La Provincia de Buenos Aires se prepara para la transición energética

La Provincia de Buenos Aires se prepara para la transición energética

Sep 17, 2025 | Comunidad, Destacado 4

Con la reciente creación del Centro de Energías Renovables, el gobierno de Axel Kicillof reafirma su apuesta por la ciencia y la tecnología para el desarrollo de soluciones sustentables, de cara a los desafíos que se vienen.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires puso en funcionamiento el Centro de Energías Renovables, en el Campus Tecnológico de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), en la localidad de Gonnet.

Se trata de un proyecto encabezado por la Subsecretaría de Energía, la CIC y el Programa de Incentivos a la Generación de la Energía Distribuida (PROINGED), con un espacio demostrativo y de experimentación sobre el uso de biomateriales, productos reciclados y arquitectura bioclimática, entre otros.

«La idea es que sea un reflejo vivo de lo que el Programa quiere ser y demostrar. Tiene pautas de arquitectura bioclimática, sustentable y de eficiencia energética en sus sistemas constructivos», destacó Ramiro Borga, uno de los arquitectos que encabezó su construcción.

Inaugurado el pasado 17 de julio, el predio cuenta con una superficie de 1.000 metros cuadrados, su construcción llevó 18 meses y el diseño fue realizado por el Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido (IIPAC) de la Universidad Nacional de La Plata.

El costo de construcción fue de unos 4500 millones de pesos, monto que salió del Fondo Fiduciario con la que se financian proyectos del PROINGED. Consultado sobre cómo se obtuvieron los recursos, el subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, explicó: «Hace 30 años se creó un agregado tarifario, una parte va al Fondo, que es el que financia la expansión del sistema de transporte eléctrico».

Además, comentó que desde 2013 una parte de ese agregado va para «expandir la generación distribuida de energías renovables. En última instancia es plata del usuario que debería ir a la tarifa de las distribuidoras y cooperativas, va para esto».

El edificio, que ANCCOM pudo recorrer, posee dos plantas y terraza con jardín, para que tenga el menor efecto negativo posible y, aparte, para aislar el interior con la capa de tierra. En la planta baja se encuentran los talleres de laboratorio, utilizados para líneas de investigación y desarrollo vinculadas al sector eléctrico. Se trata de un sector con tableros de capacitación técnica para mostrar cómo funcionan los sistemas de generación de energía, como la eólica o el solar (sea fotovoltaica o solar), y su consumo.

«La idea es que, si se requiere el espacio, pueda llegar a haber equipos en cada investigación que estén estudiando, por eso la flexibilidad de este espacio», detalló Borga. Por su parte, el coordinador ejecutivo del PROINGED, Ricardo Lospinnato, señaló que los tableros fueron agregados «para fines pedagógicos y de demostración».

En el Salón de Usos Múltiples (SUM), en la planta alta, funcionan las oficinas: dos son cerradas, tipo pecera, tres en el fondo, una sala de archivos y una planta flexible de oficinas. En una sala se exhiben materiales alternativos, reciclados o biomateriales que fueron usados en el edificio: placas hechas con cáscara de maní; ladrillos de plástico triturado/reciclado (PET) y otros hechos con hongo de micelio; aislante térmico de telgopor reciclado y otro de lana de oveja que no se utiliza para la industria textil.

Todos fueron fabricados por PyMEs, universidades o centros de investigación a pequeña escala. Según Borga, «muchos hicieron un gran esfuerzo para producir estos materiales, están en etapa de experimentación y evaluación. Por eso los ponemos, para evaluar el rendimiento térmico».

Un espacio autosustentable

El edificio está orientado al norte, lado que está más vidriado que el sur para aprovechar los rayos solares del día, y dispone de ventilación cruzada para oxigenar en verano. Genera su propia energía, aunque no al 100%, sino que se estima llegar al 50%.

En materia de energía solar, se instaló un parque demostrativo de 18 kilowatts pico, con distintos sistemas estructurales como los utilizados en los 27 parques solares de la Provincia de Buenos Aires. Desde estructuras apoyadas o atornilladas, hasta otras con un techo con orientación este-oeste o con seguidor solar. A su vez, hay otros paneles instalados en la terraza del edificio.

Entre los elementos pasivos de calefacción para el invierno, el principal es la losa radiante, mientras que la refrigeración tiene un sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable). Los muros son dobles, con cámara de aire y aislación hidrófuga y térmica para conservar energía en el interior.

A esto se suma el uso de chimeneas solares que aprovechan la recirculación por ventilación cruzada, lo que genera que el aire caliente suba y sea expulsado para afuera. También están los Muros Acumuladores de Calor (MAC), patentado por el IIPAC, que contienen agua tratada y aislada en tubos de ladrillo, que es calentada por radiación.

«Estos son el apoyo de los sistemas pasivos de calefacción y refrigeración; va a trabajar con termostato y va a reconocer el ambiente. Si la demanda es menor, el consumo es menor», indicó Nicolás Silba, otro de los arquitectos que participó de la obra.

El agua se puede obtener mediante un sistema de recolección de lluvia, que pasa por un proceso de decantación para eliminar residuos sólidos que hayan caído en las canaletas. Luego es almacenada en tres tanques de acero inoxidable, con capacidad para cinco mil litros y con sensores para verificar la necesidad o no de regar las plantas con rociadores.

Además, esa agua puede ser calentada a través de un sistema térmico directo, mediante un tubo por el que pasa; e indirecto, transferido a través de un fluido tipo anticongelante, llamado glicol, que está en un tanque acumulador, aunque no se mezcla en este caso porque se encuentran en contenedores separados.

Otro aspecto a ponderar es la optimización del sol para iluminar los espacios por medio de lucarnas. «Así no tenés la necesidad de prender las luces. Eso también es parte de la eficiencia y el ahorro energético», subrayó Silva.

Una política pública

No es novedad que la gestión del gobernador Axel Kicillof dirige recursos para ciencia y tecnología, sector que depende del Ministerio de Producción, a cargo de Augusto Costa, y que converge con otras áreas como Turismo, Minería, Asuntos portuarios, Industria y PyMEs.

«Desde ese lugar y con un diagnóstico de la provincia, impulsamos políticas públicas para tratar de reunir las capacidades de investigación y desarrollo del sector de ambas áreas con la capacidad productiva que tiene la provincia», dijo Federico Agüero, subsecretario de Ciencia, tecnología e innovación.

El funcionario sostuvo que, a través de la Observatorio Regional Bonaerense de Innovación Tecnológica, generan proyectos de trabajo y analizan las capacidades científicas, tecnológicas e industriales, y además propuestas de guías de trabajo para desarrollar esos sectores.

«Siempre se trata de definir cuáles son las líneas generales de investigación que nos interesan y cerrar convenios con universidades para aprovechar la capacidad que tienen. Hay una discusión permanente en el equipo de la Subsecretaría con las universidades».

Desde el Observatorio, elaboran informes sobre estudios de caso, analizan cómo se dan los procesos de innovación y generan indicadores económicos sobre el impacto de la actividad científica en el área productiva.

También realizan diagnósticos a través de la Clínica Tecnológica, con especialistas que van a las pequeñas empresas a recorrerlas y hablar con sus responsables, aparte de buscar demandas que pueden ser resueltas por el organismo, formular proyectos para presentar en convocatorias y solucionar problemas.

Otra política mencionada por el subsecretario Agüero durante la recorrida, destinada a fortalecer unidades productivas, es el Fondo Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA), creado en 2022, que este año busca adjudicar tres mil millones de pesos a 80 proyectos.

«Estamos asignando 40 millones de pesos por proyectos anuales de las universidades, en conjunto con una PyME o cooperativa industrial, y 20 millones si es en conjunto entre el sector científico y algún organismo público de la Provincia o municipio», precisó.

Durante la visita, los funcionarios enfatizaron la «originalidad bonaerense» y que el FITBA apunta a empresas del ámbito regional, por los recortes presupuestarios de Nación: «Somos muy territoriales, sobre todo que tenemos pocos recursos».

En los últimos tres años, el Fondo logró movilizar a dos mil investigadores, un 10% del total de los veinte mil que residen en Buenos Aires. Se realizaron 186 proyectos, financiados con más de cinco mil millones de pesos, lo que se tradujo en soluciones para 116 PyMEs y el fortalecimiento de 70 políticas públicas en 56 municipios.

La Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) es otro de los pilares del Ministerio de Producción. Creada en 1956, se enfoca en generar conocimiento aplicado a resolver problemáticas en el ámbito bonaerense e interacciona con el INTA, la Comisión Nacional de Energía Atómica y universidades, entre otros actores.

«Cuenta con 200 investigadores, además de 400 becarios de doctorado y entrenamiento, unas 200 personas que atienden técnicas o tecnología. De la misma manera que el CONICET tiene un CPA, tenemos al personal técnico y 180 personas que constituyen la parte administrativa. E interaccionamos en 30 centros e institutos, los cuales siete son propios y los otros son compartidos», remarcó el presidente del CIC, Roberto Salvarezza.

El organismo, autárquico, interactúa con todas ramas de la ciencia: salud, trabajo, energía e incluso ciencias sociales, y ofrece convocatorias que se abren todos los años para entregar subsidios de investigación e incorporar personal. Entre 2023 y 2025, fueron asignadas unas 315 becas doctorales y 600 de entrenamiento.

A su vez, a través de transferencias tecnológicas, dialogan y prestan servicios a empresas para la realización de proyectos de innovación social, como el de veredas comunitarias en el barrio platense Puente de Fierro, o la fabricación de una leche para embarazadas o lactantes como “Súper Mil Mamá”, producida en la ciudad de Chacabuco por una PyME santafesina y con una fórmula desarrollada en Instituto de Desarrollo e Investigaciones Pediátricas del Hospital de Niños de La Plata.

Transición energética

El subsecretario de Energía, Gastón Ghioni, presente durante la recorrida por el Centro de Energías Renovables, resaltó la importancia de la transición energética, al igual que el desarrollo de trabajo local e investigación, en articulación con la comunidad científica y académica.

«Cuando elegimos hacer algo dentro de la CIC y además meter como un punto central la investigación y desarrollo, es porque consideramos que la transición energética es parte de la geopolítica internacional», expresó.

En lo que respecta a energía solar, el PROINGED cuenta con 26 parques, los cuales tienen una potencia de aproximadamente ocho megas, que en su mayoría buscan resolver problemas de la propia red, incluso algunos son punta de línea y son mantenidos por cooperativas.

También se instaló otro en la Isla Martín García, un enclave de Argentina rodeado por aguas uruguayas. Este representa un 26% de la generación en el territorio insular, mientras el resto se completa con baterías y el uso habitual de motores diésel, que representa el 50%. A pesar de la mejora, esto trajo un inconveniente.

«El problema es que mejoró la calidad, entonces empezó a crecer el consumo –planteó Ghioni–. Nosotros estamos hablando de un proceso de mejora del resto del sistema, mejoras en las casas, incluso vamos a poner medidores para llevar un seguimiento y hacer un proceso de concientización en el uso de consumo más eficiente de la energía».

En la zona del Delta de Tigre y San Fernando, el PROINGED, mediante un convenio con la Dirección General de Escuelas, financió un plan de mejora en 25 establecimientos educativos a través de la instalación de paneles solares y bancos de baterías. Para llevarlo adelante, se realizó un relevamiento junto a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para analizar el espacio y si estaba en condiciones.

Por otro lado, la empresa provincial BAESA –ex Centrales de la Costa Atlántica–, avanza con la instalación de una nueva planta fotovoltaica en la Ruta 11, más precisamente en la zona de Madariaga, para abastecer de energía al Banco Provincia y Aguas Bonaerenses (ABSA), que serán los clientes exclusivos.

En materia eólica, BAESA es accionista del 50% de Vientos de Necochea, que administra un parque que cuenta con 11 aerogeneradores y tiene una potencia instalada de 38 megawatts. En el 2024, generó 151 gigawatts para abastecer a 37 mil hogares.

Sin embargo, a pesar de los avances y la inversión, persisten las problemáticas en el servicio de distribución y comercialización energética de La Plata y el interior de la Provincia, donde el Grupo DESA es dueño de las cuatro empresas que se reparten el territorio: EDES, EDEA, EDELAP y EDEN.

Consultado por ANCCOM sobre la posibilidad de solucionar los inconvenientes por falta de suministro, en especial durante el verano, Ghioni reconoció que no hay una solución en el corto plazo, sino en el largo, y reafirmó la necesidad urgente de seguir realizando obras.

«Estamos trabajando con las empresas. En 2023-24 empezamos con el aumento de tarifa para ordenar el atraso. Eso va de la mano de la necesidad de inversión por parte de las empresas. Tienen que hacer obras porque ahora tienen tarifa. Nosotros hacemos un seguimiento trimestral de las inversiones acorde al ingreso por distribución».

El subsecretario Ghioni puntualizó que buena parte de la matriz energética, en el ámbito primario, proviene de la importación de gas y petróleo de otras provincias, y por último destacó la importancia de contar con un Portal Energético de acceso público para apoyar la toma de decisiones y promover la investigación.

“Que paguen todos los que tengan que pagar”

“Que paguen todos los que tengan que pagar”

Sep 13, 2025 | Comunidad, Destacado 3

Los familiares de las víctimas del fentanilo contaminado -que ya llegan al menos a 106- cuentan de las irregularidades en la atención médica que condujeron a la muerte a sus seres queridos, en el marco de esta gravísima crisis sanitaria. La responsabilidad de la ANMAT, los reclamos y la marcha a buen ritmo del caso en la Justicia y la parálisis en la investigación del Congreso.

Con al menos 106 muertes confirmadas y miles de ampollas distribuidas, el caso del fentanilo contaminado expone fallas en la regulación de medicamentos y abre una causa judicial histórica. Las familias de las víctimas se convirtieron en la voz más fuerte en busca de verdad y justicia. Entre expedientes judiciales, el caso tiene un costado que no se mide en números ni en dictámenes. Se mide en ausencias.

Carla Maino perdió a su padre en la tragedia: “El dolor va a seguir siendo enorme, pero necesitamos saber el número real de víctimas, y que la justicia nos responda de manera coherente, honesta y apolítica”, afirma. Su papá, Miguel Maino, tenía 77 años cuando ingresó el 27 de marzo de 2025 al Hospital Italiano de Rosario por una cirugía programada. Pero luego de unos días presentó una complicación producto de esa cirugía y lo derivaron a terapia intensiva. A partir de ese momento, su familia nunca imaginó un desenlace así: “Le colocaron un respirador artificial, y terminó siendo su condena a muerte”. El fentanilo es un analgésico y anestésico que se utiliza para cirugías, y en las sedaciones  para facilitar las intubaciones y la respiración artificial cuando un paciente lo requiere: “Para recibir ese respirador artificial, le tuvieron que administrar de forma continua el fentanilo. Y ahí es donde él comienza con una sepsis generalizada en su sangre por la bacteria con la que estaba contaminado”. Como consecuencia, Miguel falleció el 17 de abril por un paro cardiorespiratorio.

La misma sepsis terminó con la vida de Renato Nicolini, un joven de 18 años que luego de un accidente de tránsito, ingresó por derivación al Hospital Italiano de La Plata. Este es considerado el primer caso para la justicia, Sol Francese, su madre, cuenta que “el tercer día, Renato levanta fiebre y los médicos no se la pudieron controlar hasta el día que él falleció. Le hacen una placa y se descubre que tenía neumonía en el pulmón izquierdo, producto de una bacteria intrahospitalaria”. Ella es enfermera, y luego del fallecimiento de su hijo, el 12 de mayo, se entera por el hijo de un paciente de terapia intensiva lo que sucedía con el fentanilo dentro del hospital. Dos enfermeras se encontraban hablando en la cama de al lado sobre un cultivo había dado positivo en contaminación y se trataba de Renato. Sol pidió la historia clínica para ver qué tipo de bacteria le había causado la neumonía. En ese momento es cuando se da cuenta de que eran las mismas bacterias que habían contaminado el fentanilo.

La noticia golpeó a las familias de las víctimas, pero pronto surgió una comunidad que, marcada por la tragedia, se sostenía en la necesidad de encontrar una respuesta. El 15 de junio nació el grupo de WhatsApp “Unidos por la Justicia de las Víctimas del Fentanilo Mortal”, un espacio donde familiares comenzaron a compartir sus pérdidas, sospechas y dudas. Esa contención mutua fue, para muchos, la única manera de atravesar los primeros momentos de incertidumbre, cuando las explicaciones eran escasas y el dolor parecía inabarcable. Lo que empezó como un chat se convirtió en red de apoyo frente a la desinformación, la burocracia y el silencio oficial. “A los días me contactó Carla (Maino), que nuestros papás habían compartido en terapia intensiva, y me dijo que mi papá también estaba en el listado que había presentado el Hospital Italiano con fentanilo contaminado”, cuenta Vanesa Vilches, hija de Héctor, que tenía 74 años cuando falleció el 28 de abril por la misma causa que los demás. “Levantó mucha fiebre, nos decían que era una bacteria generalizada –sitúa Vilches–. Nosotros nunca entendimos el por qué de algo tan simple”.

“Es muy impactante saber la masividad de esta situación, estar transitando nuestro propio duelo y encontrarnos con personas atravesando exactamente lo mismo. A la vez es sanador sentirte en red, hacer lazos con muchas de las familias, apoyarte. Genera mucha tristeza saber el daño que se generó”, dice Carla Maino, que hoy encuentra una gran contención en las familias que luchan por lo mismo que ella, saber la verdad de lo que pasó. Las familias de las víctimas llaman a aquellos que también tengan dudas sobre la muerte de un ser querido entre el lapso de febrero a mayo de este año aproximadamente. “No tengan miedo de pedir las historias clínicas, tengan o no relación con el caso, es el derecho de las familias tener acceso a esa información. No queremos generar pánico a la sociedad en general, sino que aquellos que tengan dudas, puedan tener una respuesta”, aclara, y enseguida enfatiza: “A mi papá, al abuelo que sus nietos tanto amaban y estaba siempre, al amigo que todos querían tener, y al esposo, compañero fiel no nos lo van a devolver. Solo pido justicia”.

La marcha de la causa judicial

A diferencia de otros casos que suelen quedar atrapados en la maraña de la burocracia, el del fentanilo contaminado encontró en la justicia una respuesta ágil y decidida. Para los abogados y las familias, esa rapidez se traduce en una señal de que el sistema judicial entendió la magnitud de esta tragedia sanitaria. “Es una causa muy compleja. La investigación que llevaron a cabo el juez Kreplak como la fiscal María Laura Roteta, ha sido impresionante porque han realizado tareas que no le correspondía a la justicia, sino a los propios laboratorios que no colaboraron, a las droguerías y a los centros hospitalarios que no enviaban las historias clínicas. Tuvieron que hacer allanamientos en la ANMAT porque tampoco enviaban la información requerida”, cuenta Adriana Francese, abogada de varias familias y tía de Renato. Desde el 13 de mayo las familias actúan como querellantes y fueron testigos de allanamientos, secuestro de celulares y la revisión de más de 300 expedientes de ANMAT e INAME. Para Francese, la tarea judicial no sólo avanza, sino que lo hace con la rigurosidad que exige una causa de delitos gravísimos: “Si bien los familiares precisamos resultados inmediatos, sabemos que la justicia no funciona así. Necesitamos pruebas fehacientes para continuar, el actuar deficiente de ANMAT fue notorio desde el primer momento, cuando no enviaban la documentación y tuvieron que allanar”, sostiene. Explica que, mientras entregaban 200 expedientes irrelevantes, ocultaban otros 120 con información clave sobre infracciones y fallas graves en los laboratorios. Ese ocultamiento, dice, justificó la acción penal. En esa línea, también los familiares remarcan la gravedad de lo ocurrido. “Sí, considero que ANMAT es responsable, tanto como el laboratorio. Que no se hayan hecho los controles y las clausuras cuando se debían haber hecho, es una irresponsabilidad enorme. Liberaron al uso médico una bomba biológica masiva a lo largo y ancho de nuestro país, lo cual me parece muy aberrante”, agrega Carla Maino.

El expediente ya tiene nombres propios en el banquillo: Ariel García Furfaro, uno de los dueños de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, junto a sus hermanos y su madre, fueron detenidos como principales sospechosos. Mientras tanto, en La Plata siguen las indagatorias a siete imputados clave vinculados a esos laboratorios. La justicia se propone identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias que permitieron que un producto contaminado y de alto riesgo llegara a los hospitales de distintas provincias del país.

En este entramado aparece la PIA, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que Francese considera un actor esencial: “Se pidió la colaboración de la PIA. Se están investigando a los funcionarios públicos, a la ANMAT”. Para ella, la PIA es la pieza que le da solidez a la pesquisa sobre responsabilidades administrativas y delitos cometidos por funcionarios.

El caso en el Congreso

El avance legislativo también ha sido notable: el 13 de agosto pasado la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen unánime que unifica diversos pedidos de informes al Poder Ejecutivo Nacional sobre el fentanilo contaminado. Entre ellos, se reclamó la presencia de la ANMAT en el Congreso y se exigieron explicaciones sobre el rol de los laboratorios y organismos de control. La diputada Silvana Giudici (PRO) destacó que este no es solo un caso judicial, sino una crisis sanitaria causada por medicamentos adulterados, y subrayó la importancia de una señal de madurez política para esclarecer las dudas en la causa. Las familias celebran este impulso, pero su principal reclamo sigue siendo la justicia plena, “que paguen todos los que tengan que pagar”, dice Vanesa Vilches, con firmeza. Sin embargo, tres semanas después, el escenario legislativo contrasta con el destino de la Comisión Investigadora del Fentanilo Adulterado, donde el trámite quedó estancado. El 4 de septiembre, la sala de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento quedó en silencio. No hubo dictamen. El presidente de Asuntos Constitucionales, Nicolas Mayoraz, de La Libertad Avanza, no apareció. Y lo que para las familias es más que una ausencia circunstancial, se volvió un símbolo de algo mayor: la parálisis no responde a limitaciones técnicas sino a una decisión política deliberada y enmascarada.

“Lo que encontramos en el Parlamento no es urgencia ni compromiso inmediato, sino maniobras dilatorias y un doble juego político que bloquea cualquier avance real”, denunciaron en un comunicado difundido el 8 de septiembre. En el mismo, hablaron de la contradicción que ya no soportan: “Por un lado, el oficialismo reconoce públicamente la gravedad de la tragedia; por otro, bloquea en los hechos la creación de la comisión al no habilitar su tratamiento real”. La urgencia tiene fecha. El 10 de diciembre se renuevan las bancas en la Cámara de Diputados. “Cada día de demora compromete la posibilidad de que la comisión se constituya”, advierten.

“Cada día de silencio será recordado como un día más en que el Congreso le dio la espalda a la verdad y a la justicia que buscan las familias”. Detrás de cada cifra hay familias que hoy marchan, se abrazan y exigen justicia. Sus voces atraviesan hospitales, tribunales y hasta el Congreso, recordando que la tragedia no es sólo estadística, sino que es ausencia, duelo y resistencia. Mientras la justicia avanza, las familias siguen sosteniendo la memoria de sus seres queridos y luchando para que ninguna otra vida vuelva a perderse de la misma manera.

Por la salud de los niños, contra el veto de Milei

Por la salud de los niños, contra el veto de Milei

Sep 13, 2025 | Comunidad, Destacado 2

Acompañados por universitarios y jubilados, los trabajadores del Garrahan marcharon desde el Congreso a Plaza de Mayo para repudiar el veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica, que asignaba una recomposición salarial para el personal médico y una reasignación presupuestaria para el hospital, una institución de referencia en el país y en Latinoamérica.

“Respondemos unificados”, declaró en un comunicado oficial Norma Lezana, secretaria general de AGyT en el Hospital Garrahan, en referencia a la marcha convocada para el jueves 12 de septiembre. Esa tarde soleada, a lo largo de la Plaza del Congreso, sectores de la salud, jubilados y estudiantes protestaban contra el veto del presidente Javier Milei a las leyes de Emergencia en Pediatría y de Financiamiento Universitario. Desde allí partiría la marcha por la Avenida de Mayo hasta un acto de cierre frente a la Casa Rosada: “Venimos sosteniendo un reclamo masivo durante meses y vamos a profundizarlo. El Garrahan y la universidad pública son una sola causa”, cierra el comunicado.

“Se están dejando de lado el derecho a la educación y a la salud”, complementa Raquel, estudiante y trabajadora del hospital Laura Bonaparte, en diálogo con ANCCOM. “Se está queriendo que sean un privilegio para una elite, que es lo que nosotras no queremos que suceda –completó-; entendemos que son un derecho al que tienen que acceder todas las personas”.

La columna del Garrahan abandona el Congreso en medio de bombos y silbatos. Visten delantales y ambos blancos, azules y verdes, y cargan carteles y banderas de Enfermería Cim 73, turno tarde; Pabellón 65, quemados; Enfermería en lucha Cim 63, con corazones en los puntos de las íes -Cim es la sigla de la Coordinación General de Cuidados Intermedios y Moderados-. Una niña en silla de ruedas, de pijama rosado y con la mirada perdida, avanza en frente del personal de salud. Los fotógrafos se forman alrededor de ella caminando de espaldas, como en un anfiteatro: buscan retratarla.

“Yo como profesional, con título, con posgrado, con especializaciones, con más de diez años en el hospital, tengo un básico de 1.300.000 pesos”, dice Nora, psicóloga también del Bonaparte y agrega: “Parece mucho en comparación con lo que muchos otros trabajadores ganan, pero para ser profesional es muy poco, sobre todo trabajando en una institución mental con pacientes muy graves”

“Nosotras trabajamos en salud mental y lo último que tenemos es salud mental, porque vivimos en un estado de ansiedad terrible al no saber si a fin de mes nos renuevan o no los contratos”, agrega Raquel. “Tuvimos una amenaza de cierre, doscientos despidos de compañeres que todavía estamos luchando por la reincorporación; estamos bajo amenazas de despidos constantemente, con contratos cada tres meses o un año. Yo gano mucho menos que la canasta básica”, complementa.

La Ley N° 27.796 de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica establecía una recomposición salarial para el personal médico, una reasignación presupuestaria a cargo del Ministerio de Salud y el reconocimiento del Hospital Garrahan como institución de referencia. El Decreto N° 651/2025, publicado el 11 de septiembre con la firma de todos los ministros, argumenta que el veto mantiene el “equilibrio fiscal alcanzado con gran sacrificio por el conjunto de la sociedad”; la piedra angular del plan económico del Gobierno.

“Pero no se puede lograr un ahorro a costa de no pagar una deuda”, dice Zulema Palavecino, militante de Jubilados Insurgentes que fue trabajadora telefónica: “A nosotros dejaron de pagarnos la jubilación, y ahí sobraba plata, y entonces estaban todos contentos porque se estableció el equilibrio fiscal. Pero nosotros sentimos que como jubilados también tenemos derechos, porque la clase trabajadora tiene que cuidarse desde que nace hasta que muere”.

El veto se da en un contexto de derrota electoral: el domingo 7 de septiembre, en las elecciones parlamentarias de la Provincia de Buenos Aires, el oficialismo perdió por más de trece puntos ante Fuerza Patria, la alianza del peronismo. En el comunicado oficial, Lezana consigna que “el presidente abrió una Caja de Pandora”, porque “el pueblo ya lo vetó en las urnas el pasado domingo y ahora con estos atropellos autoritarios contra la salud y la universidad pública lo único que hace es volver a provocar una reacción”.

“Nosotros pensamos que ese cachetazo que recibió en las urnas tuvo mucho que ver con nuestra lucha, que fue horadando los cimientos desde hace tanto tiempo”, sigue Zulema: “Después de ese cachetazo, el miércoles pasado pudimos marchar tranquilos a la Plaza de Mayo. Pero no sabemos, porque a veces, cuando hay un bicho que está moribundo, puede dar un coletazo más fuerte, así que siempre tenemos que estar preparados para las agresiones”, matiza.

En la Avenida de Mayo, desde los lujosos relieves de las fachadas, apenas una madre con su hijo se asoman a la baranda de un balcón francés, por acá un señor en musculosa, y graban la marcha con sus celulares. A ras de piso, en las terrazas de los bares, los clientes aplauden tímidamente al ritmo de los cánticos: “Luche que se escuche”, “El hospi no se veta”, “Este gobierno ya no va más / necesitamos una huelga general”. De ahí para atrás, se cuentan diecisiete, veintiocho, más de treinta lienzos negros del Polo Obrero, que se estiran hasta casi salir de la avenida.

 

“Yo vengo de San Justo, pero no estoy con el Polo Obrero”, aclara Gonzalo, de dieciocho años, que está asistiendo a su primera marcha: “Me imaginé mucho más caótico todo, más peleas, pero es bastante tranquilo”.

No está equivocado. En las últimas cuadras, que tocan la Plaza del Congreso, hay apenas un par de policías, mucho sol, y llegan los rumores lejanos de los bombos y megáfonos. Es un chico moreno, de pelo rizado, que viste remera negra, jeans y zapatillas. Lleva en la mano una cartulina que reza: “La educación es un derecho, no un privilegio. Ley N°24.532 -UNLAM”.

“Del tema del Garrahan y los jubilados no estoy muy informado”, se ataja. “Vengo porque soy ingresante de la Universidad Nacional de La Matanza, por el veto a la financiación de las universidades y todo eso. Porque lo que buscan con el desfinanciamiento es privatizar todo. No te lo dicen directamente, pero es a lo que va a llevar todo eso, y es más fácil gobernar a un pueblo en el que no haya conocimiento, en el que nadie tiene un pensamiento propio, con personas sin educación…”

-¿Y qué estás estudiando?

– Medicina- sonríe.

Al llegar a la Plaza de Mayo, empieza a sonar el “Que se vayan todos”. Esperan dos drones, una parrilla con choris, tres cascos blancos de la Defensoría del Pueblo, tres policías de la ciudad, dos señores de saco y corbata que fingen hablar por walkie talkie, dos postes con equipos de altoparlantes y un camión blanco, sin la carga, con el chasis dispuesto para el escenario.

“Antes que nada compañeros, hay una lucha que se está desarrollando en este momento, ¡y es la lucha del Garrahan! ¡Pido un enorme aplauso para los compañeros del Garrahan!”, arenga una vocera de las Organizaciones Piqueteras Independientes. Desde el escenario, donde se suceden siglas y oradores, todos los discursos llaman a terminar con “la burocracia sindical”, acusan despidos y persecución política, y hacen referencias a Francia, a Nepal y a Palestina. Ella es la primera que abre con una referencia al hospital: “Porque Milei, desde que inició, se metió con algo que nos pesa mucho y nos duele mucho, que son las infancias”, sigue.

El Garrahan es el hospital pediátrico más importante de Argentina. Según las estadísticas presentadas en su sitio web, el año 2024 se realizaron allí casi 10.000 cirugías, atendieron más de 77.000 emergencias y dieron el alta a más de 25.000 pacientes, todos niños y niñas. El veto a su financiamiento puede ser rechazado en el Congreso, donde la oposición necesitará dos tercios de los votos en ambas cámaras. Las votaciones se realizarán el miércoles 17 de septiembre en Diputados y el jueves 18 del mismo mes en el Senado.

 

La Ley de Emergencia en Discapacidad sigue sin promulgarse

La Ley de Emergencia en Discapacidad sigue sin promulgarse

Sep 13, 2025 | Comunidad, Destacado 1

A pesar de la caída del veto presidencial, el gobierno no pone en marcha la nueva normativa. Las consecuencias de la desaprensión de Milei en la voz de los afectados.

Las pensiones por discapacidad se crearon en 1973 a través de la reforma de la Ley 13.478 cuando se establece la pensión por invalidez laboral, que deja en evidencia el sistema capacitista que los “discas” denuncian. Según el último relevamiento de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, en diciembre de 2024 se contabilizaron 1.221.971 pensiones a nivel nacional, mientras que en marzo de 2025 la cifra había descendido a 1.193.523. El 27 de agosto, el jefe de Gabinete de Ministros informó la suspensión de 111.463 pensiones. Estos números aumentarán en breve ya que en las últimas semanas se enviaron 997.654 cartas documento y 504.802, la mitad, no pudieron ser entregadas. Además, se encuentran en proceso de auditoría 418.374 casos. Detrás de cada uno de estos números hay una historia sobre cómo el sistema destrata a las personas con discapacidad, quienes denuncian la baja arbitraria de pensiones, auditorías burocráticas e inaccesibles, el vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la falta de medicación, coberturas y prestadores.

La actual Ley de Emergencia en Discapacidad que fue ratificada por el Congreso Nacional y que establece una mejora en las pensiones y en las tarifas de los prestadores, está a la espera de la ejecución del gobierno. Si el presidente la promulga cada provincia tiene la potestad de adherir a ella para que entre en vigencia. Sin embargo, como es costumbre del Ejecutivo no respetar al resto de los poderes del Estado, Javier Milei ya había adelantado su voluntad de judicializar la norma porque –argumenta- va en contra de la Ley de Entidades Financieras. Cualquier juez respondería que no cumplir con la normative aprobada por el Parlamento, va en contra de los tratados internacionales a los que adhiere Argentina, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tienen rango constitucional. Por lo tanto, no puede haber una ley interna contraria y el Estado debe adecuar la legislación. Mientras tanto, la ley continúa en el cajón presidencial.

 

La disidia en primera persona

Karina Herrera tiene 50 años y reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una de las personas con discapacidad a las que el Estado le quitó la pensión. Su diagnóstico es “cervicalgia, lumbago con ciática, trastornos de disco lumbar con radiculopatía, anormalidades de la marcha y la movilidad”. A causa de esta situación, hay días en los que no se puede levantar de la cama. Desde que le quitaron la pensión debe ir a comedores populares para poder alimentarse.

Herrera cuenta: “A mí me llegaron dos cartas documento alrededor del 6 de agosto del año pasado. La cita era para el último miércoles del mes, muy poco tiempo para reunir los papeles médicos que ellos exigen. Cuando voy, esperando que me reciba un médico o alguien relacionado con el área de salud, me dicen que me van a hacer una auditoría socioambiental que consistió en sacarle fotocopia al DNI”, asegura con ironía.

“En la siguiente auditoría eran dos empleadas que te recibían los papeles y nada más. Te decían que pasaban la auditoría al ANDIS y que de ahí se iban a comunicar para informarte si te seguían brindando la pensión o si te la suspendían. Para el cobro de diciembre, la plata no estaba. Luego recibí la carta documento diciendo que me suspendían la pensión por no tener la incapacidad reglamentaria. Yo reclamé por las vías correspondientes, primero la administrativa. Luego, cuando en mayo voy a presentar el pronto despacho que me hace la Defensoría, me dicen que son sesenta días hábiles para la respuesta. Voy de nuevo y me entero que la auditoría por la cual me sacaron la pensión en diciembre, la hicieron en abril. Entonces, yo no entiendo cómo si me citaron en agosto para la auditoría, me sacaron la pensión en diciembre y la auditoría la hicieron recién en abril”, aseguró sorprendida Herrera.

Karina Herrera

Por su parte, Justina, quien prefiere mantener el anonimato por miedo a represalias, es mamá de un niño con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y cuenta que su hijo requiere de tres terapias y de un acompañamiento escolar cotidiano para poder adquirir herramientas que le permitan desenvolverse en su vida diaria. “Para nosotros sería imposible sostener todo eso sin la cobertura correspondiente”, asegura. Aunque su obra social continúa cubriendo las prestaciones, la precarización atraviesa a todas las profesionales que atienden a su hijo. “Las terapistas están afectadas por el desfinanciamiento. En cuanto al acompañante escolar no docente, no nos cubren la jornada completa”, explica. Por ahora, su vida cotidiana no se modificó de manera drástica, pero la incertidumbre y la falta de reconocimiento están siempre presentes.

“Me da impotencia escuchar denuncias de corrupción en la ANDIS. Hay familias que la están pasando muy mal y que se enfrenten a un escenario así me parece nefasto”, dice con firmeza. Justina es clara cuando se dirige a quienes gobiernan y a la sociedad: “Lamentablemente vivimos hoy en un país donde no se vela por los derechos de las personas en general y mucho menos por la minoría que representa el sector de discapacidad. A la sociedad le diría que no tienen idea de lo agotador que es ser responsable de una persona con discapacidad y no por la persona en sí sino por el sistema: un sistema que no te ayuda, no te orienta y mucho menos te cuida. La burocracia te cansa, te pasa por arriba y termina quitándote derechos en lugar de garantizarlos”.

Laura, que también prefiere preservar su apellido para resguardarse de posibles represalias, tiene 51 años, vive en el Centro de internación y rehabilitación “Alihuen” en Villa Lynch (partido de General San Martín) y cobra una pensión graciable, no contributiva. Su testimonio refleja de manera cruda las consecuencias del desfinanciamiento y la falta de personal en el área de discapacidad: “Hoy no hay personal suficiente para entregar los remedios y yo no puedo contar con la medicación neurológica que necesito”, relata. En conversación con ANCCOM, muestra la lista de los remedios que necesita: en total son 18 y dice “de esta lista tengo solamente cuatro”. Para acceder al resto, explica, “tendría que pagar una persona para que me acompañe en todos los trámites burocráticos para conseguir la medicación debido a la falta de personal. Pago a una persona que viene cuatro horas por semana a asistirme. Pero cuatro horas no alcanzan para nada, no se puede vivir así. Siempre pienso en los derechos humanos: entre ellos está el derecho a la vida ¿Dónde queda ese derecho acá? El derecho a sobrevivir no puede ser opcional, es una obligación del Estado”, afirma.

Intentando sostener su independencia, también destina parte de su pensión a pagarle a alguien que la acompañe a salir o realizar actividades. “Yo estoy acostumbrada a nadar sola, a enfrentarme como paciente y hacer lo que puedo, pero en este momento se me hace imposible”. Ella cuenta que antes le pagaba a una asistente para que la acompañe a natación y también a alguien que la asistía dentro de la pileta. Hoy, tuvo que recortar esa actividad: ese dinero lo destina a contratar a una persona que la ayude a realizar los trámites que le aseguren el acceso a su medicación. La indignación aumenta cuando escucha sobre denuncias de corrupción en la ANDIS: “Es terrible, porque mientras nosotros perdemos derechos humanos básicos, otros se enriquecen a costa nuestra. No creo que haya precedentes de algo así”, sostiene.

Sin ley

Rocío Librandi es acompañante terapéutica, psicóloga social y estudiante de Trabajo Social. Hace más de quince años trabaja en escuelas acompañando la trayectoria educativa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Además, es delegada de la organización Prestadores Precarizados y del Frente de Lucha Tribuna Disca. “Venimos de un logro enorme: gracias a la movilización popular conseguimos que se cayera el veto que Javier Milei había impuesto contra la Ley de Emergencia en Discapacidad.” Para Rocío y el colectivo Disca, esa conquista no es un punto final, sino apenas un respiro.

“Hoy exigimos que la ley sea promulgada de inmediato. Cuando decimos que estamos en emergencia, es literal: están en riesgo nuestros trabajos, las prestaciones y, en muchos casos, la vida de las personas con discapacidad que dependen de esos apoyos para poder vivir con dignidad.” Sin embargo, el panorama sigue cargado de tensiones. El presidente anunció que podría judicializar la norma. Frente a esa amenaza, Rocío es contundente: “Si lo hace, vamos a estar en tribunales. No podemos permitir retroceder después de tanta lucha, y menos en este contexto en el que se destaparon casos de corrupción que involucran directamente a la Agencia Nacional de Discapacidad, a su exdirector Diego Spagnuolo y también al propio presidente Milei y a su hermana Karina.” La voz de Librandi refleja una mezcla de emociones victoriosas y persistencia en la lucha. Celebra la aprobación, pero advierte que la ley es insuficiente. “Nos da un respiro, pero no resuelve los problemas de fondo. Seguimos reclamando la extensión del cupo laboral para personas con discapacidad: ese 4% debe ser un piso, no un techo, porque más del 90% hoy no tiene trabajo. Y peleamos por la reincorporación de los más de 600 despedidos en la ANDIS, muchos de ellos personas con discapacidad. Eso fue un vaciamiento total.”

Entre la desidia estatal y la corrupción se abren paso la vida millones de personas que  se niegan a resignarse y reclaman aquello que les corresponde: existir con dignidad.

Los rectores universitarios convocaron a marchar contra el veto de Milei

Los rectores universitarios convocaron a marchar contra el veto de Milei

Sep 11, 2025 | Comunidad, Destacado 1

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) anunció medidas de fuerza tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Además, advierte que, sin recursos, el sistema educativo y científico público ingresa en una etapa crítica. Este viernes hay paro en todas las casas de estudios superiores.

La conferencia de prensa celebrada hoy en el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reunió a su rector, Ricardo Gelpi, al presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Oscar Alpa -rector de la Universidad Nacional de La Pampa, y a su vicepresidente, Franco Bartolacci -rector de la Universidad Nacional de Rosario- en un clima de profunda preocupación por el futuro de la educación superior pública en la Argentina. La cita tuvo lugar apenas 24 horas después de que el presidente Javier Milei vetara la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario, una norma aprobada por ambas cámaras del Congreso que buscaba dar previsibilidad al presupuesto de las universidades nacionales y asegurar un piso de recursos para el sistema. La medida presidencial, que también alcanzó a la Ley de Emergencia Pediátrica, desató un rechazo unánime en el ámbito académico. “Una vez más, nos encontramos reunidos hoy en defensa de la educación pública”, señaló Gelpi al abrir su discurso, en el que subrayó que la norma frustrada “no es contra nadie, es a favor de todos. Por el futuro”

El veto presidencial reavivó un conflicto que ya había tenido un capítulo similar el año pasado, cuando Milei vetó otra ley de financiamiento universitario que había cosechado amplio consenso político y social. En este sentido, Gelpi recordó que las universidades nacionales vienen funcionando desde hace dos años con la prórroga del presupuesto 2023, lo que coloca a las instituciones en una situación de incertidumbre permanente: “La falta de una ley genera un vacío normativo por el cual las universidades nacionales desconocen su presupuesto anual y se torna imposible el planeamiento correcto y eficiente de sus múltiples actividades académicas, de investigación, salud y extensión”. La consecuencia inmediata, explicó, es un deterioro creciente en áreas estratégicas del desarrollo nacional. “Cuando hablamos de crisis en las universidades públicas, hablamos de investigación científica sin recursos, de desarrollo tecnológico estancado, de salud pública que no puede curar, de producción que se resiente, de innovación que nunca llega, de miles de estudiantes que se quedan sin posibilidades de un porvenir mejor. En definitiva: hablamos de un país sin futuro”.

El rector de la UBA fue categórico al advertir que, sin la actualización de los gastos de funcionamiento, la universidad más grande del país deberá aplicar un plan de emergencia. “Con la falta de actualización de gastos de funcionamiento vamos a empezar con un plan de restricción de gastos operativos. La UBA va a funcionar en un estado crítico para poder terminar el año”, sostuvo Gelpi, subrayando la gravedad de la coyuntura. Su mensaje, sin embargo, no se limitó a la denuncia: apeló tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad en su conjunto a mantener la movilización y pidió a los legisladores que reviertan el veto presidencial. “Apelamos a la sensibilidad de nuestro pueblo para que continúe acompañando este reclamo y a las y los legisladores para que, mediante su voto, rechacen el veto presidencial y sostengan la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y recomposición del salario docente y no docente”

Más allá de la UBA, lo expresado hoy refleja una preocupación compartida por todo el sistema universitario. El CIN, que nuclea a 60 universidades nacionales, ya había advertido que la ausencia de un presupuesto actualizado compromete no sólo el funcionamiento cotidiano de las instituciones, sino también el acceso de cientos de miles de estudiantes que dependen de los servicios básicos de transporte, becas, comedores y residencias. Tanto Alpa como Bartolacci remarcaron que la educación superior argentina, históricamente gratuita y de calidad reconocida a nivel mundial, se encuentra en una encrucijada: o se garantiza su financiamiento como política de Estado o se corre el riesgo de un desmantelamiento progresivo. Así lo expresó el vicepresidente del CIN: “Vamos a advertir, como lo venimos haciendo con mucha responsabilidad desde hace dos años, porque no queríamos llegar a esta situación, que necesitamos que se sostenga la ley de financiamiento universitario para solucionar los problemas presentes y pasados, y actualizar presupuestos y salarios conforme a la inflación registrada”. A esto se sumó Alpa refutando lo que el presidente, Javier Milei, plantea con cada veto ejecutado: “Teníamos la esperanza de que el Poder Ejecutivo entienda que esto para nada atrasa ninguna cuestión fiscal, y no genera déficit, no es cierto”. Además el presidente del CIN aclaró que hace tiempo se viene trabajando con estos problemas presupuestarios en las universidades nacionales de todo el país con los 60 rectores, y que la lucha siguió luego del veto a la Ley de Financiamiento Universitario el año pasado: “Como lo dijimos hace tres meses atrás, cuando le mandamos la carta a la ministra de Capital Humano, peligra el segundo cuatrimestre 2025 y seguramente el 2026. A este pedido de escucha urgente, Bartolacci agregó: “Si nosotros vamos a otro año en la misma situación, difícilmente la universidad pública argentina pueda seguir funcionando. Todo el sistema universitario público le pide a las autoridades nacionales que comprenda de una vez por todas que no es un gasto, es una inversión la que se destina a la educación superior pública, a ciencia y a conocimiento… Si hay contexto de escasez, si hay dificultades, ¿qué priorizamos? y lo que estamos planteando es que las inversiones en discapacidad, cuidar el Garrahan, cuidar las universidades, tiene que ser parte de lo que la Argentina priorice en este contexto de escasez, para poder pensar un futuro mejor”.

En el cierre de esta convocatoria, el vicepresidente del CIN reflexionó sobre la historia de la educación pública en Argentina: “Cuidemos lo que funciona bien. De Sarmiento para acá, la columna vertebral de la nación argentina es la educación pública que iguala, y la Argentina tiene un sistema universitario que es una herramienta de movilidad social ascendente fenomenal, nunca puede ser un problema que se le garantice a cualquier joven, según su vocación, acceder a formación pública de excelencia sin restricción”.

“Sin educación, sin salud y sin ciencia, no hay desarrollo posible, no hay futuro”, fue la frase de Gelpi que sintetiza el nudo del conflicto. El veto presidencial no sólo bloquea una ley de financiamiento, sino que abre un debate más profundo sobre el modelo de país que la Argentina necesita. Mientras el Gobierno insiste en su agenda de recorte del gasto público, las universidades, los hospitales nacionales y gran parte de la sociedad civil advierten que el costo de esas decisiones podría ser la imposibilidad de proyectar un futuro posible para los miles de jóvenes en nuestro país. El conflicto está lejos de cerrarse: será el Congreso el que defina si se ratifica el veto de Milei o si, como reclaman las universidades, se logra sostener el financiamiento que garantice la continuidad de un sistema educativo que ha sido, y sigue siendo, uno de los pilares de la identidad nacional. Mientras tanto, se convoca a toda la sociedad argentina a manifestar y luchar con la comunidad universitaria y científica, el día en que la Cámara de Diputados decida tratar este veto presidencial.

Aguas turbias

Aguas turbias

Sep 11, 2025 | Comunidad, Destacado 5

Organizaciones mapuche de Neuquén denuncian la contaminación del Lago Mari Menuco por las perforaciones de YPF. De ese recurso beben más de 600.000 personas.

La organización “Salvemos el Mari Menuco” dio una charla informativa en el Centro de Estudios Sociales (C.E.L.S.) para difundir el conflicto que están teniendo los vecinos y comunidades mapuches de Neuquén y Rio Negro con la empresa YPF.

El gobernador de la provincia neuquina, Rolando Figueroa, aprobó mediante el Decreto 276/25 la habilitación de la perforación de más de 400 pozos en los alrededores de los lagos Mari Menuco y los Barreales.

Lef Nahuel, miembro de la comunidad mapuche, explicó las implicancias del megaproyecto: “El lago Mari Menuco abastece de agua a una gran cantidad de poblaciones de la zona, son alrededor de 600.000 personas que toman de ese lago y donde hoy YPF, a través de una autorización del gobierno provincial, está perforando para sacar petróleo mediante fracking, que es una metodología de extracción petrolera mucho más agresiva que la que se conoce habitualmente porque se utiliza un montón de químicos y se destruye la roca con dinamita”.

El conflicto, según Lef, comenzó cuando la empresa entró en la comunidad Catripain en marzo de este año: “Quien hoy dirige YPF, Horacio Daniel Marín, prácticamente amenazó a la comunidad de que les iba a pasar por arriba”, relató. Posteriormente hizo una oferta de dinero que la comunidad rechazó diciendo que no permitírian que esa zona sea perforada –señaló Nahuel- y después de cuatro meses de conflicto ellos se retiraron de la comunidad, pero fueron a perforar a la orilla del lago, lo que para nosotros es casi lo mismo, por más que no estén adentro del territorio de la comunidad porque el agua es la misma y es el agua que toman no solo las comunidades mapuches, sino toda la gente que vive en Neuquén”, describió el vocero mapuche.

La organización Salvemos el Mari Menuco presentó un amparo para que se detenga este proyecto ya que no se realizaron las consultas pertinentes a la comunidad. Sin embargo, el recurso fue declarado inadmisible. También se presentó un recurso administrativo de nulidad del Decreto 276/25 por haber omitido instancias de evaluación.

Leonora Jaúregui, miembro del  Observatorio Petrolero Sur que trabaja en temas vinculados a la energía y el ambiente hace 15 años, evaluó la factibilidad del proyecto: “La basura del fracking, las toneladas y toneladas de barro que se generan, no se puede poner en cualquier lugar. Por ejemplo, cerca de las poblaciones. Entonces, es necesario recuperar cada una de estas problemáticas o cada uno de estos impactos y ver cómo hacer para que, en todo caso, destruyan lo menos posible o contaminen lo menos posible”, describió. Jáuregui plantea que el diálogo significa aceptar las contradicciones: “Pero para eso necesitas poner en discusión, reconocer el problema y ver qué es lo que se puede hacer con eso. En este caso en particular, no es posible estar haciendo fracking cerca de las fuentes de agua más importantes que abastecen a todo Neuquen y Río Negro. No es posible”.

Por otro lado, Jaúregui declaró que este proyecto se saltó instancias importantes de evaluación medioambiental, y plantea que el único estudio hecho fue realizado por la propia empresa: “Es como un estado de irregularidad total. Hay un avance en un contexto de ilegalidad”, comentó. La instalación de la empresa en esta zona afectaría a doce comunidades mapuches en las que viven aproximadamente 80 familias.