Sep 12, 2018 | Novedades, Trabajo
En primer plano, un cartel escrito sobre una pizarra dice “hasta siempre”. Detrás, un vidrio deja ver una fábrica vacía y máquinas en desuso que resisten al paso del tiempo. Un polvillo muy fino se posó sobre ellas. Hace dos semanas, Extreme Gear cerró la última planta que le quedaba. La empresa que producía calzado para Adidas no pudo hacer frente a la apertura comercial implementada por el gobierno de Cambiemos. Hoy está siendo desarmada. Su ex dueño, Emmanuel Fernández, narra la caída, y entre nostalgia y tristeza advierte que “la situación de las pymes es caótica”. “Extreme Gear surge en el 2006 y fue creciendo por la alta demanda del calzado. En 2008 se pone a trabajar con Adidas por el aumento de la demanda y un plan fuerte de sustitución de importaciones impulsado por el gobierno anterior. De esa manera fuimos creciendo año a año, duplicando producción y gente. En 2015 llegamos a contar con 660 empleados entre las dos fábricas, la de Lanús y la más grande, de Esteban Echeverría, que cerró ahora”, cuenta Fernández.
Sin embargo, ese año la multinacional comenzó a discontinuar los pedidos. “A fines del 2015, Adidas nos bajó la producción con la excusa de la disminución de la demanda. Ese fue el primer golpe: como el trabajo del calzado es muy mano de obra dependiente, tuvimos que comenzar a bajar personal. Los siguientes semestres Adidas siguió bajando la producción, hasta que en junio de 2017 la canceló totalmente y dejó de enviarnos los insumos que venían de Asia. En ese momento tuvimos que dar de baja la mayor cantidad de personal. Casi 500 empleados, contando las dos fábricas, se quedaron sin trabajo entre junio y diciembre de ese año. En la planta de Esteban Echeverría hasta hace dos semanas quedaban 47 empleados que estaban terminando la poca producción que había. Después de eso, cerramos definitivamente”.
Según denuncia Fernández, la empresa alemana prefirió apostar a la importación de pares terminados en Asia, dinamizada por la política económica de la gestión Macri. “Desde el cambio de Gobierno se veía venir que todas las medidas iban a ser contra el consumo y la industria nacional. Y así fue: abrieron las importaciones y no hay ningún tipo de protección para el sector. Siento frustración e impotencia por haber dedicado tanto a la empresa y que por una decisión política y comercial se tenga que cerrar de un día para el otro. Se hizo una inversión muy grande, de más de 15 millones de dólares. Pero se ve que al Gobierno no le interesa las inversiones de los empresarios locales y sólo quieren las divisas extranjeras de modo especulativo, nada de inversión en la economía real”, agrega.
Emmanuel Fernández, su ex dueño, narra la caída entre la nostalgia y la tristeza.
Fernández señala además que el cierre de Extreme Gear es sólo un ejemplo de la situación que viven hoy las pequeñas y medianas empresas. “La actualidad de las pymes es caótica, casi terminal. Están sufriendo mucho la baja de demanda y el freno de la economía. Específicamente, el sector del calzado está en caída y el consumo no levanta. Nos enteramos de un nuevo cierre cada semana”, se lamenta.
A título personal, el empresario dice haberse visto sensiblemente afectado por despedir a sus trabajadores. “Dolió mucho. Por más que teníamos más de 600 empleados, nunca dejamos de ser una pyme. Sabíamos que estábamos dejando en la calle a gente que era el sostén económico de sus familias”.
Gladis Arce se quedó sin trabajo en diciembre del 2017. Hasta ese momento fue delegada de la comisión interna de Extreme Gear. Hoy le cuesta ser optimista y califica la situación económica del país como un “desastre”.
“Esto fue de golpe, en tres meses se fue todo a la mierda. Cuando Adidas decidió que no produzcamos más, la empresa fundió y nos quedamos todos en la calle. Hasta entonces, no sufrimos ni bajas de salarios ”, explica.
En el mismo sentido que Fernández, Arce también se queja de la actitud del Gobierno: “A Adidas le conviene traer las zapatillas ya armadas, le sale mucho mas barato, y el Gobierno no los frena. Nosotros como delegados pensamos que el Ministerio de Trabajo (ahora devenido en Secretaría) y el sindicato iban hacer algo para evitar los despidos, pero lo único que hicieron fue ver cómo se nos iba a indemnizar, nada más”. A su vez, Arce comenta que luego de enterarse de la decisión de Adidas no tuvieron demasiado margen de maniobra. Terminaron agarrando lo que les ofrecían.
“A Adidas le conviene traer las zapatillas ya armadas, le sale mucho mas barato, y el Gobierno no los frena», relata Fernandez.
Los números del cambio de rumbo
La planta de Esteban Echeverría fue inaugurada el 20 de octubre de 2011, en un contexto de protección y desarrollo de la fabricación local. En ese momento, más del 50% de las ventas de Adidas Argentina eran productos nacionales.
Según datos de la Federación Argentina de la Industria del Calzado y Afines (FAICA), entre 2010 y 2011 la producción de calzados aumentó un 8,5%, pasando de 106 a 115 millones de pares. Lo mismo ocurrió con el consumo, que subió un 5,8%, de 126,7 a 134,12 millones de pares.
Los siguientes años siguieron la senda del desarrollo. 2012, 2013 y 2014 coincidieron en una producción de 120 millones de pares de calzados, mientras que 2015 registró un récord de 125 millones de pares.
El consumo tuvo una leve merma, pero se mantuvo siempre en niveles superiores a los de 2011: 138,6 millones de pares en 2012; 137,2 en 2013; 136,6 en 2014; y el récord de 147 millones de pares en 2015.
El 10 de diciembre de ese año asumió como presidente Mauricio Macri. Ni bien pisó Casa Rosada anunció la modificación del sistema de importaciones, dando de baja las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), creadas por el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, en 2012, y reemplazándolas por el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones, un régimen que se volvió cada vez más flexible a la llegada de artículos extranjeros con el pasar de los años.
El viraje se registró de manera notable en los datos. De producir 125 millones de pares en 2015, la industria del calzado pasó a 111 millones de pares en 2016, cayendo un 11,2%. La merma se acentuó en 2017, año en el cual se registró una producción de apenas 100 millones de pares, un 9,9% menos en relación al año anterior, y un 20% menos si se lo compara con el 2015.
Las importaciones crecieron de manera considerable. En 2015 fueron de 21,6 millones de pares, mientras que en 2016, llegaron a 27,3 millones. En 2017 la cifra trepó a 33 millones de pares, según datos de FAICA. Entre 2015 y 2017, el incremento fue de un 52,7%.
La receta de la Organización Mundial de Comercio (OMC) derivó en un viraje económico cuyo costo fue alto. Como mínimo, al día de hoy se contabilizan 6.000 despidos en el sector, como así también suspensiones, vacaciones anticipadas y cierres de fábricas.
La política económica del gobierno de Mauricio Macri tampoco tuvo los resultados esperados: las inversiones no llegaron, y no sólo no se generó confianza, sino que hoy el país sufre una crisis cambiaria producto de la inestabilidad económica y financiera.
Emmanuel Fernández reconoce que aún está golpeado por el cierre de su empresa. Lo cuenta mientras intenta salvar de la ruina a un montón de máquinas que ya no usa nadie: “Van a quedar esperando un mejor momento”, afirma. Apagadas, se pueden ver a través de un vidrio que enmarca una fábrica desierta bajo luz tenue. Una verdadera ciudad fantasma.
Sep 12, 2018 | Novedades, Trabajo
Resistencia organizada
La Cooperativa de Trabajo La Litoraleña Ltda. es una empresa recuperada por sus trabajadores que produce tapas para empanada, pascualina, copetín y pastel en su fábrica del barrio porteño de Chacarita (Girardot al 345) y comercializa sus productos en el local de venta al público ubicado en Boedo (Avenida Juan de Garay 3768). Al día de la fecha, La Litoraleña se compone de 55 asociados.
En el año 2016 la cooperativa obtuvo su matrícula para funcionar como tal, y actualmente los asociados pagan el alquiler por la explotación de los bienes, con la intención de seguir trabajando allí hasta mayo de 2019, fecha límite autorizada por el Juzgado Comercial Nº 18 para que se sustancie todo el expediente de quiebra de la firma.
Sin embargo, sorpresivamente se dictó remate para el pasado 28 de agosto. Así lo relata Luis Baini, presidente de la cooperativa: “Nos llegó la notificación de que se venía el remate una semana antes, el 21. Tuvimos poco tiempo para movernos, hicimos lo que estaba al alcance con nuestro abogado y los compañeros encargados de la gestión”.
En el año 2016 la cooperativa obtuvo su matrícula para funcionar como tal, y actualmente los asociados pagan el alquiler por la explotación de los bienes.
El 24 se presentó en la fábrica una oficial de justicia, y lo primero que hicieron los trabajadores organizados fue impedir que ingrese al inmueble. Se llamó a la fuerza pública, aunque la resistencia fue totalmente pacífica.
“El 27 volvieron a presentarse para la exhibición pero esta vez estuvimos mejor organizados: vinieron compañeros de cooperativas, federaciones, hubo medios de comunicación también presentes y una vez más pudimos zafar”, comenta Baini.
Durante las primeras horas del martes 28 de agosto, los cooperativistas de La Litoraleña respiraron aliviados: la subasta había quedado sin efecto. Los trabajadores se hicieron presentes en la Liga de Rematadores, en el barrio porteño de Almagro, y allí fue comunicado oficialmente que la cooperativa seguía de pie.
Los trabajadores están muy bien organizados, acompañados por cooperativas y federaciones.
“Lo cierto es que ese inmueble no pertenece a la quiebra, está a nombre de la persona física y por eso mismo lo querían rematar, pero un fallo del Juzgado Comercial Nº 18 nos vuelve a dar la razón”, aclara Baini. E inclusive lograron la habilitación municipal para elaborar productos alimenticios, documentación que nunca había obtenido el anterior dueño.
Los trabajadores agradecen profundamente el acompañamiento de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA) y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) durante este proceso y todos los que debieron sortear. Un nuevo revés de la justicia había sido superado.
Acreedores buitres
Maciel Santos es uno de los 55 cooperativistas. Trabaja desde hace 26 años en La Litoraleña y tres desde que es autogestionada. Recuerda con orgullo esos orígenes: «Fue una decisión conjunta tomar la fábrica ante la falta de respuestas del dueño y después de que amenazara con echar a 29 compañeros. Eso nos convenció de que teníamos que resistir y hacernos cargo de la fábrica por nuestra cuenta para poder llevar el plato de comida a nuestras casas”.
Durante un año sostuvieron la toma junto a distintas cooperativas y con apoyo del barrio, exigiendo al juzgado correspondiente el permiso para poder producir. Tras un año y medio de lucha consiguieron el permiso laboral y se constituyeron como cooperativa, con matrícula del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), y permiso judicial para producir.
“Hace un par de semanas nos enteramos que acreedores buitres que tomaron deuda generada por el ex dueño querían rematar el inmueble donde estamos trabajando. Hay compañeros con mucha antigüedad, muchos con 50 años o más, y ante la situación del país creemos que conseguir otro trabajo nos resultaría casi imposible”, cuenta Santos preocupado.
La Litoraleña se mantiene al día, con todo el esfuerzo que eso significa. Paga a los proveedores en tiempo y forma, y resiste a los agresivos tarifazos de gas y luz para seguir con sus operacione
Por su parte, Fabián Pierucci es el único que sin ser de la planta de trabajadores de la fábrica, logró formar parte de La Litoraleña. Vivió también momentos críticos, que van desde el proceso de toma hasta la constitución como cooperativa. Es integrante de FACTA y economista.
Actualmente está a cargo del área de planificación: desde allí se emprenden los proyectos productivos, la planificación de ventas, financiamiento y compra de insumos. “Nos juntamos una vez por semana los responsables de cada sector y hacemos la tarea de planificación”, sostiene.
Pierucci reconoce el importante aprendizaje de los trabajadores a partir del proceso de quiebra: “Cuando cerraron la fábrica no había quedado ni un solo trabajador administrativo, ni un vendedor, los únicos trabajadores que quedaron eran de planta. Aprendieron las tareas que antes no hacían y hoy tenemos una verdadera gestión obrera de la producción”, relata.
La Litoraleña se mantiene al día, con todo el esfuerzo que eso significa. Paga a los proveedores en tiempo y forma, y resiste a los agresivos tarifazos de gas y luz para seguir con sus operaciones. “La situación económica es terrible, es muy difícil de afrontar con el costo de las materias primas que nosotros utilizamos como trigo y harina, ni hablar de los otros insumos que están dolarizados. Ahora también se suma la persecución de parte de la Justicia”, afirma Baini el presidente de la cooperativa. Una vez más, la economía social es bandera de resistencia frente al ajuste.
Sep 6, 2018 | Novedades, Trabajo
El fenómeno de los trabajadores sobre ruedas creció exponencialmente en los últimos meses en la Ciudad de Buenos Aires. Con sus vestimentas flúo, en motos o bicicletas, sus particulares cajas coloridas para transportar objetos y/o comida poblaron las calles de la Capital Federal a partir de la emergencia de numerosas aplicaciones de delivery como Rappi o Glovo.
La irrupción de estas startups en el país llegaron con el debate sobre si estos puestos de trabajo vienen a suplir una demanda insatisfecha del mercado o, simplemente, representan otra arista de la precarización laboral por la modalidad de contratación que adoptan para con sus empleados. Algunos economistas, inclusive, bautizaron a estas prácticas como la “uberización” de la economía.
En este sentido, la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASiMM) denunció la situación laboral de los trabajadores de Glovo, la aplicación de capital español que opera bajo el nombre jurídico de Kadabra SAS, e incluso realizó escraches a la empresa. Según la página de la app, se ofrece trabajar de forma independiente, con compensación por pedido y con “total libertad” como autónomo. También destacan la “flexibilidad” del trabajo para generar ingresos en los tiempos libres.
“Básicamente lo que hacen estas aplicaciones es retrotraer la situación de los trabajadores a la previa de la conformación del sindicato, cuando todos trabajábamos bajo el modelo de fraude laboral y trabajo a destajo. A esto le agregan el factor tecnológico. Los trabajadores no tienen un lugar puntual para realizar una protesta. Se encuentran con una aplicación virtual, con un algoritmo; son trabajadores que, para hacer algún reclamo, tienen que mandar un mensaje a centros de atención que están en otros países”, aseguró Maximiliano Arranz, secretario adjunto del sindicato en diálogo con ANCCOM.
Sin embargo, según pudo saber esta agencia, la gremial firmó en junio un acuerdo confidencial con Glovo bajo la supervisión de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio porteña para intentar regularizar la situación de los trabajadores.
El pacto, confiaron fuentes de la Ciudad, consiste en una serie de pautas a cumplir por la empresa en la que se incluye un cambio de modalidad de contratación para con los “glovers”. A partir del entendimiento, los trabajadores ya no estarán en condición de monotributistas, pero tampoco con una vinculación directa con Glovo. La aplicación se comprometió a contratarlos con empresas nucleadas en la Cámara de Empresas de Mensajería por Moto (CEMMARA) y/o empresas de mensajería que ofrezcan servicios a través de personal registrado en relación de dependencia por un lapso de tres años.
Desde la Cámara afirmaron desconocer el acuerdo, pero su presidente, Mario del Oriente, precisó a ANCCOM los cambios en el régimen de contrataciones que vinieron de la mano de las nuevas aplicaciones. “Glovo empezó a incorporar trabajadores en relación de dependencia bajo una aplicación que nace del seno de la Cámara, pero que es privada y se llama Envíos Ya. Está compuesta por 15 empresas de mensajería con todos los trabajadores en relación de dependencia. Después si tienen trabajadores monotributistas o en negro es otra cosa, y deberán hacerse las denuncias correspondientes”, puntualizó.
El acuerdo rige únicamente para la Ciudad de Buenos Aires y ambas partes sellaron una “cláusula de confidencialidad”, e instaron a mantener “la paz social, la buena fe y el diálogo”.
ANCCOM se comunicó con Glovo, pero la empresa decidió no formular declaraciones amparándose en la cláusula de confidencialidad del contrato. El sindicato, por otra parte, decidió no expresarse específicamente sobre el acuerdo. Mientras tanto, en las calles de Buenos Aires los trabajadores en dos ruedas se siguen multiplicando día a día.
Ago 7, 2018 | Novedades, Trabajo
Organizaciones sociales, familias y jubilados marcharon en el Día de San Cayetano – patrono del pan y el trabajo- en repudio al acuerdo con el FMI y al ajuste implementado por el gobierno. Encabezaron la multitudinaria marcha miembros de Barrios de Pie, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y de la Corriente Clasista Combativa (CCC). También participaron UTE– CTERA y sectores de la CTA Autónoma.
Desde los parlantes se sucedían temas de Callejeros y de Las Pelotas, mientras al lado del escenario y en las avenidas que conectaban con la Plaza de Mayo la gente esperaba, se organizaba bajo la bandera que los agrupaba y aunque vestían distintos colores, los unía la incertidumbre, el desempleo y a veces también el hambre.
Mario Sivila, de Barrios de Pie, trabaja en una cooperativa porque “después de los cincuenta años no te quieren tomar en ningún lado”. Sivila tuvo su último trabajo en 2009 como técnico carrocero de colectivos y no volvió a encontrar estabilidad laboral desde entonces. “Vinimos a pedir por trabajo y porque no nos alcanza la plata para toda la familia”, dice. Por su parte, Leonardo Macil es de La Plata, también miembro de Barrios de Pie, lleva dos años sin trabajar y vive con lo que sus amigos y familia pueden brindarle mientras espera recibir una pensión por discapacidad. “Hoy vine sin comer, por ejemplo, con lo puesto nomás”, cuenta desanimado.
Romina Vargas de la CCC se encuentra desocupada y vive de algún que otro trabajo y de la cooperativa: “Venimos por el lema techo, pan y trabajo. Creemos con nuestros compañeros que un plan no te sirve para nada, queremos un trabajo digno para llevar el pan a nuestros hijos y nietos”, afirma.
Mercedes Villarreal de 69 años, es miembro de la CCC de Pilar, jubilada “y con poco sueldo”, agrega entre risas. Villarreal se acercó a la marcha en representación de los jubilados y cuenta en diálogo con ANCCOM: “Con las enfermedades, el gas, la luz y los impuestos no se puede…pago los impuestos antes que comer”.
María Alegría Guiraldo Ríos de la CCC es de Chacarita, tiene 78 años y no trabaja ni recibe jubilación. Cuenta que vive de lo que comparten en la organización: “Vinimos a marchar para que nuestro presidente cambie, para que ablande su corazón con la gente humilde”, reclama. Por su parte, Cristian Capute del Movimiento Evita, desde el cordón de la vereda dice: “Siempre vengo el 7 de agosto porque San Cayetano para mí es algo importante, vengo para agradecer y para pedir porque la situación está muy difícil en lo laboral”. Aunque trabaja, asegura que su situación cambió y también el país y que las expectativas de la gente han bajado mucho. Además señala: “Con cada elección se cambia de país y hay cosas que hay que mantener, que no se discuten, que no se puede volver para atrás, le falta madurez al país para crecer y para poder programar algo. El Estado tiene que proteger a los que menos tienen”, concluye Capute en desacuerdo con las políticas liberales del gobierno.
Sabrina Rosales es de La Plata y forma parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). “Estamos en contra de las políticas de trabajo, vinimos a luchar contra esto que nos perjudica. Aparte de trabajar como promotora ambiental, colaboro en un merendero donde antes teníamos 50 chicos y ahora tenemos más de 100 y se van sumando más. La idea era que tengan apoyo escolar pero cada vez vienen más a comer porque no pueden comer en su casa”, detalla.
La plaza y los alrededores estaban llenos de hombres y mujeres, jóvenes y familias enteras con chicos que jugaban con pelotas o madres con bebés en brazos, como es el caso de Patricia Treisse, de Peronismo Militante, que se encuentra desocupada y es madre de tres hijos: “Vine porque está jodida la situación laboral y también porque los planes han bajado, ya ni los pobres tienen derecho a algo”, dice mientras sostiene a la bebé que la acompañó porque no tenía con quien dejarla.
Epifanía Espíndola es de Paraguay pero vive hace ocho años en Argentina, trabaja en una cooperativa textil del MTE: “Acá se ve la necesidad que la gente está pasando. Hay escasez de trabajo, muchos despidos y no hay sacrificio que alcance, ni siquiera haciendo nuestras cositas en la cooperativa”, dice “Fani” mientras camina con su grupo apurada por encontrar un lugar alrededor del escenario.
El acto de cierre fue contundente con respecto al desacuerdo con el FMI y con la exigencia de la aprobación de distintas leyes, en particular la de Emergencia Alimentaria. Desde arriba y desde debajo del palco se pedía lo mismo: pan, paz, techo, tierra y trabajo.
Jul 18, 2018 | Comunidad, Novedades
Parque Industrial Villa Flandria, Jaureguí.
Caminar por las calles de la localidad de Jáuregui, a 20 kilómetros de Luján, es como estar recorriendo las calles de Bélgica. Las fachadas se realizaron a imagen y semejanza del país europeo. En cada rincón puede verse el escudo de un tigre y los colores amarillo y negro. Y es que el belga Julio Steverlynck fundó en la década del 20 la Algodonera Flandria y con ella el pueblo. “Don Julio”, así lo llaman sus habitantes, se transformó en un verdadero ícono del lugar, es el personaje que creó un micromundo alrededor de la planta industrial: con ella apareció la primera iglesia, los clubes, las escuelas y otras instituciones, también fue él quien dio a los trabajadores de la fábrica el beneficio de la propia vivienda. Sin embargo, el sueño belga está atravesando su segunda pesadilla. Algoselan la fábrica algodonera más antigua del pueblo debió parar la producción y presenta serias dificultades, según cuentan en Villa Flandria.
Durante la década del 90, la crisis económica que atravesó el país llevó a la fábrica a la quiebra y los telegramas de despidos masivos no tardaron en llegar. A través de un remate público Carlos Diforti compró las antiguas instalaciones de la fábrica y en el año 2003 las convirtió en el Parque Industrial Villa Flandria, donde actualmente funcionan más de 20 empresas.
Máquinas produciendo en cadena, camiones que entran y salen con mercadería, humo saliendo de las chimeneas, trabajadores que se desplazan de un lado al otro, parece ser el escenario natural de Villa Flandria. Sin embargo, al final de las calles se vive otro clima. Una fábrica vacía, silencio e incertidumbre. Hoy una nueva crisis azota al sector textil. Algoselan Flandria, la empresa dedicada al hilado, ubicada dentro del parque, lleva un mes con su producción detenida. Diforti, su actual dueño, dispuso la medida para contrarrestar las políticas del Gobierno que incluyen apertura indiscriminada de importaciones y los tarifazos, sumado a la baja de ventas por la baja del poder adquisitivo de la población.
Algoselan es la fábrica algodonera más antigua del pueblo.
“En el último año el dueño fue acumulando stock, produciendo más de lo que vendió. Ahora, a la caída de venta se le suma la corrida cambiaria y las altas tarifas que paga. Entonces, decidió barajar y dar de nuevo, parar la producción y esperar a ver qué pasa con el país. Arregló con el sindicato para no pagar aportes patronales, mandó a la gente a la casa por treinta días, les continúa pagando el sueldo, pero se ahorra el gasto de comprar materia prima, de energía eléctrica y gas”, cuenta Rodolfo Bianchi, presidente de la Cámara Textil de Luján.
Roberto Gianini delegado de Algoselan, habló de la situación que padece el rubro textil: “La crisis se viene acentuando hace un año y ocho meses, desde que se abrieron las importaciones. Antes se vendía menos, pero se seguía vendiendo. Esta situación es cien por ciento culpa del Gobierno que está aniquilando el empleo argentino. Al país entran telas demasiado baratas, con el aumento de luz y gas, más los insumos y sueldos se hace imposible competir”, explica el trabajador. “Algoselan hoy en día cuenta con un millón de metros de hilado terminado en stock que no tiene salida. La empresa apuesta a seguir adelante, pero si el Gobierno no cambia el rumbo de sus políticas creo que como han cerrado otras fábricas, esto le puede llegar a pasar a Algoselan y esta fábrica es muy importante en cuanto a personal”, confesó Gianini.
La situación es delicada, los trabajadores no han querido salir a visibilizar la problemática que viven, ni a dar su palabra a los medios. “La empresa tuvo que optar por seguir trabajando y retrasarse con los sueldos, o parar la producción y respetar el sueldo de la gente. Se arregló con los trabajadores suspendidos cobrar un 85,7 por ciento del sueldo neto, y que no se le iban a descontar los premios”, enfatiza Gianini. A pesar de esto los retiros voluntarios y despidos tampoco tardaron en llegar.
Durante la década del 90, la crisis económica que atravesó el país llevó a la fábrica a la quiebra y los telegramas de despidos masivos no tardaron en llegar.
Gran parte de los trabajadores de Algoselan son empleados de oficio, de edad avanzada que no cuentan con secundario ni una carrera universitaria, y han aprendido lo que saben dentro de la fábrica. “Diforti tenía 66 personas de excedente. Algunos trabajadores de planta fueron reubicados como guardia de portería, realizan tareas de limpieza, cortan el pasto. Un año haciendo eso. También intentó reubicarlos en otra fábrica del parque, Sewtech que está tomando personal, incluso hay un plan de Gobierno que si lo incorporás al trabajador en otro lugar tenés un beneficio. El tema es que le piden el secundario completo y la mayoría no lo tiene. Otro de los requisitos es que sean personas de 25 a 40 años”, explica Bianchi.
La producción seguirá suspendida hasta el primero de agosto aunque nadie puede contestar con exactitud qué va a pasar. “La empresa apuesta a seguir. Esto se arregla con una ayuda del Gobierno restringiendo la exportación. Actualmente las ventas siguen paradas, hoy la gente no va a comprarse un jean o una camisa, porque antes de eso tiene que darle de comer a los hijos”, describe el delegado.
En la avenida principal de Jáuregui los perros se pasean sin pedir permiso. La estación de tren parece abandonada, debido a su poca frecuencia. El pueblo no recibe muchos visitantes y por eso pocos conocen su historia. La historia de un pueblo que nació a orillas del río Lujan, gracias a una fábrica textil. En ese pueblo se vive una atmósfera de tranquilidad y silencio en el aire. Tan calmo y desolado como la mismísima Algoselan con sus máquinas detenidas, hasta que el mercado o el Gobierno lo dispongan.
