«La causa de Facundo atraviesa todas las miserias de nuestra sociedad donde nadie queda bien parado», dice Aparicio.
El 30 de abril Facundo Astudillo Castro salió de su casa, en Pedro Luro, con dirección a Bahía Blanca para encontrarse con su expareja. Pero durante el camino, el joven de 22 años fue detenido por la Policía bonaerense y nunca llegó a destino. Luego de más 100 días desaparecido, el pasado miércoles se confirmaron las peores sospechas: los restos hallados el 15 de agosto en un cangrejal de Villarino Viejo coincidió con su ADN, información que fue confirmada por la jueza federal María Gabriela Marrón. La autopsia se realizó el 25 de agosto bajo los protocolos de Minnesota, aplicado para los casos de muertes ocurridas en custodia de fuerzas de seguridad y el resultado final puede demandar entre 30 y 60 días.
Durante los últimos días se detectó, a través de informes de geolocalización, que un patrullero Toyota Helios estuvo el 8 de mayo en el lugar donde se encontraron los restos óseos del joven de 22 años. El patrullero en cuestión fue peritado hace dos días por el especialista Marcos Herrero y su perro ‘Yatel’ siguiendo las tomas de olor de Astudillo: “El perro destrozó la parte trasera del Toyota Helios, el resultado del procedimiento fue positivo”, confirma Leandro Aparicio, el abogado de la familia Astudillo Castro.
Para el futuro de la causa será clave el rol que tengan aquellas personas que vieron por última vez a Facundo: “Hay testigos amenazados, testigos aterrorizados que no pueden salir de la casa. Se lo dijimos al Presidente, al Gobernador, ya no sabemos a quién más decirle. Es preocupante el poder que tiene la Policía bonaerense”, advierte Aparicio.
El pasado lunes, además de dialogar por 40 minutos con Alberto Fernández, la madre de Facundo, Cristina Castro, Aparicio y Luciano Peretto –el otro abogado de la querella– se reunieron con otras autoridades nacionales y provinciales: “A Sabina Frederic le expusimos todos los pormenores de la causa. También conversamos con el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, y con el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla”. El balance de las reuniones fue positivo para Aparicio: “Volvimos desde Buenos Aires con la designación de dos fiscales que van a intervenir junto con el fiscal que ya recusamos dos veces”. El abogado defensor de Cristina Castro en más de una ocasión hizo pública su disconformidad con el accionar del fiscal federal a cargo del caso, Santiago Ulpiano Martínez.
Castro se reunió con el presidente Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof y la ministra de Seguridad Sabrina Frederic.
¿Cómo continuará desarrollándose la causa tras la aparición sin vida de Facundo? ¿Por qué desde la querella continúa la firme convicción de que hubo una responsabilidad directa de la Policía bonaerense en la muerte de Facundo?
A partir de la aparición de los restos de Facundo, la causa está tomando un ritmo vertiginoso con situaciones que no imaginábamos. Durante los últimos días continuamos tomando testimonios vía Zoom, los cuales confirmaron nuestra hipótesis de que Facundo Castro fue víctima de una desaparición forzada a manos de la policía. El cuerpo que apareció el 15 de agosto fue plantado en ese lugar: Facundo de ninguna manera pudo caerse de un puente o ir por un río. La zona donde fue hallado el cuerpo no tiene forma de explicarse racionalmente. Era un esqueleto sin rastros y con una zapatilla intacta a 20 metros. Ya no sé si es una torpeza más de este protocolo de encubrimiento o si es un mensaje de la Policía bonaerense para nosotros, para el Presidente o para el Gobernador.
Se sabe que el hallazgo del cuerpo fue parcial, ¿hubo nuevos indicios en la zona de la aparición de los restos?
Sí, escalofriantes. Anteayer unos pescadores se acercaron y dijeron que nuevamente había restos humanos: encontraron un maxilar y llamaron al Equipo de Antropología Forense. Les dijeron que ese maxilar no se correspondía con el de Facundo. O sea que en ese lugar ya tenemos dos cuerpos. Uno es de Facundo y el otro no sabemos de quién es. Todavía no sabemos si hay más cuerpos. Quizás estemos en presencia de un cementerio clandestino de la Policía bonaerense.
Usted ha cuestionado en varias ocasiones las respuestas estatales con respecto al caso ¿Qué diálogo han tenido en los últimos días con el Gobierno nacional?
Cristina Castro tiene una comunicación permanente con el Presidente. Como es de público conocimiento, estuvimos reunidos con él en la quinta de Olivos. Habló con Cristina durante 40 y 50 minutos. En este gobierno hay un matiz distinto con respecto a la gestión anterior. El gesto de un presidente de invitar a la mamá de un desaparecido que pide la renuncia del ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires no es un gesto casual. Sin embargo, desde quienes integran hoy el Frente de Todos salieron desesperados a pedir por Santiago Maldonado y en este caso se quedaron callados. Facundo no era anarquista, ni socialista: era del Frente de Todos. Si no salen a pelear por los desaparecidos de su movimiento, están condenados al fracaso.
¿Qué opina del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires?
Berni era carapintada en 1987. Durante el menemismo, en los noventa, fue espía de los mineros de Río Turbio. Después, se jactó de tener el “desalojamiento más pacífico de la historia” con un saldo de tres muertos. Berni está camino a ser el nuevo Bolsonaro.
«Vamos a mostrarle a todo el mundo que la policía está relacionada con la Justicia y con el narco», dice la querella.
¿Cómo analiza el rol del periodismo en este caso?
Algunas esferas del periodismo son vergonzosas. Hay un sector del periodismo muy vinculado a los servicios y a la policía. Tenés a Pablo Duggan, Paulo Kaplan, Javier García. Ellos son funcionales para que haya desaparecidos. Y se los dije en la cara. Para que hayan desaparecidos también tiene que existir ese tipo de periodismo. La causa de Facundo atraviesa todas las miserias de nuestra sociedad donde nadie queda bien parado: ni la Justicia, ni la política, ni la policía, ni los periodistas.
Argentina tiene una historia reciente muy ligada con la violencia institucional. ¿Por qué esto sigue ocurriendo y qué ha aprendido en este caso?
La mamá de Facundo me ha enseñado muchas cosas. Ella siempre dice que hay que tener fe y que las cosas se van a solucionar. No solamente el caso de Facundo, sino que se van a aclarar otros casos impunes como el caso de Katherine Moscoso, que la desaparecieron; y después, 300 policías plantaron el cuerpo. Encamino mis esfuerzos y lo que yo pueda aportar en esta causa con la creencia de que junto a ella no solo vamos a descubrir lo que pasó con Facundo; también vamos a mostrarle a todo el mundo la mugre que hay en esta zona, donde la policía está relacionada con la Justicia y está relacionada con el narco. Yo creo en Cristina Castro, no soy religioso pero sí creo en ella. Estoy en esa cruzada acompañándola a que lleguemos a buen puerto por Facundo y por tantas otras personas.
“Necesito que me entreguen a mi hijo”, repite Cristina Castro ante un puñado de periodistas que reposan sobre una de las ventosas veredas del centro de Bahía Blanca. A un costado, su abogado Leandro Aparicio no para de contestar mensajes: su teléfono explotó durante las últimas semanas. Grabado en el barbijo de Cristina se ve la foto de su hijo Facundo, acompañado de una leyenda que dice “Aparición con vida ya”. Hace tres meses, esa madre jamás imaginó tener que atravesar esta situación.
La mañana del 30 de abril Facundo Astudillo Castro salió de su casa, en Pedro Luro, con dirección a Bahía Blanca para encontrarse con su expareja. Facundo decidió recorrer los 125 kilómetros que separan las dos localidades del sur bonaerense “a dedo”, a pesar de los controles dispuestos por el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO). Durante su viaje por la Ruta 3, un retén policial lo detuvo a la altura de Mayor Buratovich, a 30 kilómetros de Bahía Blanca. Desde ese momento no se conoce su paradero. Según la versión policial, Astudillo continuó su camino, pero el joven de 22 años nunca arribó a destino.
“Acá es imposible perderse. Somos un pueblo y nos conocemos todos”, dice Cristina, la madre de Facundo Astudillo Castro.
El 5 de junio, Cristina Castro presentó la denuncia ante las autoridades del municipio, quedando asentada una causa por “averiguación de paradero”. Pero las contradicciones policiales y la falta de actividad procesal por parte del Poder Judicial bonaerense provocaron que, 20 días más tarde, Leandro Aparicio y Luciano Peretto, abogados de la familia de Facundo, logren que la causa pase al fuero Federal. De esta manera, el 25 de junio, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) del Ministerio de Seguridad de la Nación fue notificado de la desaparición y dispuso los recursos federales para la investigación.
Además, hubo un cambio en la carátula de la causa, la cual se catalogó como “desaparición forzada”. Una de las claves para que eso suceda fueron las declaraciones de tres testigos de identidad reservada, quienes vieron cómo dos efectivos de la Policía Bonaerense subían a Facundo a una camioneta Toyota Hilux blanca y negra en la Ruta 3. De esta manera, las sospechas recayeron exclusivamente sobre las fuerzas de seguridad del lugar, por lo que el 13 de julio el jefe de la Policía Bonaerense, el comisario Daniel García, determinó la intervención de tres comisarías del Departamento de Villarino. En las últimas horas, se conoció la aparición de los libros de guardia de la comisaría de Mayor Buratovich: esta documentación debería ser clave para identificar a los policías que subieron a Astudillo Castro a la camioneta.
Leandro Aparicio, el abogado de la madre de Facundo Astudillo Castro, cuestionó los dichos del ministro Sergio Berni.
Durante los últimos días, se han intensificado los rastrillajes en el tramo de la Ruta 3 que une Pedro Luro con Bahía Blanca. Para el operativo fueron dispuestos más de 200 efectivos provenientes de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura Naval, que también contó con unidades de bomberos, perros y drones. Margarita Jarque, abogada de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), informa que los rastrillajes todavía “no dieron cuenta de ningún resultado relevante”. Jarque añade: “Estamos en el proceso de recolectar y analizar las pruebas para trazar una hipótesis más fina. Seguimos esperando los informes de los análisis de los patrulleros secuestrados y el cruce telefónico”.
El traspaso a la justicia federal fue decisivo para la intervención de la Comisión Provincial de la Memoria, que se presentó como querellante institucional en la causa. “Buscamos hacer una intervención integral, aportar una apoyatura jurídica y darle difusión al caso. Y sobre todo darle la importancia política correspondiente”, explicó Jarque, directora del programa de Litigio Estratégico de la CPM.
La Comisión Provincial de la Memoria fue importante a la hora de difundir la denuncia ante organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Como respuesta, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reclamó al Estado Argentino “una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma que tome en cuenta todas las hipótesis disponibles”; mientras que la CIDH solicitó informes sobre “las acciones que el Estado estaría llevando a cabo para dar con el paradero del joven”.
En un principio, la reacción de las autoridades bonaerenses no fue positiva para la familia: “En algunos casos la comunicación fue desafortunada con declaraciones que no guardan relación con cuestiones que están en el expediente y mal informaron”, explicó Leandro Aparicio, representante legal de la familia Castro Astudillo, haciendo referencia a declaraciones emitidas hace dos semanas por el Ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni. Con el correr de los días, algunas posturas del gobierno provincial cambiaron ya que Aparicio manifestó que “el gobernador Kicillof se puso a disposición de la familia”.
Jarque advierte que el comportamiento negligente de las fuerzas de seguridad no es un caso aislado en el sur de la Provincia de Buenos Aires: “Ha habido casos en la zona hace bastante tiempo ya. Sucedió el caso de Daniel Solano, también de desaparición forzada”. Otro caso paradigmático sucedido en el sudoeste bonaerense fue el femicidio de Katherine Moscoso, en el que hubo muchas irregularidades en la investigación. “En el caso de Katherine 300 policías plantaron un cuerpo ¿Por qué no puedo suponer que ahora 300 policías hagan lo mismo?”, cuestiona o Aparicio, quien también ejerció la defensa judicial de la familia de Moscoso.
«Estas violaciones de derechos también afectan al conjunto social”, analiza Margarita Jarque.
La localidad de Pedro Luro tiene aproximadamente 10 mil habitantes, abarcando un área de 9 km2. “Acá es imposible perderse. Somos un pueblo y nos conocemos todos”, afirma la mamá de Facundo. La rutina del último fin de semana se vio completamente modificada ya que amigos y familiares del joven de 22 años convocaron a una manifestación exigiendo por su aparición con vida.
“Vimos en la movilización del pasado fin de semana en Pedro Luro que estas violaciones de derechos también afectan al conjunto social”, analiza Jarque. La directora del Programa Litigio Estratégico de la CPM está preocupada sobre los casos de violencia institucional ocurridos durante la cuarentena: “Representan una alerta que tienen que ver con las fuerzas de seguridad. La Argentina tiene una historia muy triste, muy densa, respecto de la desaparición forzada de personas. Son delitos muy graves que no pueden permitirse en democracia. Hay una deuda pendiente en la Argentina, que es el control del comportamiento de las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad no deben sentir que pueden actuar de este modo y garantizar su impunidad”.
Cristina Castro da un paso atrás y decide dar por terminada la improvisada conferencia de prensa en la vereda de la calle Alsina, ubicada en el corazón de la ciudad de Bahía Blanca. Antes de retirarse, dice unas palabras: “Siento mucho su apoyo desde las redes sociales. Escucho sus audios y leo todos sus mensajes. Quiero que ya se acabe esto para poder llevarme a mi niño a Luro”.
A lo largo de las últimas décadas, las políticas públicas nacionales, provinciales y municipales han sido ineficientes para revertir la situación de emergencia habitacional. La población en villas ha aumentado a un ritmo superior a la tasa de crecimiento vegetativo ante la incapacidad del Estado de brindar soluciones permanentes a los sectores más pobres de la sociedad. En 2017, el Registro Nacional de Barrios Populares llevado adelante por el gobierno de Mauricio Macri, con colaboración con organizaciones sociales, permitió identificar y mapear 4.228 asentamientos informales en todo el país en donde viven más de 3 millones de personas, es decir 1 de cada 10.
El Gran Buenos Aires (GBA) es la zona geográfica con mayor concentración. Francisco Ferrario, director de TECHO en el GBA, encuentra problemáticas similares en los asentamientos del conurbano: “La falta de acceso a los servicios básicos, precariedad en las viviendas, las inundaciones constantes y la falta de servicios de emergencia se dan en casi la totalidad de los barrios. Además, los vecinos, al no tener acceso a la escritura de su casa, viven con constante incertidumbre porque al menos el 50 por ciento de las tierras en las que están los barrios populares a nivel nacional son privadas ya que pueden ser desalojados”. Y agrega: “También es un gran problema que la policía y las ambulancias no ingresan a los asentamientos”.
La organización TECHO busca ser el nexo entre los barrios populares y el Estado para resolver cuestiones habitacionales. Financiado a través de donaciones, construye viviendas a las familias más vulnerables dentro de los asentamientos. Belén Guerrero, coordinadora de la mesa de trabajo de la entidad, explica que el modelo de trabajo ha ido cambiando en los últimos años: “Antes la línea era llegar al barrio, construir la casa y después nos íbamos. Ahora es mucho trabajo previo y posterior. Estamos trabajando con muchas personas a las que no les construimos”.
Las primeras viviendas construidas por la ONG fueron las de emergencia, que consisten en módulos de 18 metros cuadrados hechos de paneles de madera prefabricados y techo de chapa con aislante térmico, que se apoyan sobre 15 pilotes de madera para aislar la humedad del suelo. Con el tiempo, TECHO desarrolló las Viviendas Semilla, diseñadas por las familias con los materiales de la organización, que buscan superar aquella primera instancia de emergencia. “Sus habitantes pagan un porcentaje sobre el valor total, que se calcula considerando su situación económica. En ambos casos, la construcción se realiza entre la familia asignada y los voluntarios de TECHO”, detalla Guerrero, quien sostiene que actualmente “el objetivo es que los y las vecinas se apropien de barrio”. “Ellos mismos eligen las familias a las que construimos. Estamos tratando que el trabajo que hacemos sea cada vez más comunitario”, subraya.
Un ejemplo de la labor de TECHO en el GBA es el barrio Haras Trujui, ubicado en el partido de Moreno, uno de los 1450 asentamientos informales del conurbano. Trujui tiene una extensión de más de 30 cuadras donde las angostas veredas de ripio y hierbas flanquean a un lado y otro las calles de tierra. Los fines de semana, el silencio impasible sólo es interrumpido por la cumbia que llega desde la radio de alguna de las casas. Ubicado a 48 kilómetros de Capital Federal, cobija a 47 familias y se encuentra atravesado por el arroyo La Felicidad, que irónicamente suele inundar al barrio en los días lluviosos. TECHO llegó a Trujui en 2015, y luego de trabajos intensivos de relevamiento, han construido sus Viviendas de Emergencia para 21 familias.
Fernanda Moyano vive allí hace más de 15 años y en su casa tiene un merendero llamado “Athenea”. Los vecinos la llaman “la abogada del barrio”. Ante este título Fernanda responde orgullosa: “En realidad, estudié Trabajo Social en la UNPAZ, pero me conocen en todas las oficinas municipales de Moreno de tantas veces que fui a reclamar”. Moyano resalta que el tratamiento de residuos y las inundaciones son los problemas más graves que tienen: “En Haras no hay recolección. La basura se tira en las cercanías del arroyo y cuando llueve esa basura va al zanjón, y este se tapa y se desborda, provocando inundaciones. Hemos tenido evacuaciones dos veces porque el agua nos llegaba hasta el cuello. Si tuviésemos recolección, no colapsaría el zanjón y no se inundaría”.
La falta del servicio alienta la generación de basurales a cielo abierto y las quemas, creando pésimas condiciones sanitarias para los vecinos. De hecho, el barrio es uno de los puntos del conurbano con más casos de forunculosis, problemas dermatológicos y respiratorios. “No podemos darle de comer a los nenes en el jardín por el olor que hay. Anulamos la parte de los juegos porque no se puede estar”, señala Fernanda y advierte: “Alguien se tiene que ocupar de esto y no hay ni siquiera iniciativa”.
Trujui carece de todo tipo de servicios básicos, como gran parte de los asentamientos informales del GBA. No dispone de recolección de residuos, luz eléctrica, agua corriente, servicios de salud y control policial, entre otros. Frecuentemente, el suministro de agua se obtiene por bombeo. “Hace 15 años que vivo acá –cuenta Fernanda–. Recién hace dos colocaron el tendido de agua corriente y aún no lo habilitaron. Tuvimos agua dos días, que no se podía tomar, y todavía no volvió a correr”. Estas carencias primarias abren paso a nuevas problemáticas.
Las múltiples afecciones provocadas por la contaminación empeoran a causa de los escasos servicios de salud a los que tienen acceso. Para recibir asistencia hospitalaria los habitantes de los asentamientos informales deben salir del barrio y acercarse a alguna salita disponible en los alrededores. Los de Haras deben ir hasta Santa Brígida, donde una precaria unidad sanitaria, provista de un sólo profesional por especialidad (que no siempre logra cubrirse), debe responder por todos los habitantes de la zona.
La falta de suministro eléctrico desemboca en otra situación preocupante: los constantes episodios de inseguridad: “En muchas familias, el o la responsable de la casa sale a las cuatro de la mañana y se va a Capital a laburar. Que no haya una luz es realmente peligroso”, señala Belén Guerrero. Haras Trujui descansa bajo la custodia de solamente un patrullero. Ante la ausencia de respuestas oficiales, los habitantes del barrio, junto a TECHO, instalaron un circuito de alarmas vecinales e iluminación. “Hay una ausencia total del Estado en lo que es seguridad. Como vecino no te queda otra que salir a defenderte vos. La ausencia total municipal no hay forma de darla vuelta porque desde la Municipalidad tienen un sistema estratégico para evadir los reclamos”.
Belén Guerrero da cuenta de ello: “Los asentamientos están totalmente marginados. Los vecinos sienten que los políticos están presentes en los barrios cuando necesitan alimentar su marketing político”. Un caso ilustrador le sucedió a Fernanda durante las inundaciones de Haras Trujui en julio de 2017. Moyano se contactó con la esposa del ex intendente Walter Festa, Romina Urigh, para pedirle provisiones para su merendero. Sin embargo, la visita no resultó satisfactoria: “Se bajó de una combi con 15 personas atrás y un fotógrafo. Calle de tierra, todo inundado y ella estaba en tacos aguja. Y sacaron una foto con ella agarrándome las manos y eso fue todo”, relata y añade: “Los políticos no saben ni los nombres de las calles de los barrios. Lo importante es conocer el terreno. Si lo conocés, te das cuenta de la situación en la que la gente está viviendo”.
Ferrario destaca que los encontronazos entre la organización y las autoridades municipales son frecuentes, sin importar el color partidario, y se deben a varios factores: “En principio hay falta de voluntad política. Otra cuestión es la falta de recursos en los municipios. En otras ocasiones se debe a que tienen otra visión sobre cuál es la solución al tema, cuál es la manera de mejorar la calidad de vida de esas familias”. El directivo de TECHO resalta que los diálogos más difíciles ocurren con los municipios de La Matanza, donde están la mayor cantidad de asentamientos informales en el GBA, y en Moreno, y agrega: “Poder alquilar de manera formal está plagado de requisitos que le hacen que un trabajador en negro y con un ingreso bajo es imposible. El Estado tendría que ser el que dirima esa situación y el que le otorgue una solución a las familias que están viviendo con muchas necesidades”.
Estas necesidades se vieron potenciadas a nivel nacional durante la gestión de Mauricio Macri. Según datos del último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, la inseguridad alimentaria alcanza al 32,1% de los argentinos, es decir 14 millones de personas. Esto representa un aumento del 13% en comparación con los datos del período 2014-2016. “En estos cuatro años de crisis económica grande, fue un deterioro de las situaciones sociales en los barrios, el crecimiento de la cantidad de familias en los propios barrios, aunque todavía no lo tenemos cuantificado. También, un aumento en la cantidad de comedores, el que tenía 20 pibes pasó a tener 50”, afirma Ferrario. Fernanda admite que al principio del mandato de Macri recibía 30 familias en su merendero, mientras que hacia el final de 2019, ese número aumentó a 300.
La renovación de las autoridades municipales genera expectativas cautelosas en Fernanda: “Hay un 50 por ciento de que haya mala onda con la nueva gestión y un 50 de que eso no pase. Espero que la nueva intendenta de Moreno, Mariel Fernández, no repita los errores de Walter Festa, a pesar de que pertenezcan al mismo partido”.
Ferrario aporta otro punto de vista de cara a la gestión futura ya que ve con buenos ojos la reciente creación de un Ministerio de Vivienda y Hábitat a nivel nacional: “Puede ser un buen paso para darle una visión más integral a la problemática y buscar soluciones más de fondo”. Aunque, igual que Fernanda, es precavido: “Siempre todo cambio de gestión es una oportunidad y una amenaza a la vez. En este nuevo período será clave la lucha colectiva junto con otras organizaciones y barrios para poder gestionar políticas que sean positivas en la vida de la gente”.
«Tengo esperanza y confianza en la justicia. Dentro de todo el dolor, eso me está dando tranquilidad», cuenta Ríos.
La vida de Susana Ríos cambió por completo la madrugada del 21 de mayo. A través de Facebook le llegaron rumores de disparos en las adyacencias del pueblo. A las 4 confirmó lo peor: su hijo Gonzalo Domínguez, de 14 años, era uno de los pasajeros del Fiat 147 que se estrelló contra un camión sobre la colectora de la Ruta 3, luego de una persecución policial.
Gonzalo viajaba junto a sus amigos Danilo Sansone (13), Camila López (13), Aníbal Suárez (22) y Rocío Quagliarello (13). Rocío fue la única sobreviviente. “Todavía no pude hablar con ella. Me cuesta salir. Cuando pueda, y si su mamá me lo permite, la voy a ir a visitar. Por lo que me contaron, está recuperándose muy bien”, cuenta Susana, quien hoy, a sus 56 años –y tras la muerte de Gonzalo– quedó viviendo sola en su casa de San Miguel del Monte. Sus otros dos hijos, Marina de 30 y Juan Ignacio de 27, ya no viven con ella.
Susana fue de las primeras en sospechar de la primera versión que hablaba de un choque, que se descartó cuando la autopsia confirmó que el cuerpo de Gonzalo había sido impactado por una bala. Con esta información, empezó a revelarse el encubrimiento policial. Horas más tarde, cuando se publicaron las imágenes de las cámaras de seguridad que mostraban a los agentes tiroteando ferozmente al Fiat 147, no quedaron dudas. El resultado inmediato fue el descabezamiento de la cúpula local de la Bonaerense.
“Los medios fueron muy importantes. Nos ayudaron a demostrar que esto no había sido un simple accidente. Por ahora no vi ninguno que no haya tratado con respeto el asunto. Fueron muy cálidos todos”, destaca Ríos y afirma: “Esto repercutió en la sociedad y se pudo conocer lo que realmente fue: una masacre de niños inocentes”.
«El cariño que recibí del pueblo ha sido tremendo», revela Ríos.
¿Cómo está progresando la causa?
Estamos esperando que baje de la Cámara para seguir con otras denuncias que tienen que elevarse. Siempre estoy informada. Junto con mi abogada trabajamos permanentemente. Faltan responsables. Por el momento tenemos trece personas detenidas. Tengo esperanza y confianza en la justicia, y sé que se están trabajando bien. Dentro de todo el dolor, eso me está dando tranquilidad. Espero que se determine qué grado de culpabilidad tuvieron las autoridades implicadas.
¿Cuándo empezó a sospechar de un encubrimiento policial?
Aquella noche, desde las 2, en las redes sociales ya se comentaba de disparos en el pueblo y a partir de ese momento supe que algo estaba pasando. A las 4, cuando fui a reconocer el cuerpo de mi hijo, lo confirmé. Mientras tanto, me mintieron. Rubén Martínez, el secretario de Seguridad municipal, me negó en la cara que lo de los disparos fuera cierto. Pero la mentira duró pocas horas porque lo que ellos presentaban era una farsa. Martínez fue vital para el encubrimiento: por suerte ahora está detenido con prisión preventiva. Esto destapó muchas ollas. Antes no lo sabía pero lo empecé a notar con las denuncias que fueron apareciendo. Me enteré que desde antes maltrataban mucho a los chicos. Esta policía estaba actuando de una manera enviciada y atroz.
Desde entonces Monte dejó de ser un pueblo tranquilo…
Sí, ahora es un pueblo triste y que quiere justicia. También está muy enojado por todo lo que pasó. El tema de la seguridad hay que tenerlo en cuenta y trabajar sobre eso. Hay que devolver la tranquilidad a los habitantes que quedan y sobre todo a los niños. Luego de la masacre tuvimos una reunión con el Gobierno provincial en donde les elevamos requerimientos específicos para la policía. Más que nada, para que esto no vuelva a repetirse. Esto no puede pasar de nuevo. Jamás.
«Estoy asistida por una psicóloga del CELS porque me di cuenta que no puedo sola», confiesa Ríos.
En el pueblo se hicieron numerosas marchas en repudio al accionar policial y en reclamo de justicia, ¿qué significan para usted?
Me emocionan mucho porque me siento acompañada. El cariño que recibí del pueblo ha sido tremendo. Me cuesta salir a la calle pero las veces que salgo, la gente me abraza y llora. El dolor es muy fuerte y juntos debemos buscar que se haga justicia y que el recuerdo de los nenes esté vivo para siempre.
¿Cómo era su relación con Gonzalo?
Yo crié un hijo sano. En mi casa había besos y abrazos. Mis otros hijos ya son grandes y no viven conmigo. Así que Gonzalo, con 14 años, era mi chiquito mimado. Con él teníamos mucho diálogo y conversábamos sobre todo: los peligros, las cosas buenas y las malas. Me hace muy bien recordarlo por cómo era él. Solía ir a la plaza Alsina y a la pista de skate, donde hacían rap. Tenía muchos amigos, con quienes hacían juntadas en la costanera o venían a tomar mates a casa. Después hacía futbol. Hacía las mismas actividades que la mayoría de los chicos de su edad en un pueblo tranquilo como es éste. Bah, que lo era.
¿Usted cómo está?
Pasándolo. Mi día a día es estar en mi casa. El momento en que estoy sola es muy duro. Estoy asistida por una psicóloga del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) porque me di cuenta que no puedo sola. Ya pasaron dos meses y este suceso me cambió la vida. En el resto de la familia también están todos muy tristes. Gonzalo tenía cinco hermanos, dos por mi parte. Mi esposo Omar está internado en La Plata, está en rehabilitación hace un año por un ACV isquémico y todo esto es muy duro para él.
¿Y le quedan fuerzas para seguir atendiendo a la prensa?
Yo voy a seguir dando notas para que el tema siga presente y no quede en el olvido. Quiero que este hecho se recuerde para siempre. Tengo que tener la fuerza y la valentía para seguir hablando porque necesito justicia para que mi hijo descanse en paz. Esta madre no va a bajar los brazos, vos quedate tranquilo.
