotros mismos convertimos la información que nos daban los grandes en relatos infantiles. A nuestra manera entendíamos la revolución y los ideales de nuestros padres. Igualmente, sabíamos que estaban desaparecidos, pero creíamos que iba a aparecer, que iban a volver”.
La principal noticia de la mañana del sábado fue la liberación del ex secretario de legal y técnica de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Zannini y del dirigente Luis D’Elía. ANCCOM habló con él en medio de la marcha: “No pasé por mi casa, del penal me vine directo para acá”, cuenta el dirigente que aún permanece imputado en la causa del memorándum con Irán. Sobre esa causa afirmó: “Está herida de muerte”.
Horacio Pietragalla, hijo de desaparecidos y diputado nacional habló de una mezcla de sensaciones: “Nos levantamos alegres con la libertad de Zannini y D’Elía, pero a la vez te pones triste por tener que festejar la liberación de dos compañeros mientras hoy hay un gobierno que está haciendo pura política de retroceso en Derechos Humanos, discutiendo si los genocidas tienen que estar en cárcel común, en domiciliarias como pretende el ejecutivo”.
Los momentos más eufóricos del discurso de los organismos de Derechos Humanos fueron cuando se repasaron las medidas del gobierno y la justicia. “Le reiteramos al gobierno que no permitiremos ni un retroceso en memoria, verdad y justicia. Ni un paso atrás ni un genocida suelto”, enfatizó Carlotto y Nora Cortiñas, de Madres Línea fundadora, llenó de aplausos la Plaza de Mayo cuando pidió por “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.
Hacé click en la fotogalería y mirá los dípticos de la memoria realizados por ANCCOM:
Mar 12, 2018 | Comunidad, Novedades, Trabajo
El pasado viernes 9 de marzo, a partir de las 9:30 de la mañana, se llevó a cabo una jornada de protesta en el Polo Científico y Tecnológico contra los recortes en el ingreso de investigadores al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y eliminación de becas posdoctorales, entre otros puntos. Las actividades incluyeron paneles sobre el estado de la ciencia con científicos y representantes del Frente de Izquierda y de Unidad Popular, performances de grupos artísticos y un tuitazo. Asimismo, las organizaciones sindicales mantuvieron una reunión con las autoridades del Ministerio y del Directorio del CONICET para exigir una respuesta satisfactoria al conflicto.
El principal problema consiste en la reducción de ingresos a Carrera del Investigador Científico (CIC) para aquellas personas que resultaron doblemente recomendadas en las instancias de evaluación del organismo. “Yo hice toda mi carrera de posgrado financiado por el CONICET, terminé el doctorado en 2015 y me otorgaron la beca posdoctoral en 2016. Me presenté el año pasado a la convocatoria para el ingreso a carrera y soy una de las 411 personas que fueron doblemente recomendadas, es decir, que pasé la instancia de evaluación tanto de la Comisión Asesora como de la Junta pero por cuestiones presupuestarias el Directorio decidió denegarme el ingreso a carrera”, comentó Gabriel Bosquín, licenciado en Letras y doctor en Lingüística.
Concentración de trabajadores y becarios del Conicet ante el ajuste en el organismo.
“Lo que es importante recalcar es que lo que se están cortando son líneas de investigación con el ajuste de presupuesto, no es sólo un número sino qué es lo que se está restringiendo, no sólo es un ingreso o una fuente de trabajo sino que también es una forma de pensar el mundo”, agregó.
Julieta Haidar, becaria doctoral del CONICET e integrante de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), fue afectada por los recortes al no ver renovada su beca posdoctoral. “Formo parte de otro grupo, los llamados pendientes de evaluación, porque en septiembre el Congreso de la Nación sancionó una ley en la cual dice que ya no puede haber restricciones de edad para ingresar a carrera, que es lo que venía existiendo históricamente en el CONICET”, declaró. “Entonces, el CONICET lo que hizo fue apartar a aquellos que teníamos más del límite de edad que se establece, que son 35 años, para ser evaluados con posterioridad, y somos otras 400 personas que aún no tenemos los resultados de nuestra evaluación para el ingreso a carrera. Hoy estamos con esta situación: 400 personas directamente expulsadas del organismo y otras 400 que no saben cuál va a ser su futuro laboral”.
Juan Ignacio Felice, becario posdoctoral en la Facultad de Medicina de La Plata, con una investigación en curso sobre mecanismos moleculares de la generación de arritmias cardíacas, también resultó perjudicado por los ajustes presupuestarios. “Esto implica un corte en todas las líneas de investigación y colaboración que yo había empezado, tanto con gente de Argentina como del exterior”, aclaró.
“También hay otra situación: CONICET no está pagando las licencias por maternidad a las compañeras que han tenido hijos durante el transcurso de las becas, mediante artilugios legales les están diciendo que como tendrán unas prórrogas en sus becas no les van a pagar los casi cien días de licencia que les corresponden”, agregó María Soledad García, antropóloga y arqueóloga. “Hay alrededor de 15 compañeras que están en esta situación”, dijo.
El Polo Científico Tecnológico en la calle Godoy Cruz.
Por otro lado, los afectados denuncian sufrir un estado de precarización laboral. “No estoy en planta permanente, no recibo un salario sino que recibo un estipendio, y no tengo todos los derechos de los trabajadores a pesar de que CONICET te pide exclusividad, es decir, que no podés tener otro trabajo, solo es compatible la beca con un cargo docente simple”, explicó Silvia Nassif, otra becaria doctoral damnificada. “Es muy tremendo, sobre todo para las Ciencias Sociales, porque cuando te quedás sin la beca te quedás sin nada, y muchos de nosotros somos docentes ad honorem”, redondeó.
Los científicos afectados dicen que las medidas de fuerza y las jornadas de protesta continuarán hasta tanto se salde el conflicto. Laura Romano, becaria doctoral del CONICET e integrante de la organización Becarios Empoderados, comentó a ANCCOM: “En principio vamos a permanecer movilizados, vamos a seguir haciendo actividades en el Polo Científico para darle visibilidad al conflicto. A principios de abril habrá otra reunión, así que seguramente iremos los distintos espacios para apoyar a los compañeros que participen de ella y haremos varias actividades allí, y después se está pensando en hacer una marcha más grande”.
