La bajante del Río Paraná se acentúa, y el agua brilla por su ausencia. Desde la cobertura de ANCCOM del año pasado, el problema no ha hecho más que agudizarse. En ese momento se hablaba de la peor bajante desde 1971, y ahora el arco se corrió a la de 1944, con miras a ser aún peor que aquella que marcó un hito hace 77 años. Los pronósticos no son alentadores, las causas aún son fuente de estudio y debate, las consecuencias pueden empeorar. Una cosa es segura, la bajante es histórica y no hay soluciones sencillas para un río, que pese a ser de los más caudalosos del mundo, es noticia porque se queda sin agua.
El Instituto Nacional del Agua afirma que la tendencia descendente a lo largo de todo el Paraná en territorio argentino continuará al menos en los próximos tres meses. La bajante es sumamente preocupante por su dimensión y también por su duración. El investigador de la Subgerencia de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico del INA, Leandro Giordano, señaló a ANCCOM que no hay recarga hídrica en el Paraná (así como en el Iguazú, que es uno de sus afluentes) desde 2017, tendencia que se agudizó en 2019. En el río Paraguay, otro de los afluentes, la problemática data de mucho antes. El problema es la falta de lluvias. Actualmente estamos en estación seca, el excedente hídrico que alimenta al Paraná se genera en verano, pero lo que llueve en esa estación en los últimos años, no es suficiente. ¿Qué ocurrió el último verano? “Nuevamente predominó el déficit. Si bien hubo algunos eventos concentrados que dieron lugar a algunos repuntes, estos se acoplaron a la tendencia recesiva. No es la recarga que se debería tener para que se recupere el flujo de base, entonces se sigue agotando la reserva”, explicó Giordano.
Para que el caudal se normalice debería llover más de lo normal durante toda una estación. Sin embargo, para el verano se espera una “previsión de normal a debajo de lo normal”, según Giordano. Para el investigador: “Los dos años más semejantes fueron 1944 y 1934: en esos años los mínimos se dieron entre septiembre y noviembre, por lo que una hipótesis es que el mínimo podría darse en esa ventana de tiempo”. Es decir, se espera que la situación pueda empeorar. Lo que ocurrió en aquellos años críticos para que el río se recuperara fue que luego llovió más de lo usual. Algo que ahora no se espera en el corto plazo. Mientras, el agua en los reservorios subterráneos y en los embalses, se consume.
Las consecuencias de la bajante se ven en la captación de agua para consumo urbano, la navegabilidad, por lo tanto también en el comercio, en el ámbito productivo, en la fauna íctica, la estabilidad de márgenes. Julián Monkes, licenciado en Ciencias Ambientales de la UBA, señaló que “si persiste mucho tiempo la bajante puede afectar a la biodiversidad, a fauna que vive de los regímenes del agua que hay en los humedales. Al no tener los campos inundados, va a cambiar la estructura del suelo y la micro y mesofauna. Va a parecerse menos a un humedal y más a un pastizal”. Monkes puso paños fríos a la discusión que se viene dando en torno a las causas de la problemática: “Es muy apresurado decir que esto es a causa del cambio climático, cuando en 1944 hubo una bajante similar”, afirmó.
Las causas de la falta de lluvias que afecta la bajante siguen siendo motivo de debate. Además del cambio climático, se pone la lupa en la deforestación (sobre todo por el Amazonas, de donde proviene la cuenca), lo que para Monkes no tiene una relación directa, ya que el efecto sería mucho más a largo plazo. Sin embargo, explicó que “la deforestación continuada en el tiempo, más habiéndose incrementando exponencialmente en el últimos años en el Amazonas, puede afectar los regímenes de precipitaciones”. La relación está en que “los ríos aéreos conectan el Amazonas de Brasil con nuestra cordillera, el agua evaporada viaja y al chocar con la cordillera precipita. Estamos en un periodo de sequía natural y eso está afectando toda la cuenca amazónica”. En ese sentido, también se pone el foco en el periodo climático de La Niña, caracterizado por ser más seco, del cual estamos saliendo y entrando en un periodo intermedio (ENOS). A nivel más general, el ambientólogo consideró que “uno de los desafíos del nuevo siglo es empezar a tenerle más respeto a la naturaleza y planificar urbana y productivamente en función de los ciclos del ecosistema”.
Por otro lado, en la cobertura del año pasado de ANCCOM se daba cuenta de un proyecto presentado en el Parlasur, dado que es una problemática regional, de declaración de emergencia hídrica y ambiental. “El proyecto lamentablemente no se pudo tratar”, consignó Julia Perié, una de las autoras, parlamentaria del Mercosur y vicepresidenta nacional del Partido Solidario. “De todos modos se mantuvieron las gestiones que permitieron que Brasil abriera las compuertas de las represas para que larguen más agua”, agregó. En los últimos días sin embargo, el gobierno nacional decretó el Estado de Emergencia Hídrica por 180 días en la región de la cuenca del río Paraná. “Me parece importante porque la situación sigue siendo muy grave”, opinó Perié, “seguimos viviendo una situación de emergencia ambiental que nos preocupa mucho”.
Así las cosas, poca agua sigue corriendo por el río, y su ausencia deja a su paso postales dramáticas, consecuencias inversamente proporcionales a su altura e incertidumbre de cuando finalmente se revertirá la situación, y llegará el alivio a sus costas.
La postal del monte envuelto en llamas se repite todos los años en distintos puntos del país. En cuestión de horas, el fuego reduce el bosque a cenizas, arrasando con todo a su paso. Córdoba vivió los peores incendios de los últimos doce años, y sus consecuencias perdurarán mucho más que los focos que los provocaron. El impacto es múltiple: en la pérdida de fauna y flora, en el agua, el suelo y claro está, también en las comunidades de la zona. Desde allí no se cansan de remarcar que el fuego no aparece por generación espontánea sino que detrás de cada foco hay un interés que crece en detrimento del monte.
“La situación es apocalíptica”, afirmó Guillermo Galliano, presidente de la Fundación Mil Aves, y explicitó un dato contundente: “En Córdoba, en 120 años se desmontó el 97% de bosque nativo de la provincia. Nos queda un 3% que se quema todos los años, es catastrófico”.
Desde Villa Parque Siquiman, en Punilla, Martín García relató que, antes que el fuego, “llegó el humo y tapó las sierras, como preámbulo de lo que vendría después. Luego vino el incendio. La sierra se quemó completamente hasta que el fuego no tuvo más lugar a donde expandirse”. El integrante de la Coordinadora Ambiental y Cultural Punilla Sur señaló que si bien “todos los años hay incendios, esta vez no sólo se descontroló sino que hubo varios focos en simultáneo en distintos lugares, quedando expuesta la intencionalidad y que hay intereses económicos detrás”. Y agregó: “En la zona de Punilla, donde vivimos, la presión es a nivel inmobiliario”.
“En Córdoba, se desmontó el 97% de bosque nativo. Queda un 3% que se quema todos los años”, dice Galliano.
¿A quién puede llegar a beneficiar un incendio forestal? Investigadores del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV) -centro de investigación y desarrollo de doble dependencia entre la Universidad Nacional de Córdoba y CONICET dedicado a la botánica y fitoquímica- señalaron recientemente en un comunicado que “ciertos grupos con intereses económicos relacionados a la minería, la producción de ganado, pero sobre todo a emprendimientos inmobiliarios, son los que inician fuegos en lugares estratégicos del territorio provincial, donde luego avanzarán con dichas actividades”.
“Pirómanos hay en todo el planeta, pero acá hay intereses”, sostuvo Galliano. “Hay regiones donde son los propietarios quienes, para eliminar el bosque nativo protegido, en lugar de desplegar topadoras o pedir una autorización que no les darán, prenden fuego. Y ahí hay impunidad”. El también fotógrafo de naturaleza señala que “si se entra a los mapas de la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales), se ve qué había años atrás, se chequea luego donde hubo incendios y se compara con qué hay hoy en esos lugares: lo que hay son desarrollos inmobiliarios y de expansión ganadera”.
“Córdoba es una región que tiene regímenes de fuegos naturales (como los generados por un rayo) en los cuales luego la vegetación rebrota. Paralelamente, hay fuegos causados por el ser humano, antrópicos, que pueden ser parte del manejo agropecuario, que debería realizarse de manera planificada porque si no es un desastre anunciado. Y los malintencionados, que buscan que la zona pierda valor y sea puesta en venta para hacer negocios: se sabe que hay especulación inmobiliaria y productiva. Y se tiene que gestionar sabiendo que eso ocurre”, explicó Natalia Alonso, integrante del grupo de profesionales de ciencias ambientales La Vuelta al Mundo. Si bien señaló que “entre mayo y noviembre son los meses más secos en el centro y norte del país y hay que tener en cuenta que este año es muy seco -lo cual está relacionado con el fenómeno de El Niño- y además sumarle el factor del cambio climático, que aumenta la frecuencia e intensidad de eventos extremos”, los incendios intencionales no sólo son la mayoría sino que además sus consecuencias son mucho más severas.
“El aprovisionamiento de agua en las ciudades depende de la presencia de vegetación nativa en las cuencas”, señala IMVIB.
Los peores incendios en más de una década, que además se suman a los producidos cada año, dejarán una huella mucho más profunda que sus cenizas. Además de la pérdida de miles de hectáreas de bosque nativo, biodiversidad, extinción de especies, de suelo, daño en el aire, incide en algo tan fundamental como el agua. “El aprovisionamiento de agua en las ciudades como Córdoba depende, principalmente, de la presencia de vegetación nativa en las cuencas”, señaló el IMVIB (CONICET-UNC). En ese sentido García, docente de profesión, explicó que en su provincia hay “muchos meses de sequía y la montaña guarda el agua de la época de lluvias en los bosques, largándola de a poco, lo cual permite que Córdoba tenga los ríos activos aunque no llueva”. Luego de un incendio, el suelo queda sin cobertura vegetal y se expone a un proceso de erosión. Galliano agregó que “con la lluvia, el suelo erosionado desciende por las vertientes, queda en el fondo de lagos y lagunas, llenando los diques de barro y perdiendo su capacidad de almacenar agua”. En síntesis: los recursos hídricos que proveen agua a la comunidad se ven profundamente afectados.
Ante este panorama, muchos dijeron basta. Organizaciones ambientalistas se manifestaron el sábado en distintos puntos de Córdoba reclamando medidas urgentes, como la declaración de la emergencia ambiental y que se investiguen las verdaderas causas de los incendios, destinando todos los recursos necesarios al manejo del fuego y para atender a los damnificados, según difundió Red Eco Alternativo. También exigen, entre otros puntos, como tareas de recuperación del bosque y más brigadas forestales, la actualización del mapa de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo, el cual establece zonas verdes, amarillas y rojas. Estas últimas, en teoría las más protegidas, están severamente afectadas por los incendios. El mapa debería haberse actualizado en Córdoba en 2015 pero no se hace desde 2010. “Estamos pidiendo el ordenamiento territorial de bosque nativo de manera participativa”, remarcó García. De la Coordinadora Ambiental y Cultural Punilla Sur grafican que en lo que va del año ya hay “más de 45.000 hectáreas perdidas por incendios, esto equivale a 90.000 canchas de fútbol o a las 3/4 partes de la ciudad de Córdoba”. La Coordinadora por la Defensa del Bosque Nativo añade también el “no más excepciones (autorizaciones) gubernamentales para intervenciones de desmonte en zonas rojas y amarillas”.
Son muchas las herramientas cuya implementación se reclama fuertemente desde las organizaciones. Alonso enumeró algunas de ellas: “La Ley 27.353 introduce en la normativa de manejo de fuego que cuando un territorio que era bosque nativo sufre un incendio, posteriormente tiene que mantener el mismo uso que antes, y es una bandera a levantar para que no haya negociados. También la Ley de Bosques, por la que cada provincia establece tres jerarquías para el ordenamiento territorial de bosques nativos. Y es algo que no se está respetando. Es necesario un sistema de monitoreo, que se establezcan penas por el incumplimiento de la ley, actualmente hay multas pero no alcanza. Las herramientas están pero no se ejecutan como se debería. También sería un paso muy grande que se cumpla la ley de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático global. Y la sanción de una ley de humedales. La gestión de los territorios se tiene que reconfigurar hacia la prevención, en base al conocimiento de las particularidades ecológicas y los fenómenos biofísicos, de los saberes locales, para determinar los usos justos e inteligentes del territorio en todo el país”, destacó.
La cuestión de los incendios va mucho más allá de las llamas. Una vez que se apaga el fuego, los problemas continúan.
Si bien el espacio público es el lugar tradicional de lucha por los derechos humanos, esta vez, como ya ocurrió el 24 de marzo, la pandemia cambió los planes y el 44° aniversario de la Masacre de Fátima se recordó de manera virtual. No fue, como cada año, el mismo espacio verde junto a un camino rural donde el terrorismo de Estado asesinó a 30 personas, sino a través de Zoom, donde familiares de las víctimas, organizaciones y vecinos comprometidos con los derechos humanos se encontraron para mantener viva la memoria colectiva, y seguir exigiendo verdad y justicia.
La madrugada del 20 de agosto de 1976, treinta peronas que se encontraban detenidas ilegalmente en el centro clandestino que funcionaba en la Superintendencia de Seguridad Federal de la Ciudad de Buenos Aires, fueron sedadas, subidas a un camión del Ejército y trasladas a la localidad de Fátima, en Pilar. Allí, la dictadura cívico militar asesinó a veinte hombres y diez mujeres. Estaban con los ojos vendados y atados de pies y manos, se les disparó a cada uno en la cabeza y luego se los dinamitó. La explosión, que fue a eso de las 4:30 de la mañana, los dispersó en un radio de 30 metros. Las víctimas de la masacre habían sido secuestradas por las fuerzas de seguridad: los habían “chupado”, a la mayoría de sus casas, grupos armados movilizados en Ford Falcon.
“Los primeros en verlo fue la gente que trabajaba en la fábrica de ladrillos. Horrorizados volvieron a sus casas a contar lo que habían visto, pero enseguida llegó la policía, la zona se llenó de militares”, cuenta Cristina Luján Godoy es vecina de Fátima y tenía ocho años cuando ocurrió la masacre que aún recuerda: “Los vehículos pasaban en la madrugada, nos llamó mucho la atención porque Fátima es un lugar muy tranquilo, con poca gente. Después la explosión. Escuchamos el estruendo, muy grande, para nosotros había sido el horno de la fábrica de ladrillos”. En diálogo con ANCCOM, Cristina rememora esa fecha que marcaría un antes y un después. “Pasando por el campo vi soldados, escondidos, como en posición de guardia. Los vecinos empezaron a comentar que había pasado algo raro. Pero después de ese día fue un silencio total, nos dijeron que no contemos nada. Fue algo muy macabro que no me voy a olvidar nunca”.
Cada 20 de agosto, llegan hasta Fátima los familiares de las víctimas de la masacre. Primero se reúnen en Moreno 1417, la dirección de la Superintendencia de Seguridad Federal, actualmente señalado como ex centro clandestino de detención. Luego, ya en Fátima, se encuentran en la Escuela Media N° 9. Van desde la Plazoleta de la Memoria, un largo trecho por el mismo camino de tierra que hace 44 años, hasta el lugar de la masacre, a recordar y reivindicar la lucha de las treinta víctimas.
Esta vez, el homenaje fue a través de un nutrido conversatorio virtual. Los familiares de los masacrados prepararon un video, en el que destacaron que aunque “pasaron 44 años, su presencia está intacta”. También hubo en el Zoom canciones alusivas, que se sumaron a un video artístico editado por el Municipio.
“Había que encontrar la forma de estar presentes, hacer este acto de memoria para recordar el hecho y las causas con las que estaban comprometidas las víctimas, por las que fueron asesinadas: lo que buscaban era un mundo mejor”, dijo José Luis Aguilar, integrante de la Comisión por la Memoria de la Masacre de Fátima, previo a la reunión virtual. También enfatizó el reclamo de justicia, al señalar que “es imposible pensar que para secuestrar, torturar, trasladar y asesinar a treinta personas, solo haya dos personas presas, semejantes maquinarias no funcionaban con poca gente”.
Un puntapié para el trabajo de memoria y reivindicación que se hace año a año, fue el proceso de identificación de las víctimas de la masacre por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Cuando ocurrió el hecho, en 1976, solo se identificó a tres personas, y se procedió a enterrar a todas las víctimas en una fosa común en el cementerio de Derqui. En aquel momento, los militares perpetradores de la masacre se desentendieron del hecho. Una década después, empezaron las tareas de análisis lideradas por el EAAF, por las que se identificó a la primera víctima en 1999, y al día de hoy ya se logró conocer la identidad de 25 de los treinta, el último el año pasado.
“Siempre cuando estamos por perder las esperanzas aparece algo más”, dice Hugo Argente, familiar de las víctimas de la masacre. “El 17 de marzo del 2000 me llaman del Equipo de Antropología Forense para decirme que mi hermano (Jorge Daniel Argente) era uno de los 7 reconocidos en ese momento”, recuerda. “Cuando empezó esto –agrega-, yo viajaba una vez por semana a Fátima. Pero hubo un año en que ya no tuvimos que organizar nada. Me llamaron los que estaban organizando las cosas en Fátima, y nos preguntaron si estábamos de acuerdo. Ahí me sentí militante, porque militante es el que crea conciencia”.
Integrante de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas desde 1979, y anteriormente militante de la Juventud Peronista y Montoneros, Argente hoy apunta a “compartir las banderas” con las nuevas generaciones: “Eso es lo que querría mi hermano, los 30 mil compañeros, los presos y los exiliados”. Y ese ímpetu se hace especial eco en la Escuela Nº9. Su ex director (ya jubilado) Donato di Santo, señala que “desde el año 2001 que conocimos a los familiares hemos trabajado este tema. Cuando llegué a Fátima sabía que había sucedido algo allí, pero no conocía bien el hecho. Me comentaron que familiares de desaparecidos querían venir a la escuela a contarlo, para mantener la memoria viva del hecho, y así fue”.
El primer año, recuerda el profesor, participó una murga del homenaje: “No es solo un aniversario de tristeza, porque es la reivindicación de ideales muy importantes”. Los alumnos empezaron a participar del Programa Provincial Jóvenes y Memoria, contando la historia de lo que había ocurrido en Fátima.
Afirma Cristina Godoy que “cuando la escuela se instaló en Fátima, recién ahí empezamos a hablar de lo que habíamos visto y lo que había pasado. En el pueblo se habían asustado, el silencio duró mucho tiempo”. Ese silencio pasó y en 2008 Cristina fue una de las personas que declaró en el juicio por la Masacre de Fátima, experiencia que recuerda como “aterradora”. “Declaré en busca de la verdad, para que se hiciera justicia y para que no pasara nunca más”, dice y añade: “Mataron a treinta personas en Fátima, no se puede olvidar”.
En julio de 2008 se conoció la sentencia por el juicio oral y público por la Masacre de Fátima, que solo condenó a perpetua a los ex policías Carlos Gallone y Juan Carlos Lapuyole, y absolvió a Miguel Ángel Timarchi. El comisario Carlos Vicente Marcote ya había fallecido y Luis Alberto Martínez se encontraba prófugo. Fue atrapado en 2012 por Interpol.
El reclamo por que se haga justicia y por conocer la verdad sigue vigente. En cada acto en la calle, y ahora también de manera virtual, reafirmando el nunca más al terrorismo de Estado.
Presentes, ahora y siempre
Hasta ahora fueron identificados: Inés Nocetti, Ramón Lorenzo Vélez, Ángel Osvaldo Leiva, Alberto Evaristo Comas, Conrado Oscar Alzogaray, Marta Alicia Spagnoli de Vera, José Daniel Bronzel, Susana Elena Pedrini de Bronzel, Selma Julia Ocampo, Haydeé Rosa Cirullo de Carnaghi, Carmen María Carnaghi, Norma Susana Frontini, Jorge Daniel Argente, Horacio Oscar García Gastelú, Juan Carlos Vera, Carlos Raúl Pargas, Ricardo José Raúl Herrera, Roberto Héctor Olivestre, Enrique Jorge Aggio, María Rosa Lincon, Cecilia Podolsky de Bronzel, Ernesto María Saravia Acuña, José Jacinto Pasquarosa, Juan Carlos Pasquarosa y Oscar Eladio Ledesma Medina.
«Muchas están encerradas en sus casas con personas que no saben que van a abortar», dice Ferrario.
El envío al Congreso de un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo parecía inminente a principios de marzo, pero poco después el aislamiento social preventivo y obligatorio lo dejó en pausa. Ahora, en plena pandemia y a dos años del rechazo del Senado al proyecto de legalización del aborto, es una incógnita cuándo finalmente volverá a tener tratamiento legislativo. Mientras tanto, en estos meses de cuarentena las mujeres siguen abortando, pero lejos de que sea en un marco enteramente legal, seguro y gratuito, las restricciones a la circulación y la enorme demanda del sistema de salud, producto del coronavirus, han puesto más barreras en el camino.
“Con la pandemia se agudizaron mucho los obstáculos de siempre”, cuenta Julieta Ireizo, integrante de la Regional Oeste de Buenos Aires de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Y enumera un combo que incluye la derivación hacia otras funciones de equipos de profesionales que acompañaban ILE (interrupción legal del embarazo), el endurecimiento de muchos servicios de salud y la profundización de situaciones de violencia obstétrica en los hospitales, sumado a los pedidos de explicaciones policiales, e incluso un aumento de embarazos no deseados, sobre todo en situaciones de violencia de género -que se han agudizado- y por falta de acceso a métodos anticonceptivos. “Hay más barreras, atendemos chicas con mucho miedo de salir de su casa y es muy difícil”, comenta esta médica generalista de Moreno.
Desde Socorristas en Red coinciden en que las dificultades han ido en aumento a lo largo de la cuarentena. “El aislamiento se nota muchísimo en los niveles de ansiedad y de emergencia que muestran las mujeres, personas trans y no binaries que se comunican con nosotras”, señala Eugenia Ferrario, integrante de Socorro Rosa Necochea-Quequén en Socorristas en Red. “Todo se puso más intenso. Antes en el segundo momento del dispositivo de acompañamiento socorrista nos encontrábamos cara a cara y ahora es todo virtual, por videollamada. Muchas están encerradas en sus casas con personas que no saben que van a abortar, me pasó de estar en videollamada con una chica que solo podía responder por sí o por no”, cuenta. Y agrega que le tocó acompañar tres casos de “mujeres que han abortado de noche, con el varón durmiendo al lado, y nos escribíamos por whatsapp, no mucho porque no podían hacer mucha luz con el teléfono”.
Sólo durante los primeros dos meses de cuarentena, Socorristas acompañó más de 3.000 abortos en todo el país, afirmó Ferrario; mientras que durante todo el 2019 fueron 12.575 acompañamientos. “En provincias donde ya era un desafío acceder a una ILE, ahora se puso más complejo – agrega la docente de Necochea-. Todos los procesos de crisis recrudecen las condiciones de inseguridad en las cuales se realizan los abortos en la Argentina, y más complicaciones hay por la práctica de abortos inseguros”.
“Hay mujeres que han abortado de noche, con el varón durmiendo al lado», cuentan desde Socorristas en Red.
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito difundieron que “en estos primeros meses de 2020 murieron mujeres por aborto, otras entraron en las cárceles y muchas se han visto obligadas a llevar adelante embarazos productos de violaciones”. Entre ellas, tres mujeres fueron presas por abortar en Santiago del Estero y una joven de 22 años falleció tras realizarse un aborto inseguro en Formosa, ambas provincias siguen sin adherir al protocolo nacional de ILE. Recién en las últimas semanas la Ciudad de Buenos Aires aprobó su adhesión en la Legislatura. Sin embargo, fue reglamentada con restricciones por parte del Ejecutivo porteño, según denunció la Campaña: la obligatoriedad de consultas interdisciplinarias para acceder a la ILE, la imposición de un límite de edad gestacional para la realización de la práctica, la habilitación de objeción de conciencia institucional; cosas contrarias a lo establecido por el protocolo nacional.
Desde Nación, en tanto, en el marco de la pandemia se había declarado ya a la ILE y a la provisión de métodos anticonceptivos como servicios esenciales. Un factor clave para el acceso a una ILE es la disponibilidad de misoprostol cuyo precio, sin embargo, no ha hecho sino aumentar de manera sideral: según difundió el Observatorio Nacional de Acceso al Misoprostol entre 2015 y 2019 el medicamento subió un 1.280%. En ese sentido, Ireizo señala que “con el cambio de gestión se asumió el compromiso de garantizar las prácticas, hubo una compra muy grande a nivel nacional y también provincial de misoprostol, mucho mayor a años anteriores, pero sigue quedando corta y habiendo faltantes. Estamos esperando que en agosto entre una nueva compra”.
Desde el gobierno bonaerense, en tanto, la jefa de Gabinete de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual, Sabrina Cartabia, dice que “la Provincia de Buenos Aires trabaja en la provisión de medicamentos – teniendo en cuenta que el misoprostol es esencial según la OMS-; en la capacitación de los servicios para que den respuesta a la demanda de las mujeres; y en que las mujeres y cuerpos gestantes conozcan que tienen derecho a acceder a un aborto, por las causales permitidas en la Argentina desde 1921, según el artículo 86 del Código Penal: cuando la salud de la persona gestante se ponga en riesgo o cuando el embarazo provenga de violencia sexual”. Asimismo, destacó que a partir de la pandemia, “desde el Ministerio de Salud se trabajó en las resoluciones que explican cómo se debe trabajar en el contexto de ASPO y pandemia para el acceso a la ILE y otros derechos sexuales”. También se hizo mucho énfasis desde el Estado nacional en la línea telefónica de salud sexual, cuya demanda se ha incrementado notablemente en los últimos meses.
“La mayoría de los abortos se pueden resolver en casa de forma segura, por lo tanto las pastillas de misoprostol, de las que la Provincia hizo una compra muy grande en marzo, permiten la interrupción del embarazo aún con las limitaciones que impone la pandemia”, destaca Cartabia. “Otra cosa muy importante es que en junio salió por primera vez un folleto oficial del Estado argentino, de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva de Nación, explicando cómo se debe realizar un aborto con pastillas, en casa. Es un método seguro, barato y accesible”, añade la abogada feminista. Y apunta que hoy “la mejor manera de tener un contacto directo y exitoso con el Estado es a través del 0800 de salud sexual”.
«En la cuarentena, muchas fueron obligadas a continuar embarazos productos de violaciones”, dice la Campaña.
Que sea ley
El 8 de agosto se cumplieron dos años del rechazo del Senado al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), y con la fecha se hizo sentir la consigna de “aborto Legal 2020”. Si bien distintos funcionarios del gobierno nacional –incluido el presidente Alberto Fernández-han repetido en los últimos meses que ya hay un proyecto listo, la pandemia parece posponer cada vez más la presentación formal del proyecto.
“Con pandemia o sin pandemia, la ley para que el aborto sea legal es una deuda enorme de la democracia. A dos años del horror del Senado, cuando votó en contra de nuestros derechos, a todas las que militamos esta causa la posibilidad del tratamiento de la ley este año nos generó mucha ilusión”, expresa Ferrario, y destaca que “con o sin cuarentena, desde Socorristas sostenemos que el aborto tiene que ser legal ya”.
En tanto, Ireizo, de la Red de Profesionales de la Salud, señala que “la ley de IVE tarde o temprano va a salir, hay interés del actual gobierno en que salga, pero no es el proyecto que hemos presentado nosotras desde la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito. Una vez que salga, habrá que seguir disputando su implementación, para que no sean los médicos y médicas quienes toman la decisión final, sino que sean las personas quienes puedan ejercer el derecho a decidir por la autonomía de sus cuerpos”.
En plena crisis sanitaria es difícil saber cuándo la marea verde podrá volver a inundar las calles en reclamo de que el aborto sea legal, seguro y gratuito en la Argentina. Mientras, con el sostén que siempre han sido las redes feministas y con un Estado que por primera vez no mira para otro lado, las mujeres siguen abortando, pero con las complicaciones adicionales que el contexto impone para su práctica.
Recurseros
Se puede llamar, pedir información y despejar dudas en la línea gratuita de Salud Sexual de Nación: 0800-222-3444. Por otro lado, también existe un recursero para contactarse con la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y otro de la organización Socorristas en Red
“Es importante dinamizar la producción popular porque cumple un doble rol: desconcentra la economía y también nos acerca a la posibilidad de tener trabajo pleno, que no es una meta absurda”. El planteo es de Enrique Martínez, coordinador del Instituto para la Producción Popular: la situación actual, tan inédita como lo es que un virus marque los designios del país y del mundo, y de tanta incertidumbre como la que puede generarse en una sociedad que vio drásticamente modificada su vida cotidiana, exige pensar profundamente el día después de la pandemia. Puede ser una oportunidad de impulsar otros paradigmas, más inclusivos.
El Instituto para la Producción Popular (IPP) trabaja en propuestas que hacen a la vivienda, la alimentación, la generación de energía sustentable. Su coordinador, Enrique Martínez, quien fuera presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) por casi una década, reflexiona sobre el escenario que toca atravesar hoy al país y cómo sería una salida desde la economía popular.
¿Qué lectura hace del escenario político económico actual, en el marco de la pandemia?
Es bastante habitual suponer que hay un modelo neoliberal que tenemos que dejar atrás y un modelo popular que debería reemplazarlo. En este momento me parece que estamos en una situación nueva, que el neoliberalismo ya ha demostrado su fracaso más absoluto, pero en el campo popular se plantea una disyuntiva: o volver a poner el país en marcha como antes de la cuarentena, volviendo a poner las piezas del tablero en su lugar, o admitir que esa no era una situación ideal, que hay que modificar algunas relaciones estructurales, y sobre todo que hay que poner en el campo de la producción a millones de argentinos que antes de la cuarentena ya estaban con dificultades muy serias. No hay que ayudar solamente a los que ahora se cayeron, sino también colocar en un plano de actividad a quienes ya no estaban trabajando de manera adecuada. Esa es una discusión que me parece que no se está dando todavía pero que se va a desarrollar en los próximos meses.
Sobre las relaciones estructurales que menciona, viene planteando el tema de la concentración económica que hay en el país. ¿Por qué camino se podría empezar a revertir?
Una mala costumbre que tenemos en el campo popular es discutir estas cuestiones solamente a nivel teórico, en el calor de una batalla intelectual pero sin modificar las cosas. Hay que desconcentrar lo que se pueda desconcentrar. Es difícil desconcentrar producciones como las del aluminio o el acero en la Argentina, o el pequeño grupo de productores de autos, pero no es nada difícil avanzar en cambiar la matriz energética, incorporando la energía renovable donde se pueda, y que los productores sean miles de pequeños grupos generando energía cerca de donde se consume, con lo cual las grandes redes de distribución de las que todos dependemos deberían ir perdiendo valor progresivamente. Es mucho más fácil hacerlo en la industria alimenticia, donde la concentración se da no por razones técnicas sino de poder económico, y promover pequeñas lecherías o pequeñas producciones de pollos está al alcance de cualquier gobierno, el tema es ver la necesidad de eso y hacerlo.
El caso de la industria alimenticia se puso de relieve con Vicentin. ¿Por qué considera que no se dio la expropiación luego de haberla anunciado? Y a nivel económico, ¿cuál sería el potencial de que el Estado controle una empresa de ese calibre?
Es una pena que eso se haya debatido así. Antes de hacerlo, el Estado tendría que haber hecho uso de toda la fortaleza jurídica que da el hecho de que evidentemente el grupo que conduce Vicentin vació la empresa; ahí hay una actitud delictiva que, acelerando un poco los pasos, puede llevar a que ese grupo no tenga ningún derecho a seguirla conduciendo. La discusión es qué Vicentin queremos, si la misma que antes, que siga exportando productos con poco valor agregado, o una Vicentin que con la fortaleza que tiene una empresa que maneja miles de millones de dólares en un territorio empobrecido como es el norte del país, pueda diseminar la tecnología de producción de biodiesel, generar producción de pollos en el Chaco o mejorar la producción porcina en determinada región. Hay una cantidad de cosas que puede hacer una empresa con vocación nacional, ganando lo que corresponde dignamente, con un poder multiplicador muy superior a la Vicentin anterior a la quiebra.
Y también en relación al ingreso de divisas. Y en ese sentido, viene planteando la importancia de la soberanía monetaria.
He estudiado mucho la teoría monetaria moderna, que ahora tiene una fortaleza muy importante, teniendo en cuenta el abandono al temor al déficit fiscal que se ha dado en todo el mundo desarrollado a consecuencia de la pandemia. Lo que creo que hay que hacer es avanzar en la dirección de generar trabajo para todos, pero teniendo soberanía monetaria: hay que eliminar totalmente la dependencia del dólar que hemos construido culturalmente y con maniobras de dependencia expresa en el último medio siglo.
«Hay necesidades sociales insatisfechas que si se atienden con programas nacionales, se resuelve problema del trabajo».
¿Cuál es su postura con respecto al impuesto a las grandes fortunas, otro tema que se debatió mucho pero por ahora no llegó a concretarse?
Hay muchos economistas que lo plantean como una condición necesaria para financiar al Estado, y creo que eso es equivocado. El Estado no necesita el impuesto a las grandes fortunas para financiarse, como lo demuestra el hecho de que está trabajando sin ese impuesto. Se necesita ese impuesto para introducir equidad en la economía, es elemental y básico que una de las maneras de “castigar” la concentración es con un impuesto a las grandes fortunas. No pensarlo para financiar al Estado, sino para poner equidad en el escenario social.
Se viene discutiendo también la posibilidad de implementar un ingreso ciudadano universal, que usted ha manifestado que debería ser transitorio; ¿por dónde debería ir una respuesta a largo plazo?
Un país que llega a tener un 50% de pobreza, como vamos a tener en poco tiempo, no puede imaginar reducir sustancialmente la pobreza con un ingreso extraordinario que ponga en el bolsillo de la gente la capacidad de consumo que no genera el trabajo; me parece inviable. Un país con soberanía monetaria tiene que tener grandes programas de generación de trabajo popular con importancia social y de efectiva realización, admitiendo los ingresos de emergencia justamente como emergencia, con un plazo acotado y definido.
Desde el IPP se propone un programa de trabajo para todos. ¿De qué manera podría instrumentarse?
Si efectivamente se lleva adelante el programa del Ministerio de Desarrollo Social de urbanización de villas con la energía correspondiente, la urbanización de los cuatro mil barrios populares generaría una cantidad de trabajo muy importante. Nosotros sostenemos la posibilidad de que se avance en un programa de millones de lotes urbanizados, eliminando la especulación sobre el suelo para que se fortalezca la autoconstrucción y las cooperativas de vivienda. Creemos que hay que hacer una transformación masiva de la generación de energía hacia la energía renovable pensada en pequeñas comunidades, lo cual se ha demostrado en el mundo que genera miles de trabajos, y además otros programas, como la forestación, o el desarrollo de cinturones alimenticios en todos los pueblos de la Argentina. Hay una cantidad de necesidades sociales insatisfechas que si se tienen programas de dimensión nacional que busque atenderlas, se resuelve problema del trabajo.
-Se estaría abordando la cuestión no sólo laboral, sino también habitacional, energética, ambiental. ¿Cómo se trabaja desde el IPP en relación a estas propuestas?
Un organismo como el IPP no tiene elementos concretos para hacerlo efectivo a gran escala, nos alegra que la ministra (de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia) Bielsa anuncie que se va a lanzar una nueva etapa del plan Procrear vinculado a la disponibilidad de lotes con servicios, idea que venimos batallando hace mucho tiempo, porque en el plan original se daba el crédito para la vivienda, y cuando la gente iba a comprar el suelo se encarecía por la especulación inmobiliaria. Lo que nosotros intentamos, como organización fuera del gobierno, es encontrar ámbitos donde la comunidad organizada pueda llevar adelante los conceptos que estamos proclamando. Somos difusores de ideas de transformación y colaboradores con la comunidad para llevar adelante situaciones en el camino correcto. Sobre todo estamos avanzando en el plano de la producción y distribución de alimentos, la energía renovable.
En relación a estas iniciativas, ¿cuál es el rol que podría ocupar la producción popular en la pospandemia?
Muy importante. Hay una definición un tanto viciada de economía popular, se tiende a pensar que la economía popular es la economía de los pobres o incluso la economía no productiva. Pero la economía popular es la producción que pone el lucro en segundo lugar, que intenta asumirse como servicio, que tiene como prioridad la atención de las necesidades comunitarias. La UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra), los campesinos del norte de Mendoza, muchas pequeñas industrias alimenticias o alguna industria textil cooperativa, son ejemplos de economía popular. El gobierno necesita apoyar esta producción popular.
La producción popular, concluye Martínez, también puede jugar un papel vital contra el desempleo: “Desde hace más de 40 años que no tenemos una situación de trabajo pleno –plantea-. Tener una desocupación de 2 o 3 por ciento no es una meta absurda: la Argentina tuvo muchos períodos con ese nivel de desocupación. Y sin embargo en estos momentos cualquier gobierno popular estaría feliz con un desempleo de 7 por ciento, que además sería disimulado por la gran cantidad de planes sociales. La desocupación real hoy, a nuestro juicio, supera el 20 por ciento, y eso es inaceptable como modelo social”.
