Ene 11, 2018 | Comunidad, Trabajo
Peligran 900 puestos de trabajo por el cierre del Programa Nacional de Formación Permanente Nuestra Escuela que permite que docentes de todo el país accedan a posgrados de formación gratuitos. El destino de los educadores es incierto, todavía no saben si retomarán sus funciones en febrero, marzo o si deberán emprender la búsqueda de un nuevo empleo. “Hay algo despiadado en todo esto porque suponiendo que ya sabemos que estamos despedidos, podríamos ir viendo otros trabajos. Es muy angustiante sobre todo para aquellos compañeros que dependen de éste como su único ingreso. Exigimos una palabra pública de las autoridades”, reclamó Diego Carames, responsable de contenido del módulo Ciencias Sociales para secundaria.
En el 2007 se creó el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) que tenía como finalidad centralizar los cursos docentes dispersos y levantar un reclamo histórico que era el acceso a una formación permanente gratuita y de calidad. El Programa Nuestra Escuela surgió en el marco del INFOD y es un proyecto que inició la gestión del gobierno anterior durante 2014. Fue aprobado por unanimidad por el Consejo Federal de Educación, organismo que reúne a todos los ministros de Educación del país. Consiste en una capacitación y especialización universal para los docentes con una duración de dos años, con modalidad presencial y virtual, financiada por el Estado. “El Programa Nuestra Escuela fue quizás el más ambicioso de todos porque pretendió llegar al millón de docentes. Esto garantizaba el derecho de los maestros al mismo tiempo que recuperaba la idea de un Ministerio nacional federal que invertía en términos de educación, en buscar cierta igualdad en las distintas regiones de Argentina. Lo que observé a lo largo de estos últimos dos años es que las políticas de educación que está llevando a cabo el Gobierno actual son un retorno a la línea de intervención de los años 90; que consistió en descentralizar, es decir que cada provincia se responsabilizara de su educación, profundizando la desigualdad”, reflexionó Carames. Aquellas provincias más ricas, que tuvieran más recursos podrían invertir en formación docente, mientras que las provincias más pobres tendrían otras prioridades. “Hay una profunda contrariedad en lo que declaman desde el gobierno, una educación de calidad, y lo que están haciendo con el ministerio de Educación. Lo están desguazando”, denunció el docente.
Al mismo tiempo que el actual ministro de Educación Alejandro Finocchiaro afirma que hay jerarquizar a los docentes, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en Provincia de Buenos Aires, y que la gobernadora María Eugenia Vidal propone dar de baja a los docentes que no posean un título, un programa dedicado a la formación docente permanente está en jaque. “El discurso que dan y lo que hacen es muy contradictorio. Plantean la necesidad de jerarquizar a los docentes para obtener una enseñanza de calidad. Pero quieren cerrar Nuestra Escuela. Acá hay casi mil docentes que dedicaron tiempo para su propia formación y desde el Ministerio de Educación deciden, sin dar ninguna explicación razonable, que no terminen con esa capacitación”, juzgó Diego Carames.
“Quisieron cerrarlo en el 2016 y como no pudieron lo que hicieron fue esperar un año para que las sucesivas cohortes fueran cayendo y, apenas pudieran, cerrarlo. Esto no es un mero descuido sino una política sistemática de desresposabilizarse por la educación pública”, sentenció Carames. A fines de 2016 el ex ministro de la cartera Esteban Bullrich firmó una resolución para restringir el régimen de cursada de los postítulos y dispuso el cierre definitivo, para fines de 2017, de las especializaciones en Derechos Humanos, Ciencias Sociales y Nuevas Tecnologías en las que trabajan 110 docentes. Un recurso de amparo presentado por los docentes impidió el cierre. “A partir del conflicto de diciembre del 2016 formamos el Colectivo de Trabajadores Virtuales Nuestra Escuela para dar pelea por nuestros derechos y el de los cursantes. En enero del 2017 resolvieron dar de baja las resoluciones porque eran ilegales, violaban el contrato académico con los docentes que se habían inscrito al Programa”, dijo Carames. En estos tres postítulos hay alrededor de 950 cursantes que le faltan entre una y dos materias para recibirse. “Esto depende de una firma del ministro, de la buena voluntad y de la responsabilidad de las autoridades. No es necesario siquiera que abran una nueva cohorte, sino sólo un bimestre para que estos docentes puedan finalizar su formación. En términos económicos el costo resulta mínimo”, explicó el responsable de Ciencias Sociales.
Mientras que el artículo 74 de la Ley de Educación Nacional prescribe que el ministerio de Educación y el Consejo Federal de Educación deben garantizar el derecho a la formación continua a todos los docentes del país, en todos los niveles y modalidades, así como la gratuidad de la oferta estatal de capacitación, las autoridades están obstaculizando este derecho a la formación al impedir que los cursantes finalicen sus estudios.
Si bien el Colectivo de Trabajadores logró que el programa continuara en funcionamiento durante el 2017, hoy se encuentran inmersos en la incertidumbre por la ausencia de noticias sobre el futuro del proyecto. “Desde la gestión lo que dicen es que la mayoría de los docentes va a continuar. Sin embargo, mientras que los contratos se renuevan semestralmente aún no hay nada firmado. Si bien no hubo confirmación de que los 900 docentes estamos despedidos, lo que sí sabemos es que los contratos cayeron y desde entonces no tenemos ninguna noticia. Al no tener un contrato oficial nos damos por despedidos”, agregó.
El argumento que sostienen desde el ministerio de Educación para el cierre de los postítulos en Derechos Humanos, Ciencias Sociales y Nuevas Tecnologías sería puramente burocrático. Como en el 2016 se abrieron cohortes nuevas para los otros once postítulos pero no para estas tres áreas, ya no habría cursantes para ellas en 2017. ¿Por qué no se abrieron nuevas cohortes en 2016 para estas tres áreas? “Uno podría decir que esa decisión tiene que ver con las líneas pedagógicas prioritarias que el gobierno actual sostiene. En la cual los derechos humanos y el postítulo en Ciencias Sociales, que trata de pensar problemáticas como las transformaciones del mundo contemporáneo, no son áreas en las que las autoridades estén interesadas en que sean enseñadas en las escuelas. Sino que están más comprometidos con orientar la educación hacia los parámetros medidos por las evaluaciones internacionales, como PISA. Por otra parte, pareciera que la idea es fomentar el crecimiento de los cursos y especializaciones privadas y que los docentes tengan que volver a pagar para obtener su propia formación. Porque no sólo se cierran cursos y programas como Nuestra Escuela y líneas de intervención territorial socioeducativas como el proyecto coros y orquestas, sino que tampoco ofrecen un proyecto educativo propio que venga a reemplazar los postítulos de Ciencias Sociales, Derechos Humanos y TICs. Lo único que hacen es cerrar cursos bajo la idea economicista de ahorrar recursos”, opinó Carames.
Según el responsable de contenido del módulo Ciencias Sociales para secundaria hay dos posibles soluciones para que los docentes no pierdan su fuente de trabajo, una es que se abran nuevas inscripciones y los postítulos sigan. La otra posibilidad es que los docentes sean reabsorbidos por los cursos nacionales virtuales que ofrece el ministerio sobre distintas temáticas. “El año pasado abrieron algunos proyectos nuevos en la virtualidad, el problema con el que se encontraron es que contrataron mucha gente nueva, sin experiencia en plataformas virtuales, teniendo recurso ya formado. Hay poca gente en el país que tenga tanta experiencia como nosotros en la formación docente virtual. Esta modalidad de educación no es como cualquier trabajo de docencia, tiene cierta especificidad, no trabajamos con la palabra oral sino con la palabra escrita. Supone otro tipo de vínculo con los cursantes”, planteó.
Sonia Alesso, Secretaria General y Guillermo Parodi Secretario de Prensa de CTERA, en nombre del gremio, se sumaron al reclamo de los docentes del Programa Nuestra Escuela con un comunicado en el que repudiaron el desguace del Programa y afirmaron que el Ministerio estaría incumpliendo con un Acuerdo Paritario que habían firmado en 2015 los cinco sindicatos nacionales con el Ministerio de Educación, de Trabajo y el Consejo Federal de Educación para garantizar la formación permanente, gratuita y en servicio de más de un millón de docentes. “Este es un nuevo ajuste a la educación pública, con la pérdida de fuentes de trabajo para 900 familias. CTERA repudia y rechaza este nuevo atropello a la educación pública y exige al Ministerio de Educación que revea esta medida arbitraria, unilateral y de ajuste”, expresó el comunicado.
Por su parte, el Colectivo de Trabajadores Virtuales se apoya en el gremio ATE para elevar a las autoridades sus reclamos en espera de la apertura de un diálogo para solucionar la problemática o, al menos, tener una certeza sobre los planes que tiene el ministerio para el programa y sus trabajadores. “El apoyo de CTERA es muy importante porque permite de alguna forma que nuestro reclamo no quede invisibilizado como el de un grupo de trabajadores de un programita del Estado. Nos interesa que aparezca en particular nuestro reclamo por los puestos de trabajo, pero también es importante que se ponga este conflicto en un contexto más amplio que es la avanzada furiosa del gobierno contra el universo educativo en general y contra los trabajadores docentes en particular. Ya lo vimos el año pasado como los docentes fueron estigmatizados y aún más aquellos que estaban afiliados a algún gremio”, concluyó Diego Carames.
Ene 4, 2018 | Novedades, Trabajo
Las fiestas de fin de año llegaron con malas noticias para los trabajadores de los medios de comunicación públicos. Reunidos en una histórica asamblea conjunta de Radio Nacional, Televisión Pública y agencia Télam, este miércoles denunciaron la puesta en marcha de un “drástico programa de ajuste en los medios bajo gestión estatal”. El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos (SDMCP), Hernán Lombardi, prefirió denominarlo “proceso de modernización”. A los 180 despidos en el área de la Televisión Digital (TDA), virtualmente desmantelada, se le sumaron “retiros voluntarios” y jubilaciones anticipadas, y, en el primer día hábil del año, una nueva ola de despidos en Radio Nacional que puede ampliarse en los próximos días.
Ayer, la asamblea conjunta reunió a más de 350 trabajadores de los tres medios en el hall de ingreso del histórico edificio de Nacional, ubicado en Maipú 550. Allí, se resolvió continuar con el plan de lucha, exigir la reincorporación de los despedidos y participar de la marcha de ATE al Ministerio de Modernización para rechazar los despidos en diferentes dependencias del Estado que el gobierno de Cambiemos anunció entre el final de 2017 y la primera semana de 2018. La posibilidad de un paro simultáneo en los tres medios sobrevoló el debate.
Gentileza SIPREBA
“Las tres empresas estamos bajo el mismo convenio de ajuste. El gobierno anunció retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, y si no les alcanza para las bajas que proyectan, habrá más despidos en los medios públicos. En Radio Nacional y en la TV Pública, ya comenzaron las llamadas jubilaciones anticipadas, en Telám se calcula que estarán comenzando dentro de diez días”, resumió Mariano Suárez, delegado de la agencia de noticias estatal, en diálogo con ANCCOM.
Por su parte Agustín Lecchi, delegado de la TV Pública, advirtió que se puso en marcha “un intento de ajuste y vaciamiento por parte de la gestión”. Y afirmó: “La asamblea que realizamos fue histórica. Se da como continuidad de un paro que comenzó el lunes en Radio Nacional, contra los 16 despidos de compañeros que estaban en una relación de fraude laboral desde hace años”.
“Nos enteramos de los despidos de la forma más perversa posible en la que se puede enterar un trabajador que viene a su lugar de trabajo”, dijo Cecilia Bari, secretaria general de la Asociación de trabajadores de Radio Nacional (ATRANA) a esta agencia. Y precisó: “El reloj digital que te toma tu huella en la entrada no te la tomaba y la gente de seguridad te decía que si pasaba eso ya no eras más trabajador de la radio”.
En TDA ya se había vivido un panorama muy similar. Después de Navidad, el subsuelo del edificio de Fabricaciones Militares, ubicado en Cabildo 65, cerró sus puertas y la totalidad de los trabajadores del área de Contenidos Audiovisuales de la Televisión Digital Abierta perdieron sus puestos de trabajo.
“La situación es que se bajan las persianas del lugar físico donde funcionaba la base operativa, entonces no hay un espacio para la reincorporación. Se baja la política pública y se entrega el edificio, no estamos hablando de un porcentaje de trabajadores estamos hablando de la totalidad y sin posibilidades de reincorporación”, explicó uno de los delegados sindicales del SATSAID a ANCCOM.
Anahí Molina, una de las trabajadoras despedidas de TDA, advirtió que el gobierno “habla de reestructuración pero en realidad está desmantelando. Aducen que éramos muy costosos y no es verdad: éramos muy baratos porque estábamos en negro”, detalló. El argumento oficial es que la “relación contractual” finalizó el 29 de diciembre. “Hay gente que trabaja desde hace siete años de una forma permanente, con un modo de empleador-empleado. Es una relación de trabajo encubierta y fraudulenta que no reconocen”, contrastó otro de los referentes del sindicato de televisión consultado por ANCCOM.
En el caso de Nacional, el futuro de las filiales del interior parece en la mira del plan oficial. “Se trata de un vaciamiento que aspira a que Radio Nacional deje de existir en el interior del país. ¡No hay ninguna causa para los despidos! Esto se trata de un plan de achique que nosotros denunciamos a partir de los ofrecimientos de jubilación anticipada que seguirá en enero con retiros voluntarios y con el cese de contratos de personal. Pablo Ciarliero, vicepresidente de la emisora, nos dijo que la radio se va a hacer con la gente que quede”, puntualizó Bari.
La delegada de ATRANA explicó que el plan del gobierno apunta a que “el plantel quede diezmado y se transformen todas las emisoras en meras repetidoras de Radio Nacional Buenos Aires, desconociendo el carácter que tienen las radios públicas que son principalmente un servicio”. Y completó: “A pesar de la era de las comunicaciones, en muchos lugares del interior la única forma que tienen de comunicarse los habitantes es a través del servicio social que brinda Radio Nacional”.
Gentileza SIPREBA
Actualizado 04/01/2017
Dic 20, 2017 | Trabajo
El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, fue uno de los dueños de Freddo hasta diciembre de 2015, cuando anunció que abandonaba el fondo de inversión Pegasus para pasar a ser funcionario del entonces flamante gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, más allá de la publicitada desvinculación, la empresa desarrolla una política salarial de precarización en sintonía con las intenciones oficiales.
A comienzos de mayo, los empleados de la compañía padecieron una serie de despidos masivos que iniciaron un conflicto que llevaría todo el año en resolverse. Marcelo Gasso, delegado hace más de 20 años, comentó: “La empresa en mayo despidió 30 trabajadores. Desde la crisis de 2001 que en la empresa no había despidos masivos.”
El suceso se agravó el 1 de agosto, cuando la empresa postergó el aumento de los trabajadores y postuló una serie de condicionantes para otorgarlo. Mientras que los trabajadores esperaban el 25% de incremento -el índice convenido con la Cámara de Heladeros- , la empresa solo buscaba ofrecerles el 10%.
Viviana Godoy, delegada en su primer mandato, comentó además la intención de Freddo de eliminar una de las categorías de los empleados. “Hay distintas categorías: inicial, especializado y calificado. Hay un 30% de la empresa que tiene esa última categoría. Argumentan que para hablar de un aumento, a esa categoría la tienen que eliminar”. La intención de la empresa era indemnizar a los empleados y bajarlos de categoría, a lo que se negaron. Por último, Godoy dijo: “No se puede bajarle el sueldo a alguien. Todos tienen un derecho adquirido”.
Una empleada, que trabaja hace 13 años y que prefirió no identificarse, comentó: “Al comienzo era o bajarnos la categoría o chau, irnos de la empresa. Muchos, por miedo, quieren aceptar eso”. En ese sentido, el delegado Gasso señala: “Había algo que era totalmente premeditado, de modificar el convenio, de reducir el plantel, de reducir los salarios de los trabajadores. Creo que todo eso viene en concordancia con la reforma laboral”.
La misma empleada que trabaja en uno de los locales comentó que como la empresa no contrató nuevos trabajadores luego de los despidos de mayo, muchos trabajadores se vieron forzados a realizar más tareas de las que realizaban habitualmente. “Yo soy empleada de atención al cliente y sin embargo también estoy en la caja. Pero a mí no me pagan como cajera. O sea tengo que hacer las dos tareas, con todo lo que implican las dos cosas.”
Al negarse a la oferta de Freddo, los empleados tuvieron una audiencia en el Ministerio de Trabajo, en la que no pudieron ponerse de acuerdo con la empresa. La firma no solo ofrecía el 10%, sino que además ese aumento le correspondía al 70% del personal, el que estaba en la categoría de especializado e inicial. Al negarse a estas condiciones, los trabajadores empezaron a convocar a asambleas en los diferentes locales de la empresa.
Al mes siguiente, los empleados descubrieron que en tres locales donde trabajaban los delegados, les habían descontado el presentismo a todos por haber presenciado las asambleas argumentando que habían hecho un cese de actividades. Fue ahí cuando comenzó la escalada del conflicto. Los trabajadores pidieron una segunda audiencia en el Ministerio para pedir explicaciones y el reintegro del dinero. En relación con esta situación, Godoy comentó: “La asamblea es un derecho. Pero fueron puntuales, en esos locales donde trabajan los delegados. Les descontaron al final a todos los empleados, incluso a los que estaban de franco”. La cadena de heladerías se negó a realizar el reintegro y los empleados realizaron un cese de actividades por 24 horas.
Godoy señala que hace diez días rubricaron un acuerdo: la empresa otorgará solo un 15% de aumento y una suma no remunerativa para compensar el diez por ciento restante. “Pan para hoy y hambre para mañana”, concluye en la heladería.
Actualizado 19/12/2017
Dic 18, 2017 | Culturas
La feria de pequeño formato es una nueva manera de promoción del trabajo de miles de ilustradores y artistas de todo el país que proponen la venta directa al público de sus obras. Los encuentros se realizan con frecuencia mensual y el último -denominado MANGO– fue el 16 de diciembre en El Taller de Don Omar, Fitz Roy 1245.
La denominación “pequeño formato” surge, no por las dimensiones del evento, sino por el tamaño de lo que allí se vende: fanzines en lugar de revistas, prints (copias impresas de dibujos originales) en lugar de cuadros, stickers, entre otras creaciones. Además, no suelen exponer las grandes editoriales, sino los propios artistas. La relación directa con el público permite a los expositores aumentar los márgenes de ingresos y, al mismo tiempo, ofrecer su obra a valores inferiores de lo que lo haría cualquier intermediario.
Gastón Mengo, ilustrador detrás de Mengoloton, aclara que “es como una oportunidad para que el artista tenga un ingreso y se haga conocido sin necesitar una editorial atrás”.
La autogestión es uno de los pilares más importantes en este tipo de ferias. Sin depender de ninguna empresa o entidad mayor, las exposiciones son impulsadas por los mismo artistas, con el afán de juntarse entre amigos, poder brindar al público calidad, y ofrecer oportunidades de trabajo. Si bien, como señalan los organizadores de la feria MANGO, hoy están golpeadas por el ajuste general que vive el país, “el poder autogestivo que encontramos es único y ofrece resistencias, apostando al tejido de redes y a la construcción de un sistema comunitario y desde las bases”.
Las ferias varían en su tamaño, temáticas y locaciones. Generalmente se realizan en multiespacios, casas culturales prestadas a la organización. Sus nombres también varían: Ey!, MANGO y DINÁMICA son algunos de ellas.
Caridibuja, ilustradora venezolana radicada en Argentina, participó de la feria “Vamos Las Pibas”, dedicada especialmente a artistas e ilustradoras de género femenino. Su perspectiva sobre la experiencia fue -según sus propias palabras- muy gratificante. “Tener contacto directo con personas que aprecian mi trabajo y otras que lo conocen gracias a la feria es una experiencia única -describe-, las redes quitan mucho del contacto humano que uno puede llegar a tener con el público”.
Así como Gastón menciona la oportunidad con bajo presupuesto, Caridibuja hace hincapié en que las ferias son una manera muy efectiva de hacerle llegar su trabajo a otras personas, compartir con otros creadores y ver en vivo las reacciones que los trabajos generan en los demás. Los organizadores de MANGO agregan que para muchos artistas estas ferias son su principal fuente de ingreso, tanto por la venta directa de sus obras como por los contactos y trabajos que surgen a raíz de ellas.
Florencia Tedesco, asidua visitante y especial coleccionista de las intervenciones de la dibujante Pum Pum, opina que “las ferias tienen lo especial de estar frente al artista sin nadie en el medio, y además ofrecen la posibilidad de encontrar miles de cosas muy originales que no tienen nada que ver con los productos que podés encontrar en un local comercial. Ir a una feria es toda una salida”.
MANGO, la feria constituida por Diego Jit Martínez, Sasha Reisin, Euge Petre, Maca De Pablo y Lu Benvenuto, es un ejemplo de cómo este formato autogestionado de promoción cultural va ganando terreno. “La feria nace en un cruce de oportunidades, las ganas de encontrar y divertirnos entre los artistas, el deseo de hacer accesible las creaciones que se exponen en la feria, la casa que permitió esa primera experiencia —explican a ANCCOM—. A partir de la motivación y con el mayor ánimo de jugar y probar, aun tomándolo con seriedad nace MANGO”.
Descripta por los propios organizadores como feria, festival, evento, falso cumpleaños, carnaval y todo lo que no entra en palabras, es una ejemplificación de cómo la feria del pequeño formato ha logrado convertirse en algo más que un espacio de promoción cultural. “Para nosotros es mucho más que una feria. MANGO es un lugar de encuentro entre amigos. Un lugar en donde compartir con pares, divertirse y hasta para generar nuevas conexiones”.
La feria del pequeño formato es una demostración de cómo, ante un panorama desfavorable y un sistema de difusión más bien cerrado, los mismos artistas logran ampliar las formas de trabajo y establecer nuevas reglas del juego. Y quizá, la mayor cualidad de las ferias, más allá de crear espacios artísticos, generar conexiones y poder dar acceso a productos artísticos a bajo costo, sea la capacidad de hacer sentir a todos sus visitantes como si estuviesen en casa, entre amigos.
Acutalizado 12/12/2017
Dic 4, 2017 | Comunidad, Novedades, Te puede interesar, Trabajo
La apertura indiscriminada de las importaciones, el aumento en las tarifas de los servicios y la caída del consumo interno son componentes de una tormenta perfecta que cae sobre la industria textil argentina desde los primeros días de 2016. El crecimiento constante que tuvo el sector en el período 2003-2015 quedó tapado bajo el discurso del “sinceramiento”. Desde diferentes sectores del gobierno apelan a la falta de competitividad para explicar la situación que preocupa fuertemente a todos los que componen la actividad. ANCCOM, por su parte, se metió dentro del tejido del sector para conocerlo en profundidad y poder entender esta problemática.
La Fundación Pro Tejer es una organización sin fines de lucro, creada en el año 2003, como respuesta a la necesidad de reunir a todos los sectores de la cadena de valor de la industria textil y de indumentaria de Argentina con el objetivo de profundizar el protagonismo productivo. Ariel Schale, licenciado en Economía y director ejecutivo de la Fundación, manifiesta que la industria textil está atravesando un momento complicado en toda la cadena de valor: “El nivel de actividad no termina de recuperarse. Si bien estamos en un segundo semestre donde vamos a ralentizar la caída que estábamos teniendo, nos seguimos moviendo en variaciones negativas respecto al año anterior”.
El crecimiento constante que tuvo el sector en el período 2003-2015 quedó tapado bajo el discurso del “sinceramiento”.
Al identificar las causas de esta situación, Schale reconoce que la actividad está impactada por el deterioro del poder adquisitivo de la población: “Lo que queda disponible de los ingresos en los hogares es mínimo por el encarecimiento de los alimentos, de los medicamentos y de los servicios públicos. Eso hace que lo disponible para gastos en indumentaria sea menor”. Se estima que entre el 2015 y el 2017 la caída del mercado estaría rondando entre el 25 y el 30 %. A la caída del consumo se le suma el problema de la presión importadora.La industria queda situada como un proveedor en un mercado más chico y con menor participación de la que tenía, terminando con niveles que están por debajo de los valores de equilibrio para la industria.
Alejandro Robba, economista, docente de la Universidad Nacional de Moreno y de la Universidad General de San Martín explica que “el sector textil está perdiendo rentabilidad desde fines del 2015 por la devaluación y el aumento de los costos importados, la apertura y el aumento de tarifas”. Reconoce también la caída del poder adquisitivo de los argentinos y el reemplazo de productos nacionales por importados como una de las principales causas del problema: “El gobierno ha experimentado un cambio de modelo económico por el cual los salarios dejan de ser el motor de la economía para ser un costo más. A partir de una reforma laboral, que es lo que intenta ahora, se busca bajar los costos, lo que sería la contracara de aumentar tasa de ganancia empresarial. Esto significa también bajar el nivel de poder de compra de esos salarios que son en definitiva el poder de demanda que tiene la argentina”.
Scalters Sociedad Anónima es una fábrica textil con más de 67 años de antigüedad. Hace 12 años instalaron una de sus plantas en la localidad de Paso del Rey, Moreno. Raúl Hutin, director general de la empresa, vive en carne propia la situación que está atravesando la industria. Para describirla, primero hace un recorrido de los últimos años: “En plena crisis del 2002 teníamos doce empleados y no llegábamos a fabricar diez toneladas mensuales. Desde el 2003 empezamos a crecer y llegamos hasta 450 toneladas. Crecimos un 2.300%. En cuanto a personal, pasamos de 12 a 106 contratados. En la actualidad, con la situación que está viviendo el país, hemos bajado la línea de cien empleados, debemos estar en 95 o 96, según el día” explica Raúl.
Se estima que entre el 2015 y el 2017 la caída del mercado estaría rondando entre el 25 y el 30 %.
Luego de 12 años de crecimiento ininterrumpidos, Raúl Hutin ve con preocupación el nuevo escenario que tiene la industria. Según su mirada cambió el paradigma de país y el proyecto nacional: “Lo que se plantea es un país para pocos, donde la pequeña y mediana industria no tiene cabida. Ellos sostienen que nosotros somos los que generamos la inflación y los que generamos los altos precios, entonces mejor traer todo de afuera y que argentina se dedique al agro. Ese es un grave error, Argentina necesita ser un mix entre el agro y el consumo industrial, si no tendrá, como tiene hoy, déficit comercial récord, déficit fiscal récord, endeudamiento récord. Cada día estamos un poco peor”.
Cuando se le pregunta por la falta de competitividad Raúl Hutin sostiene que la industria cuenta hoy con la mejor tecnología del mundo: “Fabricamos exactamente igual que cualquier otro país. Es absolutamente falso el argumento de que debido a la falta de competitividad, la industria textil esté en crisis. Es alevoso echarles la culpa a los obreros y pensar que con la flexibilización laboral lo van a resolver”.
Scalters S.A. también fue fuertemente golpeada por los tarifazos en los servicios. Hace menos de un año, la fábrica pagaba menos de trescientos mil pesos de factura de luz; hoy, paga un millón doscientos mil. “Dicen que se viene el ajuste real. Estamos preparando el cajón para ver cómo nos terminan de enterrar” sentencia su director.
«En la actualidad, con la situación que está viviendo el país, hemos bajado la línea de cien empleados, debemos estar en 95 o 96, según el día” explica el director de Scalters.
El panorama de lo que ocurre con la industria en Luján es aún más desolador. Aquí, la crisis ya suma 700 desempleados. La caída en la productividad arroja que “hoy se trabaja con un 55% de la capacidad instalada”, según indicó Rodolfo Bianchi, presidente de la Cámara Textil de Luján. Esto significa la reducción de la jornada laboral y la eliminación de las horas extras, lo que genera que los empleados cobren menos dinero debido a la situación.
Esta situación que atraviesa la industria textil no es ajena a los comerciantes. Esteban, dueño de una tienda de ropa de Moreno, reconoce que las ventas disminuyeron casi un 30 % del 2015 al 2016, e incluso en este año más: “La industria textil cayó mucho debido al poder adquisitivo de la gente. No es prioridad de gasto la ropa, sino al morfi, cosa que antes era distinto,” explica. Además, cuenta que los gastos fijos del local se fueron “al cielo”: “Hoy a los empleados no les alcanza para vivir. La economía nacional está en descenso tanto para mí, como empleador, como para los chicos que trabajan en el local”. Ahora se trata de vivir el día a día según cuenta Esteban, quien reconoce que desde la llegada del nuevo gobierno no hubo una buena medida para los comerciantes ni para los empleados.
Actualizado 05/12/2017
