Ago 25, 2021 | Comunidad, Novedades
Nuestro país es uno de los ocho del mundo en donde se está llevando a cabo el estudio MOSAICO para la investigación de una vacuna preventiva contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), actualmente en fase III. Brasil, España, Estados Unidos, Italia, México, Perú y Polonia aportan también a los 57 centros de investigación en los que se está desarrollando el proyecto.
Fundación Huésped y el Hospital Ramos Mejía son los centros de investigación de nuestro país en los que se realiza el estudio. En él participan alrededor de 3.800 personas de todo el mundo VIH negativas con un rango etario de entre 18 a 60 años, con alto riesgo de contraer el virus.
El Virus de Inmunodeficiencia Humana afecta el sistema inmunológico y puede generar la aparición de otras enfermedades, en donde en una etapa avanzada la infección pasa a ser SIDA (Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida). Es importante señalar que no todas las personas que tienen VIH tienen SIDA, pero sí pueden transmitirlo. Según lo informado por el Ministerio de Salud de la Nación actualmente hay 139.000 personas con VIH en nuestro país. El 83% conoce su diagnóstico y el 17% lo ignora.
Marcelo Losso, jefe de Inmunocomprometidos del Hospital Ramos Mejía, responsable del Área de Investigación en Enfermedades Emergentes en el mismo hospital, señala: “Nuestro grupo de investigación forma parte como centro de las redes de investigación HPTN (Red de Ensayos de Prevención del VIH) y HVTN (Red de Ensayos de Vacunas contra el VIH) del NIAID (Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas), NIH (Institutos Nacionales de Salud – Estados Unidos). Es el único hospital público del país, y uno de los pocos de Latinoamérica, que forman parte de estas redes de excelencia en investigación en HIV a nivel mundial. El estudio MOSAICO es uno de los proyectos, entre otros, que llevamos adelante en colaboración con estas redes”.
Nicolás Ávila tiene 28 años y es estudiante de Economía. La convocatoria le llegó por redes sociales y ahora es uno de los voluntarios que forma parte del estudio MOSAICO en el Hospital Ramos Mejía: “Descubrí que Argentina formaba parte de los ocho países en donde se está llevando a cabo y que tienen alrededor de 500 voluntarios en nuestro país. La verdad que fue algo que me motivó mucho y me dieron ganas de poder participar y poder ayudar poniendo el cuerpo a la ciencia para que pueda avanzar en una vacuna preventiva del HIV”, asegura.
Este año se cumplieron los 40 años de los primeros casos de VIH. Ávila resalta la importancia que tienen los avances en estudios contra el VIH ya que en este sentido la información con la que contamos hoy de esta enfermedad es muy distinta de la que teníamos hace un tiempo. “Creo que es clave una vacuna preventiva para poder ponerle fin a la pandemia del VIH-SIDA. Además, todo el estigma que hay alrededor del VIH y que tiene la comunidad homosexual respecto a esta enfermedad. Como homosexual me parece también una forma para militar respecto a eso”, agrega.
Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, en más del 98% de los casos la manera de transmisión del virus fue por relaciones sexuales sin protección. En el caso de los varones un 56,3% se da por relaciones sexuales sin protección con varones y un 42% con mujeres. En el caso de las mujeres, por su parte, un 97,1% se da por relaciones sexuales sin protección con varones.
Guillermo Tapia tiene 25 años, es de Quilmes y actualmente es parte del estudio MOSAICO en Fundación Huésped. Su recorrido hasta llegar al voluntariado de la vacuna preventiva contra el VIH comenzó en realidad mientras buscaba ofrecerse para probar una de las vacunas para el covid 19. “Me enteré sobre la iniciativa que estaba llevando adelante la Fundación y me interpeló casi al instante porque pensaba: covid 19 puede agarrarle a cualquiera ¿no? Igual que en el VIH, pero ¿qué circula en el imaginario colectivo? Se relaciona a minorías sexuales generalmente y a personas que su único sustento es el trabajo sexual. Por eso me sentí identificado con minorías que son excluidas. Al menos por ser parte de la comunidad”, sostiene.
Tapia manifiesta que no tenía conocimiento que se encontraba en desarrollo una vacuna preventiva contra el VIH y decidió interiorizarse al respecto. Fue a una entrevista y asegura que la manera en la que se manejaron y la consideración que le mostraron a la hora de programar las citas fue un factor fundamental para que se sumara al proyecto, además de que éste se encuentre en fase III.
“Como en todo estudio de investigación, el proceso de consentimiento informado es crucial, se trata de poner a disposición toda la información necesaria para que el voluntario comprenda la naturaleza del proyecto en todos sus detalles y pueda tomar una decisión libre para participar o elegir no hacerlo. En este caso, se trata de personas que no están infectados con VIH, pero tienen un riesgo elevado de infectarse en el futuro próximo”, asegura el Losso.
Leandro David Sandoval tiene 26 años, es estudiante de enfermería y trabaja en el Hospital de Ituzaingó. Se enteró de la campaña en redes al inicio del 2020 cuando apenas habían comenzado a convocar voluntarios. Se inscribió en un formulario y a los pocos días le llegó un correo electrónico en donde le hicieron la convocatoria para su primera entrevista. Lo que lo llevó a participar fue su compromiso con la comunidad LGBT. Forma parte de un frente de diversidad en su localidad donde arman jornadas solidarias. Desde hace unos años era aportante de Huésped a través de donaciones mensuales.
“Cuando yo me sumé al programa MOSAICO fue pleno marzo del 2020, me acuerdo que la primera entrevista la tuve el 16 de marzo, fue todo pre-pandémico. En la reunión charlamos sobre qué era lo que yo esperaba también del estudio porque es algo que uno hace sin esperar nada a cambio, solamente formando parte para contribuir de forma altruista, es algo personal”, explica Sandoval.
Losso asegura que el seguimiento que se realiza es exhaustivo y durante dos años, incluyendo la administración del producto de investigación. “En este caso, los diferentes componentes de la vacuna, en un régimen de cuatro dosis a lo largo del primer año y controles frecuentes de seguridad más otros parámetros”.
Guillermo Tapia explica que uno de los síntomas que tuvo luego de las aplicaciones -ya lleva dos- fueron un poco de temperatura que no llegaba a ser fiebre, sino febrícula, y un poco de dolor de cabeza: “Se soluciona con un analgésico convencional como con cualquier vacuna”, agrega. Por su parte, Ávila comenta que solo tuvo un poco dolor de cabeza y decaimiento.
Sandoval considera que si esta investigación concluye de manera positiva lo único que espera es que se puedan seguir salvando vidas como hasta ahora han hecho con los tratamientos de alta efectividad. “Esta tampoco es la cura para los que ya conviven con el virus, sino una forma de prevenir que otros sean objetivos de su transmisión, pero es un paso que puede ayudar bastante al desarrollo de otras vacunas a futuro en donde se lo pueda erradicar”.
“A pesar de contar con tratamientos antirretrovirales de alta eficacia que no solo permiten controlar la infección en el largo plazo, sino que evitan la transmisión de la infección, y de los enormes avances que implican el uso de estos fármacos en la modalidad de la PrEP (profilaxis previa a la exposición), es decir que previenen la infección en personas de alto riesgo, todos coincidimos en que la solución definitiva para la epidemia de HIV/SIDA es, sin duda, contar con una vacuna eficaz y segura”, cierra Losso.
Ávila considera que en el caso de que el estudio MOSAICO concluya de manera positiva sería una buena noticia a nivel mundial, no solamente en Argentina, sino para todo el mundo: “Poder pensar que el día de mañana con una vacuna preventiva junto a que todas las personas que están infectadas de VIH reciban el tratamiento adecuado y que sean indetectables -lo cual signifique intransmisible- teniendo a la población que está infectada indetectable y la población no infectada con una vacuna preventiva quizás el día de mañana podemos hablar del fin de esta epidemia y me parece muy esperanzador”.
Tapia se encuentra optimista y afirma que ya es algo positivo que nos encontremos hablando de VIH. “Creo que lamentablemente se va a seguir relacionando enfermedades de transmisión sexual con minorías sexuales. En relación a eso creo que ese va a ser mi aporte. Un aporte chiquito de construir entre todos una sociedad más justa e inclusiva”. Además, expresa que para la discriminación la única vacuna es la educación y la información “esa nos demostró que es 100% efectiva. Alguien quien no tiene estas dos dosis, aunque existan todas las vacunas y demuestren que son efectivas, no va a poder curarse de su espíritu de excluir a las demás personas. Para construir una sociedad más inclusiva y justa con las minorías sexuales”, cierra.
Jul 28, 2021 | Géneros, Novedades
La campaña ciudadana Paternar -iniciada el 20 de junio por el Día del Padre- es una iniciativa que tiene como objetivo lograr la ampliación de la licencia por paternidad en nuestro país, que en la actualidad es de 48 horas.
Un conjunto de distintos colectivos de varones y organizaciones sociales se agruparon para reclamar la ampliación de este derecho, y también para pensar en un rol masculino más activo con respecto a las tareas de cuidado y del hogar, como así también, un rol más equitativo dentro del ámbito familiar.
Actualmente, la Ley de Contrato de Trabajo contempla dos días libres seguidos a la fecha de parto por paternidad. La licencia por maternidad, en cambio, otorga a la mujer o persona gestante 45 días previos y hasta 45 días posteriores al parto. Según datos publicados por UNICEF, OIT y CEPAL, los únicos dos países en América Latina y el Caribe en tener dos días por licencia por paternidad -además de la Argentina- son Guatemala y República Dominicana.
Daniel Jones miembro de la campaña Paternar y su hijo León.
Matías Criado es psicólogo, integrante de Paternando -parte de la campaña Paternar- y asegura que hoy los varones que quieren ejercer la paternidad se encuentran con que sólo tienen apenas 48 horas de licencia que, si sale todo bien, les posibilita salir de la clínica con su bebé en brazos, pero no sirve para llevar a hacerle controles de salud o iniciar los trámites para el DNI: “Ya el rol de los varones dentro del cuidado es nulo. Por eso estamos buscando que esta campaña no solamente amplíe días, sino que genere en nosotros la obligatoriedad de hacernos responsables del cuidado a partir del nacimiento en adelante”, afirma.
Por su parte, Julián Novo -docente, militante sindical del SUTEBA y CTA, integrante del espacio de varones Desarmarnos y de la campaña Paternar– asegura que la actualización de esta ley es una de las deudas de la democracia. “Argentina es uno de los pocos países de América Latina que tiene tan poca cantidad de días de licencia por paternidad. Somos en la región uno de los que menos tiene. Los que más tienen son Paraguay y Venezuela que cuentan con 14 días”, asegura. Según lo publicado por UNICEF en “Maternidad y paternidad en el lugar de trabajo en América Latina y el Caribe”, las licencias pueden mejorar los niveles de igualdad de género en los distintos países para que se promueva la corresponsabilidad parental.
En promedio, en la región, el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en las mujeres es de cinco horas en contraste con los hombres que sólo dedican una hora y media. A pesar de que los varones tengan mayor carga horaria en trabajo remunerado (un promedio de 6 horas en contraste con 3 horas y veinte de las mujeres), el total trabajado sigue siendo mayor en las mujeres con un total de 8.20 horas promedio versus 7.44.
Daniel Jones es doctor en Ciencias Sociales, investigador independiente del Conicet, miembro del Instituto de Masculinidades y Cambio Social, también integra la campaña Paternar, y señala que ampliar las licencias a treinta días permitiría, fundamentalmente, descargar una parte del trabajo que les significa a las mujeres y personas gestantes un cambio vital tan significativo. “La existencia de la licencia sería una condición material que favorecería ese involucramiento. Tanto en la conexión afectiva de esos primeros días, que son super importantes, como también me parece que en la distribución de tareas de carga doméstica y de crianza. Treinta días por supuesto son insuficientes, pero nos parece un gran avance frente a dos”. En toda la región, según lo informado por UNICEF, las licencias de paternidad no superan los cinco días en la mayoría de los casos.
Si bien hay varios proyectos de ley presentados para la ampliación de licencia por paternidad, Paternar acompaña la reforma presentada por el diputado Itai Hagman del Frente de Todos. Se trata de una ampliación de 30 días de carácter obligatoria, intransferible y remunerada. “Sería para el sector público, privado, sector agrario y casas particulares. También en casos de adopción y pensando en familias diversas y no solamente en casos de familias hetero, sino a toda la diversidad que pueda haber en la construcción de una familia”, asegura Julián Novo y agrega que el objetivo final es poder llegar a tener la misma cantidad de días que licencia por maternidad “creemos que de dos a treinta días es un salto cualitativo -que obviamente no alcanza- pero es un paso importante para profundizar”.
Matías Criado, por su parte, ratifica que desde la campaña se plantearon como objetivo no solamente generar un cambio en la licencia y ampliarla, sino que también se proponen generar un cambio en todo el sistema de cuidados: “Para los padres que estamos presentes en la crianza de nuestros hijos nos damos cuenta que necesitamos oportunidades y necesitamos este derecho fundamental y que tenemos que dejar de delegar esta responsabilidad en las mujeres. Es nuestro hijo, nuestra hija, y tenemos que hacernos cargo nosotros. Por eso estamos pidiendo que esto sea de carácter obligatorio e intransferible”.
Jones ratifica que un modelo de licencias de dos días apunta a un modelo y a un tipo de sociedad que ya no existe. “La idea de un varón proveedor único y una madre abocada plenamente a la crianza es un modelo de sociedad que si alguna vez existió ya no existe más”. Novo agrega que la actual ley de dos días se fijó en el año 1974 “evidentemente en esos momentos había otra concepción muy distinta a la que hay ahora -por suerte- de la familia y el rol de los padres”. Jones cree que los varones tienen la posibilidad de pensar un involucramiento de mayor intensidad y de más largo plazo y que, además, indirectamente, sí va a generar a futuro un impacto en las masculinidades.
“Es un debate que se tiene que dar y poner en la agenda pública apuntando a repensar las masculinidades, el rol de las paternidades en el sentido de pensar un rol activo y protagónico, respetuoso y de crianza compartida e igualitaria. Además de esta ley apuntamos a instalar este debate”, cierra Novo.
Jul 7, 2021 | Géneros, Novedades
Ya se encuentra disponible la aplicación Abortar en Red, de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Es apta para todos los dispositivos Android donde encontrarán información actualizada sobre cómo realizar la interrupción voluntaria del embarazo de manera segura. Además, la Red está compuesta por profesionales de todo el territorio argentino, por lo tanto, cuenta con información de todo el país.
Abortar en Red cuenta con cinco secciones en su inicio tales como: “¿Quiénes somos?”, “Aborto legal y seguro ¿Dónde encontrarnos?”, “Cálculo de edad gestacional”, “Te acompañamos” y “Preguntas Frecuentes”. Todas las pestañas se encuentran disponibles -una vez descargada la aplicación- sin la necesidad de uso de datos o wi-fi a excepción de la pestaña “¿Dónde encontrarnos?” que se actualiza periódicamente.
Paula Schwartzman es médica generalista y forma parte de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir desde hace cuatro años y medio. Señala que la idea de la aplicación Abortar en Red surgió el año pasado en contexto pandémico: “Se empezó a gestionar en el mes de agosto debido a que empezamos a detectar y darnos cuenta que las formas de comunicación cambiaron y empezaron a ser virtuales. Esto surgió en una de las reuniones que hacemos habitualmente con toda la Red de Profesionales a nivel nacional”, explica.
La Red está conformada por más de 2.000 profesionales en todo el país y cuenta con más de 700 equipos de Salud en todo el territorio. Sandra Bernabó es psicóloga y trabaja en el Hospital Tornú y en el CESAC 33, forma parte de la Red de Profesionales desde sus inicios en 2015 y expresa que la posibilidad de contar con una aplicación de esta índole es sumamente importante y, además, que las mujeres tengan la posibilidad de contar con esta información en sus celulares da cuenta del avance que se ha tenido. Aunque “todavía queda mucho camino por recorrer en relación a la legalidad y al derecho de las mujeres”, reflexiona.
En la pestaña “¿Quiénes Somos?” la Red se presenta como quienes trabajan por el derecho de las personas a decidir sobre sus cuerpos y vidas. “Asumimos el compromiso de acompañar y respetar las decisiones de vida de las personas y nos capacitamos para brindar información clara, precisa y libre de prejuicios”. Schwartzman considera que es importante el desarrollo y la implementación de la aplicación para los profesionales como para todas las personas que la utilicen porque “es una herramienta que genera accesibilidad a las personas que quieran interrumpir voluntariamente un embarazo a nivel nacional, en todo el territorio argentino, de manera segura y oportuna”, asegura.
La sección “Aborto legal y seguro ¿Dónde encontrarnos?” es la única que necesita conexión a red o wi-fi ya que es actualizada constantemente sobre todos los equipos de salud, que están en todo el país y garantizan el acceso al aborto. “Las personas que quieran interrumpir un embarazo pueden contactarse con el lugar más cercano a su domicilio para poder acceder a un equipo que garantice las interrupciones voluntarias del embarazo”, afirma Schwartzman y la considera como una de las secciones más relevantes de la aplicación.
El “Cálculo de Edad Gestacional” es una herramienta que facilita conocer las semanas que tiene un embarazo. Con una seguidilla de preguntas, tales como “¿confirmaste el embarazo con una ecografía?, ¿confirmaste el embarazo con análisis clínicos?, fechas de menstruación, uso de métodos anticonceptivos, entre otras, se llega a una aproximación, en donde recomendarán o no la realización de alguna ecografía para confirmar edad gestacional. Bernabó considera que dentro de la aplicación podría tenerse a consideración los recursos de cada lugar: “Un tema pendiente en el sistema de salud público, que es un tema básico y parece casi ridículo, son las ecografías. En el Tornú estamos sin ecografista -por Covid-19- y en el CESAC no tenemos ecografista ni ahora aparato, con lo cual tener el recurso de lo que tiene cada centro de salud o cada dispositivo es importante”.
Otra de las secciones que a Schwartzman le parece relevante es la de “Te Acompañamos”, donde se puede encontrar información actualizada y necesaria para el proceso de interrupción voluntaria y legal del embarazo. Dentro de la misma se cuenta con información previa, durante y después del tratamiento. Bernabó, por su parte, asegura que una mirada más completa sobre la salud sexual no reproductiva sería importante: “A veces suele pasar que las mujeres no terminan de poder cerrar el procedimiento accediendo a un método anticonceptivo y las lógicas de cuidado no se terminan de cumplir”.
Si bien el objetivo de la aplicación es acompañar en las decisiones de interrupción del embarazo y ofrecer una mayor accesibilidad a la información la idea no es reemplazar la atención por equipos de salud: “El objetivo es que sea una herramienta más de acompañamiento, pero que no reemplace la atención por equipos de interrupción voluntaria del embarazo”, afirma Schwartzman.
La aplicación fue lanzada el pasado viernes 28 de mayo en el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, como así también, el día en donde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir cumplió seis años de su creación. “Recién se lanzó la aplicación y estamos en modo de evaluación-prueba, seguramente analicemos agregar nuevas secciones. Por el momento no surgieron nuevas ideas, pero seguramente luego agreguemos el acceso a las interrupciones voluntarias de embarazo por obras sociales y prepagas”, adelanta Schwartzman.
Abortar en Red es gratuita y por el momento sólo se encuentra disponible para dispositivos Android. Se está trabajando en su versión para iOS, pero aún no se encuentra disponible. Dentro de la aplicación encontrarán también las distintas redes sociales de la Red de Profesionales, como así también su web para cualquier consulta o inquietud.
Jun 3, 2021 | Géneros, Novedades
Se cumplen seis años desde que el primer grito de Ni Una Menos se instaló en nuestro país. Desde 2015, cientos de miles de mujeres salen a las calles cada 3 de junio, bajo una misma consigna: contra de la violencia machista. En el marco de un nuevo aniversario, se publicó el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina correspondientes a 2020. Según lo informado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación durante el año pasado se cometió un femicidio directo cada 35 horas.
Siguiendo los datos correspondientes, desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 2020 hubo un total de 251 víctimas directas de femicidio en todo el territorio nacional. De las cuales, 244 fueron mujeres cis, 6 mujeres trans/travesti y 1 se encuentra sin identificación ya que el cuerpo de la víctima se encontraba carbonizado. Sólo pudieron confirmar que era mujer.
Todos los 3 de junio la consigna Ni Una Menos se ve acompañada de otras exigencias. Este año se llevará a cabo un cartelazo en redes sociales y las consignas que acompañarán la jornada serán #AparicionConVidaDeTehuel, #CupoLaboralTravestiTrans, TrabajadorxsSomosTodxs y #ReformaJudicialFeminista.
En el 59% de los casos, el femicidio lo llevó a cabo una pareja o expareja.
Silvina Lico, abogada y parte del Programa de Atención de Niñez y Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, cree que lo más importante del Ni Una Menos fue la visibilidad que se le dio al movimiento de mujeres: “La convocatoria a nuevas generaciones fue central. Se abrazaron al feminismo que venía hace años luchando por los derechos de las mujeres. Creo que, en gran parte, la despenalización del aborto tuvo mucho que ver con esto”, agrega.
Por su parte, Lucía de la Vega, Coordinadora de la Clínica Jurídica del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y abogada de la Agenda Transversal Feminista, describe que lo central en el movimiento Ni Una Menos fue la masividad del reclamo de las mujeres y las disidencias contra las violencias machistas. “Se convirtió en un movimiento que cruzó generaciones contra las violencias machistas”, asegura.
Del informe se relevaron 247 causas judiciales de femicidio directo, en donde el 63% se cometieron en la vivienda de la víctima. El 79% se dio en un contexto de violencia doméstica. En el 32% de los casos hubo fuerza física, en un 26% se usaron armas blancas y el 18% se ejecutaron con armas de fuego.
El 79% de los femicidios se dio en contexto de violencia doméstica .
La evolución de la distribución de femicidios directos se muestra estable desde 2017 al 2020. Lico expresa que “las cifras siguen asustando y está bien que impacten, que no nos acostumbremos a esos número, creo que hasta que no generemos un profundo cambio social, los números van a seguir igual. Hay que concientizar, convocar a los varones, educar a las nuevas generaciones, garantizar la ESI en todo el país”.
Siete provincias del país obtuvieron una tasa de femicidios directos cada 100.000 mujeres más alta que la del promedio nacional que es de 1,09. Jujuy se encuentra en primer lugar, con una tasa del 2,82; le siguen Tucumán (2,10), Chaco (1,97), Salta (1,53), Misiones (1,43), Santa Fe (1,38) y Corrientes (1,23). Esto se debe a que el peso poblacional de las mujeres en estas provincias es escaso. Si consideramos números absolutos, el 37% de los femicidios directos del país ocurrieron en la Provincia de Buenos Aires (94 casos), seguido por Santa Fe con el 10% (25 casos). Por su parte, Tierra del Fuego no registró ningún femicidio en su jurisdicción durante el 2020.
“Las cifras se sostienen porque todavía no se está trabajando en las condiciones estructurales que posibilitan los femicidios como una expresión de la violencia extrema”, asegura de la Vega.
En el 32% de los femicidios hubo fuerza física, en un 26% se usaron armas blancas y en el 18%, armas de fuego.
El promedio de edad de las víctimas directas de femicidio fue de 37 años -la tasa más alta corresponde de los 35 a 44 años-, representando casi un 26% de los casos. Por otra parte, 24 fueron niñas y adolescentes -de 0 a 17 años- y 11 de las víctimas tenían menos de 13 años.
Al menos 216 niñas, niños y adolescentes estaban a cargo de las víctimas directas de femicidio. Según el Régimen de Reparación Económica destinado a niñas, niños y adolescentes hijos e hijas de víctimas de femicidio (Ley N° 27452, sancionada en 2018), se lograron identificar en el informe, al menos, 231 potenciales beneficiarios.
De la Vega insiste en que la política pública debe estar coordinada entre los distintos ministerios y áreas estatales y que programas como el ACOMPAÑAR deberían implementarse de manera correcta. Se refiere a la política dirigida a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género en todo el país. Brinda una ayuda económica y acompañamiento integral psicosocial durante seis meses. “Otra cuestión central es el acceso a la vivienda. Una problemática muy incrementada en este contexto de pandemia, donde las mujeres no tienen donde ir con sus hijes para escapar de esa situación de violencia”, asegura.
Al menos 216 niñas, niños y adolescentes estaban a cargo de las víctimas directas de femicidio.
En el 59% de los casos, el femicidio lo llevó a cabo una pareja o expareja. El 84% conocía al agresor y el 48% convivían. Lucía de la Vega afirma que “es central la respuesta por parte del Poder Judicial a las situaciones de violencia en términos de emitir medidas protectoras en tiempo y forma. Hay distintas políticas que deben implementarse y que deben ser articuladas entre los distintos ministerios”.
“Decir Ni Una Menos no es un ruego ni un pedido. Es plantarse de cara a lo que no queremos: ni una víctima más. Y es anunciar a la vez que nos queremos vivas, íntegras, autónomas, soberanas. Dueñas de nuestros cuerpos y nuestras trayectorias vitales. Dueñas de nuestras elecciones: como queremos, cuando queremos, con quien queremos”, son palabras que se expresan desde la organización Ni Una Menos. Qué se reclama y qué se exige cada 3 de junio: visibilizar las problemáticas de la violencia machista, empoderar a los distintos colectivos, ser las voces de quienes ya no la tienen.
Silvina Lico cierra haciendo hincapié en la importancia de seguir visibilizando y reclamando. “Hacernos ver, exigir que nos escuchen, pero también demandar a los Estados los cambios necesarios y hacerlos responsables de nuestras muertes. Creo que es imprescindible una reforma de la justicia que acompañe a los feminismos”.
El promedio de edad de las víctimas directas de femicidio es de 37 años.
Las organizaciones invitan a utilizar el #NiUnaMenos en redes para participar de la jornada y sumarse al cartelazo. A su vez, a las 19 se llevará a cabo una Asamblea Feminista Latinoamericana en el canal de YouTube de Ni Una Menos, que contará con la participación de Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo), Betty Ruth Lozano (feminista colombiana), Mónica Benicio (PSOL-Brasil) y Francy Junior (Articulación de Mujeres brasileñas), entre otras activistas latinoamericanas.
(Para asesoramiento por violencia de género se encuentra disponible las 24 hs. la línea 144 en todo el territorio nacional. Por violencia familiar o sexual la línea 137 funciona los 365 días del año y cuenta con un número de Whatsapp 11 3133-1000).
Abr 22, 2021 | DDHH, Novedades
Amnistía Internacional publicó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, con su balance de 2020 a marzo de 2021. ANCCOM conversó con referentes de instituciones y organizaciones defensoras de los derechos humanos en Argentina sobre la situación en el país.
Que el covid-19 haya dejado en evidencia problemáticas preexistentes y que las haya profundizado no es ninguna novedad. La llegada de la pandemia agravó de manera considerable la economía de nuestro país, como así también lo hizo con el resto del mundo. Al comenzar 2020, el continente americano era la región más desigual del mundo. Luego de iniciada la pandemia, la situación empeoró significativamente, sumando 22 millones de personas en la pobreza y 8 millones en la pobreza extrema. Según datos publicados por el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina), en diciembre del año pasado el 40% de la población del país vivía bajo la línea de la pobreza y el índice de desempleo trepó al 11%.
Como señala el informe, las medidas tomadas para frenar la propagación de la pandemia impactaron en la vulneración de algunos derechos. En Argentina se advierte un aumento de la violencia contra mujeres y niñas -según datos relevados en 2020 se cometieron al menos 298 femicidios-; proliferación de denuncias por desapariciones forzadas; abusos por parte de los Estados; vulneración de los derechos de las comunidades indígenas, de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo; como así también quebrantamiento de los derechos sexuales y reproductivos.
Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional Argentina, afirma que desde la organización estuvieron alertas sobre los distintos impactos de la crisis de la pandemia. “Desde Amnistía relevamos más de 30 casos de violencia institucional durante el 2020. La mayoría tuvieron relación con las medidas restrictivas y de control del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO). Si bien sabemos que la violencia institucional no es un problema exclusivo de la pandemia y es algo histórico en nuestro país, el aumento de facultades a las fuerzas policiales, sobre todo en el ASPO, incrementó el problema”, asegura. El informe relata los incidentes ocurridos en la provincia de Formosa, el 5 de marzo de 2021. Allí describe que las fuerzas de seguridad reprimieron de forma violenta a manifestantes que salieron en protesta por las medidas restrictivas que estaba tomando la provincia. Según datos relevados por Amnistía, más de 100 personas resultaron heridas y 80 detenidas. Se difundieron imágenes de heridos de bala de goma en múltiples lugares, impacto en ojos, cara, pecho y brazos. Como así también denuncias de golpes mientras estaban siendo detenidos, estando ya reducidos.
«La violencia institucional se incrementó en el ASPO», dice Garone.
La pandemia además impactó de lleno la situación de los migrantes y refugiados. “En Argentina hicimos una encuesta a principio de la pandemia respecto al acceso de migrantes a asignaciones sociales o al ingreso familiar de emergencia (IFE) y sólo un 20% de pudo acceder al IFE”, afirma Garone y agrega como algo positivo la derogación de un DNU del año 2017, que modificaba la Ley de Migraciones, introduciendo reformas regresivas en términos de derechos de personas migrantes.
Respecto al aumento de la violencia a mujeres y niñas por el aislamiento, la línea 144 de denuncias aumentó un 39% del promedio diario de sus llamadas, correspondiendo el 89% a casos por violencia doméstica. Nora Schulman, directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de los Derechos del Niño, asegura que hay una cifra que no es transparente respecto a los abusos sexuales infantiles. “El encierro, no poder salir, ha provocado que no puedan conectarse con el afuera y no pueden contarle a nadie lo que les pasa. Se ha vuelto tan intradoméstico que no se lo pueden contar a nadie”, asegura. Entre 2018 y 2019, según un informe publicado por UNICEF, 46% de los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes sucedieron dentro del hogar de la víctima, el 5% en la vivienda de un familiar y el 90% de los agresores son de género masculino. “Lo que falta en la Argentina son lugares de atención”, asegura Schulman y agrega que muchas veces las niñas víctimas de abusos sexuales hacen la denuncia, pero se ven movilizadas dentro de un sistema que no logra atenderlas de la manera que correspondería: “No puede ser que una niña que es víctima de un abuso sexual haga una denuncia, vaya al hospital y no la atiendan, después la mandan a un juzgado y del juzgado la mandan a otro lado. Al final, hay casos de niñas que ya no quieren hablar más: ´Ya lo conté un montón de veces´, dicen. Todo esto se ha agudizado muchísimo como problema”.
A las situaciones de abuso también se le suma la distribución desigual en las tareas de cuidado. Según los datos relevados, el 64,1% de las tareas domésticas fueron realizadas por mujeres, como así también las tareas de apoyo escolar y de cuidado de personas, siendo estas el 74,2% y 70,3% respectivamente. Sobre esto, Schulman afirma que aumentó considerablemente el doble trabajo. Sumándole al trabajo formal el doméstico. Según datos del informe, el trabajo no remunerado doméstico y de cuidados representaría el 16% del producto bruto interno si fuera remunerado. “Al estar más tiempo en casa, se las carga más de responsabilidades domésticas: darle de comer al hermanito, ayudarlo con los deberes y los quehaceres de la casa son trabajos que desde hace muchísimos años se les atribuye a mujeres y niñas”, cierra.
Según el INDEC, la pobreza en la Argentina superó el 40%.
Respecto de los derechos de las comunidades indígenas el informe resalta que estos grupos fueron una de los más afectados, profundizando su situación de vulnerabilidad y discriminación. Durante el último año, Amnistía Internacional registró más de 20 casos en los que las comunidades indígenas se vieron afectadas en sus derechos, sumándose a más de 200 casos que vienen registrándose en los últimos años. Claudia Gotta, secretaria Nacional de Pueblos Originarios de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en la Regional Rosario, asegura que es una deuda histórica la situación territorial de las comunidades. Si bien se puso en juego, desde el año 2006 la Ley 26160 -que declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país- demanda la necesidad de dar solución al registro de todas las comunidades y de los territorios de las comunidades para evitar los desalojos: “La situación territorial varía según el lugar del país en el que analicemos esta situación. De norte a sur se repiten los desalojos, los despojos y los saqueos de la mano del capital y del mercado, el avance del sistema neo extractivista implica para muchos de nuestros hermanos la amenaza constante a sus territorios. Por supuesto que la pandemia trajo consigo una situación mucho más agravante”.
Durante 2020 el gobierno declaró a la minería como sector esencial, esto trae una gran preocupación dentro de las comunidades debido a los proyectos para extracción de litio. “En Salinas Grandes, las comunidades indígenas seguían exigiendo información sobre los posibles impactos de la minería en sus fuentes de agua”, asegura el informe. Noelia Garone advierte que en Jujuy reclaman por la falta de información adecuada para poder dar su consentimiento informado sobre posibles proyectos en sus comunidades. Sobre la situación socio-sanitaria, Gatto agrega que el avance del modelo hegemónico productivo está haciendo estragos en muchas de las territorialidades de las comunidades: “El modelo transgénico sojero no solamente ha garantizado la tala sistemática del monte nativo, sino que al avanzar con este modelo unívoco ha envenenado suelos y aguas”, asegura.
El informe rescata como buenas noticias la sanción de la Ley 27610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Sin embargo, también destaca las dificultades de acceso a derechos sexuales y reproductivos. Melina Ceccato, psicóloga e integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, advierte que desde su organización realizaron un relevamiento y se encontraron con que, en el contexto de pandemia, hubo un aumento de las barreras al acceso de derechos de salud sexual y reproductiva por varios factores. En primer lugar, la pérdida de sentido de la temporalidad. “Al principio de la pandemia parecía que el mismo día se repetía día tras día al estar en el confinamiento en las casas”, asegura. Como así también un retraso al acceso a métodos anticonceptivos por no estar incluidos como una prestación esencial en los efectores de salud. Agrega también una dificultad al acceso a estos métodos en los confinamientos que se hicieron en los hoteles, en donde se hacían seguimientos médicos a cada persona que se encontraba aislada, se proveían medicaciones prescriptas pero los anticonceptivos no estuvieron contemplados. Se produjo una demora en las consultas de salud sexual debido a las restricciones de circulación y al mismo tiempo, la dificultad debido a las brechas tecnológicas. “En muchos efectores de salud se comenzó a brindar información sobre funcionamiento y también atención a través de medios digitales y una gran parte de la población que no tiene acceso quedó por fuera de eso”, asegura Ceccato.
En diciembre del año pasado Argentina renovó su compromiso en el marco del Acuerdo de París, que establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y otorga mayores compromisos a los países desarrollados, como mayores responsables de la crisis climática. Garone remarca que es un compromiso exigente, teniendo en cuenta que nuestro plan productivo económico sigue dependiendo de los combustibles fósiles, cuando la crisis climática requiere de un abandono de este tipo de combustibles por energías mucho más limpias y sostenibles. “La salida de la pandemia es una buena oportunidad para avanzar de manera definitiva en una acción coordinada entre todos los países porque la crisis climática es como la pandemia, no puede ser la acción de un solo país. Se necesita de una cooperación internacional entre todos los países, donde todos se comprometan a mejorar sus compromisos, y que lo hagan en la práctica”, cierra.
