Oct 21, 2021 | Destacado 2, Novedades, Vidas políticas
-Yo no hablaba, todavía me cuesta. Todo lo que digo me sale del alma y de la bronca, del dolor- dice con énfasis Alicia, una de las integrantes de Fuerza de Mujeres.
Para muchas es la primera vez que están en una toma de tierras, que reclaman, que hablan con medios de comunicación o que cortan una calle. Desde el 30 de septiembre, cuando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desalojó a más de cien familias que conformaban el asentamiento Fuerza de Mujeres, una toma en el barrio Carlos Mugica, de Retiro, casi todos los días participan en movilizaciones en el Obelisco, en el Ministerio de Desarrollo Social y en el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad. Este último domingo, festejaron el Día de la Madre en el predio del que fueron expulsadas con violencia ejercida por el Estado.
Al principio estaban desorganizadas, no sabían cómo reclamar, pero con la ayuda de distintas agrupaciones se fueron organizando, teniendo siempre en claro que son ellas las que deciden.
Miércoles 13, en el Obelisco: llegaron algunas con sus bebés en brazos, tiraron cartones en el piso, escribieron carteles, y llevaron sus remeras blancas con frases en las que se podía leer: “Basta de desalojos. ¡Vivienda digna Ya!” Después cortaron la calle, parándose una al lado de la otra, usando también los cochecitos de los bebés y haciendo ruido con maracas hechas de botellas con piedritas adentro.
“Vinieron a las siete de la mañana, que los chicos todavía dormían, ni siquiera se habían levantado para ir a la escuela. No esperaron ni siquiera a las nueve para que no estén ellos, lo hicieron con mis hijas ahí —dice Andrea casi sin respirar—. Es más cuando leyeron el papel, nosotras escuchábamos y en eso gritaron, ‘avancen chicos’ y empezaron las topadoras, no dieron tiempo de nada, pegaban patadas y quemaban todo. No dieron un minuto para nada, ni siquiera para despertar a los niños y explicarles lo que estaba pasando. Andrea, todavía se desespera cuando cuenta lo que sucedió con ella y con tantas otras que ese día vieron aplastada la posibilidad de un futuro mejor para sus hijos y ellas.
– ¡Mi bebe, la bebe!
El 30 de septiembre, el grito de Andrea logró clavar la topadora que ya había tirado la carpa y estaba a centímetros de las maderas que formaban la habitación de la casita. El policía descreído entró a retirar solo una de las cuatro camas que había adentro y ahí estaba, la más chiquita de tres hermanitas, durmiendo sin saber que alrededor todo estaba prendiéndose fuego.
-Podrían haber matado chicos o prendido fuego y nunca estuvo la Tutelar del menor -recuerda ahora Andrea, refiriéndose a las autoridades estatales de resguardar los derechos de la niñez y adolescencia
Las mujeres del barrio aseguran que era una orden de allanamiento y no de desalojo, y que las autoridades tutelares solo llegaron cuando ya estaba todo hecho cenizas. Todas coinciden con mucha rabia en lo mismo:
-Ojalá, fuera así con los narcotraficantes, estaría bueno así cuando la policía se va los dejan sin nada.
«Nosotras ya sufrimos violencia de género, venimos de ahí. Que un hombre te hable fuerte otra vez te da pánico. Me dieron ganas de salir corriendo, no sabía qué hacer, no sabía a dónde ir, salía y entraba», recuerda Andrea, que, a pesar de parecer mucho mayor por su actitud y su forma de hablar, en su voz y en su rostro jovial se denotan sus tan solo 27 años. Ese día, la amenazaron con sacarle a sus hijas por no querer ir al paradero y agrega indignada: «Me dio mucha bronca, porque mis hijas están sanas y bien cuidadas ¿porque me las van a sacar habiendo tanto chico solo en la calle sin su mama? ¿Por qué no van a recoger esos chicos?»
La policía hizo una muralla para que no pudieran pasar, ni siquiera para sacar sus cosas. «Mis hijos estaban felices, iban a tener una casita, una pieza aparte, los ponía contentos saber qué iba a ser de nosotros», relata Lucy, otra integrante de Fuerza de Mujeres, que contagia con su energía a las demás por su fuerte carácter. Otra de las mamás cuenta que el día del desalojo sus hijos se sintieron muy mal, la más grande fue la que más lo sufrió. Cuando fueron al otro día del desalojo a hacer una conferencia de prensa y ella vio su almohada, quiso rescatarla. Una vecina le pidió a un policía que le dejara pasar, ella entró y la trajo junto con una pantufla que encontró de su hermanita.
Desde ese día, el nene más chiquito de Alicia les tiene bronca a todos los policías en la calle y les pregunta cada vez que los ve:
– ¿Por qué hiciste ese desastre? ¿Por qué tiraste mi casita?
Su mamá, una mujer fuerte y joven, luchó hasta el mes de enero con un marido violento a quien no le alcanzó con meterse con ella, sino que también marcó a su hijo. Esa violencia fue el límite. Juntó fuerza para abandonar su hogar con sus mellizos de 5 años y un bebé y fue al medio de un basural con ratas, cucarachas y escombros. Fue una de las primeras en llegar la noche de la toma junto con otras cuatro mujeres y sus hijos. Se enteraron de que había una familia que estaba viviendo ahí, hacía más de un año y medio, en un contenedor en el predio y no los habían echado.
La primera noche fueron 50 mujeres con sus familias, los días siguientes se sumaron las demás. «Los primeros meses dejé de trabajar para estar ahí. El último mes tuve que volver al trabajo porque no aguantaba más. Armamos las carpas de nylon primero. Después íbamos en grupos de cinco mamás a buscar chapas y maderas usadas, porque no podíamos comprar algo nuevo, tratábamos de que todas llegaran a tener algo sobre la cabeza, pero a lo último ya estaba más habitable. Tuvimos mucha fuerza para estar ahí, había viento, frío, llovía y estábamos mojadas, los chicos se enfermaban, pasamos hambre”, cuenta Alicia.
Otras mamás recuerdan que cuando recién llegaron había otras familias que tenían fuego prendido. Ellas pudieron traer frazadas para sus hijos, y les prestaron carbón para prender una fogata. Hubo familias que recién la tercera noche pudieron poner paraguas. Cuentan que limpiaron el basural, pidieron prestadas bolsas a organizaciones, para no tener que quemar y generar humo del pastizal. “Había una parte, incluso, que el Gobierno tiraba escombros y los sacamos con la pala, porque no tenemos máquina, fue todo de a poco”, recuerdan orgullosas por todo lo que habían conseguido y tristes por todo lo que perdieron.
Fuerza de Mujeres surgió a partir de la toma, más allá de que algunas tenían pareja, eran las menos. Estar acompañada de otras mamás fue lo que les dio fuerzas, se entendieron y sabían qué era lo que le estaba pasando a la otra, porque todas habían estado en la toma.
«Fuimos de a poco entrando. Yo entré porque me avisaron, estaba una de mis conocidas que está en mí misma situación, sufriendo violencia de género. La mayoría le estábamos poniendo el pecho”, cuenta Lucy mientras se sube en el colectivo que la lleva a la marcha que se hace frente al Ministerio de Desarrollo Social para pedir una solución y sigue contando apurada por llegar:
-Pedimos mesa de diálogo durante los tres meses que estuvimos y nunca nos dieron nada.
Varias mamás tienen subsidio habitacional, pero nadie quiere alquilarles porque los “dueños” no aceptan chicos. «Nosotras dijimos desde el primer momento, no es que necesitamos plata, si todas somos trabajadoras. Yo trabajaba de vendedora ambulante, otras vendían comida, café, o salían a juntar cartón. Eso era un basural que estaba ahí, hace seis años. Nosotras limpiamos y ahora que nos desalojaron a todas quedó de vuelta un basural», cuenta Alicia. En las marchas se la puede reconocer fácilmente por su sonrisa al hablar con sus compañeras y llamarlas al grito de “¡asamblea, asamblea!” para consultar con sus compañeras como continuar y añade:
-No me sirve la plata sino me quieren alquilar con chicos.
Lucy, en la marcha del Obelisco, estaba pegadita a Alicia, atrás de la bandera.
“Siempre le dan prioridad a la gente que tiene plata y a los que no tenemos pareciera que somos invisibles a la hora de recibir créditos o planes para obtener una casa -dice Lucy-. Es como que no existimos, no contamos. Es verdad, no podemos alquilar en el barrio, menos en un hotel familiar o afuera un departamento, porque te piden un montón de requisitos hasta te preguntan de qué color es el pelo del perro y alquilar una pieza es imposible porque nos piden que dejemos tirados a nuestros hijos en la calle».
Recibir un subsidio habitacional no les resuelve el conflicto, aunque de las ochenta familias, el Estado solo les entregó un cheque de emergencia a diez. Las familias evitan a toda costa ir a un parador por lo poco habitables que son. El día del desalojo, cuando les ofrecieron esa “solución” contestaron que no, que iban a ver de conseguir alojamiento en la casa de alguna amiga o pariente por esa noche. Entonces, la trabajadora social anotó en el informe que tenían donde vivir y no necesitaban el subsidio habitacional, porque tenían un “alojamiento propio” y cuando volvieron a pedir ayuda del Estado se las negaron.
“En el barrio tuvimos un montón de apoyo. El Gobierno nacional, solamente fue a poner en alta a las que sufren violencia de género con el plan Acompañar. Nos dieron alguna mercadería, dijeron que nos iban a dar un bono, pero todavía nada. Desde el Gobierno de la Ciudad el viernes fuimos a hacer un corte enfrente al Ministerio de Desarrollo y tuvimos una reunión con el encargado, para ver si, aunque sea, nos habilitaban el habitacional, pero ni siquiera eso”, dice Andrea, quien trata de estar bien informada. Todavía está esperando una respuesta del Estado para resolver el conflicto habitacional y se pregunta:
– ¿De qué sirve una escuela en el barrio si mis hijas no tienen donde vivir?
En el predio actualmente hay un cartel que dice que se va a construir una escuela próximamente. Se planea trasladar la Escuela N*11 ubicada en una de las zonas más cotizadas de la Ciudad de Buenos Aires dejando a 175 alumnos sin vacante cerca de su casa. «Ni siquiera son capaces de hacer una escuela nueva. Acá en el barrio hay escuelas, también jardines. Lo que necesitamos es una casa. Es importante que los chicos tengan educación, pero para eso, primero necesitan tener un lugar donde vivir», dice una mamá y otra agrega: “Larreta estuvo haciendo campaña en el Barrio, pero nunca habló con nosotras si para él somos invisibles, no le importamos”.
Lo sucedido pone otra vez de manifiesto el problema habitacional que sufre la Ciudad de Buenos Aires. La imposibilidad de acceder a un alquiler o una vivienda propia y cómo esto se agrava cuando los inquilinos tienen menores recursos y aún más cuando son mujeres con niños. El Estado afirma que uno de los sectores más golpeados por la pandemia y la crisis económica son los jóvenes. Se refleja en la toma: la mayoría son mujeres que no superan los 30 años y sus hijos no pasan los 10.
May 17, 2021 | Comunidad, Novedades
A un año del fallecimiento de Ramona Medina, referente popular de La Poderosa en la Villa 31, la desidia de las políticas públicas en CABA mantienen como una postal las mismas problemáticas por las que ella “gritó y zapateó” hasta el último día.
“Esta sociedad, políticamente hablando, pretende que uno sea más débil de lo que ya es”, aseguraba en un video Ramona Medina, referente popular de La Poderosa en la Villa 31, y continuaba: “Yo no estoy pidiendo más de lo que corresponde. A veces no me gusta ponerme mal, gritar o zapatear por un derecho pero siento que no está de más hacerlo cuando el derecho lo requiere”.
Un año atrás, tras exigir durante 12 días -o más bien durante años- el acceso al agua en el barrio y en su casa, la referente popular perdió la batalla contra el covid 19 y, fundamentalmente, contra la desidia. Mujer de autóctona sabiduría y arraigadas convicciones, a pesar de que poco y nada ha cambiado, sus luchas siguen resonando en las gargantas de los que hoy continúan peleando.
En una de las callecitas de la villa, el rostro de “Ramo” aparece imponente sobre un paredón recientemente pintado, a metros de donde supo estar su casa, pero donde ahora sólo queda un cúmulo de escombros. Y como su casa, cientos de hogares más, que tras la relocalización fueron tirados abajo y cuyos restos el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dejó a la buena voluntad de quien lo quiera juntar.
“La verdad, mucha urbanización no hay. La manzana donde vivía Ramona está totalmente llena de escombros, destruida, con ratas, llenas de cosas y basura. Eso hace que se estanque mucho el agua cuando llueve”, relató Pamela Andrade, referente en La Casa de las Mujeres y las Disidencias ‘Ramona Medina’, espacio en el que Medina atendía una posta de salud. “En esa manzana siguen viviendo familias que tienen que convivir con la preocupación por no contagiarse del covid ni de ninguna otra enfermedad ocasionada por esas condiciones”, añadió la joven referente.
«La manzana donde vivía Ramona está totalmente llena de escombros, con ratas y basura», dice Andrade.
Así como la pintoresca fachada de la Villa 31 intenta maquillar, para turistas y recién llegados, la miseria planificada que hay detrás, el marketing que infla a un proyecto de urbanización irrisorio, oculta las condiciones en que quedaron quienes ahí aún residen. “Todavía el Gobierno no se ocupó de limpiar todo ese sector que derrumbaron. Alrededor hay muchos chicos, mucha gente mayor y esto, en pandemia y con el dengue, es un problema que perjudica la salud. Necesitamos que eso se limpie”, manifestó Alicia Casimiro, referente del comedor ‘Gustavo Cortiñas’, del cual era parte Medina.
Un vasito de agua, por favor
“El agua es indispensable para cualquier la familia y muy claro lo dejó Ramona que vivió 12 días sin ella y por eso falleció, porque el gobierno y los representantes que tendrían que haberla garantizado en plena pandemia no lo hicieron”, narró Andrade y, con mezcla de enojo y desazón, añadió: “Ramona murió luchando para que le devuelvan el agua, para poder mudarse a una vivienda digna, y no lo logró. Sus hijas sí, ya que mientras ella estaba por morir estaban mudando a su familia. Tuvieron que esperar a que ella esté intubada para que hicieran algo”.
Sin embargo, emparchar no es lo mismo que arreglar: actualmente, el barrio continúa con irregularidades y sin agua potable, entre otras tantísimas problemáticas por la inaccesibilidad a los servicios básicos. “A veces simplemente querés sacar un vaso de agua para tomar, en cualquier parte de Buenos Aires se puede hacer, pero en la Villa 31 y en el resto de las villas de Capital, no”, aseguró la joven referente.
“Todavía el Gobierno no se ocupó de limpiar todo ese sector que derrumbaron para la relocalización», dice Casimiro.
“Si querés comer, bañarte, desinfectar tu hogar, ¿cómo lo haces si no tenes agua? La verdad que da bronca e impotencia, te sentís abandonada por el Estado, haces reclamos para que vengan a arreglar la luz, el agua, a ver las cloacas y no hay respuestas”, manifestó Casimiro y Andrade agregó: “La única respuesta es que sigamos esperando. ¿Tenemos que esperar a que se nos vaya el agua 15 días de nuevo y que fallezcan más compañeros y compañeras para que al fin nos pongan agua potable? No queremos ver más compañeros muertos exigiendo un derecho. No exigimos muchas cosas, exigimos agua, agua potable”.
Cuidar a quienes cuidan
Ramona Medina formaba parte del comedor ‘Gustavo Cortiñas’, del cual Casimiro es actualmente referente. “Estos espacios son necesarios porque como vecinas nos organizamos para ayudar a quienes necesitan llevar un plato de comida a sus casas, a quienes necesitan tener un apoyo”, afirmó Casimiro.
En los años previos a la pandemia, en el comedor se repartían aproximadamente 130 raciones, número que se triplicó a partir de 2020. A pesar de la incertidumbre de cada día de si alcanzarán los insumos para todas las personas que concurren, el espacio mantuvo sus puertas siempre abiertas. “Fue un año muy difícil, de mucho miedo. Trabajamos de lunes a lunes y muchas horas de más”, comentó la referente y añadió: “Se nos reconocieron 100 raciones más desde el gobierno, que es un logro, pero falta que nos reconozcan las vacunas para nosotras que somos esenciales, que estamos todos los días expuestas al virus para garantizar la comida a los vecinos que lo necesitan”.
En el comedor Gustavo Cortiñas, los comensales pasaron de 100 a 300 durante la pandemia.
Durante todo el 2020, sin salarios ni descanso, las cocineras comunitarias -como así también las promotoras de salud, de género y tantas más- son las que sostuvieron a barrios, descaradamente empobrecidos, como la Villa 31. La situación de vulnerabilidad que visibilizó la muerte de Ramona Medina es la misma en que se encuentran tantas otras trabajadoras comunitarias en la Ciudad de Buenos Aires, ya que pese a ser las primeras en salir a cuidar, son sin embargo las últimas en las filas del Estado.
“Nosotras garantizamos un montón de cosas que el gobierno no hace y tejemos redes entre las vecinas para que entre todas podamos seguir adelante”, sostuvo Andrade. Si bien esas redes comunitarias atinan a tambalear cuando uno de sus pilares se cae, más temprano que tarde, recobran la fuerza entre todos tejida y redoblan las ilusiones de un mundo mejor. Recordando a su compañera “Ramo”, Casimiro concluyó: “Era una gran mujer y una referente para mí. Acá la recordamos con mucho amor, mucho cariño y mucha lucha”.
“Yo creo que no tenés mucho tiempo para soñar, porque todos los días hay un sueño diferente”, decía Ramona Medina en el mismo video grabado desde La Garganta Poderosa. En el primer aniversario de su fallecimiento, sus vecinos y compañeros seguirán exigiendo, gritando y zapateando para que todo sea un poco más parecido a lo que Ramona, cada día, hubiera soñado. Porque el derecho, sea el que fuere, sí que lo requiere.
May 29, 2020 | Comunidad, Novedades
Eugenia Zelaya vive con sus hijos, su nuera y su nieta en el Barrio Mugica, donde también es una de las referentes del comedor “Huellitas de niños”. El pasado viernes 22 de mayo test de covid-19 dio positivo y desde entonces se encuentra internada en el Sanatorio Municipal Julio Méndez, en el barrio porteño de Caballito. Eugenia, quien además es diabética, dialogó con ANCCOM y detalló la dura realidad de la villa 31.
“Tuve que ir al Hospital Piñero para hacerme el hisopado. Nos hicieron esperar a todos juntos en el estacionamiento, sin sillas y con frío. Armaban un listado y te atendían si estabas. Muchos se cansaban de esperar y se iban. No sé qué pasó con esa gente, si se los localizó o si alguien se preocupó en buscarlos”, relata.
“Los médicos del Centro de Salud del barrio son los que se ocuparon de mi situación. Ellos fueron los que llamaron a mi familia para decirles que se queden adentro, aislados, y les dieron indicaciones acerca del hisopado”, agrega.
Según cuenta, el protocolo funciona gracias a la presión que hay desde muchos espacios. Su comedor se articula con el Centro de Salud y, junto con las organizaciones sociales, se encargan de designar por manzana médicos, enfermeros y trabajadoras sociales.
La Iglesia también participa del entramado solidario y, con los mismos vecinos, ha generado una red de contención para los adultos mayores. “Se entregan bolsones de comida y se les pregunta si necesitan algo. También identificamos a las familias que requieren ayuda y a quienes están en situación de calle. Es un trabajo de hormiga”, dice.
Tras una semana, Eugenia aún no sabe si toda su familia está infectada. Hasta el momento, tres de sus cuatro hijos son positivos. Su nuera y su nieta todavía aguardan los resultados. La incertidumbre que padece Eugenia –por su salud y la de sus seres queridos– la experimentan todos los que viven en los barrios populares.
En la Ciudad de Buenos Aires, después de que se triplicaran los casos en pocos días, el Ejecutivo porteño instaló 50 postas sanitarias en la entrada y salida de los barrios para higienizar y desinfectar a quienes ingresen. Asimismo, el Gobierno nacional amplió el operativo DetectAr en los barrios de Retiro, Ricciardelli (1-11-14) y Zavaleta (21-24) para identificar casos positivos, en conjunto con el programa “El barrio cuida al barrio” del área de Cuidados Integrales y Políticas Comunitarias del Ministerio de Desarrollo Social, encabezada por Carolina Brandariz.
Esta iniciativa, explica la funcionaria, junto con el protocolo y el rol de referentes sociales, pretende garantizar el mayor aislamiento posible en los barrios vulnerables cuyos habitantes sufren condiciones de hacinamiento y no tienen acceso a servicios esenciales, además de promover medidas de cuidado, autocuidado y prevención.
Brandariz, referente del Movimiento Evita, cuenta que tuvieron que modificar el lugar de espera de los resultados: “En un primer momento, los centros de aislamiento se habían pensado para situaciones de sospechosos positivos que conviven con familiares que salen y entran. Ahora, el hisopado se está haciendo en los hoteles en vez de las casas. Si da positivo, vas al hospital”.
Desde su área hacen hincapié en la necesidad de cambiar ciertos hábitos como compartir el mate e higienizarse las manos. “Tenemos que cambiar para cuidarnos, sabemos que el distanciamiento social es difícil en las ferias del barrio, pero esto se debe modificar. También se triplicó la demanda en los comedores y por eso, para garantizar el aislamiento, debemos proveer alimentos a los comedores y a las casas”, subraya.
Mientras tanto, en la villa 1-11-14 del Bajo Flores, otra de las zonas de la ciudad más afectadas por el covid-19, los vecinos, junto con organizaciones sociales, docentes y personal de salud, se manifestaron el martes 27 de mayo para denunciar falencias en el operativo DetectAr y exigir protocolos específicos para los barrios populares e insumos para los hospitales.
Allí también la Iglesia juega un papel importante. El padre Juan Isasmendi, de la Parroquia Santa María Madre del Pueblo –que lleva 45 años en el barrio–, convocó al Ejército, en acuerdo con los vecinos, para que instale una cocina de campaña frente al comedor de la iglesia donde están repartiendo 4 mil platos de comida por día.
May 22, 2020 | Comunidad, Novedades
Los barrios populares concentran el 35% de los casos de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires. Al cierre de esta nota, las 29 villas porteñas sumaban 1651 infectados y 17 fallecidos. El barrio Padre Mugica (ex Villa 31), con 1083 positivos, reunía la mayor cantidad, seguido por la 1-11-14 del, Bajo Flores, con 471.
La muerte por COVID-19 de dos referentes sociales puso en evidencia, una vez más, las medidas insuficientes del Gobierno de Horacio de Rodríguez Larreta. Uno de ellos, Víctor Giracoy, de 60 años, trabajaba en el comedor «Estrella Belén» del Barrio Mugica. La otra víctima, Ramona Medina, de 42 años, integrante de La Poderosa, había sido internada en grave estado en el Hospital Muñiz. Ella había sido una de las personas que visibilizó en los medios de comunicación la falta de agua durante 12 días en la Villa 31, antes de que los contagios empezaran a multiplicarse rápidamente.
Ramona vivía con siete familiares en un espacio de 26 m2, entre ellos su pareja y sus dos hijas, una con síndrome de West y síndrome de Aicardi y que dependía completamente de su cuidado. Además de coordinar el Área de Salud de la Casa de las Mujeres del barrio, Ramona también cocinaba en su casa para solventar los gastos de medicamentos que el Estado no le garantizaba.
La organización La Poderosa informó que la familia esperaba su relocalización desde hace cuatro años, cuando Rodríguez Larreta “impulsó” el proyecto de urbanización. “La vivienda nunca llegó y la respuesta ante la falta de agua tampoco. Llegó el coronavirus”, señalaron en un comunicado.
La tragedia de Ramona parece haber perforado el blindaje mediático sobre la dramática realidad que se vive en las villas porteñas. Ante la indiferencia de las autoridades locales, el presidente Alberto Fernández “leyó la situación” y recibió en Olivos al periodista y militante de La Poderosa, Nacho Levy, quien le detalló de primera mano la extrema vulnerabilidad que atraviesan los sectores populares durante el aislamiento social.
Hace más de 12 años que la gestión del PRO –y sus variantes Cambiemos y Vamos Juntos- prometió mejorarles la calidad de vida, pero hoy los vecinos continúan hacinados, expuestos a enfermedades como el dengue y el coronavirus, y sin los servicios básicos de luz, agua y gas.
El lunes 18 de mayo, tras las muertes de Ramona Medina y Víctor Giracoy, el Comité de Crisis de la Villa 31 realizó una conferencia de prensa para exigir la declaración de la emergencia sanitaria, alimentaria y habitacional. El Comité, compuesto por organizaciones sociales y la parroquia Cristo Obrero, se conformó para dar respuesta a la pandemia frente a la desidia del gobierno porteño. Una de sus integrantes denunció las obras nunca realizadas en el barrio. “Hubo cuatro años de macrismo donde se hizo campaña con la urbanización de nuestro barrio”, afirmó y recordó unas declaraciones de 2018 del secretario de Integración Social, Diego Fernández, responsable del barrio: “Decía que toda la infraestructura de agua, cloaca y tendido eléctrico iba a estar terminada para ese año. Estamos en el 2020 y, durante una pandemia, sale a la luz que todas esas obras no se hicieron”.
Desde el Comité, reclamaron el acondicionamiento de hoteles y espacios que garanticen el aislamiento de personas que no pueden hacerlo en su casa. “Exigimos unidades de traslados y atención psicológica las 24 horas”, dijo la vecina y referenta Silvina Olivera.
Y mientras la atención está puesta ahora en la Villa 31, el desastre avanza sobre el resto de los barrios populares de la Ciudad. Por la falta de trabajo, todos los comedores comunitarios fueron desbordados ante la demanda: la mayoría duplicó y algunos hasta triplicaron la cantidad de platos de comida que dan al día.
En el barrio Zavaleta (Villa 21-24), ubicado entre Barracas y Pompeya, los coordinadores de los merenderos piden con urgencia la llegada elementos de limpieza, higiene y raciones de comida. María forma parte del comedor Madre Teresa de Calcuta que atiende allí desde hace más de 25 años. El espacio, que también funciona como un lugar de contención, entrega todos los días más de 200 platos de comida para familias y chicos en situación de calle. «La realidad es que hacemos magia, hacemos todo lo posible para que nadie duerma sin comer», afirma.
El presidente Alberto Fernández recibió a referentes sociales de los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires.
Además del miedo que les genera la pandemia, los vecinos sienten impotencia por el abandono que padece el barrio. «Le queremos pedir al Gobierno que se haga cargo de la situación que vivimos porque los problemas que tenemos, como la falta de agua, los padecemos hace tiempo», agrega María, indignada.
Las condiciones de hacinamiento y el estancamiento del agua hacen que el riesgo de dengue sea un peligro cotidiano. Carla, vecina y militante de izquierda, subraya: “Es indignante que el Gobierno diga que los hospitales están todos preparados para recibir los casos, pero no nos reciban a nosotros”.
El pasado lunes comenzó en la 21-24 de Barracas el operativo DetectAR (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina) y, ante la sospecha de casos positivos, mamás con bebés y niños pequeños fueron llevados al hospital Ramos Mejía. Allí los ubicaron en salas sucias, en contacto con otros infectados y sin brindar ninguna información sobre ellos hasta el momento.
Los vecinos de la 21-24 se manifestaron frente a la Casa de la Cultura, en Barracas, y exigieron que se cumpliera el protocolo de aislamiento a quienes se les hizo el test el lunes y están desde entonces en el Ramos Mejía.
“Es vergonzoso e inhumano el trato que reciben del Gobierno de la Ciudad –expresó el presidente de la Comuna 4, Ignacio Álvarez–. Mientras en los barrios del norte trasladan a las personas sospechosas en ambulancias del SAME, en el sur los amontonan como ganado en colectivos. No podemos permitir que siga habiendo ciudadanos de primera y de segunda”.
May 14, 2020 | Comunidad, Novedades
En los últimos días, la Ciudad de Buenos Aires se transformó en el epicentro del coronavirus en la Argentina. Más del 25 por ciento de los infectados viven en los barrios vulnerables, según datos del propio Gobierno porteño.
Hasta el 21 de abril, cuando dio positivo una mujer en el “Padre Mujica” (Villa 31), no se habían registrado casos en los barrios populares. “Apareció en medio de once días donde no tuvimos agua”, afirma Miriam Suárez, vecina integrante de Barrios de Pie y coordinadora de un comedor. “Durante esos días, los contagios se dispararon como un cohete. Si no tenés agua, ¿cómo te vas a lavar las manos? La falta de agua contaminó el barrio”, concluye.
El hacinamiento en las casas, la precariedad laboral y el acceso limitado a servicios esenciales, como agua, luz y gas, dificultan el aislamiento social. La falta de agua, que impide sostener las medidas sanitarias básicas, no es el único problema. La mayoría de las personas se quedaron sin trabajo y sus ingresos se redujeron parcial o enteramente.
La demanda en los merenderos se duplicó y hasta triplicó. El que coordina Miriam no es la excepción: “Con el coronavirus se sumó mucha gente. Antes dábamos cincuenta raciones, hoy damos cien”, cuenta. Las medidas de higiene se extremaron. “Mantenemos todo lo más limpio posible, lavamos bien, usamos lavandina, para no contagiarnos. Si nos enfermamos, sería un desastre. ¿Quién le daría de comer a toda esta gente?”
«Si nos enfermamos, sería un desastre. ¿Quién daría de comer a la gente?”, dice Miriam, coordinadora del comedor.
En el sector donde trabaja Miriam, dos merenderos cerraron porque sus encargados enfermaron y las personas tienen que encontrar su ración en otro lugar: “Los comedores están saturados: no damos abasto ni de comida ni de utensilios”, asegura.
Desde su espacio, insisten a los vecinos para que respeten las medidas de distanciamiento. “Les pedimos que limpien bien sus tapers, que mantengan distancia en la fila, que usen barbijo, que se cuiden, porque si nos enfermamos, no podríamos abrir”, subraya.
“No hay presupuesto”
Ante el brote en los barrios populares, el Gobierno porteño, junto con Nación, puso en marcha el programa Detectar, que incluye operativos de testeos a personas con síntomas en las zonas más vulnerables al contagio. A través de un comunicado en Facebook, la organización villera La Poderosa denunció que estos testeos se realizan sólo en dos barrios de los 29 de la ciudad: en la Villa 31 y en la 1-11-14, las más afectadas por el momento.
Las organizaciones sociales están llevando adelante tareas fundamentales para contener la pandemia en los barrios marginados. No sólo para poner un plato de comida en la mesa de las familias sino también para el seguimiento y el cuidado de los contagios. “El Gobierno de la Ciudad entró al barrio para hacer controles de quién tiene el virus, pero no van casa por casa. Las organizaciones armamos un listado de quiénes estuvieron cercanos a los contagiados y a ellos les están haciendo los controles. También pusieron postas sanitarias en la entrada y varias zonas, ayudando a la gente que sale a trabajar porque ya no se aguanta la cuarentena sin comida”, detalla Miriam.
Las personas infectadas con hijos y personas mayores a cargo, ni siquiera saben si les están dando de comer.
Mientras tanto, el Gobierno porteño no les brinda información de cuántos infectados tienen, cuántos muertos, cuántos fueron dados de alta. “Nadie informa nada”, se queja Miriam. El desamparo no lo padecen sólo los que quedaron en el barrio. Vecinos que están contagiados y aislados en hoteles y hospitales denuncian malos tratos y falta de insumos básicos como jabón o abrigo. “Dos compañeras mías de la cooperativa están en esta situación. Cuando piden algo, no se los dan y las tratan mal. No sé si es así porque son de la villa o actúan de la misma manera con la gente que tiene una casa”, se pregunta.
Esto genera que mucha gente no quiera ir a espacios que brinda el Estado para realizar el distanciamiento obligatorio: “Muchos prefieren recibir el resultado en su casa. Si te tratan mal, ¿para qué salir de tu hogar?”, dicen. El miedo a dejar sola a la familia está presente. Las personas infectadas que tienen hijos y personas mayores a cargo, ni siquiera saben si les están dando de comer.
A raíz de las problemáticas que desnudó y agravó la pandemia –hambre, desempleo y condiciones de vida extremamente precarias–, las organizaciones sociales, los merenderos y comedores, junto con los curas villeros, conformaron un comité de crisis en la 31 para relevar las complicaciones y notificar al Gobierno porteño. “Nosotros somos los que vivimos y sabemos lo que pasa en el barrio, que los comedores están saturados. Les pedimos que brinden más raciones. Les dieron comida a 22 comedores no reconocidos, pero eso no llega a todo el barrio. La respuesta de ellos siempre la misma: ‘No hay presupuesto’”, explica Miriam.
El acceso al agua tampoco ha sido garantizado hasta ahora. Desde la Secretaría de Integración Social y Urbana de la Ciudad les informaron que se iba a cortar el agua en algunas manzanas por una obra en el caño matriz, “pero no nos dicen qué sectores van a quedar afectados para prever y llenar baldes –señala Miriam–. Esto es lo que nos genera más contagios”.
