Dic 24, 2019 | Novedades
Macarena Sánchez.
Nacida hace 27 años en Santa Fe, Macarena Sánchez llegó a la Ciudad de Buenos Aires a cumplir su sueño en “la gran ciudad”. Logró entrar en el UAI Urquiza donde en siete años cosechó cuatro campeonatos de AFA –el último incluido– y una medalla de bronce en la Copa Libertadores. El 5 de enero, en el receso del Torneo de Primera División 2018-2019, su director técnico le informó que quedaba afuera del plantel por una “decisión futbolística”. Lo inoportuno e irregular es que Macarena no podrá inscribirse en otro equipo hasta la apertura del libro de pases, lo cual la dejará sin jugar por los próximos seis meses.
Ante esto, Macarena inició un reclamo histórico al club y a la AFA para que se reconozca su relación laboral como jugadora profesional. Su caso revolucionó las redes sociales: cientos de asociaciones y jugadoras de todo el mundo le dieron su apoyo demostrando que la lucha por la igualdad de derechos entre varones y mujeres no reconoce fronteras. Macarena lo sabe y puso su voz y su cuerpo para ser escuchada. En diálogo con ANCCOM, habla sobre el camino recorrido y las principales problemáticas que afrontan a diario las mujeres que se abren paso en el fútbol en la Argentina: “Nos acostumbraron al rigor del silencio –afirma–, pero llega un momento en que tenés que poner en la balanza si pesa más lo personal o el presente de un montón de chicas y el futuro de generaciones por venir. Esto último pesó más para mí”.
¿Pensaste que tu caso iba a tener tanta repercusión?
Pensé que iba a ser grande pero no de esta magnitud. Me sorprendió para bien porque sirve no sólo para visibilizar mi caso sino la situación del fútbol femenino en general.
Recibiste mucho apoyo de chicas que viven situaciones similares en otros países…
Es un problema a nivel mundial, salvando las distancias, ya que hay países donde está más profesionalizado el deporte pero de todas maneras se dan situaciones de desigualdad. Desde la brecha salarial hasta temas de estructura, no hay ningún país donde se esté en paridad de condiciones con los hombres. Acá en Argentina estamos a años luz de ciertos países.
¿Cómo sobrellevás el alto nivel de exposición en estos días?
Es muy difícil, UAI Urquiza es el club donde jugué siete años. Pero no me arrepiento, lo volvería a hacer porque sé que es para el bien de todas. Viví un montón de cosas en el fútbol, amo jugar al fútbol, es mi pasión, pero si no llega la oportunidad en otro club voy a seguir dando mi lucha desde otro lugar para que otras generaciones no tengan que pasar por lo que estamos pasando nosotras.
¿Tuviste alguna respuesta del club o de AFA respecto a la intimación que presentaron tus abogadas el 18 de enero?
De AFA me contestaron formalmente por escrito el 31 de enero, negando la relación laboral y los distintos puntos expresados en nuestra intimación. Niegan por ejemplo estar incumpliendo con las normativas de la FIFA en materia de igualdad de género y las obligaciones de no discriminación hacia las mujeres. Del club no recibí respuesta alguna, nadie más volvió a contactarse conmigo.
¿Por qué el club tomó una decisión tan abrupta en medio del torneo?
No me lo esperaba, menos a mitad de campeonato, sin posibilidad de reorganizarme, no es correcto. Sobre los motivos, me transmitieron que era una decisión futbolística y me tuve que quedar con eso, no me dijeron nada más. Pero pensar en el motivo, si fue o no por cuestiones deportivas, es correr el foco, a fin de cuentas la consecuencia es que me quedé sin club.
¿La decisión de denunciar esto fue tuya o personas de tu entorno te animaron a hacerlo?
Nació un poco de mí y hablándolo con mi hermana, que es una de mis abogadas. Con el correr de los días decidí llevarlo más allá para que no quede como un caso más, como sucede habitualmente en el fútbol femenino que vivimos estas injusticias y terminan en la nada porque no tenemos un apoyo legal, nada que nos ampare. Muchas de las chicas no cuentan con recursos. Al no ser tomadas como profesionales, Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) no nos toma dentro de su gremio. Ni ellos, ni los clubes, ni AFA nos escuchan, estamos solas cuando suceden estos casos.
¿En qué se diferencia la dinámica deportiva del fútbol femenino con una práctica amateur?
Una de las cuestiones es el contrato. Nosotras solo firmamos una ficha de inscripción por un año al inicio de cada torneo, el cual no tiene valor contractual. Sin embargo, no dejamos de ser trabajadoras por eso, estamos en todo caso precarizadas en una situación laboral no regularizada. Cumplimos con todo lo que nos exige el club: tenemos horarios como los hombres, no podemos faltar, vamos a entrenar como mínimo cuatro veces por semana tres horas más el día de partido, o hasta hacemos doble turno. La mayoría somos del interior, no podemos visitar a nuestras familias porque tenemos que jugar. Creo que las mujeres lo vivimos con muchísima más pasión, es enorme el esfuerzo que hacemos. Somos jugadoras, trabajadoras y lo vivimos como profesionales porque lo sentimos así.
¿La vara que mide a la mujer deportista es más alta?
Es esa doble exigencia de tener que demostrar que somos capaces de competir, de alcanzar objetivos. Es un esfuerzo constante para demostrarle a la sociedad que estamos capacitadas para ocupar un lugar que históricamente ha sido de los hombres. Lamentablemente se termina romantizando nuestra precarización. Un diario capaz te titula “Qué orgullo la jugadora que entrena, trabaja y estudia”, pero hay una realidad detrás de eso, nos están esclavizando, hacemos este esfuerzo porque no nos queda otra. Yo salgo a laburar y juego al fútbol porque no tengo otra opción, con solo jugar no puedo vivir.
¿Cómo fue tu experiencia al venir a entrenar a Buenos Aires?
Me costó mucho la adaptación en cuanto a lo deportivo y al cambio de vivir en una gran ciudad lejos de mi familia. De por sí el mercado de jugadoras se mueve y está muy centralizado dentro de Buenos Aires en un circuito muy cerrado. Hoy es muy complejo para las chicas de las provincias venir e insertarse por múltiples cuestiones ya sea por el alojamiento, porque son menores, por el desarraigo o los temores de la familia. Yo vine para cumplir un sueño. Los agarré a mis viejos y les dije que quería jugar en un club y ganar una copa. Ellos me apoyaron desde el primer momento.
¿Te encontraste con otro nivel de exigencia?
En lo futbolístico el torneo acá es mucho más competitivo, el nivel de entrenamiento y exigencia es más alto, está más desarrollado que en el interior donde todo es más precario, los recursos son aún más escasos. La mayoría de las chicas de los clubes del interior dependen de la liga de cada provincia que cuenta con menos recursos, porque el único que depende de AFA es el torneo que jugamos acá en Buenos Aires. Yo empecé a jugar en UAI a los 20 años y me di cuenta que me había entrenado mal durante 10. Desde los seis que juego a la pelota pero hasta los quince no tenía dónde hacerlo, no había ningún club que me abriera las puertas entonces no me quedaba otra que jugar en una plaza. Recién a los 15 pude comenzar a jugar en uno de los pocos clubes que tenía equipo femenino en Santa Fe.
¿Cómo hace una jugadora de fútbol para llegar a fin de mes?
Vivimos de hacer otras cosas porque el sueldo de una jugadora de fútbol no es ni la mitad del básico en Argentina. Algunas tienen la posibilidad de que su familia las ayude económicamente, no trabajan pero por lo general estudian. Hay muchos casos inclusive donde las jugadoras tienen que pagar para jugar, ya sea abonando una cuota societaria, pagándose el transporte, la ambulancia, cosas que obligatoriamente las tiene que pagar el club porque está en el reglamento de AFA, una ambulancia, un policía, un médico, pero que muchas veces no se cumple. Entonces las chicas tienen que salir a laburar para pagarse sus gastos porque si no no se presentan en el partido, pierden los puntos y tienen consecuencias.
¿Qué otras problemáticas urgentes padece el fútbol femenino?
Una de las más grandes es la cobertura médica. La mayoría no tiene obra social, se lesionan en un entrenamiento o en un partido y se tienen que pagar su propia operación, el club no se hace cargo de nada, menos de los meses de rehabilitación. Muchas veces las jugadoras se recuperan mal y se vuelven a lesionar. Otra falencia es la falta de estructura de escuelitas y juveniles, no se tiene en cuenta a la mujer jugadora desde chica. Las niñas tienen que practicar el deporte de manera informal porque no tienen un lugar donde desarrollarse. Es un gran problema porque es una edad donde es importante adquirir conocimiento, de más grande cuesta mucho más. Es fácil decir que las jugadoras son malas, que no juegan al mismo nivel o no son rápidas o fuertes. No se puede pretender que una mujer tenga la misma fortaleza física que un hombre si empieza a entrenar bien a los 20 y ellos nacen, les regalan la pelota y a los cinco ya pueden ir a una escuelita.
Son problemas que requieren una solución de fondo…
Sí. Los clubes deberían tener un proyecto serio, a largo plazo. No hablo de la salida fácil, de hacer 20 contratos por equipo, nos desligamos y es profesional. Las chicas necesitan un lugar donde entrenar, los materiales necesarios, una obra social, ser conscientes que un jugador de alto rendimiento tiene que comer bien. Son cuestiones básicas que los hombres las tienen al alcance de la mano.
¿Te preocupa que los tiempos de la profesionalización no sean los de las necesidades presentes?
Entiendo que la profesionalización es a largo plazo pero mientras tanto hay chicas lesionadas a las que no les pagan las operaciones. Algo hay que hacer, son derechos básicos. Se escudan en que el fútbol femenino no vende, pero tenés que invertir para que venda, buscar sponsors, atraer gente, televisación. Es falta de voluntad, no quieren que la mujer ocupe los mismos espacios que el hombre, porque los recursos están pero se centraliza en el fútbol masculino.
¿Qué opinás sobre el DNU que transformó la Secretaría de Deportes en una “agencia”?
Es más de lo mismo de lo que hace este Gobierno, privatiza, toma el deporte como una oportunidad de negocios en beneficio propio. No lo hacen por desconocimiento, lo hacen por conveniencia y porque les va a ser redituable económicamente. Tenemos un gobierno de empresarios que no se preocupan por el bien de la sociedad. No invierten o recortan políticas contra la violencia de género, ¿van a invertir en el deporte? ¿Qué va a pasar con el CENARD? Esa es la casa de los deportistas olímpicos argentinos que se rompen el alma para entrenar.
¿Qué representa para vos el feminismo?
Me cambió la vida y la mentalidad completamente. Siento que siempre fui feminista pero no le había podido poner nombre antes. Desde chica me molestaron las diferencias, injusticias y privilegios. El feminismo me empujó a animarme a hacer lo que hice, creo que hace un par de años no lo hubiera hecho. Pasé muchas situaciones de destrato o maltrato y no fui capaz de plantarme porque sabía que el otro tenía más poder que yo. Las mujeres en este ámbito han sido siempre relegadas y el feminismo es un movimiento que va en contra de eso, que lucha por la igualdad, te da la fortaleza para hablar siendo consciente de que los beneficios tienen que ir más allá del beneficio personal, es por un bien colectivo.
¿El miedo es el principal rival a vencer?
Muchas jugadoras callan por temor a perder lo poco que tienen, a mí me pasó, se lo que cuesta poder tener un lugar en este deporte y no hablas por miedo a las consecuencias. En gran parte es culpa de los dirigentes que juegan con ese miedo y con la presión que recae sobre nosotras.
En un tuit invitaste a que te escribieran todas aquellas jugadoras que sufrieron o sufren situaciones de injusticia o desigualdad. Tuviste más de 200 respuestas, ¿alguna te llamó la atención?
Se trata de las situaciones y problemáticas que venimos conversando que se replican en distintos clubes. Si bien yo viví muchas en carne propia, no dejan de sorprenderme ciertas historias como la de una chica que me escribió que las hacían limpiar el vestuario antes de jugar porque el club sólo se los limpiaba a los hombres. Quizás para algunos sea una pavada, pero es de una violencia simbólica muy fuerte.
¿Influyó en tu visión actual estar cursando Trabajo Social en la UBA?
Antes de entrar a la UBA pensé que era una persona de mente abierta pero me di cuenta que no, que me faltaban un montón de cosas por aprender. Cursar en una universidad pública te hace conocer muchas realidades, pibes que no tienen por ahí ni para comprar un apunte, gente mayor que se decide a arrancar una carrera, compañeros de otros países, chicos que van a las corridas después de laburar. A mí me abrió la cabeza y me dio un nivel de conciencia social que antes no tenía.
¿Qué expectativas tenés respecto a la participación de la Selección Argentina femenina de fútbol en el mundial de este año en Francia?
Confío en que les va a ir bien, hicieron una buena Copa América, a pulmón. Es histórico que hayamos clasificado al Mundial perteneciendo a una liga amateur, si bien muchas de las convocadas son profesionales porque juegan en otros países donde tienen preparación y dinámica superiores. En nuestra Selección tenemos grandes individualidades, el tema es que el equipo como grupo no se conoce dentro de la cancha. Se encuentran 15 días antes del Mundial mientras hay selecciones que están hace dos años preparándose. Es claro que no competimos en igualdad de condiciones cuando el resto de los planteles se dedican de lleno al deporte y tienen la cabeza y el cuerpo cien por ciento en eso, con una estructura deportiva, económica y de salud que las respalda para que lleguen de la mejor manera.
Mar 16, 2019 | DDHH, Novedades
A un año del asesinato de la activista brasileña Marielle Franco, las calles del centro porteño amanecieron con placas simbólicas con su nombre y más tarde se realizó en el Obelisco un acto homenaje y en reclamo de justicia bajo la consigna “Florecer por Marielle”.
“La recuerdo con su belleza, su sonrisa, su carcajada y sobre todo su fuerza. Siempre fue una mujer que llegaba y resaltaba, transmitía energía. Llamaba la atención su capacidad de articulación y de hacer puentes, era muy firme y activa en sus posiciones, siempre buscando sumar entre la gente. Festejamos juntas en la calle el día que fue electa concejala, estaba plena”, rememoró Andressa Caldas, una amiga de Marielle presente en la convocatoria.
Andressa Caldas, compañera de Marielle Franco.
Militante, socióloga, madre, lesbiana, mujer negra nacida y criada en la favela de Maré en Río de Janeiro, Marielle Franco llegó a ser la quinta parlamentaria más votada en las elecciones de la capital carioca en 2016. Hizo de estas facetas un camino de lucha contra la discriminación, el machismo y la violencia policial e institucional que se dan a diario al interior de las favelas. “En la figura de Marielle se encuentra la síntesis de múltiples reclamos. Imponer la lucha antirracista en la agenda pública y política en Brasil requirió de mucha valentía. Subestimaron su poder y su capacidad para tejer una red de mujeres que pelearon a su lado y que hoy siguen defendiendo la misma lucha que ella inspiró y nos legó”, remarcó la paulista Renata Benítez, una de las organizadoras del acto e integrante del Colectivo Passarinho.
Marielle estaba convencida que las mujeres debían ocupar con sus cuerpos todos los espacios posibles. Puso sus ideas y su tiempo por causas que consideraba justas y urgentes. La noche del 14 de enero de 2018, antes de recibir 13 disparos que terminaron con su vida y la de su chofer, Anderson Gomes, volvía a su casa luego de coordinar un encuentro de mujeres llamado “Jóvenes negras moviendo las estructuras”.
A dos días del aniversario, en la madrugada del martes 12 de marzo, agentes de la División de Homicidios de la Policía Civil de Río de Janeiro realizaron un operativo por orden judicial en el que detuvieron al expolicía Elcio Vieira Queiroz y al sargento retirado Ronnie Lessa, bajo la sospecha de haber sido los autores materiales del doble homicidio calificado de Marielle y Anderson y de la tentativa de homicidio a la asesora de Marielle, Fernanda Chaves, única sobreviviente que viajaba en la parte trasera del auto. Lessa vive en una casa de cuatro millones de reales en Barra da Tijuca, barrio en el que vivió hasta su asunción Jair Bolsonaro. “Queremos que se investiguen a fondo las coincidencias y conexiones de los acusados y sus allegados con el entorno familiar del presidente Bolsonaro. Las investigaciones no pueden parar ahora. Brasil es un país que tiene en los ranking uno de los índices más altos del mundo de violaciones y asesinatos contra defensores de los derechos humanos, donde siempre pasa lo mismo, lo máximo que se logra conseguir es que se condene a los ejecutores, pero nunca se llega a los autores intelectuales que son grupos poderosos. Queremos saber quién dio la orden de matar a Marielle”, dijo Caldas, la amiga de la dirigente asesinada.
“En la figura de Marielle se encuentra la síntesis de múltiples reclamos (…) Subestimaron su poder y su capacidad para tejer una red de mujeres que pelearon a su lado», dijo Renata Benítez, integrante del Colectivo Passarinho.
Según denunciaron las fiscales del Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado, Simone Sibilo y Leticia Emile, el asesinato fue planificado al detalle con unos tres meses de anticipación. Se trató de un hecho llevado a cabo por profesionales dada su búsqueda en servicios informáticos, su destreza para limpiar la zona del atentado desactivando las cámaras de seguridad y operando con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Además, según arrojó la investigación, las balas que mataron a Marielle y a Anderson fueron municiones originalmente vendidas a la Policía Federal (PF) robadas de la sede de Correos de Paraíba en 2006. Esta es otra problemática de trasfondo: el extravío recurrente de municiones de la PF que luego son halladas en múltiples escenas de crímenes a lo largo y ancho del país.
Una de las principales luchas de Marielle era contra la militarización de las favelas. Fue relatora de la Comisión de la Cámara Municipal creada para fiscalizar las operaciones policiales y todo tipo de abusos por parte de las fuerzas de seguridad en el marco de la intervención en los barrios populares impulsada por el ex presidente Michel Temer. Marielle nació y vivió en las favelas de Río pero nunca naturalizó la violencia represiva dentro de los barrios sino que la transformó en lucha y en la denuncia diaria de las violaciones a los derechos humanos de los sectores más vulnerables. Cuatro días antes de su muerte, había difundido en redes sociales su repudio a los procedimientos ejecutados por el Batallón 41 de la Policía Militar de Río en la favela de Acari. Según consigna el diario Folha, se trata del cuerpo más letal del distrito, el que ostenta el mayor índice de asesinatos.
Homenaje a un año del asesinato de Marielle Franco, Concejala del PSOL, Brasil. Obelisco, Buenos Aires, Argentina. 14 de marzo de 2019
Detrás del asesinato de Marielle existe una compleja trama que involucra el accionar de las llamadas “milicias”, grupos de exterminio conformados por policías civiles y militares, tanto retirados como en servicio, que funcionan como un estado paralelo. Controlan desde las conexiones ilegales a servicios, la construcción, medios de transporte alternativos, el comercio, instituciones comunitarias y hasta las actividades políticas de campaña dentro de las favelas donde se asientan. Negarse a sus disposiciones no es una opción para quienes viven en los barrios populares. Investigar o denunciarlos tampoco. La jueza Patricia Acioli fue asesinada en 2011 por investigar a una milicia en la localidad de San Gonzalo. Sin embargo, el actual presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, ha reivindicado públicamente en reiteradas oportunidades el rol de las milicias. Los detenidos por el caso de Franco están relacionados a la llamada “Oficina del Crimen”, un grupo de sicarios y mercenarios muy bien pagos ligados a una del barrio Río das Piedras, en el oeste de la “cidade maravilhosa”.
Eduardo Soares, antropólogo y politólogo brasileño experto en temas de seguridad pública, aseveró que “la violencia policial sistemática sólo se nutre cuando las capas superiores le ofrecen cobertura, es decir, cuando el comando de la policía, las autoridades políticas y la justicia están en comunión y hacen la vista gorda a la violación de los derechos de la base de la pirámide social. Y cuando este fenómeno se produce de forma continua durante décadas, esta alianza de agentes institucionales estimula la creación de incubadoras de redes criminales asociadas a intereses de todos los niveles de la escala. En mayor o menor grado, son todos cómplices”. Marielle peleó por desenmascarar esta complicidad. Detrás de su asesinato hay responsabilidades, intereses y disputas de poder en razón de los cuales distintas organizaciones de derechos humanos a nivel internacional lo han calificado de crimen político.
“Fue un femicidio político. La mataron por su lucha por la igualdad, en contra de la pobreza, el racismo, la homofobia y la misoginia. Estamos en momentos en América Latina donde la organización colectiva está siendo permanentemente reprimida y criminalizada”, afirmó Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS durante la radio abierta que se desarrolló en el Obelisco. La referente de Juntas y a la Izquierda-MST, Jeanette Cisneros, en diálogo con ANCCOM, sostuvo que “hay que leer el contexto político de prácticas fascistas y de un régimen de crimen organizado al interior de las favelas en el que muere Marielle en Brasil, donde la represión física sobre las compañeras es una manera de amedrentar y evitar que otras sean las que salgan a luchar. Hay una responsabilidad política detrás de este asesinato que buscó desarticular todo un entramado social que al interior de la favela Marielle organizaba y representó desde su banca de concejala”.
Nora Cortiñas en el homenaje de Marielle Franco.
Como mujer negra Marielle también se convirtió en símbolo de la pelea de la comunidad afrodescendiente por el respeto y la legitimación de sus derechos. Miriam Gomes y su sobrina Florencia Gomes, integrantes del área de género de la comisión organizadora del 8 de noviembre (Día Nacional de los Afroargentinos y de la Cultura Afro), se refirieron a las problemáticas que atraviesan. “Sufrimos las consecuencias del racismo a diario, con menos posibilidades y menor acceso en el ámbito laboral y mucho más en los lugares de representación y poder, por una estructura que se perpetúa desde el Estado para invisibilizarnos y negarnos como comunidad”, denunció Florencia. Su tía Miriam destacó el compromiso de lucha por la memoria de Marielle: “Ella nos enseñó que no hay que tener miedo. Necesitamos sentirnos dignos de esa lucha y redoblar los esfuerzos para seguir trabajando por la inclusión y la igualdad de derechos, sobre todo de las mujeres negras en este país”, dijo.
Amnistía Internacional ha reiterado la demanda de que un grupo externo e independiente acompañe las investigaciones, como en nuestro país lo solicitó para el caso Maldonado, dada la preocupante demora en el proceso y la falta de respuestas. Mónica Benicio, pareja de Marielle, a horas de hacerse público el arresto de los sospechosos Queiroz y Lessa, había señalado la urgente necesidad de que se conozca la autoría intelectual del crimen, quién mandó a matar a Marielle, pregunta que se hizo hashtag en las redes sociales bajo el hashtag #QuemMandouMatarMarielle.
Ene 17, 2019 | DDHH, Novedades
Diversas organizaciones sociales y especialistas en materia de Derechos del Niño de
Argentina y Latinoamérica formularon rotundos rechazos ante el anuncio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich de un proyecto de ley acerca de un Nuevo Régimen del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. La propuesta está alejada de las recomendaciones y normas internacionales e incluye, entre otras medidas, la baja de edad de punibilidad de 16 a 15 años.
Si bien hay acuerdo en la necesidad de cambiar el actual Régimen Penal Juvenil que derogue el decreto ley N° 22278 que data de la época de la dictadura, esta reforma debe hacerse en consonancia con los principios internacionales vinculados a los derechos humanos de la niñez y la adolescencia que respete los derechos y garantías de este sector etario vulnerable. El intento de bajar la edad de punibilidad de 16 a 15 años –dicen los especialistas- no sólo no es recomendable de acuerdo a las recomendaciones de los organismos internacionales, sino que es inconstitucional dado que viola el principio de no regresividad, en tanto se estaría retrocediendo en un derecho adquirido.
“Para abordar este tipo de situaciones se requiere de un Estado social y no un Estado penal, que cree programas y dispositivos de prevención, integración y contención de los jóvenes ofreciéndoles alternativas de proyecto de vida y no de cárcel o punición. Para eso se requiere inversión de recursos y no desfinanciamiento ni reasignación de partidas. Todo lo contrario de lo que ha hecho el Gobierno en los últimos tres años de gestión. La opción para ellos es ofrecerle a los pibes la amenaza de la encarcelación como forma de disciplinamiento”, advierte José Machain, referente de la Red Argentina No Baja, quien fue consejero de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en representación por la Legislatura Porteña durante doce años.
Al referirse públicamente sobre los alcances de este proyecto de ley, Patricia Bullrich habló de que “contempla un régimen social y educativo para que el menor no siga delinquiendo e impedir que avance en la carrera delictual” haciendo alusión a “la gran cantidad de menores involucrados en situaciones delictivas graves”. Esta argumentación causó gran repudio de organizaciones sociales dado que no existen datos públicos a nivel nacional que den cuenta de ello mientras que los números de las estadísticas disponibles dicen lo contrario. Por ejemplo, según la información del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, sólo el 3.6% del total de causas penales iniciadas son atribuidas a menores de edad, de los cuales tan sólo el 0.55% son delitos de sangre. “Es desacertado y falaz lo que dice Bullrich. Es ínfima la cantidad de menores de edad involucrados en delitos graves, de violaciones u homicidios. Entonces, nada tiene que hacer la ministra de Seguridad hablando de medidas socioterapéuticas. No tiene incumbencia en esta temática, como sí la tienen el Ministerio de Educación o el de Desarrollo Social a los cuales este gobierno les ha
recortado presupuesto y reasignado partidas que han sido derivadas justamente a la
Policía Federal y la Gendarmería”, aclara Machain.
“Así como hace veinte años decíamos que Carlos Menem ganó la reelección con el voto licuadora, ahora apuntan al voto bala», dijo Maria del Carmen Verdú.
En esta misma línea, María del Carmen Verdú, abogada y referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), señala la falta de honestidad de Cambiemos cuando es a este mismo sector etario al que le cierran los secundarios nocturnos y se ve directamente afectado por los recortes que ha habido en Desarrollo Social, tanto de Nación como en Ciudad, concentrados en dos ejes que este gobierno considera descartables: los programas de género, violencias y disidencias así como en los de niñez y adolescencia. “Hablan de reinserción y hasta de un nuevo régimen socioterapéutico pero andá a visitar cualquier instituto de menores donde hay chicos por razones asistenciales, no penales, y contame si alguien se puede reinsertar viviendo en un cubículo de dos por dos, de cemento, sin almohada, con un camastro de material que es lo único que tienen como mobiliario.
«Después se preguntan por qué suceden los suicidios en los institutos de menores”, denuncia Verdú. A su vez señala que el gobierno utiliza una lógica de demagogia punitiva visible en la sucesión de hechos del último mes y medio con medidas que siguen una misma línea disciplinadora y represiva como la habilitación de uso de armas de fuego contra personas desarmadas, la compra de pistolas Taser o el programa Restituir que reincorpora a agentes apartados de las fuerzas de seguridad por haber sido investigados durante años por hechos represivos beneficiados por el sobreseimiento o la absolución fáciles. “Así como hace veinte años decíamos que Carlos Menem ganó la reelección con el voto licuadora, ahora apuntan al voto bala. La única forma de enfrentar a estos planes de ajuste y represión es con protagonismo popular en las calles, es el único lenguaje que entienden”, sostiene Verdú.
La relación del anuncio de este tipo de medidas de mano dura con el comienzo de un
año electoral es ineludible. En este sentido, Víctor Ramos, fundador del INADI y presidente de la asociación internacional SOS DISCRIMINACIÓN de Argentina, entiende que existe una especulación por parte del oficialismo sobre un sector de la sociedad reaccionario que tiene una pulsión xenófoba y que siente que la crisis se resuelve con la represión, lo que los lleva a ir detrás de esos votos. “La respuesta que propone el gobierno de bajar la edad punible, es responsabilizar al otro. Buscan un enemigo, un responsable de lo que el estado no ha podido resolver. Es un discurso que lo van profundizando porque, al no tener propuestas ni soluciones a la crisis económica que el propio Macri generó, señala un responsable: el delincuente ¿Quiénes son los delincuentes? Los pibes, los paqueros, los que se drogan. Buscan el eslabón más débil para responsabilizarlo de la ausencia de políticas públicas y de
profundos problemas sociales que no logran resolver”, argumenta Ramos. Además, señala que este tipo de medidas contribuye a la criminalización y estigmatización de los jóvenes pobres al acusarlos a priori de delincuentes y dejando de lado que son justamente los niños y adolescentes sobre los que mayor impacto tiene la pobreza, la violencia institucional policial y los recortes en políticas de salud y educación.
En el informe de UNICEF publicado a fines de 2018 sobre “Pobreza monetaria y privaciones no monetarias en Argentina”, se daba a conocer que el 48% de los niños, niñas y adolescentes del país son pobres, de los cuales el 20% se encuentra en condiciones de privaciones severas que implican vivir cerca de un basural, en áreas inundables o no haber asistido nunca a la escuela entre los 7 y los 17 años. En aquel entonces los medios hicieron gran eco de estas cifras alarmantes, pero al arrancar un nuevo año muchos toman a la ligera la baja de la punibilidad a pesar de que se trata del sector etario más afectado por la crisis económica y social que atraviesa el país.
«Este tipo de medidas contribuye a la criminalización y estigmatización de los jóvenes pobres al acusarlos a priori de delincuentes», reflexionó Victor Ramos.
“En lo que hay que ir a fondo es en que el estado realice políticas sociales adecuadas, con mano dura para los funcionarios que no ejecutan sus presupuestos. Llegamos a fin de año y no se ejecutó parte del presupuesto de Desarrollo Social y de Salud. No puede ser que hay dinero no ejecutado, inclusive haciendo recortes, en esos organismos. No lo gastan donde tienen justamente que invertir, en la prevención y en la integración de los jóvenes. Arrancan al final de la cadena cuando el delito ya se cometió”, sentencia Ramos.
En este sentido, la semana pasada UNICEF Argentina ha puesto en circulación un informe con “Ideas para contribuir al debate sobre la Ley de Justicia Penal Juvenil”, cuatro carillas donde se desarrolla expresamente que bajar la edad de punibilidad no mejora la seguridad, basado en experiencias internacionales que así lo han demostrado. Más bien se recomienda un sistema de justicia especializado cuyo enfoque se centre en la prevención del conflicto con la ley penal en lugar de la represión y donde la estrategia esté direccionada en pos de la reinserción social a través de la oferta de oportunidades educativas, de recreación y laborales que oriente a los jóvenes hacia un proyecto de vida alejado del delito.
La Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF), a su vez, ha emitido un comunicado en el que deja sentada su postura de rechazo a la disminución de la edad punible ya que entiende que “la actividad estatal no puede reducirse solamente a lograr una reforma de legislación penal que tenga como eje central la baja de edad de punibilidad, con la intención de dar una respuesta demagógica y punitiva al tema de la seguridad ciudadana. Y sin atender centralmente a los derechos sociales de la infancia, cuyo aseguramiento financiero estatal se ha visto recortado en educación, protección integral y salud -entre otros derechos- a la luz del presupuesto nacional aprobado para el ejercicio 2019”.
De debatirse este proyecto de ley en sesiones extraordinarias en el Congreso y de ser aprobado sería la primera vez que un gobierno elegido democráticamente logre bajar la edad punible. En 1954, el segundo gobierno peronista la elevó de 14 a 16 años y sólo se vio disminuida nuevamente a 14 en 1976, durante la última dictadura cívico-militar. Recién en 1983, con el retorno de la democracia, se recuperaron derechos básicos de la población y se aumentó nuevamente la punibilidad a 16 años.
