Ago 25, 2016 | inicio
El frío no los congeló. O sí, pero no los paralizó. Miles de argentinos hicieron de la calle nuevamente su escenario de lucha, porque a la falta de trabajo y a los sueldos disociados de la inflación, se sumaron los tarifazos de agua, gas y luz. El 14 de julio y el 4 de agosto de este año, en distintas ciudades del país, se hicieron “ruidazos” para reclamar por el aumento en los servicios públicos. Pero no solo la calle fue un espacio de disputa: también lo fue la justicia. El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) presentó un amparo que fue ratificado por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, quien anuló las resoluciones 28 y 31 de 2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación que establecían la suba de precios en el gas. Pese al recurso extraordinario presentado por el gobierno para apelar esa decisión, la Corte Suprema de Justicia finalmente dictaminó el pasado jueves 18 de agosto la suspensión definitiva del tarifazo para usuarios residenciales y la obligatoriedad de la audiencia pública como requisito previo para programar el nuevo cuadro tarifario que -advirtió en el fallo- deberá tener en cuenta los criterios de razonabilidad y gradualidad. La fecha de la audiencia, según anunció esta semana el gobierno, será el 16 de septiembre. Cooperativas, fábricas recuperadas, pymes, clubes de barrio y otras entidades que pueden cerrar sus puertas por la imposibilidad de pagar los valores actuales de los servicios, quedaron afuera. Por eso, muchas de ellas ahora piensan en comenzar el camino judicial.
El amparo
Los amparos a los tarifazos de luz y gas fueron presentados por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS). Según explicó Mariano Lovelli, abogado y presidente de CEPIS, al presentarlos desde una ONG –y no como particulares que representan el interés individual– pudieron iniciar el litigio como un proceso colectivo de alcance nacional. “Nos reunimos con distintos sectores que estaban preocupados por la suba de tarifas. Vimos que se podía presentar un amparo y con un grupo de abogados lo armamos. Después se sumó otra asociación que se llama Consumidores Argentinos”, dijo Pedro Sisti, abogado y secretario de CEPIS.
El amparo al tarifazo del gas fue presentado la primera semana de abril. El fundamento en el que se basaron los abogados de CEPIS fue la falta del requisito de audiencia pública previa que establece la Constitución Nacional para efectuar cualquier tipo de modificación en la tarifa de servicios. “Es decir, las resoluciones del Ministerio de Energía que impusieron el tarifazo se hicieron de manera intempestiva, sin haber realizado antes este mecanismo de participación ciudadana”, consideró Lovelli.
Riudazo contra el tarifazo en Plaza de Mayo.
La acción de amparo se inició y tramitó ante un juez de primera instancia, y recayó en el Juzgado Federal N°4 de la ciudad de La Plata. Según detalló Lovelli, el juez rechazó el amparo en su sentencia, pero ordenó al Estado a que realice en un plazo de 20 días una audiencia pública para cumplir con ese requisito “bajo apercibimiento de retrotraer el valor de las tarifas previo al dictado de estas normas que generaron el tarifazo”, aclaró el presidente de CEPIS. Frente a esa decisión, las dos partes en litigio apelaron: “Nosotros porque consideramos que son nulas las resoluciones que se dictan sin haber dado cumplimiento al requisito de la audiencia y el Estado porque la sentencia lo obligó a llamar a audiencia en un lapso que consideró muy breve”, explicó Lovelli. Y continuó: “En la apelación intervino la Sala II de la Cámara Federal de La Plata, que el día 7 de julio dictó sentencia haciendo lugar a nuestro planteo. Declaró la nulidad de las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y ordenó retrotraer los valores al 31 de marzo de este año”. El Estado apeló esta sentencia a través de un Recurso Extraordinario Federal y la Cámara aceptó esa apelación para que la Corte intervenga, pero manteniendo la plena vigencia del fallo que anuló el tarifazo.
“El fundamento del Gobierno para apelar fue que consideró que no era necesaria la audiencia pública porque son aumentos transitorios. Nosotros sostuvimos todo lo contrario: para hacer cualquier tipo de modificación tarifaria, sea transitoria o permanente, tiene que necesariamente llevarse a cabo este procedimiento que está establecido en la Constitución”, advirtió Lovelli.
Pedro Sisti también desestimó el argumento que había presentado el oficialismo: “En la energía eléctrica, la producción, el transporte y la distribución son servicios públicos. En cambio, en el gas la producción no se considera servicio público y sí lo es el transporte y la distribución. Como acá lo que más subió es la generación, el precio del gas en boca de pozo, el Gobierno sostiene que no tiene que haber audiencia pública. ¿Cuál es el problema? El precio del gas en boca de pozo es en la tarifa que paga el usuario entre el 65 y el 80 por ciento. Con lo cual, si sube el gas en boca de pozo, necesariamente sube la tarifa. Entonces, aun cuando no sea servicio público el gas en boca de pozo, como impacta en el costo del servicio público de transporte y distribución, tiene que hacerse audiencia pública antes”, argumentó y agregó: “La ley de Regulación del transporte y distribución de gas natural es la 24.076, que encima es una norma de cuando se privatizaron los servicios públicos, de antes de que se reformara la Constitución incluso, o sea, antes que se incorporara el artículo que habla de usuarios y consumidores, con lo cual tampoco se la puede tomar tan al pie de la letra, hay que entender que la Constitución amplió derechos”.
Otro ruidazo en Medrano y Corrientes.Flore
Finalmente, el jueves 18 de agosto la Corte Suprema confirmó la anulación del tarifazo, pero solo para los usuarios residenciales. El día anterior al fallo, la procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó recomendó a la Corte mantener la decisión de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que declaró la nulidad de las resoluciones 28 y 31 y estableció retrotraer el valor de las tarifas a los precios existentes hasta el 31 de marzo. Consideró que la falta de audiencia pública previa no respetó los derechos de información, consulta y participación ciudadana previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Además, desestimó el argumento del Gobierno que sostiene que esa instancia no es necesaria para aumentos transitorios ya que, según explicó la Procuradora, impacta de manera inmediata en el acceso a un servicio público.
“Por un lado es muy positivo -señaló Lovelli-, porque la Corte aceptó el nudo argumental de nuestro razonamiento, en el cual sin audiencias públicas previas no puede haber ningún tipo de modificación tarifaria. También estamos conformes con que se manden a discutir todos los componentes de la tarifa. Es decir, no solo el transporte y la distribución, sino también el de la generación”. Y agregó: “No sabemos cuánto cuesta producir gas en la Argentina, por eso vamos a ir a discutir a la audiencia pública, para que nos muestren los costos y nos expliquen por qué si –según las estimaciones que hacen consultoras especializadas en energía– el valor promedio es de 1,90 dólar, el gobierno le asignó un valor de 5,50. ¿Qué pasa con ese porcentaje de dinero que, en definitiva, es una inmensa transferencia de recursos de la población a un pequeño grupo de empresas?”
Héctor Polino, ex diputado nacional del Partido Socialista, es el fundador y representante legal de Consumidores Libres, una asociación con más de veintidós años de existencia que se dedica a defender los derechos de usuarios y consumidores. Este año inició una medida judicial contra la empresa Metrogas, contra el Ministro de Energía de la Nación, y contra el interventor del Enargas. Luego de meses de asesorar legalmente a usuarios que acercaban sus inquietudes y problemas frente a la suba desmedida de tarifas, recibió con alegría el fallo de la Corte. Al igual que los representantes de CEPIS, aplaudió la decisión del Poder Judicial de incluir en la discusión el precio del gas en boca de pozo. “Es lo que corresponde. Porque si el Ejecutivo está regulando ese precio, tiene que ser discutido y tratado en una audiencia pública. Estamos pagando más del doble de lo que se está pagando en el resto del mundo, favoreciendo a las empresas petroleras”, dijo Polino. Además, festejó que la Corte haya reconocido la tarifa social, reclamado al Congreso de la Nación la designación del Defensor del Pueblo y fijado el criterio que tiene que tener el Poder Ejecutivo en la evaluación de las audiencias públicas.
Fuera de juego
Pese a lo positivo del fallo que puso el peso de la balanza a favor de los usuarios, varios sectores no fueron contemplados. Al restringir el alcance a los consumidores residenciales, el aumento en las tarifas sigue vigente para cooperativas, fábricas recuperadas, Pymes, clubes de barrio, teatros, y otras asociaciones que se han visto afectadas por el tarifazo. “No sé cuál ha sido la motivación. Entiendo judicialmente la diferencia que hace la Corte, la comprendo desde lo estrictamente jurídico, pero me parece que lo lógico en este caso hubiera sido que se extienda a todos”, consideró Lovelli. A pesar de esa restricción, alentó a los usuarios excluidos a que presenten demandas para acceder a la suspensión del tarifazo. “Lo cierto es que al declarar la nulidad de las resoluciones 28 y 31, se habilita expresamente para que cualquier damnificado no comprendido en la sentencia vaya mañana mismo a cualquier estrado judicial a pedir que le extiendan la anulación del tarifazo. Y se lo van a dar automáticamente, por los propios fundamentos de la Corte”, aclaró el presidente de CEPIS.
La explicación que dio la Corte para segmentar el alcance del fallo se basó en el argumento de la homogeneidad de los intereses: una asociación civil solo puede representar a los usuarios residenciales que se ven afectados por el gas de su vivienda. Si bien Lovelli consideró que la resolución aportó un gran mejoramiento de la calidad democrática al ratificar la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones, cuestionó la segmentación realizada. “Lo cierto es que no era un tema que se había planteado en esos términos como defensa por parte del Gobierno, sino que fue una cuestión que trajo la Corte per se para hacer esta división, cosa que no lo habían hecho ni el juez de primera instancia, ni la Cámara Federal, ni la Procuradora, lo cual genera que cada actor no comprendido en el fallo tenga que ir individualmente a peticionar. En el caso de las grandes empresas es entendible, pero en muchos otros casos condenan a un club de barrio, por ejemplo, a tener que litigar individualmente cuando son entidades que hacen al sostenimiento de las actividades recreativas, deportivas y culturales de la sociedad”, denunció el abogado.
Para poder acceder a la suspensión del aumento en las tarifas de gas, Polino explicó que los sectores excluidos del fallo pueden iniciar una acción judicial de manera individual o grupal, si están agrupados en alguna entidad de segundo grado que las represente con personería jurídica. En el contexto actual de desempleo creciente e inflación, el alto valor en las tarifas representa una importante traba al sostenimiento económico de esos sectores. “Esto afecta al empleo”, consideró el fundador de Consumidores Libres. Y agregó: “Con la suba de tarifas, aumentan los gastos fijos de las cooperativas y pequeñas empresas y tienen que trasladarlos a los precios. Eso puede llevar a una reducción de la demanda de trabajo. Y, en consecuencia, puede provocar desocupación, o disminución de la calidad de vida de los integrantes de estas entidades”.
Participación ciudadana
Pedro Sisti, secretario de CEPIS, explicó cómo debe darse la audiencia pública para ser constitucional y cumplir con el artículo 42: “Lo primero que deberían hacer es brindar toda la información: el Estado de situación de las empresas; quiénes las conforman –o sea, quiénes se van a ver beneficiados–; a qué se ha destinado la plata que se ha recibido de los subsidios y los costos de las tarifas todo el tiempo previo; dónde se va a dar la suba; qué destino se le va a dar a esta suba; cuáles son las razones, si es un aumento de costos internacional, si es para extender el servicio, etc.”, explicó. Luego de esa etapa informativa, debe darse lugar a la participación ciudadana: “Se debe garantizar la oportunidad de que los usuarios y consumidores presenten objeciones antes y durante la audiencia pública, oralmente o por escrito. Después debe existir un momento en el cual se contesten fundadamente todas las objeciones. Es decir, la audiencia debe dar información, escuchar y contestar. Porque si bien no es vinculante, tampoco es que pueden escuchar y no hacer nada. Que no sea vinculante significa que no estás obligado a resolver de la manera que plantee la gente en la audiencia pública. El que decide es el organismo de control, conjuntamente con el Estado. Pero sí están obligados a contestarle al ciudadano, que no es un tema menor”, concluyó.
Derechos humanos
La luz, el gas y el agua son servicios básicos que deben ser garantizados por el Estado. De allí la importancia de la discusión y el alcance desastroso que tuvo el tarifazo. “Un usuario puede prescindir de comprar una botella de gaseosa, de ir al teatro, pero no puede prescindir del gas natural, como no puede prescindir de utilizar energía eléctrica o agua potable, o utilizar el servicio público de transporte ferroviario, subterráneo o de colectivos”, enfatizó Polino. “Se trata de servicios públicos esenciales. Y una de sus características es la universalidad: tiene que llegar a la totalidad de los usuarios, con independencia de la capacidad de pago”, agregó.
“La Corte hace el planteo acerca de la razonabilidad y la justeza de las tarifas porque hay que comprenderlas como un todo. Tanto el agua, como la energía eléctrica y el gas, forman parte de bienes esenciales para la vida de los argentinos y no pueden ser tomados de manera aislada o individualmente, sino que tienen que pensarse de manera conjunta para que no termine siendo confiscatorio, y que la gente termine evaluando si calefaccionar e iluminar su casa o comer”, explicó el presidente de CEPIS. Pedro Sisti, opinó en el mismo sentido: “Sin luz no se puede vivir dignamente, como tampoco sin agua. Para nosotros el gas también se ve incluido en eso. No se puede negar que tener esos tres servicios hace a una mejor calidad de vida. Sobre todo por todo lo que se garantiza a través de ellos: la vivienda digna”. Y Lovelli completó: “No podemos entender vivienda digna solo cuatro paredes, un techo y un piso, sino los elementos que hacen que esa vivienda sea habitable, sea confortable, es decir, que tengas energía para poder iluminarte y que tengas gas para poder calefaccionarte”.
El proceso para presentar el amparo al tarifazo de luz se realizó de manera similar al de gas, porque el nudo argumental fue el mismo, es decir, la ilegalidad del dictado de normas que modifiquen las tarifas de los servicios sin haber realizado la audiencia pública. “En este caso –explicó Lovelli– la jueza de primera instancia nos otorgó una medida cautelar en la cual planteó la suspensión del tarifazo hasta tanto no se lleve a cabo la audiencia pública que establece la normativa”. La Cámara Federal de San Martín, frente al intento del Gobierno de cuestionar la decisión, ratificó el fallo de la jueza.
Respecto a la suba en las tarifas del agua, tanto Consumidores Libres como CEPIS están investigando para poder presentar un amparo que también frene ese aumento.
Actualizado 25/08/2016
Ago 17, 2016 | inicio
“La única verdad es la realidad”. La frase inicial del ministro de Energía, Juan José Aranguren, provocó un irónico corto aplauso entre los diputados peronistas. Y actuó casi como un mantra argumentativo durante su interpelación por el “tarifazo” en el maratónico plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Energía, Consumidores y Obras Públicas de la Cámara baja.
En el reducido espacio del anexo del Congreso Nacional y ante la presencia de unos 130 diputados, el responsable de la cartera de Energía se presentó para explicar -y defender- el “gradual” aumento tarifario dictaminado por el Gobierno y que, por una decisión de la Cámara Federal de La Plata, actualmente se encuentra suspendida y a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia.
“Todos los bloques de diputados, excepto el oficialismo, estamos acá para retrotraer el tarifazo”, sostuvo taxativamente el diputado del Frente para la Victoria y ex ministro de E-Economía Axel Kicillof.
Segundo ruidazo contra el tarifazo de Macri , el 4 de agosto pasado.
En las largas mesas ocupadas por los representantes legislativos del kirchnerismo, la protesta contra el gobierno nacional se manifestó en carteles con las frases “Gobierno para ricos, tarifazo para pobres”, “Los servicios públicos son derechos humanos, el tarifazo los vulnera”, “Bajó el consumo de leche, háganse cargo”, “¿Prueba?¿Error? No somos conejillos de Indias”.
El cuestionamiento de todo el arco opositor se unificó sobre la figura de Aranguren como funcionario público por su rol como ex CEO de la multinacional Shell de la que aún forma parte como accionista mayoritario, una clara violación de la Ley de Etica Pública según la oposición.
“La madre de todas las ilegalidades es que usted está ocupando el cargo de ministro, cada decisión que tome, es para beneficio propio”, sostuvo el legislador por Rio Negro del FPV, Martín Donaite, en unos de los varios tensos pasajes de la discusión.
Entre gritos y aplausos, exposiciones que superaron largamente los tres minutos consensuados y numerosas chicanas, principalmente entre diputados de Cambiemos y del FPV, transcurrió un intenso debate de más de seis horas que se presentó en su arranque, como “respetuoso” y “constructivo”.
Un poco más de 30 minutos duró la fría exposición informativa del ministro Aranguren. El funcionario dio cuenta de los datos que llevaron a que Argentina en estos últimos doce años haya pasado “de tener energía abundante, exportada y barata” a tener “energía escasa, importada y cara”.
“La única verdad es la realidad”, esa fue la frase inicial del ministro de Energía, Juan José Aranguren.
Según sostuvo el funcionario, el actual gobierno recibió un sector que “manifestaba un gran desorden en su funcionamiento, con roles y funciones equivocadas, alta discrecionalidad y falta de transparencia, desabastecimiento y demanda insatisfecha, causada por una distorsión de precios y atraso tarifario, uso ineficiente de energía, caída en la producción y falta de capacidad de generación”.
Entre otras cuestiones, detalló que el aumento de las tarifas se hizo “de la forma más gradual que le permitía la herencia recibida” y remarcó la importancia de la aplicación de la tarifa social, que alcanzó, según el ministro, tres millones de personas en el servicio eléctrico y un millón en el gas. Sin embargo, evitó explicar los costos de la producción del gas y dar detalles sobre cómo el gobierno construyó los indicadores para diseñar el aumento en el servicio.
Finalizada la exposición, los diputados tomaron la palabra para indagar al ministro.
La ausencia del ex ministro de Obras Públicas y presidente de la comisión de Energía, Julio De Vido, fue una decisión política. El jefe de la bancada del FPV, Héctor Recalde, leyó una carta del ex funcionario y advirtió que Cambiemos tenía “la clara intención de enfocar el debate sobre lo hecho en doce años en materia energética en su persona en lugar de dar las explicaciones que espera la sociedad, en relación a cuáles fueron los criterios técnicos para determinar el brutal tarifazo”.
Los abucheos y gritos de “se han robado todo” de parte de diputados del oficialismo no demoraron en aparecer. Recalde preguntó que si al momento de aumentar las tarifas el gobierno pensó “en lo que podían sufrir miles y miles de hogares argentinos que no pudieron pagar tarifas un aumento porcentual exorbitantes, de 1500 y 1700 %”.
Recalde también sostuvo que el “accionista de la multinacional Shell” realizó una especial “interpretación” de la Ley de Etica Pública al negar que exista incompatibilidad en su cargo.
Aranguren se defendió con un argumento llamativo. “Ninguna de las personas que forman parte y que han estado trabajando en alguna de las empresas en los últimos tres años o tengan participación societaria, tomen decisiones particularmente vinculadas con estas empresas, por lo que “no hay conflicto de intereses”, explicó.
“Durante estos doce años que estuve trabajando en el sector privado traté siempre de apegarme a la ley. Cada vez que desde la administración nacional ha habido una denuncia, siempre me presenté en la justicia y he salido eximido”, arremetió.
La diputada Graciela Camaño (Frente Renovador) sostuvo que para las decisiones que tomó el gobierno “había un mínimo de legalidad que tenían que cumplir y no lo hicieron”, ante la falta de la audiencia pública que indica como necesaria la Constitución Nacional para la determinación de nuevas tarifas.
La batería de preguntas de la diputada, que incluía el pedido de números informes al ministro, disparó las críticas del bloque oficialista al demorarse más del tiempo permitido. Camaño refutó afirmando que ella tenía “muchas preguntas como la mayoría de la gente que no tiene la posibilidad de preguntar y que no sabe de dónde se sacó el porcentaje de aumento tarifario”.
“Nosotros hemos hecho una adecuación de los cuadros tarifarios, siguiendo la capacidad que nos da la ley de emergencia pública, la 25,562, que está vigente hasta el 31 de diciembre del 2017 y en partir de un decreto 120, que se firmó del 2003, que le da capacidad al Estado nacional de ajustar el precio del gas en boca de pozo y por lo tanto todo lo que hemos hecho ha sido legal y obviamente la Corte Suprema decidirá en lo particular”, respondió Aranguren.
El legislador sanjuanino José Luis Gioja (FPV) tomó la palabra y se permitió una de las tantas chicanas de la jornada. Aseguró que se había sentido “casi conmovido” cuando Aranguren comenzó su primera exposición con una de las frases de la liturgia peronista.
El legislador presentó una abultada factura de gas de un trabajador de la provincia de San Juan, fue cuando le consultó directamente al funcionario si sabía realmente “cuál es el costo del gas en boca de pozo en Argentina”.
En el reducido espacio del anexo del Congreso Nacional y ante la presencia de unos 130 diputados, cientos de periodistas cubrían ayer la audiencia.
“Hay distintos valores dependiendo la inversión de la empresa, según la región, me niego a dar un promedio”, respondió Aranguren. Fue uno de los momentos más tensos de la audiencia.
Gioja repreguntó y, ante la falta de respuesta, citó un informe realizado por la Fundación Bariloche que establece un costo promedio de 1,9 dólares el B.T.U de gas en boca de pozo en el país. “¿Por qué esa diferencia de 1,9 a 5,5 dólares que ustedes fijaron para las nuevas tarifas? ¿Por qué los usuarios tienen que pagar ese costo? Doña Rosa, no tiene que pagar esos costos que son excesivos”, interrogó.
También le manifestó la preocupación que le generó el destino de un grupo de trabajadores del Ministerio quienes habían iniciado una medida de fuerza ante el serio riesgo de que los despidan.
En respuesta, Aranguren remarcó que el preció del crudo lo “regula el mercado” ya que la ley argentina lo determina así y si se desea establecer un precio desde el Estado, “hay que cambiar el marco regulatorio desde el Congreso”. Respecto a los trabajadores comentó que se iba a reunir con representantes gremiales para ver que sucederá
“Rechazamos la extorsión del ministro, del gobierno a la Corte Suprema de Justicia, al Congreso Nacional, al decir que la obra pública se va a parar si no se aplica el tarifazo”, dijo el diputado del Frente de Izquierda Néstor Pitrola durante su alocución, en referencia a las distintas expresiones públicas que han tenido desde el Presidente hasta funcionarios públicos en la semana que la que el alto Tribunal fijará posición sobre el tarifazo. Faltaban apenas unas horas para que la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, avalara los amparos contra el aumento.
“Rechazamos cualquier criterio de aumento, queremos ir hasta el hueso de un sistema que fundieron los servicios públicos en los últimos 20 años. ¿Por qué se siguen ocultando las clausulas que heredamos del negocio de (Miguel) Gallucio y Kiciloff con la petrolera Chevron?”, cuestionó Pitrola. Además, denunció que “se están despidiendo miles de trabajadores de empresas petroleras en el norte de Santa Cruz y en Chubut”.
Otro punto de tensión se sucedió con el propio Kiciloff quien fue citado varias veces por el ministro, al explicar el porqué de los precios diferenciales para la producción de gas.
“Esto está mal hecho, hay que hacer tabula rasa”, afirmó vehemente Kiciloff, quien pidió que para salir del atolladero generado por el tarifazo “hay que hacer las audiencias públicas que marca la ley”.
Remarcó que el modelo de “regulación del libre mercado” y “precios internacionales” que tuvo fuerte vigencia durante la década del 90, no es “el modelo que queremos” ya que fueron los causantes de que la cantidad de reservas de gas disminuyeran profundamente, dejando una vez finalizado ese período “reservas de gas para 10 años”.
En contraposición a lo que viene sosteniendo el gobierno nacional, el ex ministro de Economía afirmó que este año “la producción de gas subió un 5%”
Kiciloff pidió que el gobierno nacional “vaya para atrás” respecto a las subas de las tarifas y que luego se discuta “el cuadro tarifario por los próximos cuatro años” y subrayó que “no sirve la austeridad, porque se descarga sobre la gente y la gente no puede vivir, no puede comer, y la industria y la economía inevitablemente se desploma”.
Al finalizar, le preguntó al presidente de la comisión y al ministro interpelado: “¿Van a volver atrás con el tarifazo? ¿Van a escuchar el pedido de las organizaciones sociales, clubes de barrio, sindicatos que ustedes dicen proteger? Porque sino esto es sólo un acto que les permite ganar tiempo para luego continuar con la misma tarifa y a querer cobrar el retroactivo por todos estos meses”.
Aranguren respondió con sequedad: “Este gobierno dio señales de escuchar y por eso están presentes en el salón”. Hubo aplausos de la bancada oficialista.
La férrea defensa del “tarifazo” por parte del oficialismo tuvo al jefe de la bancada de Cambiemos en Diputados, Nicolás Massot, como uno de sus protagonistas centrales.
Sostuvo que “a cualquier Estado le gustaría tener una política de subsidio ilimitado” pero que dicha decisión se tomó “en un momento de crisis” pero que luego se transfomó en una necesidad electoral”, en referencia al sostenimiento de los subsidios que mantuvo los gobiernos de Cristina Fernández.
“Lo peor de todo es que decidimos seguir con esa política cuando perdimos el déficit fiscal”, reafirmó Massot.
Actualizada 17/08/2016
Jul 26, 2016 | inicio
A las 9 de la mañana de un sábado, un micro escolar se estaciona frente al 1950 de la calle Punta Arenas en el barrio de La Paternal. Hace mucho frío, pero de a poco llegan mujeres con changuitos de compras. Son vecinas de la zona que participan de los viajes al Mercado Central de Buenos Aires organizados los segundos sábados de cada mes por la Unidad Básica “La Irreversible” de La Cámpora. Susana Bellido y Alejandro Funes son los militantes encargados de coordinar la actividad. “Las compras siempre son un éxito porque es una gran ayuda al bolsillo de cada vecino. Las necesidades son terriblemente grandes y se hace una gran diferencia”, aseguró Bellido.
Sin embargo, Susana advirtió que los precios también subieron en el Mercado Central desde que la gobernadora María Eugenia Vidal echó a Alberto Samid, vicepresidente del lugar. “Era el que rompía para que los precios se mantengan”.
“Las compras siempre son un éxito porque es una gran ayuda al bolsillo de cada vecino. Las necesidades son terriblemente grandes y se hace una gran diferencia”, aseguró Bellido.
La organización Consumidores Libres informó que la canasta básica aumentó un 3,16 por ciento en junio y que de enero hasta a la fecha el incremento de precios es del 22,83 por ciento. Héctor Polino, fundador y director de la entidad, sugirió realizar compras de manera comunitaria como forma de paliar estos aumentos que, según él, están causados por la devaluación del peso, la quita o reducción de retenciones al sector agropecuario, el aumento en los servicios o el precio de los combustibles. “Hay aumentos en la estructura de costos, pero además hay un rubro que se llama “por las dudas” y se remarcan los precios sin ningún tipo de control”, denunció Polino.
“Nosotros salimos así vengan dos o treinta personas”, dijo Alejandro.
El micro arranca a las 9:30. Susana lamenta que el día anterior la llamaron varias personas para avisar que no podrían participar de las compras. Algunos porque se enfermaron o les salió un trabajo y otros porque, al estar a mitad del mes, no tienen dinero suficiente. “Nosotros salimos así vengan dos o treinta personas”, dijo Alejandro y agregó que esta es una actividad gratuita, que es la agrupación la que le paga los $1400 al conductor del micro.
En uno de los primeros asientos está sentada Gloria Camponigro, menuda y de pelo canoso. Ella es viuda hace cinco años y vive con su nieto que vino a estudiar a Buenos Aires. Gloria recuerda que la primera vez que fue al Mercado no recorrió mucho, pero que las veces siguientes se animó a dar vueltas y a comparar precios. “Hay que mirar”, recomendó y añadió: “Compré a $17 el kilo de pan, yo pensé que iba a estar feo, pero estaba riquísimo”.
Cerca de las 10 el micro estaciona entre los galpones del Mercado Central. Alejandro y el conductor ayudan a bajar a las mujeres mayores con sus changuitos. Estas se dispersan rápido apenas entran al galpón. Hay cajones repletos de frutas y verduras, vigilados por verduleros que constantemente gritan: “¡El que sigue!”. Carnicerías diversas, entre las que se encuentran varias sucursales de “La Lonja”, propiedad de Samid, y con una larga fila de clientes. Fiambres, lácteos, especias, aceites, plantas, ropa, zapatos, gente, gente y más gente.
“Compré a $17 el kilo de pan, yo pensé que iba a estar feo, pero estaba riquísimo”, recuerda Gloria.
Laura Saldaño fue derecho a comprar carne. Ella es ama de casa y vive con su hija de ocho años y su marido, Omar. Él trabaja en un servicio de mensajería y ahora tuvo que empezar a hacer delivery para una pizzería. “Si no, no llegamos”, se lamentó Laura. Gastó $402 en la carnicería y compró: 900 gramos de pamplona, 5 kilos de pata-muslo, 1 kilo de milanesas rellenas y 3 kilos de pechuga. Aseguró que con eso tiene para todo el mes. “Nunca me llevé chascos y me hace una diferencia a nivel mensual porque yo sé que acá me voy a gastar $500, pero después me ahorro $1000”.
“Para saber dónde comprar, tenés que mirar si hay fila. Si hay mucha gente, el lugar vende cosas buenas”, informó Laura. Contó que luego de comprar en el Central ella dedica todo el fin de semana a cocinar y guarda la comida en el freezer. Pasó por la fiambrería y cuando llegó a la verdulería señaló: “¿Ves? En el barrio el kilo de morrón está como a $100, acá tenés a $50 el verde y a $45 el rojo”.
Intentando salir del laberinto que es el Mercado, Laura se encuentra con Susana, que balancea feliz y orgullosa una bolsa de 700 gramos de filet de merluza que compró por $50. Ambas arrastraban sus changuitos llenos hasta el micro mientras intercambiaban recetas y consejos de dónde comprar el próximo mes.
“En otras épocas yo no he visto lo que está pasando ahora. Estos seis meses para mí son eternos”, afirmaba Inés.
En el micro ya estaba Inés Liliana Corradi esperando a los demás, con un cajón de 20 kilos de tomates a sus pies y con una libreta en la que anotó metódicamente sus adquisiciones. “Uno se la rebusca porque no alcanza la plata. Tenés que estirarla todo lo que podés”, dijo Inés. Ella es jubilada y vive con sus dos hijos. “Hasta noviembre del año pasado yo ganaba 420 dólares de jubilación. Al mes siguiente pasé a cobrar 300 porque el precio del dólar cambió. Tenía en mi bolsillo 120 dólares menos y los precios se fueron por las nubes”, se lamentó y agregó: “En otras épocas yo no he visto lo que está pasando ahora. Estos seis meses para mí son eternos”.
El resto de las mujeres llegan al micro y, junto con Alejandro, acomodan las compras. El conductor emprende la vuelta a La Paternal mientras todos charlan animados sobre cómo optimizar el rendimiento de sus adquisiciones.
Actualizada 26/07/2016
Jul 15, 2016 | inicio
Pasadas las 19.45 de ayer la llovizna comenzaba a sentirse en la esquina de Scalabrini Ortiz y avenida Corrientes, en el barrio porteño de Villa Crespo. Cinco vecinas se encuentran y preguntan: “¿vendrá alguien más?” Juntas corren al encuentro de otras personas que se van acercando a esta intersección, motivados por la convocatoria en redes sociales, con el objetivo de hacerse escuchar ante el gobierno nacional y reclamando el cese de los aumentos en las tarifas de servicios públicos.
Una primera pancarta con la leyenda “Macri pará la mano. No al tarifazo” sirve de punto de encuentro para los vecinos que, ya en mayor cantidad, comienzan a acercarse. El compás de algunas bocinas motiva los primeros ruidos y aplausos. Silbatos, cornetas, llaves agitándose, bidones de plástico… todo sirve para hacerse escuchar.
En la esquina de Triunvirato y Monroe, Villa Urquiza, el mal tiempo también conspira contra la convocatoria. Luego de un breve momento de desilusión, pero con el retraso previsto de todos los eventos multitudinarios, comienzan a llegar los carteles, los aplausos, las latas, los redoblantes y algunos bombos. Un hombre trae dos boletas de gas hechas en gigantografía: la previa al aumento, de 700 pesos, y la última, de 5.600. Otro, que viene caminando con él, menciona el caso de un joven vecino que vive solo a quien le llegó un tarifa de 7.000 pesos: “El pibe trabaja en una pizzería… nadie sabe cómo va a hacer con el sueldo que tiene”. Gran parte de las conversaciones giran en torno a la imposibilidad de poder costear estos aumentos. No se habla de una rebeldía deliberada, sino de una inviabilidad de la realidad concreta.
Centenas de personas se reunieron en las esquinas de Medrano y Corrientes y Scalabrini Ortiz y Corrientes.
Mientras golpea con un martillo el poste del semáforo de la avenida Corrientes, bajo una llovizna persistente, Walter relata: “Pasé de pagar 130 pesos de gas a 900. ¡Tienen que retrotraer las tarifas y hacer un verdadero estudio sobre los costos! Los servicios públicos los tienen que subsidiar los que más tienen, no nosotros, los usuarios”.
La convocatoria por redes sociales con el hashtag #NoAlTarifazo #Ruidazo había comenzado hacía un par de días y se esperaba una gran convocatoria, pero la inminente lluvia pronosticada hacía dudar sobre su éxito a los propios asistentes. Sin embargo, pasadas las 20, la avenida Corrientes ya se encontraba cortada en su totalidad por aproximadamente 200 personas. Más pancartas y mensajes hacia el gobierno repetían los reclamos respecto a la suba de los servicios públicos, pero ningún móvil de televisión se acercó a este punto de encuentro en el barrio de Villa Crespo.
A varios kilómetros de ahí, al igual que en el resto de las concentraciones, un cartel expresa uno de los reclamos fundamentales de la manifestación: “Luz – Gas – Agua – No son un negocio. Son un derecho”, mientras una mujer oculta entre múltiples frazadas, personificaba la cotidianeidad de muchos de los presentes, mientras ironiza: “Viste que el presidente ya explicó que no podemos estar en remera y en patas”.
La convocatoria fue movilizada a través de las redes sociales con el hashtag #Ruidazo y #NoAlTarifazo hace pocos días (Foto: Obelisco).
Hacia las 21 la convocatoria en Scalabrini Ortiz y Corrientes logró reunir a más de 400 personas, todas ellas manifestándose con pancartas y cantos respecto a la suba de tarifas. “Che Macri, che Awada: Tiranos una frazada”, se leía en un cartel sostenido por una madre con su hija en brazos, haciendo referencia a las palabras del Presidente en uno de sus últimos discursos donde alentaba a los ciudadanos a moderar el uso de la calefacción en sus hogares para no sufrir los aumentos. Valeria Stagi es empleada de un local que vende artículos de cotillón ubicado en Scalabrini Ortiz 269, a pocos metros de donde se produce el corte de calles. Inesperadamente este comercio se vio beneficiado con algunas ventas en medio de la convocatoria: “Puse algunas cornetas en el mostrador, a la vista, porque varias personas entraron a comprar algo para hacer ruido”, dice. Según cuenta a su local también lo afectó la suba de luz: “Sé que en esta factura vinieron alrededor de pesos 4.000 pesos y el dueño tiene pensado hacer el reclamo a Edenor”.
Gladis Garello es jubilada y fue a la convocatoria acompañada por su marido, también jubilado: “No traje cacerola para no evocar a los antiguos cacerolazos, porque esa forma de manifestarse siempre tuvo que ver con la elite”. Argumenta que le gustaría meterse entre la multitud que supera las 400 personas en Scalabrini Ortiz y Corrientes pero no se encuentra bien de salud y prefiere resguardarse del frío y la llovizna bajo uno de los techos de las paradas de colectivo. “Nosotros somos el pueblo, yo solo traje un manojo de llaves para hacer ruido, aunque sea bajo este techo”, explica. Agrega que en su caso la última factura de gas que le llegó fue de 600 pesos, cuando en la anterior había pagado 100: “Esto es una medida dictatorial. La gente se cansó. En vez de que las inversiones las hagan los empresarios ricos quieren invertir con la nuestra plata, con nuestro esfuerzo”, reflexiona.
Los empleados de Metrogas aconsejaron no pagar esta factura hasta tanto no se sepa realmente si corresponden los aumentos o no (Foto: Zona Obelisco).
Osvaldo vive con su esposa en un PH en Villa Crespo y recuerda que hace un par de días tuvo que acercarse a las oficinas de Metrogas para avisarles que no va a poder abonar la última factura por un monto de 8.200 pesos: “El año pasado para el mismo período pagué 800 pesos. Mi señora y yo trabajamos todo el día y no estamos casi nunca… ¡No puede ser que gastemos eso de gas!”, agrega y completa: “Yo vine a esta misma esquina en diciembre de 2001 a pedir que se vayan todos. Y ahora estoy acá de nuevo. Esto significa lo mal que está la gente, esto es el comienzo”. En charla con ANCCOM reflexiona que fueron los mismos empleados de Metrogas quienes le aconsejaron no pagar esta factura hasta tanto no se sepa realmente si corresponden los aumentos o no.
Luego de dos horas de continuos cantos y ruidosa manifestación, la mayoría de los vecinos de Villa Crespo comenzó a regresar a sus hogares, bajo condiciones meteorológicas hostiles. Se alejan del punto de encuentro en Scalabrini Ortiz y Corrientes mientras continúan aplaudiendo y haciendo ruido. En la esquina solo quedan algunos pocos a la intemperie y contados paraguas resisten la fuerte llovizna y el frío de la noche entonando la última canción: “Ole-le Ola-la, si este era el cambio, el cambio no va más”.
Walter, uno de llos manifestante contó que “Pasé de pagar 130 pesos de gas a 900. ¡Tienen que retrotraer las tarifas y hacer un verdadero estudio sobre los costos!».
En Urquiza, otro jubilado se suma al pogo improvisado entre los más jóvenes: “Vengo pagando los aumentos de agua, luz y gas. Te juro que aunque cobre aguinaldo, las cuentas no las puedo pagar. Porque Macri nos cagó, las tarifas liberó, Aranguren la puta que te parió”. Varios también recuerdan, como el vecino de Villa Crespo, haber estado en esa misma esquina a fines de 2001, pero rescatan que la situación no es la misma. Sin embargo, esta apreciación no se traduce en gran optimismo: “Si esto sigue así, vamos a terminar igual y más rápido que aquella vez”. Esa conciencia estuvo siempre presente y no se diluyó en ningún momento, aunque tampoco lo hizo la fuerza de los cantitos y la presencia sólida de los 400 vecinos y vecinas que estuvieron durante casi tres horas reclamando por sus derechos.
Actualizado 15/07/2016
Jul 12, 2016 | inicio
«Había una vez un príncipe», solloza Cenicienta, hablando sola. «Había una vez… un príncipe», se ríe y llora a la vez, arrodillada en el piso del escenario, abrazada a su escobita de treinta centímetros, la misma que usan las nenas para jugar a la mamá. Así comienza Cendrillon -Cenicienta, en francés-, la primera ópera estrenada en la sala independiente de Machado Teatro, a cargo de Germán Ivancic y Diego Ernesto Rodríguez. Desde 2015, los dos hombres de barba constituyen una sociedad -denominada Barbados- y llevan adelante diversas actividades en el espacio: planifican la programación, dictan talleres de teatro y expresión corporal, se encargan de la difusión, atienden el teléfono, acomodan las luces, mantienen el lugar en condiciones, tramitan -desde 2012- la habilitación y absorben, como pueden, los aumentos en las tarifas. Así es como se mantiene en funcionamiento un espacio cultural a dos cuadras de Parque Centenario.
«Estrenamos nuestra primera ópera en Machado porque queremos empezar a vincular más el espacio del teatro con la lírica», explica Germán Ivancic, director escénico de la obra. «Los pequeños teatros tienen un vínculo más cercano con el barrio y también con los artistas emergentes. Producir en estos lugares puede generar vínculos con gente que no iría al Teatro Colón, o vecinos a los que le costaría mucho ir porque no saben cómo vestirse. En cambio, es muy probable que esas personas se animen a ir al teatro de la vuelta de su casa. No hace falta que se empilchen, ni que compren entradas con anticipación ni viajen al centro. Se trata de dos propuestas distintas, ni mejores ni peores».
«Los pequeños teatros tienen un vínculo más cercano con el barrio y también con los artistas emergentes».
La puesta en escena
Cendrillon es una ópera de cámara compuesta para piano, escrita por una mujer, Pauline Viardot, lo que constituye una rareza ya que incluso hoy es difícil que las mujeres participen en la composición de una obra, y que luego sea representada. «A principios de siglo XX, cuando se escribió, esto era prácticamente imposible», asegura Ivancic.
Al inicio de la producción, Juan Pablo Llobet Vallejos, director musical y pianista del proyecto, sugirió que el elenco fuera completamente femenino. «Dijimos: ‘Vamos a hacer este cuento sobre la realización femenina, contado solamente por mujeres’ -recuerda Ivancic-. Y así fue como empezamos a configurar el mundo: ¿Cómo contamos a las mujeres que hacen de hombres en la obra, como el príncipe o el barón? ¿Las caracterizamos de hombres, como se suele hacer en la ópera? ¿Planteamos el vínculo entre Cenicienta y el príncipe como una relación homosexual? Pronto nos dimos cuenta de que ese no era el camino, y fue así como decidimos salirnos de lo binario hombre-mujer. Nos corrimos desde ese lugar y empezamos a diseñar a los personajes como seres que desean, que quieren pertenecer, que ansían ascensos sociales, que aman. En Cenicienta siempre se trabaja desde un lugar de la belleza esperable, canónica, y nosotros en cambio presentamos a todos los personajes como seres andróginos en un ambiente ligado al universo de lo dark, de lo oscuro, lo gótico».
No solo no hay hombres en el elenco sino que tampoco hay vestidos. Cenicienta asiste al baile del príncipe ataviada con un trapo de piso: «Contar esta historia hoy en día, atravesados popularmente por #Niunamenos, es un desafío -agrega Germán Ivancic -. Quisimos resaltar el hecho de que la actitud de Cenicienta es pasiva: su recompensa va a venir por no hacer nada. Solo espera pacientemente, se comporta como es debido para poder cumplir su anhelo que es estar con el príncipe. El vestido no es para ella, es para que la elija el príncipe, ese otro que tiene el poder de elegir a quien quiera. Nosotros proponemos una relectura de la historia que conocemos, no tanto una crítica. ¿Qué pasa con esto que nos cuentan siempre? ¿Por qué me molesta que no aparezca el vestido hermoso? ¿Qué me pasa a mí con la expectativa de belleza?»
Cendrillon es una ópera de cámara compuesta para piano, escrita por una mujer, Pauline Viardot.
La música
Juan Pablo Llobet Vallejos, director musical y pianista en Cendrillon, afirma que su carrera está muy influida por su interés por la semiótica de la música. Cursa una maestría en Análisis del Discurso en la Facultad de Filosofía y Letras, y su tesis está orientada hacia la voz como un dispositivo enunciativo: «¿Cómo se usa la voz como medio expresivo? ¿Qué pasa con la voz en la interacción? A partir de la contemplación de esa problemática, me empecé a preguntar qué potencial tiene la voz para comunicar. Hay conexiones muy profundas entre la voz como medio expresivo y la música, que también es un discurso», afirma y da un ejemplo: «En el cine, en una película infantil como Maléfica, apenas aparece el muchachito lindo de la película, junto con la protagonista, suena un oboe y una melodía con la que en tres notas musicales te explican el tipo de relación que tienen los dos personajes, y el desarrollo de una relación amorosa. ¡Más efectivo no puede ser! Contarte la naturaleza de ese vínculo te llevaría toda una película. Pero con el oboe y la melodía, no hace falta».
En Cendrillon, Llobet Vallejos no está vestido de negro -uniforme de los músicos-, sino que está caracterizado como un vampiro más, encorsetado en un body rojo y negro, insinuando que la música no es un universo separado del mundo dramático, sino que están amalgamados. «El trabajo con Germán fue un trabajo de constante ajuste -explica el director-, tuvimos que ir encontrándonos. Yo me involucraba en cuestiones escénicas y él en cuestiones musicales. Al venir cada uno con un universo distinto, también tenemos distintas ideas sobre la obra. Y en esto también entran las cantantes: el trabajo es colectivo. Cuando ellas se empiezan a involucrar y traer lo suyo, aparece un trabajo de mucha negociación explícita e implícita, y en el transcurso se van realizando micro-ajustes».
El proceso creativo es distinto del que se da en otros contextos, en el que se trabaja con contenidos pre-formateados que tienen instrucciones claras acerca de cómo debe llevarse a cabo la obra y queda poco lugar para cuestionamientos o replanteos. «Nosotros tratamos de construir con lo que va apareciendo -aclara Ivancic-, por eso es fundamental la interacción con los actores. El proceso de trabajo es con ellos, sí o sí. Con otras personas, sería otro proceso y sería otra obra, por eso es fundamental el período de ensayos. Tres días de ensayo por semana durante tres meses de trabajo: para muchos procesos, es un montón. Pero en nuestro caso, es necesario el tiempo para que la obra vaya madurando y de lugar a la forma final».
«Al venir cada uno con un universo distinto, también tenemos distintas ideas sobre la obra. Y en esto también entran las cantantes: el trabajo es colectivo».
Licencias
El mundo de la ópera, a diferencia de otros rubros del arte, se destaca por la resistencia al cambio. Hay una fuerte tendencia al historicismo, es decir, a tratar de representar la obra de la misma forma en que fue realizada en su origen, siglos atrás. Las alteraciones, especialmente las que modifican las partituras, son sancionadas por los críticos y por el público mismo. «La premisa del historicismo es la de una fidelidad a un objeto sonoro original: el interés por recuperar el sonido de ese objeto tal como existió la primera vez que se tocó», explica Juan Pablo Llobet Vallejos. «Para mí, se trata de una utopía. También tiene que ver con una supuesta fidelidad al autor: personas que están buscando ser fieles a Mozart, a Verdi, a Wagner, de acuerdo a lo que los tratados de la época establecen que era cada uno de esos autores. Yo creo que la fidelidad es con uno y con la recepción, con el público, con el tipo de tarea que desempeño como artista. Me interesa ser auténtico con lo que estoy poniendo a circular en el mundo, y eso incluso implica dejar ambigüedades y ambivalencias, porque si no tendría que escribir un manifiesto y eso tampoco me interesa».
La partitura de la ópera Cendrillon –estrenada en 1904- fue fuertemente intervenida por Llobet Vallejos. Hubo cambios en el tempo, alteraciones de notas, disonancias, incluso desfasajes e instrucciones a los cantantes para que desafinen en ciertos pasajes, con el fin de conseguir un efecto dramático. «Además de lo que se muestra en escena, hay una manera musical de transmitir -afirma-. En la música vos podés cerrar los ojos, y te va a llegar el mensaje igual, hay algo de la inmediatez corporal de la música que resulta efectivo».
Las licencias en Cendrillon no se limitan a lo musical y a lo estético, sino también a las formas de producción operísticas, que normalmente tienen otros tiempos y procesos de producción más verticalistas, distintos de las negociaciones que plantean Ivancic y Llobet Vallejos. «La manera de hacer es una manera de decir sobre la práctica. No nos ponemos en un lugar de directores sino en un lugar de creación colectiva», afirma el director musical. «No hicimos ensayos musicales hasta que todo saliera perfecto -agrega-. Creo que está bien que otros busquen la perfección, es otro modo de trabajar, pero no es lo que yo hago. Yo trabajo con la imperfección. Prefiero un cantante más inexperimentado que no llegue a una nota u otra pero esté dispuesto a jugar, a animarse, a generar desplazamientos».
Cada modificación que se realiza a la ópera tiene que ver con una concepción del arte. «Me interesa que, además de generar una reacción emocional, se puedan plantear preguntas a través de las producciones artísticas. Me gusta que el público disfrute y la pase bien, pero también trato de que se moleste un poquito», confiesa el músico. Esto también ocurre desde el punto de vista de la historia y la puesta en escena: «Al recurrir a lo dark, lo gótico, vampiros, desde lo escénico nos proponemos correr un poco la mirada -llamémosla ‘clásica’- que viene del cuento de Cenicienta, para generar otra mirada que eche luz -u oscuridad- sobre algunas otras cuestiones. ¿Qué me ocurre con el encuentro de Cenicienta con el príncipe al final? ¿Me pongo contento porque el chico se va con la chica? ¿Y en qué condiciones se va la chica con el chico? «, se pregunta Ivancic.
«Las licencias en Cendrillon no se limitan a lo musical y a lo estético, sino también a las formas de producción operísticas, que normalmente tienen otros tiempos y procesos de producción más verticalistas».
Haciendo frente al tarifazo
Machado Teatro pertenece a la agrupación Escena -Espacios Escénicos Autónomos- que nació en el 2011 luego del caso Beara -el derrumbe de un entrepiso ilegal que había en una discoteca de Palermo-, que provocó la muerte de dos jóvenes. «En consecuencia de esa tragedia, comenzaron a llegar intimaciones a salas de teatro independiente para clausurarlas hasta no tener la habilitación definitiva. Yo la solicité en el 2012 y aún no me la dieron, lo cual dice a las claras que no habríamos podido abrir nunca porque ya pasaron cuatro años», explica Diego Rodríguez, dueño del espacio y socio de Germán Ivancic, también director escénico que en este caso diseñó la escenografía de Cendrillon. «Ese año, los administradores y programadores de salas pequeñas gestionamos en dos meses una ley que nos permitió funcionar con la tramitación del permiso de habilitación». Al permiso lo consiguieron a fuerza de reunirse, visibilizarse, hablar con legisladores de la Ciudad, presentar el proyecto de ley y acompañar su votación y promulgación por parte del Poder Ejecutivo. «Lo conseguimos gracias a la militancia», afirma el director.
Hoy la lucha consiste en seguir oponiéndose a las clausuras de espacios por causas injustificadas y, además, a los tarifazos. «Exigimos una tarifa cultural, que contemple nuestra actividad que no es con fines de lucro. Nuestra actividad es autónoma, independiente y pequeña, no somos una industria», afirma Rodríguez. «A mí se me multiplicó por ocho la boleta de agua, y eso es un costo que no podemos trasladar a los espectadores porque tenemos cincuenta butacas. Esto no solo nos afecta a nosotros sino a la población en general, porque retrae la actividad. Entonces se trata de una lucha doble, porque no basta con que nuestra actividad tenga facilidades para afrontar la situación, sino a la vez hacer un llamado de atención porque estas políticas económicas van a terminar disgregando el tejido social: la gente no va a poder salir», subraya.
El circuito de teatro independiente también da lugar a diferentes tipos de expresividad, algunas no admitidas en los circuitos oficiales como los de los teatros estatales o privados, como es el caso de Cendrillon y las licencias que los directores se permiten tomar, que acercan la ópera a otros tipos de audiencia. «El sistema en el que vivimos tiene construidos distintos circuitos por los cuales el artista se forma y se encuentra con lo público. Lo público es clave para el artista: construye una expectativa de qué es lo que se espera de él. En el caso de la lírica, quizás la forma de expresión de un artista en particular tenga una forma que no se condice con las exigencias de producción artística del Teatro Colón, pero tal vez encaje dentro de la construcción de un espectáculo de teatro musical lírico construido en otro marco», explica Ivancic. «El sistema de producción de los espectáculos está armado también para que el artista se pueda expresar con determinados tiempos de trabajo y ensayo que son inamovibles -completa-. Esa no es necesariamente la forma para que determinados artistas puedan construir su trabajo. A su vez, en los teatros independientes uno pude elegir materiales que no tienen de por sí éxito garantizado, que además son difíciles de producir porque hay que estudiarlos desde cero, no son obras de repertorio. Es el caso de Cendrillon, que es estreno en Argentina, y probablemente también lo sea en Latinoamérica».
Cendrillon, ópera de Pauline Viardot | funciones todos los domingos de julio, a las 19 hs en Machado Teatro (Antonio Machado 617, CABA)
Reservas: http://www.alternativateatral.com/obra41996-cendrillon
Actualizada 12/07/2016
