Ni un pibe, ni un disca, ni un jubilado menos

Ni un pibe, ni un disca, ni un jubilado menos

Dic 4, 2025 | Comunidad, Destacado 1

Mientras juraban los nuevos diputados que asumirán el 10 de diciembre, confluyeron frente al Congreso la marcha de los jubilados, de las personas con discapacidad y de las familias de víctimas del gatillo fácil. Los damnificados por el gobierno se unen para resistir.

El reclamo parece eterno. Los miércoles son de los jubilados desde el año 1992 cuando se imponía el modelo menemista y se cristalizó como el día de su lucha a partir de 1993 con la puesta en funcionamiento de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Actualmente, “hemos ubicado el miércoles de los jubilados como un ámbito de lucha no sólo nuestro sino de las organizaciones que están en lucha” dijo a ANCCOM Marcos Wolman, jubilado de 90 años que se hace presente cada semana, presidente honorario de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina. Este miércoles se sumaron a los jubilados las personas con discapacidad en el marco del Día Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, quienes realizaron una radio abierta durante la tarde. También se sumaron organizaciones sociales, sindicales y la Marcha de la Gorra, que arrancó a las 14 y concluyó  con los jubilados.

 

Los viejos meados

“¡Se pensaban que nos habían cagado, porque éramos unos viejos meados! Ahora con lucha y con paciencia, va creciendo la nueva resistencia. ¡Lucha que se van… luche que se van!”, cantaban los jubilados mientras daban la vuelta a la Plaza de los Dos Congresos. El vallado les impedía acercarse al recinto. Si la represión nos los amedrentó, el calor tampoco. Dos personas tuvieron que ser atendidas por el SAME: una debido a las altas temperaturas y otra a causa de un ataque de epilepsia. En este último caso, se trataba de Fernando, un pensionado con discapacidad.

“Hoy llevamos 1758 miércoles de los jubilados y jubiladas frente al Congreso. Y la lucha continúa”, destacó Wolman. Lo fundamental es que “el haber jubilatorio hoy es la cuarta parte de la canasta básica para una persona mayor. El haber mínimo jubilatorio, que lo reciben la mayor cantidad de jubilados, en el mes de diciembre, con el último aumento del 2,3 por ciento, va a ser de 402 mil pesos tomando en cuenta el haber mínimo más el bono de los setenta mil pesos”.

En esta muestra de lucha, el jubilado destacó que “el único camino es ganar las calles para ir elevando la unidad como elemento central de poder, una coordinación para hacer que no sea un día la lucha de un gremio, la lucha de un otro, sino para que llevar estas ideas en los gremios, en las centrales, en los movimientos sociales, en los movimientos culturales, en todos los movimientos para lograr la unidad”.

En la agenda del año quedan dos miércoles de lucha y los jubilados evalúan hacer un brindis de pan y agua el 17 frente al Congreso.

Los discas no se rinden

En la convocatoria, las personas con discapacidad rebautizaron a su día como “3% de diciembre”, en referencia a los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo y al porcentaje que se llevaría Karina Milei en concepto de coimas. Con algo de ironía y el espíritu inquebrantable de siempre, volvieron a manifestarse para exigir la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue sancionada, vetada por el Poder Ejecutivo y luego rechazado el veto por ambas cámaras. Sin embargo, por medio de un decreto, el gobierno congeló los fondos.

Laura Alcaide, integrante de la Asamblea Discas en Lucha contó: “Nos juntamos en el Congreso para exigir el paquete de demandas que veníamos sosteniendo desde antes: que sea efectiva la Ley de Emergencia en Discapacidad, luchar por la reincorporación de los trabajadores despedidos y denunciar el vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad. Nuestra consigna es ‘dónde están las personas con discapacidad’ aplicándola a todos los ámbitos, queremos inundar un poco las redes teniendo en cuenta que hay un montón de personas con discapacidad que no pueden salir de la casa”. También, la referente disca destacó las concentraciones que se realizaron en otros puntos del país como Mendoza, Bahía Blanca, Chubut y Salta.

 

Según Correpi, durante el gobierno de Milei, 920 personas fueron asesinadas por el aparato represivo del Estado, de las que un tercio fueron víctimas de gatillo fácil. Estadísticas del CELS contabilizan, solo en CABA y el conurbano bonaerense, 86 personas muertas a manos de las fuerzas de seguridad entre enero y septiembre de este año.

Ni una bala más

Bajo la consigna “Ni ajuste, ni portación; basta de narcos y represión”, se llevó adelante la novena Marcha de la Gorra en CABA contra el gatillo fácil y la violencia institucional. Con la presencia de organizaciones como Correpi, Red Puentes, Somos Barrios de Pie, otros movimientos populares y hasta centros de estudiantes, las viseras marcharon de Sáenz Peña y Rivadavia hacia el Congreso al grito de “Ningún pibe es descartable”.

La columna estaba compuesta por una marea de banderas y carteles. “No más persecución por como vestimos, hablamos o vivimos”, “Queremos derechos, no balas”, “La calle es de quienes la caminan, no de quienes la reprimen” rezaban algunos de ellos. Entre medio, familiares de víctimas de gatillo fácil avanzaban con fotos de sus parientes en alto o colgadas del cuello. Una de las imágenes era la de Tiziano Montoya, asesinado por un gendarme en la localidad de Esteban Echeverría el pasado 20 de octubre.

“Mi sobrino tenía 15 años. Se lo llevaron organizaciones que sacan a los pibes para que salgan a robar y los dejan a manos de un gatillo fácil. Ahí lo mató la Gendarmería. No nos dejan acceder a la causa porque ¿quiénes son los que organizan a los pibes en los barrios? Incluso la policía está involucrada en esto”, dijo Florencia, su tía. En diálogo con ANCCOM, explicó que hay más casos como este ocurriendo en Echeverría y destacó la importancia de unir los reclamos como en la movilización de este miércoles. “Hoy en día estamos siendo carne de cañón los vulnerables. Tanto los LGBTIQ+, los discapacitados, los jubilados… Somos todos parte de esta desigualdad y caemos todos en esta violencia institucional. A nosotros nos dan palos. No nos dan soluciones”, sentenció.

Según Correpi, durante el gobierno de Milei, 920 personas fueron asesinadas por el aparato represivo del Estado, de las que un tercio fueron víctimas de gatillo fácil. Estadísticas del CELS contabilizan, solo en CABA y el conurbano bonaerense, 86 personas muertas a manos de las fuerzas de seguridad entre enero y septiembre de este año. Los números son alarmantes, al igual que la intención oficial de bajar la edad de punibilidad y modificar el Artículo 34 del Código Penal, de modo que los miembros de las fuerzas puedan disparar sin la necesidad de dar la voz de alto ni identificarse.

“La represión no es una respuesta ocasional, ya se volvió un paisaje natural, una postal vergonzosa de nuestro país”, afirmó Rocío Insaurralde, miembro de la organización Somos Barrios de Pie. “Como si fuera poco, la reforma del Código Penal ahora pretende penar con cárcel a quienes entorpecen el tránsito en una protesta, criminalizando la movilización social y garantizando que cualquier reclamo pueda ser castigado con cárcel”, agregó en la radio abierta organizada frente al Congreso.

También tomó la palabra Augusto Buccafusco, hermano de Octavio, quien fue asesinado por cuatro policías en Vicente Lopez. El joven de 34 años había acudido a la comisaría para denunciar un robo. “Él estaba pasando por un momento muy complicado de salud mental y se le tiraron encima, lo dejaron sin respirar y lo mataron. Es un modus operandi muy habitual en la policía. Enseguida se te tiran encima, ya sea que estás vendiendo algo o estás en situación de calle, en fin, en situación de vulnerabilidad. Y estas personas tienen que cuidarnos supuestamente y no nos cuidan un carajo”, manifestó Augusto, seguido de un grito de justicia por su hermano y todas las víctimas de violencia institucional.

La Marcha de la Gorra nació en 2007 en la ciudad de Córdoba, con el fin de denunciar el abuso y la represión ejercidos por las fuerzas policiales contra los jóvenes de sectores populares. En CABA se realiza desde 2017. En esta edición, se sumaron al reclamo de los jubilados para intentar poner un freno definitivo a la represión y las injusticias del gobierno de Milei contra los más vulnerables.

“Llenan las cárceles de pibes y pibas con prisión preventiva y juicios abreviados, en condiciones deplorables. Allanan comedores comunitarios y casas de atención y acompañamiento comunitario, llevándose materiales y elementos de trabajo para el barrio. Mientras tanto, los que guardan alimentos en galpones se roban la plata de las personas con discapacidad”, denunció Insaurralde. “Y mientras todo esto pasa, Milei y Bullrich quieren convencernos de que no hay plata. Pero sí hay plata para los operativos represivos de millones de pesos cada vez que el pueblo sale a la calle”, añadió luego.

Al ritmo de los bombos y canciones populares, los manifestantes avanzaron por Rivadavia para luego unirse a los jubilados, agrupaciones de personas con discapacidad y los médicos del Garrahan, que dijeron presente para exigir la aplicación de la Ley de Emergencia en discapacidad y también en el sector pediátrico, ambas suspendidas por el gobierno.

¿Esta creciente unidad se hará extensiva al resto de la sociedad en pos de frenar la avanzada del gobierno o primarán los intereses individuales por sobre lo colectivo?

Bebés con abstinencia: un sistema que llega tarde

Bebés con abstinencia: un sistema que llega tarde

Dic 3, 2025 | Comunidad, Destacado 2

En las maternidades del sistema público de salud un fenómeno que antes era excepcional hoy aparece con una frecuencia inquietante: llegan a parir mujeres en situación de consumo. Los debates que se plantean para solucionar un problema que nace en la vulnearción de derechos.

No se trata sólo de consumo: se trata de pobreza, de aislamiento, de violencias, de un sistema sanitario que llega tarde y de un Estado que aparece cuando el riesgo ya estalló. Esa intersección es el territorio donde trabajan personas como Lucía, Liliana y una residente que prefirió no dar su apellido, como las otras, pero tampoco su nombre. Las tres son profesionales de distintos hospitales del Conurbano Bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires. Y es también el territorio donde vive Natalia, en la Villa 21-24 Zavaleta, con una historia que se repite más de lo que se cuenta.

 

¿Adictos?

En un hospital del sur del conurbano, hay ocho bebés que están internados en neonatología. Cinco de ellos están judicializados. Tres ingresaron por exposición a consumo problemático durante la gestación. Estos bebés tienen fiebre, convulsiones, diarrea, temblores. No duermen. Pesan muy poquito. Lloran pero no porque “son bebés y los bebés lloran”, sino porque tienen abstinencia.

Lucía Sanabria es licenciada obstétrica (UBA) y desde hace 25 años acompaña mujeres durante el embarazo, parto, puerperio y lactancia. Hoy trabaja en un hospital público del conurbano bonaerense y, como muchos otros profesionales, advierte que el escenario cambió: “En los últimos tres años han aumentado notablemente los casos de consumo de sustancias psicoactivas durante el embarazo”. La mayoría no se detecta en la consulta prenatal: ahí todavía reinan la vergüenza, el miedo a ser juzgadas y la desconfianza en el sistema. “En muchos casos es detectada durante el trabajo de parto”, explica. “Si bien durante el embarazo el profesional que está asistiendo a la mujer indaga sobre el uso o abuso de sustancias, todavía existe vergüenza y miedo de parte de ellas al sentirse juzgadas por su consumo, a tener problemas con los servicios sociales o incluso a que las separen de sus hijos. Otras no conocen sobre los riesgos del consumo durante el embarazo y la lactancia”.

Cuando eso ocurre, la revelación aparece en los cuerpos más pequeños, en un temblor, en la imposibilidad de regular la temperatura, en llantos y vómitos constantes. Son señales que en neonatología ya nadie desconoce: son signos compatibles con abstinencia neonatal, una expresión silenciosa del consumo materno durante los últimos días o semanas. Lucía cuenta que, ante la sospecha, se piden tóxicos en orina; no se hace de manera rutinaria sino cuando el cuadro clínico lo exige o cuando la propia paciente refiere consumo reciente. “Los más comunes son marihuana y cocaína”, explica. “A veces el bebé es el que delata el contexto cuando presenta signos clínicos de abstinencia”. En esos casos, los tóxicos se realizan, también, en el recién nacido.

En 2022 el Ministerio de Salud lanzó un informe sobre “Recomendaciones para la prevención del consumo perinatal de sustancias psicoactivas y para la contención y el cuidado de las personas afectadas”. Allí se sostiene que “El consumo de sustancias psicoactivas es un factor de riesgo más, dentro de la situación biopsicosocial de la persona gestante y un abordaje integral debe tomar en cuenta los determinantes de la salud (acceso a servicios de salud, nivel socioeconómico y cultural, inclusión social, disponibilidad de redes de apoyo social, acceso a la educación, entre otros), así como las características de su entorno”.

¿Cuánto de esto efectivamente sucede?

 

Demasiado

En 2024, el medio cordobés Ruido relevó casos de recién nacidos con abstinencia en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. La investigación documentó que las muestras positivas de consumo en mujeres embarazadas aumentaron hasta 128% en un año. “En Buenos Aires, las estadísticas del hospital Mariano y Luciano de la Vega –del partido de Moreno– reflejan que el 1,65% de los bebés nacen expuestos a alguna sustancia de abuso, principalmente cocaína, seguido por la mezcla de esa droga con marihuana. En números absolutos, en 2023 se registraron allí sustancias en 46 recién nacidos, sobre 2.482 nacimientos. Un dato preocupante: hasta julio de 2024 ya se habían detectado 42 niños expuestos a drogas (casi el total del año anterior).” 

Liliana, quien prefiere no dar su apellido, tiene 56 años, es obstétra del hospital en el que se encuentran tres bebés judicializados en neonatología por causa de consumo de sustancias psicoactivas durante el embarazo. Recorriendo la sala en medio de la luz tenue, entre lágrimas y llantos (no sólo de los bebés), intenta poner en palabras la situación: “Hace 35 años que trabajo acá. La verdad es que antes, sí, teníamos uno o dos casos en seis meses. Pero ahora, no hay descanso, es todos los días. Yo estoy en el consultorio de primera vez. La mayoría de casos que llegan suelen ser mujeres en situación de calle. Cuando alguna lo manifiesta, la derivamos directo a Servicio Social. Si están en puerperio, pedimos estudios para evaluar si pueden amamantar. Si no, se inhibe completamente la lactancia”. “La mayoría no vuelve –continúa-, no porque no quieran, sino porque verdaderamente no pueden. Hay muchas veces que ni siquiera son completamente conscientes del embarazo y las consecuencias que puede traer consumir durante el mismo. Pero son adictas. Es una enfermedad, una cuestión de salud mental. No es solamente una cuestión de voluntad y de querer parar de consumir”.

Los diferentes equipos que trabajan interdisciplinariamente chocan contra preguntas sin respuesta unívoca: ¿separar o no al bebé de su madre?, ¿inhibir o no la lactancia?, ¿cómo acompañar sin vulnerar derechos?, ¿cómo proteger sin castigar?

Una residente del sector de tocoginecología que también prefiere el anonimato y que trabaja en un hospital público en CABA fue testigo de este escenario desde su primer día: “Mis jefes dicen que esta problemática aumentó. Cada vez hay más casos. Y lo vemos: ya tuvimos que pedir metabolitos en orina varias veces. Antes no era tan frecuente”. Cuenta que en una reunión llegó a discutirse la posibilidad de pedir análisis toxicológicos de manera sistemática a todas las mujeres que ingresaran en trabajo de parto. La idea se desestimó no por falta de casos o porque sea innecesaria, sino por falta de estructura dentro del sistema para poder realizarlo.  “Lo que más vemos es cocaína. Marihuana también, pero mucho menos. Casi siempre son pacientes de contextos sociales muy difíciles: muchas tienen parejas que también consumen, tienen redes de apoyo muy escasas, están alejadas de sus familiares. Muchas de ellas llegaban y no sabían que estaban embarazadas”.

El protocolo –si se puede llamar así– para estas situaciones se arma de forma “artesanal”. Existen dos guías vigentes, una nacional y otra provincial, y además hay otra en elaboración. Pero la práctica diaria avanza más rápido que los papeles. Los diferentes equipos que trabajan interdisciplinariamente chocan contra preguntas sin respuesta unívoca: ¿separar o no al bebé de su madre?, ¿inhibir o no la lactancia?, ¿cómo acompañar sin vulnerar derechos?, ¿cómo proteger sin castigar?

Los bebés suelen ir a Neonatología para la observación de signos de abstinencia. La internación, que podría durar dos o tres días, se extiende por semanas: hay que esperar la intervención del equipo de Salud Mental, del Servicio Social y del Servicio Local. Todo un aparato estatal que aparece recién cuando la urgencia es irreversible. Una vez que finaliza el embarazo y el bebé nace son muchas las acciones que se tienen que llevar a cabo desde diferentes áreas para generar un control consciente, tanto para la madre como para el recién nacido.

“Tuvimos un caso de una paciente que llegó con un embarazo a término. Nos fijamos en el sistema y notamos que había un antecedente muy importante de consumo, su pareja consumía también. Cuando pedimos el examen toxicológico llegó con positivo para cocaína. Es decir, claramente ese bebé recibió cocaína vía transplacentaria durante todo el embarazo. Finalmente, se llegó al parto, pero toda la situación fue muy difícil. Tuvimos que derivar al bebé a Neonatología porque justamente era un bebé en situación de riesgo por abstinencia. Al mismo tiempo hablamos con Servicio Social e intervino el Consejo de Protección al Menor”, relata la residente. “Pero notamos que la madre no era consciente de todo lo que estaba sucediendo. Intentaba dar respuestas que hacían alusión a que en realidad ella no estaba consumiendo, pero obviamente sabíamos que no estaba diciendo la verdad. Quería darle de amamantar a toda costa al bebé pero no podía, porque los exámenes seguían llegando positivos”.

“Después de una semana aproximadamente de internación, los exámenes de metabolitos llegaron negativos y desde servicio social le permitieron a la mamá amamantar al bebé que seguía en Neo”, continúa relatando el caso. “A nosotros, desde obstetricia, nos pareció que tal vez no era la mejor opción porque todavía no estaba definida la situación madre/hijo que se iba a atravesar. El hecho de que le permitieran amamantar y formar un vínculo mucho más estrecho con el bebé y no saber si después los iban a desvincular era preocupante. Y efectivamente eso pasó. La paciente tenía otros cuatro hijos que se encontraban judicializados y, dada la situación, el servicio social decidió desvincular a la madre del bebé. Pero atravesar y acompañar toda esa situación desde nuestro lado es realmente muy complejo”.

Hay casos de bebés de varios meses que llegan al hospital intoxicados por las drogas que le llegan a través de la leche materna. El consumo a edades tan tempranas es particularmente dañino para bebés en una etapa tan importante del desarrollo.

            Lucía también es diplomada en Lactancia Materna y nos comparte su visión al respecto: “Los profesionales nos vemos en la encrucijada entre separar o no al bebé de esa madre, inhibir o no la lactancia”. Según cuenta, no comparte la posición con otras colegas: “Donde trabajo y como referente de lactancia, lucho por que se respete el contacto entre madre/hijo y el deseo de esa mujer con respecto a la lactancia. No se inhibe la misma hasta que la mujer lo decida”.

 

En primera persona

            Mientras tanto, afuera del sistema, la vida sigue como puede. En la Villa 21-24 Zavaleta, Natalia, quien también prefiere ocultar su identidad completa, hoy tiene 42 años, lucha contra el consumo problemático desde su adolescencia. Tiene cuatro hijos. Todos sus embarazos fueron atravesados por el consumo, pero fue el último, hace seis años, el más riesgoso. Su hija Zoe nació con bajo peso y signos de abstinencia, expuesta a la cocaína durante casi toda su gestación.

            Natalia alterna momentos de lucidez y responsabilidad con períodos en los que  desaparece por días. Hoy trabaja intermitentemente, si bien está en proceso de recuperación, las recaídas son parte de su vida cotidiana. Su hija suele quedar al cuidado de su abuela. A veces juega sola en la plaza de Zavaleta. Cuando se pierde, son los mismos policías del barrio quienes la devuelven a su casa, siempre con un mismo pedido: “Por favor, cuídenla. Si no vamos a tener que llamar al Servicio Social”. Natalia habla con culpa, pero también con cansancio. No hay un arrepentimiento lineal ni heróico: hay una trama de pobreza, consumo, maternidad y violencia que no empieza ni termina en ella. Su testimonio no justifica, explica. Y en esa explicación se dibuja recién la punta del problema.

            En la Argentina está presente (y actualizada por los discursos informativos e ideológicos) la asociación entre “persona adicta” y “delincuente” en donde se reprime y penaliza la tenencia de ciertas sustancias para uso personal, influyendo así negativamente sobre el imaginario social y produciendo como resultado una asimilación conceptual entre “adicción” y “delincuencia”, con la consiguiente exclusión del sistema de salud. Esa mirada expulsa a las mujeres del sistema de salud y alimenta la estigmatización. “Las mujeres no consumen en el embarazo porque no les importa su hijo”, agrega Lucía, “sino porque el consumo es una problemática de salud mental que no depende en la mayoría de las veces de la voluntad de quien consume”.

            Para todas las profesionales, el camino es claro: “Es fundamental la creación de equipos interdisciplinarios para abordar de manera individualizada cada caso, cada historia”, explica Lucía. Y cierra: “No he visto una historia igual a otra. Una mirada individual desde cada especialidad sólo fragmenta la atención y vulnera los derechos de estas mujeres y sus bebés. Se necesitan políticas públicas claras, con perspectiva de derechos y género, capacitación a los profesionales que intervienen en la atención y seguimiento de estas diadas, dejar de juzgar a las mujeres y ser más empáticos con su situación”.

 

«La desigualdad social se paga con años de vida»

«La desigualdad social se paga con años de vida»

Dic 3, 2025 | Comunidad, Destacado 3

Según un estudio de CISUR, las personas que residen en los barrios populares mueren, en promedio, 11 años antes que el resto de la población. La brecha es aún mayor entre las mujeres y las condiciones habitacionales multiplican los factores de riesgo.

Barrio Padre Carlos Mugica. Foto: Archivo ANCCOM

Un reciente informe del Centro de Integración Socio Urbana (CISUR) arroja luz sobre la cruda realidad que enfrentan los habitantes de los barrios populares. “Entre los principales hallazgos destacan las diferencias en la edad de fallecimiento –explica el director de Suelo para Vivir y Producir de la organización, Rafael García Lazo–.Mientras que en la población general la edad promedio en la que mueren las personas es de 76,6 años, en los barrios populares desciende a los 65,6 años, una brecha de 11 años de vida”.

“La mayor brecha se da en las mujeres. Los varones en la población general fallecen en promedio a los 68,9 años, frente a 59,4 años en los barrios populares, una brecha de 9,5 años. En tanto, la edad promedio de fallecimiento en las mujeres es de 71,3 años en la población general, y de 62 años en los barrios populares, una diferencia de 12,3 años”, agrega García Lazo.

CISUR es un espacio que se dedica al estudio y diseño de políticas públicas vinculadas a las ciudades, pensadas desde una perspectiva igualitaria. En este sentido, el informe “Mortalidad en barrios populares” aportadatos duros y cuantificables relativos al contexto social de sus habitantes, sometidos a dificultades extremas y sin posibilidades de mejora.

“Las verdaderas causas (de la brecha de vida) no se pueden saber con precisión, pero existen hipótesis –prosigue García Lazo–.Por ejemplo, el desgaste de las personas al momento de jubilarse, muchas deben seguir trabajando porque no les alcanza para vivir. También está el problema habitacional, otra posible causa: viviendas con demasiada humedad, basurales en las cercanías, la falta de acceso a la salud, beber agua contaminada, ya que no tienen acceso a red de agua potable. Los organismos nacionales no están interesados en los barrios populares. Desde el CISUR se envían estos estudios a la Secretaría de Integración Social de la Nación para impulsar y apoyar políticas públicas de integración sociourbana que mejoren las condiciones de vida y garanticenla igualdad de oportunidades para todos”.

Asentamiento en el barrio de Barracas. Foto: Archivo ANCCOM

Luis Porzio, director de Desarrollo e integración productiva de CISUR, señala que el estudio sobre la mortalidad “es un ejemplo de cómo se posicionan los barrios, con la esperanza de una vida más justa, descubriendo las desigualdades habitacionales para poder interpretar a la sociedad y sostener una política pública de integración urbana, que durante el gobierno de Alberto Fernández se llevó adelante, pero que con el actual muchas obras se han paralizado en todo el país”.

“Es algo nefasto que muchos barrios populares no tengan instalaciones de cloacas, que vivan en condiciones insalubres, habitando en casillas precarias, con humedad, inundaciones o aspirando toxinas de descampados llenos de basura, sin acceso a agua potable –enfatiza Porzio–. Es una vergüenza que hoy no haya obras públicas que reviertan la situación”.

“La solución consiste en que el Estado no haga la vista gorda y vuelva a implementar políticas sociourbanas en los barrios populares.El desafío consiste en prolongar los años de vida en estas poblaciones, que los años que vivan las personas lo hagan dignamente, con acceso a los servicios básicos, vivienda, trabajo, salud, educación, alimentos, que puedan comer las cuatro comidas diarias, que puedan elegir qué comer y así dejar de ir a comedores o merenderos.    La desigualdad social se paga con años de vida”, concluye Porzio, que puede dar testimonio en primera persona de lo que significa vivir en un barrio popular ya que él habita en uno en Mar del Plata.

En síntesis, la falta de acceso a servicios básicos, la exposición constante a factores de riesgo ambiental y la precariedad habitacional, sumado a las trayectoriassociales y laborales,generanun entorno de alta vulnerabilidad que deteriora la salud de los habitantes de los barrios populares. El estudio del CISURconstituye un llamado a la acción para enfrentar las desigualdades, impulsar la justicia social y devolver la esperanza –literalmente de vida– a las más de cinco millones de personas que habitan allí.

Los invisibles

Los invisibles

Dic 3, 2025 | Comunidad, Destacado 2

Una cronista de ANCCOM acompañó a los voluntarios de la Fundación Sí en su recorrida por Palermo para darle comida y, sobre todo, compañía a las personas en situación de calle. Aquí sus voces.

Son las ocho de la noche y, como todos los días del año, los voluntarios de Fundación Sí salen a caminar las calles de Buenos Aires con un termo de agua caliente en la mano y la intención simple y radical de acompañar. En invierno se ofrece abrigo; en verano, algo fresco. Pero lo que se reparte –sobre todo- es tiempo, escucha y atención. Se revisan las listas, se distribuyen las cuadras, se anotan los pedidos. Cada grupo conoce su recorrido; en este caso, el de la zona 14, en Palermo.

El punto de encuentro siempre es el mismo: la esquina de Charcas y Julián Álvarez. Las cuadras están semivacías: algunos bares todavía abiertos, taxis que frenan un momento y siguen, las máquinas barredoras que avanzan lento, verduleros que guardan los cajones y algún vecino que pasea al perro mientras los voluntarios buscan rostros conocidos. Dicen que hacer recorridas es una manera de visibilizar a quienes el resto invisibiliza. Darles nombre, saber cuál es su historia, poder compartir con ellos un rato, una charla, un té, una sopa.

Desde hace más de una década, la Fundación Sí organiza este entramado de apoyo que se sostiene todas las noches, incluso en Navidad y Año Nuevo.La apuesta es por el vínculo. Las Recorridas Nocturnas se realizan en CABA, en partidos del Gran Buenos Aires como Tigre, Pilar, Luján, La Plata, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy, Resistencia, Posadas, Mendoza y San Luis. El propósito es acompañar a las personas que se encuentran en situación de calle y estar presente en los procesos personales de cada una a través de la constancia y con la idea firme de permanecer, porque conocerse lleva tiempo.

Para hacerlo, trabaja en un abordaje integral de cada historia, con la intervención de distintas áreas conformadas por voluntarios especializados: Adicciones, Animales, Asesoramiento jurídico, Documentación, Inclusión Escolar, Inclusión laboral, Jubilaciones, Psicología, Salud, Trabajo Social y Visitas.

Juanca espera en la esquina, tiene 63 años y es sumamente trabajador, estructurado, testarudo, amable y agradecido. Desde hace más de una década vive ahí, entre el ruido de los colectivos y la generosidad de los vecinos. Es muy querido, en el barrio lo conocen y lo saludan, participan de sus cumpleaños y de algunas fiestas importantes. Le gusta discutir, sobre todo de política, fútbol o precios. Habla del clima, de la inflación, del tránsito. Para dormir, acomoda su carro adelante. Mantiene sus rutinas y tiene todos los papeles al día, pero aun así le advierten que tenga cuidado porque la policía anda levantando gente.

En un contexto donde la situación de calle no deja de crecer, esta presencia toma otro peso. En mayo de este año, el relevamiento oficial del Instituto Estadístico Porteño registró 4.522 personas sin acceso a una vivienda. De ellas, 1.574 dormían directamente en la vía pública, la cifra más alta desde que se realiza el estudio. Las organizaciones de la sociedad civil que se especializan en el tema, dicen que esa cifra se queda muy corta y cuestionan la metodología utilizada para obtenerla. La crisis económica empuja, el mapa de la calle cambia rápido, cada semana aparecen historias nuevas. 

A unas cuadras está Dani. Lo reconocen desde lejos, aunque se afeitó y está distinto. Charla con todos y habla inglés, recuerda los nombres de voluntarios de otras zonas y pregunta por ellos. Dice que los espera. Tiene anécdotas para todo y una energía que contagia. Habla de Mar del Plata, de un casamiento y pregunta si alguien podría cortarle el pelo. Esta noche lo acompaña Pablo. Entre risas, los dos miran videos en el celular para aprender palabras en guaraní. Aparecen historias de sus padres y hermanos.

Contó que le habían hecho dos notas en la radio y que siempre le preguntaban lo mismo: “¿Qué se siente tener 60 años y vivir en la calle?”. Es el primero en ofrecer asiento y el último en despedirse. Esta noche lo acompaña Pablo. Entre risas, los dos miran videos en el celular para aprender palabras en guaraní. Aparecen historias de sus padres y hermanos.

Voluntarios del proyecto Recorridas Nocturnas. Foto: Gentileza Fundación Sí.

Javi, en cambio, es más reservado. Vive en Plaza Medrano. Pasó por varios hogares, y sólo rescata uno: el del Cura Brochero. “Estaba limpio, te ayudaban de verdad”, dice. Ahora intenta tramitar su DNI, otra vez. Habla poco, pero cuando lo hace, elige bien las palabras.

Al lado está Fabiana. Hace tiempo que el grupo la conoce. Antes andaba con Mauro, con quien solían parar en un salón de fiestas. Esa noche se la nota más conversadora que de costumbre. “¿No tenés un pantalón y unas zapatillas 37? ¿Habrá algún lugar donde pueda bañarme? Estoy necesitando eso. Si saben de algo, avísenme.”. El grupo le pasa la información del Dispositivo de Primer Acercamiento estatal (DIPA), que son espacios donde pueden asearse, comer algo y tener asistencia profesional.

Le preguntan también por sus hijos. Fabiana levanta la mirada apenas, como si no quisiera detenerse en el tema: “Estoy peleada… no sé.”

Durante el segundo trimestre de ese año, casi uno de cada cinco habitantes, unas 650 mil personas, atraviesa condiciones de pobreza, y alrededor del 4% de los hogares directamente no logra cubrir lo básico para comer. La indigencia alcanza al 6% de la población.

Entre los voluntarios circula una certeza que se repite en las recorridas: lo que los hace seguir saliendo es saber que, por más pequeño que parezca, lo que hacen tiene un impacto real en alguien. A veces, un simple “¿cómo estás?” puede ser lo único que una persona escucha en todo el día. Y motiva ver que esperan la visita, que recuerdan sus nombres.

También está Rosa, una mujer dulce y educada que llegó hace poco. Habla pausado. “Soy de Misiones, trabajé siempre como empleada cama adentro. Pero ahora estoy en un tratamiento psiquiátrico y los médicos me recomendaron no volver a trabajar hasta recibir el alta. Llegué acá, a la plaza, hace poco. Este grupo… la verdad que es lindo, me gusta quedarme, nos acompañamos.”

Matías aparece algunas noches. A veces trabaja en la parrilla de la vuelta, pinta casas o pasea los perros de los vecinos, que lo aprecian y confían en él. Cuando no está, deja sus cosas en la verdulería o con el portero de al lado. Últimamente no siempre quiere conversar: “Estoy tranquilo, chicos, gracias, no quiero nada”, dice sin levantar demasiado la vista del teléfono, donde suele quedarse enganchado con un jueguito.

En el bulevar de Charcas, Rubén escucha la radio, siempre la misma emisora. Es de Córdoba y le gusta el cuarteto. Esa noche se había quedado sin pilas, así que el grupo caminó hasta un quiosco y volvió con un paquete nuevo. Le duelen los pies, le sugieren que camine un poco durante el día. No habla mucho y baja la voz. Cuando le preguntan por la escuela, responde en voz baja: “No… la primaria terminé nomás. El secundario no, salía mucha plata.” El grupo vuelve a preguntarle: “¿Cómo mucha plata, Rubén? ¿No fuiste a un colegio público?” Y él repite, con cansancio: “Sí… pero era mucha plata, mucha plata.” Después cambia de tema y vuelve a contar que le hubiera gustado estudiar “negocios”. De a poco va dejando entrever partes de su historia. La intimidad se construye con la constancia de las noches. Esta idea de que la confianza lleva tiempo se repite entre los voluntarios, saben que muchas personas están acostumbradas a que las traten mal.

No hay promesas de salida ni discursos salvadores. Lo que se ofrece es estar. Una charla que interrumpa el anonimato. Se pregunta si alguien vio al que solía dormir sobre la vereda de enfrente. Se comenta que otro está alquilando una pieza.

Durante la pandemia, las recorridas se suspendieron por un tiempo. Estrella, voluntaria de la Fundación, recuerda que, en esos meses, solo una persona podía salir a repartir viandas. Entre quienes acompañaban, estaba “el Chapa”, que había logrado comprarse una casa rodante con un subsidio, aunque “estaba toda destartalada”.

Ante esa situación, los voluntarios organizaron una jornada para arreglársela. Se acercaron con un muralista que diseñó un dibujo lleno de colores y pasaron horas bajo el sol, todos con barbijos, en una calle sin salida. Estrella tiene presente el momento en el que terminaron y el Chapa se emocionó. “Dijo que, por primera vez, iba a poder acostarse a dormir y mirar el techo de su propia casa”.

Es un recorrido de nombres propios: la esquina de Juanca, la plaza de Javi, el bulevar donde se sienta Rubén. Cada noche, el grupo vuelve a esos mismos puntos. Hay quienes desconfían, quienes no quieren hablar y quienes están de paso. Pero siempre hay alguien que espera. Por eso, las salidas no se suspenden.

Dentro del grupo insisten en que detrás de estas historias no hay decisiones aisladas sino pérdidas, enfermedades, violencia y falta de oportunidades, algo que Martín, voluntario de la Fundación, suele remarcar cuando escucha decir que “alguien está en la calle por elección”.

El termo ya pesa menos. También se conocen nombres nuevos o alguien reaparece después de meses. Cada noche, los voluntarios registran lo que vieron, lo que escucharon, lo que hay que llevar. Dicen que, al principio, cuesta saber cómo hablar, qué decir, cómo acercarse.

“Acompañar —resume Estrella— es estar en las buenas y en las malas. Escuchar, respetar los silencios, dar un abrazo, reírse o llorar juntos. Aprendés, te emocionás, te transformás. Es amistad.”

 

Las personas con discapacidad reclamaron que se cumpla con la Ley de Emergencia

Las personas con discapacidad reclamaron que se cumpla con la Ley de Emergencia

Dic 2, 2025 | Comunidad, Destacado 3

Realizaron un encuentro de productores de la economía social con trabajadores con desventaja, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El miércoles hay marcha.

En vísperas del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el viernes último se realizó un Encuentro Federal de emprendedores con discapacidad, y se reclamó la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad que sigue sin implementarse. Organizado por la Asociación Civil Acción Colectiva y bajo el lema “Un encuentro federal para fortalecer lazos y construir derechos” la reunión comenzó a las 10 de la mañana con una feria de economía social y juntó a productores de cooperativas de inclusión, emprendimientos de todo el país y actividades culturales, al aire libre, en el Parque Los Andes, del barrio porteño de Chacarita.

            Entre los presentes estaban los diputados nacionales Daniel Arroyo y Christian Castillo, presidente y miembro de la Comisión de Discapacidad de la Cámara Baja, respectivamente, quienes colaboraron para que el encuentro se realizara, y Elizabeth Calderón, exfuncionaria del Área de Discapacidad del Municipio de Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba.

            “Vinimos para encontrarnos, abrazarnos, conversar, compartir, tocar, cantar, bailar. Para rescatar algo de la alegría, que es tan difícil en estos tiempos y para seguir luchando, haciendo visible y sonora está situación en la que venimos peleando hace un montón de tiempo ¡Que la Ley de Emergencia en Discapacidad se implemente!”, expresa la murga La del Patio, compuesta por familias de la escuela Nuevo Día de Ramos Mejía. Cerca de las 11 su presentación atrajo la atención de los transeúntes: “Somos menos pero no somos menos”, concluyen.       Las personas con discapacidad no son minoría, aunque su existencia pública se vuelva inaccesible. Casi un centenar de personas con y sin discapacidad se reunieron a habitar el espacio público y conmemorar un día de lucha y visibilización. En vísperas del 3 de diciembre en el que, desde 1992, se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad; proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de fomentar sociedades más inclusivas para el progreso social. 

“Insoportable”  

 La jornada continuó con una Mesa de Discapacidad y Políticas Públicas en la que participaron funcionarios y activistas en la temática. Calderón es cordobesa y describió las problemáticas que atraviesan las personas con discapacidad en el Valle de Calamuchita, por ser una zona montañosa: “Muchos abandonan la escuela porque no tienen accesibilidad física, no hay transporte”. Calderón explica que casi no hay transportistas porque no es rentable debido a que la circulación en el monte arruina los automotores y esto se agrava con la crisis: “Muchas veces queda invisibilizada la lucha de los transportistas que son clave en la accesibilidad”. Pensando en las problemáticas no deja de hacer foco en los desafíos que enfrenta el Valle y que vislumbró durante su gestión: “Con el modelo social de discapacidad se abre una línea de intervención de desarrollo humano con la que se busca realizar promoción laboral, todo eso ocurre en una línea de subsidios y no en una línea de políticas estructurales. Entonces seguimos poniendo curitas a una problemática que es mucho más compleja. Vas al ministerio, presentas un proyecto, te dan diez millones de pesos pero ¿Cómo se le paga a los trabajadores? ¿Qué sistemas tenemos para regularizar el trabajo y hacer un reconocimiento real?”. Calderón viene de trabajar en la conformación de equipos técnicos para la producción de políticas estructurales en los ámbitos de discapacidad y adultos mayores y sostiene la importancia de elaborar estas políticas que dan soluciones permanentes, en contraposición a programas que pueden modificarse con los cambios de gestión.

 Marisol Zerra Paso es licenciada en terapia ocupacional y participa de la Asociación Civil Acción Colectiva: “Nuestro mayor proyecto es la tienda social “Lo de franco” que está hace 3 años. La tienda social nace de la filosofía italiana de las cooperativas sociales donde hay un porcentaje de sus trabajadores que pertenecen al área de las desventajas”, explica. No solamente trabajan con personas con discapacidad: “también son personas con otros tipos de problemáticas: salud mental, violencia de género, migraciones, hay un abanico en relación a la desventaja”, explica. El encuentro Federal reunió estos trabajos. “Nuestro mayor proyecto tiene que ver con la comercialización de productos de diferentes emprendedores, cooperativas, fundaciones que vienen de está área, entonces estos productos tienen ese valor agregado que cuentan con la historia de los emprendedores y con los procesos de producción llevados a la oportunidad del trabajo. Nuestro mayor objetivo en la asociación es la inclusión laboral de personas en situación de desventaja”, concluye.

 Al igual que Elizabeth Calderón, Marisol ve en la inclusión laboral una problemática similar, el problema no está en el proceso de producción sino en las redes de comercialización. Ambas aspiran a un mercado formal inclusivo. Desde la asociación brindan estos apoyos y reúnen estos emprendimientos para que puedan competir en igualdad con marcas igual de importantes. Su local se encuentra en el barrio de Villa Crespo, en Juan B. Justo 824.

            La jornada se dio en el marco de un programa de sensibilización, difusión y concientización de la misma asociación. Zerra Paso comenta que es el evento más grande realizado y fue en articulación con la Comisión de Discapacidad de la Cámara de diputados que le brindó la posibilidad de costear parte de los pasajes de la cooperativa de Chubut “Hilando Caminos” para que pudieran ser protagonistas y mostrar su trabajo.

             Por su parte el diputado Christian Castillo, del PTS – Frente de Izquierda, dice en diálogo con ANCCOM: “Vamos a seguir reclamando que se aplique la ley, esto es lo primero, va a haber un debate seguramente ahora cuando sea el presupuesto. Desde nuestra parte hemos estado acompañando todas las movilizaciones, todos los reclamos, todas las votaciones y lo que está haciendo el gobierno es inconstitucional”.  Y agrega “la justicia no está acompañando como debería el reclamo de todas las familias con discapacidad”. Afirma que hay que seguir acompañando este tipo de actividades y “a quienes todos los días están peleando por incluir personas con discapacidad y que la vienen luchando muchísimo. Creo que una cosa está ligada a la otra y parte de esto es la autoorganización que tuvo el colectivo con discapacidad que fue muy importante para lograr la aprobación de la ley, derrotar el veto. Y que ahora sigue en la calle ante esta negativa increíble del gobierno”.

             Con respecto a la actividad Agustina Abadia que es terapista ocupacional del Hospital Moyano, con formación en arte destaca la importancia de construir espacios comunitarios: “Participar y estar atentos a que no sean solo espacios cerrados, no solo espacios de discapacidad o de la salud, participar de acciones comunitarias, hay ghettos, pero en la calle tenemos que estar todos juntos”. Paula Bregú, su compañera en el proyecto de museos como espacios productores de salud y también terapista ocupacional agrega: “Yo pensaba como ciudadanos, ciudadanas de esa micropolítica, promover estos espacios, participar, es fundamental, porque alojan. Somos comunidad, construimos esto”.

             El encuentro concluyó con una mesa de disertación en primera persona de experiencias de trabajadores con discapacidad y en desventaja. Leandro Gras compartió su experiencia con ANCCOM: “Trabajo en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación hace 11 años, sirvo café a los diputados, me hice amigos, soy delegado de un gremio que es parte del sindicato APL (Asociación de Personal Legislativo)”. Cuenta que ingresó a trabajar antes del cupo por discapacidad pero que con la ley la incorporación de personas con discapacidad al Congreso lo hizo feliz: “Quiero que se rompa la exclusión laboral, mi corazón dice eso”.

            Gras cuenta que también es jugador del equipo de Fútbol Inclusivo de Boca, con quienes se acercó al encuentro, y parte de “Los Únicos” un grupo de folklore para personas con discapacidad de Villa Celina. Hace de lo personal algo colectivo y quiere que esos derechos alcancen a todas las personas con discapacidad. Por eso convoca a movilizar el próximo miércoles: “El 3 de diciembre quiero que ustedes vayan al Congreso a apoyar, no a este gobierno sino a nuestro sindicato, para mostrar que podemos luchar, que podemos ser felices, que podemos todos juntos ser como una familia. Hay que movilizar”.

El día que los extraterrestres, el hombre imán y los antivacunas invadieron el Congreso

El día que los extraterrestres, el hombre imán y los antivacunas invadieron el Congreso

Nov 28, 2025 | Comunidad, Destacado 1

Organizado por la diputada del Pro Marilú Quiroz, se realizó un encuentro de militantes antivacuna en la Cámara Baja. Una reunión hilarante si no hubiera sido en un momento en el que reaparecen enfermedades que habían sido erradicadas por la inmunización colectiva.

“¡Las vacunas son un veneno extraterrestre!”, gritaba un hombre de entre 30 y 40 años con remera azul. El megáfono pasaba entre las manos de un grupo de personas que aguardaba para entrar al Anexo del Congreso. Se grababan unos a otros y transmitían por internet. Algunos con banderas argentinas colgadas del cuello, otros con carteles improvisados en el momento. “No hay otra esperanza: con soga será”, gritó para terminar el que hablaba de extraterrestres y le pasó el megáfono a una señora que mezcló las vacunas con el evangelio y Jesucristo.

En el auditorio del subsuelo, con capacidad para 200 personas, se realizaba la charla ¿Qué tienen realmente las vacunas del covid-19?: perspectivas legales, políticas, genéticas e infectológicas, que contó con tres paneles de expositores. Apenas se hacía un espacio, alguien entraba desde afuera.

La organizadora Marilú Quiroz, diputada nacional por la provincia de Chaco que responde al Pro, se encargó en los días previos de difundir el evento, aunque algunos legisladores de su bancada le salieron al cruce en las redes. Ella abrió y cerró la charla personalmente; algunos presentes le gritaban “¡Heroína!”.

El punto alto de la tarde fue cuando la doctora Lorena Diblasi llamó a José Daniel Fabián, un hombre que se encontraba entre la gente. Cuando subió al escenario lo instó a que se sacara la remera y se pusiera sobre el pecho un imán para probar la magnetización que padece, hipotéticamente, desde que recibió dos dosis de la vacuna AstraZeneca. Además, contó que tenía problemas cardiológicos y desde el auditorio le preguntaron si no era por hipertensión.

Desde las 14 hasta las 20 pasaron por el micrófono abogados y médicos pediatras e infectólogos, entre otros profesionales. Muchos repetían que las vacunas son crímenes de lesa humanidad y lo asociaron a la “mente afiebrada abortista”. Para sostener sus afirmaciones mostraban investigaciones que realizaban ellos mismos con sus pacientes. Una médica de la clínica Bazterrica, Lucía Langer, aseguró que medía las cantidades de metales en sangre de sus pacientes antes de indicarles la vacunación: “Con el calendario de vacunación están haciendo desastre en los niños”. Por eso, ella extiende certificados para presentar en las escuelas y que los eximan de la obligación. “Todo esto que está sucediendo es un experimento social y genético. Entonces ustedes eligen estar del lado del conejillo de indias o del lado espiritual para sanar la humanidad”, aseguró antes de ser ovacionada por el público.

Observando el evento se encontraban tres personas de Mendoza con una banda de tela celeste cruzada sobre el pecho; eran parte de la autodenominada “Corte internacional de Justicia Real de las Personas” quienes dieron su adhesión al evento. Sumaron también un documento que se leyó ante el auditorio.

El argumento más repetido es que las vacunas tienen componentes metálicos que hacen mal a la salud. No importa que las investigaciones con control de pares, como explican investigadores del CONICET, hace tiempo hayan explicado que si bien algunas vacunas utilizan algunos metales, lo hacen en cantidades insignificantes y, por lo tanto, inocuas.

¿Cómo se explica tanta testarudez en tiempos en los que vuelven los contagios de enfermedades antes controladas como el sarampión o la tos convulsa?

 

 

 

 Una epidemia informativa

La pandemia del covid-19 no sólo se llevó seres queridos, sino que dejó un saldo incalculado e impensado en ese momento: el crecimiento del movimiento antivacunas junto con la ruptura de legitimidad del paradigma científico que era incuestionable. El combo es exacerbado por el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y las redes sociodigitales, dónde todos pueden decir cualquier cosa sin un sustento científico.

En paralelo, en el segundo piso del Anexo se realizaba la contrajornada, provacunas, impulsada por el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Pablo Yedlin. En ella expusieron Nicolás Kreplak, sanitarista y Ministro de Salud de la Provincia quien contó que solo cerca del 50% de los menores de 5 años tienen la vacunación completa. También hablaron otros diputados como  Daniel Gollán, exministro de Salud de la Nación, y diputadas que rechazaron que el presidente de la cámara habilitara el evento antivacunas.

Allí se recordó también que el gobierno actual le sacó todo el financiamiento al Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles que visitaba a las escuelas para completar el calendario de vacunación de los niños. Además criticaron los horarios restringidos de los vacunatorios que desalientan incluso a aquellos que quieren proteger a sus hijos y pidieron un Estado más presente y activo.

Entre los expositores también estuvo la doctora Angela Gentile, presidenta de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), Jefa de Infectología del Hospital Ricardo Gutiérrez quien explicó el análisis de seguridad que se hace sobre las vacunas.

Por su parte, la diputada María Cecilia Ibañez aseguró que no hay en carpeta ninguna iniciativa antivacunas de su partido, la Libertad Avanza. ¿Es suficiente? Avalar este tipo de eventos, abrir espacios para las dudas, desfinanciar tiene prácticamente el mismo peso que una ley.