Contra la criminalización del migrante

Contra la criminalización del migrante

«Hay casos en que se ejecutan las expulsiones sin que se ejerza el derecho a la defensa» dice Raísa Ortíz Cetra, del CELS.

Los objetivos fueron claros desde el principio: reforzar un discurso que criminaliza a ciudadanos extranjeros que viven en el país, manipular de manera engañosa las estadísticas sobre la población migrante carcelaria y colaborar con su asimilación con la figura del delincuente. La política migratoria del gobierno de Cambiemos resultó precisa  desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri, según coinciden en denunciar organizaciones sociales y de Derechos Humanos.

Esa política quedó reforzada por el decreto de necesidad y urgencia 70/2017 que modifica algunos puntos clave de la Ley de Migraciones de 2003, reglamentada en 2010, y, más recientemente, por el acuerdo que concede a la Policía de la Ciudad facultades de Policía Migratoria Auxiliar. Esa normativa avala los operativos de control y agiliza los traslados de las personas detenidas por pedido de expulsión, para lo cual normalmente se requeriría la presencia de Migraciones. “Una de las modificaciones que hace el DNU es sacar la obligatoriedad de la defensa pública. Eso deriva en que hay muchos casos que se están ejecutando sin defensa. Al suceder tan rápido, son situaciones de las que no nos podemos ni siquiera enterar”, afirmó Raísa Ortíz Cetra, integrante de Equipo de Trabajo Internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en diálogo con ANCCOM.

El rechazo a la actual política y el reclamo por un sistema de radicación accesible serán las principales consignas de la movilización convocada por la campaña “Migrar No Es Delito” que engloba distintas agrupaciones políticas y movimientos sociales para el próximo miércoles a partir de las 10:00 frente a la sede de la Dirección Nacional de Migraciones.

«Se está cambiando el foco de las políticas migratorias que estaban direccionadas hacia la inclusión”, denunció Ortíz Cetra.

En el inicio de un año electoral clave, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue quien adelantó que el Gobierno estaba trabajando en un proyecto para acelerar el proyecto de “expulsión express” de migrantes. Cinco meses después de entrada en vigencia de la norma, al menos hay diez personas con orden de expulsión en curso. Esa lista incluye a Jhonny Quiroz -expulsado a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el sábado 6 de abril-  y a Vanessa Gómez Cuevas, la mujer peruana que desde el lunes 4 febrero se encuentra en Lima con su hijo menor de dos años, separada de sus dos hijos mayores, su madre y sus hermanas, familia radicada hace más de quince años en Argentina.

La facultad de la Policía de la Ciudad sobre el control de permanencia da pie a la posibilidad de llevar a cabo detenciones por temas migratorios. “Estas normas dan lugar a que se utilicen elementos, como por ejemplo las cámaras de seguridad, que hay en la Ciudad para capturar migrantes con pedido de expulsión a través del reconocimiento facial”, explicó a Juan Martín Villanueva, abogado del caso de Vanessa.

Lejos de tener este objetivo, el control de permanencia es un elemento incorporado a la reglamentación de la Ley 25.871 para evitar la explotación laboral de los trabajadores migrantes, que tiene su máxima expresión en los talleres clandestinos, donde cientos de extranjeros sufren las consecuencias de las condiciones de trabajo inhumanas. “Lo que hace este acuerdo, en línea con las decisiones que se vienen tomando desde el 2015, es cambiar el foco de las políticas migratorias argentinas, que estaban direccionadas hacia la inclusión”, denunció Ortíz Cetra.

En esa misma línea, María Noel Leoni, integrante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), agregó que esta decisión implica desjudicializar las expulsiones para hacerlas más expeditas. “Esto permea todo lo que tiene que ver con esta política migratoria que es mirar al migrante como un delincuente y tratarlo a partir de esta mirada”, afirmó la abogada.

Este re-direccionamiento tiene su pilar de ejecución en la captura de migrantes con antecedentes penales. Basadas en el discurso de la seguridad nacional, estas expulsiones arbitrarias no suceden por azar. “Es una persecución a migrantes pobres que, luego de cumplir su condena, han seguido llevado adelante su vida, sin poder regularizar su documentación por las dificultades que Migraciones interpone para este tipo de trámites”, denunció Lila Báez, integrante de la campaña Migrar No Es Delito.

Cinco meses después de entrada en vigencia de la norma, al menos hay diez personas con orden de expulsión en curso.

Un caso emblemático

El caso de Vanessa Gómez Cuevas no sólo es ilustrativo de las consecuencias concretas del DNU, sino también reflejo de una doble condena, primero por el sistema carcelario y después por el sistema migratorio. “Aún desde la perspectiva de la seguridad que es la que adopta Migraciones, el impacto de la expulsión de Vanessa es casi nulo porque ella había reconstruido por completo su vida. Lo que demuestra, en cambio, son las incoherencias de la política criminal: ¿Qué tipo de seguridad se está buscando?”, completó Ortíz Cetra.

Vanessa entró en detención preventiva en 2011 por tenencia de estupefacientes, acusada de comercialización. Sin acceso a una defensa efectiva, firmó el juicio abreviado para negociar la pena mínima, es decir, cuatro años de cárcel. Su condena nunca se resolvió, porque el juicio abreviado implica que ella se identifique culpable, una salida posible para condenas de este tipo, en las que un juicio puede llegar a tardar más en llevarse a cabo que la misma pena mínima en cumplirse.

En este tiempo, Vanessa quedó embarazada de su hijo Matías, que ahora tiene 7 años, y obtuvo la prisión domiciliaria, que cumplió en La Plata, en la casa de su hermana. En 2014, concluida la condena, estudió Enfermería y empezó a trabajar cuidando adultos mayores. Desde entonces, intentó reiteradas veces regularizar su situación legal en el país, pero Migraciones rechazó su pedido de radicación. Entonces, la Comisión del Migrante, que depende de la Defensoría de la Nación, le asignó una defensa oficial y presentó un recurso de reconsideración en nombre de ella, que quedó sin respuesta desde 2015. Desde entonces, Vanessa no tuvo respuestas del Estado. Sin embargo, de lo que nunca se enteró es que la respuesta a dicho recurso fue, de alguna manera, el pedido de expulsión que notificaron a una dirección en Capital Federal donde ella ya no vive hace más de diez años.

Vanessa fue detenida el 1 de febrero en su casa de Altos de San Lorenzo, en el partido de La Plata, donde vivía con Matías, Morena y Michael, sus tres hijos. En el barrio viven también dos de sus hermanas y su madre, que llegó al país hace más de veinte años. El día de la detención, la Policía Federal engañó a Vanessa con la excusa de “ir a firmar una notificación” y volver, y así la trasladaron a la comisaría de Azopardo, para luego llevarla a la de Madariaga y de allí a Ezeiza.

En el transcurso de la tarde y noche de ese viernes, una de las hermanas de Vanessa se contactó con Villanueva para que la ayudara con la situación.

Después de tres días en condiciones aberrantes en un sótano de Ezeiza, habiendo rechazado las medidas legales que se utilizaron para intentar frenar su expulsión, la Policía Migratoria amenazó a Vanessa con mandar a su hijo a Lima, si ella se seguía negando a salir del país. Frente a la amenaza, ambos viajaron a Perú, donde están desde entonces en la casa de un familiar.

Según el informe de Víctor Manuel Rodríguez González, psicólogo forense integrante del CELS, al que pudo acceder ANCCOM, la situación dejó una fuerte marca emocional en la familia, en especial en sus tres hijos.

El pasado 17 de mayo, Villanueva junto al CELS, el CEJIL, la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) y el apoyo de Amnistía Internacional, presentaron una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que den causa a una medida cautelar, con el objetivo de que el Estado revierta la prohibición perpetua de reingreso a la Argentina que tiene Vanessa, para poder llevar a cabo la urgente reunificación familiar. “Con el DNU se estableció que la decisión de ponderar o no la separación de una familia y la necesidad de reunificación dependa exclusivamente de la autoridad migratoria, es decir, descarta la mirada de la justicia, que termina interviniendo solo para ratificar las decisiones de Migraciones”, afirmó María Noel Leoni, del CEJIL.

El poder que adquiere la Policía de la Ciudad en este nuevo acuerdo efectiviza los pedidos de expulsión y recrudece cada vez más el recorte a los derechos de las personas migrantes. “Esta política responde a un reclamo por la inseguridad, porque hay una parte del electorado que por este tipo de decisiones se siente fidelizado. Es un discurso simplista que pone al enemigo en una minoría para depositar ahí todas las miserias de la crisis”, concluyó Villanueva.

La resistencia de las mujeres zapatistas

La resistencia de las mujeres zapatistas

A comienzos de 2019, un comunicado trae noticias desde Chiapas. Está dirigido a las mujeres del mundo y la firma le pertenece a las mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), movimiento autónomo y revolucionario del Estado de Chiapas. La carta anuncia que este año no se realizará el Encuentro de Mujeres que Luchan que, en 2018, reunió a mujeres de todo el mundo en territorio zapatista. Para la organización, la prioridad de estos días es la defensa de su autonomía. “Lo poco que hemos logrado es luchando, sin que nadie nos lleve la cuenta, sin fotos, sin entrevistas, sin libros, sin consultas, sin encuestas, sin votaciones, sin museos y sin mentiras”, argumenta el documento.

Hace mucho tiempo que estas mujeres tejen su propio modo de combatir las problemáticas de género. “Tiene que ver con el modo zapatista: su forma es a partir de la ternura, la empatía. Es otro modo de hacer política”, describe Diana Itzu Luna, mexicana, integrante del Espacio de Lucha contra el Olvido y la Represión (ELCOR), agrupación de San Cristóbal, Chiapas, en diálogo con ANCCOM

El año pasado, desde el Consejo Indígena Nacional y el EZLN, se conformó el Consejo Indígena de Gobierno y se presentó a Patricia Marichuy como vocera frente al escenario  electoral de México. La idea era darle visibilidad a conflictos existentes hace cientos de años y que persisten más allá de los distintos gobiernos: la persecución a los pueblos originarios, la matanza directa hacia las mujeres y la destrucción de la madre tierra. “Tiene que ver con una barbarie del patriarcado en esta etapa específica de crisis del capitalismo”, opina Itzu Luna, en referencia a la crisis de los recursos naturales en el proceso actual de destrucción concreta y acelerada por parte de “la hidra”, como llaman los y las zapatistas al sistema y sus “malos gobiernos” que lo alimentan.

“No es casual que se haya presentado una mujer, indígena y curandera tradicional”, agrega la referenta de ELCOR. Hacer visible estos saberes es hablar también de ese modo distinto de entender lo político.

Las razones para cancelar el encuentro internacional son contundentes: con la energía puesta en defenderse de la Guardia Nacional que avanza, y de una serie de megaproyectos capitalistas ya en marcha en el sur de México y en territorio autónomo, las mujeres chiapanecas, milicianas y revolucionarias, necesitan focalizar en la construcción colectiva hacia dentro. Y resistir.

El domingo 10 de febrero, el presidente de México, Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO), informó que se sometería a consulta la finalización del Proyecto Integral Morelos (PIM): un gasoducto, un acueducto subterráneo, una central termoeléctrica  y un centro distribuidor de energía de la Comisión Federal de Electricidad, instalaciones que atraviesan más de sesenta comunidades campesinas de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, territorios dedicados principalmente a la actividad agrícola. El PIM representa una amenaza para los pueblos que necesitan de los recursos naturales para sobrevivir.

La batalla democrática no había llegado aún cuando, el 20 de febrero, asesinaron a Samir Flores, referente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos-Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT), principal oposición al proyecto de la termoeléctrica.

El día de la consulta los votos no representaron a todos. En Huexca, por ejemplo, se convocó a una asamblea popular que concluyó con un pronunciamiento en contra de la termoeléctrica para entregar al gobierno federal: “Solo Huexca puede decidir por Huexca, Ayala por Ayala, Puebla por Puebla y Tlaxcala por Tlaxcala”.

Sin embargo, el Gobierno consideró la jornada como un éxito, anunció el triunfo oficial con un sesenta por ciento de los votos a favor,  y el proyecto seguirá adelante: “No podíamos dejar que se convirtiera en chatarra, es una planta de la Comisión Federal de Electricidad que al operar permitirá dar energía eléctrica a todo el estado de Morelos. Si no se echa a andar esta planta deberíamos comprar energía eléctrica a precios elevadísimos”, afirmó AMLO en conferencia de prensa, el lunes 25 de febrero.

“Con un discurso sobre inversión sustentable, sobre empresas que tengan responsabilidad en el turismo, con el medio ambiente, se reviste el verdadero objetivo, el de ocupar las tierras para explotar los recursos, desarmando así las subjetividades colectivas de los pueblos indígenas del sur”, explica Itzu Luna.

Encuentro a la distancia

Con una coyuntura agitada, el zapatismo está más alerta que nunca. Sin la convocatoria de un encuentro internacional y presencial, las mujeres zapatistas llamaron a luchar dentro de cada espacio. El objetivo es fortalecer el adentro para poder resistir hacia afuera.

Otra de las razones por las cuales no se hará al Encuentro es la imposibilidad de garantizar seguridad hacia las compañeras del mundo. Así lo recuerda Luisina Bresler, exintegrante de la Red de Solidaridad con Chiapas: “Ellas nos cuidaban, una vez dentro de su territorio, no existía la posibilidad de ningún peligro. Lo primero que me llamó la atención fue su cariño en la forma de hacer, de comunicarse. A pesar de la cantidad de cosas que había que resolver, ellas hacían todo a su tiempo, con calma: el tiempo zapatista”.

Hay algo que se repite ante la pregunta por el modo zapatista de cuestionar, enfrentar, luchar contra el patriarcado. Quizás porque su militancia parte de enfrentar primero al capitalismo como sistema económico, político y cultural, como régimen temporal, como forma en que se imponen las relaciones, los vínculos, en el mundo occidental.  “Lo que más me interpela del zapatismo es el hecho de ir más lento. Hay que volver a preguntarnos, conocernos, vincularnos, y a partir de ahí construir una lucha en común. Siento que por momentos nos enmudecimos, que dimos por sentado las diferencias y nos pasamos por alto las preguntas esenciales: ¿quiénes somos, qué queremos hacer, cómo vemos al mundo?”, reflexiona Bresler en declaraciones a esta agencia. “Cuando vos vas a una comunidad zapatista, lo primero que vas a recibir va a ser cariño, respeto, no te van a juzgar. Ese cariño es lo que nos falta, porque el capitalismo nos ha enseñado siempre a competir”, agrega Itzu Luna.

La “Carta de las zapatistas a las mujeres que luchan en el mundo” deja en claro que no es momento de abrir las puertas al mundo y que es necesario fortalecerse, hacerse preguntas, reconstruir vínculos y resistir en el territorio. “No somos optimistas ni pesimistas, pero en nuestro latir, está la esperanza”, concluye.

 

“Antes decían malones, ahora nos dicen terroristas”

“Antes decían malones, ahora nos dicen terroristas”

Sanmartiniano Painefil lleva adelante la organización de su pueblo desde que tiene memoria. En los ´80 estuvo junto a las comunidades de la “Línea Sur”, a través del Consejo Asesor Indígena (CAI), y hoy, en Bariloche, en el Espacio de Articulación Mapuche (EAM), una organización abierta a comunidades, familias, agrupaciones y todas las personas que se acercan, ya sean mapuche o huincas (personas no mapuche). Painefil fundó el EAM en 2010, con el objetivo de preservar, difundir y reproducir el conocimiento de la cultura mapuche, además de fortalecer la organización para el reclamo por las tierras, que quedaron en manos de grandes empresarios internacionales.

Santiago Maldonado, el joven que se encuentra desaparecido hace casi un mes, acompañaba los reclamos del pueblo mapuche cuando Gendarmería Nacional reprimió la manifestación. El 11 de agosto pasado, miles de personas en distintas ciudades del país, se movilizaron por su aparición con vida. En Bariloche la cita fue en el Centro Cívico. Allí, los manifestantes taparon con una gran bandera la estatua de Julio A. Roca, líder del genocidio a los pueblos originarios de la Patagonia. “Que hoy Santiago Maldonado este desaparecido habla de que mañana puede desaparecer otra persona y que el Estado no va a hacer nada, porque son los mismos funcionarios los que dicen que no van a aceptar una nación mapuche dentro del territorio argentino, pero lo que no dicen es que el pueblo mapuche es anterior al Estado argentino, y que hoy existimos y nos deben un reconocimiento real”, denuncia Painefil en diálogo exclusivo con ANCCOM y en referencia a las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra la comunidad mapuche.

¿Cómo fue su primera experiencia de organización junto al pueblo mapuche en Río Negro?

Mi primera experiencia fuerte fue con la Federación de Cooperativas, que se conformó después de la nevada de 1984, cuando casi todos los pobladores se quedaron sin animales, sin nada. Acostumbrados al intercambio, las familias vendían la lana en valores que no eran para nada rentables, y la situación se hacía cada vez más difícil. Primero armamos la Federación, y después se conformó el Consejo Asesor Indígena (CAI), porque se estaba discutiendo la Ley de Comunidades Indígenas en el Congreso y queríamos participar del contenido. En el CAI había referentes de cada comunidad, y el objetivo era aparecer en el documento, que diga explícitamente que las tierras usurpadas deben ser restituidas. También reclamábamos para que se especifique “pueblo mapuche” porque el proyecto de ley solo decía “comunidades indígenas”. En 1985 se sancionó la ley, y los diez años siguientes estuvimos trabajando para que se implemente, pero las leyes no cambian las cosas: los terratenientes estaban con el Gobierno, como ahora.

En una entrevista reciente con Radio Mitre, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, declaró que el Gobierno no aceptará una “república mapuche” que desconozca al Estado argentino, ¿qué significa para el pueblo mapuche?

Nosotros no planteamos la creación de una república ni desconocemos al Estado argentino, lo que se reivindica es la autonomía y la libre determinación de las personas mapuche. Antes decían “malones”, ahora nos dicen “terroristas”. Lo que están buscando es crear un enemigo real para generar un rechazo hacia el pueblo mapuche, para que la gente piense que somos peligrosos.

Sin embargo hay quienes, como Santiago Maldonado, acompañan la lucha, ¿qué implica su desaparición?

Que hoy esté desaparecido habla de que mañana puede desaparecer otra persona y el Estado no va a hacer nada, porque son los mismos funcionarios los que dicen que no van a aceptar una nación mapuche dentro del territorio argentino, pero lo que no dicen es que el pueblo mapuche es anterior al Estado argentino, y no sólo en la Patagonia sino también en Santa Fe, en Córdoba, en provincia de Buenos Aires. Somos un pueblo que existe y eso es lo que les molesta, que acá estamos y nos deben un reconocimiento real.

Y en la actualidad, ¿en qué situación se encuentran las comunidades de la “Línea Sur”?

En el campo la situación sigue siendo la misma, de abandono: en muchos lugares no hay caminos, no hay servicios. Por eso los más jóvenes, los que pueden, se van a las ciudades, a Bariloche, Neuquén o Viedma. En los últimos diez años hubo un vaciamiento terrible en el campo, ya casi no hay animales, no hay proyectos ni hay un sostén desde el Estado para que se mantenga la actividad rural. La gente se va empobreciendo, desgastando, y los recursos no llegan. Y encima están los fenómenos de la naturaleza que hay que afrontar, como hace unos años fue con las cenizas.

A principios de mayo de este año, realizaron una movilización hacia Viedma para exigirle al gobernador que frenara el nuevo Código de Tierras en Río Negro. ¿Por qué se rechaza esta normativa? ¿Recibieron algún tipo de respuesta al respecto?

En primer lugar, el Código fue conformado sin consultarnos. La razón es muy simple: así es más barato. Si nos hubieran avisado, cada comunidad hubiera querido que el Estado vaya y vea cómo son las cosas allí. Y también opinar, debatir. Pero todo eso es muy costoso, entonces prefieren hacerlo puertas adentro. En segundo lugar, el Código califica como fiscales las tierras que son ancestrales, que son del pueblo mapuche. Una vez que figuran como fiscales, las venden o dan la concesión para mega proyectos económicos. Nosotros creemos que en la tierra existe un determinado equilibrio: si vos le sacás algo, tenés que devolverle otra cosa. La forma que las empresas tienen para explotar la tierra, desequilibra ese estado. En la reforma que propone el Gobierno, se prioriza el capital y nosotros, que no somos rentables, nos quedamos sin tierras.

En Bariloche, ¿cómo es la situación en las distintas comunidades mapuche?

Acá la mayoría de las comunidades están todavía dentro de territorios del Ejército, es decir, territorios mapuches que fueron tomados por el Ejército. Y las que no están tomadas por el Ejército, dependen de Parques Nacionales. Lo peligroso de esto es que si llega a haber algún conflicto, las personas quedan en manos de una u otra institución, ambas pertenecientes al Estado. En una época, el Ejército usaba el espacio junto a una de las comunidades, para hacer las prácticas de tiro, ahí mismo, junto a las viviendas de la gente. También sucede que algunas, a pesar de anotarse en el Registro de Comunidades Indígenas y obtener la personería jurídica para tener el derecho legal sobre la tierra, quedan dentro de loteos que se venden salteando el derecho de la comunidad que lo habita. ¿A quién le vamos a reclamar respuestas si los reclamos son contra el mismo Estado? La lucha por el territorio es larga y muy agotadora.

Dentro de las distintas organizaciones que hay en la Patagonia, una de ellas, el movimiento Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) es criticado por sus métodos, ¿Qué opina sobre esta organización?

Nosotros no compartimos la acción de RAM porque preferimos no generar violencia sabiendo que hay un Estado que permanentemente es violento, que nos criminaliza y nos persigue. Hoy tenemos detenido a un peñi, un compañero, Facundo Jones Huala. Más allá de las diferencias, yo exijo su libertad porque está preso injustamente. Es muy fuerte la agresión que hay por parte del Estado, incluso desde las palabras, las declaraciones también son parte de la violencia que hay. Todo esto genera miedo en el pueblo, hay temor de hacer y de hablar, entonces creemos que lo mejor es salir a las calles y estar organizados. No hay otra opción: si combatimos la violencia con más violencia, no llegamos a nada.

 

Actualizado 30/08/2017.

Justicia para Santiago

Justicia para Santiago

«Santiago Maldonado presente, ahora y siempre». En la Plaza de Mayo, frente a la Morgue Judicial, en las puertas de la residencia presidencial de Olivos. El grito se replicó y ganó fuerza en diferentes puntos del país, desde que la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado en el río Chubut –y su posterior identificación- unió a la sociedad  en el urgente reclamo de justicia.
Las primeras manifestaciones fueron espontáneas. Poco después de que, en la noche del viernes, Sergio Maldonado confirmara que la familia había identificado el cuerpo del joven, las puertas de la Morgue se convirtieron en el centro de un santuario: velas, flores, mensajes urgentes cubrieron los escalones y paredes, a metros de donde todavía se realizaba la autopsia. En simultáneo, cientos de autoconvocados, además de organizaciones políticas y sociales, marcharon desde Plaza de Mayo hasta el Congreso Nacional. Una marcha espontánea que surgió ante el dolor de las miles de personas que en los últimos 78 días se apropiaron de la lucha que lleva adelante la familia de Santiago Maldonado. Recién pasada la medianoche del viernes, el juez a cargo de la causa, Gustavo Lleral, habló con la prensa y dio a conocer algunos resultados preliminares de la autopsia.

Al día siguiente, la Plaza de Mayo volvió a ser escenario de una nueva movilización. Convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, la marcha volvió a poblar de banderas y consignas de justicia a las calles del centro porteño. “Aparición con vida” había sido el reclamo de millones de personas en el país y alrededor del mundo, durante los últimos 78 días. La segunda movilización en la Plaza coincidió también con la difusión de una extensa carta de Sergio Maldonado. “Que todos los culpables paguen por lo que te hicieron”, reclamó.

En las dos movilizaciones en la Plaza de Mayo se repitió la exigencia de renuncia para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su jefe de Gabinete, Pablo Noceti, responsable del accionar de la Gendarmería al momento de la represión del 1 de agosto cuando Santiago fue visto con vida por última vez. “La represión del 1° de agosto forma parte de la que a su vez sufre el pueblo mapuche, acción que llevan adelante el Gobierno de Chubut junto al Gobierno Nacional para entregarle las tierras ancestrales a Lewis, a Benetton, a las empresas de fracking y a las mineras”, sentenció el documento leído el sábado por la tarde en Plaza de Mayo. Arriba y abajo del escenario, la bandera del pueblo mapuche y cientos de fotos de Santiago, un rostro multiplicado para hacerse lucha, para hacerse memoria.

“Santiago está presente cada vez que nos sacan de nuestras tierras”, dice Mariana, que lleva en la mano un cartel: “Ley 26.160”, que prohíbe cualquier tipo de desalojo a las comunidades de pueblos originarios. Mariana recuerda a Maldonado como un hermano que acompañó los reclamos de su pueblo: “Hay que seguir luchando como lo hizo Santiago”, agrega. Y recuerda el pedido de libertad de Facundo Jones Huala, quien aún se encuentra preso en la penitenciaría de Esquel.

“Libertad, libertad, a los presos por luchar” fue la consigna que hizo eco durante la concentración que convocó Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, a la que se sumaron el Frente Popular Darío Santillán, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), el Frente de Autodeterminación y Libertad, el Partido Obrero, y el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), entre otras organizaciones sociales, políticas y estudiantiles. Junto al escenario instalado en Plaza de Mayo, estuvieron presentes María del Carmen Verdú, referente de la Correpi, Myriam Bregman, candidata a legisladora porteña, y Nicolás Del Caño, candidato a diputado nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores.

Mirá la fotogalería de ANCCOM:

Mujeres, arte y fútbol

Mujeres, arte y fútbol

“Lo que a unas les pasa en el escenario a otras nos pasa en la cancha: hay territorios a los que nos cuesta llegar”. Quien dispara la afirmación sin titubeos es Juliana Román Lozano, entrenadora y mano derecha de Mónica Santino, DT de Las Aliadas, el equipo de fútbol femenino que se ganó la Güemes, cancha central de la Villa 31. Su referencia está en la Asociación Civil La Nuestra, una agrupación de mujeres que milita el feminismo desde el deporte y que, en la tarde del sábado, participó del Festival MIA (Mujeres Incentivando Arte) para festejar los diez años del equipo.  

El MIA es un festival de mujeres artistas de diversas expresiones y estilos, organizado por la cantante de rap Karen Pastrana y la productora y cantante Rocío Cuevas. Desde las 16 del sábado, el predio de la Cancha 9 de la Villa 31 fue escenario de talleres, baile y música en vivo: folklore, tango, rap, pop de los 80’s y cumbia.

“Ver una buena jugada de fútbol emociona porque es como el arte: trata de mejorar el mundo”. Rocío Cuevas, productora musical y cantante de Rosario y La Cruz de Sal, mira el escenario y no puede creer que hayan podido montar el MIA en medio de la Villa. Hace unos meses imaginaron la idea junto a Pastrana, que solo baja del escenario para volver a subir de la mano de una nueva artista que hace retumbar su música por todo el barrio. El MIA nació este año y tuvo su primera edición en un local de Palermo. Fue un éxito, pero ahora, en la 31, el festival toma otro rumbo y para el año que viene el objetivo es llevarlo a otros barrios y prolongar los talleres de arte para niñas y adolescentes durante todo el 2018. Esa es la meta a corto plazo, el gran sueño es llevarlo al interior del país, provincias como Chubut o Santiago del Estero, y darles espacio a las mujeres artistas de cada lugar. “En el mundo patriarcal el que divide triunfa. Nosotras creemos que el camino es unirnos”, afirma Rocío en diálogo con ANCCOM.

El MIA nació este año y tuvo su primera edición en un local de Palermo. Fue un éxito, pero ahora, en la 31, el festival toma otro rumbo y para el año que viene el objetivo es llevarlo a otros barrios.

Mónica Santino, referente del fútbol femenino en la Argentina, directora técnica de La Nuestra, señala que el festejo sintetiza lo que el equipo hizo en todos estos años: tejer una red con otros grupos de mujeres, militar desde la cancha. También, festejar es fortalecerse para lo que viene: el objetivo para 2018 es convertir a La Nuestra en un club de fútbol femenino. Un espacio en donde las mujeres entrenen desde los primeros años, lo que no existe en los clubes tradicionales que las reciben desde los 14 o 15, ya perdido el tiempo clave para la formación de un deportista cuando se construye identidad y pertenencia. “Cuando hablamos de despenalizar el aborto es lo mismo que decir que vamos a ejercer el derecho al juego, porque tiene que ver con tomar el control de nuestros cuerpos”, dice Mónica entre canción y canción. De fondo suena la voz de Ayelén Zuker, una de las cantantes del cuarteto vocal M.a.m.b.a.s, la banda preferida de Santino en la grilla del festival, mujeres con mucho glamour que cantan canciones de los años 80.

Cerca de las 18, Karen se sube al escenario para recibir una visita especial, y en medio de la cancha de básquet, entre grupos de mujeres que toman mate o cerveza, Higui y Mónica se abrazan, un abrazo que se nota fuerte, y cuando llega la pelota enseguida se dibuja un pase entre una y otra, una línea perfecta que encaja como el abrazo. “Cuando agarro la pelota soy yo, no me importa nadie ni nada”, dice Higui, la mujer que estuvo presa por defenderse de un grupo de hombres después de sufrir agresiones por ser lesbiana. En la comisaría, deprimida y a punto de “tirar la toalla”, Higui juntaba las imágenes de sus líderes, recortes de revistas que hacían de santuario: estaba el Che, el Diego, Tévez, y Mónica Santino, recortada de una nota en una revista que repartía el cura que cada tanto la iba a visitar. “Me emociono porque yo la conocí ahí, en la revista, y ahora está acá conmigo”, señala Higui en conversación con ANCCOM.

Mientras tanto, en el pasillo que rodea la cancha, los talleres acumulan rondas de pibas y pibes que se acercan a mirar. En uno de los grupos, tres jugadoras de La Nuestra prueban los instrumentos: Alexia, arquera, de unos trece años, está en el bajo. Ninguna sabe tocar, pero ahora las coordinadoras del taller cuentan hasta cuatro y ellas arrancan la canción que acaban de componer: “No me importa nada lo que digan, yo soy la dueña de mi vida”. Chicas Amplificadas es un taller itinerante de rock para niñas y adolescentes de 7 a 17 años, que se da en escuelas de Capital Federal y Gran Buenos Aires. “Hay que trabajar el empoderamiento desde los primeros años”, explica Sol, una de las coordinadoras del taller, “porque hay muy pocas que saben tocar instrumentos, a veces por falta de recursos, a veces por vergüenza”.

Ayelén Zuker, una de las cantantes del cuarteto vocal M.a.m.b.a.s.

Alexia y Milagros son arqueras en La Nuestra, y Juana juega de delantera. Cuando se enteraron del festejo, lo primero que preguntaron fue si había que llevar pelota. “En el barrio no suele haber eventos así, con escenario y buen sonido”, dice Jesica, vecina de la villa, que apenas escuchó “la base” se vino con su hija y su novio, que tiene un dúo de rap. “No conocía a ninguna mujer rapera”, admite mientras mira a Karen en el escenario. Jesica, en cambio, dice que escucha música de mujeres. “A mí me gusta el rap porque habla de la realidad, de lo que vivimos acá todos los días”. Jesica no toca pero le gustaría, y cuenta que de camino al festival, vio un cartel que ofrecía clases de breakdance y le dieron ganas de anotarse. Giselle, también vecina del barrio, dice que sabía del festival porque la hermana juega al fútbol en otro equipo de la villa. “Me gusta que las mujeres podamos jugar, ir a la cancha en vez de quedarnos en casa como nos enseñan de chicas”. reflexiona.

En el escenario sigue el desfile de artistas: Nina Uma que vino desde Bolivia y Mare Advertencia Lirika, rapera mexicana, que casi se pierde el festival cuando se encontró con las rutas del DF cortadas por problemas sindicales y estuvo a punto de perder el vuelo. No falta la ronda de sikuris y algunos tangos de la mano de Brisa Videla y su grupo Tangorante. “Las mujeres tenemos que liberarnos”, expresa Linda, que vive en la villa y hace siete años trabaja en el centro de la mujer de la Red Protege, un espacio de encuentro para víctimas de violencia de género. El local de Linda está junto a la cancha Güemes, donde entrenan las chicas de La Nuestra. “En fútbol pasa lo mismo que en nuestras reuniones, nos descargamos y así nos fortalecemos”, le explica a ANCCOM.

Oscurece, pero la villa sigue encendida. En la cancha todavía hay partido, y alrededor van saliendo reposeras con mates, botellas de vino o vasos de cerveza. Desde la entrada al predio se asoma Teófilo Tapia, el abuelo del lugar, como quien pasa a mirar que esté todo en orden antes de irse a dormir. “Cien años va a cumplir el barrio, y nos siguen diciendo que lo van a urbanizar”, denuncia. Y recuerda al Padre Mugica, que ahora le pone nombre al comedor, a la cancha, y a otros tantos espacios de la villa que le rinden homenaje. “El fútbol saca a los pibes de la esquina. Cuando no tienen trabajo, cuando está todo mal, si hay una cancha, en vez de fumar, patean la pelota”, sentencia.

El MIA es un festival de mujeres artistas de diversas expresiones y estilos, organizado por la cantante de rap Karen Pastrana y la productora y cantante Rocío Cuevas.

Chicas Amplificadas es un taller itinerante de rock para niñas y adolescentes de 7 a 17 años, que se da en escuelas de Capital Federal y Gran Buenos Aires.

Actualizado 16/11/2017