Dic 23, 2020 | Culturas, Novedades
Con el pasar de los meses y la evolución del COVID-19 en las distintas partes del país, de a poco la vida comercial empezó a revivir, con los protocolos de seguridad sanitaria correspondientes. Sin embargo, el sector del entretenimiento (shows musicales, teatro, entre otros) se vio especialmente golpeado, encontrando todavía hoy obstáculos para volver plenamente al ruedo. Y eso incluye al cine.
Ya para mayo, Telám anunciaba que se habían perdido cinco millones de entradas de salas de cine y para septiembre, los datos del Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA) expresaban que 18 películas habían quedado suspendidas y los puestos de trabajo perdidos alrededor de 15.000.
“La situación actual es verdaderamente crítica. A partir de la pandemia Covid-19 toda la cadena productiva del cine se vio interrumpida. Desde los rodajes hasta la exhibición, los procesos fueron frenados indeterminadamente. Este parate fue experimentado de una u otra forma en todo el mundo, dando lugar a un verdadero momento bisagra en lo que concierne al futuro de la exhibición y de la producción. En el caso puntual de la República Argentina, la industria venía arrastrando años de ajuste así que la situación de las empresas productoras ya estaba comprometida al comenzar 2020” declaró a ANCCOM Santiago Gallelli, vicepresidente de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC).
“Sobrevivir estos 10 meses de inactividad sosteniendo los puestos de trabajo y el desarrollo de proyectos ha resultado un desafío sin precedentes. Estamos actualmente en un momento de máxima emergencia, donde un 80% de las empresas que integran la CAIC refieren estar en su peor momento histórico y más de la mitad cree que en ausencia de un paquete de medidas específicas de rápido impacto se verán obligadas a abandonar la actividad en el próximo año. Todo eso está en riesgo de desaparecer”, determinó.
El Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina estima que se perdieron 15.000 puestos de trabajo por la pandemia.
Para los cines, 2020 fue igual de complicado. Con las puertas cerradas, la incapacidad de pagar los sueldos y mantener la infraestructura de los edificios se volvían fantasmas cada vez más reales. Si bien en julio se hablaba de volver a abrir las salas con protocolo de por medio, eso jamás sucedió a causa de los picos de contagio que se dieron por esos meses. Algunas franquicias recurrieron al recurso de los autocines, que permitían cuatro personas que fueran convivientes por auto, como una manera de generar ingresos. No obstante, no trajo los resultados esperados. “Estuvimos trabajando con el autocine más o menos un mes pero no fue suficiente para subvencionar parte del gasto. Por el contrario, fue deficitario. Por lo que decidimos descontinuarlo. La experiencia fue linda porque pudimos reencontrarnos con el público y poner la cabeza en otra cosa. Soñar y crear de nuevo. Pero la realidad nos volvió a golpear y nos mostró que no nos iba a permitir un ingreso que ayude a sostener el resto de los costos que estábamos enfrentando” contó Gabriel Feldman, CEO de los complejos Multiplex.
En Las Flores, provincia de Buenos Aires, por ejemplo, si tenemos en cuenta que durante el verano el cine se mantiene cerrado ya que no es redituable económicamente. “La realidad tanto a nivel local como nacional y mundial es muy desesperante. En Las Flores, cerramos en temporada baja que son los meses de enero y febrero. Si los contás ya llevamos cerrados un año. Si bien nosotros particularmente nos la pudimos arreglar gracias a otras actividades comerciales que tenemos, es frustrante ver las salas cerradas tanto tiempo. Y ahora hay que esperar a que el gobierno mande una nueva disposición”,expresó Emiliano Dupovey, que se encarga del Cine San Martín, el único establecimiento de este tipo en la ciudad, junto a su familia.
La ayuda estatal alivió un poco el costo fijo de los salarios para las empresas cinematográficas y los complejos pero la falta de un plan de contingencia específico para el sector hizo que el apoyo gubernamental se sintiera como intentar tapar el sol con la mano. Sin embargo, la historia fue distinta para TANU Distribución. “Durante los meses de pandemia, no recibimos ayuda estatal pero porque tampoco nos postulamos a algún subsidio. Todo nuestro crecimiento se lo debemos al apoyo de nuestras familias, a nuestros otros trabajos y a quienes nos confían sus películas. Todos los días trabajamos para internacionalizar las producciones que nos llegan, nos gusta que cada película que está en nuestro catálogo encuentre su audiencia”, explicaron Rocío Rocha y Tatiana Lechner Quiroga, cabezas de la distribuidora y casa productora independiente que se especializa en películas de horror y fantasía. Y agregaron “La pandemia fue también un cambio de paradigma que nos sacudió pero lo tomamos desde el lado del cambio, todo el tiempo estamos cambiando e innovando en nuevas formas de distribuir y producir”.
La vuelta de la industria del cine es incierta aún pero las percepciones al respecto varían según el sector. “Existen protocolos aprobados que virtualmente permiten retomar los rodajes, pero lamentablemente su aplicación es muy costosa y están fuera del alcance de la enorme mayoría de las producciones locales. Asimismo, se suma la incertidumbre en cuanto a la cantidad y el alcance de los mecanismos de financiación que estarán disponibles para el cine nacional en 2021. Es crucial discutir qué cine será posible, para lo cual el sector debe ponerse a la altura de los aspectos macroeconómicos y restablecer un sistema de créditos y subsidios en parámetros sustentables. Y al mismo tiempo, derribar barreras y generar estímulos para atraer servicios de producción que dinamicen la industria y la devuelvan a sus niveles históricos de actividad”, expresa Gallelli.
Solo en los dos primeros meses de aislamiento se dejaron de vender cinco millones de entradas de cine.
Por el lado de las salas, Feldman cuenta: “Creemos que posiblemente en el mes de enero podamos estar arrancando. Nos estuvimos reuniendo con las autoridades, tanto de CABA como nacionales, para que pronto podamos ofrecer entretenimiento, que siempre fue, históricamente, la principal salida de los argentinos. Sabemos que van a empezar a aparecer, a nivel mundial, algunas películas importantes que la gente está esperando. Esa es nuestra expectativa. Con el cambio de año y los nuevos aires renovar la esperanza y la fe en que podamos salir adelante de esta situación tan compleja”.
A pesar del año innegablemente difícil, Rocha y Lechner Quiroga miran el vaso medio lleno. “No tenemos seguridades al respecto. De lo que sí estamos seguras es de que a pesar del contexto podemos resaltar que se abrieron puertas de comunicación y lazos a través de internet que en otro contexto por ahí no hubiesen existido. Lo mismo para las películas, vimos que llegaron a más puntos del país y ni hablar de otras partes del mundo”.
Oct 28, 2020 | Comunidad, Novedades
La pandemia dejó al descubierto muchos aspectos sociales, políticos, económicos y culturales que ya eran imposibles de ignorar. Uno de ellos es la famosa brecha digital. Con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), que ya para esta altura del año ha mutado en diversas etapas de apertura depende la locación, se puso sobre la mesa el hecho de que una buena cantidad de hogares carece de las condiciones de acceso a Internet apropiadas para realizar su trabajo o cumplir con las actividades académicas, ya sean de nivel primario, secundario, terciario o universitario, entre otra gran cantidad de actividades.
“La situación de pandemia ha puesto de relevancia una situación de asimetría persistente, que ya tenía lugar desde hace muchos años, donde las trazas de conectividad por fibra óptica no alcanzan, ni a todas las ciudades ni a todos los habitantes que viven al interior de las ciudades” explica Daniela Monje, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba y especialista en Políticas de Comunicación. Y agrega: “No solamente hay asimetría en términos de infraestructura, sino también en nivel de costos. En muchas ciudades de Argentina solo se cuenta con un proveedor, quedando la situación de conectividad y el precio del servicio en manos de ese proveedor. Y ni hablar que por el mismo servicio se cobran diferentes precios en distintos lugares del país”.
También puede agregarse a estas situaciones de asimetría el aspecto socioeconómico si se tiene en cuenta que en el país los sectores con menores recursos son la mayoría y con las posibilidades de conectividad fija y las condiciones de acceso móvil estructuradas según los niveles de ingresos, poder acceder a Internet es realmente un privilegio.
RedVuelta, le brinda conectividad al barrio La Vuelta del Paraguayo en la ciudad de Santa Fe.
En este contexto es que entran las redes comunitarias de acceso a Internet. ¿Qué son? Según el Registro de Direcciones de Internet de América Latina y Caribe (LACNIC), se considera como redes comunitarias de acceso a Internet a aquellas construidas y operadas por ciudadanos de comunidades desatendidas que se organizan para conectar a su comuna, ciudad o pueblo y brindar recursos propios. Es decir, grupos independientes que buscan generar una situación más justa para los afectados por las asimetrías ya mencionadas.
“Las redes comunitarias transformamos la lógica del consumo que impera en el mercado por una nueva lógica basada en la participación y la comunicación democrática”, expresa Manuela González Ursi, miembro de Proyecto Comunidad, la organización social detrás de Atalaya Sur, una red comunitaria de Buenos Aires. Atalaya Sur tiene como propósito la apropiación popular de la tecnología, planteando tres líneas de acción articuladas: el armado de redes comunitarias para garantizar el acceso a internet, la generación de espacios de formación y capacitación en TIC y la creación de contenidos locales. Su experiencia más fuerte es en la Villa 20 de la Ciudad de Buenos Aires, donde la red comunitaria tiene hoy activos 14 puntos de acceso WIFI público y gratuito y una red domiciliaria que conecta a más 60 hogares.
Con la brecha digital totalmente expuesta a causa de la pandemia, el equipo de Atalaya Sur no se detuvo. “La pandemia y el aislamiento social preventivo y obligatorio impactaron de lleno en la villa y dejaron en evidencia la falta de políticas públicas por parte del Gobierno de la Ciudad, las deficiencias en infraestructura, la falta de agua en varias manzanas y, por supuesto, la falta de conectividad, recurso que se volvió imprescindible en este contexto. Es por ello que el trabajo de Atalaya Sur se mantuvo y el equipo técnico siguió realizando conexiones, incorporando protocolos acordes al cuidado y la prevención de los vecinos y vecinas” afirma González Ursi.
El Proyecto Atacama, en la Villa 20, es pionero de una organización social que brinda Internet comunitaria.
Otro caso de red comunitaria es el de RedVuelta, que le brinda conectividad al barrio La Vuelta del Paraguayo en la ciudad de Santa Fe, compuesto por familias de pescadores. “Las razones que inspiraban el despliegue de una red de internet comunitaria estaban relacionadas con la necesidad manifiesta de lograr herramientas de comunicación para abordar situaciones de violencia de género, entre otras problemáticas detectadas y manifestadas por vecinos y vecinas de la comunidad del barrio. En ese sentido, se desarrollaron una serie de actividades de reflexión, visibilización y formación en torno a la comunicación y las redes comunitarias de internet”, detalla Bernardo Gaitán Otarán, integrante de RedVuelta.
Grupos como RedVuelta son más que necesarios en barrios como Vuelta del Paraguayo. “En general, los proveedores de internet dejan grandes zonas de vacancia -por desinterés comercial- tanto en lugares alejados como en los grandes conglomerados urbanos, así, el derecho a la comunicación queda dispensado a los caprichos del capitalismo. Según un informe del INDEC con datos del cuarto trimestre de 2019, en lo que denomina como Gran Santa Fe (aglomerado de 500 mil y más habitantes), el 86,8% de la población cuenta con acceso a Internet. La Vuelta del Paraguayo, que está en una zona de islas y limita con el Riacho Santa Fe, se encuentra en ese 13,2% careciente de acceso a una red fija que posibilite vincularse con servicios de información, comunicación, producción y transferencia de contenidos, que incluyen claro, la internet”, aclara Gaitán.
Un proyecto particular es el de AlterMundi, oriundo de Córdoba. AlterMundi no es una red comunitaria, sino una ONG cuyo objetivo principal es elaborar un conjunto de herramientas de software libre, documentación y hardware abierto que faciliten el despliegue de redes libres comunitarias de bajo costo y alto rendimiento. Por ejemplo, QuintanaLibre, red que conecta a más 70 familias en José de la Quintana, uno de los pueblos de la provincia cordobesa.
“Sentimos que era necesario pensar de manera organizada alternativas de telecomunicaciones comunitarias, asequibles y accesibles para personas sin conocimientos técnicos previos. Crear un proyecto sólido de apoyo, promoción, acompañamiento y defensa de redes comunitarias, hecho para y entre ellas mismas”, cuenta Jésica Giudice, co-fundadora de AlterMundi.
Atalaya Sur, en la Villa 20, cuenta con 14 puntos de acceso WIFI público y gratuito.
Si bien estas organizaciones son de gran ayuda para que las personas en desventaja en cuanto a conectividad no queden desconectadas del mundo, la intervención por parte del Estado es necesaria. Para Giudice, la respuesta es simple. “Son las mismas comunidades las que tienen el impulso para desarrollar redes comunitarias. Y además pueden adaptar, más que nadie, la respuesta tecnológica y de logística a las necesidades y recursos locales. Claramente, lo único que necesitan muchas de las comunidades rurales, eternamente relegadas de la vida digital, es dinero”.
Por su parte, Monje cree que la solución es un poco más compleja. “Sin dudas la opción para solucionar todo esto es una política pública de comunicaciones y telecomunicaciones que sea capaz de reunir todos los datos que ya hay en torno a la situación de infraestructura, conectividad, dispersión en el territorio, nivel socioeconómico, etc. A partir de esa información, generar mapas integrales que permitan una visión completa del territorio de los ciudadanos argentinos, en toda su asimetría y diversidad. Y en base a esos mapas, tomar decisiones diferenciadas y específicas según los sectores, según las urgencias y según las necesidades”, determinó.
La organización no gubernamental AlterMundi coloca equipos en la provincia de Córdoba,
Ago 18, 2020 | DDHH, Novedades
El jueves 19 de marzo a la noche, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció que se pondría en marcha a partir del día siguiente el aislamiento social, preventivo y obligatorio, con el fin de evitar un colapso del sistema de salud a causa de la pandemia que el Covid-19 había provocado. A partir de entonces, los ciudadanos de todo el país solo podrían salir de sus casas para comprar alimentos, medicinas o alguna urgencia sanitaria. Las fuerzas policiales quedaban a cargo de asegurar que la cuarentena se cumpliera.
Lo que siguió a esa decisión fueron cuatro meses de abuso de autoridad por parte de las fuerzas de seguridad de diferentes distritos, dejando como resultado un estimado de 92 casos de muertes a casua de la violencia estatal, según el último conteo realizado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).
“Sabemos, por la experiencia acumulada en casi tres décadas de militancia antirrepresiva, que estos datos son parciales y probablemente sean apenas una pequeña muestra de las cifras reales, que tardaremos mucho en conocer. Aún así, impacta el número, que no es simple estadística, sino que refleja en qué medida la decisión de ampliar las facultades de las fuerzas de seguridad en esta etapa de excepción resulta en más muertes de hijos e hijas del pueblo a manos del aparato estatal”, reza uno de los últimos informes de esa organización.
Tres policías están detenidos por el asesinato del adolescente Valentino Blas Correas, en Córdoba.
Uno de los primeros casos en ganar notoriedad fue el de Florencia Magalí Morales, la mujer de 39 años que apareció colgada el 5 de abril en una de las celdas de la comisaría de la localidad de Santa Rosa del Conlara, en la provincia de San Luis. Morales se encontraba detenida por haber violado la cuarentena. La hipótesis inmediata que se manejó fue que había sido un suicidio pero esa conclusión no convenció a la familia de Morales ni a varias agrupaciones feministas. Tres meses después, la causa aún no ha podido avanzar.
Si bien el abuso de poder por parte de la policía en nuestro país tiene una larga tradición, el contexto del aislamiento social parece ser un elemento que potenció el problema. “Las fuerzas de seguridad salieron a hacer cumplir el aislamiento, en muchos casos lo hicieron correctamente, en otros abusaron de sus facultades. Algunos integrantes de las fuerzas de seguridad se consideraron empoderados para actuar violentamente. Y las víctimas, en general, fueron los sectores más vulnerables de la sociedad”, declara Guillermo Torremare, co-presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
Otro caso que tuvo un impacto mediático aun mayor fue el de Luis Espinoza, un tucumano de 31 años que vivía en Rodeo Grande y que el viernes 15 de mayo salió de su casa y no se lo volvió a ver, hasta que su cuerpo fue encontrado una semana después en un barranco en la provincia de Catamarca, envuelto en una bolsa y con un tiro en el omóplato izquierdo. El disparo, según se determinó, provenía de un arma reglamentaria de la policía provincial. Diez fueron los uniformados encarcelados con prisión preventiva, de distintos rango: el subcomisario de la zona, dos sargentos, tres cabos, dos agentes, un auxiliar y el vigía de la comuna. El 6 de agosto, en tanto, policías cordobeses mataron al adolescente Valentino Blas Correas, cuando este se dirigía a un bar junto a un grupo de amigos. Tres efectivos están detenidos por el asesinato.
“En la provincia de Buenos Aires se registraron 40 casos, en Santa Fe 10, en San Luis 6, en Córdoba 5, en Tucumán 4, en Mendoza 3, además de algunas provincias con un promedio de un caso cada una. Las fuerzas federales estuvieron involucradas en ocho casos, las fuerzas provinciales en 68, la ciudad de Buenos Aires en 7”, comenta Ismael Jalil, integrante de la CORREPI, y agrega: “Este aumento de casos durante la cuarentena tiene que ver innegablemente con que, de algún modo, lo que se ha hecho es resolver una situación de crisis con un mayor poder para la policía, un mayor poder represivo por parte del Estado, y esto se ve graficado en los números”.
Cristina Castro, la madre de Facundo, espera los resultados de la autopsia del cuerpo hallado en la localidad de Villarino.
En estos días emergió el caso de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años de Pedro Luro que salió de su casa el 30 de abril a hacer dedo en la Ruta 3, rompiendo la cuarentena y que, hasta el momento, más de 100 días después, continúa desaparecido. En el medio, testimonios que declaran haberlo visto siendo detenido por la policía bonaerense en la localidad de Mayor Buratovich, irregularidades y contradicciones de esa fuerza, la aparición de un objeto que podría ser de Facundo en una comisaria y denuncias de aprietes hacia familiares y la ex novia del joven. El sábado pasado por la noche se encontró un cuerpo en la localidad de Villarino y se aguardan los resultados de la autopsia para saber si efectivamente es el de Astudillo Castro y cómo se produjo su muerte.
“Las actividades de las fuerzas de seguridad, en gran medida, están fundadas en un ideario de control social autoritario y suponen la práctica de muchas acciones que implican violencia institucional. Una gran cantidad de policías tortura. Y la mayoría de los y las policías que no lo hacen, no censuran ni denuncian su realización. En Argentina rige un modelo policial militarizado, punitivista, arbitrariamente discriminador, que exalta la mano dura y los procedimientos violentos, que naturaliza los abusos de poder y encubre los delitos propios. Urge reorientar ese modelo policial”, advierte Torremare.
Jun 11, 2020 | Culturas, Novedades
Esteban Agatiello, presidente de la Federación Argentina de Músicos Independientes.
La Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) emitió un comunicado en el mes pasado en cual expresaba que se comenzaría a cobrar un arancel del 12% de lo recaudado en transmisiones de streaming (que no fueran contenidos disponibles para descarga), más cargos adicionales, de entre 250 y 400 pesos, si empresas o instituciones patrocinantes estuvieran involucradas y se utilizara otros medios de emisión además de internet. La noticia tomó por sorpresa al mundo musical argentino y las quejas no tardaron en surgir, ya que el anuncio era poco claro y las cifras mencionadas resultaban preocupantes, tanto para artistas independientes como para quienes recién comienzan en la industria.
“Son muy pocos lxs artistxs que tienen mucha ganancia -expresó la baterista Andrea Álvarez en su cuenta de Twitter-. Hay que tener canciones en alta rotación para recaudar bastante dinero y la mayoría no la tenemos”. Si bien días después el organismo emitió un nuevo comunicado aclarando que solo se le aplicaría el arancel a las empresas que organicen conciertos que cobren una entrada o reciban sponsoreo y que “no se trata de impedir, obstaculizar ni perjudicar la actividad musical de la que somos parte, sino de dar una solución armoniosa de los diversos intereses en juego”, el debate quedó instalado.
El constante avance tecnológico y las posibilidades que crea para los artistas, tanto los establecidos como los emergentes, además de la particular situación que la sociedad está experimentado a causa de la pandemia y la cuarentena hacen que el alcance legal de SADAIC pueda quedar desactualizado o que se formen zonas grises. El músico salteño Guillermo Alavila, cuyo proyecto solista lleva el nombre de Le Cúspide, le comenta a ANCCOM: “Esta situación deja en total evidencia que había una parte de la música, de los derechos de autor, que estaba muy desatendida y esta podría ser una oportunidad para que mejoren la manera en que los manejan y que nos beneficien a todes”. Sobre la sorpresiva decisión del organismo, Alavila opinó: “Es algo que no puede decidirse tan de golpe porque es ridículo. Creo que hay que sentarse a hablar entre SADAIC, managers, productores (grandes, medianos y chiquitos) y artistas, tanto independientes como comerciales”.
Guillermo Alavila, músico salteño.
Los gremios no reniegan en la existencia de SADAIC y defienden su labor como organismo que defiende los derechos de los autores, ya que constituyen el salario del compositor. Sin embargo, coinciden en que el anuncio estuvo mal comunicado, generando pánico a un momento ya de por sí estresante. Además, deja muchos aspectos sin aclarar. Los músicos insisten en que se abran instancias de discusión para llegar a un acuerdo, especialmente en el porcentaje, a quiénes se les aplicará y de qué manera. Lo que se intenta evitar, principalmente, es que esta decisión del organismo termine siendo contraproducente y perjudique a aquellos que, en un principio, se busca proteger.
“En este momento estamos en negociación con SADAIC, expresándole que los montos que ellos están pidiendo para el pago de los derechos de autor a las marcas son no aplicables a lo que pasa en el mundo físico. Nosotros respetamos el derecho, representamos autores, pero no nos quieras cobrar por sobre el sponsoreo porque lo que estás haciendo es desincentivar la inversión de empresas en nuestro sector y esa es una de las pocas posibilidades de ingresos” detalló a ANCCOM Ana Poluyan, vicepresidenta de la Asociación Civil de Managers Musicales Argentinos (ACMMA).
Reclamo de los independientes
Por su parte, la Unión de Músicos Independientes (UMI) también expresó sus reclamos hacia el organismo pero sin éxito. Juan Ignacio Vázquez, presidente de UMI, expresa: “Le solicitamos por medio de un comunicado a las entidades de gestión colectiva que hagan un adelanto de 5.000 pesos en el pago de derechos pero no tuvimos ningún tipo de respuesta por parte de SADAIC, ni de AADI (Asociación Argentina de Interpretes), ni de CAPIF (Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas). Creemos que sería importante que se dé una respuesta dado que a muchísimas personas esto les ayudaría en el día a día”.
Juan Ignacio Vazquez, presidente de la Unión de Músicos Independientes (UMI)
En esta época tan particular que estamos atravesando como sociedad, los músicos independientes son uno de los sectores más afectados. “Nuestra fuente de ingreso mas fuerte son los shows en vivo, pero sabiendo que vamos a ser la última actividad que vuelva, por el conglomerado de gente, no vemos un buen futuro cercano”, señala Esteban Agatiello, presidente de la Federación Argentina de Músicos Independientes (FA-MI), y agrega:: “La subsistencia esta complicada. Muchos músicos se han anotado en la IFE (Ingreso Familiar de Emergencia). También hay muchos músicos que se anotaron en las ayudas sociales que da el Instituto Nacional de la Música. Celebramos la existencia de SADAIC pero necesitamos que se manejen con responsabilidad frente la situación que estamos enfrentando”.
