Sep 25, 2018 | Novedades, Trabajo
Adjudicar el motivo de la marcha a un reclamo particular parecía en principio insuficiente. Porque lo que caracterizó a la movilización que reunió a medio millón de personas en la Plaza de Mayo fue la variedad de causas, distintas entre sí. Pero, al final de cuentas, todas esas causas confluían en un motivo común: la política de ajuste, endeudamiento y represión a la protesta social ejercida sin descanso por el gobierno de Cambiemos.
Este lunes, mientras el presidente Mauricio Macri intentaba reinstalar -en una versión aggiornada- las relaciones carnales de Carlos Menem, en Nueva York, miles de trabajadores y trabajadoras gritaron “basta”. “Basta de despidos, basta de ajuste, basta de hambre, basta de Fondo Monetario Internacional”. Docentes, camioneros, periodistas, industriales y bancarios ingresaron por las calles aledañas y se acercaron al escenario conformando un todo heterogéneo al compás de los cantos populares: ¡Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode, se jode!.
Durante la mañana, la CTA Autónoma de Ricardo Peidro llevó a cabo un piquete en el Puente Pueyrredón de Avellaneda y desde allí la columna marchó hacia la Plaza donde tendría lugar, a las 15, el acto central que funcionó como antesala al paro general por 36 horas convocado por la CTA y de 24 horas convocado por la CGT.
A al acto de protesta se sumaron la CTA de Pablo Micheli, la CTA de los Trabajadores de Hugo Yasky, el sindicato de Camioneros de Hugo Moyano, SUTEBA, Trabajadores de Prensa y diversas organizaciones sociales como la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el Frente Darío Santillán y Barrios de Pie, entre otras. Ciudadanos y ciudadanas independientes también se hicieron presentes para reclamar por sus derechos.
Elvira está sola, agita la bandera argentina y cuenta que tiene miedo de no poder pagar el alquiler: “Soy jubilada y con la mínima hoy en día es imposible pagar todas las cuentas, alquilar y que te sobre algo para comer”. A su lado, un docente de SUTEBA le ofrece una botella de agua y se suma al descontento: “La problemática docente es gravísima, es uno de los sectores más castigados. ¿Cómo no vamos a venir? Primero murieron Sandra y Rubén en la escuela de Moreno, después torturaron a una compañera que servía un plato de comida a los chicos. Lo mínimo que podemos hacer es venir a esta plaza y dar cuenta de un reclamo que pertenece al conjunto de la clase trabajadora”.
Cerca de las 16, desde el escenario, el Secretario General de la CTA, Hugo Yasky, dio comienzo al acto: “La Ciudad está llena de columnas de trabajadores y trabajadoras de distintos gremios, de distintas centrales sindicales y de movimientos sociales que tienen algo en común: la conciencia de saber que tenemos que estar más unidos que nunca. Es la primera vez que somos capaces de convocar con esta amplitud y no va a ser la última vez. El paro le va a mostrar al mundo la foto de un país que le dice no al FMI”.
La unión de distintas facciones de trabajadores –rasgo fundamental de la marcha— estuvo a la vista en todo momento. En las calles linderas a la Plaza, cientos de agentes de tránsito desplegaron el operativo impulsado por el Gobierno porteño para ordenar los vehículos y fogonear la idea de que los cortes de calle hacen que transitar la ciudad se vuelva un caos. Sin embargo, hacia el final de la jornada, una escena concreta puso en evidencia la magnitud de la protesta: dos empleados de tránsito abandonaron su tarea, se sumaron a la lucha y cantaron con ganas el himno de Charly García. Probablemente comprendieron la inutilidad de alimentar ese mito que pretende transformar, a la vista de la opinión pública, la lucha política en meras complicaciones de tránsito. De cara al cuarto paro general desde que asumió Mauricio Macri, y en medio de un contexto de crisis, pareciera que cada vez son menos los que se atreven a usar el argumento de que de una lado están los usuarios y del otro “los vagos”.
A las 17.30, la desconcentración llevó tiempo y los transportes públicos hicieron los últimos recorridos antes de parar por completo las actividades a partir de las 20. Con gran adhesión, el paro general hizo de Buenos Aires un verdadero desierto.
Sep 13, 2018 | Novedades, Trabajo
40.000 personas se movilizaron para expresar el rechazo al “plan de hambre y miseria del FMI”.
Como preludio del paro nacional convocado por la CGT para el 25 del corriente, organizaciones sociales que nuclean a trabajadores y trabajadoras de la economía popular, a desocupados y precarizados, desarrollaron hoy una Jornada Nacional de Lucha. Con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, organizaron más de mil ollas populares para exigirle al gobierno nacional y a los provinciales provinciales que “frenen el ajuste”.
Convocada, entre otras, por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie, el Movimiento Evita, la Corriente Clasista Combativa (CCC), el Frente Popular Darío Santillán (FPDS) y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), la jornada convocó a más de 40.000 personas en el cruce de las avenidas porteñas 9 de Julio y Av. de Mayo para expresar el rechazo al “plan de hambre y miseria del FMI”.
En diálogo con ANCCOM, Marianela Navarro, delegada del FOL, expresó: “Nos movilizamos para reclamar en contra del aumento del hambre y en contra del acuerdo con el FMI, porque entendemos que la actual política económica nos está llevando a la exclusión y a la más profunda miseria. Dicho acuerdo no sólo garantiza una mayor explotación laboral sino que va a generar más pobreza en nuestro pueblo y más endeudamiento”.
Trabajadores de la economía popular y desocupados organizaron más de mil ollas populares para exigir al gobierno el freno del ajuste.
La movilización en el centro porteño y los cortes de ruta desplegados en diferentes puntos del país se enmarcan en el inicio del plan de lucha que impulsa el sector, con el fin de lograr no sólo que se detengan las medidas económicas de ajustes y tarifazos, sino también para exigir el tratamiento de las cinco leyes que el sector impulsa: la de Emergencia Alimentaria, la de Infraestructura Social, la de Agricultura Familiar, la de Integración Urbana y la de Emergencia en Adicciones. Asimismo, para dar respuesta urgente a la visible fragilidad social, también reclamaron por el aumento y ampliación de todos los programas de empleo.
Para “parar el ajuste en las calles” -como reza la consigna que empuja a los movimientos sociales-, el plan de lucha continuará la semana que viene con movilizaciones a las empresas eléctricas, con la intención de conseguir nuevas tarifas de servicios públicos, acordes a los ingresos que perciben los y las trabajadoras de las cooperativas.
Sep 12, 2018 | Novedades, Trabajo
En primer plano, un cartel escrito sobre una pizarra dice “hasta siempre”. Detrás, un vidrio deja ver una fábrica vacía y máquinas en desuso que resisten al paso del tiempo. Un polvillo muy fino se posó sobre ellas. Hace dos semanas, Extreme Gear cerró la última planta que le quedaba. La empresa que producía calzado para Adidas no pudo hacer frente a la apertura comercial implementada por el gobierno de Cambiemos. Hoy está siendo desarmada. Su ex dueño, Emmanuel Fernández, narra la caída, y entre nostalgia y tristeza advierte que “la situación de las pymes es caótica”. “Extreme Gear surge en el 2006 y fue creciendo por la alta demanda del calzado. En 2008 se pone a trabajar con Adidas por el aumento de la demanda y un plan fuerte de sustitución de importaciones impulsado por el gobierno anterior. De esa manera fuimos creciendo año a año, duplicando producción y gente. En 2015 llegamos a contar con 660 empleados entre las dos fábricas, la de Lanús y la más grande, de Esteban Echeverría, que cerró ahora”, cuenta Fernández.
Sin embargo, ese año la multinacional comenzó a discontinuar los pedidos. “A fines del 2015, Adidas nos bajó la producción con la excusa de la disminución de la demanda. Ese fue el primer golpe: como el trabajo del calzado es muy mano de obra dependiente, tuvimos que comenzar a bajar personal. Los siguientes semestres Adidas siguió bajando la producción, hasta que en junio de 2017 la canceló totalmente y dejó de enviarnos los insumos que venían de Asia. En ese momento tuvimos que dar de baja la mayor cantidad de personal. Casi 500 empleados, contando las dos fábricas, se quedaron sin trabajo entre junio y diciembre de ese año. En la planta de Esteban Echeverría hasta hace dos semanas quedaban 47 empleados que estaban terminando la poca producción que había. Después de eso, cerramos definitivamente”.
Según denuncia Fernández, la empresa alemana prefirió apostar a la importación de pares terminados en Asia, dinamizada por la política económica de la gestión Macri. “Desde el cambio de Gobierno se veía venir que todas las medidas iban a ser contra el consumo y la industria nacional. Y así fue: abrieron las importaciones y no hay ningún tipo de protección para el sector. Siento frustración e impotencia por haber dedicado tanto a la empresa y que por una decisión política y comercial se tenga que cerrar de un día para el otro. Se hizo una inversión muy grande, de más de 15 millones de dólares. Pero se ve que al Gobierno no le interesa las inversiones de los empresarios locales y sólo quieren las divisas extranjeras de modo especulativo, nada de inversión en la economía real”, agrega.
Emmanuel Fernández, su ex dueño, narra la caída entre la nostalgia y la tristeza.
Fernández señala además que el cierre de Extreme Gear es sólo un ejemplo de la situación que viven hoy las pequeñas y medianas empresas. “La actualidad de las pymes es caótica, casi terminal. Están sufriendo mucho la baja de demanda y el freno de la economía. Específicamente, el sector del calzado está en caída y el consumo no levanta. Nos enteramos de un nuevo cierre cada semana”, se lamenta.
A título personal, el empresario dice haberse visto sensiblemente afectado por despedir a sus trabajadores. “Dolió mucho. Por más que teníamos más de 600 empleados, nunca dejamos de ser una pyme. Sabíamos que estábamos dejando en la calle a gente que era el sostén económico de sus familias”.
Gladis Arce se quedó sin trabajo en diciembre del 2017. Hasta ese momento fue delegada de la comisión interna de Extreme Gear. Hoy le cuesta ser optimista y califica la situación económica del país como un “desastre”.
“Esto fue de golpe, en tres meses se fue todo a la mierda. Cuando Adidas decidió que no produzcamos más, la empresa fundió y nos quedamos todos en la calle. Hasta entonces, no sufrimos ni bajas de salarios ”, explica.
En el mismo sentido que Fernández, Arce también se queja de la actitud del Gobierno: “A Adidas le conviene traer las zapatillas ya armadas, le sale mucho mas barato, y el Gobierno no los frena. Nosotros como delegados pensamos que el Ministerio de Trabajo (ahora devenido en Secretaría) y el sindicato iban hacer algo para evitar los despidos, pero lo único que hicieron fue ver cómo se nos iba a indemnizar, nada más”. A su vez, Arce comenta que luego de enterarse de la decisión de Adidas no tuvieron demasiado margen de maniobra. Terminaron agarrando lo que les ofrecían.
“A Adidas le conviene traer las zapatillas ya armadas, le sale mucho mas barato, y el Gobierno no los frena», relata Fernandez.
Los números del cambio de rumbo
La planta de Esteban Echeverría fue inaugurada el 20 de octubre de 2011, en un contexto de protección y desarrollo de la fabricación local. En ese momento, más del 50% de las ventas de Adidas Argentina eran productos nacionales.
Según datos de la Federación Argentina de la Industria del Calzado y Afines (FAICA), entre 2010 y 2011 la producción de calzados aumentó un 8,5%, pasando de 106 a 115 millones de pares. Lo mismo ocurrió con el consumo, que subió un 5,8%, de 126,7 a 134,12 millones de pares.
Los siguientes años siguieron la senda del desarrollo. 2012, 2013 y 2014 coincidieron en una producción de 120 millones de pares de calzados, mientras que 2015 registró un récord de 125 millones de pares.
El consumo tuvo una leve merma, pero se mantuvo siempre en niveles superiores a los de 2011: 138,6 millones de pares en 2012; 137,2 en 2013; 136,6 en 2014; y el récord de 147 millones de pares en 2015.
El 10 de diciembre de ese año asumió como presidente Mauricio Macri. Ni bien pisó Casa Rosada anunció la modificación del sistema de importaciones, dando de baja las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), creadas por el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, en 2012, y reemplazándolas por el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones, un régimen que se volvió cada vez más flexible a la llegada de artículos extranjeros con el pasar de los años.
El viraje se registró de manera notable en los datos. De producir 125 millones de pares en 2015, la industria del calzado pasó a 111 millones de pares en 2016, cayendo un 11,2%. La merma se acentuó en 2017, año en el cual se registró una producción de apenas 100 millones de pares, un 9,9% menos en relación al año anterior, y un 20% menos si se lo compara con el 2015.
Las importaciones crecieron de manera considerable. En 2015 fueron de 21,6 millones de pares, mientras que en 2016, llegaron a 27,3 millones. En 2017 la cifra trepó a 33 millones de pares, según datos de FAICA. Entre 2015 y 2017, el incremento fue de un 52,7%.
La receta de la Organización Mundial de Comercio (OMC) derivó en un viraje económico cuyo costo fue alto. Como mínimo, al día de hoy se contabilizan 6.000 despidos en el sector, como así también suspensiones, vacaciones anticipadas y cierres de fábricas.
La política económica del gobierno de Mauricio Macri tampoco tuvo los resultados esperados: las inversiones no llegaron, y no sólo no se generó confianza, sino que hoy el país sufre una crisis cambiaria producto de la inestabilidad económica y financiera.
Emmanuel Fernández reconoce que aún está golpeado por el cierre de su empresa. Lo cuenta mientras intenta salvar de la ruina a un montón de máquinas que ya no usa nadie: “Van a quedar esperando un mejor momento”, afirma. Apagadas, se pueden ver a través de un vidrio que enmarca una fábrica desierta bajo luz tenue. Una verdadera ciudad fantasma.
Sep 12, 2018 | Novedades, Trabajo
Resistencia organizada
La Cooperativa de Trabajo La Litoraleña Ltda. es una empresa recuperada por sus trabajadores que produce tapas para empanada, pascualina, copetín y pastel en su fábrica del barrio porteño de Chacarita (Girardot al 345) y comercializa sus productos en el local de venta al público ubicado en Boedo (Avenida Juan de Garay 3768). Al día de la fecha, La Litoraleña se compone de 55 asociados.
En el año 2016 la cooperativa obtuvo su matrícula para funcionar como tal, y actualmente los asociados pagan el alquiler por la explotación de los bienes, con la intención de seguir trabajando allí hasta mayo de 2019, fecha límite autorizada por el Juzgado Comercial Nº 18 para que se sustancie todo el expediente de quiebra de la firma.
Sin embargo, sorpresivamente se dictó remate para el pasado 28 de agosto. Así lo relata Luis Baini, presidente de la cooperativa: “Nos llegó la notificación de que se venía el remate una semana antes, el 21. Tuvimos poco tiempo para movernos, hicimos lo que estaba al alcance con nuestro abogado y los compañeros encargados de la gestión”.
En el año 2016 la cooperativa obtuvo su matrícula para funcionar como tal, y actualmente los asociados pagan el alquiler por la explotación de los bienes.
El 24 se presentó en la fábrica una oficial de justicia, y lo primero que hicieron los trabajadores organizados fue impedir que ingrese al inmueble. Se llamó a la fuerza pública, aunque la resistencia fue totalmente pacífica.
“El 27 volvieron a presentarse para la exhibición pero esta vez estuvimos mejor organizados: vinieron compañeros de cooperativas, federaciones, hubo medios de comunicación también presentes y una vez más pudimos zafar”, comenta Baini.
Durante las primeras horas del martes 28 de agosto, los cooperativistas de La Litoraleña respiraron aliviados: la subasta había quedado sin efecto. Los trabajadores se hicieron presentes en la Liga de Rematadores, en el barrio porteño de Almagro, y allí fue comunicado oficialmente que la cooperativa seguía de pie.
Los trabajadores están muy bien organizados, acompañados por cooperativas y federaciones.
“Lo cierto es que ese inmueble no pertenece a la quiebra, está a nombre de la persona física y por eso mismo lo querían rematar, pero un fallo del Juzgado Comercial Nº 18 nos vuelve a dar la razón”, aclara Baini. E inclusive lograron la habilitación municipal para elaborar productos alimenticios, documentación que nunca había obtenido el anterior dueño.
Los trabajadores agradecen profundamente el acompañamiento de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA) y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) durante este proceso y todos los que debieron sortear. Un nuevo revés de la justicia había sido superado.
Acreedores buitres
Maciel Santos es uno de los 55 cooperativistas. Trabaja desde hace 26 años en La Litoraleña y tres desde que es autogestionada. Recuerda con orgullo esos orígenes: «Fue una decisión conjunta tomar la fábrica ante la falta de respuestas del dueño y después de que amenazara con echar a 29 compañeros. Eso nos convenció de que teníamos que resistir y hacernos cargo de la fábrica por nuestra cuenta para poder llevar el plato de comida a nuestras casas”.
Durante un año sostuvieron la toma junto a distintas cooperativas y con apoyo del barrio, exigiendo al juzgado correspondiente el permiso para poder producir. Tras un año y medio de lucha consiguieron el permiso laboral y se constituyeron como cooperativa, con matrícula del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), y permiso judicial para producir.
“Hace un par de semanas nos enteramos que acreedores buitres que tomaron deuda generada por el ex dueño querían rematar el inmueble donde estamos trabajando. Hay compañeros con mucha antigüedad, muchos con 50 años o más, y ante la situación del país creemos que conseguir otro trabajo nos resultaría casi imposible”, cuenta Santos preocupado.
La Litoraleña se mantiene al día, con todo el esfuerzo que eso significa. Paga a los proveedores en tiempo y forma, y resiste a los agresivos tarifazos de gas y luz para seguir con sus operacione
Por su parte, Fabián Pierucci es el único que sin ser de la planta de trabajadores de la fábrica, logró formar parte de La Litoraleña. Vivió también momentos críticos, que van desde el proceso de toma hasta la constitución como cooperativa. Es integrante de FACTA y economista.
Actualmente está a cargo del área de planificación: desde allí se emprenden los proyectos productivos, la planificación de ventas, financiamiento y compra de insumos. “Nos juntamos una vez por semana los responsables de cada sector y hacemos la tarea de planificación”, sostiene.
Pierucci reconoce el importante aprendizaje de los trabajadores a partir del proceso de quiebra: “Cuando cerraron la fábrica no había quedado ni un solo trabajador administrativo, ni un vendedor, los únicos trabajadores que quedaron eran de planta. Aprendieron las tareas que antes no hacían y hoy tenemos una verdadera gestión obrera de la producción”, relata.
La Litoraleña se mantiene al día, con todo el esfuerzo que eso significa. Paga a los proveedores en tiempo y forma, y resiste a los agresivos tarifazos de gas y luz para seguir con sus operaciones. “La situación económica es terrible, es muy difícil de afrontar con el costo de las materias primas que nosotros utilizamos como trigo y harina, ni hablar de los otros insumos que están dolarizados. Ahora también se suma la persecución de parte de la Justicia”, afirma Baini el presidente de la cooperativa. Una vez más, la economía social es bandera de resistencia frente al ajuste.
Sep 6, 2018 | Novedades, Trabajo
El fenómeno de los trabajadores sobre ruedas creció exponencialmente en los últimos meses en la Ciudad de Buenos Aires. Con sus vestimentas flúo, en motos o bicicletas, sus particulares cajas coloridas para transportar objetos y/o comida poblaron las calles de la Capital Federal a partir de la emergencia de numerosas aplicaciones de delivery como Rappi o Glovo.
La irrupción de estas startups en el país llegaron con el debate sobre si estos puestos de trabajo vienen a suplir una demanda insatisfecha del mercado o, simplemente, representan otra arista de la precarización laboral por la modalidad de contratación que adoptan para con sus empleados. Algunos economistas, inclusive, bautizaron a estas prácticas como la “uberización” de la economía.
En este sentido, la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASiMM) denunció la situación laboral de los trabajadores de Glovo, la aplicación de capital español que opera bajo el nombre jurídico de Kadabra SAS, e incluso realizó escraches a la empresa. Según la página de la app, se ofrece trabajar de forma independiente, con compensación por pedido y con “total libertad” como autónomo. También destacan la “flexibilidad” del trabajo para generar ingresos en los tiempos libres.
“Básicamente lo que hacen estas aplicaciones es retrotraer la situación de los trabajadores a la previa de la conformación del sindicato, cuando todos trabajábamos bajo el modelo de fraude laboral y trabajo a destajo. A esto le agregan el factor tecnológico. Los trabajadores no tienen un lugar puntual para realizar una protesta. Se encuentran con una aplicación virtual, con un algoritmo; son trabajadores que, para hacer algún reclamo, tienen que mandar un mensaje a centros de atención que están en otros países”, aseguró Maximiliano Arranz, secretario adjunto del sindicato en diálogo con ANCCOM.
Sin embargo, según pudo saber esta agencia, la gremial firmó en junio un acuerdo confidencial con Glovo bajo la supervisión de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio porteña para intentar regularizar la situación de los trabajadores.
El pacto, confiaron fuentes de la Ciudad, consiste en una serie de pautas a cumplir por la empresa en la que se incluye un cambio de modalidad de contratación para con los “glovers”. A partir del entendimiento, los trabajadores ya no estarán en condición de monotributistas, pero tampoco con una vinculación directa con Glovo. La aplicación se comprometió a contratarlos con empresas nucleadas en la Cámara de Empresas de Mensajería por Moto (CEMMARA) y/o empresas de mensajería que ofrezcan servicios a través de personal registrado en relación de dependencia por un lapso de tres años.
Desde la Cámara afirmaron desconocer el acuerdo, pero su presidente, Mario del Oriente, precisó a ANCCOM los cambios en el régimen de contrataciones que vinieron de la mano de las nuevas aplicaciones. “Glovo empezó a incorporar trabajadores en relación de dependencia bajo una aplicación que nace del seno de la Cámara, pero que es privada y se llama Envíos Ya. Está compuesta por 15 empresas de mensajería con todos los trabajadores en relación de dependencia. Después si tienen trabajadores monotributistas o en negro es otra cosa, y deberán hacerse las denuncias correspondientes”, puntualizó.
El acuerdo rige únicamente para la Ciudad de Buenos Aires y ambas partes sellaron una “cláusula de confidencialidad”, e instaron a mantener “la paz social, la buena fe y el diálogo”.
ANCCOM se comunicó con Glovo, pero la empresa decidió no formular declaraciones amparándose en la cláusula de confidencialidad del contrato. El sindicato, por otra parte, decidió no expresarse específicamente sobre el acuerdo. Mientras tanto, en las calles de Buenos Aires los trabajadores en dos ruedas se siguen multiplicando día a día.
