Con los discapacitados no

Con los discapacitados no

«Hoy estoy acá para que se restituyan las pensiones que dejaron de cobrar  alrededor de 18.000 personas. Se de primera mano lo que es luchar con las obras sociales, en mi caso PAMI, ya sea por asistencia o por implementos. Siempre hay un abogado de por medio que hay que poner, porque nunca hacen valer nuestros derechos», dijo Marcelo Roldán, uno de los protagonistas de esta problemática. Marcelo es discapacitado motriz, padece una distrofia muscular mitocondrial hace unos 30 años y trabaja en el programa radial Rodantes Rebeldes, en el que comunican y visibilizan lo que conlleva vivir con una distrofia muscular.

La Plaza de los dos Congresos y las inmediaciones se inundaron alrededor de las 18 de personas con diferentes reclamos. Banderas, pancartas y carteles llenaron de color las grises calles de la Ciudad, los sonidos de tambores, silbatos y algunos petardos se hicieron resonar en esta fría tarde de mayo. La marcha #ConLosDiscapacitadosNo, autoconvocada por los familiares de personas con distintas discapacidades para reclamar la violación de sus derechos contó con la participación de organizaciones sociales como ATE, Asociación Para Espina Bífida e Hidrocefalia, Asociación de Familias Personas con Discapacidad y Prestadores por la Inclusión, Asociación Argentina de Electrodependientes, Padres Auto Convocados con Hijos con Autismo, entre otras.

Personas agrupadas en marcha con banderas.

La marcha fue autoconvocada por los familiares de personas con distintas discapacidades para reclamar por la violación de sus derechos.

Mientras que la Ley 22.431 de Sistema de Protección Integral de los Discapacitados y la Ley 24.901 de Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral los ampara, el Estado no. Ambas leyes establecen que el Estado tiene el deber de brindarles salud y educación a las personas con discapacidad. Esto quiere decir que lo que reclaman hoy no es más ni menos que un derecho legítimo.

Daniel Salvatierra tiene una discapacidad motriz denominada distrofia muscular de cintura. Detectaron su enfermedad a los 27 años, sin embargo los médicos no pudieron ayudarlo ya que no es curable. «La distrofia es progresiva y hace que pierdas la tonicidad en la musculatura. Yo hace cuatro años caminaba», contó desde su silla de  ruedas. A medida que la enfermedad va mutando él también lo hace, por lo cual va necesitando diversos elementos como sillas bipedestadoras especiales para el baño, sillas de rueda manual, entre otros recursos. «A veces cuando vas a solicitar estas cosas te miran como diciendo ya es mucho. Ahora pedí una silla de ruedas y está tardando. Calculo que esto tiene que ver con que somos un gasto para el Estado», agregó. No obstante, Salvatierra no pierde la voluntad y la fuerza. Trabaja como empleado estatal, es artista plástico, actor teatral y lleva a cabo junto a Roldán el programa Rodantes Rebeldes. «Tratamos de que la vida pase por otro lado, antes la discapacidad cortaba la vida, ahora la acompaña», dijo con una sonrisa en su rostro. Participó de la marcha porque considera que los discapacitados no son vulnerables sino que son vulnerados por el Gobierno: «El Estado no reconoce nuestros derechos, recorta la asistencia, nos niega las pensiones», reclamó. Salvatierra vive solo y necesita un asistente 24 horas al día, parte del sueldo de esa persona lo paga él porque el dinero que recibe no le alcanza.

Hombre en sillas de ruedas.

Mientras que la Ley 22.431 de Sistema de Protección Integral de los Discapacitados y la Ley 24.901 de Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral los ampara, el Estado no.

En la voz y en la mirada de Paula Abad Crespo se reflejan el cansancio y la tristeza, pero también la fuerza de una mujer que daría su vida por lo que más quiere en el mundo: su hijo, Fernán Abad. Él es un joven de 20 años que sufre una severa discapacidad motriz producto de un mala praxis durante el parto, ocurrida en el Hospital Español. Ocho meses atrás, Fernán era socio de dicho hospital hasta que el PAMI se quedó con sus instalaciones, dejándolo en la calle, como a tantos otros. «El PAMI alega que no se puede hacer cargo. Así que de un día para otro, mi hijo se quedó sin prestaciones médicas. Por eso estamos luchando. Pero la justicia es lenta y las necesidades las tenemos hoy», dijo apesadumbrada. Ella no solo reclama por su hijo, sino también por todos los familiares de personas discapacitadas que necesitan prestaciones y tratamientos. «Estamos pasando momentos difíciles porque los recortes que hace el estado están afectando la salud de todas las personas con discapacidad», concluyó.

A los charrúas les meten el perro

A los charrúas les meten el perro

Se reabre el debate en torno a las carreras de galgos. Desde diciembre del año pasado se encuentra en vigencia la Ley 27330 que prohíbe la carrera de galgos en todo el territorio argentino, sin embargo los galgueros han encontrado dónde desarrollar la actividad prohibida en el país: los canódromos de Uruguay. Hace un mes se llevó a cabo una audiencia pública en la que participaron exponentes argentinos y del país vecino para tratar esta problemática y discutir un proyecto de ley para prohibir las carreras de perros también del otro lado del Río de la Plata.

Andrea López, abogada integrante de Proyecto Galgo Argentina, considera que la ley 27330 es de vanguardia y de suma importancia en tanto que busca proteger la integridad física y psíquica del animal, como así también acabar con otros delitos asociados como el trabajo infantil, la ludopatía, las drogas y las apuestas clandestinas. Por este motivo propuso apelar a los convenios de cooperación jurídica internacional, frente a las migraciones de galgueros argentinos para continuar con el negocio en los países limítrofes.

La ley argentina establece que están prohibidos tanto el desarrollo de las carreras como las actividades previas, es decir su organización y la promoción de las mismas. “Esto se debe a que los perros no solamente son explotados en la carrera en sí”, agregó López. La abogada explicó que aquellos que van a correr al país vecino ya están incurriendo en un delito, porque todo el planeamiento y logística para viajar con sus galgos se está llevando a cabo en la Argentina, es decir la organización. “Esto es muy difícil de investigar, por eso los convenios de cooperación jurídica internacional deben buscar acuerdos para combatir estos delitos trasnacionales”. La penalista hizo un paralelismo con compra de marihuana, que en Uruguay es legal. “Pongamos el ejemplo de la legalización del cannabis en Uruguay para quienes son ciudadanos. Los argentinos que viajan a dicho país no tienen permitido comprar la droga. Esto se debe a que no se busca favorecer el turismo canábico, ya que en nuestro país está prohibido. Lo mismo debería ocurrir con las carreras de galgos. Aquellos galgueros que evaden la ley argentina compitiendo en Uruguay deberían ser sancionados”.  

En contraposición, Leonardo Del Río, integrante de la Asociación Uruguaya de Galgueros y Organizadores Unidos, se manifestó a favor de la migración de los competidores. “Los galgueros argentinos que compiten en Uruguay van a desarrollar un deporte y a ejercer un derecho que les quitaron en su país”, dijo.

Por su parte, el diputado uruguayo por el Partido Nacional, Gastón Cossia, autor del Proyecto de Ley de Prohibición de Carreras de Perros en Uruguay, se manifestó solidario con el pedido de la abogada López y Proyecto Galgo Argentina. “Sabemos que costó mucho trabajo la sanción de la ley en Argentina. Por eso nosotros, como legisladores del país hermano, tenemos la enorme responsabilidad de evitar la violación de dicha ley en nuestro territorio. No podemos permitir que en nuestro país se desarrollen actividades por las cuales en su país están penados legalmente. Este aspecto es uno de los caminos que tenemos que explorar en tema de colaboración internacional”, dijo.

En concordancia con lo dicho por el diputado Cossia, la Senadora Magdalena Odarda, autora de la ley, contó que si bien en Argentina la norma fue aprobada en el Senado casi por unanimidad, tuvo mayores obstáculos en la Cámara de Diputados. Además, recordó que luego de la sanción tuvieron inconvenientes con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien cuando los galgueros fueron a pedirle explicaciones acerca de la prohibición de su negocio, Larreta los mandó a la casa de la senadora Odarda a buscarlas. Ellos siguieron su consejo: “Lamentablemente fueron, nos amenazaron con incendiar la casa y el auto”, agregó. Sin embargo, ella no se arrepiente de los esfuerzos hechos, junto con la ONG Proyecto Galgo Argentina, porque ha tenido la propia experiencia de haber rescatado a un galgo, una perrita llamada Ley Quimey, abandonada en una estación de servicio que según la senadora es la alegría de su casa. “Es muy importante dejar de considerar a los animales como objetos que podemos tener, torturar y matar. Ellos son seres sintientes. Y en ese sentido una ley que prohíbe las carreras de galgos en Argentina significó un gran hito en esta lucha”, agregó Odarda. 

El acercamiento del diputado Cossia con el proyecto de ley surgió de un caso clínico, mientras trabajaba como médico veterinario. En 2008 conoció a un galgo hembra, “Negra”, que venía de un circuito de carrera. Presentaba muchos problemas crónicos por lo que Cossia junto a sus colegas decidieron estudiarla. En 2016, Cossia inició una serie de denuncias a la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (COTRYBA) en contra de la carrera de galgos y argumentó la prohibición de la actividad porque consideraba que violaba la normativa de Bienestar Animal sancionada en 2009, al no haber control sanitario de ningún tipo sobre los ejemplares que participaban y debido a que las competencias daban lugar a apuestas clandestinas.

Sin embargo, COTRYBA rechazó la propuesta de prohibición argumentando que esa Comisión regularía la actividad e impondría el control de bienestar animal. Cossia afirmó que esta regulación nunca se llevó a cabo y esto los motivó a elaborar el proyecto de ley para prohibirlas. «Nuestro país está muy hermanado culturalmente con Argentina y vimos, a través de los medios de comunicación, el trabajo que se hizo desde Proyecto Galgo Argentina. Al mismo tiempo observamos que en Uruguay, lo que empezó como una actividad amateur que se desarrollaba al interior del país de forma esporádica, se había convertido en la industria de la carrera de galgos. Entonces empezamos a conocer los aspectos no visibles de esa actividad, como la punta de un iceberg, porque uno lo que ve son los perritos corriendo, en un aparente buen estado y no advierte todo lo que hay detrás”.

En la misma dirección Evelyn Segredo, activista uruguaya de la Asociación Por el Trato Ético Hacia los Animales (Aptéha), denunció que en su país existe una ley de Bienestar Animal pero que en la práctica no se hace nada. “No tenemos registros documentales fácilmente accesibles de qué canódromos hay en Uruguay, dónde están, quiénes los llevan adelante, cómo son regulados, cómo se seleccionan los galgos ni quiénes son los galgueros de nuestro país”, dijo. Sin embargo, Del Río afirma que hay una nueva ley que obliga a los dueños de los animales de competencia a colocarles un chip de identificación. Por lo cual se podría conocer fácilmente quién es el responsable de cada galgo.

 

“Somos laburantes, no somos criminales”

“Somos laburantes, no somos criminales”

El año pasado la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que el 4,8 por ciento  de la población argentina es inmigrante. De esta manera, nuestro país sería el de mayor población extranjera en toda Sudamérica, lo que parece haber resultado preocupante para el actual gobierno, que desde el año pasado ha intentado modificar la Ley de Migración y restringir los derechos de los inmigrantes. Primero dictó el decreto 70/2017, que buscaba -entre otras cosas- facilitar la expulsión de extranjeros y que en marzo pasado fue declarado inconstitucional por la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Después, distintos proyectos legislativos, como el del radical Luis Petri, intentaron -por ahora en vano- arancelar los servicios de salud y educación para los inmigrantes que habitan la Argentina.

En ese contexto, el pasado 9 de abril la Campana Nacional Migrar no es Delito organizó el Segundo Migrantazo, una marcha de residentes extranjeros que se desplazó de Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta el Congreso par exigir que cese la estigmatización y el avance de las políticas oficiales sobre los derechos de los inmigrantes.  ANCCOM entrevistó a manifestantes de distintas nacionales que llegaron al país con el sueño de un futuro mejor.

Sandra, Ruth, Iber y Abraham

Sandra Carreñopai, migrante boliviana perteneciente al Frente popular Darío Santillán.

Sandra Carreñopai tiene 29 años, nació en Bolivia y hace 9 años que reside en Argentina. Es una mujer fuerte que combina su labor de ama de casa con la militancia política en el Frente Popular Darío Santillán. La crisis económica la alejó de su país natal y la llevó a migrar hacia Buenos Aires donde tenía un pariente cercano que la esperaba. Siente nostalgia y recuerda su niñez, extraña su cultura, la vestimenta y las formas de expresión propias. “Tuve que cambiar la manera de hablar porque cuando me escuchaban enseguida venía el comentario acerca de que era inmigrante o bolita”. Actualmente, Carreñopai no piensa en regresar a Bolivia porque sus hijos son argentinos y cree que sería injusto obligarlos abandonar su tierra. “Cuando llegué al país empecé a trabajar, después tuve mis hijos, me compré mi casita y entonces me quedé. Elegí este país para vivir, para criar y educar a mis niños”, contó. Para ella, la mayor oportunidad que le dio Argentina fue el trabajo y dijo que siempre va a estar agradecida por eso. “A los compatriotas bolivianos nos gusta trabajar no importa en qué rubro”, agregó. También expresó su gratitud hacia los servidores públicos de la salud y la educación. “El derecho a la salud y educación pública fue un gran beneficio que nos brindó el país y permitió que mis hijos estudiaran y recibieran atención médica”, dijo. Sin embargo, no todos fueron aspectos positivos de su llegada. Sus hijos sufrieron discriminación en la escuela por ser de origen boliviano y según Carreñopai la situación empeoró a partir de las políticas implementadas por el actual gobierno y la campaña que hicieron los medios masivos de comunicación contra los migrantes. “Plantean que los extranjeros venimos a quitarle el trabajo a los argentinos, a ocupar sus vacantes en las escuelas y hospitales. Esto nos hace sentir muy mal a nosotros y a nuestros hijos aunque ellos hayan nacido acá”, expresó con la voz temblorosa.  Un caso similar es el de Ruth Zandi, también, originaria de Bolivia pero con una mayor antigüedad en el país. La mujer, de 53 años, trabaja en una cooperativa de limpieza pública y hace 22 años que vive en Argentina. Su marido fue el primero de su familia en migrar en busca de empleo. Una vez que él consiguió estabilidad económica, ella se mudó a Buenos Aires junto a sus hijos. Después de tantos años tampoco piensa regresar. “Mis hijos no quieren volver a Bolivia, ya se acostumbraron. Acá ya hicimos nuestra vida. Mis nietos son argentinos. Viajo a veces a visitar a mis parientes pero por poco tiempo, porque ya no me siento bien allá, no lo siento como si fuera mi país”, expresó Zandi. En algunas ocasiones, sufrió discriminación por parte del personal de los hospitales y aseguró que es peor en los casos en los que los migrantes no hablan castellano. Emilia Maruja Choque, es compañera de trabajo de Ruth Zandi, nació en Cochabamba, Bolivia. Ella migró hace 10 años completamente sola para buscar una mejor vida. Su primera opción era España pero Europa le había cerrado las puertas a los migrantes latinoamericanos, entonces optó por Argentina. Una vez en el país, consiguió trabajo y tuvo sus hijos. “Me quedé más que nada por mis hijos, ellos ya no quieren volver a Bolivia”, agregó. Su hijo mayor tiene 17 años, está terminando la secundaria y piensa continuar sus estudios. Choque dijo que nunca se sintió discriminada, sino que por el contrario siempre fueron amables con ella. Sin embargo, añora a su familia y la comida de su hogar. 

Por su parte, Iber Mamane es un joven de 30 años militante e integrante del movimiento popular Patria Grande. Es de nacionalidad boliviana pero él se considera Aimara. Desde los cinco años que vive en Argentina. Su familia migró por necesidad. “En Bolivia teníamos un gobierno neoliberal en ese entonces, la gente escapaba a los países donde había medianamente una estabilidad económica. Los destinos elegidos en América Latina eran Brasil y acá. Después algunos países de Europa”, dijo Mamane. Para la familia del joven fue una larga lucha conseguir empleo, Mamane cuenta que tuvieron que vivir y trabajar en condiciones muy precarias. “Nosotros vinimos a trabajar para tener un futuro mejor para nosotros y nuestra familia. Somos laburantes, no somos criminales como nos viene estigmatizando el actual gobierno”, agregó. Aunque vivió la mayor parte de su vida en Argentina, él extraña el sentido de pertenencia. “A veces la sociedad misma te hace sentir que no sos de acá. Esto es una problemática no solamente de este país sino de todo el mundo. En todos aquellos lugares donde gobierna la oligarquía se ha construido una mirada estigmatizada del migrante, porque es la manera que encuentran de justificar sus políticas antipopulares”, opinó. Mamane dice que ha sufrido y sufre actos discriminatorios porque es parte del último flujo migrante que llegó al país. “Desde las instituciones hay una bajada a la población de odio, de bronca y criminalización hacia al migrante. Inevitablemente, nosotros arrastramos nuestra identidad aimara, guaraní o quechua, nuestra cultura y nuestra piel que ha sido racializada y discriminada a tal punto que tuvimos que enterrar a muchos hermanos”, expresó con dolor.

Iber Mamane

El joven empezó a militar cuando un compañero suyo, Franco Zárate, fue asesinado en el barrio de Mataderos de la mano del quiosquero Gualberto Ximenez. Según Mamane, el quiosquero le disparó en el pecho a su amigo al grito de “boliviano de mierda”. Franco había ido a comprar con su primo y su papá, pero Ximenez les habría querido vender la mercadería más cara por ser bolivianos. Franco no quiso pagarle, discutió con el vendedor y por eso le disparó. El quiosquero se encuentra en libertad. “La gente racista está acostumbrada a maltratar al boliviano y que éste agache la cabeza, se quede callado y se vaya. Pero mi amigo le respondió”, agregó. Mientras que sus padres abandonaron la Argentina, todos sus hermanos se quedaron. Según Mamane hoy los migrantes están en una nueva etapa, como hijos asumen sus necesidades desde otro lado, el de la lucha por sus derechos como seres humanos y trabajadores, el del empoderamiento y como sujetos políticos.  

Abraham Halcón es compañero de militancia de Mamane, nació en La paz, Bolivia. Sus padres fueron los primeros en migrar, 20 años atrás. Según Halcón, su familia migró porque las políticas represivas y neoliberales del gobierno no les permitían subsistir allá. Primero vino su madre, después su padre y sus hermanos. Él fue el último en arribar al país en busca de una formación académica, hace 8 años. Actualmente estudia Historia en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y trabaja en una cooperativa textil de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). El joven plantea que si bien el país le abrió las puertas se encontró con distintas formas de discriminación de tipo burocráticas cuando tuvo que tramitar el documento y también en la facultad, a la hora de anotarse en las materias. “Los extranjeros solo cuentan con una fecha y lugar para inscribirse mientras los nativos tienen tres”, explica. Por parte de los compañeros y profesores, también ha recibido comentarios racistas. “Es como en todos lados, hay gente que es más abierta a distintas expresiones culturales y otra que no, que es muy cerrada y xenófoba”, afirmó. Cree que esta postura de mínima tolerancia se agravó a partir del fallido decreto 70/2017 y el proyecto de ley que busca privatizar los servicios públicos para los extranjeros. “Nos vimos fuertemente afectados por las políticas xenófobas que buscan crear chivos expiatorios, como el DNU que no sólo quiso criminalizarnos sino que vulnera el derecho de todo ciudadano a la justicia y a un debido proceso”, agregó. Ocasionalmente visita su país, pero extraña sobre todo a los familiares que se quedaron, la comida y la danza: “Es un país muy folclórico. Pienso volver a vivir allá en unos diez años. Por lo pronto estoy con la residencia permanente en Argentina, estoy estudiando, trabajando y militando”. 

Angelina

Angelina Felices Quispe es peruana y hace 16 años eligió Argentina para vivir. Vino a Buenos Aires con la ayuda de un pariente. En Perú se encontraba desamparada, no tenía empleo y tenía que cuidar de cinco chicos. “En mi país la situación era muy mala. Vino por necesidad, para tener una vida mejor, un cambio social y poder ayudar a mi familia”, contó. Quispe es empleada en una empresa de limpieza pública, dice que gana poco pero agradece a Argentina por haberle dado trabajo, al mismo tiempo siente incertidumbre por el futuro. “Así como el país me abrió las puertas cuando llegué, ahora el actual Gobierno nos las está cerrando, nos trata mal y nos quiere quitar nuestros derechos. Nuestro sueldo es mínimo, ganamos menos que los argentinos pero con eso nos arreglamos”, expresó angustiada. Por el momento, su sueldo le alcanza para vivir y para enviar una ayuda a sus hijos. “Ellos vienen de visita, a veces, pero no se quedan a vivir porque no se acostumbran acá”, dijo. Además de sus hijos extraña los paisajes y como todo migrante la propia cultura. Si bien se encontró con muchas personas amables en el país dice que sufrió varios actos de discriminación. “Frente a la Casa Rosada, con menos de tres meses en el país, me detuvo la policía junto a mi pareja durante casi dos horas por no tener el pasaporte encima. Lo había dejado en la casa de mi familia y tampoco tenía dinero para pagar lo que me exigían para dejarnos libres. Contaba con lo justo para sobrevivir hasta que encontrara un trabajo”. Quispe recordó un episodio más reciente en el que una mujer en un colectivo dijo en voz alta que estaba lleno de “bolitas y “peruchos” que no dejaban pasar. “No me callé, le respondí que todos somos seres humanos, hermanos e iguales, todos somos de carne y hueso”, contó. Afirma que ahora ya no permite ningún atropelló, hace valer sus derechos como migrantes y también como mujer.  “Ahora puedo decir que no, basta de discriminación y de maltratos domésticos”, exclamó. 

Celia

Celia Núñez es paraguaya llegó a la Argentina hace 30 años junto a sus padres. Cuando migró a Buenos Aires tenía familiares que la esperaban. Dice que el país le dio muchas oportunidades, laborales pero también recreativas. “Gracias a la militancia feminista pude conocer muchas partes de la Argentina como así también Chile y Brasil”, dijo. Lleva la militancia en la sangre. “Vengo de familia de militantes, mi padre fue preso político en Paraguay durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Pienso que voy a luchar hasta morir”, manifestó. Asistió a la marcha del “Migrantazo” para reclamar la anulación del DNU 70/2017 porque cree que a través de esas políticas el Gobierno quiere perjudicar a los migrantes. “Vinimos al país para trabajar, no para robar. Todo ser humano tiene derecho a vivir donde quiere vivir, porque migrar no es delito. Estoy muy feliz de vivir acá y voy a luchar por este país”, agregó. Si bien extraña su país dice que cada vez que pensó en volver se le vinieron a la mente los recuerdos de las injusticias que vivieron sus padres y se le fueron las ganas.

Esteban, Flores y Andrés

Dejar todo por la educación es lo que hizo el joven colombiano Esteban Trujillo hace 7 años. Colombiano, de 27 años, vendió todas sus pertenencias para poder mudarse a Buenos Aires. Vino sólo, no tenía familiares, amigos ni conocidos, sólo tenía el objetivo de formarse como abogado en la UBA. Si bien extraña los lazos afectivos, su familia, sus amigos y la comida, Trujillo piensa quedarse en el país y regresar a Colombia, pero de visita. Actualmente estudia, trabaja y milita en la agrupación de Estudiantes Migrantes de la Universidad de Buenos Aires (EsMiUBA). “Este país hace 100 años que tiene educación pública y gratuita, es por eso que migré acá. Empecé a militar porque considero que la formación académica debería ser un derecho para toda la humanidad. Me quedo en Argentina porque tengo un compromiso no solo con mi país sino con Latinoamérica”, expresó. Si bien está feliz de poder estudiar en la UBA dice que se sintió discriminado en ciertas ocasiones. “La Facultad de Derecho tiene cuestiones xenófobas y racistas”, agregó. Plantea que aún hoy no ha notado cambios en este sentido y que esto se debe a que el gobierno actual avala acciones que van en contra de los derechos humanos más allá de que sean o no migrantes. “El decreto 70/2017 nos saca el derecho constitucional de debido proceso y la imagen de reunificación familiar, no importa cuántos años lleves en el país, no importa que hayas cometido o no un delito si dictan una sentencia firme por acto administrativo te pueden expulsar”, explicó.

Flores Andrés Suarez Gutiérrez es compañero de carrera y militancia de Trujillo. También es de nacionalidad colombiana, tiene 21 años y hace tres que reside en el país. Vino junto a sus padres buscando una nueva vida, oportunidades laborales y de estudio. “En mi país la situación estaba complicada, ellos son médicos y allá no tenían un sueldo digno”, contó. El joven estudiante dice que extraña casi todo de su país, su familia, sus amigos, las costumbres y la comida. Sufrió varias veces discriminación, en la Facultad le pidieron el documento y lo requisaron, también en la calle. “Cuando llegaba tarde a clase no podía correr porque me paraba la policía pensando que era ratero”, contó.

Andrés Román, tiene 24 años, es de Bogotá, Colombia, también es militante de EsMiUBA. Hace 4 años vino a la Argentina para estudiar, primero arrancó la Carrera de Medicina pero luego se cambió a Biología. “Allá no tengo la posibilidad de estudiar”, dijo. Vino solo, tenía un primo acá que le enseñó cómo manejarse pero luego volvió a su país. Lo que más le impactó al mudarse fue el estar lejos de la familia, en un lugar donde todo era nuevo. Aunque siente el peso de la ausencia familiar, no cree regresar a Colombia más que de visita. “Uno va formando una vida acá como adulto universitario, construyendo un pensamiento político y es difícil pensar en volver. Yo me quedaría si se da la posibilidad”, desea. Román dice que de vez en cuando le han hecho comentarios por su forma de hablar pero que trata de dejarlo pasar, de seguir adelante. “Intento ver siempre el lado positivo a todo, porque soy privilegiado al poder estudiar acá cuando muchos otros no pueden”, comentó. En la Facultad dice que no sufrió malos tratos, pero que le contaron que algunos profesores tenían tratos xenófobos contra los chilenos. “El gobierno, al agruparnos como migrantes, intenta quitarnos el derecho a la educación, a la salud, a estar aquí y a tener una vida digna. Todos somos seres humanos. Nosotros también  aportamos a la economía, trabajamos, consumimos y hay algunos a los que las familias les envían dinero,esos son ingresos para el país”, opinó.

Daniela

Daniela López Ocaña, sabe bien que el amor no conoce fronteras. Ella es mexicana, tiene 24 años y hace dos que vive en Argentina. Tras siete años de noviazgo a distancia con un argentino finalmente decidió mudarse a Buenos Aires.  Dejó su empleo, su familia y su país por amor. Acá la adoptó la familia del novio como un miembro más. Sin embargo, no puede evitar añorar a su país de origen. “Extraño a mi familia. Al no tener a nadie de allá siento más las diferencias entre un país y el otro. Ahorita, después de dos años aquí, ya me acostumbré a casi del todo. Pero pues no hay nada como tu gente y tus costumbres. Como el simple hecho de platicar y tener que cuidarme de decir ciertas palabras, por no saber si lo van a entender o la incomodidad de que me tengan que preguntar qué es lo que significa”, contó. Además de la familia siente nostalgia por los sabores de su país. “La comida de aquí es diferente a lo que se está acostumbrado en México. Aquí comen muchas cosas con harina, como las empanadas, pizzas, tartas y toda esa variedad de pastas que comen. En cambio, allá se come más pesado, muchas cosas caldosas que aquí no veo. Aparte la harina de maíz es súper difícil de conseguir y para mí es básico en la comida diaria”, explicó. Pero aunque ella añore su tierra natal no piensa volver. “Ahora no regresaría porque siento que estoy comenzando a construir una vida aquí con mi pareja y tenemos planes a futuro. Por otro lado, comparando la vida en México y aquí en cuestiones laborales y académicas creo que tengo más oportunidades de crecer”. Actualmente estudia psicología en la UBA y trabaja como vendedora en una feria artesanal. A diferencia de muchos otros migrantes ella no sufrió discriminación de ningún tipo, dice que en comparación con Estados Unidos, destino elegido por muchos mexicanos, Argentina es un país muy tolerante. “Este país recibe con los brazos abiertos a los extranjeros que se quedan, te dan muchas facilidades en cuanto a los trámites para obtener la residencia, es un país de oportunidades. A veces creo que son demasiado buenos”, opinó Ocaña.

Fareli

“No soy extranjera ni turista, soy migrante”, dijo Fareli Silba. Ella es venezolana y vino hace un año junto a su pareja salvadoreña a la Argentina para hacer una formación en psicodrama. Tiene familia en Buenos Aires, quienes los ayudaron a sustentarse hasta que consiguieron empleo. Aunque no está hace tanto tiempo en el país ya siente nostalgia por la tierra que la vio nacer. “Extraño más que nada a mi familia, los paisajes, mi hogar con sus sabores, sus olores y costumbres que no se reproducen en ningún otro lugar”, expresó. Si bien tiene expectativas de volver a su país si tuviera las posibilidades, no lo cree una opción en lo inmediato. ”Al estar con alguien que tampoco es de mi país, entonces siempre es un acto de renuncia. O renuncio yo a mi país o él lo hace. No es justo que vivamos en el mío porque él también extraña el suyo. Argentina  es una nación neutra para nuestras nostalgias”, dijo sonriendo. Como muchos otros migrantes sufrió discriminación no sólo por su forma de hablar sino por su color. “Sufrimos discriminación de forma constante tal es así que ya lo hemos naturalizado. Yo soy negra de piel y la población mayoritaria acá es blanca. No resultan amigables las personas de mi color. Además existe una suerte de sexualización de la gente negra. El acoso callejero no sólo es incómodo sino intenso, porque no hay forma de controlarlo. Más allá de la vestimenta que uses, no hay forma de ocultar el color de tu piel”, expresó apenada. Mientras que en las instituciones  académicas dice haber encontrado un lugar de resguardo y solidaridad.  Con respecto a las políticas actuales orientadas a la privatización de los servicios de salud y educación para extranjeros, Silba plantea que resultan una suerte de restricción a los migrantes que ya corren con la desventaja de no poder contar con líneas crediticias que faciliten el acceso habitacional entre otros beneficios propios del ciudadano nativo.

Roberto y Amancai

Roberto Carlos Orihuela es argentino al igual que su papá, mientras que su mamá es boliviana. El joven estudiante de óptica siente que es argentino pero también boliviano y por lo tanto migrante. Su madre llegó a la Argentina hace 30 años. Sus hermanas mayores ya estaban en el país. Todas tramitaron la doble nacionalidad para poder trabajar en blanco acá. Al terminar el colegio secundario decidieron mudarse a Buenos Aires para estudiar. Actualmente todas trabajan de enfermeras. Orihuela dice que tanto él como sus primos sufrieron discriminación en la escuela primaria por tener familia boliviana, sin embargo no hubo un día en el que no se sintiera orgulloso de su origen. “En la calle, también se sufre. Pero más que nada afecta a los que están hace poco en el país. Muchos por miedo al rechazo ocultan su nacionalidad”, agregó. El joven plantea que esto es culpa de los medios que difunden un mensaje erróneo sobre los migrantes al repetir una y otra vez la idea de que ellos consumen todo gratis. “No es así. Yo trabajo en una óptica, pago mis impuestos y tengo una prepaga. Muchos médicos, enfermeros y trabajadores de la salud pública son bolivianos”, dijo.

Amancai Villanueva también es hija de migrantes bolivianos. Ella es argentina tiene 22 años y es estudiante de la UBA y la Universidad Nacional de las Artes (UNA). Su familia está hace 30 años residiendo en el país. Los padres de la joven vinieron en los 80 en plena dictadura boliviana, buscando trabajo y posibilidades de estudio. Todos sus hermanos tienen doble nacionalidad. “Nos consideramos argentinos y bolivianos”, agregó Villanueva. Tanto ella como sus hermanos sufrieron toda su infancia la discriminación por sus raíces. “La discriminación se transmitió a los hijos de inmigrantes, eso era inevitable. Ahora empeoró en todos los ámbitos, es como volver a vivir los años 90, porque fue una etapa en las que la discriminación aumentó al igual que ahora. Esto se debe a que la gente racista está empoderada y se siente con derecho a señalar como chivo expiatorio de toda la crisis al migrante latino, no al europeo”, opinó.

Tarifas y alquileres que hacen ruido

Tarifas y alquileres que hacen ruido

Al ritmo de «Mauricio Macri la puta que te pario» y al choque de las ya clásicas cacerolas, alrededor de las 20, en las esquinas de los principales barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Conurbano y también en provincias del interior se llevó a cabo el «ruidazo» contra el «tarifazo» y el ajuste. Los bocinazos, cánticos y carteles con expresiones como «Me sobra mes al final del sueldo» y «Macri para la mano» aparecieron en La Boca, Barracas, Boedo, Villa Crespo, Almagro, Moreno, Hurlingham, Loma de Zamora, Lanús, Varela, Parque Patricios, Ituzaingó, González Catán, Avellaneda, Caballito, Tigre, en la esquina de la Quinta Presidencial de Olivos, en el Obelisco, Santa Fe, San Juan y Misiones, entre otros puntos. A esta medida de protesta se sumaron los inquilinos quienes además de ser golpeados por el aumento de las tarifas de los servicios son asfixiados por la suba de los precios del alquiler. Los manifestantes exigieron frenar con el abuso por parte de las inmobiliarias y poder alquilar bajo mejores y más justas condiciones. La situación es acuciante, según un informe de la Federación  de Inquilinos Nacional (FIN) el 17 por ciento de los hogares de la Argentina accede a la vivienda a través del alquiler.

María Olmedo, asesora e integrante de la Asociación Civil Inquilinos Agrupados planteó que el principal reclamo de los inquilinos es que el precio de los alquileres son desmedidos, debido a que suben por encima no sólo de los salarios sino, también, de la inflación. «En la renovación, los alquileres están subiendo alrededor de un 30 y un 60 por ciento, anualmente en los contratos ya figuran aumentos semestrales de entre un 12 y un 15 por ciento», dijo la asesora. Según un informe del portal inmobiliario ZonaProp, desde principio de año hasta abril los alquileres aumentaron un 7,7 por ciento en comparación con el 6,7 por ciento de inflación que midió el INDEC. «Actualmente están librados a la voluntad del mercado inmobiliario que los fija. Si se aprueba el proyecto de Ley de Alquileres los precios se actualizarían en función de un promedio entre inflación y salario», agregó Olmedo. 

Según una encuesta realizada a nivel nacional por el FIN, el 87 por ciento de los inquilinos cree que nunca podrá acceder a una vivienda propia. Esto se debe a que no poseen capacidad de ahorro ya que destinan un 41 por ciento de sus salarios en los pagos mensuales del alquiler sin contar expensas, tarifas de los servicios e impuestos inmobiliarios. 

Uno de los inquilinos que sufre los aumentos es Federico López, tiene 25 años, trabaja como empleado en una fábrica y comparte el alquiler hace un año con su pareja. «Lo más difícil fue acomodarnos económicamente. La tercer parte del sueldo se va en alquiler y un 40 por ciento en servicios», dijo. López tuvo que recortar gastos como las salidas de los fines de semana. Está descontento con ciertas condiciones edilicias del departamento, cuyo mantenimiento debería correr por cuenta de los propietarios. «Hay goteras, problemas con el baño y la puerta del mismo», agregó. Karen Sosa, también se encuentra asfixiada por la cuentas, ella es empleada doméstica y alquila junto a su pareja hace 8 años. El cincuenta por ciento del ingreso total familiar lo utilizan  en el alquiler y otros diez en servicios. Ambos cuentan con un sueldo mínimo y debido al «tarifazo» tuvieron que renunciar a muchas cosas, entre ellas, las salidas, tuvieron que acostumbrarse a comer siempre en la casa, comprar cada vez menos ropa y artículos que no son de primera necesidad. «No podés ahorrar, pensás dos veces antes de comprar algo. Limitamos los ingresos a las prioridades y si queda un resto, sí salimos o compramos comida afuera. En cuanto a lo cultural te limita mucho, si antes podías ir al cine o al teatro, ahora olvidate», dijo decepcionada.

Olmedo planteó que las garantías, en tanto título de propiedad inmueble representan un gran problema para los inquilinos que no la poseen, y un gran negocio para quienes sí las tienen. Hay empresas que se dedican a vender garantías para poder acceder al alquiler de una viviendo como FINAER y Monclair, entre otras. El valor de estas garantías suele ser alto y a diferencia del depósito es un dinero que el inquilino no recupera nunca más. Según la asesora, esta traba al momento de alquilar se podría solucionar pidiendo otro tipo garantía como el recibo de sueldo o un monto más elevado de depósito.

Muchos de los inquilinos que no cuentan con garantía son extranjeros. «Las inmobiliarias les hacen contratos temporales, que en realidad son alquileres de vivienda encubiertos, por seis meses o máximo un año», contó Olmedo. Por ley, los alquileres temporales son aquellos que se realizan por hasta tres meses, con fines turísticos, mientras que los inmuebles para ser habitados se alquilan por un mínimo de dos años: «Pagan comisiones, depósitos más grandes, a veces les cobran hasta casi el doble de alquiler, porque consideran que te les están haciendo un favor», agregó. Ese es el caso de la colombiana Marilyn Herrera. Ella alquila hace tres años una habitación individual en Capital Federal, que comparte con más extranjeros. Cuando comenzó a alquilar en Buenos Aires no le hicieron ningún contrato, le pidieron un depósito para entrar a modo de garantía, además del alquiler. «No firmé nada, no me hicieron contrato, sólo de palabra. A los extranjeros por no tener garantía les cobran una locura de dinero para poder ingresar. Se sabe que el dinero lo arregla todo», deslizó. Como tantos otros inquilinos su vivienda no está en las condiciones más óptimas, reclama a los propietarios el arreglo de puertas, vidrios y la mesada de la cocina, entre otras cosas.

Candelaria Gómez, no es extranjera, pero también tuvo problemas para alquilar por no contar con una garantía. Tiene 30 años, alquila de forma intermitente hace 10 años y hace cuatro que comparte los gastos con su pareja. Se aventuró a vivir sola a los 20 años, pero tuvo que volver a la casa de sus padres después de un par de años. «Recién me insertaba en el mercado laboral, estaba estudiando y no me alcanzaba lo que ganaba para vivir», agregó. Cuando  empezó a alquilar el único bien de sus padres figuraba como bien familiar, como medida de protección contra un posible embargo. Por lo tanto, Gómez no podía usarlo como garantía. «Se me hizo cuesta arriba independizarme, hasta que conseguí una inmobiliaria que aceptó, en lugar de la garantía, que depositara más plata que lo que corresponde por ley», contó. En la primera renovación le quisieron cobrar prácticamente lo mismo que cuando entró la primera vez. «Lo único que hicieron fue cambiar un par de fechas y datos en el Word del contrato y por eso me querían sacar un montón de plata. Además, la inmobiliaria quería averiguar mi garantía y que yo pagara por ese informe», dijo indignada. A mí me renovaron hace poco el contrato y vino con un aumento del 40 por ciento, sumado al “tarifazo” de los servicios, estamos mucho más ajustados que hace un par de años. Sin embargo, su principal reclamo es contra el silencio que mantienen los propietarios e inmobiliarias cuando llega la época de renovación. «Es muy angustiante porque no me dicen si me van a renovar o no. Con respecto al precio, si uno los conoce y siempre te aumentan un 30 por ciento, uno lo puede prever más o menos. Pero que dos meses antes preguntes qué va a pasar y te digan que tienen que ver porque tal vez la dueña lo quiere vender o se lo quiere dar a la hija, es complicado. No te dan los tiempos para buscar otra cosa», planteó Gómez, frustrada. 

El Proyecto de Ley busca extender el contrato de dos a tres años. «No hay inquilinos a los que le alquilen por más de dos años, sobre todo porque no hay previsión sobre cómo va a funcionar la economía en dos años ni siquiera en uno. Al regularizar los precios de acuerdo a cómo va la economía podés hacer plazos más largos de contrato», reclamó Olmedo. Según la asesora esto les daría mayor estabilidad a las personas o familias que alquilan, porque cada dos años deben estar pendientes de la posibilidad de que no les renueven el contrato, viviendo con angustia, sin poder proyectar un futuro. «Lo peor que le puede pasar a una persona es que se tenga que ir de su hogar», agregó Olmedo. Actualmente, no existe negociación de ningún tipo entre las partes, porque el propietario no está obligado. «Si se copa un mes antes te dice bueno vamos viendo, pero sino como suele pasar 15 días antes del fin del contrato te dice cuánto te va a aumentar y al inquilino no le queda otra que aceptar, porque no tiene tiempo de buscar otra casa», contó Olmedo. Según la asesora el Proyecto de Ley propone que 60 días antes de la finalización del contrato el inquilino y el propietario tienen que sentarse a hablar del futuro del inmueble. 

Guido Collavini, es empleado en una gráfica, alquila un departamento en Caseros con su pareja hace 2 años y 9 meses. Como a muchos la mayor dificultad que se le presentó a la hora de dejar la casa de sus padres fue el pago del ingreso. «Actualmente no tengo un salario fijo, pero cuando lo tenía alrededor del 35 por ciento del sueldo se iba en alquiler y servicios. Para llegar bien a fin de mes debo privarme de gastos más que nada para ocio». 

Actualmente el código civil exige un mes de depósito por cada año de contrato y es el inquilino el que debe actualizar el depósito conforme a la inflación. Según la asesora, el propietario hace circular ese dinero, es decir que lo revaloriza, por ejemplo a través de un plazo fijo. «Nosotros pedimos a través del Proyecto un mes de depósito por los tres años de alquiler y exigimos que el propietario lo devuelva actualizado,  en caso de no haber sido utilizado por deudas o arreglo de roturas causadas por el inquilino. Los inquilinos se verían beneficiados en tanto que deberían poner menos plata a la hora de ingresar», planteó la integrante de la Asociación de Inquilinos.  

Según Olmedo, las cargas y contribuciones sobre la vivienda como el ABL y el impuesto inmobiliario son algo que debería pagar el propietario, pero por una «mala» interpretación del Código Civil lo termina costeando el inquilino. El Código Civil y Comercial dice en el artículo 1209 que «El locatario tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que se originen en el destino que dé a la cosa locada. No tiene a su cargo el pago de las que graven la cosa, excepto pacto en contrario». El Proyecto de Ley de Alquileres contempla esta cuestión y propone que estos costos queden a cargo de los dueños. Como así también las expensas extraordinarias destinadas a mejoras del inmueble, con el propósito de su revalorización.

Giselle Paola Verzino tiene 23 años y es Licenciado en Psicología de la UBA, alquila sola un departamento hace seis meses en el barrio de Flores. Alrededor del 30 por ciento de su sueldo lo destina a pagar el alquiler y otros 15 en servicios e impuestos. «Tengo que analizar lo que voy a comprar para comer y luego ver si puedo darme lujos como hacer un curso académico arancelado», dijo Verzino. Ella reclama que la inmobiliaria la hace pagar por contrato cosas que le corresponden al dueño como el ABL y las comisiones de la propia inmobiliaria.

Otro de los reclamos más frecuentes según Olmedo es sobre el mantenimiento, porque las inmobiliarias o los propietarios no dan respuesta a arreglos fundamentales que necesitan las viviendas para ser funcionales. «Es un negocio en el que los dueños no quieren poner un sólo peso, quieren que el inquilino pinte, arreglé absolutamente todo, se rompe el calefón lo tenés que pagar vos». Este es el caso de Luciano Álvarez, quien se tiene que hacer cargo de los arreglos y el mal funcionamiento de las cañerías o instalaciones eléctricas. Álvarez es docente, hace un año que vive solo y alquila. «Lo más difícil fue no tener un sólo mueble. Al no compartir los gastos con alguien más, una gran parte de mi sueldo era para pagar el alquiler y los servicios», dijo. Según el docente debe cuidarse en ciertos gastos como comprar ropa nueva, salidas, viajar en remis y destinar ese dinero, en cambio, para las reparaciones generales del departamento. Olmedo, es inquilina, alquila por dueño directo hace ocho años junto a dos amigas, contó que ella también tiene problema con los arreglos de la casa y que el dueño ya no le atiende el teléfono. «Cuando empecé a alquilar tenía una buena relación con el propietario, pero después comencé a militar en la asociación, a conocer mis derechos y a hacerlos valer. Entonces la relación empeoró», confesó. Gómez, también, ha tenido complicaciones con los arreglos de la vivienda. «Es una pelea constante, si tenés que pintar el baño te dicen te compro la pintura, pero pintá vos. Cuando ya pago todos los servicios, impuestos y el alquiler. Es como si fuera a un restaurante y además de pagar por la comida tuviera que mantenerle limpio el local», dijo enojada.

Olmedo como representante de Inquilinos Agrupados pidió que el Proyecto de Ley de Alquileres se trate en Diputados, ya que cuenta con media sanción en el senado, pero desde 2016 se encuentra cajoneado. «Si este año no se trata va a caer y perder estado parlamentario. Ellos dicen que no lo sancionan porque quieren hacerle mejoras al proyecto. Yo creo que lo que buscan es dilatarlo, no quieren que haya regulación en el mercado de precios de los alquileres porque hay muchos intereses económicos en juego», denunció la asesora.  Se refiere a la comisión de los legisladores del PRO, Daniel Lipovetzky y Waldo Wolff -dueño de una empresa constructor – que realizó una serie de modificaciones al Proyecto, perjudicando los intereses de los inquilinos, beneficiando al mercado inmobiliario y provocando la caída del dictamen de la Ley de Alquileres, según Olmedo.

El fin del Fines

El fin del Fines

Otro golpe a la educación pública. A falta de tres días para comenzar las clases, con 40 inscriptos, los profesores y alumnos del colegio Héroes de Malvinas, ubicado en el barrio La Carbonilla, se enteraron de que la sede había sido cerrada. El establecimiento funcionaba desde hace seis años bajo el Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FINES) llegado al barrio por iniciativa de los propios vecinos y de la Asociación Civil Late Paternal. De esa escuela egresaron, en ese lapso, 300 alumnos mayores de 18 años. “No esperábamos el cierre, pero tampoco nos sorprendió. Es una postal de época”, dijo Gabriel Salomón presidente de Late Paternal.

De las 60 instituciones adheridas al Plan FINES en la Ciudad, ya son trece las sedes que han cerrado sus puertas en los barrios de La Paternal, Lugano, Boedo, Villa Soldati, Pompeya y San Telmo, afectando el trabajo de 80 docentes y la continuidad de los estudios de 500 alumnos. La situación se repite en el territorio bonaerense, con más de 50 escuelas rurales cerradas por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Todo esto se suma al desmantelamiento de las políticas de integración social, implementadas por el gobierno anterior, como el Plan PROGRESAR y Conectar Igualdad que han disminuido notoriamente su alcance.

profesores y estudiantes del plan fines reunidos en reclamo por su cierre.

Trece instituciones adheridas al Plan FINES fueron cerradas en distintos barrios de la Ciudad.

La Carbonilla es un barrio que desde hace unos treinta años se emplazó donde antes funcionaba la distribución del carbón, dentro de La Paternal. Se encuentra a la vera de las vías del ferrocarril San Martín, y está organizada con una junta vecinal que cuenta con tres delegados electos, uno por cada sector. Los vecinos, junto con las organizaciones sociales y políticas lograron la normalización del barrio, la luminaria y el agua. “Antes no existíamos para nadie, ni para el Gobierno nacional, ni para el provincial o municipal. Tampoco figuraba en los mapas interactivos”, contó Salomón. Actualmente viven alrededor de 2.000 familias que hasta el año pasado contaban con un lugar propio donde recibir educación pública, gratuita e inclusiva. En Héroes de Malvinas, no sólo estudiaban niños, sino también adultos; hoy sólo funciona el nivel primario. Funciona en un edificio muy precario, donado por una vecina. La escuela se viste con tres mesas plegables y cuatro bancas largas, de madera, comprados por los habitantes del barrio. “Administrativamente funciona como una sucursal de una escuela secundaria, pero en la práctica es una escuela con la misma carga horaria y materias de cualquier Centro Educativo de Nivel Secundario (CENS) de la Ciudad de Buenos Aires, solo que no tenemos la estructura edilicia. Las materias se cursan de forma cuatrimestral, se obtiene un título oficial de perito mercantil con especialización en administración de empresas después de estudiar los tres años”, explicó Walter Onoratto, director, referente pedagógico y profesor de Historia de una de las trece sedes del FINES, que el gobierno porteño intenta cerrar.

En esta institución funcionaba un programa de alfabetización, terminalidad de primaria y secundaria. “Hay vecinos no solo de La Carbonilla sino también de La Paternal y otros barrios, que han cursado toda la escolaridad acá. Tenemos cuatro o cinco casos de personas que están cursando el CBC o están en los primeros años de una carrera universitaria. Así que el nivel de daño que se le hace a estas personas con el cierre, es muy grande”, afirmó Salomón.

Federico Campos tiene 27 años, dejó la escuela a los 17 tras repetir el último año de secundaria. Con mucho esfuerzo, después de una ardua jornada laboral como taxista, asistió todos los días a la escuela Héroes. «Vi un cartel en el barrio La Paternal y me decidí. Terminar la escuela era una cuenta pendiente para mí. Soy padre de familia, tengo una nena y en otro tipo de institución se me complicaba estudiar por una cuestión de horarios. El plan FINES te permitía acomodar los horarios, llegar un poco más tarde o si faltabas los compañeros te pasaban la tarea para ponerte al corriente, en ese sentido me sentí más contenido que en cualquier otra institución. Por eso cuando supe del cierre sentí tristeza y frustración, porque así como yo estoy terminando hay muchos en mi misma situación o mucho peor y no van a poder contar con esta herramienta», dijo. Empezó hace tres años y medio y hoy le queda una materia para recibirse. Federico Planea continuar con su formación académica por lo cual se ha inscripto en el programa UBA XXI (CBC a distancia) para hacer Ciencias Políticas.

imagen de un cartel sobre una pared que dice "escuela primaria, escuela secundaria para adultos - plan fines". en la foto se ve la puerta de la sede y un perro

Desde el Gobierno de la Ciudad, la primera excusa para cerrar la secundaria fue que Nación no mandaba el dinero para sostener la escuela.

Por ahora, la única batalla que ganaron en la lucha contra el cierre de Héroes de Malvinas es que aquellos que adeudan unas pocas materias puedan rendirlas para finalizar el secundario y obtener el título. Pero aquellos que estaban en primero o segundo año, por el momento, han quedado a la deriva con expectativas de ser reubicados. “Desde la Dirección de Adultos del Ministerio de Educación, la primera excusa que nos dieron para cerrar la secundaria fue que Nación no les mandaba el dinero para sostener la escuela, pero la realidad es que no ponen ni las tizas para el pizarrón”, detalló Salomón indignado. Los docentes van a concurso pero solo toman horas, no gozan de aguinaldo ni vacaciones, es decir que cuando termina la cursada en diciembre no cobran hasta el comienzo del nuevo cuatrimestre. “Estamos precarizados pero seguimos enseñando por amor a la profesión”, manifestó Onoratto. “No sabemos cuál es el criterio que utilizaron para definir qué escuelas permanecerán abiertas y cuáles cerradas. En las cercanías hay una sola sede, a unas 10 o 15 cuadras, pero el título que ofrecen es en otra especialidad y tienen un horario limitado de 10 a 14 que resulta inaccesible para la gente que viene después de trabajar y que tienen además una familia que atender”, evaluó Salomón.

Onoratto explicó que el Plan FINES significó mucho para el barrio porque además de brindarle educación a los jóvenes permitió la unión entre el barrio La Paternal y La Carbonilla, que por cuestiones sociales y de prejuicios estaban desvinculados. “Siento mucha tristeza, porque tuvimos que hacer todo de la nada. Con ayuda de la gente, de la sociedad civil, los vecinos y profesores pusimos el cuerpo. Es una angustia tremenda, tantos años de trabajo y todavía no sabemos qué va a suceder”, confesó el director, a punto de quebrarse.

Gladys Noemí Contreras, es de la zona sur de Buenos Aires y cursó los tres años de secundaria en esta escuela. En el 2015 comenzó sus estudios en Héroes de Malvinas, porque había conseguido un trabajo cerca. Al año siguiente perdió ese empleo, pero continuó en la escuela. Trabajaba de día y de noche asistía al curso, a veces con lluvia, también con frío. Contó que comía en el colectivo para llegar a tiempo a las clases. «El Plan FINES me vino bien porque entrar a los 50 años a la secundaria común me daba resquemor. Pero acá había chicos de todas las edades, mucho compañerismo. Creo que me ayudó un montón, estoy más desenvuelta». Con respecto al cese del FINES planteó que le dio lástima porque se le cerrarían las puertas a personas como ella, que tienen problemas con los horarios laborales para asistir a otras instituciones.

Para Onoratto, el Plan FINES permite una cercanía con los estudiantes, que la frialdad de las escuelas regulares lo dificulta. “Uno se entera de los problemas que tienen los alumnos, de lo que les cuesta venir a estudiar, e intenta incentivarlos. Pero para la gran mayoría de la población de la Ciudad de Buenos Aires el Plan FINES es una mala palabra, está mal visto. Sólo lo ven bien quienes conocen el proyecto, los profesores que trabajan ahí y quienes han podido estudiar gracias a él. Esto se lo debemos a pseudo periodistas que han basado una campaña electoral defenestrando el Plan, diciendo que era un título express y que los profesores no son profesores. Pero no es así, hay que estudiar tres años para recibirse, los profesores deben concursar para dar clases, como en cualquier otra escuela”, explicó.

La gran mayoría de los profesores de Héroes de Malvinas fueron reubicados en otras sedes del Plan FINES. Pero los alumnos son los que se ven más afectados porque es más difícil reubicarlos en otras sedes que cuenten con el mismo plan de estudios, para que no tengan que empezar de cero. “Además se estaría rompiendo con un ambiente familiar en el que están tranquilos y se sienten cómodos. Hay muchas cosas que pasan por la cabeza de las personas mayores cuando retoman sus estudios, tienen miedo que los carguen, que los molesten, se sienten disminuidos. La misma sociedad nos inculca que si tenés 40 o 50 años y estas estudiando para terminar la secundaria es porque no hiciste las cosas bien. Y no es así, les pudieron pasar mil cosas en la vida, cada uno tiene sus razones. Si su tiempo de estudiar es ahora, hay que ayudarlos a que se puedan graduar”, concluyó.

imagen de 5 miembros en la puerta del centro comunitario "Irene Bellocchio" con un cartel que dice "no al cierre del plan fines".

El Plan FINES, además de brindar educación a los jóvenes del barrion permitió la unión de los barrios La Paternal y La Carbonilla.

Alejandro Pérez es profesor de Biología y Educación para la Salud, comenzó a trabajar en el FINES de la escuela Héroes de Malvinas en el segundo cuatrimestre del 2017, por inquietud personal y búsqueda de nuevas fuentes de trabajo. Tiene una doble visión de la educación para adultos debido a que es profesor en escuelas regulares diurnas y nocturnas. “Si bien el plan FINES corre en paralelo con las escuelas regulares, las segundas apuntan a otro público que no pudo terminar a tiempo la secundaria, mientras que el FINES es para personas más grandes. Empezó como un plan para ayudar a terminar el secundario a los jóvenes, pero luego se abrió la posibilidad de dictarlo no solo en escuelas, sino también en sociedades barriales, de fomento, instituciones religiosas y organismos públicos nacionales y municipales que le brindó una oportunidad de estudiar y progresar en sus carreras profesionales a los sectores populares”, explicó Pérez. “Los chicos que van a las escuelas nocturnas son cada vez más jóvenes -agregó-. Cuando yo arranqué a dar clases tenía 26 años y mis alumnos la misma edad, ahora que tengo más del doble los chicos tienen 16 y 18 años. Por otro lado, en los colegios diurnos se da el fenómeno de la sobreedad. Hoy nos encontramos con chicos de la edad de cuarto o quinto año en primero”.  

La principal diferencia que encuentra Alejandro entre la escuela regular y el FINES es que los alumnos quieren ser alumnos. “Uno llega y los encuentra con las carpetas abiertas y lapicera en mano. La actitud de querer aprender, eso lo valoro mucho, sobre todo en esta sede. La gente viene de trabajar tanto del barrio como de las afueras, con un pasado y presente complejo, problemas de salud o de adicciones, vienen, se sientan y quieren escuchar e insertarse en la sociedad, mientras que muchos de los alumnos de la escuela regular están atados a la celumanía y a la dependencia tecnológica. Con la gente grande hay vivencias en común por más que no tengamos la misma edad, hay un ida y vuelta en el aprendizaje”.

Camila Valsano es del barrio La Paternal, tiene 22 años y dejó la escuela cuando estaba en quinto año de secundaria porque empezó a trabajar. Comenzó el plan FINES en 2015 para terminar sus estudios, pero quedó embarazada y volvió a dejar. Hoy se encuentra dando las últimas materias para recibirse y proyecta una carrera en educación especial. «Me sorprendió la noticia y me dolió porque sé el esfuerzo que hicieron para abrir esto, lo viví desde adentro y puedo decir que el ambiente que se generaba era muy lindo, tanto con mis compañeros como con los profesores. El vínculo entre profesor y alumno que tuve en este lugar, no lo tuve en ninguna otra escuela. La motivación que te daban para que rindas, para que no bajes los brazos. Por eso no quiero que esto se cierre. Conozco muchos chicos que tenían la intención de inscribirse y ahora no van a poder hacerlo. Les están sacando la posibilidad de que terminen sus estudios, les están quitando ese derecho».

imagen de una mesa dentro de la sede. hay una cartel que dice "no al cierre del plan fines de la paternal".

El cierre del Plan Fines implica sacarle una herramienta más a los sectores populares y más vulnerables.

Juan Carrizo es otro de los ejemplos que enorgullece a los profesores, directivos y a sus propios compañeros. Cumplió 26 años y egresó del FINES hace un año y medio. El año pasado finalizó el CBC de Abogacía y actualmente cursa las primeras materias de la carrera. «El plan FINES llegó a mi vida en un contexto bastante particular. Había sufrido un accidente bastante difícil que me dejó en silla de ruedas y un día me dije tengo que hacer algo para estar más activo. En un local a dos cuadras de mi casa vi un cartel que anunciaba la apertura de las inscripciones y me decidí. Fueron dos años y medio de trabajo que dieron sus frutos. El Plan FINES me abrió muchas puertas, si bien las bases del secundario que tenía no eran malas, no llegaba al conocimiento que necesita una persona como ciudadano y creo que el FINES fue una herramienta de inserción social y académica. No hay nada más lindo que sentirse parte», confesó Juan, quien también lamenta el cierre del plan debido a que muchos jóvenes con sus mismas inquietudes y necesidades van a quedar varados. «Es una herramienta que se les saca una vez más a los sectores populares y más vulnerables. Espero que den marcha atrás con el cierre, que entiendan que acá hay gente que estudia y otra que trabaja, de forma precarizada y hacen todo a pulmón», agregó.

Pérez como el resto de los profesores se enteró del cierre vía correo electrónico, tres días antes de empezar las clases. Las medidas que se tomaron fueron abrir los contactos de los docentes que se quedaron sin trabajo al resto de las sedes del plan FINES, para que puedan ser reubicados, pero no se abrieron nuevas sedes. “En mi caso tuve la suerte de que quedó una vacante en otra sede, similar a la de La Carbonilla, en una sociedad de fomento del Barrio 15, llamada El Elefante Blanco. Sin embargo, quienes se vieron más perjudicados son aquellos docentes que se volcaron exclusivamente a la educación en el plan FINES, porque yo soy profesor de escuelas regulares diurnas y nocturnas. Y el alumnado no sabe a dónde ir ahora. Lamentablemente se está empujando a la gente al desestimulo de terminar el secundario. Mi temor es que los cambios que está implementando el Gobierno, como el cierre del plan FINES, llegue a un punto sin retorno”, concluyó.