Jun 7, 2022 | Comunidad, Destacado 5, Trabajo
En el Día del Periodista, editores de tres empresas de medios recuperadas del país reflexionan sobre las dificultades del oficio por fuera de lo mainstream, y celebran al periodismo como herramienta democrática.
En un antiguo edificio sobre la calle Humberto I, en el barrio de Monserrat, se reúnen alrededor de una mesa los redactores de Revista Cítrica. El semanario pertenece a una de las muchas empresas de medios recuperadas en Argentina, donde periodistas y trabajadores se organizan en cooperativas para preservar aquellos medios que son abandonados por sus dueños. Cítrica, fundado originalmente bajo el nombre de Crítica de la Argentina por el periodista Jorge Lanata, fue lanzado públicamente en el año 2008 prometiéndose como “el último diario de papel”. Dos años más tarde, el proyecto cerró sus puertas.
“Muchas personas se habían ido de redacciones donde estaban trabajando hace muchos años entusiasmadas por el nuevo proyecto, y luego quedaron en la calle”, explica Mariano Pagnucco, quien es hoy en día un miembro fundamental del semanario. En medio de más de 200 despidos, un grupo de ex trabajadores fundó la revista en agosto de 2010 con la intención de preservar la redacción. “El nombre Cítrica surgió como acrónimo de Crítica. También por el perfil informativo que iba a tener, un poco ácido y cuestionador”.
La nueva estructura del equipo les dio la libertad de apostar por una nueva agenda, menos condicionada por cuestiones políticas o económicas. “Si vos te organizásen otra forma de trabajo, eso repercute en lo que producís. Los medios comerciales se caracterizan por aquello que callan o de lo que no pueden hablar. Nosotros, por lo que decimos”. Convertirse en cooperativa significó también rotar hacia un pensamiento colectivo. Dentro de la empresa, sus miembros realizan tareas que abarcan desde redacción y corrección hasta administración de insumos y gestión del financiamiento.
Seis años después del nacimiento de Cítrica, la historia volvió a repetirse. Esta vez se trató de La Mañana de Córdoba, un diario fundado en 1997 por Julio Ramos, que había aparecido en el escenario cordobés como extensión local de Ámbito Financiero. Con el cambio de presidencia en 2015, el diario perdió parte del gran flujo de pauta que recibía por sus buenas relaciones con el gobierno. El Año Nuevo de 2016 sorprendió a los trabajadores con sueldos parciales, que se convertirían en ingresos cero para febrero y marzo. En medio de una huelga, sus dueños ofrecieron el retiro voluntario y vendieron el portal con más de 1 millón de suscriptores a una empresa norteamericana. El 9 de junio, dos días después del Día del Periodista, se dio por cerrado al diario y se prohibió el ingreso al edificio.
Ahogados en deudas personales, los ex trabajadores no pudieron pagar las muchas que tenía el periódico. Entonces organizaron una peña folklórica en el comedor universitario, y con el apoyo de algunos artistas, juntaron lo que en su momento fueron más de 3 millones de pesos. “Decidimos por votación que la mitad iba a ir para capitalizar una cooperativa que íbamos a integrar, y la otra mitad para repartir entre nosotros”, recuerda Gabriela Yalangozian, presidenta del nuevo medio, que fue bautizado como La Nueva Mañana.
Mientras el renacido periódico iniciaba su camino autogestivo, también lo hacía El Ciudadano, un diario santafesino que actualmente está tercero en Rosario por detrás de dos grandes multimedios. En 1998, la publicación original “apareció como una buena opción frente al diario La Capital. Llegó a tener una tirada similar, y cuando eso ocurrió el dueño se lo vendió a aquel diario”. Así lo vivió Silvina Tamous, actual jefa de redacción. En respuesta a la venta del medio, una vez más los trabajadores se organizaron -allá por noviembre de 2016- para no perder su voz.
Históricamente, los medios recuperados se enfrentan a dificultades simbólicas y concretas, que abarcan desde una deslegitimación por su forma de organización hasta obstáculos para acceder a información. En este sentido, el impacto del aislamiento por COVID-19 fue diverso. Por un lado, “la pandemia ha facilitado que las comunicaciones a través de los aparatos tecnológicos sean mucho más rápidas, efectivas y veraces”, dice Gabriela, y asegura que la gestión actual facilitó muchos trámites para las cooperativas.
Para Silvina, la experiencia de El Ciudadano no fue tan positiva, ya que la caída de la pauta publicitaria los puso en condiciones aún más desiguales ante los grandes polos mediáticos. “Ellos tienen el grueso de publicidad nacional, a nosotros la publicidad nos resultó sumamente dura en cuanto a pauta por parte de los tres estados. A las cooperativas les dieron un subsidio miserable. Mientras, los multimedios cobraban la mitad del sueldo, les daban la pauta… fue una situación de inequidad muy grande”.
En diálogo con ANCCOM, los entrevistados se sinceraron respecto a los cambios que hacen falta para que el rubro de cooperativas mediáticas tenga mayor competitividad. “Es necesario que nos piensen como diarios, y no como pobres cooperativas. El grueso de los grandes medios se financian con el Estado, ¿por qué los chiquitos no podemos?”, cuestiona Silvina. En la misma línea, Mariano resalta la gran deuda que tiene la democracia con una ley de Empresas Recuperadas, reforzando la falta de atención por parte del sistema estatal a la hora de asignar pauta publicitaria.“Desde ambos lados de la grieta, lo que reciben en un mes grandes grupos es quizás lo que recibe una asociación independiente en un año”, remarca. Para Gabriela, el panorama es claro. “Iniciativas hay, lo que falta es una decisión política”.
Frente a la adversidad del oficio, y en clima con el Día del Periodista, los editores concuerdan en que la decisión de hacer periodismo en cooperativas se nutre de un compromiso moral que muy lejos se encuentra de la comodidad. Hablan de una deuda social con quienes los apoyaron en sus comienzos, así como de una convicción por preservar la pluralidad de voces. “Hay mucho para contar, no siempre pasa por contar malas noticias. Pasan cosas lindas, y hay que contarlas también”, señala Gabriela.
En este día, y todos los días, redactores de cooperativas de todo el país trabajan en pos de un periodismo amplio y democrático. En la redacción de Cítrica, Mariano evalúa la motivación detrás de este trabajo: “Por fuera de lo mainstream hay un sentido amateur, en su sentido original, que es amante de. Donde hay amor por lo que se hace es donde todavía está más vivo el periodismo”. Despliega sobre la mesa ejemplares de publicaciones colaborativas con otros medios recuperados, orgulloso del recorrido colectivo. “Nosotros no competimos, en esta lucha desigual es muy difícil pelear individualmente”, explica. “Están los gigantes que tiran con cañón, y estamos nosotros que tiramos con gomera. Entonces tiramos todos juntos, para poder llegar más lejos”.
Abr 16, 2021 | Comunidad, Novedades
Asamblea El Algarrobo de Catamarca.
La asamblea socio ambiental “El Algarrobo” en el pueblo Andalgalá de Catamarca resiste el avance de la mega minería. Desde el 21 de marzo algunos pobladores se reúnen para impedir el paso de los trabajadores mineros en los caminos que conducen al río y evitar que se inicie el proyecto MARA. Actualmente once asambleístas se encuentran detenidos y todavía no están claros los motivos.
El proyecto es la unión de dos empresas mineras que ya realizaron diferentes extracciones en la provincia: “Bajo de la Alumbrera” y “Agua Rica” que decidieron comenzar el emprendimiento en las cuencas del río Andalgalá, fuente de agua de todo el pueblo.
La fusión minera no tiene permiso de iniciarse legalmente, a pesar de esto hubo distintos intentos para ingresar al cerro eludiendo el bloqueo de los asambleístas que denuncian haber sido investigados y hostigados por la policía. Por este motivo solicitaron un habeas corpus temiendo una represión como la que ocurrió en 2010, pero fue negado. A partir de este momento la violencia comenzó a escalar.
Algunos asambleístas fueron atropellados el 30 de marzo por un auto que conducía un trabajador de la minería, hecho que nunca fue investigado. A pesar de mantener los bloqueos selectivos en los caminos al río, una máquina perforadora ingresó por la entrada a otro pueblo. El intendente manifestó, en medios locales, no tener conocimiento de estos hechos y estar tan sorprendido como todos los pobladores.
Mientras el 10 de abril se realizaba la Caminata por la Vida en contra de la minería, los cantos y pintadas fueron acompañadas por el incendio de las oficinas de Agua Rica y la destrucción de la sede del Frente para la Victoria. Por este hecho siete asambleístas fueron detenidos. En los días siguientes se produjeron violentos allanamientos y la detención otras cuatro personas.
Los asambleístas niegan haber participado en la destrucción y resaltan que siguen siendo perseguidos por autos sin patentes, policías uniformados que los filman y de ser los únicos investigados en este contexto. Mientras tanto, las máquinas ya comenzaron a trabajar en el cerro.
Juan Martearene, integrante de Asamblea el Algarrobo, explica: “Nos ponen muchas etiquetas que somos ambientalistas, antimineros, antidesarrollo, pero somos personas comunes”. Desde hace años, Martearene se dedica a producir membrillo y nueces en su finca, tiene 35 años y estudia profesorado de geografía. En el pueblo no reciben ayuda del Gobierno ante los reclamos. Para Juan se trata de una nueva forma de colonización en Latinoamérica: “Todos los gobiernos hasta el día de hoy son cómplices de la entrega de nuestro territorio”, sentencia.
El extractivismo se fue intensificando en la región desde el menemismo y, al mismo tiempo, la producción regional, que dependía de la ganadería, agricultura y el turismo fue perdiendo fuerza. “Hoy, después de años de explotación, Catamarca es una de las provincias más pobres del país”, expresa.
Uno de los discursos más difundidos sobre la industria minera es que lleva aparejada el desarrollo. Luego de la destrucción de las economías regionales y del medioambiente en nombre del progreso Juan Martearene destaca que esto no es así: “ofrecieron seis mil puestos de trabajo, pero es una mentira. Ya tenemos el ejemplo de Alumbrera que cuando abrieron en 1997 ofrecieron cinco mil puestos de trabajo y el total de andalgalenses que trabajaron allí no alcanzó a ser de 100 personas”.
Al respecto Favio Casarín, abogado y geólogo especializado en el ámbito de la minería, señala: “hay que buscar puntos de equilibrio para que sea una actividad controlada y bien hecha por una sencilla razón, el país necesita la minería”. Asegura que Argentina precisa, para su desarrollo, industrializarse y dejar de ser únicamente proveedor de materia prima. “Si queremos tener una industria que fabrique automóviles, instrumentos quirúrgicos o una construcción avanzada, necesitamos minerales. Y si nosotros los tenemos, pero no los producimos vamos a tener que salir a comprarlos”.
En ese sentido, se refirió al caso concreto de Andalgalá: “este es un proyecto para extraer cobre, hoy un auto común necesita siete kilos”. Asimismo, señaló que los vehículos eléctricos van a servir para tener una energía más limpia con las baterías de litio. “Nosotros tenemos litio y cobre en el noroeste argentino, un auto eléctrico además de litio va a necesitar 70 kilos de cobre, con lo cual necesitamos producir eso, es así”.
Asamblea El Algarrobo de Catamarca
A pesar de esto, América Latina continúa siendo exportadora de metales. Mientras en el territorio argentino se genera contaminación y se explotan los recursos naturales, es en el resto del mundo donde se transforman los productos. Tanto las empresas mineras como el propio Estado Nacional buscan implementar un “Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino” donde, a través de slogans como “minería sostenible”, se asocia esta industria con la idea de sustentabilidad y responsabilidad ambiental. Pero ¿realmente es posible una minería sostenible?
Científicos/as e investigadores/as de UNSAM, el CONICET, la UBA, y la Universidad de Cuyo, plantean que esto no sería posible, en un documento firmado por 816 académicos que se oponen a la megaminería: “A diferencia de la minería tradicional, esta se encuentra prohibida en muchos lugares del mundo por sus ya comprobados irreversibles efectos socio-ambientales, debido al uso de químicos tóxicos como el cianuro”.
Sobre esta cuestión José Martiriare explica que los minerales solían encontrarse en las vetas de las montañas, pero ahora se encuentran diseminados. Por eso no hay manera de que se lleve a cabo la extracción si no es a través de la minería a cielo abierto.
En cuanto a la emisión de consignas como “buena minería” o “minería sustentable”, Favio Casarin argumenta que prefiere alejarse de la utilización de esos términos ya que “la minería que no es sustentable no es una minería legal”. Esto lo asegura dado que los proyectos antes de iniciarse deben ser aprobados por las autoridades y recibir una Declaración de Impacto Ambiental que los compromete a remediar cualquier daño que llegue a ocurrir. “Si se da un corrimiento de lo asentado allí, quedará fuera de la ley y estará sujeto a sanciones que la misma ley prevé”, señala.
Sin embargo, los problemas ambientales enumerados en esa zona son varios: el principal, la contaminación del río que es la fuente de agua del pueblo, en una zona que se encuentra en emergencia hídrica. Los asambleístas también destacan que es un área de glaciares y ambiente peri glaciar, que son bienes públicos resguardados por la Ley de protección de glaciares y que pueden llegar a destruirse. A esto se suma que la actividad requiere un uso desmedido de agua que ronda los 20 mil litros diarios, sumado al uso de explosivos que dejan restos en el aire y a causa del viento llegan rápidamente hasta donde vive la población.
La lucha histórica que viene disputando la comunidad contra la empresa minera y el Estado tiene larga data en el ámbito jurídico. En 2016 el reclamo de los vecinos andalgalenses se trató en la Corte Suprema de la Nación y fue validado por la misma, ya que aquella instancia judicial echó luz sobre las irregularidades de la aprobación del proyecto MARA con el Fallo Martínez.
En 2008 el Informe de Impacto Ambiental de la Mina Agua Rica fue llevado a cabo por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Este informe es un requisito obligatorio y concluyó múltiples falencias por parte del proyecto, ya que se observó: riesgo de avalanchas o derrumbes posibles de afectar la ciudad de Andalgalá; avance progresivo de la pluma de contaminación hacia niveles de agua subterráneos con contaminación irremediable; y se declaró que la ejecución del proyecto producirá afectación del aire, ruidos y vibraciones en el área durante 25 o 30 años.
Esta serie de observaciones que deberían haber sido el fundamento de la modificación del proyecto o bien de su repliegue, simplemente no fueron tenidas en cuenta. La Secretaría de Minería de la provincia de Catamarca aprobó el Informe, de modo que dio luz verde a la empresa minera para que avanzara.
Tras estas evidencias el Concejo Deliberante de Andalgalá dictó una Ordenanza Municipal que prohibía la explotación minera en cualquiera de sus formas en la cuenca del río Andalgalá. Para reanudar el proyecto la empresa minera y la Provincia de Catamarca iniciaron dos causas que alegaban la inconstitucionalidad de dicha Ordenanza. Por un lado, la Provincia sostuvo que estaban vulnerando su derecho a la propiedad de los recursos naturales que establece la Constitución Nacional. Mientras que la empresa minera alegó que una ordenanza está por debajo del Código de Minería, que establece a la industria como actividad lícita.
El caso llegó hasta la Corte de Catamarca. Según explica la abogada de “Asamblea el Algarrobo” Mariana Katz, lo que solicitaban los vecinos no es solamente que la Ordenanza Municipal se declare constitucional, sino que se declare la “convencionalidad”. Esto significa que los Estados deben avanzar respetando los derechos humanos, de acuerdo a los Tratados Internacionales.
Bajo la consigna “el agua vale más que el oro” varios vecinos continúan hoy exigiendo que se escuche su opinión y se niegan a otorgar la licencia social. Sin embargo, el reclamo nuevamente fue desestimado y en diciembre del año pasado la Corte de Catamarca falló a favor de la empresa minera Agua Rica y declaró “inconstitucional” la Ordenanza Municipal que prohíbe la megaminería.
Actualmente, con un recurso extraordinario federal presentado por la Asamblea, la lucha continúa. “La Ordenanza sigue vigente hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicte una sentencia”, dice Katz. Por este motivo, los vecinos que se encuentran bloqueando el paso en los caminos mineros tienen su fundamentación legítima: la minería aún está prohibida y atravesando un largo proceso judicial. Al día de hoy se encuentran detenidas 11 personas sin justa causa y se exige la libertad inmediata para: Walter Mansilla, Aldo Flores, Enzo Brizuela, Sara Fernández, Matías Paz, Augusto Brizuela, Damian Abel, Ailen Saracho Diamante, Jorge Ramos, Eduardo Villagra y Oscar Martearene.
Feb 26, 2021 | Comunidad, Novedades
Según la ONG Habitat, sólo en CABA se estima que el 35,1% de los hogares familiares son alquilados y que existe un creciente déficit de viviendas, cuya principal causa es la escasez de créditos hipotecarios existentes.
Respecto a esta variable, en 2016 el gobierno de Mauricio Macri lanzó un sistema de créditos inmobiliarios a largo plazo con la particularidad de que éstos se ajustarían por inflación. Los mismos, denominados UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), están destinados a la adquisición o construcción de una vivienda única. La idea inicial suponía que la cuota igualara al valor de un alquiler, y por esto estaba destinado principalmente a inquilinos. En su primer año se estimó que un 80% de los créditos inmobiliarios se dieron bajo esta modalidad. Hoy son más de 100.000 familias las que lo han obtenido.
Teniendo en cuenta que el valor de la UVA depende directamente del CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia), el cual se actualiza diariamente siguiendo al índice de precios al consumidor, se observa que dicha unidad ha sufrido un aumento de más de 380% en casi 5 años, llevando a que también aumente el capital adeudado.Esto no sería grave si la inflación se mantuvieraen niveles bajos y las paritarias acompañaran ese ritmo. Pero la recesión económica iniciada desde 2018, hizo que el gobierno de Macri tomara la medida de congelar las cuotas en agosto de 2019 hasta enero de 2020, y ya el actual, encabezado por Alberto Fernández, hizo lo mismo en marzo de 2020 hasta febrero de 2021.
De esta manera, desde este mes comienza una actualización del valor de la cuota, a partir de un esquema de convergencia que se desarrollará hasta julio de 2022, y que prevé comenzar con subas de entre 6,8 y 9% dependiendo del valor solicitado en carácter de préstamo.
Frente a esta perspectiva desfavorable, el grupo de afectados se ha asociado bajo el colectivo #HipotecadosUva, y a través de las redes sociales se mantienen informados, pero también se organizan para interpelar a distintos organismos estatales que puedan asistirlos y así evitar quedar en la calle por no poder afrontar los aumentos mencionados.
Paola Gutiérrez obtuvo su primer casa propia después de los 40 y una vez descongelado el crédito, si no puede afrontar el aumento deberá decidir si vende su propiedad y vuelve a alquilar. Es un personaje bastante célebre dentro del colectivo. Su movilización en redes, medios de comunicación y marchas es notoria e incesante.Antes de empezar a explicar su propia situación aclara que lo que el Estado congeló fue el valor del crédito, no así de la UVA, que no se detuvo la indexación del capital y que, al no contar con ningún organismo que los resguarde, esta suma se adiciona a la deuda. En su testimonio se resalta el término “estafa”. El colectivo sostiene que la situación que está viviendo es consecuencia de un engaño organizado entre el sistema financiero y los gobiernos, que ocultan la verdadera meta inflacionaria y que se excusan aduciendo que se trató de “un acuerdo entre privados”. “Los hipotecados entendemos la situación del país y no estamos buscando un subsidio estatal, sólo pedimos que los bancos ganen un poco menos. Teníamos esperanzas de que con este gobierno se reviera nuestro tema y a estas alturas creo que ya no va a pasar. Creemos que el gobierno va a reaccionar recién cuando se remate la primer casa”, dice Paola. Ella sostiene que los hipotecados vienen a unir a la grieta, ya que no consiguen que los escuchen ni de parte del oficialismo ni de la oposición. “No hay voluntad política para que nos escuchen o hagan algo, la situación es desesperante y no vamos a poder pagar”, finaliza resignada.
Pese a que la ex ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, les había prometido organizar una mesa técnica para tratar el tema, su salida dejó trunco el proyecto. Su reemplazante, Jorge Ferraresi se desligó completamente de la situación, según el colectivo. Consultado por ese medio, desde el Ministerio no quisieron dar declaraciones por el momento.
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Gabriel Giménez Figueroa vive en Villa Mercedes, San Luis. Es contador público. A sus 35 años se vio seducido por los créditos UVA como única alternativa para llegar a su casa propia, ya que por un lado su salario excedía los requisitos para obtener una vivienda social, pero tampoco alcanzaba a pedir un crédito regular. Estudió la modalidad de ajuste por inflación y decidió avanzar. Pocos meses después vio como se disparaban los índices y se vio sin salida. “Cuando saqué el crédito la cuota significaba apenas el 10% de mi salario, hoy ya se lleva un 35% de él. Si bien aún puedo, he decidido dejar de abonarlo porque disiento y sé que a la larga esto no se va a poder sostener, así difiero las cuotas. Es mi forma de apoyar al colectivo.”
Considera que las medidas que se tomaron a partir del gobierno macrista y que luego copió la gestión de Alberto Fernández lejos de beneficiarlos los perjudicaron. El capital adeudado se siguió actualizando y creciendo desmedidamente y el congelamiento fue solo una regulación para palear la situación en el corto plazo y para que las consecuencias no fueran tan abruptas. “Si no se toma una decisión vamos a ir cayendo como moscas, por goteo. No es lo mismo el costo político frente a que se ejecuten miles de viviendas de una vez, a que se vaya dando gradualmente”, señala. Pone el foco también sobre los bancos, explicando que el esfuerzo compartido del que vienen hablando jamás se dio y que siempre terminan desfavoreciendo al más débil. Critica la poca intervención estatal, comparando su caso al de la reciente ley de alquileres, en donde el Estado pudo intervenir cuando la situación se tornó abusiva. Gabriel elaboró un proyecto de ley que busca volver a un equilibrio entre cuota e ingreso, a partir de un verdadero congelamiento sin indexación alguna.
En la voz de los damnificados se siente desamparo y se vislumbra como única posibilidad de solución una intervención estatal que regule al sector financiero. Con un mercado inmobiliario en declive y la inflación en un ciclo ascendente, la decisión de tomar una hipoteca no se rigió por la especulación financiera, pero todos aceptaron sus riesgos y buscaron transformarlos en alternativa.
Por su parte, Juan Valerdi, economista de la Universidad Nacional de La Plata, e investigador especializado en economía política, explica que la causa del fracaso de estos créditos en nuestro país es más política que económica y radica en haber importado una solución que funcionó en países de Latinoamérica, donde se maneja una inflación estable a lo largo de los años, con una distribución equilibradade los ingresos y una relación cristalizada entre salarios y capital. Considera que los bancos han actuado de una manera sumamente beneficiosa para sí mismos e irresponsables al otorgarle préstamos a quienes a la larga no podrán sostenerlo, sabiendo que en el contexto inestable y de alta inflación de la Argentina, el Estado saldrá a responder por ellos. Aclara que “si uno se compra una casa para hacer un negocio en dólares, entonces fue una buena decisión adoptar el crédito, ahora, si la compró para vivir, el problema es que no van a poder pagar la cuota y la va a terminar vendiendo, acumulando una deuda explosiva.”
Las soluciones que entiende excluyentes recaen en solicitar, por un lado, que el Estado subsidie una parte de la mora a los hipotecados; por otro lado que los bancos ganen menos por la irresponsabilidad social cometida y, por último, que se derogue una medida para refinanciar la deuda ya acumulada.
Feb 16, 2021 | Comunidad, Culturas, Novedades
MURGA AMANECIDOS DE PALERMO
Febrero nos tiene acostumbrados a la música, el baile y colorido del carnaval. Todos los años durante cuatro días, las calles de la ciudad vibran alegría, fiesta y cultura. Pero con la pandemia aún acechando e índices de contagios no muy alentadores, las agrupaciones artísticas tuvieron que organizarse y pensar una forma alternativa, para llevar adelante la celebración del dios Momo.
“Los festejos no van a ser de la manera tradicional, van a ser distintos y aggiornados a la realidad sanitaria que tiene el país. Las agrupaciones artísticas del carnaval venimos trabajando desde mayo del año pasado, reuniéndonos por zoom y pensando que tipo de carnaval íbamos a tener en el 2021” comentó Felipe Fiscina, director del centro de murgas “Los Arlequines de la R” de Belgrano y delegado ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.“En estas reuniones fuimos construyendo dos proyectos: uno de regreso a los ensayos y otro de carnaval alternativo. Ambos fueron presentados el 26 de agosto al gobierno porteño, para que supieran como pensábamos nosotros que tenía que ser el carnaval y así, trabajáramos juntos”explicó.
“El 28 de diciembre en una reunión general se decidió, con más del 90% de los votos, suspender los festejos tradicionales, es decir, los corsos callejeros, gratuitos y barriales. Hasta esa fecha aún manejábamos la posibilidad de alguna participación con público, pero los números de casos iban en aumento y finalmente, las murgas fuimos quienes decidimos suspender este festejo de carnaval tradicional. Siempre pensando en el otro, velando por el cuidado propio y el de los vecinos, que para nosotros es fundamental” desarrolló el delegado.
Con el objetivo de mantener viva la alegría y que no se pierda la identidad del carnaval, las agrupaciones artísticas junto al Ministerio de Cultura de la Ciudad, presentarán una agenda con múltiples actividades. Entre ellas se destacan: “La ciudad se viste de carnaval”, que invita a decorar las esquinas, plazas y espacios donde tradicionalmente se llevan a cabo los corsos. La muestra fotográfica “No me sueltes Carnaval” que circulará por distintas plazas y espacios verdes, junto a la realización de “murgales”, que serán 14 murales en distintos sectores de la ciudad. Y la campaña “4 banderines 4”, que la explica Carlos Jesús, director del centro de murgas Soñadores de Villa Pueyrredón: “La idea es que cada integrante de la murga, cada vecino, cada comercio tenga colgados de sus vidrieras, balcones, mochilas, cuatro banderines que representan los cuatro días de carnaval. Con esto intentamos que no se pierda la mística y la magia” dijo.
Por otra parte desde Vivamos Cultura, la plataforma de contenidos digitales del Ministerio de Cultura porteño, se transmitirán las presentaciones de numerosas agrupaciones, sin público presencial, durante los cuatro días de carnaval y todos los fines de semana de febrero. “Además va a haber una placaen cada lugar de ensayo, con un código QR para que la gente desde su celular, pueda acceder a todo el trabajo que se vaya haciendo por streaming”, agregó Jesús.
Así como otras actividades culturales tuvieron que adaptarse a la virtualidad, las murgas debieron tomar la misma vía para poder transmitir su arte. “Nadie esperaba la pandemia, así que tuvimos que adaptarnos. Nosotros somos murgueros de la calle, de las esquinas, de los barrios, del club y hoy salir por una plataforma virtual es rarísimo.Aunque presentarse 8 o 10 personas frente a cuatro cámaras y que nos vean de todo el país, es importante. Antes llegábamos a un corso con 4 mil personas, ahora al salir por una plataforma o un canal de YouTube, no solo te ven en todo el país sino en el mundo. Cruzamos fronteras”, reflexionó Jesús.
Según explicó Fiscina, la idea es que estas actividades se sumen y ya queden formando parte de las celebraciones tradicionales. “Queremos que en la agenda cultural de la Ciudad de Buenos Aires, se incluyan eventos relacionados con el carnaval durante todo el año. No queremos que febrero sea exclusivo de las murgas y después no existamos durante 11 meses. Buscamos que se transmita lo que hacemos durante todo el año”.
Si bien se encontró una alternativa para mantener viva la llama del carnaval, para quienes forman parte de las murgas y lo viven desde adentro sin dudas no es lo mismo.
Para Ricardo Binstein, miembro de la murga “De Paso Cañazo” de Villa Soldati, el carnaval significa mucho. “Estoy en esto hace 11 años, espero febrero todo el año y cuando llega me encuentro con esto. Siento que me cortaron las piernas, porque esto es lo que amo y por eso lo hago. Desde que comenzó febrero, junto a unos amigos, empezamos con la movida de subir fotos de años anteriores y todos en algún momento lloramos”. Y continuó: “Pero también, y poniéndolo del lado lógico, entiendo que tenemos que cuidarnos y cuidar a la gente”.
“Yo salgo a bailar en la murga desde los 6 años, anduve por Almagro, Saavedra, por todos lados siguiendo a mi viejo, porque lo mío es una herencia familiar. Desde que me hice cargo de esta murga hace 20 años, nunca dejé de salir. Es dificilísimo porque uno tiene una rutina, tiene un trabajo durante todo el año y no tener febrero es como una revolución, es un dolor de estómago, es como cuando querés algo y no lo tenés”, expresó con congoja Carlos Jesús.
Para sus integrantes la murga es un lugar de esparcimiento, de descarga y alegría pero también es solidaridad. “Los integrantes de la murga siempre estamos ayudando al barrio. Durante la pandemia que no podíamos ensayar, todos los sábados hicimos ollas populares. También juntamos ropa y tratamos de darle una mano a la gente que lo necesita. Soldati es un barrio bastante humilde”, contó Binstein y siguió: “También fue una forma de sentirnos acompañados, de ayudar y de llevar alegría a la gente desde otro lado”.
Por su parte Jesús cuenta que durante el aislamiento estricto, intensificaron las tareas que ya venían haciendo. “Armamos una asociación dentro de la murga que se llama Soñadores en acción y con el lema ´estamos donde tenemos que estar`, comenzamos repartiendo 40 platos de comida y en noviembre llegamos a 400 platos. El colectivo murguero es muy solidario entre nosotros y con todos los vecinos”.
“La pandemia y tener que pensar un carnaval alternativo, afianzó el vínculo entre las agrupaciones. Murgas que antes tenían recelos dejaron de lado y pudimos trabajar juntos. Todos pasamos por la misma pasión y estamos enamorados del carnaval. Este año no estamos en las calles pero vamos a seguir estando. No nos van a sacar nunca, somos patrimonio cultural. Pero ahora lo importante es cuidarse, cuidar a nuestra familia y a la gente que nos sigue”, finalizó Jesús.
Feb 16, 2021 | Comunidad, Novedades, Trabajo
Conocer el impacto de la pandemia en la actividad productiva de las cooperativas y las empresas recuperadas por trabajadores (ERT) y cuáles fueron las políticas de asistencia tomadas por el gobierno nacional para poder evitar el cierre masivo de compañías del sector autogestionado de la economía. Ese fue el objetivo del informe diseñado por el programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y avalado y difundido por la Comisión Técnica Asesora de Empresas Recuperadas del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). ¿Fueron realmente eficaces las medidas tomadas o todavía falta acción por parte del Estado para acompañar al sector autogestionado de la economía?
Para el estudio, los investigadores contaron con la colaboración del Proyecto de Vinculación con Empresas Recuperadas de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y distintas organizaciones del sector. “La participación de este año fue mayor porque al no tener la necesidad de pactar una visita y hacerla presencialmente, eso es un trabajo de organización. En el último ordenamiento que habíamos hecho entre 2017 y 2018 hicimos unas 87 empresas recuperadas, y ahora fueron 135, 195 en total porque este año se agregaron cooperativas de trabajo”, comenta Andrés Ruggeri, director del informe y asesor del Ministerio de Trabajo.
Si bien las restricciones propuestas en el marco del Aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) involucraron el cierre de gran cantidad de empresas dedicadas a actividades denominadas no esenciales, según el informe solo un 20% del total de las cooperativas y empresas recuperadas encuestadas tuvo que detener su actividad productiva en los meses de confinamiento más estricto. El 80% restante representa a los sectores que realizan actividades esenciales en forma directa o indirecta, como es el caso de las cooperativas textiles. “Trajimos una máquina para fabricar barbijos desde China y tuvimos la suerte de incorporar 45 compañeras y compañeros, pudimos completar un plantel de 160 personas”, cuenta para Anccom Francisco Martínez, secretario de la Comisión Técnica Asesora de Empresas Recuperadas del INAES, asociado fundador y ex presidente de Textiles Pigüé.
Hugo Cabrera OOPERATIVA CAMPICHUELO
El impacto económico que significó la pandemia a nivel global y la limitación en la actividad productiva profundizaron la crisis que venía atravesando el país luego de las políticas implementadas por el gobierno de Mauricio Macri, la cual perjudicó principalmente al bolsillo y calidad de vida de los trabajadores. En este contexto es que el gobierno se vio en la necesidad de implementar distintas medidas de apoyo económico, las cuales fueron eficientes en cierta proporción para las empresas privadas, que pudieron solicitar la Asistencia de Trabajo y la Producción (ATP) o los créditos a tasas subsidiada del 24% para las pymes. “Cuando arranca la pandemia las industrias la pasamos realmente mal. No nos entendían que éramos empresas cooperativas, entonces todos los decretos que salían para que los bancos den algún crédito, no nombraban la palabra cooperativa. Hablaban solo de pymes”, menciona Hugo Cabrera, presidente de la Cooperativa Gráfica Campichuelo, del barrio de Caballito.
Estas políticas de contención no pudieron ser concretadas por las cooperativas y las ERT, debido a imposibilidades normativas, lo que generó grandes críticas desde el sector. “No fueron específicas para la cooperativa. Había que acondicionar mejor esas medidas para que lleguen mejor a las cooperativas de la misma manera que llegan a las empresas privadas”, destaca Andrés Ruggeri.
Frente a la difícil situación en que se encontraban inmersas las cooperativas, el Estado reactivó la línea 1 del Programa Trabajo Autogestionado, que aporta un subsidio mensual a los asociados; lanzó créditos especiales para las cooperativas de trabajo a través de una línea articulada entre el Ministerio de Desarrollo Productivo, el INAES y el Banco Nación; implementó Potenciar Trabajo, que fue otras de los programas destinados a los trabajadores de la economía popular; e implementó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el cual benefició a gran cantidad de trabajadores asociados a cooperativas.
Cooperativa El Zócalo
El informe señala que el 67% del total de las cooperativas solicitó el programa Línea 1 y el 82% de ese total tuvo acceso a él. Si bien tuvo un alto nivel de demanda, no significó una solución del todo eficaz para los trabajadores. Manuel Azurmendi, presidente de la Cooperativa de Trabajo El Zócalo, del barrio de Montserrat, señala que “la línea 1 fue un aporte que es para cooperativas trabajo autogestionado. Lo hemos tramitado, han sido 8 meses, pero en esa línea es incompatible con otros programas así que se cayó a todos los compañeros que han accedido a otros programas por ejemplo potencia trabajo, IFE.”
Otros de los puntos reclamados es el que atiende Silvia Diaz, de Cooperativa La Cacerola, también ubicada en Caballito: “Estamos reclamando que haya continuidad en el programa línea 1 que solo lo han prolongado por el mes de febrero, cuando el gobierno nacional ha prolongado para los trabajadores de empresas privadas la ATP en algunos casos, que son equivalentes lo que era la línea 1 para las cooperativas de trabajo.”
Cooperativa El Zócalo
La línea de crédito lanzada por el Ministerio de Desarrollo y el Banco Nación fue otra de las iniciativas enfocadas en el fortalecimiento económico de las cooperativas. Con una tasa subsidiada del 18% y con la posibilidad de pagarlo a un año con 3 meses de gracia y otros 3 meses solo de pago de intereses. Sin embargo, los resultados de la encuesta arrojaron que solo el 12% de las cooperativas solicitaron créditos del Banco Nación. La baja demanda se debe, principalmente, a la falta de información, incertidumbre en capacidad de pago y a las dificultades a la hora de entregar la documentación requerida. “Toda la operatoria de los créditos es lenta y piden muchísimos requisitos”, señala Silvia Diaz. “Nos costó completar toda esa documentación y cuando la terminamos, le dieron de baja y fue reemplazado por un nuevo proyecto”, agrega la presidenta de la FACTA.
No obstante, con respecto a la negativa de las cooperativas a la hora de acceder a estos créditos, Francisco Martínez, comenta que “más del 80% de las cooperativas de trabajo de este país nunca habían accedido a un crédito, entonces se hace este programa afectando 2mil millones de pesos, usando una tasa del 18% y con dos simples papelitos: estar registrada en la secretaria pymes y un certificado legibilidad del INAE, comunicación con el Banco Nación y se terminó en menos de 20 días. Nosotros lo hicimos.”
Cooperativa La Cacerola
Sin dudas el decreto 311/2020, que prohibió los aumentos y corte del servicio por falta de pago para el gas, la electricidad y el agua, fue una de las medidas más importantes que tomó el gobierno en los meses de mayor restricción de la actividad económica. Además, prevé que las empresas prestadoras de estos servicios deben otorgar planes de facilidad de pago para las deudas que se generen y hace referencia exclusivamente a las cooperativas o empresas recuperadas que estén inscriptas en el INAES.
Cooperativa La Cacerola
Todas estas medidas se fueron tomando sobre la marcha con el objetivo de mantener a flote la actividad productiva de estas, pero de nada sirven si no se implementan políticas a largo plazo que regularice la situación de los trabajadores. “Lo que hace falta es resolver esa situación para que sea más equivalente, para que no sea una pérdida o una cuestión menor trabajar en una cooperativa en relación a tener un trabajo formalizado”, menciona Ruggeri. “La ley de cooperativas es muy vieja, donde el cooperativismo de trabajo no está casi contemplado. entonces se fueron haciendo distintos parches por decretos o resoluciones del INAES que fueron regulando la cooperativa de trabajo pero que no lo terminan de contemplar como un sujeto laboral. Entonces los trabajadores de las cooperativas no tienen los derechos de los trabajadores asalariados”, concluye el director del informe.
