¿Competir por el conocimiento o construirlo en conjunto?

¿Competir por el conocimiento o construirlo en conjunto?

Las Olimpiadas Escolares que promueve el Gobierno porteño llegaron a la Ciudad como “otra oportunidad para aprender” a costa de cambios curriculares y problemas pedagógicos. El programa que obliga a todos los alumnos de 4° a 7° grado a participar de las olimpiadas de Lengua y Matemática fue presentado hace más de dos meses por el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta junto al Ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro y la ministra local de la misma cartera, Soledad Acuña.

El programa pretende que los alumnos aprendan a “trabajar en equipo, a superar nuevos desafíos y a pensar de forma creativa en dos áreas que les van a servir toda la vida”, como lo presentó el Jefe de Gobierno. Desde la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa sólo reconocieron a ANCCOM que “están en plena fase de preparación”, aunque hayan pasado dos meses de su lanzamiento y que no se esté aplicando en algunas escuelas por problemas pedagógicos.

La comunidad educativa no fue consultada para el desarrollo del programa que trajo cambios en las formas de trabajo en las aulas. “Nunca nos convocaron para decirnos cómo aplicar esta modalidad”, dice Wenceslao Costa Díaz, maestro de la Escuela N° 17 Distrito Escolar 9. “Nosotros hacemos una planificación anual en los primeros 15 días y vemos cómo es ese grupo y qué puntos de interés tienen, como para empezar a diagramar el año escolar”, explicó a ANCCOM, y agregó: “Las Olimpiadas llegan empezando el segundo bimestre. Nos quieren imponer dos horas semanales para trabajar  en el material que nos bajan, que no tiene teoría ni argumentos, sólo proporcionan un Power Point”, describe Costa Díaz.

Federico Milman es maestro de la Escuela N° 13 Distrito Escolar 7, forma parte de la Asociación de Enseñanza Media y Superior (Ademys) y explicó: “El proyecto bajó con un documento muy vacío de contenido y de fundamentación. Una cosa muy desprolija, diciendo que hay que hacerlo porque es una idea buenísima y que los alumnos tienen que competir. Los supervisores les informaron a los directores y ninguno tenía mucha información de cómo se iba hacer”. Ademys señala en un comunicado que estas olimpiadas son “para introducir la competencia como valor relacionado al conocimiento” y “para armar rankings de escuelas y alumnos” e ir “instalando los premios a docentes y alumnos que obtengan mejores rendimientos”. El gremio subraya que esta propuesta se lanza en el contexto en que desde el Gobierno se impulsan evaluaciones estandarizadas para establecer un ranking de escuelas y salarios docentes atados a los rendimientos en esas evaluaciones.

Costa Díaz forma parte del colectivo MatePública, organización de docentes que nació en 2011 como iniciativa ante la ausencia del gobierno porteño en espacios de capacitación en educación y para fomentar la matemática a los niños de forma pedagógica. Desde MatePública también publicaron un comunicado en contra de las Olimpiadas Escolares CABA donde denuncian: “Desconocemos qué profesionales de la educación las idearon, bajo qué propuesta didáctica y en el marco de qué diseño curricular se presentan. No se consultó a los docentes sobre las necesidades que observan en sus aulas en relación a esta área, por lo que una vez más se ignora a los profesionales que estamos a cargo”.

“Nosotros sabemos de escuelas que están en situaciones peores y por ahí esas son las que necesitan los programas mas que la nuestra. En realidad, este gobierno funciona al revés, si vos ves que una escuela no rinde, a esa escuela es a la que le tenés que acercar programas y propuestas, para ver cómo la sacás adelante, en lugar de premiar unas sobre otras, porque deja de ser equitativo”, planteó el maestro de MatePública reconociendo las diversas realidades que tienen los alumnos en las escuelas de la Ciudad.

Además, las Olimpiadas Escolares exigen que dos horas semanales sean destinadas a practicar para participar de las competencias. Al mismo tiempo, implica la reformulación de la planificación para el trabajo en las aulas. “Nosotros tenemos que llevar eso adelante en el aula sin discutir y sin pensar, como si nuestro rol no valiera nada, como meros aplicadores de la educación. Nuestra profesión no es así, no es esto ser docente”, reafirmó Wenceslao. En el mismo sentido, Milman sostuvo: “Los docentes cada vez podemos pensar menos lo que vamos a hacer en nuestro trabajo, porque cada vez hay más bajada de línea”.

“Queremos enseñar a nuestros alumnos que el conocimiento es algo que enriquece en sí mismo y no es algo por lo que yo tenga que competir con otra persona”, reflexionó Milman. “Lo que buscan estos proyectos es instalar la lógica de la competencia, una lógica que este gobierno quiere imponer en todos los ámbitos: laboral, educativo y es algo que los docentes decidimos enfrentar”, concluyó.

“Tienen que reflexionar porque están poniendo en peligro nuestra paz social”

“Tienen que reflexionar porque están poniendo en peligro nuestra paz social”

El «Gringo» Castro (CTEP) toma la palabra en la Marcha Federal por Pan Techo y Trabajo.

A 36 años de la primera Marcha Federal por Paz, Pan y Trabajo cientos de miles de personas confluyeron ayer en Plaza de Mayo desde distintas columnas que partieron el lunes desde La Quiaca, Posadas, Bariloche, La Rioja y Ushuaia, entre otros puntos, para participar del acto central con aquella misma consigina, convocada por el “Triunvirato de San Cayetano” liderado por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista Combativa (CCC) y Barrios de Pie. Las organizaciones  impulsan cinco leyes -de Infraestructura Social, Integración Urbana, Emergencia Alimentaria, Agricultura Familiar y de Adicciones- para mejorar la situación de los sectores sociales más vulnerables, pero la llegada del Fondo Monetario Internacional (FMI) al país, y el veto del presidente Mauricio Macri a la ley contra los tarifazos amplió las demandas de la manifestaciòn. Así, la convocatoria contó también con la adhesión y presencia de gran parte del arco sindical y político, y entre los oradores se destacaron Daniel Menéndez (Barrios de Pie), Juan Carlos Alderete (CCC), Esteban “Gringo” Castro (CTEP), Sergio Palazzo (La Bancaria), Hugo “Cachorro” Godoy (ATE Nacional), Roberto Baradel (SUTEBA), Dina Sánchez (Frente Popular Darío Santillán), Marianela Navarro (Frente Organizaciones en Lucha), Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz), y con el acompañamiento de Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores), Pablo Micheli (CTA Autónoma).

Nora Cortiñas junto a Adolfo Pérez Esquivel.

Ante las demandas de las economías populares y frente a un clima político-económico hostil Daniel Menéndez de la CTEP advirtió al inicio del acto: “Nosotros nos movilizamos por pan y trabajo, pero tienen que reflexionar porque están poniendo en peligro nuestra paz social”. Y señaló que el pueblo “la está pasando mal” y que “existe temor por el Fondo Monetario Internacional” y las políticas que éste propone. En diálogo con ANCCOM resaltó: “Hay una presión social muy grande que va a hacer que los dirigentes se junten. Nosotros dimos un primer paso y ojalá se pueda leer correctamente y pueda haber un paro en los próximos días”. En este sentido y en vísperas de lo que puede ser el llamado a un paro general nacional, Hugo Yasky dijo a ANCCOM: “El lunes 4 de junio es el plenario de las dos CTA, el mismo lunes la auto convocatoria a las regionales, y en esos días la reunión con la CGT para unificar y sintetizar las aspiraciones de todos los sectores para concretar un gran paro general”. Luego agregó en relación a las conversaciones que vienen manteniendo con la CGT: “Avanzamos el diálogo poniendo una fecha tentativa: el viernes 8. Estamos convencidos de que tiene que haber un paro antes de la primera quincena de junio, es en rechazo al veto a la ley que mitigaba el tarifazo, en rechazo al ajuste”.

El titular de ATE nacional, Hugo Godoy también habló a la multitud y se comprometió “para que en el mes de junio realicemos un gran paro nacional con movilización en todo el país”. Además, le dijo: “Esta fuerza de unidad que demostramos recorriendo todo el país es lo que nos permite llegar a Plaza de Mayo y convocar un paro para el mes de junio. El paro es la mejor continuidad de este plan de lucha”, agregó sosteniendo que el pueblo “tiene la dignidad y la organización suficiente como para construir otra perspectiva de gobierno”. Roberto Baradel a su turno planteó: “Tenemos que construir la unidad necesaria para que una central de trabajadores nos represente a toda la clase trabajadora de este país. La clase trabajadora es una clase sola”.

Marianela Navarro (Frente Organizaciones en Lucha).

El Secretario General de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, felicitó al Triunvirato de San Cayetano “que puso a miles de compañeros a reclamar contra el ajuste, contra el FMI, para reclamar la derogación de la Reforma Previsional y para que cada argentino tenga un plato de comida en su hogar”. Luego de reclamar que “la CGT acompañe a un paro nacional”, Palazzo propuso que hay que estar “más unidos que nunca en la acción para dar vuelta esta triste historia de un gobierno que hoy condena a la marginalidad a millones de argentinos”. El Coordinador Nacional de Desocupados de la CCC, Juan Carlos Alderete, señaló que quedaron al desnudo los dichos del gobierno sobre la pobreza cero porque “hay mayor pobreza”, como también el trabajo de calidad porque “están destruyendo cada vez más la industria nacional, cada vez más hay despidos”. El representante de la CCC sentenció: “Quedó al desnudo que los capitales de afuera vienen para la timba financiera y no para la producción”. Asimismo, reconoció que “hemos pedido que apoyen este grupo de leyes que, si bien no es la solución, es un paliativo muy importante en este momento de crisis económica que estamos padeciendo”.

El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel también habló a los miles reunidos en Plaza de Mayo: “Tenemos que estar unidos más que nunca para derrotar al neoliberalismo que trae más hambre, al FMI, y a las fuerzas armadas en la calle. ¿Cuál es la hipótesis de conflicto? La seguridad no pasa por ahí, la seguridad del pueblo pasa por salud, educación, trabajo y techo; pasa por la enseñanza pública, no por cerrar centros educativos”. La palabra de Pérez Esquivel resonó tras los desafortunados dichos de la gobernadora Vidal, a los que se sumó Nora Cortiñas: “No queremos represión, queremos: educación, salud y vivienda. Pobre la señora Vidal que quiere que seamos todos analfabetos”.

Omar Plaini, Pablo Moyano, Sergio Palazzo y Hugo Yaski.

El titular de los docentes de Buenos Aires, Baradel, también apuntó contra Macri y Vidal: “Dejen de atacar a la escuela pública, porque es de nuestros padres, de nosotros y de nuestros hijos”. Sobre el tema, también se expresó Menéndez de Barrios de Pie: “En qué cabeza cabe que quien gobierna la provincia de Buenos Aires tenga ese desprecio por la educación. Que recapacite, porque los movimientos populares hacemos un gran esfuerzo para que nuestros pibes continúen los estudios, le pedimos que reflexione. La universidad y la educación es lo que más necesitamos hoy”. Marianela Navarro del Frente Organizaciones en Lucha apuntó: “Nosotros luchamos para que los hijos de los pobres lleguen a la universidad, sean doctores, sean abogados, sean arquitectos; porque seguramente van a volver a las barriadas populares a devolver todo ese apoyo y ese conocimiento al servicio de la lucha social”. Sobre el cierre del acto el “Gringo” Godoy de CTEP, también se refirió a la cuestión. “Necesitamos más maestros y maestras, no es cierto que sobran. No es cierto que todo el mundo puede ir a la universidad, tiene que haber más universidades, que no nos confundan”, enfatizó quien lideró las marchas y actos que se hicieron en La Quiaca, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Rosario, y aseguró que “fueron cada vez más numerosas”. Luego reconoció en diálogo con ANCCOM que: “El recorrido muestra que hay un amor al pueblo y un convencimiento militante que va a hacer imposible que este proceso que encabeza Mauricio Macri se pueda cumplir. No van a poder llevar adelante ningún acuerdo con el FMI, vamos a estar en la calle, y si es necesario, vamos a vivir a la intemperie”. El líder de ATE, Godoy, ya lo había señalado: “La marcha creció porque no sólo nació para resistir, sino para alentar la esperanza. Además de reclamar porque no queremos que nos entreguen el país y nos saqueen, tenemos propuestas para demostrar que es posible una política pública diferente”.

Diez policías por cada trabajador

Diez policías por cada trabajador

A una semana de la violenta represión a los trabajadores de Cresta Roja, los operarios que acampan y mantienen la protesta sobre la ruta 205, a apenas 200 metros de la Planta 1 de la firma en Ezeiza, aguardan una respuesta que nunca llega. La comisión de delegados, los representantes de la empresa Wade S.A. -de Joaquín de Grazia, presidente de la avícola Granja Tres Arroyos- y el intendente de Ezeiza, Alejandro Granados y su Jefe de Gabinete, Gastón Granados, se reunieron el lunes en el municipio para poner fin al conflicto con la planta avícola. Mientras se llevaba a cabo la reunión de las partes, se desplegó un gran operativo al mando de Gendarmería, Policía de Prevención Motorizada, Infantería, Policía Montada, Policía de Ezeiza, además de perros y camiones hidrantes. La absurda relación de fuerzas otra vez saltaba a la vista, como ya había ocurrido la semana anterior: cerca de 3.000 efectivos y aproximadamente 300 manifestantes.

Camiones de gendarmería estacionados.

Mientras se reunían las partes se desplegó un gran operativo policial .

El plan de reestructuración que les presentó Wade a los trabajadores en el Ministerio de Trabajo “no cambió ni en una coma”, explicó a ANCCOM Daniel Vega, delegado de Cresta Roja y evidenció que la propuesta de reincorporación de los más de 1.000 trabajadores en etapas, no es nada más que un plan de ajuste: “Son 225 personas por etapa, en tres etapas. No hay un puesto más de laburo, a las 225 personas tenés que descontarle: administrativos, supervisores, encargados; o sea que entrarían 170 o 180 operarios”. Además, confirmó el funcionamiento de la empresa bajo un manto de flexibilización laboral: “Wade está trabajando en negro, sin otorgar relación de dependencia, porque no le hizo contrato a nadie, no están asegurados, no les dio ropa, no les dio botas. Están trabajando diez u once horas, en un turno solo, 180 personas. Cuando es una planta que trabajó hasta hace cinco meses con 420 personas; y estamos hablando de Planta 1, los de Planta 2 estamos todos afuera. 911 personas, afuera”.

Gendarmes con escudos.

La absurda relación de fuerzas fue evidente, cerca de 3.000 efectivos y 300 manifestantes.

Los manifestantes mostraron las dificultades al no contar con un trabajo estable, viéndose obligados “a hacer changas” prescindiendo de una fuente laboral que mucho necesitan. “Al operario que se queda afuera, esperando, le van a dar 10 mil pesos por mes, hasta julio de 2019. Si para esa fecha no entraste en ninguna de las etapas quedás afuera, pero no cobrás más esa plata, y para cobrar la indemnización le tenés que hacer un juicio a Proteinsa S.A., la última empresa que se hizo cargo de Cresta Roja. Proteinsa está fundida, ¿A quién le vas a hacer juicio? ¿A quién le vas a sacar la plata de tu indemnización? A nadie”, respondió Vega, a sus preguntas y a la de sus 1300 compañeros.

El plan de reestructuración lo propuso Wade en marzo y el gremio de Alimentación (STIA) le dijo que no. El plan operativo incluye en las negociaciones a cuatro gremios, si alguno de ellos no está de acuerdo, no se puede implementar. “Nosotros (STIA) no firmamos, firmaron UOMA, UATRE y Camioneros”, repasó Vega y desnudó la poca representación de los gremios a favor del plan operativo: “Esos tres gremios en conjunto no llegan a la cantidad de afiliados que tenemos nosotros con un solo gremio. Camioneros tiene 22 operarios y nosotros, sólo en la Comisión de Delegados, somos 11. Ellos firmaron y eso nos arrastró a esto”.

Camioneta de la policía estacionada.

Hace una semana hubo una violenta represión sobre los trabajadores de Cresta Roja.

La protesta por las fuentes de trabajo no termina y los trabajadores siguen reclamando: “Lo que tiene que hacer Wade (Granja Tres Arroyos) es dar un paso al costado, como nos lo dijo en la reunión que mantuvimos en el Ministerio de Trabajo”. Allí los representantes de la nueva sociedad anónima -los mismos propietarios de Granja Tres Arroyos- habían manifestado que si el negocio no cerraba, se desvincularía. Pero los delegados de la planta vitivinícola denunciaron: “Estamos viendo que es mentira porque acá siguen con Gendarmería, hicieron una barricada e hicieron entrar a la gente a laburar”.

Dos gendarmes.

La protesta por las fuentes de trabajo no termina y los trabajadores de Cresta Roja siguen luchando.

La complicidad con las fuerzas de seguridad también es clara. No solo para que la protesta cese, sino para prevenir cualquier nuevo intento de corte de ruta, como los de las anteriores semanas. “Yo le hablaría al presidente Mauricio Macri también. Tratar a un trabajador así le saca toda la dignidad, y hasta al gobierno le saca la dignidad. Él tiene menos dignidad que yo, porque yo peleo por mi trabajo, no transo con nadie y no voy a dejar a ningún compañero tirado”, señaló Daniel Vega, y luego sentenció: “Él dejó tirado al pueblo que lo votó y al que él mintió. Acá hay mucha gente que lo votó y es parte del pueblo también”.

Cuatro gendarmes parados, dos de ellos con escudos.

Las fuerzas de seguridad buscan que cese la protesta.

Denuncian al Gobierno ante la ONU por la represión estatal a la niñez

Denuncian al Gobierno ante la ONU por la represión estatal a la niñez

Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel.

Una pena de muerte sin juicio previo ejecutada por el propio querellante. Este es el accionar que avanza de la mano de las fuerzas policiales de seguridad de la Nación, según las organizaciones ocupadas y preocupadas por los Derechos Humanos de la Niñez que denunciaron ante el Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU al Gobierno nacional por llevar a cabo un “brutal despliegue de represión estatal”. Así lo sostuvo Marcela Val, referente de la organización Che Pibe de Villa Fiorito, en una conferencia de prensa en el Anexo del Congreso de la Nación, el viernes último, que contó con la presencia del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Victoria Donda, diputada nacional y nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo.

Las organizaciones denuncian frente al Comité de las Naciones Unidas “el uso irracional de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, violando regulaciones fundamentales del estado del Derecho y la seguridad democrática, tales como el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, denunció Gabriela Tosoroni, delegada general de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF). El Código de Conducta que dictaminó la ONU sostiene: El uso de armas de fuego se considera una medida extrema. Deberá hacerse todo lo posible por excluir el uso de armas de fuego, especialmente contra niños”.

Por su parte, Pérez Esquivel, en referencia a la denuncia dijo: “Esto que mandamos a Naciones Unidas es fundamental para poner en evidencia lo que está pasando con la infancia hoy, y por eso digo que si un gobierno no privilegia a los niños está dañando el presente y el futuro de nuestro pueblo”. Señaló al gobierno de Cambiemos como el hacedor de estas políticas de “exclusión” y agregó: “Esto no es un problema puntual, esto es un problema estructural y tenemos que apuntar a los cambios de estructura. Vemos un retroceso en la política de Derechos Humanos de la infancia muy preocupante frente a un gobierno que privilegia el capital financiero sobre la vida del pueblo, y lógicamente los más afectados y los más indefensos son los niños y niñas. Esto es preocupante porque una democracia significa derecho e igualdad para todos y todas, y lamentablemente no es así”.

Reunión sobre violencia institucional para denunciar al gobierno argentino ante la ONU. Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel presentes.

Durante el gobierno de Cambiemos, hubo más de un muerto por día debido al uso de las fuerzas del Estado, según datos de Gabriela Tosorini (SENNAF).

“Hay que insistir en que los Derechos Humanos son integrales, que Derechos Humanos y democracia son valores indivisibles. Si se pierden los Derechos Humanos, la democracia se debilita”, sentenció Pérez Esquivel, a lo que Victoria Donda agregó: “Tenemos que seguir peleando por una sociedad con más democracia y con más Derechos Humanos para todos, y eso también significa dejar de tener una Ministra de Seguridad que se pare ante las fuerzas de seguridad que tenemos en nuestro país y las incite a cometer delitos –en referencia a las declaraciones de Patricia Bullrich quien justificó el accionar de las Fuerzas-. Lo que hizo fue hacer apología del delito y todos estamos en riesgo, sobre todo aquellos niños y niñas que están en nuestros barrios, que están en la calle y a quienes deberíamos proteger”. Sobre este tema, Nora Cortiñas añadió: “La ministra de Seguridad convoca al delito, convoca a la violación de los Derechos Humanos en nuestro país”.

Uno de los casos que detalla la denuncia presentada por este colectivo es el de Facundo Ferreyra, el niño de 12 años asesinado el 8 de marzo en Tucumán. Mariana Paterlini, directora institucional de Abogados del Noroeste por los Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), que patrocina a la familia del niño, explicó sobre el asesinato de Facundo: “Se trató de una ejecución extrajudicial, una muerte como consecuencia del uso de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, cuando ese uso no obedece a los criterios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad. De acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño, el Estado tenía con Facundo obligaciones reforzadas de protección. Las fuerzas de seguridad, como parte del sistema de protección integral de la niñez, debieron asumir con él un rol activo en la prevención de la violación de cualquiera de sus derechos, en particular con la protección de su vida”.

Nora cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel sonríen mirando a un niño.

«Cuando la gorra crece, los derechos desaparecen», decía una de las pancartas que sostenía un grupo de jóvenes.

Pero el caso de Facundo lamentablemente no es el único, se han registrado más casos de asesinatos a menores por parte de la fuerza pública. Gabriela Tosorini (SENNAF) presentó los datos que dan cuenta de la situación de militarización de la vida ciudadana: “El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante el 2017 dispuso 27.000 efectivos para un territorio de tres millones de habitantes, un policía cada 107 personas, sin contar a gendarmes y prefectos en tareas de custodia, triplicando la recomendación de las Naciones Unidas. En su primer año en las calles, la policía de la Ciudad mató a 24 personas en casos de gatillo fácil, dos por mes. Por su parte, otro informe producido en diciembre de 2017 reveló que en 721 días de gobierno de Cambiemos hubo 725 fallecidos como consecuencia del uso de las fuerzas del Estado”, alrededor de una muerte diaria y agregó: “Estudios sociales han relevado que en 2017 al menos 69 personas fueron muertas por policías fuera de servicio, es decir, de franco o retirados, un 66 por ciento del total de los casos en los que existe el dato de la condición del funcionario. La tendencia de los últimos cinco años es que los efectivos policiales matan más personas estando fuera de servicio que en servicio activo”.

En el cierre de la presentación Nora Cortiñas dijo: “El abuso hacia los menores está en donde el Estado mira para otro lado, donde no se presta atención, donde no se escucha a los niños”. Bajo un anhelo efusivo hacia los presentes, pidió: “Debemos exigir que los niños sean escuchados. Porque los niños no son el futuro, son el hoy”.

“Hay cosas que no son negociables”

“Hay cosas que no son negociables”

A un año del fallo que hizo llenar la Plaza de Mayo de pañuelos blancos, Abuelas de Plaza de Mayo organizó el “Encuentro sobre el Proceso de Memoria, Verdad y Justicia”, el jueves último en la ExEsma. El panel reflexionó sobre el beneficio del 2×1 que la Corte Suprema dio al represor Luis Muiña, condenado por crímenes de lesa humanidad, y que fue repudiado por diversos sectores políticos, el 10 de mayo de 2017. Asimismo, los disertantes advirtieron sobre el intento de un sector por reavivar la Teoría de los Dos Demonios.  Entre los participantes, hubo una notable diversidad política. La mesa de expositores estuvo integrada por Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación; los diputados Daniel Lipovetzky por Cambiemos, Agustín Rossi –presidente del bloque del Frente para la Victoria – y Luis Contigiani por el Frente Progresista Cívico y Social; la diputada Victoria Donda por Frente Amplio Progresista; la abogada y ex jueza Lucila Larrandart y el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón.

Auditorio de la Casa por la Identidad en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ExESMA).

“Este encuentro para nosotros es muy bueno, porque a esto queremos llegar. A que todos, estemos en el lugar que estemos, entendamos que hay cosas que no son negociables, que no se deben cambiar y que nosotros, con más de 40 años de lucha, vamos a hacer todo lo posible para que esto (el 2×1) no pase”, dijo Estela de Carlotto. Sobre el comienzo, en el Auditorio de la Casa por la Identidad en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ExESMA), el nieto restituido Manuel Gonçalves dio la bienvenida y sostuvo que la iniciativa “busca reflejar lo que pasó hace un año”, además de aportar “una mirada sobre las discusiones que se deben seguir dando en una joven democracia,  para salir a dar respuestas y volver a recordar que hay cosas que no deben suceder o estar en discusión”. Habló de la necesidad de reforzar el ejercicio de las Abuelas: hacer memoria.

Manuel Gonçalves Granada, Estela de Carlotto, Agustín Rossi y Daniel Lipovetzky.

Agustín Rossi, por su parte, planteó: “Las tensiones y las tendencias para dar marcha atrás siempre van a existir y es imposible que no existan en una sociedad. Uno puede aminorarlas, aislarlas, que no se masifiquen, que no se amplíen; pero con la ayuda del Estado y con el Estado parado en un lugar es absolutamente distinto que con el Estado parado en otro”. En diálogo con ANCCOM agregó: “En estos casos la unanimidad y el consenso son importantes, fundamentalmente la movilización popular que terminó con el 2×1 es valiosísima, pero también es valiosa la respuesta del Estado”, y subrayó: “Celebramos esto y celebramos que podamos tener pisos mínimos entre todos los sectores políticos sobre los cuales uno no quiere volver atrás”. En el mismo sentido, Victoria Donda planteó: “Hay cosas que conquistamos y no estamos dispuestos a resignar, ese fue el piso de acuerdo que tuvimos desde todos los sectores de la política. Fue presentar un proyecto de ley y ponernos de acuerdo entre todos los bloques para que salga. Hay que reflexionar sobre la movilización popular en las calles y la respuesta política con representación democrática en el Congreso”.

Victoria Donda.

Donda, que nació en la ESMA, recordó: “Mi mamá estuvo acá, y hoy está desaparecida. Si ella cometió un delito, la hubiesen juzgado en ese momento. No vamos a poner eso en discusión, porque lo que estamos discutiendo es que quienes la desaparecieron hoy tienen que estar presos. Muchos están siendo juzgados en un lento proceso, porque ellos se encargaron de construir un muro de impunidad alrededor de los delitos más horrorosos que vivió nuestra Nación”. Además, concluyó: “Es la justicia que supimos construir, es la justicia que tenemos y es la que tenemos que defender. Justicia como una señal a la sociedad argentina que le decimos que lo que vale en este mundo es defender la vida, y porque defendemos la vida queremos que aquellos que la atacaron, desde el poder enorme que era manejar los hilos del Estado, tienen que estar presos en las cárceles comunes”. Sobre esta cuestión, Daniel Lipovetzky aseguró: “Claramente que no hubo dos demonios, es imposible que haya habido 30 mil detenidos desaparecidos, sin la intervención del Estado”.

Rosa Roisinblit.

La doctora Larrandart preocupada por el accionar de “un sector de la justicia” señaló: “Este fallo es doloso en el sentido que conscientemente se quiso imponer un pronunciamiento que implicaría un mejoramiento en la situación de quienes habían sido condenados por violación a los derechos humanos. El 2×1 consistía en el mejoramiento del cómputo de la pena”. Siguiendo en esta línea, Cantón, el Secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires subrayó: “En una decisión de un tribunal internacional dice que los crímenes de lesa humanidad no tienen agravantes, porque los crímenes de lesa humanidad tienen que ser los más graves”. Luego agregó: “No pueden tener beneficios y el 2×1 representaba eso”.

Panel Encuentro sobre el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, reflexiones a un año del fallo ‘2×1’, frente al resurgimiento de la teoría de los dos demonios, realizado en la ex-ESMA.

La jornada cerró con la invitación a los expositores y público en general a firmar una declaración contra la reapertura de causas a ex militantes de organizaciones armadas, que busca entorpecer el proceso de Memoria, la Verdad y la Justicia. El consenso logrado en la jornada se plasmó en una foto final de todos los integrantes del panel al grito de: “30.000 compañeros desaparecidos. ¡Presentes! Ahora. ¡Y siempre!”.

Uki Goñi, Victoria Donda, Luis Contigiani (atrás), Lita Boitano (adelante).