Resistencia disca

Resistencia disca

En rechazo a los 340 despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la organización «Discas en lucha» realizó una asamblea abierta que reunió a más de 40 colectivos. Derechos civiles que se pierden y familias sin trabajo.

En la sede de Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el barrio porteño de Núñez, Discas en lucha organizó un acto de rechazo y denuncia por la situación crítica que enfrenta el organismo, afectado por despidos masivos, recortes en pensiones, la eliminación de programas de accesibilidad y el cierre de centros de atención en todo el país.

Laura Alcaide, referente de Discas en lucha y de Orgullo disca, destacó que muchos de los despidos ocurrieron a nivel federal, particularmente en los centros de referencia. “Son puntos de acceso clave para trámites de servicios como el certificado único de discapacidad y otras gestiones. La desaparición de estos puntos ha dejado a los trabajadores sin empleo”, señaló.

Otros programas vitales de la ANDIS también han sido afectados, incluyendo la asignación de pensiones, el programa de apoyos para personas con discapacidad y el Programa Incluir Salud. Según Alcaide, los 340 despidos representan el 25 por ciento de la plantilla total del organismo, lo que significa que actualmente está funcionando con un cuarto menos de su personal.

Los trabajadores de ANDIS se encuentran en una situación laboral precaria, con la cancelación de contratos que afecta a dos tipos diferentes de empleo. Por un lado, se encuentran los contratos bajo el Decreto 1109/2017 para monotributistas, y por otro, los transitorios regulados por el Artículo 9 de la Ley de Empleo Público, los cuales deberían renovarse automáticamente de forma anual.

Ante la expiración de estos contratos, los trabajadores se ven confrontados con la negativa de renovación. “Esta situación resulta particularmente injusta para aquellos compañeros y compañeras que han dedicado más de veinte años de su vida laboral a la institución, dejándolos sin indemnización y sin posibilidad de acceder a un fondo de desempleo, en un mercado recesivo que no tiene oportunidades laborales”, afirmó Maive Fernández, licenciada en Audiovisión y trabajadora despedida de la Dirección de Accesibilidad de la ANDIS.

Según Fernández, las autoridades no han dado una comunicación clara. La justificación que se ofrece es una presunta reducción de gastos, según notas oficiales de la Gestión Documental Electrónica (GDE), el sistema de uso obligatorio para todos los empleados estatales que, sin embargo, presenta una limitación significativa: no es accesible para personas ciegas a través de lectores de pantalla. Esta carencia convierte al sistema en excluyente.

Guadalupe Bargiela, activista de Orgullo Disca, trabajaba en ANDIS desde el año 2020 en el sector de correspondencia de mails. En febrero recibió su despido por GDE, web inaccesible para ella. “Le tuve que pedir a mi mamá que me la lea. Es una violación a la autonomía y a los derechos humanos, esa notificación debería llegar en persona”, explicó.

María Florencia, quien ha ejercido como profesora de danza movimiento terapia en la unidad de Deporte, Recreación y Cultura del ANDIS desde el 2010, expresó su desconcierto ante su despido: «Realicé un trabajo valioso y ampliamente reconocido por la Agencia, pero parece que este Gobierno no valora ni la danza ni a las personas». Su situación se torna aún más complicada al ser madre de una niña con discapacidad y depender económicamente de su empleo, al igual que muchos de sus compañeros.

Hasta el momento, los trabajadores despedidos no han recibido compensación alguna, ni han sido reincorporados a sus puestos. Frente a esta situación, surgió la necesidad de convocar a la asamblea abierta que se realizó el pasado sábado 20 de abril y que contó con la presencia de representantes de organizaciones sociales, sindicales, del colectivo disca y sus familias.

Hubo adhesiones de referentes políticos, como el diputado uan Marino, del Partido Piquetero (UxP), quien presentó un pedido de informe al Gobierno para obtener detalles sobre los despidos. La diputada porteña Alejandrina Barry, del Frente de Izquierda, también participó del acto: “Junto a mis compañeros Myriam Bregman y Nicolás del Caño presentamos un proyecto de emergencia en el Congreso de la Nación”, comentó. Mientras tanto, los 340 despedidos de ANDIS y sus familias continúan en la incertidumbre.

Cooperar antes que competir

Cooperar antes que competir

La Red de Alimentos Cooperativos organizó un encuentro regional entre organizaciones productoras y redes de distribución con el objetivo de compartir problemáticas y soluciones comunes para un sector que también es atacado por el Gobierno de Milei.

Unas cuarenta cooperativas y emprendimientos familiares del Área Metropolitana de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y de algunas otras provincias se reunieron en un depósito de la Red de Alimentos Cooperativos, en la localidad de San Martín, el sábado último, desde las 9 de la mañana en un Encuentro Regional para reflexionar sobre las dificultades del sector y trabajar para encontrar soluciones comunes a sus problemas.
Las estanterías del galpón donde se realiza el encuentro sostienen cientos de cajas con stock de las cooperativas que componen a la red: paquetes de yerba Tucanguá e Isondú, distintas harinas agroecológicas de La Permanencia, cajas de cereales de Cerealcoop y Cibo, puré de tomate La Otomana, aderezos de Salsa Areco, embutidos y quesos ahumados de No es soberbia, fideos secos de harina integral de Cauqueva, Mieles de Fecoapi, hongos de Fungican, dulces y mermeladas de Flor del Jardín y La huerta familiar, aceites de La Federal, entre otros productos. Delante de los estantes, hay una ronda de sillas que se abre por todo el salón. Al fondo, queda una mesa con masitas de la cooperativa Mielcitas, tés y mates para los que empiezan a llegar. Se forman las rondas. Hay por lo menos cinco termos circulando.
A lo largo de todo el encuentro, van llegando los representantes de los diversos emprendimientos, científicos del Conicet, trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), estudiantes de universidades públicas, periodistas de medios de comunicación comunitarios y otra red de comercialización similar a Alimentos Cooperativos: Alta Red. Uno por uno se presentan y suman a la ronda hasta superar la cantidad de sillas disponibles.
Ignacio Vila, de la Cooperativa de Trabajo Alimentando, que forma parte de la red de Alimentos Cooperativos, cuenta que el objetivo del encuentro fue hacer que los emprendimientos se conozcan entre sí y poder intercambiar saberes con otras redes de comercialización similares. “También queremos marcar un mensaje de que no son nuestra competencia, son nuestros compañeros”. Suma el objetivo de contribuir a llevarse un panorama más general de los recursos disponibles y motivar la articulación y el entusiasmo: “Muchas veces como sector tenemos la autoestima baja. Hay desarrollos muy complejos, muy genuinos y muy lindos y, en muchos casos, no lo terminamos de valorar”. Y finaliza: “Queremos que de acá se vayan con más entusiasmo, con más ganas de pelearla, con la noción de que son parte de un sector. No es una cooperativa suelta ni un grupo de gente que está loca y que armó una cooperativa”.

La red de redes
Agustín D’Alessandro integra la Cooperativa Cibo de Bahía Blanca donde producen alimentos con valor agregado de frutos secos, cereales, granolas, pasta de maní y mix de frutas. D’Alessandro revela que, debido a la escasez de copos y avena, estuvo a punto de cerrar: “Lo llamé a Francisco (Martínez) que se dedica por todo el país, a recuperar fábricas por todos lados. Me llama, me pasa el contacto de Sebastián de Cerealcoop y así empezamos. La verdad que estamos gracias a esa red, dos llamados y un par de mensajes de WhatsApp”.
Sebastián Anta es presidente de la cooperativa Cerealcoop, una empresa que, ante el abandono patronal, fue recuperada por sus trabajadores y trabajadoras y puesta en funcionamiento hace tres años y medio. “Sin previo aviso se dejaron de pagar los salarios”, recuerda. Para Anta, la idea del encuentro es tratar de articular la mayor cantidad de cooperativas en el trabajo: “Nosotros articulamos con cooperativas que usan nuestros insumos, pero a su vez, lo hacemos con otras cooperativas y empresas recuperadas que hacen, por ejemplo, los envases primarios para poder llegar a tener nuestro producto en góndola. Como, por ejemplo, Envases Flexibles Mataderos que nos hacen nuestro packaging”.
Mientras continúan los intercambios, Alejo Rossi es anfitrión en la puerta de la cocina, llevando un delantal y una gorra negra con el nombre de su emprendimiento: Salsa Areco. “No somos una cooperativa nosotros, es un emprendimiento familiar”, corrige mientras fríe una empanada en la sartén. Salsa Areco es una Pequeña Unidad Productiva Alimenticia (PUPA). Esta figura corresponde a la nueva legislación de la Provincia de Buenos Aires que habilita a los microemprendimientos familiares de cocina hogareña para que sus productos puedan llegar a los comercios. El municipio de San Antonio de Areco fue pionero con esta medida que se encuentra vigente desde 2017, mientras que en todo el territorio provincial fue sancionada recién en el 2020: “Esto realmente cambia todo porque hay decenas de miles de familias que cocinan en la casa para vecinos y que exista esta normativa que es completamente desconocida, a nosotros nos permitió tener un laburo”. A contramano del ajuste que está realizando el Gobierno a nivel nacional, el municipio de San Antonio de Areco estrenó en el parque industrial un espacio para que siete PUPAs puedan pasar de la cocina en el hogar a un lugar más amplio y con mayor equipamiento que les permita aumentar la producción.
Desde Jujuy llegó la palabra de Javier Rodríguez que narra el origen de su cooperativa, Cauqueva: “La cooperativa nace en un momento histórico muy delicado para la región, para la Quebrada de Humahuaca en la provincia de Jujuy. Ahí había una extrema pobreza con mucha desocupación, con muchas condiciones muy malas de vida. En ese momento nace Cauqueva (mediados de la década del 90)”. Surgió como una demanda concreta de las familias campesinas de la quebradas cuya cadena productiva se veía afectada por intermediaciones que fijaban los precios de sus productos. Hoy, la cooperativa tracciona no sólo los eslabones de la cadena de producción, la industria nacional y el mercado interno, sino también los lazos con la comunidad, el trabajo digno, la capacitación y la cultura popular: “Las cooperativas están trabajando para que haya una inclusión democrática de diversidades, para un cuidado del medio ambiente y para que haya alimentos sanos, de calidad para los pueblos”.

De la resistencia a la ofensiva
En la puesta en común, las problemáticas más mencionadas por la mayoría de las cooperativas y emprendimientos son: la falta de equipamiento, infraestructura y financiamiento. A esto se le suman la recesión, la parálisis del consumo y los aumentos en las tarifas de energía. Para Natalia De Majo, integrante de la cooperativa Oro del Inca de Quilmes que produce fideos Pasta Sur, milanesas y medallones vegetales, uno de los principales problemas a raíz de las medidas llevadas a cabo por el gobierno de La Libertad Avanza es la derogación de la Ley de Alquileres: “Cuando nos pusimos en enero a buscar un lugar donde mudarnos, había lugares que alquilaban en dólares, todo lo que es fábrica. Si a la gente le está resultando casi imposible alquilar una casa donde vivir, imaginate una fábrica. Todo el sistema inmobiliario está muy inestable y obviamente corre a favor de las inmobiliarias”. En este contexto, la organización tuvo que cerrar una de las fábricas y dejar el equipamiento en un depósito, mientras sigue con la producción de los fideos.
Frente a las dificultades se exponen también los recursos, beneficios, ventajas y logísticas disponibles. De a poco, empiezan a intercambiarse propuestas y articular colaboraciones entre las organizaciones. Francisco Caputo, de la cooperativa Más Cerca Más Justo, pide la palabra y se levanta de la silla. “No nos quedemos en la resistencia, pasemos a la ofensiva”, dice acompañado por un aplauso espontáneo de todos los presentes.
Pasadas las 14 , se anuncia el comienzo del almuerzo. En las mismas mesas que durante la mañana habían sido usadas para el mapeo, intercambio de experiencias y saberes, se encuentran ahora repletas con salsas picantes y criollas, brochettes de pollo frito, tortillas de papa, empanadas fritas, aceitunas rellenas, panes, papas rústicas, vinos agroecológicos, cervezas y jugos, quesos y embutidos. Las conversaciones inundan la habitación que empieza a quedar chica para la cantidad de participantes, que siguen intercambiando proyectos comunes, entre bocado y bocado.
Miguela Varela, organizadora del encuentro y parte de la gestión de Alimentos Cooperativos, habla sobre el futuro del sector cooperativo: “En general, son organizaciones bastante expertas en surfear las crisis de todo tipo, porque siempre es un sector muy débil que acusa muchas faltas vinculadas al acceso a la tecnología, a políticas públicas más claras, al acceso al crédito. Entonces, de alguna manera es un sector que se acostumbró, lamentablemente, a convivir con esas necesidades”. En sintonía con ella, Javier Rodríguez concluye: “A diferencia de una gran empresa, las características de este tipo de cooperativas, más bien chicas, es que tienen estructuras flexibles. Pueden adaptarse, achicarse y agrandarse con una velocidad notable. Hay una elasticidad que permite a las cooperativas rápidamente continuar en las situaciones de crisis”.

Los trabajadores de Télam presentan su propio proyecto legislativo

Los trabajadores de Télam presentan su propio proyecto legislativo

En el festival organizado por los 79 años de la agencia, sus trabajadores juntaron firmas para un proyecto que establezca a la agencia como un medio federal, plural y con control parlamentario.

Durante la tarde del sábado se llevó a cabo el “Festival musical por los 79 años de Télam y en defensa de todos los medios públicos”, en la Plaza del Congreso. Organizado por trabajadores de la agencia nacional de noticias y publicidad que se oponen al cierre que intenta llevar a cabo el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei, contó con la participación de artistas como La Bersuit, La Perra que los Parió, Barbie Recanati y La Chancha Muda, entre otros.
Apenas comenzanda la tarde, los asistentes iban cubriendo el asfalto flanqueado por la dársena de colectivos y el monumento de los Dos Congresos. Del lado de avenida Rivadavia, se iban divisando las primeras líneas de una bandera mientras, en la otra punta, se vendían alimentos y bebidas para sostener el acampe que lleva adelante la agencia, desde que el presidente decidió cerrarla y vallarla.
En el escenario ubicado sobre la vereda, “Taty Almeida”, integrante de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, además de llevar el apoyo por parte de su organización a la causa recordó que su hijo Alejandro Almeida también trabajó en la agencia antes de ser detenido desaparecido por la última dictadura.
Abajo, miembros de Somos Télam, la cooperativa formada a partir del intento de cierre, juntaba firmas entre los participantes y transeúntes para el proyecto de ley que buscan presentar en defensa de la agencia.

Tomás Eliaschev, delegado de Télam e integrante de la Comisión Directiva del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), explicó: “Estamos acá, frente al Congreso, porque tienen la responsabilidad de votar un proyecto de ley para que Télam siga existiendo, sea federal, plural y tenga control parlamentario, que es lo que proponemos los trabajadores”. Y continuó: “Sabemos que hay mucha ignorancia respecto a lo que es Télam y esto nos da la posibilidad de contarle a todo el mundo y también a los diputados, cómo la agencia es un mayorista de noticias y ayuda a que llegue información fehaciente de todo el país para todo el país. Por eso estamos seguros de nuestra victoria”. El periodista remarcó, además, que desde el gobierno sólo se contactaron para ofrecer retiros voluntarios.
Mientras encima de los tablones Rolando Goldman Trío tocaba los acordes de «Hasta Siempre», la reja del Monumento a los Dos Congresos se iba llenando de banderas con consignas, de variados sindicatos y de diferentes agrupaciones políticas. También algunos dirigentes daban el presente entre el público o tomando el micrófono, como Luis Zamora (Autodeterminación y Libertad), Sergio Palazzo (La Bancaria), Celeste Fierro (legisladora porteña del Frente de Izquierda) y Daniel Ricci (Federación de Docentes de las Universidades), entre muchos otros.
En eso, Andrea Delfino, otra delegada de Télam, relató: “Estamos celebrando la lucha, los 79 años de la agencia y de documentar la historia argentina en formato periodístico: en texto, en imágenes físicas, móviles, audiovisual y radio. Un contenido al que hoy no podemos acceder porque el Gobierno de Javier Milei, a través de la intervención, decidió impedir que accedamos a él, además de silenciar la agencia y que no se esté generando nuevo contenido”. Advirtió también que la modalidad de dispensas “la está copiando el sector privado, como el Grupo América”, relevando así la obligación de presentarse al lugar de trabajo. La delegada aprovechó el momento para agradecer a los vecinos y a las organizaciones que pasan a apoyar el acampe que vienen realizando en Bolívar 531: “Tenemos una vecina que es enfermera y pasa todos los días. Estamos 24 horas, los 7 días de la semana y a la intemperie, porque son unas carpas muy lindas, pero no dejan de ser carpas. Es muy emocionante para nosotros recibir el apoyo popular y queríamos, con este festival, devolver todo ese acompañamiento”.
Sobre el proyecto de ley, agregó que, en sus 34 años en la agencia, este fue presentado en cuatro ocasiones “pero esta vez lo trabajamos con abogados especialistas en la materia del SiPreBa y de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren) para que se establezca que el verdadero control sobre Télam lo tengan las fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria y no solo el Poder Ejecutivo. Estamos hablando tanto de participación en la definición de la política editorial como en el control y la transparencia del circuito de la pauta publicitaria”.

Andrea Delfino narró también que tuvieron reuniones con los distintos bloques legislativos e incluso algunas con diputados sueltos del Pro y La Libertad Avanza, de quienes rescató que “no expresaron en un 100% su apoyo, pero por lo menos tuvieron la delicadeza de escucharnos y decirnos que les acerquemos la iniciativa. La juntada de firmas tiene que ver con que la ciudadanía apoye también este cambio fundamental en Télam”. Y concluyó: “El otro día decíamos en una asamblea, lo que estamos haciendo, el acampe, ir a las actividades, salir a juntar firmas, escribir en el portal y difundir por las distintas redes sociales de Somos Télam, es trabajar para volver a trabajar”.
Caída la noche en la Ciudad iban apareciendo los pijamas, pero no porque alguien se fuese a dormir, sino porque se acercaba la presentación de La Bersuit. Antes de subir al escenario, Germán “Cóndor” Sbarbati, uno de los cantantes del conjunto, explicó que participaban “para apoyar a los trabajadores y trabajadoras que por una cuestión injusta se quedan sin trabajo y para poner nuestro granito de arena de cultura a este evento tan importante”. Asimismo, rescató el rol de la agencia en el crecimiento de la banda: “la manera de poder llegar al interior del interior es gracias a Télam y por eso estamos aquí”.
Una vez arriba, comenzaron su show con la canción Huayo 14 como declaración de principios: “Mejor salí, qué vas a hacer, no te quedes en casa/ Porque si no te atrapa la pantalla/ Mejor salí, hay que vivir, no te quedes en casa /Porque al final tanta quietud te cansa”.

Despedidos con historia

Despedidos con historia

Tres historias de víctimas de la motosierra en el Estado, que reflejan la situación de más de 60.000 trabajadores. 

Desde el video de la motosierra en campaña a la realidad efectiva, Milei no mintió: la cantidad de despidos en diversas dependencias del Estado no ha dejado de aumentar desde que asumió. Si bien el dato exacto de la cantidad de trabajadores expulsados del Estado al día de hoy no es certero, el mismo presidente exclamó orgulloso: “Hemos echado a 50 mil empleados públicos. Eso es motosierra. Dimos de baja 10 mil contratos. ¡Eso es motosierra!».

Los tres primeros meses del año fueron críticos para los trabajadores de distintos organismos estatales. La proximidad de los vencimientos de contratos laborales de miles de empleados, junto con la escasez de información oficial, creó un clima de incertidumbre que fue la antesala a una ola de despidos masivos en los últimos días de marzo. Solo en el fin de semana largo de Semana Santa fueron despedidos 15.000 trabajadores.

ANCCOM dialogó con tres personas afectadas directamente por esta política de desguace del Estado, lo que implica un grave retroceso en relación a la protección de derechos fundamentales para la sociedad.

 

Niñeces, adolescencias y familias, más desprotegidas

 Adriana Ortega, licenciada en Trabajo Social, dedicó 23 años de su vida a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). Hasta finales de marzo ejercía el rol de coordinadora de la Dirección Nacional para Adolescentes Infractores a la Ley Penal. Era interlocutora entre las provincias y el organismo central, llegando a tener a cargo la coordinación con 12 jurisdicciones. “No sólo hacíamos los relevamientos exigidos por organismos nacionales e internacionales, sino que diseñábamos planes según las necesidades de cada ciudad y región del país. Además se coordinaban convenios, proyectos y también trabajos con ONG”, declaró Ortega.

El SENAF es el organismo encargado de implementar políticas federales e inclusivas destinadas a promover los derechos de niñas, niños, adolescentes y personas mayores. “Trabajamos con poblaciones de extrema vulnerabilidad: niños abandonados, adultos mayores en situación de pobreza y abandono, mujeres que han sufrido violencia de género, adolescentes en situación de no adoptabilidad, menores y mayores víctimas de explotación sexual y laboral, entre otros. Hay muchísimo en la SENAF: los equipos fuimos abordando desde la asistencia directa y poniendo el cuerpo e incluso nuestros recursos económicos personales para mantener nuestro trabajo”, expresó la trabajadora social.

El miércoles 27 de marzo a las 20.40 llegó un mail a su casilla laboral que indicaba: “Por medio de la presente se le notifica que el contrato oportunamente celebrado con este organismo, en el marco de lo dispuesto por el Artículo 9 del Anexo de la Ley N° 25164, cuyo vencimiento opera el 31 de marzo del corriente año, no será renovado. Queda Ud. debidamente notificado”. “Es un mail que no tiene ni mi nombre, ni encabezado, ni tampoco una firma oficial. El día que lo recibí fue tirar a la basura 23 años de especialización. Es muy fuerte porque yo no puedo ir a ningún lado a realizar la labor que solía hacer porque es un trabajo específico del Estado”, manifestó Ortega.

De la SENAF fueron despedidas 326 personas y quienes quedaron, tienen un contrato “en revisión” hasta el 30 de junio. Se espera así otra oleada de despidos en el organismo. “Echaron personas que eran piezas clave para el funcionamiento de la SENAF. No fue un proceso de análisis cuidadoso, sino un recorte sin ningún parámetro ni criterio. Nadie de la nueva gestión nos pidió explicar nuestras tareas, no hubo evaluación mediante. Tuvimos la mala suerte de que el dedo haya caído en nuestro apellido”, denució la trabajadora social.

El desguace de la SENAF significa la desaparición de “un veedor y un organismo para controlar el accionar del Poder Judicial o de las fuerzas policiales sobre poblaciones muy vulnerables. Es una función que cumple el Estado, que debe ser fortalecida y no diezmada”, finalizó Ortega.

Retroceso en las políticas para las personas con discapacidad

En la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la situación no fue diferente. Guadalupe Bargiela, trabajadora del organismo, declaró: “Muchos se enteraron por un mail o por una lista en la puerta del edificio. Son 340 los despedidos a lo largo de todo el país. Dentro de ellos hay delegados sindicales, personas con discapacidad, personas con licencias psiquiátricas y de maternidad, algunos de planta permanente y otros con contratos de locación de servicios. Es un verdadero desguace del Estado nacional”. Bargiela trabajaba en ANDIS desde hacía cuatro años y se desempeñaba en el área de participación ciudadana, respondiendo mails a la comunidad.

ANDIS lleva adelante la junta evaluadora de discapacidad, que es el órgano controlador de todas las juntas de nivel provincial que emiten certificados de discapacidad y pensiones en todo el territorio nacional. “Además, se realizan talleres para la comunidad en el predio de la agencia, entre ellos clases de tango, escritura, deportes, etc. Otro punto nodal del trabajo de ANDIS es la promoción de la inclusión en todos los organismos estatales con capacitaciones para que estén preparadas para recibir a las personas con discapacidad”, declaró Bargiela sobre las tareas de la agencia. Ella misma es una trabajadora con discapacidad visual; sin embargo, derechos como éste que le garantizó a ella y tantos otros el derecho al trabajo, hoy se ven doblemente vulnerados.

En cuanto a las designaciones de la nueva gestión para el instituto, Bargiela señaló: “Las personas que entraron no saben de discapacidad. En realidad, al gobierno no le importa la cuestión. Para darse una idea, el nuevo director ejecutivo del ANDIS es un penalista”, haciendo referencia a Diego Orlando Spagnuolo, abogado del presidente y ahora cabeza del organismo.

La falta de personal afecta directamente a las funciones del instituto; el desarrollo de programas de inclusión, la atención al público, la ayuda y el otorgamiento de certificados y pensiones son obstaculizados por las medidas del Poder Ejecutivo. “Están realmente vulnerando, más aún de lo que se venía haciendo, al colectivo de personas con discapacidad”, aclaró Bargiela.

Muchos de los trabajadores despedidos se agruparon para tomar medidas de lucha. “Trabajadores de ANDIS en lucha” es el nombre que toma la organización que denuncia la situación de los empleados de la agencia y que el 20 de abril llevará a cabo una asamblea para plantear esta situación que afecta de manera transversal al colectivo. “Seguiremos peleando, mientras que los derechos de las personas con discapacidad estén siendo vulnerados”, finalizó Bargiela.

¿Quién protegerá a los parques nacionales?

Ayelén Arcos es antropóloga y desde mayo del año pasado formaba parte del proyecto Paisajes, promovido por el Banco Mundial. Paisajes es un convenio con Parques Nacionales para la recuperación de medios de vida sostenibles y de paisajes con una mirada socioambiental, a desarrollar en distintas zonas a lo largo del país. Junto a una compañera, era la encargada de las evaluaciones de impacto social y ambiental de las iniciativas de Paisajes en la zona que abarca desde El Chaltén y Calafate (Santa Cruz) hasta Ushuaia (Tierra del Fuego). “Al ser un convenio entre Parques Nacionales y el Banco Mundial, el empleo corre por cuenta del Estado pero el financiamiento del proyecto y los sueldos van por el parte del Banco Mundial, un organismo internacional”, declaró Arcos.

Parques Nacionales también fue impactado por la ola de despidos, la desfinanciación y la falta de definición de autoridades del Poder Ejecutivo: “En “Paisajes”, donde nosotras trabajábamos, había dos obras sumamente importantes: dos edificios de incendios en el Parque Nacional Los Glaciares y en el Parque Nacional Tierra del Fuego. Para poder avanzar sobre esa licitación necesitábamos que alguien firme y no había tal firma, porque ni siquiera se habían definido autoridades”, explicó la antropóloga.

En cuanto a la situación previa a los despidos, Arcos detalló: “Nosotros la veíamos venir, porque el modus operandi es siempre el mismo: hay una especie de vaciamiento de tareas previa. Y, finalmente, como si fuera una profecía autocumplida, esa persona no está haciendo nada y esto justificaría su despido”.

La institución empleaba alrededor de 2.000 personas previamente a la asunción de Milei. “Antes de los despidos se calculaba que por cada funcionario de parque había 8.000 hectáreas. Hoy en día hay muchísima menos presencia. En esta tanda echaron a 80 personas y a mediados de año se pretende echar a 350 más. Es más de una cuarta parte del personal”, aclaró la antropóloga. De la cifra total, muchos eran especialistas que trabajaban en el proyecto Paisajes, aún cuando sus sueldos estaban financiados de manera externa al Estado.

La reducción de personal afecta al cuidado de la biodiversidad y el desarrollo sostenible de los Parques Nacionales. “Pareciera que quieren reducir a Parques a una institución de solo guardaparques y brigadistas, eliminando todas las funciones de conservación. Hay un gran área de estudio de la biodiversidad, encargados de prevenir y manejar incendios e incluso investigación sobre el impacto del cambio climático. Somos muchos velando por las funciones de conservación e investigación que deben tener los parques nacionales”, concluyó Arcos.

Estas historias se multiplican por miles, en muchas dependencias estatales. Mientras que no se logre detener esta política de achicamiento del Estado, cada vez más derechos correrán el riesgo de evaporarse, destruyendo en un instante lo que lleva un largo período conquistar. 

La Biblioteca Nacional se defiende

La Biblioteca Nacional se defiende

Escritores, intelectuales, gremialistas y trabajadores se reunieron en la explanada de la Biblioteca Nacional para reclamar por la reincorporación de los 120 despedidos y hacer un llamamiento en defensa de la cultura.

“¿En serio esto se soluciona despidiendo a 15 mil o 70 mil trabajadores?”, dijo Rodolfo Aguiar, titular de ATE, el martes 16 de abril en la explanada de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno cuando trabajadores y personalidades de la cultura se reunieron para exigir la reinciorporación de los 120 trabajadores despedidos de esa institución y hacer un llamamiento en defensa de la cultura.

La existencia de una biblioteca de libre acceso es de carácter imprescindible para el desarrollo social. Sergio Palazzo, diputado del Frente de Todos que se hizo presente en la Biblioteca, contó su propia experiencia: habiéndose criado en una familia de bajos recursos, siempre recurrió a la Biblioteca Nacional para poder acceder a libros escolares. Y sostuvo que si no fuese por la existencia de esta institución, su formación educativa no hubiese podido concretarse.

Señaló que la Biblioteca debe defenderse por la amplia cantidad de archivos que custodia, mediante los cuales permite conocer y conservar la historia nacional, así como también por la diversidad de libros escritos por intelectuales y científicos de todas las corrientes del pensamiento argentino e internacional.

También se hizo presente en este acto la escritora Claudia Piñeiro, quien expresó su solidaridad con los trabajadores despedidos. “La biblioteca -subrayó- cuida, preserva y difunde el patrimonio bibliográfico y cultural de la argentina”. La autora de La viuda de los jueves agregó que esa tarea no se hace sola, se necesitan trabajadores que lo hagan con seriedad y profesionalismo, y señaló también que este pedido no es únicamente por los trabajadores sino también por el derecho de acceder a nuestra historia porque nos corresponde como ciudadanos. Piñeiro, además,  insistió que todo el material disponible en la biblioteca, siendo de gran valor, cree paradójico que a nuestro gobierno, caracterizado por los cálculos en sí, no pueda medir el valor de los archivos bibliotecarios.

A continuación, tomó la palabra la docente, activista por los derechos humanos e integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida. Habló en nombre de todas las Madres y de todos los organismos que defienden los derechos humanos. Expresó un gran lamento ante la situación del país, señalando que casi todos los días se están llevando a cabo distintos actos en repudio de las medidas del presidente. De todas formas, pronunció palabras de aliento, pidiéndole a la gente que nunca abandone las luchas que nos competen como pueblo, porque “la única lucha que se pierde, es la que se abandona”

Para finalizar el acto, Aguiar exclamó que más de la mitad de esta crisis profunda que está atravesando el país “tiene que ver meramente con las medidas económicas que está impulsando este gobierno, no los anteriores, independientemente de la mirada que cada uno pueda tener”. Y agregó: “Pero yo nunca he visto otro camino a recorrer que no sea

la lucha en la calle y ahí nos tenemos que seguir juntando y uniendo. Todos unidos. Tenemos que ser capaces de preguntar ¿Qué hay detrás de los despidos? Con Milei nos damos cuenta que el Estado se fortalece o debilita depende de quién lo mire. Si lo miramos nosotros, están destruyendo el Estado de la gente, están debilitando el Estado de servicio del pueblo.”

Ya una semana antes de los despidos, efectivizados durante el feriado de Semana Santa, circuló una carta firmada por 21.000 intelectuales y personalidades de la cultura advirtiendo del riesgo que significaba el desmantelamiento de la institución cultural más antigua del país, que precede incluso a la conformación del Estado argentino.

¿Por qué a Milei le resulta tan fácil despedir a los empleados públicos?

¿Por qué a Milei le resulta tan fácil despedir a los empleados públicos?

Ana Castellani, la exsecretaria de Gestión y Empleo Público del gobierno de Alberto Fernández reflexiona tras el despido de 15.000 trabajadores del Estado en un fin de semana. Cuestiones de hecho, limitaciones legales y problemas típicos del empleo público.

Mientras que la marea de despidos en el Estado por parte del nuevo gobierno nacional sigue en aumento y los expulsados se reúnen para organizarse, aumenta la tensión que desemboca en represión y una creciente presencia policial. Este recorte súbito conlleva también el de numerosas funciones estatales.

La desvinculación forzada de 15.000 trabajadores del ámbito público abre una serie de interrogantes sobre el funcionamiento de la administración nacional. ¿Es realmente sostenible una ola de despidos masivos de este calibre? ¿Cuáles son las medidas de prevención de las que disponemos?

ANCCOM se reunió con Ana Castellani, ex-Secretaria de Trabajo de la gestión Fernández-Fernández, para discutir sobre el funcionamiento y las cuestiones de hecho que rodean este periodo marcado por la incertidumbre.

¿Qué posibilita este manejo de la cuestión pública dentro del marco legal? ¿Qué actitud frente a la construcción previa encontrás?
Milei en campaña fue muy claro sobre lo que pensaba del Estado, de las funciones que tenía que asumir: un ámbito de acción mucho más restringido que el planteado por cualquier otra fuerza política con anterioridad. También dejó en claro lo que pensaba del empleo público: se opuso, hasta formalmente, a la realización de concursos en el marco del programa de regularización de la dependencia.
Es importante aclarar que la relación de los despedidos era totalmente formal porque es una relación de dependencia, enmarcada en la Ley de Empleo Público. Son contratos de renovación anual, no una relación informal o de dependencia encubierta. El tema es que no tiene la misma estabilidad y ha sido una herramienta que los distintos gobiernos del siglo XXI han usado de forma excesiva.
Durante nuestra gestión, cuando hicimos el diagnóstico de la situación, identificamos un problema importante: 36 mil personas que trabajaban en la administración pública con contratos en renovación hace 5 años o más. Estos cargos, evidentemente no correspondían a un proyecto transitorio, sino para cumplir tareas sustantivas. Para eso diseñamos un plan de concursos ambicioso que quedó sin efecto con la decisión del gobierno de no patrocinarlo.

Hay mucha confusión con el tema de los concursos, una demanda genuina de las personas empleadas en el sector público, que después se utiliza como demanda política, pero que tiene un problema de implementación elemental: o vas por un DNU que los pase a planta para que venga otro presidente y los saque o vas a un proceso de concursos que lleva en el mejor de los casos un año.

Ana Castellani

Y Milei trunca ese proceso…
Milei retoma el manual de los noventa. No es como el macrismo que consideraba que había ingresado militancia al sistema que había que purgar, la grasa militante. El Estado, que hoy tiene 76 organismos descentralizados, según ellos no tiene que existir y hay que echar gente bajo distintos contratos. Si están bajo el régimen de Ley de Contrato de Trabajo, hay que indemnizarlos. Por eso es más fácil ir contra los llamados Artículo 9, porque son los de menor costo económico. Sencillamente se desvinculan por cese de contrato, más allá de que después haya embargos colectivos y acciones individuales. Pero eso no pasa con todas las reparticiones: había gente vinculada hace 30 años y fue desvinculada a las apuradas, sin ningún registro ni análisis.

Parece que la idea es barrer con todo y después ver cómo seguir… ¿Cómo hacer para seguir avanzando ante tanta incertidumbre?

Lo que pase en empresas regidas por la Ley de Contrato de Trabajo es una cosa. Necesitás pasar por el Congreso. Lo de una dependencia de un ministerio es otra cosa, porque se enmarca en el empleo público. Es muy importante aclarar que no se pone a la gente en la planta de la Administración Pública Nacional. La Ley estipula que solo se ingresa a la planta permanente por un mecanismo de selección abierto, donde el mérito y la idoneidad es evaluada mediante un proceso ya construido. El concurso, en el mejor de los mundos, lleva un año desde que se empieza a armar el expediente que inicia el proceso y su cierre con una designación. No es sencillo colocar a una persona en planta permanente. Hay mucha confusión con eso, porque es una demanda genuina de las personas empleadas en el sector público, que después se utiliza como demanda política, pero que tiene un problema de implementación elemental: o vas por un DNU presidencial que los pase a planta para que venga otro y los saque o vas a un proceso de concursos que lleva tiempo. No hay una varita mágica de pase a planta en la Ley Marco del Empleo Público. Si bien todo empleado público tiene garantizada la estabilidad en la Constitución, cuando tenés un marco regulatorio que establece que cualquiera de las partes puede prescindir de la otra y que presenta la posibilidad de indemnización, se presenta esta inestabilidad. La política de Milei la usa para recortar las funciones del Estado.

 

¿Es esta inestabilidad parte de la irregularidad del marco legal que le da lugar a este tipo de discursos, que estigmatizan el trabajo público?
Acá no hay ningún criterio. Se ha despedido a gente que trabajaba. Nadie puede creer que todas estas personas a las que se está despidiendo efectivamente no iban a trabajar o eran militantes. Como el empleo público es muy vasto y heterogéneo la ciudadanía solo registra que uno hace un trámite y no sabe si es de la nación, provincia o municipio. El empleado público de nación es particular: un 57% de ellos tienen estudios superiores, un porcentaje más alto que los del sector privado, y realizan tareas que requieren de alto grado de profesionalidad. El sistema político tiene que decidir el tipo de administración pública que necesita y cómo sostenerla a lo largo del tiempo. Por ejemplo, al dejar el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) sin conducción, toda la oferta que dejamos construida para la capacitación queda sin implementar, porque nadie la firma y no puede ponerse en marcha.  Entonces no se quiere hacer un Estado más eficiente si no se aprovechan los recursos ya armados. No le interesa mejorar el Estado, sino privarlo de sus funciones.

¿Cuáles son los sectores más golpeados? ¿Cuáles consideras que eran más predecibles?

En primera instancia, Milei gobierna lo nacional. Indirectamente, que no manden fondos a las subdependencias también afecta el salario de sus trabajadores, pero no es una acción directa. La única herramienta federal con la que puede afectar trabajadores públicos de otros sectores es mediante la capacitación federal y eso está totalmente parado. Esta estrategia de no-gobierno es una forma de dejar morir a distintos organismos.

La ciencia y tecnología es uno de los sectores más atacados que todavía no pueden cerrar porque se crearon por ley o por decreto. Además porque tienen demasiado prestigio como para ir contra ellos de forma abierta en esta primera etapa. Pero la desfinanciación, la designación de una dirigencia de baja jerarquía, los deja sin forma de conseguir nada.

La Agencia de Promocion Cientifica y Tecnologia venía mejorando mucho a nivel instrumentos, pero ahora no está funcionando y el sistema científico queda en órbita de un Ministerio de Capital Humano que es un experimento raro, un amalgama de funciones de Trabajo, Educación, Cultura, Mujeres, Género y Diversidad, un mega ministerio imposible de gobernar, puesto a cargo de gente sin antecedentes. Esto va a presentar un problema severo para hacer que se implementen medidas desde él.

Todo gobierno tiene problemas para coordinar la acción del Estado pero este caso es realmente inédito, con muchos cargos aún sin designar y altísima cantidad de renuncias a cargos políticos de autoridad. Esto no pasó nunca, es una inestabilidad de rotación del cuadro inusitada. No es gratis cargarte gente de 15 o 20 años de antigüedad, porque cumplen funciones específicas de una trayectoria al interior del Estado. Eso explica la cantidad de errores de gestión. Esto habla de una fragilidad en la administración de la cosa pública que va a ir en aumento con el correr del tiempo.

 

¿Cómo te parece que le llega al resto de la población? ¿Ves posibilidades de un juicio político?
Es un panorama malo, pero no desolador. Las cosas buenas que tiene la Argentina son activos que no hay que destruir. En esa medida se puede construir arcos de alianza en los reclamos. Por lo demás, el mercado laboral que tenemos ya tenía problemas y ahora empieza a tener otros mayores. La gente no está mejor, eso es objetivo. En algún momento, ya pedís un resultado y sin un sendero de mejora que te dé un horizonte de posibilidad, no vas a resistir mucho.Ahí es que todo esto que fue gracioso y llamativo y le permitió a Milei llegar se vuelve totalmente en su contra: las canchereadas de los funcionarios, los paseos, los premios, los aviones… todo alimenta la indignación. Si no se resuelven los problemas materiales, es difícil que el gobierno consolide el marco de apoyo. Yo lo veo totalmente frágil. Ellos sostienen que esa fragilidad es una virtud. Yo creo que no es una virtud la fragilidad en una fuerza política, es una flaqueza del estilo de liderazgo. Si a eso le sumás la falta de trayectoria, la no posibilidad de articulación y la dinamización de estas articulaciones lo único que les queda es ir a por todo rápido, desatar un “ahora o nunca”. El fracaso de la administración se paga con disconformidad social. El juicio político vendrá después. Si vos echas 11 mil o más empleados estatales, eso se derrama en problemas sobre el sector privado, sobre todos los trabajadores. Toda esa gente entra a competir con vos por un puesto de trabajo y también baja su nivel de consumo. Estabilizar lo macroeconómico no sirve si no tenés un mercado laboral dinámico, porque solamente le sirve a los que están adentro, quienes quedan afuera del mercado laboral, ¿cómo compran alimentos?

 

¿Considerás que algún sector que no conoce el trabajo formal dio pie a este avance a nivel ideológico ?

Si en algún punto hubo sectores que tuvieron funcionamientos que habilitaron esto, no creo que esta sea la solución. Al menos debe acompañarse de cierto armado legal, porque este proceso habilita una gran cantidad de movimiento, pero deja a mucha gente desempleada en una economía ya frenada. La república tiene sus contrapesos, pero ahora no están funcionando como uno esperaría porque todavía hay una idea de que el presidente cuenta con el aval popular. No hay que estar urgido, esto no es el club del helicóptero. Independientemente de cómo le vaya en el gobierno, la llegada de Milei instala ideas muy distintas a las que creíamos parte de la identidad nacional. Esto no es un fenómeno exclusivo de Argentina. Es un fenómeno mundial, donde se corren los límites de lo posible en materia discursos. La fragilidad de la democracia que no ha sabido dar respuestas al resto de problemas cotidianos de la ciudadanía abre el juego político. Todo es cuesta arriba en la gestión. Hoy estás en el mejor momento, mañana estarás peor. La gestión es ardua y cada vez se hace más compleja. Argentina, a diferencia de otros países de la región, sigue teniendo un montón de mecanismos de solidaridad y construcción colectiva como los sindicatos. Por eso se los ataca tanto. Sin tener una visión idílica de ellos, obviamente también son conflictivos, los sindicatos son una forma poderosa de organización colectiva. Eso y los demás sectores que se organicen para hacer frente, son acciones muy importantes. La gente necesita ocuparse con tranquilidad de su vida familiar, doméstica, cotidiana. Ir a trabajar, ir al colegio, hacer un asado cada tanto, juntarse con sus amigos. Pero entre tantos paros, escasez y otros malestares, es todo palo y nada de zanahoria.

La Argentina no es una sociedad suicida. Cuando está peor, sabe decir “Ya basta”. Siempre ha sido así. No pudo la dictadura desmantelarla, con todo lo que se hizo. Así y todo se sigue dando pelea. Imagínate con un gobierno que cada dos años tiene que ver como reválida en las urnas. Ni este ni ningún otro.